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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

CREAR CONFIANZA EN UNA JUSTICIA EUROPEA NUEVA DIMENSIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL EUROPEA

INTRODUCCIÓN

La Unión Europea se fundamenta en el imperio de una ley que combina el Derecho de la Unión y los sistemas jurídicos nacionales. Tal Derecho y tales sistemas los aplican jueces nacionales que trabajan con distintos sistemas y tradiciones jurídicos. La creación de una cultura judicial europea que respete plenamente la subsidiariedad y la independencia judicial es básica para un funcionamiento eficaz del espacio judicial europeo. La formación judicial es un elemento cardinal de este proceso al potenciar la confianza mutua entre Estados miembros, profesionales de la justicia y ciudadanos.

El objetivo de la Comisión Europea es lograr que la mitad de los profesionales de la justicia de la Unión Europea participe en actividades de formación judicial europea antes de 2020, utilizando para ello todos los recursos disponibles locales, nacionales y europeos, de acuerdo con los objetivos del Programa de Estocolmo [1] .

Para alcanzar dicho objetivo se requiere el compromiso y la cooperación plena de todos los que intervienen a todos los niveles en el proceso. Es esencial que los Estados miembros, la judicatura, las escuelas de jueces y las profesiones jurídicas impulsen su actividad de formación judicial. Siendo ellos los que se hallan en mejor posición para garantizar que el Derecho de la Unión se integre en la formación nacional, la actuación a nivel europeo complementará las actividades nacionales.

Derecho de la Unión a nivel nacional

El Derecho de la Unión impregna un extenso número y una gama diversa de actividades nacionales. Su impacto en la vida cotidiana de las personas y las empresas es grande. Crea derechos y obligaciones que deben salvaguardar los órganos jurisdiccionales nacionales. El juez nacional se ha convertido en el juez de avanzadilla del Derecho de la Unión. Sucesivas modificaciones de los Tratados de la Unión Europea han ampliado el ámbito e impacto del Derecho de la Unión y reforzado el acceso a la justicia. El Tratado de Lisboa reforzó las competencias de la Unión, especialmente en materia de Libertad, Seguridad y Justicia.

Confianza mutua a cambio de reconocimiento mutuo

El reconocimiento mutuo es la piedra angular de la cooperación judicial en materia civil y penal como establecen los artículos 67, 81 y 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Una buena comprensión de los distintos sistemas jurídicos nacionales es necesaria para garantizar el reconocimiento de las decisiones judiciales, la cooperación entre autoridades judiciales y la pronta ejecución de las resoluciones. Es también esencial crear confianza y fe mutuas. Los jueces nacionales de todos los niveles de jurisdicción y de todas las localidades, de Sicilia a Laponia, deben tener un nivel adecuado de conocimiento del Derecho de la Unión y de los sistemas judiciales nacionales.

Una aplicación real del Derecho de la Unión

El desarrollo del Derecho de la Unión debe acompasarse con una aplicación real[2] del mismo que garantice la seguridad jurídica e interpretaciones jurídicas uniformes. La formación de jueces y otros profesionales de la justicia en Derecho de la Unión es una de las recomendaciones clave del Informe de Mario Monti[3] para capacitar a ciudadanos y empresas en la defensa de sus derechos y para garantizar la eficacia del Mercado Único. En el Plan de Acción del Programa de Estocolmo[4] y el Informe sobre la ciudadanía europea de 2010[5], la Comisión la fijó como prioridad. El Parlamento Europeo recalca también que una formación judicial adecuada contribuye significativamente a mejorar el funcionamiento del mercado interior y facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos[6].

Una clara función de apoyo de la Unión Europea

El Tratado de Lisboa[7] ha dado competencia a la Unión Europea para garantizar «el apoyo a la formación de magistrados y del personal al servicio de la administración de justicia» en materia de cooperación judicial en Derecho civil y penal. La Estrategia Europa 2020[8] apela a una inversión eficaz en formación y a un contexto jurídico coherente en toda Europa. La Comisión se inspirará en estas nuevas oportunidades para crear un marco sólido y legítimo de formación sobre el acervo de la Unión.

El Parlamento Europeo se ha pronunciado siempre por desarrollar una auténtica cultural judicial europeo como requisito previo del espacio judicial europeo[9]. El Consejo Europeo[10] ha apelado a una actuación enérgica de la Unión para fomentar una auténtica cultura europea judicial y ejecutoria.

Considerados en su conjunto, estos elementos reclaman un cambio de ritmo en el modo de organización de la formación judicial europea en la Unión, en concepción y escala, para hacerla accesible por sistema a los profesionales de la justicia que intervienen en la realización del espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.

En 2010, la Comisión inició una amplia consulta de interesados que incluía el Parlamento Europeo, los Estados miembros, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE), la Red Europea de Formación Judicial y sus miembros, los miembros del Foro de la Justicia[11], especialmente la Academia de Derecho Europeo (ERA), el Consejo de los Colegios de Abogados de Europa (CCBE), la Red del Consejo del Notariado de la Unión Europea (CNUE), la Red de Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión Europea y la Asociación de Consejos de Estado y Jurisdicciones Supremas Contenciosoadministrativas de la Unión Europea. Sus contribuciones[12] sirvieron para definir actividades y prioridades centrales.

CAMBIO DE MARCHA: FORMAR A LA MITAD DE LOS PROFESIONES DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA ANTES DE 2020

Hay un gran número de profesionales de la justicia en la Unión Europea, comprendidos jueces, personal judicial y profesionales varios[13].

Profesionales de la justicia en los 27 Estados miembros

Jueces profesionales | 79 100 |

Fiscales | 35 032 |

Abogados, procuradores, abogados ejercientes ante tribunales | 868 615 |

Empleados judiciales | 351 220 |

Oficiales de justicia | 29 060 |

Notarios | 38 269 |

Total | 1 401 296[14] |

Sea a nivel nacional o europeo, la formación judicial europea sobre el acervo de la Unión sigue siendo limitada. En mayo de 2011, un 51 % de jueces declaraba no haber participado jamás en actividades de formación judicial sobre Derecho de la Unión o de otro Estado miembro y un 74 % declaró que el número de casos que implicaban el Derecho de la Unión había ido aumentando con los años. El 24 % de los jueces y fiscales no había asistido nunca a cursos de formación sobre Derecho de la Unión porque no se les había organizado ningún curso[15]. Las actividades varían mucho de un Estado miembro a otro y el número de jueces o fiscales que siguen formación cada año oscila entre 240 y 13 000. Entre 2007 y 2010, la Comisión financió o cofinanció 162 proyectos que contaron con cerca de26 000 participantes.

La prioridad la tienen jueces y fiscales , que son responsables de aplicar y hacer respetar el Derecho de la Unión, pero la formación judicial es también imprescindible para otros profesionales de la justicia. Los empleados judiciales deben prestar ayuda a las víctimas ateniéndose al marco europeo. Los ciudadanos europeos que ejerzan su derecho de libre circulación pueden encontrarse con situaciones en que precisen los servicios de abogados o notarios con un conocimiento experto de la legislación de la Unión. Todos los profesionales de la justicia tienen un papel que desempeñar para garantizar la participación óptima de los menores en los sistemas judiciales[16].

La formación de oficiales judiciales es también importante y, a mediados de 2012, la Comisión va a presentar una Comunicación sobre desarrollo de un Régimen Europeo de Formación (ETS) para este colectivo.

El objetivo es llegar a todos los profesionales de la justicia , sean jueces, fiscales, empleados judiciales, abogados u otros..

FORMACIÓN ORIENTADA A PROFESIONALES

Un enfoque práctico de la formación judicial europea

La formación judicial europea debe ser práctica y dirigida a atraer a los profesionales necesarios para el funcionamiento de los sistemas judiciales. Debe ser pertinente para el trabajo diario de estos, llevarse a cabo durante breves periodos de tiempo y utilizar métodos eficaces de aprendizaje. En mayo de 2011, había un 19 % de jueces y fiscales que no habían podido asistir a ningún curso de Derecho de la Unión por falta de tiempo[17].

La formación judicial europea debe incluir formación inicial y continua . Todo nuevo abogado debe tener conciencia desde el principio del Derecho de la Unión. La formación inicial, impartida antes de que se incorpore a sus funciones o en el momento de hacerlo, debe complementarse con una formación permanente que ayude a los profesionales de la justicia a estar al día y a saber cuándo y cómo adquirir nuevas técnicas y nueva información.

Los Estados miembros deben prever tiempo extrajudicial al evaluar la carga de trabajo de jueces y fiscales como forma de invertir en la calidad de la justicia .

Definición de áreas prioritarias

La formación judicial europea debe girar en torno a la esencia del acervo de la Unión, que comprenda el Derecho material y procesal, los instrumentos de cooperación judicial y la correspondiente jurisprudencia del TJCE.

Durante la consulta, las partes interesadas apuntaron a necesidades de formación en las siguientes áreas , que podrían considerarse prioritarias para la formación: Derecho medioambiental; Derecho civil, contractual, familiar y comercial, derechos de propiedad intelectual; Derecho penal (especialmente la ejecución de la orden de detención europea), delitos contra los intereses financieros de la Unión; derechos fundamentales y protección de datos. Puede también darse prioridades a aspectos en que la UE advierta un escaso respeto de alguna legislación sectorial o en que la legislación sectorial sea extremadamente compleja y técnica.

La Comisión Europea tomará en cuenta estas áreas prioritarias al elaborar su programa financiero de formación.

Intercambios

Además de conocer el Derecho de la Unión, es imprescindible, para un espacio judicial europeo que se cimente en la confianza y en la aplicación del principio de reconocimiento mutuo, que los profesionales de la justicia mejoren su conocimiento de los distintos sistemas judiciales de Europa.

Los intercambios son uno de los mejores modos de adquirir un conocimiento concreto de los instrumentos de la Unión y otros sistemas jurídicos, intercambiar experiencias e incrementar así la confianza y el conocimiento mutuos.

La Comisión desearía desarrollar intercambios, comenzando con jueces y fiscales que acaben de ser nombrados. Los intercambios deben organizarlos las instituciones nacionales de formación judicial en la fase de formación inicial. Desde el principio, ello permitiría a jueces y fiscales valorar la faceta europea de sus funciones e implicarse plenamente en ella.

La Comisión Europea pretende iniciar un programa de intercambio quincenal para nuevos jueces y fiscales a partir de 2014. El objetivo del mismo será que todos los nuevos jueces y fiscales (unos 2 500 al año) acaben participando en intercambios organizados en instituciones nacionales de formación judicial.

Tecnología de apoyo para la formación: Portal Europeo de Justicia en línea y aprendizaje electrónico

El Portal Europeo de Justicia en línea es una «ventanilla única» dirigida a ciudadanos, empresas y profesionales de la justicia. Contiene fondos de información en 22 lenguas que sirven de herramienta de referencia en la formación judicial . El Portal seguirá desarrollándose para dar información sobre formadores y actividades de formación, para garantizar un acceso fácil a bases de datos jurídicas y material de formación de gran calidad y también para servir de punto de entrada sobre posibilidades de cofinanciación que ofrezca la Comisión.

También es necesario invertir en aprendizaje electrónico , sobre todo para suplir las limitaciones de tiempo que sufren los profesionales de la justicia.

La Comisión Europea garantizará que el Portal Europeo de Justicia en línea contribuya a la formación judicial europea.

Promoverá también el desarrollo del aprendizaje en línea como instrumento flexible para llegar a más usuarios finales.

Y redactará directrices prácticas relativas a pautas de aprendizaje específicas de la esfera judicial y la metodología pedagógica más idónea, que cubrirán también la evaluación de la calidad y el impacto y la utilización de criterios de calidad e indicadores comunes..

Desarrollo de facultades lingüísticas

El dominio de lenguas extranjeras y de su terminología jurídica es importante y debiera formar parte de la formación continua de los profesionales de la justicia. Es una condición previa de contactos eficaces entre Estados miembros, lo que, a su vez, es la clave de la cooperación judicial.

Es imprescindible que todos los interesados se interesen por la formación en terminología jurídica de lenguas extranjeras.

APOYARSE EN ESTRUCTURAS Y REDES YA EXISTENTES

Formar a la mitad de los profesionales de la justicia de la Unión Europea antes de 2020 representa un desafío compartido. La mejor forma de abordarlo es apoyarse en los puntos fuertes y la experiencia de estructuras, actores y redes existentes, nacionales o europeos . En este sentido, y para garantizar el necesario respeto de la independencia judicial y la autonomía de las asociaciones profesionales de abogados, notarios y oficiales de justicia, no sería oportuno crear una estructura monopolística a nivel europeo.

Lo mejor sería que todas las partes interesadas apoyaran el desarrollo de actividades europeas de formación judicial, garantizando a la vez que el marco de la misma responde a las necesidades de todos los actores, fomenta esquemas de colaboración y mejora los resultados de la formación.

Apoyarse en los puntos fuertes nacionales

Ya hay una gran capacidad de formación en los Estados miembros , responsables primeros de la calidad y el alcance de la formación judicial . Diecisiete Estados miembros cuentan con escuelas judiciales que imparten formación inicial y continua. En otros, la formación es tarea del Ministerio de Justicia, del Consejo de la Magistratura o de los servicios judiciales. Colegios de abogados o notarios establecen requisitos nacionales de formación continua a sus miembros y organizan actividades de formación.

Las estructuras existentes a nivel nacional, regional y local son esenciales para garantizar que las actividades de formación judicial incluyan sesiones sobre el Derecho y los procedimientos de la Unión y para desarrollar la frecuencia, la eficacia y el impacto de las mismas sobre el trabajo diario.

En 2001, la Ecole Nationale de la Magistrature (Francia, el Centro de Estudos Judiciários (Portugal) y la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (España) iniciaron una estrecha colaboración que incluía intercambios de futuros jueces y fiscales en actividades de formación desarrolladas en los tres países y centradas en asuntos relacionados con el Derecho de la Unión y en sus propios sistemas jurídicos nacionales. Esta actividad ha proseguido sin interrupción desde entonces, ampliándose con la participación de otras instituciones de formación; en 2010, ya con 13 países participantes, se ha integrado dentro de la Red Judicial de Formación en línea.

Durante varios años, los colegios de abogados de Perpiñán y Barcelona han organizado seminarios anuales conjuntos para debatir de las dificultades recurrentes al aplicar el marco jurídico de la Unión en casos que afectan a varios países.

No en todos los Estados miembros se imparte formación inicial . En mayo de 2011, un 43 % de los jueces y fiscales declaraba no haber estudiado el Derecho de la Unión, el Convenio Europeo de Derechos Humanos ni el Derecho de otro Estado miembro en sus estudios de Derecho, y el 63 % no tenía formación inicial alguna en Derecho de la Unión antes de tomar posesión de sus cargos[18]. Pero los nuevos profesionales deben tener conocimientos suficientes de los instrumentos de cooperación judicial de la Unión e internalizar reflejos para remitirse periódicamente a la jurisprudencia europea, para verificar la transposición nacional y para plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Formación continua hay en todos los Estados miembros pero no siempre es obligatoria. No siempre cubre el acervo de la Unión y los instrumentos de cooperación judicial.

La formación sobre el acervo de la Unión debe integrarse sistemáticamente en la formación inicial de profesionales de la justicia y reflejar la forma en que la legislación nacional y la legislación de la Unión interactúan y se influyen mutuamente en la práctica diaria.

La Comisión Europea hace un llamamiento a los Estados miembros y a los profesionales de la justicia para que estos, y especialmente jueces y fiscales, cuenten al menos durante su carrera con una semana de formación sobre el acervo y los instrumentos de la Unión.

La Comisión Europea quiere reforzar la cooperación entre las partes interesadas y fomentar activamente consorcios o grupos regionales de escuelas judiciales nacionales para desarrollar actividades comunes de formación.

Apoyarse en los puntos fuertes existentes en Europa

Los centros que ya imparten formación judicial y las redes europeas de profesionales de la justicia suponen un instrumento fiable para lograr un crecimiento significativo de la formación judicial europea. Sigue siendo necesario subsanar huecos en el contenido, la frecuencia y el número de participantes de los cursos.

Función de las organizaciones profesionales europeas

Asociaciones europeas de profesionales como la CCBE, la CNUE, la ENCJ, la Red de Presidentes de Tribunales Supremos, el Foro de Jueces de Medio Ambiente de la Unión Europea etc. tienen una importante función de coordinación.

Son socios clave para fomentar la formación judicial europea, evaluar la pertinencia del contenido y las metodologías de la formación, difundir información sobre recursos formativos y garantizar una mayor receptividad de todo ello.

Las organizaciones europeas de profesiones de la justicia deben seguir desarrollando actividades de formación y currículos comunes y compartir las mejores prácticas con sus miembros. Su implicación continua en la formación judicial europea es esencial.

Actuaciones de ERA y otros prestatarios europeos de formación

Los prestatarios de formación judicial a nivel europeo están bien situados para proporcionar formación a participantes de diferentes nacionalidades.

ERA[19] imparte formación continua a profesionales de la justicia (1 303 en 2010). Cuenta con amplia experiencia en organización de seminarios de Derecho de la Unión para audiencias multiculturales. Se ocupa, por ejemplo, de desarrollar la formación judicial en países de adhesión y países candidatos.

ERA organiza cursos de verano sobre justicia penal europea para jueces, fiscales y abogados de la defensa de todos los Estados miembros, usando métodos activos que incluyen herramientas de tecnología de la información, para formar a los participantes en el uso de instrumentos de cooperación judicial en casos penales que afecten a varios países.

Otros organismos europeos que desarrollan actividades de formación de profesionales de la justicia incluyen: el Centro Europeo de Jueces y Abogados del Instituto Europeo de Administración Pública (IEAP), el Instituto de la Universidad Europea de Florencia (IUE), el Colegio de Europa, etc.

La Comisión Europea va a trabajar con ERA y otros centros de formación judicial, aprovechando contribuciones del sector público y privado, para garantizar el acceso a una formación de alta calidad a un número mayor de profesionales de la justicia .

Red Europea de Formación Judicial

La REFJ [20] es la red de las instancias nacionales de formación judicial juntamente con la ERA. Coordina las actividades de todas ellas, desarrolla currículos comunes para jueces y fiscales que se apliquen a nivel nacional y organiza seminarios recurriendo a métodos de formación activos. Casi 2 000 jueces, fiscales y formadores participan cada año en sus actividades. Entre 2005 y 2010, la REFJ organizó intercambios en tribunales para 2 175 jueces y fiscales, permitiendo que profesionales de experiencia intercambiaran mejores prácticas y soluciones.

La REFJ debe implicarse en reforzar la sostenibilidad de su estructura y desarrollar una estrategia para llegar a un mayor número de profesionales de más Estados miembros. La REFJ debe consolidar lo ya logrado y expandirse apoyando la formación a nivel nacional y local, organizando actividades de formación en colaboración con las escuelas judiciales, desarrollando módulos de información que incluyan el aprendizaje electrónico y persiguiendo la excelencia en las metodologías de formación. La REFJ puede ser un agente de cambio garantizando que los proyectos de formación presentados por consorcios de estructuras nacionales para cofinanciación europea respondan a los criterios requeridos y sean de gran calidad.

La REFJ debe llegar a realizar 1 200 intercambios en tribunales al año .

Todos los Estados miembros deben comprometerse a reforzar su contribución financiera y la participación en la REFJ de sus instancias nacionales de formación judicial para que esta logre desempeñar un papel activo.

Siempre que la Red demuestre una capacidad reforzada para organizar y coordinar actividades de formación judicial, la Comisión Europea considerará la posibilidad de incrementarle su apoyo .

LA COMISIÓN EUROPEA, UN SOCIO ACTIVO

La Comisión será un socio activo de los Estados miembros en la prosecución de metas ambiciosas de formación de profesionales de la justicia. Aportará un valor añadido a las actividades que emprendan las instancias de formación nacionales con actuaciones concretas que mejoren la cantidad, la calidad, el impacto y el alcance del régimen europeo de formación judicial e incluirá sesiones de formación, intercambios entre distintos Estados y medidas complementarias.

Diseño de nuevas estrategias de expansión

Asociaciones público-privadas

La formación no es prerrogativa del sector público, como ilustran las actividades de los colegios de abogados. La asociación público-privada puede crear medios adicionales de responder a los retos de un espacio judicial europeo en veloz mutación. La adopción de nuevas disposiciones basadas en buenas prácticas permitiría actividades adicionales de formación sin que ello ponga en peligro la independencia del colectivo al que se destinan. Por ejemplo, en materia de formación lingüística y aprendizaje electrónico.

Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Finlandia organiza cursos de formación sobre asuntos jurídicos para abogados, jueces y fiscales en colaboración con las universidades de Turku, Helsinki y Laponia y el Ministerio de Justicia.

Instituciones como ERA podrían ser capitales para promover la asociación público-privada.

El Parlamento Europeo ha apoyado siempre la cooperación con universidades. En el futuro, la Comisión podría fomentar la «asociación de transferencia de conocimientos» entre universidades, escuelas judiciales y colegios de abogados y a ello la anima la Estrategia Europa 2020[21]. Para ello se extraerán lecciones del proyecto piloto actualmente en marcha[22] que reúne empresas e instancias de formación para diseñar y presentar nuevos currículos y cursos, para desarrollar métodos innovadores de formación y facilitar el flujo de conocimientos entre la educación superior y el sector privado.

El Instituto de Derecho Europeo[23] reunirá en proyectos de investigación con aplicaciones prácticas a medios académicos y profesionales de la justicia. Por ello, podrá hacer una contribución útil sobre las materias que deban cubrir los organismos de formación para subsanar deficiencias.

La Comisión Europea pretende fomentar aun más la colaboración público-privada para desarrollar soluciones de formación innovadoras.

Reconocimiento mutuo de actividades de formación

Deben preverse regímenes que permitan que el país de residencia valide la formación que se haya seguido en otro Estado miembro. Ejemplo de ello es la colaboración entre colegios de abogados franceses, luxemburgueses y belgas; sus miembros pueden participar en actividades comunes, que se contabilizan como parte de sus obligaciones anuales de formación.

Inspirarse en la experiencia

El saber técnico y los conocimientos adquiridos en otros campos de la formación profesional deben utilizarse en la formación judicial. Hay que procurar no solapar actuaciones y puede fomentarse la reutilización de productos formativos de calidad.

La Comisión Europea podría organizar un encuentro anual en el que participaran todas las profesiones jurídicas para desarrollar nuevas perspectivas sobre las actividades de formación y facilitar intercambios de buenas prácticas.

Prestar apoyo financiero

Entre 2007 y 2010, los proyectos de formación judicial europea recibieron ayudas de financiación o cofinanciación por un total de 35,5 millones de euros. Hasta ahora, esto ha permitido la formación de entre 4 000 y 9 000 profesionales de la justicia al año. Ello, sin embargo, no es suficiente, dados el tamaño del colectivo al que se destinan y la necesidad de mantenerlo al día en el acervo de la Unión.

Para llegar a un mayor número de profesionales de la justicia y basarse en los puntos fuertes de todos las partes interesadas, una financiación adicional podrá marcar una diferencia en cuanto a la escala y el volumen de actividades que puedan apoyarse.

Dentro del marco financiero actual, la Comisión impulsará la formación judicial europea reforzándola como condición ineludible en sus programas de trabajo actuales, usando todos los instrumentos posibles para incrementar su apoyo financiero . La Comisión promoverá activamente, especialmente mediante subvenciones , el desarrollo de actividades de formación destinadas a varios Estados miembros y tocantes al acervo de la Unión y los sistemas judiciales nacionales[24]. Los criterios de atribución se centrarán en el desarrollo de proyectos de orientación práctica, de gran escala y a largo plazo, que utilicen metodologías de formación activas, produzcan resultados sostenibles y lleguen a una audiencia amplia. La Comisión presentará también módulos de formación sobre el acervo de la Unión, como los ya desarrollados sobre Derecho medioambiental.

La Comisión está también trabajando para mejorar la coherencia y estabilidad de sus convocatorias de propuestas y facilitar a los promotores de proyectos el acceso a la financiación europea . La Comisión está estudiando el modo de fomentar la participación en proyectos de formación judicial europea de Croacia[25] , de los países candidatos o posibles candidatos y de los países vecinos.

La Comisión Europea va a concentrar su financiación en proyectos de formación enmarcados en sus programas en curso para apoyar proyectos europeos de calidad de formación judicial con mayor impacto europeo.

Dentro del nuevo marco financiero plurianual , la formación judicial debe ser una prioridad mayor para llegar a formar a más de 20 000 profesionales de la justicia de aquí al año 2020 .

CONCLUSIÓN

Mejorar la formación judicial es esencial para construir un espacio judicial europeo que beneficie a personas y empresas. La Comisión Europea quiere que la formación judicial europea entre en una nueva dimensión apoyándose en las actividades en marcha de eficacia probada y en las posibilidades del Tratado de Lisboa.

El futuro régimen europeo de formación se basará en actuaciones de:

1. los Estados miembros : basarse en los puntos fuertes existentes para impulsar actividades de formación desarrolladas por las escuelas judiciales o profesionales de la justicia sobre el acervo de la Unión;

2. los socios a nivel europeo : potenciar su cooperación, aumentar el número de actividades e intercambios, sea mediante organizaciones profesionales a nivel europeo, instancias de formación o la REFJ;

3. la Comisión Europea : incrementar su apoyo financiero a proyectos formativos de calidad, promover consorcios de escuelas judiciales con el objetivo de llegar a formar a 20 000 profesionales de aquí a 2020, impulsando el uso de tecnologías modernas y especialmente el Portal Europeo de Justicia en línea.

Es menester un fuerte compromiso para que la formación judicial alcance el nivel de excelencia que reclama una auténtica cultura judicial europea. La Comisión Europea apela a todos los actores para que adopten las actuaciones adecuadas: deben asignarse partidas presupuestarias; debe concederse tiempo para ello, deben desarrollarse incentivos y adoptarse compromisos claros.

La Comisión Europea pretende que la combinación de estas ambiciosas actuaciones logre hacer que, de aquí a 2020, participen al menos en una sesión europea de formación judicial o una actividad de intercambio más de 700 000 profesionales de la justicia.

[1] DO 2010 C 115, p.1.

[2] Una Europa de resultados - la aplicación del Derecho comunitario, COM(2007) 502 final.

[3] M. Monti, Una nueva estrategia para el mercado único, 9 de mayo de 2010.

[4] COM(2010) 171.

[5] COM(2010) 603.

[6] Resolución sobre Formación judicial - Programa de Estocolmo, 17 de junio de 2010.

[7] Artículos 81.2.h y 82.1.c del TFUE.

[8] COM(2010) 2020 final.

[9] Informe 2010/2080(INI).

[10] Véase nota 1, p. 2.

[11] Foro de la Justicia.

[12] Un resumen de las conclusiones puede consultarse aquí.

[13] Los artículos 81.2.c y 82.1.c del TFUE apuntan explícitamente a «magistrados y personal al servicio de la administración de justicia». Pese a constituir una profesión autónoma, los abogados son parte integral y necesaria de la actividad judicial y desempeñan un papel central en la aplicación del Derecho de la Unión. Los notarios están menos implicados en actividad judicial pero, en varios Estados miembros, tienen ciertas competencias en materia judicial que los lleva a contribuir a la aplicación del Derecho de la Unión. Teniendo en cuenta el espíritu y los objetivos de las disposiciones del Tratado, es posible ampliar estas a ambas profesiones.

[14] Sistemas judiciales europeos 2010, CEPEJ, Consejo de Europa (Alemania: datos de 2006).

[15] Datos estadísticos preliminares; Estudio del Parlamento Europeo La formación judicial en los Estados miembros de la UE, aún sin publicar, octubre de 2011.

[16] COM(2011) 60.

[17] Véase nota 15, p. 4.

[18] Véase la nota 15, p. 4 .

[19] ERA.

[20] REFJ.

[21] Las «alianzas de conocimiento» o «asociaciones» se promueven en la Unión por la innovación (Comunicación) de 2010, una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020.

[22] Proyecto piloto para el desarrollo de asociaciones de transferencia de conocimientos.

[23] Instituto de Derecho Europeo.

[24] Las solicitudes de participación de notarios se tendrán en cuenta cuando se refieran al acervo de la Unión en los ámbitos en los que estos profesionales desempeñan actividades relacionadas con la administración de la justicia.

[25] Consejo Europeo de 24 de junio de 2011.