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Conseguir que la ampliación sea un éxito - Documento de estrategia e Informe de la Comisión Europea sobre los progresos de cada uno de los países candidatos en la vía de la adhesión [SEC (2001) 1744 à 1756]

I. Contexto general

1. Introducción

2. La opinión pública y la ampliación

3. El proceso de ampliación y los países vecinos

a) Balcanes occidentales

b) Los países de la AELC

c) Los Nuevos Estados Independientes

d) El Mediterráneo

II. Progresos de los países candidatos en el cumplimiento de los criterios de la adhesión

1. Criterios políticos

a) Evolución global

b) Conclusiones

2. Criterios económicos

a) Evolución global

b) Conclusiones

3. Otras obligaciones de la adhesión

a) Adopción, aplicación y observancia del acervo

b) Situación general de los sectores y conclusiones

c) La UEM y el EURO

III. Conseguir que la ampliación sea un éxito

1. Seguir el plan de trabajo - capítulos restantes

a) Marco financiero y capítulos conexos

b) Otros capítulos

2. Plan de acción sobre capacidad administrativa y judicial

a) Refuerzo de las acciones de desarrollo institucional

b) Control reforzado

c) Capacidad administrativa más allá de la adhesión

3. Estrategia de preadhesión de Turquía - hacia una nueva fase

4. Próximos pasos

a) Cumplir los criterios de adhesión

b) Primeras adhesiones

c) Otros países candidatos que negocian- hacia un plan de trabajo puesto al día

IV. Conclusiones

Anexos

Anexo 1: Conclusiones de los Informes Periódicos

Bulgaria

Chipre

República Checa

Estonia

Hungría

Letonia

Lituania

Malta

Polonia

Rumania

Eslovaquia

Eslovenia

Turquía

Anexo 2: Países candidatos: principales indicadores estadísticos (2000)

Anexo 3: Estrategia de preadhesión

Anexo 4: Convenios de Derechos Humanos ratificados por los países candidatos al 30 de septiembre del 2001

Anexo 5: Proyectos de hermanamiento en 1998-2001

Anexo 6: Situación de las negociaciones a 26 de octubre de 2001

I. Contexto general

1. Introducción

Durante casi medio siglo, la Unión Europea ha contribuido a poner fin a los conflictos del pasado y a fortalecer la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar en toda Europa. Desde que se invitó a los países candidatos a formar parte de la Unión Europea, el proceso de ampliación ha contribuido de manera decisiva a lograr estabilidad política, progreso económico y justicia social. Ya son rasgos comunes unas instituciones estables, cambios de gobierno sobre la base de elecciones libres y democráticas y una protección más firme de los derechos humanos, entre otros los de las minorías, y los principios de la economía de mercado. El proceso de ampliación hace de Europa un lugar más seguro para sus ciudadanos y contribuye a la prevención y al control de conflictos en mundo en general.

La ampliación va a ser beneficiosa no sólo para los Estados miembros ya existentes y los nuevos, sino también para los países vecinos con los que la Unión Europea mantiene vínculos estrechos. Ya no se trazarán más líneas divisorias a través de nuestro continente. Cada nuevo Estado miembro aportará a la UE su propio patrimonio político, económico, cultural, histórico y geográfico, enriqueciendo de ese modo a la totalidad de Europa.

Es más importante que nunca hasta ahora, ante los ataques terroristas del 11 de septiembre y los acontecimientos subsiguientes, contar con una Europa fuerte y unida. Los candidatos a la adhesión a la Unión Europea se han alineado con la condena del terrorismo expresada por la UE y se asociaron de manera inmediata y plena a las Conclusiones y al Plan de Acción del Consejo Europeo extraordinario celebrado el 21 de septiembre de 2001.

La Comisión renueva su compromiso de lograr que la ampliación sea un éxito, lo que aumentará la seguridad y estabilidad no sólo en Europa sino también en los países vecinos y aún más allá. El año que viene será crucial para que concluyan con éxito las negociaciones de adhesión en curso y los preparativos de los candidatos a la adhesión.

Los informes de este año sobre los progresos y las propuestas revisadas de las Asociaciones para la Adhesión ponen de manifiesto los ámbitos en que es más necesario seguir esforzándose. Junto con el plan de trabajo, establecido por la Comisión en noviembre pasado y respaldado por sucesivos Consejos Europeos, proporcionan una guía para completar con éxito el proceso de adhesión con los países interesados. En los informes del año que viene sobre los progresos logrados, la Comisión dará su evaluación sobre el grado de preparación de cada candidato para asumir los derechos y obligaciones de la adhesión. Si se mantienen los esfuerzos, debería ser posible concluir las negociaciones de adhesión a finales de 2002 con los países que cumplen los criterios de adhesión. Con arreglo a estos criterios, dichos países estarían listos para convertirse en miembros de la UE en 2004, de conformidad con el objetivo establecido por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.

Se mantienen sin cambios los principios de este proceso. El Consejo Europeo de Berlín estableció un marco claro para los aspectos financieros de la ampliación, marco que proporciona una base suficiente para la adhesión de hasta diez nuevos Estados miembros en 2004. El Consejo Europeo de Niza definió el marco para la reforma institucional que requiere la ampliación. Las negociaciones se llevan a cabo sobre la base del acervo existente, aplicando los principios de méritos propios y de igualación con los demás Estados, y se concluirán con los candidatos que cumplan todos los criterios para la adhesión. Éstas son las condiciones necesarias y suficientes definidas en un principio para efectuar las primeras adhesiones. Cualquier debate sobre la reforma de las políticas o las instituciones que se celebre dentro de la Unión Europea debería estar claramente diferenciado y no obstaculizar ni demorar las negociaciones para la adhesión.

El ritmo de las negociaciones con cada uno de los candidatos refleja, sobre todo, el ritmo de su propia preparación para la adhesión. La aplicación del principio de diferenciación basada en los méritos propios de cada uno de los países candidatos, junto con la firme prosecución de los preparativos para la adhesión respaldada por los instrumentos de preadhesión de la UE, están también permitiendo a los países candidatos que iniciaron las negociaciones en una etapa posterior recuperar el tiempo perdido. La estrategia de ampliación ahora vigente proporciona una base sólida para completar las negociaciones, respetando los plazos, con los candidatos que están suficientemente preparados.

Las condiciones para la adhesión, fijadas por el Consejo Europeo de Copenhague en 1993 y pormenorizadas aún más por subsiguientes Consejos Europeos, establecen las pautas para evaluar los progresos de cada candidato. Estas condiciones siguen siendo válidas actualmente y no se plantea en absoluto su modificación. No obstante, en la fase actual del proceso de adhesión es necesario centrar la atención tanto en la capacidad de los candidatos para poner en vigor y aplicar efectivamente el acervo como en la transposición que hagan en sus legislaciones. Por esta razón, se está ahora prestando especial atención a su capacidad administrativa y judicial. La Comisión, por medio de un plan de acción, aumentará su asistencia al desarrollo institucional y supervisará de cerca el cumplimiento de los compromisos asumidos en las negociaciones y la concretización de las prioridades establecidas en las Asociaciones para la Adhesión.

La Unión Europea seguirá prestando su pleno apoyo a los preparativos para la adhesión de los candidatos que no están en situación de completar las negociaciones dentro de los plazos indicados más arriba. Se seguirán celebrando negociaciones con ellos sobre la base de los principios que han guiado el proceso de adhesión desde el inicio. En su Documento de Estrategia para la Ampliación, la Comisión establecerá un plan de trabajo puesto el día y, en caso necesario, una estrategia de preadhesión revisada, para esos candidatos, teniendo en cuenta los progresos realizados durante el año siguiente y las conclusiones del Consejo Europeo de Göteborg.

Con vistas a intensificar los preparativos para la ampliación, se está asociando cada vez más a los países candidatos a los programas y actividades de la UE. Los programas económicos de preadhesión se han concebido teniendo en cuenta los requisitos de la Unión Económica y Monetaria, y se están desarrollando estrategias nacionales de empleo. El Consejo Europeo de Göteborg instó a los países candidatos a que transpusieran los objetivos económicos, sociales y ambientales de la Unión en sus políticas nacionales. Es conveniente asociar a los países candidatos lo más estrechamente posible en el proceso de Lisboa, que se centra en el objetivo estratégico de que la Unión desarrolle una economía sostenible, sumamente competitiva y basada en los conocimientos.

La cooperación en el ámbito de la Justicia y Asuntos de Interior será cada vez más importante, tanto en razón de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada como en virtud de las discusiones a largo plazo sobre la posible creación de medidas de vigilancia de las fronteras comunes. El sistema de Schengen se aplicará a todos los nuevos Estados miembros. La plena participación en él se basará en un proceso de dos etapas. Los nuevos Estados miembros tendrán primero que conseguir un nivel elevado de control de las fronteras exteriores después de la adhesión, mientras que la supresión de los controles en las fronteras internas con los actuales Estados miembros tendrá lugar en una etapa posterior, con arreglo a una decisión distinta del Consejo.

Adherirse a la Unión Europea no es exactamente lo mismo que adherirse al euro. Si bien la participación en la moneda única es parte del acervo, los países candidatos tendrán que ajustarse a los criterios de convergencia para participar en ella. Este punto se decidirá en una etapa posterior, después de la adhesión, una vez evaluado si se ha logrado un alto un grado de convergencia sostenible, como en el caso de los participantes iniciales en la zona euro. Ahora, no obstante, la primera prioridad para cada candidato debe ser cumplir los criterios económicos de Copenhague.

Los países candidatos participarán cada vez más en los debates sobre el futuro de Europa, incluida la Convención mediante la cual se preparará el camino para la próxima Conferencia Intergubernamental. La labor de la Convención y de la CIG es esencial para el futuro de Europa, pero no constituye una nueva condición para la ampliación.

A medida que avanza el debate sobre el futuro de Europa y se acerca la fecha de la ampliación, los ciudadanos de los Estados miembros existentes y futuros desearán cada vez más entender los probables efectos de la ampliación. La Comisión, en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo, está dispuesta a responder a esa demanda y a respaldar los esfuerzos de los líderes políticos en los países de que se trate para explicar al público las cuestiones pertinentes.

Constituiría una inspiración para Europa en su totalidad, y para el mundo en general, que la totalidad de Chipre pudiera ingresar en la Unión Europea conjuntamente gracias a una solución que tomara en cuenta los intereses y las preocupaciones de las partes respectivas. Resulta decepcionante que los dirigentes turcochipriotas no estén actualmente comprometidos en el proceso que se lleva a cabo con los auspicios de las Naciones Unidas. La Comisión insta a todas las partes interesadas a que aprovechen totalmente la oportunidad que se atisba antes de que se completen las negociaciones de adhesión para conseguir un arreglo. En caso de que, no obstante, no se llegara a una solución antes de que se completen las negociaciones de adhesión, el Consejo adoptará su decisión sobre la adhesión, sin que esto sea una condición previa, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki.

Turquía es un candidato sobre la base de los mismos criterios que se aplican a otros países candidatos, tal como se indica en las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki. La estrategia de preadhesión, recogida en esas conclusiones, está ya muy avanzada. La Comisión acoge con satisfacción las reformas políticas y económicas que se han iniciado. Turquía necesita garantizar que esas reformas llegan a hacerse efectivas, especialmente por lo que se refiere a la protección de los derechos humanos, y contribuir de manera activa a los esfuerzos que se efectúan para resolver el problema de Chipre y las diferencias que han surgido sobre la Política Europea de Seguridad y Defensa.

La futura ampliación de la Unión Europea se está preparando con todo detalle por medio de la estrategia que se expone en el presente documento: se funda en principios claros, que han sido enunciados por sucesivos Consejos Europeos, y en un método transparente y objetivo establecido por la Comisión en la Agenda 2000 y que se aplica cada año en los informes sobre los progresos. El presente documento, y los informes complementarios, ofrecen un análisis de los logros alcanzados en el proceso de ampliación hasta el otoño de 2001 y señalan el modo de garantizar que tenga éxito la próxima y decisiva fase del proceso.

2. La opinión pública y la ampliación

Al preparar la presente ronda, los líderes políticos y económicos de la Unión Europea tienen que iniciar un diálogo sobre la ampliación con la ciudadanía y contribuir al debate sobre la Unión en los países candidatos.

Los sondeos de opinión y el Eurobarómetro demuestran que en la Unión actual hay que mejorar la información y el entendimiento sobre las implicaciones de la ampliación. En los países candidatos el apoyo público a la adhesión es, en general, elevado, pero puede variar como resultado de diferentes factores, entre otros la evolución de las negociaciones de adhesión.

En mayo de 2000, la Comisión puso en marcha una estrategia de comunicación para facilitar información sobre el proceso de ampliación. Para que tenga éxito, es preciso que las instituciones europeas, pero también los representantes electos, líderes políticos, gobiernos, interlocutores económicos y sociales y la sociedad civil en general participen en el diálogo.

La Comisión está desarrollando su estrategia de comunicación de manera descentralizada y teniendo en cuenta las necesidades y condiciones particulares de los Estados miembros y de los países candidatos. Las representaciones de la Comisión en los 15 Estados miembros y sus delegaciones en los 13 países candidatos tienen la responsabilidad de diseñar programas adaptados a las necesidades. A nivel regional se está dando la prioridad a las regiones de la Unión existente que limitan con países candidatos. Para desarrollar la estrategia, la Comisión está trabajando en estrecha colaboración con las oficinas del Parlamento Europeo.

La Comisión mantendrá informados sobre los resultados al Consejo y al Parlamento.

3. El proceso de ampliación y los países vecinos

Tras la ampliación, la UE tendrá nuevos vecinos y sus relaciones con ellos evolucionarán, reflejando la nueva situación. La UE ha establecido políticas especiales para cada región vecina: el Proceso de Asociación y Estabilización para los Balcanes occidentales, el Proceso de Barcelona para el Mediterráneo y el Marco de Asociación y Cooperación para Rusia, Ucrania y otros Nuevos Estados Independientes (NEI), que complementan la estrecha e integrada relación desarrollada con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio y el Espacio Económico Europeo.

Estas políticas prevén la creación de un espacio de libre comercio que comprenda a la UE y a sus vecinos y en el que impere la democracia y el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho.

A medida que se amplía la UE irá aumentando la gama de intereses comunes de ésta con sus nuevos vecinos, lo que creará nuevas oportunidades, actuando de estímulo para el crecimiento y la inversión. A la larga, la ampliación creará un mercado interno de más de 500 millones de consumidores. Interesará tanto a la UE como a sus nuevos vecinos continuar trabajando juntos para consolidar la reforma económica y fortalecer la actividad comercial creando un entorno normativo transparente. La progresiva alineación con las normas del mercado interno de la UE y su marco normativo facilitarán el comercio y atraerán la inversión en las regiones vecinas, con los consiguientes beneficios para la actividad comercial en todos los países afectados.

La ampliación traerá también nuevos desafíos: para la UE y sus vecinos, aumentará la necesidad de trabajar en estrecha colaboración sobre problemas tales como la justicia y los asuntos de interior. Es probable que la UE atraiga a migrantes procedentes de sus vecinos y que quiera desarrollar con ellos modalidades para planificar la migración legal y, al mismo tiempo, combatir la migración ilegal y el tráfico de seres humanos. La gestión de fronteras adquirirá mayor importancia, con una estrecha cooperación en ámbitos que van desde las aduanas y los controles veterinarios/fitosanitarios a la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.

La Unión ampliada tendrá que profundizar sus relaciones con sus vecinos más inmediatos y desarrollar aún más un enfoque común. Es probable que le resulte interesante vincular los elementos comunes de las tres políticas geográficas actualmente en vigor. Las futuras fronteras de la Unión no deben transformarse en una nueva línea divisoria. Con una nueva política de proximidad bien concebida, que aproveche el actual marco político, se conseguirá que la UE ampliada y sus vecinos consoliden sus intereses y actividades comunes.

a) Balcanes occidentales

El año 2001 ha presenciado la consolidación de la democracia en la región de los Balcanes occidentales. Tras la elección de nuevos dirigentes democráticos en la República Federativa de Yugoslavia, los países de la región han avanzado en las reformas políticas, económicas y administrativas. Los progresos no han sido parejos, no obstante, y los nuevos brotes de violencia en las regiones meridionales de la República Federativa de Yugoslavia y la antigua República Yugoslava de Macedonia son un retroceso en la búsqueda de la paz y la estabilidad en la región. El reto al que se enfrenta la UE es responder efectivamente a la volatilidad de esa zona sin dejar de progresar hacia el objetivo de la integración de los países de la misma en la UE, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Feira.

El Proceso de Estabilización y Asociación (PEA) proporciona un marco dentro del cual las nuevas relaciones contractuales y un programa de asistencia (CARDS) ayudan a cada país a progresar, a su propio ritmo, como candidato potencial para la adhesión a la UE. La cooperación regional es crucial para la consolidación de la estabilidad y constituye un elemento vital del compromiso de la UE en el sudeste de Europa. Serán necesarios más esfuerzos. Todos los países de la región necesitan ser asistidos en sus intentos por sincronizar los esfuerzos de cooperación regional con los requisitos de la integración en la UE. El Proceso de Estabilización y Asociación, el Pacto de Estabilidad y la asistencia financiera desempeñan, cada uno, a este respecto un papel complementario.

b) Los países de la AELC

Los nuevos Estados miembros se adherirán a los acuerdos de la Unión con los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Los países que se adhieran necesitarán solicitar su adhesión al Espacio Económico Europeo (EEE) de conformidad con el artículo 128 del Acuerdo del EEE. En consecuencia, la Comisión mantiene informados a los socios de la AELC sobre los progresos de las negociaciones de adhesión.

c) Los Nuevos Estados Independientes

La UE está estableciendo una asociación más firme con Rusia para disfrutar mutuamente de los beneficios de una cooperación reforzada en ámbitos como la energía, la política exterior, la justicia y asuntos de interior y el medio ambiente. El Acuerdo del Asociación y Cooperación (AAC) con Rusia proporciona una base para el diálogo político y una cooperación muy diversificada que incluye, entre otras cosas, tareas relacionadas con la solicitud de Rusia de adhesión a la OMC. El desarrollo de las relaciones UE- Rusia dentro del marco del AAC adquirió un nuevo impulso en la Cumbre UE- Rusia, celebrada en octubre de 2001, en la que se alcanzó un acuerdo sobre el Grupo de Alto Nivel para desarrollar un concepto para un Espacio Económico Europeo Común.

Rusia ve con satisfacción la ampliación de la UE y espera que ésta estudie detalladamente el impacto que tendrá en Rusia. Esos problemas se discuten en las instituciones del Acuerdo de Asociación y Cooperación con el fin de resolver cualquier problema que pudiera surgir antes de la ampliación. En este contexto, se ha mencionado el caso de Kaliningrado. En 2001, la Comisión propuso un documento de debate en que se examina el impacto de la ampliación sobre Kaliningrado y, además, se estudian otras cuestiones de interés común tales como la protección del medio ambiente en la región del Mar Báltico. Interesa tanto a la UE como a Rusia que Kaliningrado se beneficie de las ventajosas consecuencias económicas de la ampliación. Es necesario discutir las cuestiones prácticas, por ejemplo, visados y formalidades fronterizas para viajar entre Kaliningrado y el resto de Rusia, y encontrar soluciones constructivas en el contexto del acervo.

La UE tiene también Acuerdos de Asociación y Cooperación con Ucrania y Moldavia y se ha comprometido a ayudar a estos dos países en su proceso de transición política y económica y progresiva armonización de su legislación con la legislación y la práctica europea. A ambos se les ha invitado a participar en la Conferencia Europea, y ya actúan en los grupos regionales y subregionales en los que participan los Estados miembros de la UE, los países candidatos y los países que participan en el Proceso de Estabilización y Asociación. Bielorrusia también limita con la futura UE, pero las relaciones con ella son limitadas debido a la mala observancia de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

d) El Mediterráneo

Las relaciones de la UE con los países del Mediterráneo se desarrolla en el contexto del Proceso de Barcelona, que reúne a los 15 países de la UE con 12 países del litoral Mediterráneo para una cooperación sobre asuntos de política y de seguridad, una cooperación económica que conduce hacia el libre comercio y la cooperación en asuntos sociales y culturales. Este marco se sustenta en una serie de iniciativas de cooperación regional y una red de relaciones bilaterales. Aunque el Proceso se ve afectado por la falta de una paz duradera en Oriente Medio, ha resultado eficaz para mantener el diálogo desde que se estableció en 1995 y proporciona un foro en el que pueden seguir reuniéndose Israel y los Estados árabes.

Ya están en vigor acuerdos de asociación entre la UE y Marruecos, Túnez, Israel y la Autoridad Palestina. Se han firmado otros con Jordania y con Egipto, de los cuales el primero, por lo menos, tiene que entrar en vigor muy pronto. Se están celebrando negociaciones con Argelia, Líbano y Siria, con buenas perspectivas de concluirlas con los dos primeros países antes de que finalice 2001. Los otros tres asociados (Chipre, Malta y Turquía) están cubiertos por acuerdos preexistentes y además están ya en la vía de la adhesión. Por lo demás, el Proceso de Barcelona incluye disposiciones para la celebración de acuerdos de libre comercio entre los asociados ("Acuerdos Sur-Sur"); de ahí que la UE haya visto con gran satisfacción, ofreciéndole su apoyo, el Proceso de Agadir, iniciado el 8 de mayo de 2001, y en el que Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania han acordado establecer el libre comercio entre ellos.

En noviembre de 2000, los 27 Ministros de Relaciones Exteriores acordaron reactivar la cooperación euromediterránea y fijaron unos nuevos objetivos ambiciosos para llevar adelante el Proceso de Barcelona. Desde entonces se ha intensificado la labor, pero los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001 han demostrado que es necesaria una cooperación aún más estrecha, sobre todo en el sector social, cultural y educativo. Para ese propósito, el Proceso de Barcelona proporciona un marco excelente.

II. Progresos de los países candidatos en el cumplimiento de los criterios de la adhesión

Como en años anteriores, el Informe Periódico de este año subraya las medidas legales que se han adoptado actualmente más que las que están en preparación. La Comisión ha examinado si se han llevado a efecto realmente, desde octubre de 2000, las reformas anunciadas. Para cada uno de los 29 capítulos del acervo de la Unión Europea, los informes analizan los progresos realizados por cada uno de los candidatos para adoptar el acervo y garantizar su puesta en vigor y aplicación mediante las reformas administrativas necesarias. Cada capítulo incluye una evaluación no solo de los progresos logrados desde el informe del año anterior sino también de los progresos en general.

Inicialmente, la evaluación se basa en la información facilitada por los propios países candidatos, pero la Comisión también ha utilizado información conseguida en el contexto de las negociaciones de adhesión y en reuniones celebradas en virtud de los Acuerdos de Asociación, y ha comparado la información de esas fuentes con la que contienen los nuevos Programas Nacionales para la Adopción del Acervo, que le fueron transmitidos en la primera parte de 2001. También ha utilizado los informes del Parlamento Europeo, evaluaciones de los Estados miembros, la labor de las organizaciones internacionales, especialmente el Consejo de Europa y la OSCE, y las instituciones financieras internacionales, asociaciones comerciales europeas y organizaciones no gubernamentales.

1. Criterios políticos

El Consejo Europeo de Copenhague declaró que "la adhesión requiere que el país candidato haya alcanzado una estabilidad de instituciones que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías". El artículo 6 del Tratado de Amsterdam indica que "la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho." Estos principios se subrayaron en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se proclamó en el Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2000.

a) Evolución global

En los Informes de 2000, la Comisión concluía que todos los países que llevaban a cabo negociaciones seguían cumpliendo los criterios políticos y que, globalmente, los resultados en cuanto a consolidar las instituciones democráticas, respetar el Estado de Derecho y proteger los derechos humanos habían mejorado desde el año anterior. No obstante, señaló la necesidad de acelerar la reforma o consolidación del sistema judicial y solucionar el problema de la corrupción. Además, solicitó medidas firmes para luchar contra el problema cada vez mayor del tráfico de mujeres y niños, y subrayó la necesidad de esforzarse más para mejorar la situación de los romaníes. También instó a Turquía a que adoptara las decisiones necesarias para plasmar sus intenciones respecto a la protección de los derechos humanos en medidas concretas.

Desde los últimos Informes Periódicos, los países candidatos han seguido fortaleciendo el funcionamiento de sus sistemas democráticos de gobierno. Se celebraron elecciones nacionales o locales en Bulgaria, Chipre, la República Checa, Estonia, Letonia, Malta, Polonia y Rumania. Fueron elecciones libres y limpias.

Se trabajó considerablemente más para conseguir independencia, transparencia, responsabilidad ante los electores y efectividad en la administración pública. En varios países se reforzó el marco jurídico para la función pública y se continuó la formación de los funcionarios y la modernización de la administración pública. Esta labor debe continuarse.

Se lograron más progresos de la reforma y consolidación del sistema judicial, como elemento vital para garantizar el respeto del Estado de Derecho y la aplicación efectiva del acervo. Varios países progresaron en la adopción de legislación básica, el refuerzo de los recursos humanos y la mejora de las condiciones de trabajo. Es preciso esforzarse todavía más en este aspecto, poniendo especial atención en garantizar la independencia del cuerpo judicial.

En anteriores Informes se señalaba la corrupción como un grave problema "exacerbado debido a lo escasos que son los salarios en el sector público y a la utilización generalizada de controles burocráticos en la economía." Sigue siendo válida esta evaluación, aunque se han observado ciertos cambios positivos. En la mayoría de los países los organismos de lucha contra la corrupción se han reforzado y se ha avanzado en materia de legislación en sectores como las contrataciones públicas y el acceso del público a la información. También contribuyen a la lucha contra la corrupción determinados cambios alentadores producidos en varios países respecto a la reforma de la administración pública. Pero a pesar de esos esfuerzos, en muchos países candidatos la corrupción, el fraude y los delitos económicos siguen estando generalizados y contribuyen a socavar la confianza de los ciudadanos y a desacreditar las reformas. Se requieren medidas constantes y vigorosas para solucionar este problema.

En años anteriores, la Comisión ha subrayado el problema de las instituciones de acogida de niños en Rumania. Las autoridades rumanas han adoptado una serie de medidas legislativas, administrativas y financieras, con el apoyo de PHARE. Esta labor debe continuarse para conseguir una mejora tangible y duradera de las condiciones de vida de los niños y de las familias afectadas, evitar abusos y solucionar el problema de los niños de la calle.

Lamentablemente, la tendencia alarmante señalada en los Informes del año pasado respecto al tráfico de mujeres y niños se ha confirmado este año. Varios países candidatos seguían siendo países de origen, tránsito y destino, y no hay indicios de que el problema vaya a mitigarse. Se necesitan medidas vigorosas para hacer frente a esta tendencia, con el debido respeto por los derechos de las víctimas.

En varios de los países se puede observar una modesta mejora de los problemas relativos a la detención preventiva, que consisten, principalmente, en una excesiva duración del periodo de detención, la dificultad de acceso a los servicios de un abogado y, en algunos casos, los malos tratos. Estos problemas tienen que solucionarse.

En varios países se han hecho progresos en cuanto a la igualdad de género, tanto en términos de legislación como de marco institucional, pero hay que seguir esforzándose por promover la igualdad económica y social de la mujer. Los pasos dados en una serie de países para prestar asistencia a las víctimas de la violencia son medidas satisfactorias, que deberían ir acompañadas de las medidas preventivas adecuadas.

Por lo que respecta a las minorías, se observa una serie de cambios alentadores. Estonia y Letonia progresaron aún más en la integración de los no ciudadanos, y continúan cumpliendo todas las recomendaciones de la OSCE respecto a la ciudadanía y la naturalización. En ambos países habrá que velar cuidadosamente por que se aplique la legislación vigente sobre las lenguas, respetando plenamente los principios de proporcionalidad y de interés público justificado. En varios países se han dado más pasos para fortalecer los marcos jurídicos e institucionales para la protección de las minorías. En Bulgaria, Eslovaquia y Rumania las minorías están desempeñando un papel importante en la vida política de la nación.

En todos los países que cuentan con comunidades importantes de romaníes ya están en vigor planes de acción nacionales para luchar contra la discriminación, que sigue siendo generalizada, y mejorar las condiciones de vida, todavía sumamente difíciles. En la mayoría de los casos, la aplicación de esos planes de acción ya se está efectuando y, en algunos países, se ha reforzado los recursos presupuestarios. Se sigue proporcionando financiación de PHARE en apoyo de esas acciones, pero hay que esforzarse aún más para garantizar que los diversos programas se aplican de manera constante, en estrecha cooperación con los representantes de los romaníes, y que en todos los países se disponga del apoyo presupuestario adecuado.

En su Informe 2000, la Comisión concluía que Turquía no cumplía los criterios políticos de Copenhague. Ha habido una serie de cambios positivos, pero esa evaluación sigue siendo válida y habrá que hacer más esfuerzos.

El programa nacional de Turquía para la adopción del acervo establecía las condiciones para un importante paquete de reformas constitucionales aprovechando la labor de la Comisión de Conciliación del Parlamento. El paquete fue adoptado en un plazo récord el 3 de octubre de 2001 por una mayoría aplastante, lo que demuestra la determinación del Parlamento de hacer que Turquía se acerque más a las normas de la UE.

Se trata de un paso importante para fortalecer las garantías en materia de derechos humanos y de libertades fundamentales y limitar la pena capital. Las enmiendas, en particular, han reducido las posibilidades de introducir limitaciones a la libertad de expresión y comunicación, libertad de prensa y libertad de asociación. Lo que se observa con atención, actualmente, es la aplicación efectiva de esos cambios importantes, y se está preparando legislación de ejecución.

A pesar de estos cambios, persisten algunas restricciones al ejercicio de las libertades fundamentales. La medida en que los individuos gozarán realmente en Turquía de una mejora en el ejercicio de las libertades fundamentales dependerá de la interpretación que se dé a las enmiendas constitucionales, los detalles de la legislación de ejecución y la aplicación práctica de la legislación por parte de las autoridades.

La Comisión insta firmemente a Turquía a que aplique mejoras importantes, no sólo en las disposiciones constitucionales y las leyes relativas a la protección de los derechos humanos sino, sobre todo, en la situación y la práctica de los derechos humanos. Esto requiere reformar muchas de las estructuras y prácticas existentes. La Comisión ve con satisfacción que se haya mantenido la moratoria sobre la pena de muerte y que la reforma constitucional haya limitado la aplicación de esa pena, pero recuerda a Turquía que es la propia pena capital lo que hay que abolir para que Turquía se ajuste a los principios de la Unión Europea. Además, pide a Turquía que garantice que se dedica especial atención a mejorar de manera significativa la situación del sudeste del país.

b) Conclusiones

Los criterios políticos de Copenhague siguen cumpliéndolos todos los países candidatos que están actualmente negociando. Turquía todavía no cumple esos criterios.

Los requisitos establecidos por los criterios políticos de Copenhague, así como la evaluación periódica que hace la Comisión de los progresos logrados para cumplirlos, han seguido sirviendo de importantes incentivos para los países candidatos. Desde los Dictámenes de 1997 y los subsiguientes Informes Periódicos se han hecho, en general, considerables progresos para consolidar y profundizar la democracia y el respeto del Estado de Derecho, y proteger los derechos humanos y los derechos de las minorías. Aprovechando estos progresos, el año pasado se han observado globalmente cambios positivos, y el resultado general en cuanto a fortalecimiento de las instituciones democráticas, respeto del Estado de Derecho y protección de los derechos humanos ha mejorado aún más.

Sin embargo, y aunque los esfuerzos por reformar y consolidar el sistema judicial van lentamente fructificando, hay que actuar de manera más rápida y firme, sobre todo para garantizar una aplicación efectiva del acervo. Es necesario aumentar la lucha contra la corrupción. En este ámbito se necesitan resultados tangibles para responder a las preocupaciones de la ciudadanía y conseguir un entorno transparente para las actividades comerciales e industriales.

Hay que solucionar los problemas constantes relativos a la prisión preventiva en algunos países. El tráfico de mujeres y de niños desde, a través o hacia varios países candidatos sigue dando lugar a serias preocupaciones, y requiere medidas vigorosas. Hay que avanzar más en materia de igualdad de género y no discriminación. También es muy importante seguir esforzándose por mejorar la situación de los romaníes.

Turquía debería tomar las medidas necesarias para que las recientes e importantes enmiendas constitucionales se traduzcan en progresos concretos en materia de derechos humanos.

Las conclusiones de cada Informe Periódico figuran en el anexo 1, y la lista de convenios y convenciones sobre derechos humanos ratificados por los países candidatos, en el anexo 4.

2. Criterios económicos

a) Evolución global

La evaluación de este año sobre los progresos realizados por los países candidatos para ajustarse a los criterios económicos de Copenhague se lleva a cabo en un momento en que se están deteriorando rápidamente las condiciones económicas en todo el mundo. No obstante, en el año 2000 y en la primera mitad de 2001 los países candidatos experimentaron un crecimiento relativamente fuerte.

El año 2000 acusó los mejores resultados en cuanto a crecimiento desde que se iniciaron los Informes Periódicos. El promedio de crecimiento real del PIB para los países candidatos fue de alrededor del 5%, muy por encima del resultado de 1999, de crecimiento cero. El resultado medio de los 10 PECO fue del 3,6%, considerablemente más elevado que el 2,2% conseguido el año anterior. El crecimiento se reinició en la República Checa, Estonia, Lituania y Rumania, y 8 países registraron tasas de crecimiento más elevadas, con la excepción de Polonia y Eslovenia, en las que el crecimiento se debilitó ligeramente, aunque se mantuvo en un 4% para Polonia y un 4,6% para Eslovenia. Por término medio, los países candidatos del Mediterráneo tuvieron resultados superiores a las economías de transición, con índices de crecimiento del PIB real del 5% para Chipre y Malta y el 7,2% para Turquía. Por el contrario, el crecimiento medio del PIB real para la UE fue del 3,3%, lo que indica que la recuperación, a pesar de ser reducida, fue más elevada que en años anteriores.

En la primera mitad de 2001, con un rendimiento económico de la UE en deterioro, ha habido, como promedio, una desaceleración del crecimiento del PIB en los países candidatos. Hasta ahora se ven más afectados los países que han tenido unas pautas de crecimiento medio más elevadas y más estables. Los que acaban de volver a un crecimiento de la producción más normal después de pasar por recesiones, como la República Checa y Rumania, parecen resistir mejor. De manera similar, los Estados Bálticos que registraron una disminución cíclica del crecimiento en 2000, parecen estar soportando la actual recesión, en parte gracias al apoyo del tirón de la demanda exterior debido al mayor crecimiento que experimentaron Rusia y los NEI. Polonia está atravesando una recesión más fuerte, en gran medida resultado de un conjunto de políticas mal coordinadas, del deterioro de la situación exterior y de la incertidumbre política interna. Los resultados del crecimiento de Turquía se han vuelto marcadamente negativos. Ha habido dos crisis financieras profundas a finales del 2000 y principios del 2001 que se han cobrado un tributo en cuanto a crecimiento del PIB, pero, al mismo tiempo, han llevado al Gobierno a adoptar una reforma y unas medidas correctivas muy necesarias.

El PIB per cápita como porcentaje del promedio de la UE, y medido en estándares de poder adquisitivo (EPA), se elevó hasta un 39% en 2000, en comparación con el 38% de 1999 para los 10 PECO. Para los trece países candidatos se mantuvo sin cambios en el nivel del año anterior, es decir el 35%. Salvar la gran distancia actual de renta es un trayecto de medio a largo plazo que requiere que se mantengan unas tasas de crecimiento medias más elevadas. Comparando la situación del año 2000 con la que prevalecía en 1995, 9 países candidatos han logrado avances durante ese período, y en cambio 3 (Bulgaria, República Checa y Rumania) no lo han hecho, mientras que Turquía permanece esencialmente en el mismo nivel. Estonia, Letonia, Hungría, Polonia y Eslovenia han conseguido progresos muy sustanciosos. La distribución de la renta ha mostrado una tendencia a hacerse más desigual, especialmente en los 10 PECO. Es un resultado que cabía esperar, en primer lugar porque bajo los antiguos regímenes la distribución de la renta era bastante igualitaria y, en segundo lugar, porque el crecimiento desigual provoca un aumento de la demanda de determinadas cualificaciones laborales en algunos ámbitos y sectores con prioridad sobre otros. Sin embargo, el nivel creciente de rentas debería beneficiar a muchos. Las desigualdades siguen siendo más reducidas que en la UE.

A pesar de los relativamente saludables factores de crecimiento global en todos los países candidatos, excepto Turquía, muchos desequilibrios se han hecho mayores y las condiciones macroeconómicas en los diferentes países siguen siendo de diversa naturaleza.

Los Informes Periódicos de 2001 presentan dos cifras para la balanza del Estado. Una está basada en el concepto nacional utilizado más comúnmente, y la otra se calcula con arreglo al Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), sobre el que este año los países candidatos informaron por primera vez. Como promedio, el déficit público global con arreglo al SEC 95 se ha deteriorado en cierta medida, pasando de alrededor del 3% al 3,5% del PIB. Se registraron grandes incrementos puntuales en la República Checa y en Eslovaquia debidos, principalmente, al coste fiscal del saneamiento de una serie de bancos lo cual, con arreglo a las normas SEC 95, hay que tenerlo en cuenta en la balanza neta general del Estado para el año en que se ha producido.

Varios países están experimentando dificultades para aplicar las reformas que resultan clave para la sostenibilidad fiscal a medio plazo. En Hungría vuelven a aparecer algunas prácticas fiscales no transparentes. La reforma municipal en Polonia no ha venido acompañada de un plan realista para pagar los costes de los servicios municipales. En algunos países, la reforma de la seguridad social es demasiado tímida o está todavía en una etapa muy inicial, como ocurre en la República Checa, Eslovaquia y Eslovenia.

En general, las tasas de inflación están aumentando en muchos países candidatos y el promedio de los 10 PECO, superior al 15%, es considerablemente más elevado que el del año pasado, que estaba en alrededor del 10%. La principal causa inmediata de inflación han sido los grandes incrementos de los precios del petróleo. Preocupan especialmente los casos en los que el marco de la política monetaria y las características estructurales que perviven están contribuyendo en gran medida a mantener la inercia de la inflación. En ese sentido, se observa una evolución positiva en Hungría y Polonia, que tienen un nuevo tipo de cambio y un marco monetario, al contrario que Eslovenia, que se ha quedado rezagada. De nuevo este año Rumania y Turquía no han sido capaces de controlar la inflación, pero han adoptado recientemente programas de estabilización con el FMI. La elevada inflación de Eslovaquia es el resultado de unos incrementos muy necesarios, pero demorados, de los precios regulados. Hay que supervisar de cerca la inflación creciente de Bulgaria, en el contexto del acuerdo de junta monetaria.

A pesar de los buenos resultados en materia de crecimiento, en los 10 PECO el desempleo, que está en un 12,5%, ha seguido aumentando desde un poco menos del 11%, lo que subraya el impacto aún negativo de las reformas estructurales de recortes laborales y del crecimiento de la alta productividad. Constituyen una excepción Hungría y Eslovenia, cuya cifra de desempleo va en descenso. Los índices de participación son, en general, estables pero siguen siendo bajos en algunos casos. Las rigideces del mercado laboral y la falta de adaptación de las capacidades técnicas ponen un límite inferior al desempleo, incluso en economías de elevado crecimiento. Se puede decir que Chipre y Malta están cerca de los niveles de pleno empleo.

Para los 10 PECO ha habido una mejora del déficit por cuenta corriente, que pasó del 5,6% del PIB hasta alrededor del 5%, a pesar de un deterioro de la relación de intercambio. En Letonia y Lituania, donde el deterioro era demasiado pronunciado, se ha aplicado una corrección muy pronunciada. Malta tenía un importante deterioro de su déficit por cuenta corriente, con un componente específico importante. La recuperación ha causado un deterioro de la balanza exterior de la República Checa, que tiene que prepararse para adoptar medidas correctivas. En la mayoría de los casos, la inversión directa extranjera (IDE) ha contribuido de manera significativa a financiar el desequilibrio de la balanza exterior. El componente de IDE, a menudo procedente de la privatización, parece seguir dominando la totalidad de los flujos entrantes en todos los países candidatos. Por lo tanto, el nivel de deuda exterior permanece en los niveles del año pasado, excepto en Turquía. Este país, debido a la acusada depreciación de su moneda causada por la crisis financiera, está en una situación más precaria, ya que el valor interno de su deuda exterior, relativamente grande, se ha incrementado enormemente. El nivel de IDE en Turquía sigue estando significativamente por debajo de su potencial.

Los países candidatos, con excepción de Chipre y Malta, siguen teniendo algunas dificultades para establecer determinados elementos del marco jurídico e institucional necesario para el funcionamiento de una economía de mercado, entre otros, la ejecución de las decisiones judiciales. El alcance de las dificultades varía desde el caso grave de Rumania y, en menor medida, de Bulgaria al de los países en que no existen barreras importantes para el acceso al mercado y la salida del mismo y en los que el grado de seguridad jurídica es elevado, como ocurre en Estonia y Hungría. El principal problema que persiste es la aplicación de la legislación sobre quiebras. Es de capital importancia progresar en este ámbito antes de la adhesión.

La privatización de las empresas manufactureras está casi completada en muchos de los 10 PECO, con excepción de Rumania, donde la lista de privatizaciones sigue siendo abultada y, en menor medida, Bulgaria. Polonia necesita todavía elaborar unas estrategias viables de privatización y reestructuración para algunos sectores tradicionales importantes. Las estrategias de privatización se han trasladado a sectores tales como los servicios públicos, el transporte y la energía, y se aplican junto con medidas para reestructurar esos sectores. En el sector financiero, la agenda de privatización de la banca está completada en varios candidatos, por ejemplo, Estonia, Hungría, Letonia y la República Checa. Ha avanzado en Lituania, Rumania, Polonia y Eslovaquia, pero va considerablemente retrasada en Eslovenia. En cuanto a los bancos de propiedad estatal para los que no está prevista la privatización, es importante que los gobiernos no se injieran en sus prácticas operativas y políticas de crédito. Para otras partes del sector financiero, los progresos en cuanto a privatización son indecisos y desiguales según los candidatos. La finalización de la reforma agraria con la creación de un mercado del suelo viable se está demorando en muchos de los 10 PECO, lo que trae un retraso en el desarrollo de los mercados de bienes raíces y de viviendas y en la construcción, con implicaciones desfavorables para los mercados laborales y la intermediación financiera.

En general, la intermediación financiera es muy reducida en las economías de los 10 PECO. El sector contribuye escasamente a la financiación de la inversión en lo que debería ser un sector privado en expansión. La intermediación es particularmente reducida e ineficaz en Bulgaria, Rumania y Lituania. Globalmente es preciso progresar más antes de la adhesión pues, para que funcione bien el mecanismo de transmisión para la política monetaria, se necesitan niveles más elevados de una intermediación más eficiente. La expansión del sector financiero ha venido acompañada de una mejor supervisión del sector bancario, pero hay que mejorar en cambio la supervisión de otros aspectos, no sólo por lo que se refiere a los reglamentos sino también a la capacidad administrativa y a la independencia de los supervisores.

Los progresos cumulativos de los países candidatos en la UE en cuanto a integración económica se han producido principalmente gracias a los dos canales de flujos comerciales y de capital, esencialmente la inversión directa extranjera.

En cuanto a la integración comercial, los países candidatos enviaron en el año 2000 un promedio del 62% de sus exportaciones a la UE, y el 58% de sus importaciones procedían de la UE. Con exclusión de Turquía, las cuotas de mercado representan alrededor del 65% para las exportaciones y el 62% para las importaciones. Durante el periodo de 1995 a 2000 cada uno de los 10 PECO aumentó su parte de las exportaciones a la UE. Como grupo, también han aumentado su cuota de mercado en la UE. Durante los últimos diez años, la región de los 10 PECO ha registrado el crecimiento más rápido en cuanto a comercio con la UE y en el año 2000 le ha correspondido a esa región alrededor del 11% del total del comercio con la UE y con terceros países, en comparación con el 6% registrado en 1992. En la UE, los efectos se han sentido más en los Estados miembros más próximos a la región. El comercio entre países candidatos sigue siendo comparativamente bajo, a pesar de que en 2000 aumentó ligeramente para varios de los 10 PECO en comparación con el año anterior.

En cuanto a la integración financiera, en el decenio de 1990 dos tercios de los flujos de capital neto procedían de los Estados miembros de la UE. La mayoría de los flujos de capital neto entrantes en los países candidatos han consistido en flujos de IDE. A causa de la privatización, cerca de la mitad de los flujos de IDE se han dirigido a sectores no comercializables, como las instituciones financieras (bancos) y los servicios públicos (por ejemplo, telecomunicaciones). En algunos países están aumentando las inversiones en zonas nuevas: por ejemplo, representan más de la mitad de la IDE en Bulgaria y predominan en Hungría. En el sector comercializable, una quinta parte del total de la IDE se ha producido en industrias con una relativa intensidad de mano de obra, por ejemplo las de los textiles, prendas de vestir, maquinaria eléctrica y vehículos de motor. En el contexto de la transición y de la convergencia económica real, la IDE ha contribuido, y seguirá haciéndolo, a sustituir las existencias de capital obsoletas e introducir nueva tecnología y nuevas técnicas de gestión.

b) Conclusiones

Los progresos de cada país se han evaluado con arreglo a los subcriterios de los criterios económicos de Copenhague, es decir, la existencia de una economía de mercado en funcionamiento y la capacidad para resistir la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión. Estos subcriterios se definieron en la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda 2000.

La existencia de una economía de mercado en funcionamiento exige que se liberalicen los precios, así como el comercio, y se aplique un sistema jurídico que se pueda hacer cumplir e incluya los derechos de propiedad. Los rendimientos de una economía de mercado se potencian con la estabilidad macroeconómica y el consenso sobre la política económica. También mejora la eficiencia de la economía un sector financiero bien desarrollado y la ausencia de cualquier impedimento significativo al acceso al mercado y a la salida del mismo. El segundo criterio ("capacidad para resistir la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión") depende de la existencia de una economía de mercado y un marco macroeconómico estable que permitan a los agentes económicos tomar decisiones y estar seguros de los pronósticos. También requiere una cantidad suficiente de capital humano y físico, entre otras cosas infraestructura. Las empresas estatales tienen que ser reestructuradas y todas las empresas necesitan invertir para mejorar su eficiencia. Además, cuanto más fácil acceso tengan las empresas a la financiación exterior y cuanto más puedan reestructurar e innovar, mayor será su capacidad para adaptarse. En general, una economía será más capaz de asumir las obligaciones de la adhesión cuanto más elevado sea el grado de integración económica con la Unión que consiga antes de la adhesión. Esto lo demuestran tanto el volumen como la gama de productos que se comercializan con los Estados miembros.

Tomando los dos criterios juntos puede decirse que Chipre y Malta han confirmado que son economías de mercado en funcionamiento y que podrán hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión.

La República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia son economías de mercado en funcionamiento. Hay diferencias económicas importantes entre estos países pero, siempre que continúen aplicando y, en algunos casos, reforzando una serie de medidas diferenciadas que se detallan en cada uno de los Informes Periódicos, deberían poder hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión a corto plazo.

Bulgaria ya casi es una economía de mercado en funcionamiento. Siempre que continúe aplicando las reformas e intensifique los esfuerzos por eliminar las persistentes dificultades, debería poder hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión a medio plazo.

Rumania todavía no cumple ninguno de los dos criterios pero, por primera vez, ha hechos progresos decisivos para alcanzar este objetivo.

Turquía no ha sido capaz de conseguir más progresos para lograr una economía de mercado en funcionamiento, especialmente debido a la reciente crisis. No obstante, hay partes considerables de su economía que ya están compitiendo en el mercado de la UE, en el marco de la unión aduanera con la CE.

En el anexo 1 de cada Informe Periódico pueden encontrarse las conclusiones sobre el cumplimiento de cada subcriterio, y en el anexo 2 los principales indicadores estadísticos.

3. Otras obligaciones de la adhesión

El Consejo Europeo de Copenhague señaló que la adhesión presupone "la capacidad del candidato de asumir las obligaciones de la adhesión, incluida la observancia de los fines de la unión política, económica y monetaria".

a) Adopción, aplicación y observancia del acervo

La capacidad del candidato para asumir las obligaciones de la adhesión requiere la adopción, aplicación y cumplimiento del acervo. La importancia de que los países candidatos garanticen la aplicación del acervo se subrayó en el Consejo Europeo en varias ocasiones. En Madrid, en 1995, el Consejo Europeo hizo hincapié en la importancia de ajustar las estructuras administrativas de los países candidatos con el fin de crear las condiciones necesarias para su integración gradual y armoniosa. En 2000, el Consejo Europeo de Feira recordó que "el avance de las negociaciones depende de que los Estados candidatos incorporen el acervo en sus legislaciones nacionales y, sobre todo, de su capacidad de aplicarlo realmente y de hacerlo respetar", en particular reforzando sus estructuras administrativas y judiciales. En junio de 2001, el Consejo Europeo de Göteborg volvió a subrayar la importancia de que se hicieran avances ininterrumpidos en los países candidatos para la transposición, aplicación y cumplimiento del acervo y de que prestaran especial atención a la creación de estructuras administrativas adecuadas y a la reforma de sus sistemas judiciales y su función pública.

La transposición, la aplicación y el hacer que se respete el acervo compete no solamente al gobierno y a la administración sino también al sector comercial, regional y a los organismos locales y organizaciones profesionales. El Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones han hecho un llamamiento en pro de una participación más estrecha de la sociedad civil en ese proceso. Las autoridades nacionales de los países candidatos tienen que intensificar el diálogo con las instituciones representativas para explicar el acervo y facilitar su aplicación en todo su territorio.

b) Situación general de los sectores y conclusiones

En general, y según los Informes Periódicos de este año, se registran otra vez progresos significativos en la adopción de legislación para ajustarse al acervo en la mayoría de los países candidatos y respecto a la mayoría de los sectores. En varios de ellos, como el transporte [1], las telecomunicaciones, la justicia y los asuntos de interior, no obstante, se han adoptado o se adoptarán en breve elementos importantes de nueva legislación comunitaria, en la mayoría de los casos aprovechando la anterior legislación de la Comunidad.

[1] El Libro Blanco sobre la política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad (COM (2001) 370 final) aboga además por una mejor reglamentación de la competencia entre las modalidades de transporte, dando al ferrocarril y a otras modalidades de transporte que respetan el medio ambiente los medios para convertirse en alternativas competitivas frente al transporte por carretera.

Algunos países siguen teniendo dificultades para transponer partes del acervo pero, a pesar de los progresos realizados durante el año pasado, la mayor necesidad actualmente es desarrollar estructuras administrativas adecuadas y fortalecer la capacidad administrativa para aplicar el acervo.

Para la mayoría de los países candidatos, los Informes Periódicos y las propuestas revisadas de Asociaciones para la Adhesión señalan:

* en el ámbito del mercado interior, la necesidad de establecer o reforzar las infraestructuras administrativas horizontales que se ocupan de la normalización, acreditación, certificación, evaluación de la conformidad, vigilancia del mercado, reconocimiento mutuo de las cualificaciones, supervisión de los servicios financieros y también de garantizar la observancia de los derechos de propiedad industrial e intelectual;

* en el ámbito de la competencia, la necesidad de desarrollar o reforzar a las capacidades para asegurar el cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales y las disposiciones antimonopolio;

* en el ámbito del transporte y la energía, la necesidad de fortalecer o establecer estructuras normativas adecuadas (también con vistas al nuevo acervo en el futuro) y las medidas de inspección, en particular para garantizar la seguridad vial y marítima;

* en el ámbito de las telecomunicaciones y la política cultural y audiovisual, la necesidad de establecer o fortalecer estructuras normativas independientes para las telecomunicaciones, especialmente con vistas al nuevo acervo en el futuro;

* en el ámbito del medio ambiente, la necesidad de consolidar aún más las capacidades administrativas, de supervisión y de cumplimiento de la ley, en particular en el sector de los desechos, el agua y los productos químicos;

* en el ámbito de la política social y de empleo, la necesidad, en particular, de garantizar el cumplimiento de las normas sobre seguridad y salud en el trabajo y de fortalecer las inspecciones laborales;

* en el ámbito de la justicia y asuntos de interior, la necesidad global de fortalecer el sistema judicial, la gestión de fronteras, de manera más urgente en las futuras fronteras exteriores de la UE, y de prepararse para la participación en el sistema de información de Schengen, así como de conseguir mejorar la cooperación de todos los agentes en la lucha contra la delincuencia organizada;

* en el ámbito de las aduanas y los impuestos, la necesidad de desarrollar sistemas IT para hacer posible el intercambio de datos electrónicos con la Comunidad y sus Estados miembros, y la capacidad de la administración aduanera y fiscal para hacer cumplir y controlar la legislación comunitaria, incluso los controles en las fronteras exteriores;

* en el ámbito de la agricultura, la necesidad de mejorar el sistema de supervisión, relativo a la legislación veterinaria y fitosanitaria para, en particular, garantizar la seguridad alimentaria, y la capacidad de aplicar y hacer que se cumplan los mecanismos de gestión de la Política Agrícola Común, especialmente la Administración Integrada y el Sistema de Control y el Organismo de Pagos (para el cual, en el ámbito del desarrollo rural, el organismo SAPARD correspondiente puede ser un precursor);

* en el ámbito de la política estructural, la necesidad de fortalecer la capacidad administrativa en los ministerios clave y desarrollar las estructuras administrativas necesarias para la programación, gestión y control de los fondos estructurales;

* en el ámbito del control financiero, la necesidad de reforzar la capacidad administrativa para el control interno de las finanzas públicas y la lucha contra el fraude.

En varias otras esferas, igualmente, cada uno de los países candidatos tiene que mejorar la capacidad administrativa, como puede ser el caso de los capítulos mencionados anteriormente, por ejemplo en el ámbito de la seguridad nuclear o en otros capítulos como la pesca, las estadísticas o la unión económica y monetaria. Estas prioridades están señaladas específicamente en cada Informe Periódico y recogidas en la propuesta revisada de Asociación para la Adhesión para cada país candidato.

Los Informes Periódicos identifican también los capítulos que no plantean dificultades importantes en cuanto a capacidad administrativa, ya sea porque en ellos se necesita poca capacidad administrativa para la aplicación del acervo o porque el grado de preparación de los países puede considerarse, en general, adecuado.

Las conclusiones de los Informes Periódicos, país por país, se encuentran en el anexo 1.

c) La UEM y el EURO

Los países candidatos necesitan prepararse para participar en los procedimientos multilaterales de vigilancia y de coordinación de la política económica actualmente vigentes como parte de la Unión Económica y Monetaria. Una de las prioridades económicas de anteriores Asociaciones para la Adhesión era el establecimiento de un procedimiento anual de control fiscal, que consta de dos elementos: la notificación fiscal y el Programa Económico de Preadhesión (PEP), que se discuten en instancias multilaterales con los Estados miembros.

Se ha clarificado el marco de estrategias sobre tipos de cambio para los países candidatos y se han determinado tres etapas sucesivas en el proceso de transición hacia la adopción del euro, a saber, la etapa de preadhesión, la etapa posterior a la adhesión y la adopción del euro. Cualquier adopción unilateral de la moneda única por medio de la "euroización" sería contraria a los razonamientos económicos subyacentes en la UEM que contempla el Tratado y que prevén la posible adopción del euro como punto final de un proceso estructurado de convergencia dentro de un marco multilateral. Por lo tanto, la "euroización" unilateral no sería un medio de eludir las etapas previstas por el Tratado para la adopción del euro.

Poco tiempo después de la adhesión, se espera que los Estados miembros se adhieran al MTC II. Este Mecanismo de Tipos de Cambio podría incluir los principales rasgos de una serie de sistemas de tipos de cambio siempre que los compromisos y objetivos sean creíbles y se ajusten a los del MTC II. Las únicas incompatibilidades manifiestas con el MTC II que pueden ya identificarse en esta etapa son los tipos de cambio plenamente flotantes, los tipos de cambios móviles y las vinculaciones con otras monedas distintas del euro.

III. Conseguir que la ampliación sea un éxito

El Consejo Europeo de Göteborg ha establecido objetivos sumamente ambiciosos al concluir que "el plan de trabajo debería permitir que, para finales de 2002, concluyan las negociaciones con los países candidatos que estén preparados, siempre que se mantengan a buen ritmo los progresos en el cumplimiento de los criterios de adhesión. El objetivo es que éstos participen en calidad de miembros en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004".

Conseguir esos objetivos requerirá esfuerzos tanto de la Unión como de los países candidatos. La primera debería definir posiciones comunes dentro del calendario que fija el plan de trabajo. Los países candidatos deben continuar con los preparativos para ajustarse plenamente a los criterios de adhesión, prestando especial atención a mejorar su capacidad administrativa para aplicar el acervo. En definitiva, los progresos en las negociaciones dependen de unos progresos convincentes en la adopción, aplicación y cumplimiento del acervo.

1. Seguir el plan de trabajo - capítulos restantes

Se han conseguido progresos considerables en las negociaciones. Los países candidatos han comunicado su posición respecto al acervo con arreglo a los diferentes capítulos de la negociación, además de sus peticiones de medidas transitorias. En muchos casos en que los candidatos han manifestado compromisos suficientes para aplicar el acervo se han cerrado provisionalmente algunos capítulos (véase anexo 6). Del número de capítulos que se han cerrado provisionalmente, sin embargo, no se deduce con precisión el estado de las negociaciones. En algunos casos en curso de negociación no quedan más que una o dos cuestiones que tengan importancia política y que pueden resolverse con rapidez si se adoptan las decisiones políticas necesarias.

El plan de trabajo ha resultado útil para conseguir que todas las partes negociadoras se comprometan fijando un calendario realista. En el Informe que presentó la Comisión al Consejo Europeo de Gante se analizaba la trayectoria del proceso y se subrayaban una serie de cuestiones en que todavía hay que adoptar decisiones durante la Presidencia belga [2]. En el documento se analizaban una serie de cuestiones sobre las que la UE tenía que definir una posición en el contexto de los capítulos sobre transporte, impuestos, agricultura, justicia y asuntos de interior y energía. Entretanto, la Comisión ha remitido, siempre que ha sido posible, posiciones de negociación sobre esos capítulos al Consejo, y la Presidencia belga está avanzando rápidamente por lo que se refiere a definir las posiciones de negociación. En el contexto del último capítulo de los mencionados, la Comunicación subrayaba la necesidad de examinar las posiciones de los países candidatos a propósito de las recomendaciones de la UE sobre seguridad nuclear y su posición de que [a propósito de] "las unidades [de las centrales nucleares] que no pueden modernizarse -Ignalina (Lituania), Bohunice-VI (Eslovaquia) y algunas unidades de Kozloduy (Bulgaria)- deben respetarse los compromisos de cierre e incluirse debidamente en los Tratados de adhesión."

[2] Comunicación a la Comisión: Nota informativa al Consejo Europeo sobre una revisión de mitad de ejercicio de la aplicación de la estrategia de ampliación, COM (2001) 553 final, de 2 de octubre de 2001.

El compromiso de la Unión de definir posiciones comunes dentro de un calendario determinado, también en esferas en las que surgen especiales dificultades, ha constituido una señal positiva para los países candidatos. Con ello, la Unión ha demostrado la flexibilidad necesaria tomando posiciones que son importantes en términos de aceptabilidad pública, tanto en la Unión como en los países candidatos. Se mantendrá este enfoque.

Con arreglo al plan de trabajo para la primera mitad de 2002, la Unión definirá posiciones comunes con vistas a clausurar provisionalmente el último grupo de capítulos: agricultura, política regional, disposiciones financieras y presupuestarias, instituciones y "asuntos varios". La Comisión presentará las propuestas convenientes al Consejo a su debido tiempo. Para prepararlas, se guiará por el enfoque que se esboza más adelante.

a) Marco financiero y capítulos conexos

Los capítulos de las negociaciones que se refieren a agricultura y política regional tienen componentes presupuestarios importantes y están relacionados con el capítulo relativo a las disposiciones financieras y presupuestarias. De ahí que las negociaciones sobre estos tres capítulos se deban llevar a cabo dentro de un marco general coherente.

El Consejo Europeo de Berlín, en marzo de 1999, aprobó el marco financiero para el periodo 2000-2006 con, entre otras cosas, medidas para la ampliación basadas en la hipótesis de que en 2002 se adherirían 6 nuevos miembros. Los resultados se reflejaron en un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión.

El amplio acuerdo alcanzado en Berlín incluía, al mismo tiempo, la reforma política y la reserva de los fondos necesarios para la preadhesión y la adhesión, incluidos:

* un límite máximo para los pagos totales (fijado en un 1,27% del PIB) y límites absolutos para los compromisos presupuestarios anuales dentro de cada categoría de gasto (Perspectivas Financieras para el periodo 2000-2006). Se esperaba que, en conjunto, los límites absolutos quedaran muy por debajo del límite máximo del 1,27%, incluso después de la ampliación;

* la reforma de la política agrícola común, los fondos estructurales y de cohesión;

* la duplicación del apoyo de preadhesión para los países candidatos (3.100 millones de euros al año [3]);

[3] Todas las cantidades son créditos de compromiso en precios constantes de 1999.

* sumas reservadas para la financiación de la adhesión, que se incrementan gradualmente desde 6.500 millones de euros en 2002 hasta 16.800 millones de euros en 2006.

Las hipótesis sobre las que se fundaba el acuerdo de Berlín han cambiado, especialmente respecto a las fechas posibles para la adhesión y al número potencial de nuevos Estados miembros.

Sin embargo, asumiendo que las primeras adhesiones se produzcan en 2004 y no en 2002 y que se adhieran más de 6 y hasta 10 nuevos Estados miembros, el coste de la ampliación actualizado para cada uno de los años 2004 a 2006 seguiría siendo menor que las cantidades acordadas en Berlín. Para el cálculo se tiene en cuenta la información puesta al día sobre producción agrícola y los datos sobre el consumo en los 10 países candidatos.

Las cantidades anuales reservadas para la adhesión en las Perspectivas Financieras se incrementan sustancialmente de 2002 a 2006. Dado que las primeras adhesiones se producirán más tarde, las cantidades anuales necesarias para los años correspondientes son menores que si las primeras adhesiones se hubieran producido en 2002, con lo que las cifras calculadas en Berlín sirven para un número más amplio de hasta 10 nuevos Estados miembros.

La Comisión presentará al Consejo propuestas de posiciones comunes de negociación para los sectores de la agricultura, la política regional y los asuntos presupuestarios sobre la base del actual acervo y los principios inherentes al acuerdo de Berlín. De ese modo, las negociaciones de adhesión podrán concluirse independientemente de las decisiones para la financiación de la UE después de 2006.

La Comisión velará por que las implicaciones presupuestarias y propuestas de posiciones comunes de negociación se ajusten a los límites de gastos acordados en Berlín para el periodo que va hasta 2006, incorporando los ajustes necesarios previstos para el número potencial de nuevos Estados miembros. En particular, y no obstante las futuras decisiones para la financiación de la UE, la Comisión:

* examinará, en el capítulo agricultura, cómo solucionar los problemas de los pagos directos y facilitar instrumentos de gestión en las negociaciones;

* delimitará, en la esfera de la política estructural, las condiciones organizativas e institucionales que deberán cumplir los diversos países para cerrar provisionalmente las negociaciones en ese capítulo, y explicará el método para asignar los fondos estructurales a los nuevos Estados miembros hasta 2006;

* examinará, por lo que se refiere al capítulo presupuesto, las posibles medidas transitorias.

La Comisión se asegurará de que el Consejo pueda debatir estos asuntos en un marco común a principios de 2002 con objeto de preparar la continuación de las negociaciones de adhesión con arreglo al plan de trabajo.

b) Otros capítulos

Los capítulos "Instituciones" y "Asuntos varios" todavía no se han abierto con ninguno de los candidatos. Con arreglo al plan de trabajo, la Unión debería también definir sus posiciones sobre estos capítulos en la primera mitad de 2002.

El capítulo instituciones trata de la inclusión de los nuevos Estados miembros en el marco institucional de la Unión. Como ésta subrayó al inicio de las negociaciones de adhesión, la condición de miembro implica tanto derechos como obligaciones. La Unión espera de sus nuevos miembros que cumplan las obligaciones correspondientes, respetando las condiciones acordadas en las negociaciones de adhesión. Los nuevos miembros ejercitarán sus derechos en los mismos términos que los demás Estados miembros, mediante su participación en las instituciones de la UE. Tradicionalmente, el capítulo "Instituciones" se ha debatido en las negociaciones de adhesión después de todos los demás capítulos relativos al acervo.

En las negociaciones actuales, el capítulo "Instituciones" se basará principalmente en las conclusiones de la Conferencia Intergubernamental celebrada en Niza en diciembre de 2000, y en particular en lo siguiente:

- las disposiciones establecidas en el Tratado de Niza, particularmente las disposiciones para el ajuste de las instituciones ante la perspectiva de la ampliación;

- las disposiciones establecidas en las Declaraciones de la Conferencia Intergubernamental, especialmente la Declaración nº 20 sobre las posiciones comunes a adoptar en las negociaciones de adhesión respecto a asuntos relativos a la distribución de escaños en el Parlamento, la ponderación de los votos en el Consejo y la composición del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones.

Con la celebración del nuevo Tratado, en Niza se consolidó el firme compromiso ante la Unión en pro del proceso de ampliación. Actualmente, está en fase de ratificación por los Estados miembros. La Comisión observa que el Tratado ha sido ratificado por tres Estados miembros y que, en la mayoría de los demás casos, la ratificación se va llevando a cabo satisfactoriamente. En el caso de Irlanda, y tras el referéndum de junio de 2000, el Gobierno está organizando una convención nacional para aclarar las cuestiones relacionadas con el Tratado.

La Comisión espera que los Estados miembros completen el proceso de ratificación, tal como estaba planificado, en 2002. La Comisión se pondrá de acuerdo con la Presidencia sobre los plazos apropiados y el procedimiento que hay que prever para el capítulo institucional, teniendo en cuenta los progresos en la ratificación del Tratado de Niza.

Como en el caso de anteriores negociaciones de adhesión, el capítulo final será "Asuntos varios", capítulo que sirve como marco para asuntos no incluidos en los capítulos precedentes, sobre todo problemas que no están relacionados directamente con el acervo. En las anteriores negociaciones de adhesión, por ejemplo, las deliberaciones sobre el capítulo "Asuntos varios" dieron lugar a una serie de declaraciones sobre transparencia, el estatus de "determinados territorios", etc., que posteriormente se añadieron al Tratado de Adhesión como anexos. Durante el año 2002 se seguirá aclarando qué cuestiones tienen que tratarse dentro de este capítulo en las actuales negociaciones.

2. Plan de acción sobre capacidad administrativa y judicial

Los Estados miembros tienen que tener un nivel de capacidad administrativa y judicial adecuado para poder aplicar y hacer que se cumpla el acervo, razón por la cual sucesivos Consejos Europeos han insistido en el desarrollo institucional durante la preparación para la adhesión.

Un objetivo común para todos los países candidatos es una administración pública estable. La mayoría de ellos han hecho enormes esfuerzos en el ámbito de la reforma de la administración pública y han aplicado reformas en la función pública. Algunos de ellos han dado pasos importantes para atraer a un personal competente y mejorar su calidad mediante formación y una mejor remuneración pero, como se refleja en los Informes Periódicos, queda mucho por hacer. Por añadidura, hay una serie de países candidatos que necesitan intensificar su lucha contra la corrupción.

También es esencial para los ciudadanos y para las empresas un sistema judicial predecible y eficiente. En la mayoría de los países candidatos la labor de reforma del sistema judicial ha avanzado, pero en varios otros países hay que seguir esforzándose por consolidar la independencia de la judicatura, mejorar la remuneración, las condiciones de trabajo y la formación de los jueces.

Ya se han señalado más arriba los principales retos sobre una serie de capítulos relacionados con el acervo (sección II 3 b). Se refieren a la capacidad administrativa para garantizar:

* en primer lugar, un funcionamiento regular del mercado interior, lo que, a menudo, requiere autoridades de reglamentación adecuadas, por ejemplo, autoridades en materia de competencia, telecomunicaciones, energía o transporte o la aplicación de las tecnologías de la información apropiadas.

* en segundo lugar, unas condiciones de vida sostenibles en la Unión Europea, lo que hay que garantizar, entre otras cosas, velando por que se apliquen las normas medioambientales, imponiendo niveles adecuados de salud y seguridad en el trabajo y un nivel elevado de seguridad nuclear, y mejorando la seguridad en los transportes. Estas medidas exigen una serie de sistemas de inspección.

* en tercer lugar, la protección global de los ciudadanos de la Unión Europea. Para ello es necesario, entre otras cosas, asegurar las fronteras para diversos propósitos, una adecuada vigilancia del mercado para proteger a los consumidores, hacer que se respeten unos niveles suficientes de seguridad alimentaria, y una cooperación en materia de justicia y asuntos de interior. Estas medidas requieren diversos sistemas de inspección y de vigilancia del cumplimiento de la ley.

* en cuarto lugar, una gestión apropiada de los fondos comunitarios, lo que requiere estructuras adecuadas en las administraciones centrales y regionales para la aplicación de las normas sobre contrataciones públicas, control financiero, auditorías y lucha contra el fraude y la corrupción.

Los Informes Periódicos y la propuesta revisada de Asociaciones para la Adhesión destacan detalladamente los ámbitos en que tiene que actuar cada país candidato para conseguir un nivel adecuado de capacidad administrativa.

Para clarificar los nuevos pasos que se han de dar, la Comisión establecerá un plan de acción y analizará con cada país candidato, a principios de 2002, el enfoque que cada uno tiene intención de aplicar a estas prioridades y, si fuera necesario, sus intenciones sobre cómo reforzar las actividades de desarrollo institucional. Además, la Comisión iniciará actividades de control específicas, en caso necesario conjuntamente con los Estados miembros y los países candidatos

El plan de acción:

* se basará en los ámbitos prioritarios identificados en las Asociaciones para la Adhesión revisadas, los Informes Periódicos y los compromisos asumidos en las negociaciones;

* pondrá de relieve acciones ya en curso para desarrollar la capacidad administrativa y movilizará más medios para intensificar esas acciones, utilizando mecanismos establecidos tales como los hermanamientos o TAIEX (véanse los anexos 3 y 5);

* confirmará o pondrá en marcha mecanismos de control tales como informes de supervisión, revisiones paritarias etc., con los que será posible determinar el estado de preparación de cada país candidato.

Al igual que los Informes Periódicos y las propuestas revisadas de Asociaciones para la Adhesión, el plan de acción reflejará la situación de los países con respecto a las negociaciones y tendrá en cuenta las fechas de adhesión previstas en ellos.

a) Refuerzo de las acciones de desarrollo institucional

Ya se está proporcionando a los países candidatos una importante asistencia comunitaria para ayudarles a desarrollar una capacidad administrativa adecuada que les permita aplicar y hacer que se observe el acervo. En conjunto, se han destinado hasta dos tercios de los programas nacionales para desarrollo institucional e inversiones conexas. Se ha acelerado la programación y los programas nacionales anuales de asistencia deberían estar adoptados en 2002 mucho antes que en años anteriores.

Por otra parte la Comisión, además de la dotación presupuestaria anual fijada en 1999 para cada uno de los 10 países PHARE, asignará hasta 250 millones de euros del programa PHARE existente para más acciones de desarrollo institucional en 2002. Esta línea suplementaria para desarrollo institucional constituye una oferta a los países candidatos que debería recogerse y programarse antes del verano de 2002. Podría darse similar importancia a la asignación de la asistencia de preadhesión para desarrollo institucional en el caso de Malta y Chipre.

La Comisión analizará con los países candidatos la necesidad de seguir reflejando en el ejercicio de programación para 2003 las actividades de desarrollo institucional. En ese caso, y con arreglo a las normas habituales de la Comisión sobre contratación y desembolso, los proyectos de desarrollo institucional podrían continuar vigentes por lo menos otros tres años más.

Estas acciones se complementan con los importantes esfuerzos que está realizando cada país candidato, a menudo con la asistencia de PHARE y de acciones bilaterales de los Estados miembros y organizaciones internacionales e instituciones financieras internacionales.

b) Control reforzado

Ya se están llevando a cabo acciones de supervisión. La Comisión facilita regularmente al Consejo cuadros e informes de control pormenorizado en los que se examina la manera en que se han ejecutado los compromisos asumidos en el marco de las negociaciones, y también los compromisos de desarrollar la suficiente capacidad administrativa.

La Comisión no siempre cuenta con los expertos pertinentes para juzgar el grado de preparación de las administraciones de los países candidatos, ya que la ejecución corresponde en gran medida a los Estados miembros. Ésta es la razón de que en varios ámbitos se hayan establecido las revisiones paritarias. Con este tipo de revisiones, los candidatos pueden hacer participar a expertos de los Estados miembros y la Comisión en la evaluación de la capacidad administrativa. Las revisiones paritarias ya han empezado, o se están planeando para el ámbito de los servicios financieros, la justicia y asuntos de interior, el presupuesto, la agricultura, la seguridad nuclear y el medio ambiente. La Comisión facilitará apoyo práctico (especialmente, mediante la Oficina de Asistencia Técnica e Intercambio de Información, TAIEX) o mediante otros mecanismos (por ejemplo, SIGMA).

La Comisión informará al Consejo antes de la primavera de 2002 sobre las revisiones paritarias o cualquier otra acción pertinente destinada a evaluar la capacidad administrativa en los países candidatos, con lo cual los resultados de esas acciones podrán recogerse en el marco único de las negociaciones de adhesión.

Las revisiones paritarias no son una panacea pero complementan el proceso de supervisión en curso. Sólo deberían utilizarse en los casos apropiados y deberían centrarse en los ámbitos que preocupan especialmente en, tal como se identificaron en los Informes Periódicos, propuestas revisadas de Asociaciones para la Adhesión o durante las negociaciones.

Estas actividades servirán para supervisar los compromisos adquiridos por los países candidatos durante las negociaciones de asociación. La Comisión informará sobre su plan de acción, incluso sobre la supervisión de esos compromisos, antes del Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002.

Los Informes Periódicos de 2002 examinarán después atentamente todo lo realizado y si los países candidatos serán capaces de contar, en los diferentes ámbitos del acervo, con las estructuras adecuadas en funcionamiento para aplicar y hacer que se observe el acervo en el momento de la adhesión.

c) Capacidad administrativa más allá de la adhesión

Se espera que los Estados miembros ajusten regularmente su capacidad administrativa a las necesidades cambiantes del acervo. Desarrollar la capacidad administrativa adecuada es un proceso que no se acabará con la conclusión de las negociaciones, sino que, por el contrario, continuará hasta la adhesión y posteriormente.

Durante el periodo comprendido entre la firma del tratado de adhesión y la verdadera adhesión de los países de que se trata, la Comisión seguirá observando los acontecimientos respecto a cuestiones identificadas en el curso de las negociaciones de adhesión. Además seguirá la evolución de las cuestiones económicas identificadas en la evaluación de los criterios económicos e informará al respecto al Consejo.

Los programas de preadhesión seguirán en vigor durante ese periodo y, para los primeros países que se adhieran, se puede esperar que 2003 será el último año en que se programen los fondos de preadhesión. La formación de los funcionarios públicos puede convertirse en una de las necesidades más importantes en este periodo La aplicación continuará normalmente durante un periodo de hasta casi tres años. Hay que definir las medidas transitorias para la gestión y la posterior conclusión de los programas durante los primeros años después de la adhesión.

Durante el periodo que siga a la adhesión, la Comisión, como guardiana de los Tratados, supervisará cómo aplican el acervo los nuevos Estados miembros, utilizando los mismos mecanismos que se aplican para los Estados miembros actuales. Esos mecanismos incluyen Informes Periódicos de la Comisión al Consejo sobre la aplicación de la legislación comunitaria, procedimientos de infracción y un diálogo entre la Comisión y los Estados miembros sobre problemas de aplicación (por ejemplo, la red de resolución de problemas del mercado interior o los centros de coordinación).

La evaluación comparativa y la presión del grupo afín se utilizan cada vez más dentro de la Unión para desarrollar estructuras administrativas interoperativas y compatibles. La participación de los países candidatos en los programas y organismos comunitarios contribuye ya a su integración efectiva. La iniciativa e-Europa, las estrategias de empleo nacionales o las actividades en el contexto de la UEM ya se han ampliado a los países candidatos por medio de e-Europa plus, la Evaluación Conjunta de Prioridades de la Política de Empleo para preparar su participación en la Estrategia Europea de Empleo y los programas económicos de preadhesión. Los países candidatos deberían continuar por esta vía hacia la integración en las políticas y los mecanismos ya existentes de la UE.

Además, los nuevos Estados miembros se beneficiarán de nuevos mecanismos que podrán introducirse para mejorar la aplicación de la legislación comunitaria. En su Libro Blanco sobre la Gobernanza, la Comisión ha indicado que en 2002 propondrá sistemas de hermanamiento entre las administraciones nacionales con el fin de compartir las mejores prácticas para aplicar medidas, aprovechando la experiencia con los países candidatos, y promover el conocimiento de la legislación comunitaria en los tribunales y colegios de abogados nacionales. La introducción de esos hermanamientos entre Estados miembros permitiría a los países candidatos seguir beneficiándose de esas medidas después de la adhesión, lo que contribuiría a que se aplique mejor el acervo en la Unión ampliada.

3. Estrategia de preadhesión de Turquía - hacia una nueva fase

La ejecución de la estrategia de Preadhesión, definida por el Consejo Europeo de Helsinki, ya está muy avanzada. Para finales del presente año estarán ya en vigor todos sus elementos. En la próxima fase se prestará mayor atención a una preparación más detallada de los requisitos de la adhesión a la UE.

En esta nueva fase, se alienta a Turquía a que intensifique y acelere el proceso de reformas políticas y económicas de acuerdo con las prioridades de las Asociaciones para la Adhesión, lo que requiere mayores reformas constitucionales, legislativas, administrativas y judiciales para acercar a Turquía a las normas de la UE. La reciente reforma constitucional y la ejecución del nuevo plan económico han dado un comienzo prometedor a este proceso.

Debería utilizarse más plenamente el diálogo político reforzado para estimular aún más los progresos en los asuntos clave que son prioridades de la Asociación para la Adhesión, como los derechos humanos, Chipre y la solución pacífica de los conflictos fronterizos.

El apoyo manifestado por Turquía en el diálogo político a favor de los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas para encontrar una solución amplia al problema de Chipre debería complementarse con medidas concretas por parte de Turquía para facilitar una solución.

En cuanto a la Política a Europea de Seguridad y Defensa (PESD), Turquía debería estar abierta a la solución del problema de las modalidades para participar en las decisiones de las operaciones dirigidas por la UE con vistas a la decisión que se habrá de adoptar en el Consejo Europeo de Laeken, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Niza.

Se están desarrollando y aplicando una serie de medidas de fomento de la confianza en el contexto de las relaciones grecoturcas, lo que debería crear un entorno favorable para una solución pacífica de los conflictos fronterizos conforme con las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki.

Se utilizará asistencia financiera para ayudar a Turquía a cumplir las prioridades de la Asociación para la Adhesión. Se pide a Turquía que refuerce su capacidad administrativa en materia de diseño y gestión de proyectos con arreglo al enfoque descentralizado que se sigue con todos los países candidatos. La Comisión ofrecerá asesoramiento y asistencia de expertos de los Estados miembros para apoyar los esfuerzos de Turquía. Sobre la base del acuerdo marco que se va a firmar entre la UE y Turquía en relación con la participación en programas comunitarios de este país, se insta a Turquía a que establezca estructuras efectivas para la gestión de esos programas, especialmente en el ámbito de la educación.

Las negociaciones sobre la ampliación de la Unión Aduanera en el sector de las contrataciones públicas y los servicios públicos tienen que finalizarse con carácter prioritario.

El Consejo Europeo de Feira solicitó a la Comisión que informara sobre los progresos en la preparación del proceso de examen analítico del acervo. Dicho informe se adjunta como anexo del Informe Periódico 2001.

Fundándose en la experiencia adquirida hasta ahora sobre las deficiencias que se han comprobado en la legislación turca y en sus preparativos en el sector administrativo con vistas a la adhesión, se recomienda actualmente iniciar una nueva fase en la estrategia de preadhesión que implicará un escrutinio pormenorizado de la legislación turca y el calendario para ajustarse al acervo. En esta fase se prestará también especial atención a la capacidad de la administración y el sistema judicial turcos para aplicar y hacer que se cumpla el acervo de manera efectiva.

De aquí en adelante, la UE y Turquía iniciarán un diálogo más detallado sobre los requisitos para la transposición, aplicación y cumplimiento del acervo, haciendo especial hincapié en los problemas sectoriales específicos que deberán examinar los expertos pertinentes. Los funcionarios turcos recibirán información complementaria y más detallada sobre partes específicas del acervo, y los expertos de la UE revisarán los proyectos de ley en preparación en Turquía. La TAIEX organizará seminarios sobre una selección de cuestiones.

Se pedirá a Turquía que contribuya de manera activa a la base de datos de la Comisión sobre aproximación de la legislación para que puedan supervisarse los progresos de manera detallada y continua.

Se recomienda que, en su próxima reunión, el Comité de Asociación CE- Turquía establezca los temas en los que se vaya a centrar este proceso y el calendario de reuniones.

4. Próximos pasos

a) Cumplir los criterios de adhesión

La adhesión requiere que los candidatos cumplan las condiciones pertinentes, es decir los criterios políticos y económicos, y que estén en situación de asumir las obligaciones de los miembros. La Comisión hace una recomendación favorable a la adhesión de un país cuando está convencida de que éste será capaz de cumplir los criterios en el momento de la adhesión.

Ateniéndose a los informes periódicos de este año y a la situación de las negociaciones de adhesión, la Comisión no puede todavía concluir que ninguno de los países candidatos cumple las condiciones para la adhesión. Sin embargo, y dado el clima actual de las negociaciones y los progresos conseguidos hasta ahora, la Comisión debería poder hacer recomendaciones sobre qué países candidatos están preparados para la adhesión sobre la base de sus Informes Periódicos de 2002. De los doce países que están negociando, diez tienen plazos de adhesión compatibles con el calendario de Göteborg.

Las reformas que aún se requieren en cada país se señalan en los Informes Periódicos de este año y en las Asociaciones para la Adhesión revisadas. En sus Informes Periódicos de 2002, la Comisión completará su evaluación sobre los progresos realizados en la aplicación de esas reformas pendientes con una evaluación del camino recorrido por cada uno de los países desde los Dictámenes. Esto permitiría a la Unión estar preparada cuando finalice la Presidencia danesa en 2002 para concluir las negociaciones de adhesión con los países que cumplan las condiciones necesarias con vistas a su adhesión en 2004.

b) Primeras adhesiones

Las conclusiones de las negociaciones de adhesión se incorporarán en un tratado de adhesión en el que se reunirán, probablemente en un único instrumento jurídico como ocurrió en pasadas adhesiones, los resultados de las distintas conferencias de adhesión. Para la redacción de los textos jurídicos se requiere una preparación técnica que ya se ha iniciado.

Para la última ampliación, este instrumento jurídico - que consiste en un breve tratado y una larga Acta de Adhesión - se dedicaba principalmente a las adaptaciones técnicas de la legislación derivada necesarias para la adhesión de los cuatro países candidatos en cuestión, e incluía una disposición en la que se preveía una simple modificación del tratado en caso de que algún país candidato dejara de ratificarlo; esto fue lo que permitió que el tratado entrara en vigor a pesar de la negativa de Noruega a ratificarlo.

Para el próximo tratado de adhesión la labor de redacción debería empezar en la primera mitad de 2002 en el marco del Consejo y de las conferencias de adhesión. La Comisión prestará asistencia haciendo las propuestas técnicas necesarias y también señalará las partes del acervo que requieren adaptaciones técnicas, proporcionando al Consejo un inventario de todas esas adaptaciones y teniendo en cuenta la información recogida de cada uno de los países candidatos.

La ampliación estará sujeta a la aprobación del Consejo y del Parlamento Europeo, por parte de la Unión, teniendo en cuenta el Dictamen final que deberá presentar la Comisión cuando concluyan las negociaciones. El Tratado resultante de las negociaciones de adhesión será entonces firmado formalmente por las partes interesadas (Estados miembros y países candidatos) y presentado para su ratificación por los Estados contratantes, de conformidad con sus requisitos constitucionales respectivos.

c) Otros países candidatos que negocian- hacia un plan de trabajo puesto al día

Para los países candidatos que negocian pero que no participarán en la primera adhesión, la Comisión seguirá publicando Informes Periódicos hasta que hayan alcanzado un nivel de preparación que les permita cumplir los criterios de la adhesión. La Unión Europea les seguirá prestando su pleno apoyo para que alcancen la condición de miembros.

Continuarán las negociaciones con ellos sobre la base de los principios por los que se ha guiado desde el inicio el proceso de adhesión. En caso de que los candidatos estén suficientemente preparados, podrán abrirse el año próximo la totalidad de los 29 capítulos de negociación relacionados con el acervo.

En su Documento de Estrategia sobre la Ampliación de 2002, la Comisión establecerá para esos candidatos un plan de trabajo puesto al día y, en caso necesario, una estrategia de preadhesión revisada en que se tengan en cuenta los progresos que se realicen el año próximo y las conclusiones del Consejo Europeo de Göteborg.

IV. Conclusiones

Considerando todo lo anterior, la Comisión Europea recomienda al Consejo Europeo que, sobre la base de los elementos siguientes, concluya que:

1) Los Informes Periódicos demuestran que todos los países que están negociando han efectuado durante el último año importantes progresos para cumplir los criterios de adhesión, lo cual, junto con el plan de trabajo, ha permitido unos avances considerables en la negociaciones.

2) Los principios para este proceso permanecen sin cambios. El Consejo Europeo de Berlín estableció un marco claro para los aspectos financieros de la ampliación, que proporciona una base suficiente para la adhesión de hasta diez nuevos Estados miembros en 2004. El Consejo Europeo de Niza definió el marco para la reforma institucional que requiere la ampliación. Las negociaciones se llevan a cabo sobre la base del acervo existente y se concluirán con los candidatos que cumplan todos los criterios para la adhesión, aplicando los principios de méritos propios y de recuperar el tiempo perdido. Estas son las condiciones necesarias y suficientes que se definen desde el inicio para realizar las primeras adhesiones.

3) Para ello, el plan de trabajo deberá seguirse tal como estaba previsto. Ahora, la UE tendrá que determinar posiciones comunes para los capítulos restantes. La Comisión garantizará que el Consejo pueda debatir los aspectos financieros en un marco común a principios de 2002 y presentará propuestas al Consejo sobre los sectores de agricultura, política regional y presupuesto basándose en el acervo existente y los principios inherentes al acuerdo de Berlín. Las negociaciones de adhesión podrán celebrarse independientemente de las decisiones para la financiación de la UE después de 2006.

4) Ni los Informes Periódicos ni la situación actual de las negociaciones de adhesión permiten a la Comisión concluir que ninguno de los países candidatos cumple las condiciones de adhesión. Pero con el ritmo actual de las negociaciones y los progresos alcanzados hasta ahora, la Comisión debería poder hacer recomendaciones sobre los países candidatos que ya están listos para la adhesión basándose en sus Informes Periódicos de 2002. De los doce países que están negociando, diez tienen fechas fijadas para la adhesión compatibles con el calendario de Göteborg. Por ello, la Unión debería estar preparada para concluir las negociaciones de adhesión cuando finalice la Presidencia danesa en 2002, con vistas a la adhesión en 2004, con todos los países que reúnen las condiciones necesarias. Ya se están efectuando los preparativos administrativos necesarios dentro de las Instituciones, preparativos que deberán continuarse.

5) A principios de 2002, y en el marco de un plan de acción, la Comisión analizará con cada uno de los países candidatos los esfuerzos que están realizando en materia de desarrollo institucional y, en caso necesario, sus intenciones al respecto, utilizando un mecanismo de desarrollo institucional suplementario. Además, informará al Consejo sobre las acciones de supervisión, incluidas las revisiones paritarias, antes de que finalice la primavera de 2002, de manera que se puedan incorporar en el marco único de las negociaciones de adhesión. También informará, en el Consejo Europeo que se celebrará en Sevilla en junio de 2002, sobre los resultados de la supervisión de los compromisos contraídos por los países candidatos durante las negociaciones de adhesión. Los Informes Periódicos de 2002 examinarán si, en el momento de la adhesión, los países candidatos van a tener la capacidad administrativa necesaria para aplicar y hacer que se cumpla el acervo.

6) Se proseguirán las negociaciones con los candidatos que no formen parte de la primera tanda de adhesión sobre la base de los principios que han guiado el proceso de adhesión desde el inicio. El año que viene será posible abrir los 29 capítulos de negociación relacionados con el acervo si los países candidatos están suficientemente preparados. En su Documento de Estrategia sobre la Ampliación, la Comisión establecerá un plan de trabajo puesto al día y, en caso necesario, una estrategia de preadhesión revisada en la que se tengan en cuenta los progresos que se consigan el año que viene y las conclusiones del Consejo Europeo de Göteborg.

7) Se deberá asociar en la mayor medida posible en el proceso de Lisboa a todos los países candidatos que, por otra parte, participarán en los debates sobre el futuro de Europa y en la Convención que servirá para preparar el camino para la próxima Conferencia Intergubernamental.

8) Las partes que se están esforzando por resolver el problema de Chipre deberán aprovechar plenamente todas las oportunidades que se presenten antes de que terminen las negociaciones de adhesión para lograr una solución. Esa solución, en la que se tienen en cuenta los intereses de todas las partes involucradas, se puede alcanzar mediante el proceso que se desarrolla bajo los auspicios de las Naciones Unidas, siempre que se manifieste la voluntad política necesaria. Es particularmente importante que los dirigentes turcochipriotas vuelvan a involucrarse en el proceso de las Naciones Unidas. Las disposiciones para una solución política podrán integrarse en las medidas de la UE para la adhesión de Chipre. No obstante, de no haberse alcanzado una solución antes de que concluyan las negociaciones de adhesión, el Consejo adoptará su decisión sobre la adhesión, sin que esto sea una condición previa, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki.

9) A finales de este año estarán operativos todos los elementos de la estrategia de preadhesión para Turquía, decidida por el Consejo Europeo de Helsinki. Esa estrategia debería avanzar hacia una nueva fase, más intensa, con un escrutinio detallado de la legislación turca y una preparación para la armonización con el acervo. Se insta a Turquía a que prosiga el proceso de reforma política y económica con objeto de avanzar más en el cumplimiento de los criterios de Copenhague y las prioridades de la Asociación para la Adhesión. A corto plazo, se considera especialmente importante mejorar la observancia de los derechos humanos en la práctica y crear las condiciones necesarias para la estabilidad y el crecimiento económicos. Turquía debería estar más dispuesta a trabajar hacia una solución del problema de Chipre y de las diferencias que han surgido a propósito de la Política Europea de Seguridad y Defensa.

10) La estrategia de comunicación se proseguirá con la plena asistencia de los Estados miembros y del Parlamento Europeo con objeto de garantizar que los ciudadanos de los Estados miembros y de los países candidatos estén bien informados sobre el proceso de ampliación, sus implicaciones y sus beneficios potenciales. Es, por supuesto, un imperativo que el proceso histórico de reunificar el Continente Europeo esté firmemente enraizado en el apoyo de su población.

Anexos

Anexo 1: Conclusiones de los Informes Periódicos

Bulgaria

En su Dictamen de 1997, la Comisión concluía que Bulgaria reúne los criterios políticos. Entretanto, el país ha progresado considerablemente, consolidando y profundizando aún más la estabilidad de sus instituciones, con lo que se garantiza la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y de las minorías, así como la protección de estas últimas. El año pasado se hicieron nuevos esfuerzos al respecto. Bulgaria continúa satisfaciendo los criterios políticos de Copenhague.

Desde el año pasado se han registrado nuevos progresos en cuanto a la reforma de la función pública. Muchos empleados tienen ya el estatuto de funcionario y se ha instaurado un código ético para los agentes de la función pública. La ley sobre el acceso a la información pública constituye una evolución positiva que, sin embargo, requiere ciertas aclaraciones para que se ponga en vigor de manera eficaz; hay que adoptar medidas suplementarias para mejorar la eficacia y la transparencia y responsabilizar a la función pública.

La reciente adopción por parte del Gobierno de dos estrategias, una sobre la reforma judicial y la otra sobre la lucha contra la corrupción, constituye un avance considerable. El reto que se presenta actualmente es aplicar estas reformas. Existen fallos en el sistema judicial y todavía no puede modificarse el diagnóstico del año pasado, es decir que siguen siendo necesarios más esfuerzos para consolidarlo, hacer que sea más independiente, eficaz, profesional y capaz de garantizar el respeto íntegro del Estado de Derecho y asegurar la participación efectiva en el mercado interior. La corrupción sigue siendo sumamente preocupante. La aplicación del marco jurídico representa un verdadero reto y conviene insistir aún más en la prevención de la corrupción.

Se observan ciertos progresos en lo que atañe a la formación de los agentes de policía sobre derechos humanos y lucha contra el tráfico de seres humanos y, además, hay que corregir la actitud de las fuerzas de policía, que sigue dando muchos motivos de preocupación, sobre todo respecto a los casos de malos tratos observados.

Se han creado un organismo de protección de la infancia y un consejo consultivo nacional para la protección de la misma, pero todavía hay que adoptar algunas medidas para que ese organismo sea plenamente operativo. En cuanto a la ayuda social a los niños, siguen sin observarse cambios significativos por lo que respecta al número de niños que ingresan en las instituciones. En algunos centros de acogida para niños con minusvalías mentales persisten unas condiciones de vida precarias muy alarmantes.

Los romaníes siguen siendo objeto de una discriminación muy extendida en el conjunto de la sociedad. El compromiso político del Gobierno de aportar soluciones a sus problemas todavía no se ha traducido en hechos. Un elemento positivo, en cambio, es el proceso para acabar con la segregación en las escuelas romaníes que están realizando algunas ONG.

Por lo que respecta a la aplicación del programa marco relativo a los romaníes, se observan escasos progresos, y lo mismo ocurre con el refuerzo de la capacidad del Consejo Nacional de cuestiones étnicas y demográficas para aplicar el programa, a pesar de que estas medidas figuran entre las prioridades de la Asociación para la adhesión.

En cuanto a las demás prioridades de la Asociación, Bulgaria continúa progresando en la aplicación de la ley sobre la función pública pero, por el contrario, la prioridad relativa a refuerzo del poder judicial todavía no se ha aplicado.

Bulgaria está próxima a ser una economía de mercado en funcionamiento, y debería estar en condiciones de hacer frente a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la Unión a medio plazo, siempre que continúe aplicando la reforma de su economía y prosiga sus esfuerzos para superar algunas dificultades persistentes.

Bulgaria entra en su cuarto año de estabilidad macroeconómica, que es lo que da origen a sus buenos resultados en este ámbito. La privatización también ha experimentado unos progresos importantes, especialmente en el sector bancario, lo que, combinado con la reforma estructural, ha creado condiciones microeconómicas idóneas para un crecimiento sostenido.

Sin embargo, la inflación aumentó considerablemente en 2000, y las inversiones resultaron escasas. La intermediación financiera sigue siendo demasiado débil e ineficaz. Algunas deficiencias que subsisten en el mercado de los bienes raíces dificultan el buen funcionamiento de ese mercado y de otros sectores económicos. Las autoridades deberían dar prioridad a reforzar el sistema judicial y aplicar el marco reglamentario. Es preciso eliminar los obstáculos administrativos al desarrollo del sector privado, por lo que se refiere a la creación de empresas, su desarrollo o su cierre definitivo (en particular, los procedimientos de quiebra). Para obtener un crecimiento duradero y reforzar la competitividad son elementos esenciales la aplicación sostenida de estas reformas y un crecimiento de los niveles de inversión.

Bulgaria ha proseguido a buen ritmo el proceso de armonización de su legislación con el acervo, pero debe prestar mayor atención a la manera en que esa legislación será puesta en vigor y aplicada. La reforma de la función pública ha seguido progresando, lo que constituye una señal positiva, y deberá proseguir se para que la administración búlgara esté en condiciones de desempeñar el papel que le va a corresponder cuando el país se adhiera a la Unión Europea. En cambio no se ha preparado al sistema judicial para su nueva misión, y hay que modernizarlo y reforzarlo para, especialmente, garantizar que el acervo se aplica de manera eficaz.

Por lo que respecta al mercado interior, Bulgaria ha progresado satisfactoriamente en la mayoría de los ámbitos de que se trata. Hay que señalar algunas mejoras en cuanto a la libre circulación de mercancías: la adhesión al sistema europeo de acreditación constituye un avance de la mayor importancia. Conviene seguir reforzando las estructuras administrativas en materia de normalización y de certificación, así como los sistemas de vigilancia del mercado. Por lo que respecta a los servicios financieros, Bulgaria ha elaborado prácticas sanas en materia de vigilancia del sector bancario. Se ha seguido efectuando la armonización del derecho de sociedades y se ha mejorado el marco jurídico para la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, aunque la aplicación de este marco jurídico requiere medidas suplementarias. En cuanto a las ayudas de Estado, Bulgaria está empezando por fin a elaborar y poner en vigor un marco adecuado, pero que sigue sin ser compatible con el acervo. Del mismo modo, Bulgaria sigue sin disponer de un marco jurídico en materia de protección de los datos que sea compatible con el acervo.

En el ámbito de la agricultura, Bulgaria ha progresado bien en general en cuanto a la aproximación de las legislaciones, pero la aplicación del acervo constituye para ella un reto considerable. Hay que proseguir con la actualización de las modalidades de inspección veterinaria y fitosanitaria. La rápida aceptación del SAPARD representa un notable éxito y los progresos observados en el ámbito de la pesca han registrado una aceleración con respecto a años anteriores.

Si bien se ha proseguido la modificación del derecho laboral con el fin de armonizarlo con el acervo, se observan en cambio pocos progresos en el ámbito de la legislación sobre igualdad de trato. Se han reforzado las capacidades administrativas de la inspección general del trabajo, pero hay que hacer lo mismo con las capacidades para aplicar el acervo en la legislación relativa a la higiene y seguridad en el trabajo.

En política regional Bulgaria ha progresado poco y debe consagrar una atención cada vez mayor a los preparativos para la aplicación de las políticas estructurales.

El país ha proseguido sus esfuerzos tendentes a transponer el acervo comunitario en materia de medio ambiente, pero siguen resultando sumamente difíciles la aplicación del mismo y los costes que eso conlleva.

Ha seguido con ritmo regular la adopción y la creación de estructuras de aplicación en el ámbito de los transportes. Hay que señalar también un aumento de las inversiones.

La reestructuración del sector energético ha progresado muy lentamente en 2001 debido a las demoras en la revisión prevista del marco legislativo, retrasos que han obstaculizado la mejora del rendimiento energético y los preparativos para la privatización del sector. En cuanto a la energía nuclear, es necesario que Bulgaria respete los compromisos en materia de desclasificación que figuran en el protocolo de acuerdo y que garantice un nivel elevado de seguridad nuclear.

En materia de justicia y asuntos de interior se han realizado más progresos de carácter legislativo en la mayoría de los ámbitos, pero el refuerzo de las capacidades administrativas no ha ido tan lejos como se había previsto. Es cierto que se han hecho progresos respecto al control de las fronteras exteriores, pero queda mucho por hacer, especialmente a nivel de la coordinación entre organismos.

Por lo que respecta a sus políticas exteriores, Bulgaria sigue cosechando buenos resultados, lo que aporta una contribución importante a la estabilidad regional y ha proseguido su objetivo de liberalización de los intercambios con la Comunidad Europea y sus asociados preferenciales.

En materia de aduanas y fiscalidad, Bulgaria debe continuar instalando sistemas informáticos que le permitan intercambiar datos con la Comunidad.

Se han hecho más progresos para reforzar el control financiero y mejorar la gestión y el control del gasto público, pero hay que continuar esforzándose.

Aunque pueden observarse algunos progresos respecto a la instauración de las instituciones necesarias para aplicar el acervo, por una parte, y la reforma de la función pública, por otra, las capacidades de la administración búlgara siguen siendo limitadas. Para que el país pueda hacer frente a los retos del futuro, deberá progresar a un ritmo sostenido y asignar los recursos necesarios. Todavía hay que esforzarse por instaurar las capacidades administrativas necesarias para una gestión sana, eficaz y controlable de los fondos comunitarios.

Si bien hay progresos apreciables respecto a la función pública, preocupa la lentitud de los preparativos del sistema judicial con vistas a la aplicación del acervo, y conviene acelerar debidamente la reforma judicial.

Desde el año pasado, Bulgaria ha registrado progresos y satisfecho parcialmente la totalidad de las prioridades a corto plazo de la Asociación para la Adhesión respecto al acervo. En materia de capacidades administrativas ha progresado en todas las prioridades con excepción del refuerzo del sistema judicial, en el que se han hecho pocos progresos. La puesta en práctica de la estrategia de reforma del sistema judicial, recientemente adoptada, debería permitir el país recuperar su retraso. Bulgaria ya ha hecho frente a la mayoría de las prioridades a medio plazo de la Asociación para la adhesión.

Chipre

Chipre sigue cumpliendo los criterios políticos de Copenhague. Se han redoblado los esfuerzos para preparar a la administración para que funcione dentro de la UE y, en general, las autoridades han obtenido buenos resultados en el ámbito de los derechos democráticos y los derechos humanos.

Chipre es una economía de mercado en funcionamiento y debería estar en condiciones de hacer frente a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la Unión.

La situación macroeconómica se ha mantenido sólida, con un fuerte crecimiento del PIB, una inflación poco elevada y un índice de desempleo reducido. El plan de saneamiento presupuestario introducido en 1999 resuelve con éxito algunas deficiencias estructurales importantes de las finanzas públicas. Se ha logrado buenos resultados respecto a las reformas estructurales, especialmente en el sector financiero, el medio ambiente y la atención sanitaria, y también por lo que respecta a la liberalización del sector financiero y de los movimientos de capital.

Sin embargo, ha aumentado fuertemente el déficit por cuenta corriente. La liberalización del sector financiero y de los movimientos de capital, que ha sido acogida con satisfacción, constituye un nuevo reto al que tiene que hacer frente la economía. Las autoridades chipriotas deberían conseguir controlar de manera adecuada y uniforme el sector financiero, incluido el sector de los bancos en régimen de cooperativa. Una vez que se hayan regulado los precios, convendría adoptar un enfoque que se adapte mejor a las leyes del mercado. Chipre debe continuar preparando su sector privado para que opere en el entorno del mercado único, como implica la integración en la UE, abriendo sectores esenciales a la competencia extranjera.

Durante el periodo que cubre el presente Informe Periódico, Chipre ha logrado progresos sustanciales en diferentes ámbitos del acervo y ha continuado a ritmo regular armonizando su legislación y también poniendo en vigor y mejorando las infraestructuras administrativas necesarias. El proceso de armonización se ha ido acelerando progresivamente, pero quedan todavía muchas leyes por adoptar.

Durante el año recién transcurrido se han registrado progresos en ámbitos importantes del mercado interior. Por lo que se refiere a la libre circulación de mercancías, se ha acelerado la adopción de las normas EN y se ha adoptado una nueva legislación sectorial. No obstante, conviene seguir realizando esfuerzos importantes para transponer y poner en vigor el acervo, sobre todo por lo que respecta a la ley- marco relativa a los principios de las directivas "nuevo enfoque global" y los subsiguientes reglamentos que se adopten para la transposición de las directivas "nuevo enfoque". Además, sería conveniente elaborar una estrategia global para mejorar la coordinación de las autoridades encargadas de la vigilancia del mercado. Aunque Chipre ya ha adoptado algunas medidas tendentes a eliminar las disparidades que existen entre su legislación y el acervo en el ámbito de la libre circulación de personas, especialmente por lo que se refiere a la coordinación de los sistemas de seguridad social, queda por hacer una importante tarea legislativa antes de la adhesión. Por lo que se refiere a los servicios financieros, Chipre ha progresado bastante en el aspecto legislativo y el nivel general de control parece satisfactorio. Convendría dar especial importancia a la reestructuración del sector de las cooperativas y las cajas de ahorros. Se ha proseguido la liberalización de los movimientos de capital, y es preciso continuarla para garantizar un buen funcionamiento de los mercados cuando se produzca la adhesión. Se han adoptado importantes medidas tendentes a luchar contra el blanqueo de capitales, con la inclusión, por ejemplo, de abogados y contables en el ámbito de aplicación de la legislación apropiada. Chipre ha endurecido también las medidas relativas a la identificación de los titulares de cuentas y a la notificación de las transacciones de conformidad con las recomendaciones de diversos organismos internacionales. Hay que acelerar el proceso de armonización por lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual e industrial. Conviene también garantizar la aplicación y la puesta en práctica efectiva de las normas por las que se rigen las ayudas estatales, especialmente velando por que se armonicen los regímenes de ayudas existentes, sobre todo por lo que respecta al régimen fiscal aplicable al sector offshore.

Los progresos realizados en el ámbito de la agricultura son escasos y falta por aplicar elementos y mecanismos importantes del acervo, sobre todo por lo que respecta a las organizaciones comunes de mercado y los sectores veterinario y fitosanitario.

En el sector de la pesca se ha proseguido el reforzamiento de la capacidad administrativa pero hay que hacer progresos más grandes por lo que respecta a la estructura actual y prevista de la flotilla de pesca bajo pabellón chipriota. Se han realizado progresos importantes en casi todos los sectores de la política de transportes, sobre todo los transportes marítimos, ámbito en el que han mejorado los controles de seguridad. Deben controlarse las operaciones de las sociedades de clasificación.

Sin dejar de reconocer los esfuerzos realizados y las iniciativas llevadas a cabo por Chipre para continuar armonizando su legislación fiscal con el acervo, por ejemplo por medio de la reforma fiscal prevista, persiste una inquietud por lo que respecta a la armonización del nivel de la fiscalidad indirecta y el régimen especial de imposición directa de las sociedades offshore.

Por lo que se refiere a las telecomunicaciones, la adopción de la legislación y la preparación de los instrumentos normativos para garantizar la transposición de las partes esenciales del acervo tienen un retraso considerable.

Hay que señalar progresos satisfactorios por lo que se refiere al medio ambiente. Chipre ha proseguido la armonización respecto a la legislación y reforzado su capacidad administrativa. Ahora convendría dedicarse a conseguir una puesta en práctica y una ejecución correctas.

Por lo que se refiere a la justicia y asuntos de interior se han logrado progresos, especialmente en cuanto a los controles en las fronteras, la migración, y la lucha contra la corrupción y el fraude. En cuanto al derecho de asilo, a pesar de que se ha reforzado la capacidad administrativa creando una oficina de refugiados, no se puede señalar ningún progreso desde el punto de vista legislativo. A la vista del aumento del número de solicitudes, conviene acelerar la armonización, sobre todo respecto a los criterios que deben reunir las solicitudes y la creación de un órgano de recurso independiente.

Chipre ha logrado avances considerables en el ámbito de las aduanas y no quedan más que algunos ámbitos en los que se necesita una armonización suplementaria, sobre todo por lo que se refiere a la admisión temporal, los regímenes aduaneros económicos y los bienes culturales.

Por lo que respecta al control financiero, el sistema chipriota es bueno y se ajusta a las normas europeas; habría que mejorar el control interno de los ingresos y la gestión adecuada de los fondos de preadhesión y de los fondos estructurales.

Durante el año transcurrido Chipre ha seguido procurando de manera constante reforzar aún más su capacidad administrativa. Se han organizado programas de formación en diferentes sectores, como la coordinación de los sistemas de seguridad social, la seguridad marítima y la justicia y asuntos de interior. Además se ha contratado personal suplementario en ámbitos esenciales como los servicios financieros, el derecho de sociedades, las cuestiones veterinarias y fitosanitarias, la pesca, los transportes, la fiscalidad, la política social y el empleo, las telecomunicaciones, el medio ambiente y la justicia y asuntos de interior. De ese modo, Chipre ha podido reforzar sus sistemas de vigilancia del mercado en el ámbito de la libre circulación de mercancías, mejorar el imprescindible control de los servicios financieros, mejorar el nivel de las modalidades de inspección en el ámbito veterinario y fitosanitario y reforzar sus inspecciones laborales.

Se han creado nuevas estructuras administrativas para aplicar de manera eficaz el acervo, entre otras, un órgano de solución de conflictos, previsto en la directiva relativa a las transferencias transfronterizas, una autoridad de control en materia de ayudas estatales, una nueva unidad dentro de la dirección de los transportes por carretera que se ocupará del acceso al mercado, un Instituto de Estadística, un grupo especial de funcionarios encargado de examinar detalladamente las nuevas estructuras gubernamentales en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres y, por último, una oficina de refugiados. En otros casos se han reforzado las atribuciones de los organismos de ejecución ya existentes, como en el caso de la Comisión de operaciones de bolsa, la unidad encargada de la lucha contra el blanqueo de capitales (MOKAS) y la Comisión para la protección de la competencia. Por último, está previsto crear un nuevo organismo para los productos farmacéuticos (el Comité consultivo sobre precios de los medicamentos). En el ámbito de las aduanas Chipre ha empezado recientemente a introducir una versión actualizada del sistema informático para poder intercambiar datos informatizados con la Comunidad.

En el futuro será conveniente reforzar la infraestructura administrativa de normalización y de certificación para fomentar la libre circulación de mercancías. También habrá que esforzarse más para consolidar las capacidades de ejecución en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, sobre todo por lo que se refiere a los controles fronterizos y la lucha contra la piratería y la falsificación de mercancías. Aunque se han realizado progresos en los ámbitos de la legislación relativa a la lucha contra los monopolios y las ayudas estatales, hay que mejorar la infraestructura, el personal y los resultados más bien escasos que se obtienen en la aplicación de la legislación antimonopolio. En materia de fiscalidad, Chipre debería crear sistemas informáticos para poder intercambiar datos electrónicos con la Comunidad y sus Estados miembros. Se espera el nombramiento del regulador independiente para el sector de las telecomunicaciones y la autoridad recientemente creada debería comenzar sus tareas en breve. Es imprescindible una mejora de los controles en las fronteras por lo que se refiere a la justicia y los asuntos de interior. También hay que hacer esfuerzos suplementarios para instaurar la capacidad administrativa necesaria para una gestión sana, eficaz y controlable de los fondos comunitarios.

En conjunto, Chipre ha creado ya, ampliamente, la capacidad administrativa necesaria para la aplicación de los diferentes aspectos del acervo.

Durante el año transcurrido, Chipre ha respondido a las prioridades a corto plazo de su Asociación para la adhesión por lo que respecta a la libre circulación de capitales, el medio ambiente y el control financiero. En la mayoría de los otros ámbitos se han respetado parcialmente las prioridades. Chipre ha seguido realizando progresos por lo que se refiere a responder a las prioridades a medio plazo de la Asociación para la adhesión y ha satisfecho parcialmente varias de ellas, entre otras la justicia y asuntos de interior, la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales así como las cuestiones relativas al mercado interior.

República Checa

En su Dictamen de 1997, la Comisión concluía que la República Checa cumplía todos los criterios políticos. Desde entonces, el país ha realizado progresos considerables, consolidando y afianzando aún más la estabilidad de sus instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto de las minorías y su protección. Durante el año pasado prosiguieron los esfuerzos en ese sentido. La República Checa sigue cumpliendo los criterios políticos de Copenhague.

El Gobierno ha tomado también medidas para mejorar el funcionamiento de la administración central y regional. Es de lamentar, sin embargo, que la República Checa siga sin disponer de una ley de la función pública para su administración pública, aspecto esencial para consolidar la independencia, la profesionalidad y la estabilidad.

La reforma del sistema judicial progresa a grandes pasos. También se ha avanzado bastante en el ámbito del derecho civil y se sigue avanzando por lo que respecta al derecho penal y a la organización de los tribunales y la reorganización por parte del cuerpo judicial de sus propias estructuras. En particular se ha adoptado una reforma radical del código de procedimientos penales con objeto de aumentar la capacidad en materia de instrucción e incoación de los casos.

Se han adoptado también otras medidas para luchar contra la corrupción y los delitos económicos, dos aspectos que siguen produciendo mucha inquietud, como demuestra un informe del Gobierno en el que solicita el apoyo de las fuerzas políticas para afrontar ese problema.

La República Checa ha consolidado su marco institucional interno en el ámbito de los derechos humanos pero tendrá que esforzarse mucho más para combatir de manera más eficaz la persistente trata de mujeres y de niños.

El Gobierno checo ha hecho esfuerzos considerables respecto a los romaníes y demás minorías, aunque habrá que adoptar nuevas medidas para combatir la discriminación que sigue proliferando, de conformidad con la política del Gobierno de junio de 2000 con respecto a los romaníes. El Gobierno central debería velar por que toda la administración, incluido el nivel regional y local, observe y aplique estrictamente la legislación en vigor respecto a los derechos de las minorías y a que se disponga de los recursos financieros necesarios para hacerlo.

Se han logrado algunos progresos respecto a las prioridades de la Asociación para la adhesión, pero hay que seguir insistiendo. El Gobierno ha propuesto una ley de la función pública al Parlamento, que no se ha adoptado, imposibilitando de ese modo la reforma de conjunto. La reforma del cuerpo judicial registra progresos constantes y alentadores. El Gobierno ha realizado la mayoría de las tareas relativas a los romaníes que contenía su resolución de 1997 y adoptado una política a largo plazo respecto a ellos. Sin embargo, la aplicación de las medidas tendentes a combatir la discriminación exigirá aún más esfuerzos.

La República Checa es una economía de mercado en funcionamiento. Siempre que procure consolidar el presupuesto a medio plazo y que concluya la aplicación de las reformas estructurales, el país debería poder, en un futuro próximo, afrontar la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la Unión.

En conjunto ha mejorado su rendimiento macroeconómico. Se ha reanudado el crecimiento sobre bases más amplias, y los resultados en materia de inflación siguen siendo positivos. Actualmente, está tratando de incrementar la transparencia de sus finanzas públicas. El crecimiento sostenido de la inversión interna y, sobre todo, extranjera se ha traducido en una reestructuración en profundidad de las empresas y en importantes aumentos de productividad. Se ha proseguido la reestructuración del sector bancario y se ha llevado a cabo su privatización.

Sin embargo, han aumentado el déficit por cuenta corriente y el déficit presupuestario fuertemente, debido a los costes extraordinarios de la reestructuración y a una orientación procíclica de la política presupuestaria. Además todavía no está consolidada la viabilidad a medio plazo de las finanzas públicas. Es indispensable mejorar aún más el marco jurídico por el que se rigen las condiciones de entrada al mercado y de salida del mercado, y aplicar con energía las normas prudenciales previstas para el sector financiero. Las autoridades deberían reactivar el proceso de eliminación de los créditos incobrables una vez que se hayan reestructurado los bancos y deberían seguir procurando privatizar o reorganizar las grandes empresas estatales que quedan para reforzar la gobernanza y la eficacia de las empresas.

La República Checa ha hecho progresos importantes en una gran variedad de capítulos del acervo pero tiene que hacer más esfuerzos en una serie de sectores. También se han observado progresos en el refuerzo de la capacidad administrativa, pero siguen estando frenados por la ausencia de un marco jurídico para la administración pública.

La armonización con el mercado único está muy avanzada, en general, a pesar de las lagunas que quedan por colmar. En materia de libre circulación de las mercancías ha habido progresos, con excepción de los mercados públicos, y los órganos responsables de las normas y la certificación siguen funcionando bien por lo que respecta a la libre circulación de personas, se ha acelerado la transposición, especialmente respecto al reconocimiento mutuo de las calificaciones profesionales. En el ámbito de la libre circulación de servicios hay que proseguir la armonización con el acervo relativo a los servicios financieros. Se han reforzado las capacidades de la Comisión de valores mobiliarios pero sería necesario reforzar sus atribuciones normativas para que pudiera vigilar mejor los servicios financieros. Por lo que respecta a la libre circulación de capitales, hay que suprimir las cuentas anónimas que todavía existen.

Por lo que se refiere a la competencia, la legislación ya es en gran parte conforme con el acervo y su aplicación en los ámbitos de la lucha contra los monopolios y las ayudas estatales ha resultado razonablemente buena. En este último ámbito, habrá que actuar con rigor y transparencia en la aplicación de las disposiciones relativas al acero y a los sectores financieros. La Oficina de protección de la competencia económica dispone, en general, de un personal suficiente y bien formado. Por lo que se refiere al derecho de sociedades, se ha alcanzado un grado de compatibilidad con el acervo bastante elevado pero habría que reforzar aún más la capacidad de las autoridades encargadas de hacer que se respeten los derechos de propiedad industrial e intelectual. Asimismo, hay que aumentar la capacidad de las autoridades aduaneras, la policía, el sistema judicial y la Inspección del comercio.

Por lo que se refiere a la Unión Económica y Monetaria, en general y a se ha adoptado una parte significativa del acervo pero hay que procurar acabar de transponer lo relativo a la independencia del Banco Central. No se han hecho más que unos progresos limitados en materia de fiscalidad y todavía quedan por abordarse cierto número de cuestiones importantes relativas a la aproximación de los tipos de IVA y los impuestos especiales. Además, para asegurarse de que desde el momento de la adhesión funciona bien la administración fiscal habrá que hacer progresos más concretos.

En materia de telecomunicaciones, y aunque la armonización sea satisfactoria de manera general, recientemente se ha progresado muy poco. Hay que crear las condiciones técnicas indispensables para que se lleve a cabo de manera satisfactoria la liberalización prevista. En cambio, se han registrado progresos considerables en la armonización de la legislación relativa a la política audiovisual.

En materia de políticas sectoriales también se observan progresos. La armonización de la legislación relativa a los transportes por carretera sigue su curso, y la República Checa es ahora miembro de la Autoridad Conjunta de Aviación. En el sector de los ferrocarriles, en cambio, los progresos son insignificantes. En el de la energía se ha dado un gran paso en los preparativos de la entrada de los sectores de la electricidad y del gas en el mercado interior. En cuanto a la política industrial, es manifiestamente necesario reiniciar el proceso de reestructuración de las empresas.

En lo que atañe a la cohesión económica y social, sigue su curso la transposición de la legislación. En materia de política social y de empleo la armonización ha progresado respecto a la igualdad de trato, el derecho laboral y la salud y seguridad en el trabajo. Se está ultimando el marco jurídico que deberá servir para aplicar los fondos estructurales en el ámbito de la política regional. Sin embargo, hay que hacer esfuerzos suplementarios para perfeccionar el funcionamiento de los órganos administrativos competentes, la formación de su personal y la coordinación entre ellos y asegurarse de que en el momento de la adhesión están dispuestos para aplicar los fondos estructurales.

En el ámbito de la agricultura, la transposición de la legislación ha avanzado mucho en las cuestiones fitosanitarias, pero deberá proseguirse el trabajo de armonización, por ejemplo en el sector veterinario, para el conjunto de las cuestiones relativas a este amplio campo de la política comunitaria. Avanza a buen ritmo la creación del Fondo de Intervención Agrícola del Estado, pero habrá que trabajar aún más para reorganizar el Ministerio de Agricultura.

Los progresos registrados en la transposición del acervo medioambiental son sustanciales como, por ejemplo, en el caso de la adopción de la ley sobre evaluación del impacto sobre medio ambiente. Hay que mejorar la coordinación entre los organismos competentes del Gobierno, pues las implicaciones del proceso de descentralización en curso merecen especial atención.

En el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, los progresos más apreciables se observan en la armonización de la política de visados y la política de inmigración así como el reforzamiento del marco jurídico por el que se rige la cooperación entre la policía y el sistema judicial. Un elemento muy positivo es un enérgico plan de acción Schengen. Sin embargo, la aplicación de políticas de lucha contra la delincuencia organizada y la "de cuello blanco" exige del Gobierno que adopte medidas organizativas y estrategias de mantenimiento del orden eficaces. Hay todavía que hacer un gran esfuerzo. Por lo que se refiere a los controles fronterizos, éstos han mejorado en los puestos de frontera, pero sigue siendo muy difícil interceptar a los inmigrantes ilegales que atraviesan las fronteras verdes, especialmente con Eslovaquia.

Se ha conseguido ya un nivel elevado de compatibilidad con el acervo aduanero, a pesar de que la modificación sobre la ley de aduanas todavía no se ha adoptado ni se han mejorado la capacidad operativa. Pero habrá que seguir esforzándose para garantizar que estén plenamente en funcionamiento unos sistemas informáticos compatibles con los de la UE antes de la adhesión.

Por lo que respecta al control financiero, se han realizado progresos en la transposición de la legislación relativa al control interno de las finanzas públicas y las auditorías externas, pero habrá que seguir trabajando para conseguir establecer un sistema de control global.

De manera general, la capacidad administrativa de la República Checa ha quedado reforzada y hay que seguir trabajando en ese sentido, especialmente por lo que se refiere a la agricultura, el medio ambiente, la política regional y los controles en las fronteras. Asimismo, se requiere un esfuerzo suplementario para establecer la capacidad administrativa necesaria para garantizar una gestión financiera y un control sanos y eficaces de los fondos comunitarios.

La República Checa se ha consagrado con ahínco a la realización de la mayor parte de las prioridades de la Asociación para la adhesión y, en conjunto, los progresos son satisfactorios. Ha conseguido, prácticamente, sus objetivos en el marco de las prioridades a corto plazo relativas al mercado único, aunque todavía sea necesario realizar esfuerzos en algunos sectores. En el ámbito fiscal, los progresos son escasos, y el objetivo sólo se ha cumplido parcialmente por lo que respecta a la agricultura, el medio ambiente, y la justicia y asuntos de interior.

En cuanto a las prioridades a medio plazo relativas al mercado único, se han cumplido la mayoría de los objetivos, salvo el de los mercados públicos. En cambio no ha satisfecho las exigencias vinculadas a las prioridades relativas a la Unión Económica y Monetaria y la fiscalidad. Por lo que se refiere a las prioridades a medio plazo en los demás sectores, la República Checa ha progresado un poco en la realización de sus objetivos que, en general, no ha cumplido más que parcialmente.

Estonia

En su Dictamen de 1997, la Comisión concluía que Estonia cumplía los criterios políticos. Desde esa fecha, el país ha realizado progresos considerables consolidando aún más y afianzando la estabilidad de sus instituciones que garantizan la democracia, la primacía del derecho, los derechos humanos, el respeto de las minorías y su protección. Durante el año transcurrido se han realizado nuevos esfuerzos en esa dirección, y Estonia continúa cumpliendo los criterios políticos de Copenhague.

Se han realizado progresos en la modernización de la administración pública gracias al pase a un sistema fundado más en los resultados y en la mejora del acceso del público a la información. Se han mantenido los esfuerzos tendentes a modernizar el sistema jurídico y mejorar el funcionamiento del sistema judicial mediante acciones de formación, una reorganización de los tribunales y el desarrollo de sistemas informáticos. De todas formas, es necesario proseguir la aplicación del programa de reforma de las administración pública para, en particular, reforzar la transparencia de las cuestiones de personal y la coordinación entre los diferentes órganos. En cuanto al sistema judicial, Estonia debe continuar reforzando la eficacia de la gestión de los casos sin dejar de mejorar la calidad y la ejecución de las decisiones de los tribunales. Asimismo, es necesario mejorar más el acceso de los ciudadanos a la justicia, en particular ampliando el acceso a la asistencia jurídica.

Estonia ha ido progresando en la aplicación de medidas concretas con vistas a la integración de los no ciudadanos. A este respecto, es positivo el cambio que constituye el refuerzo de las capacidades administrativas de la oficina del Ministro de Justicia, especialmente en la creación de antenas de esa oficina en el nordeste de Estonia. El país debe mantener la dinámica del proceso de integración, lo que supone garantizar la eficacia del procedimiento de naturalización, dar acceso a una formación lingüística y sensibilizar a todas las capas de la sociedad estonia frente a esta cuestión. Estonia debe velar por que la aplicación de la legislación lingüística respete los principios de interés público legítimo y de proporcionalidad, las obligaciones internacionales contraídas y el Acuerdo europeo.

Estonia sigue respondiendo a las prioridades a corto y a medio plazo fijadas en la Asociación para la adhesión 1999. En particular, aplica medidas concretas para la integración de los no ciudadanos, entre otras, acciones de formación lingüística destinadas a los alófonos. En el futuro, la realización de los objetivos enunciados en estas prioridades supondrá que el país consienta en hacer esfuerzos prolongados y siga asignando los recursos financieros necesarios con el fin de reforzar los resultados positivos ya obtenidos.

Estonia es una economía de mercado en funcionamiento. Si continúa aplicando integralmente su programa de reformas, debería estar en condiciones de hacer frente, en un futuro próximo, a las presiones competitivas y a las fuerzas del mercado en el interior de la Unión.

En Estonia se ha reanudado un fuerte crecimiento y se observan nuevos progresos en la mejora de los resultados y de la estabilidad macroeconómica, la reestructuración del sector de las empresas y la aplicación de las reformas estructurales en los servicios de utilidad pública, así como en el sector de la energía. Ya se ha adoptado la reforma de las jubilaciones. Así mismo, se ha instaurado el marco jurídico, institucional y reglamentario y su puesta en aplicación es en gran parte satisfactoria.

Sin embargo, el déficit de la balanza por cuenta corriente sigue siendo elevado. El mercado de trabajo está muy compartimentado, lo que provoca un desempleo elevado y una escasez de mano de obra. Conviene elaborar medidas para reforzar la adaptación del mercado laboral al crecimiento económico, haciendo hincapié en la mejora de la enseñanza, la formación y la movilidad de la mano de obra. La reestructuración del sector del esquisto bituminoso apenas acaba de comenzar y debe intensificarse. La aceleración de la operación de registro de terrenos en el catastro tendría un efecto positivo en el funcionamiento de los mercados de bienes raíces, pero está en parte frenada por la falta de demanda efectiva en las zonas rurales. Estonia debe seguir centrando sus esfuerzos en la política presupuestaria para mantener el déficit de la balanza por cuenta corriente dentro de límites sostenibles.

En conjunto, Estonia ha continuado progresando satisfactoriamente en la adopción y en la aplicación del acervo. Por lo que se refiere a la capacidad de aplicar de manera efectiva del acervo, Estonia ha instaurado la mayoría de las instituciones necesarias, las cuales deben aún reforzarse. También hay que realizar esfuerzos duraderos en determinados sectores para desarrollar aún más las capacidades administrativas.

En el ámbito del Mercado Interior se han realizado progresos por lo que respecta a la libre circulación de mercancías, en la armonización de la legislación sobre contrataciones públicas y la adopción de normas pero sigue siendo necesario armonizar la legislación sectorial. Respecto a la libre circulación de personas, hay una nueva legislación que garantiza el reconocimiento mutuo de las calificaciones profesionales. En cuanto a la política de competencia se ha proseguido la armonización de la legislación, que ya es en gran parte conforme con el acervo en el ámbito del control de los monopolios y de las ayudas estatales. En materia de protección de los consumidores y de la salud se han realizado progresos satisfactorios en cuanto a armonización de la legislación sobre el acervo y, por lo que se refiere a la libre prestación de servicios, la libre circulación de capitales y el derecho de sociedades, sectores en los que ya el año pasado se habían considerado muy avanzados los preparativos, se han registrado nuevos progresos en materia de armonización. Conviene, sin embargo, seguir otorgando la atención necesaria a la lucha contra la piratería y el control de las mercancías falsificadas.

En el sector de la agricultura se han adoptado medidas importantes con vistas a prepararse para la política agrícola común, especialmente la autorización del organismo SAPARD. También se han hecho progresos en el sector fitosanitario, pero queda mucho por hacer, especialmente en el ámbito veterinario. Sigue siendo un reto importante elevar las normas de calidad en la industria alimentaria hasta el nivel de la Unión Europea. En el sector de la pesca, las estructuras administrativas se han reorganizado y se está estableciendo un sistema de vigilancia de las embarcaciones. Hay que trabajar aún más, en particular para desarrollar el registro de los barcos de pesca, en el sector de la política de mercado, y para instaurar el marco legislativo de las ayudas estructurales comunitarias. Conviene también reforzar las capacidades de inspección.

En cuanto a la política de transporte, Estonia ha ido progresando tanto en la armonización como en la aplicación de la legislación. Conviene aclarar la organización de la necesaria separación de las cuentas y la función del órgano de regulación de los ferrocarriles. En el sector de la energía, se han realizado escasos progresos, y hay que seguir insistiendo, especialmente por lo que se refiere al mercado de la electricidad.

Estonia tiene también que desarrollar más las estructuras administrativas y reforzar la autoridad de reglamentación del mercado de la energía.

Por lo que respecta a la política social y de empleo, Estonia ha progresado de manera satisfactoria en cuanto a la transposición de la legislación pero debe trabajar más el aspecto de la aplicación. También es necesario promover de manera activa el diálogo social. Las condiciones de las empresas siguen siendo propicias para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. En el ámbito de la política regional se han realizado ciertos progresos, pero Estonia debe intensificar seriamente sus preparativos para disponer de las capacidades administrativas necesarias para la aplicación, tras la adhesión, de la política regional comunitaria.

En el ámbito de la ciencia y la investigación y en el de la educación y la formación, Estonia sigue participando en los programas comunitarios correspondientes. En el sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y en el de la cultura y medios audiovisuales esta en gran parte acabada la armonización de la legislación.

En el sector del medio ambiente se han hecho numerosos progresos por lo que respecta a la armonización y también a la aplicación de la legislación sobre medio ambiente. Estonia debe proseguir por esa vía y reforzar sus capacidades administrativas, sobre todo a nivel local. También hay que mejorar los medios para hacer respetar la legislación medioambiental.

Se han hecho grandes progresos en el capítulo de la justicia y asuntos de interior, especialmente con la adopción de nuevo código penal. Hay que proseguir los trabajos para garantizar la aplicación de la legislación, mejorar la coordinación interna y ampliar la coordinación con las organizaciones exteriores. Conviene otorgar especial atención al refuerzo de las capacidades de lucha contra la delincuencia organizada, especialmente el tráfico de drogas.

En materia de fiscalidad se ha progresado en la armonización de los tipos de IVA y los impuestos especiales, que conviene proseguir. En cuanto a la unión aduanera, se ha adoptado un nuevo código de aduanas. Sigue siendo sin embargo necesario aproximar y aplicar de manera efectiva las medidas arancelarias y conexas. Hay que hacer esfuerzos importantes para desarrollar las capacidades administrativas y operativas de aplicación del acervo. Estonia debe garantizar la posibilidad de interconectar sus sistemas informatizados, aduaneros y fiscales, con los de la CE.

En el campo de las relaciones exteriores, Estonia ha progresado mucho pero debe proseguir la armonización de su legislación y, por lo que respecta a la política exterior y de seguridad común, ha seguido alineando su política exterior con la de la Unión Europea y su participación en el marco de la PESC ha sido constructiva.

En cuanto al control financiero, se han hecho nuevos progresos en la aplicación del control interno de las finanzas públicas, aplicación que hay que completar. También es necesario adoptar la legislación sobre el control financiero externo.

Si se consideran todos los sectores, es importante recordar los progresos realizados por Estonia en materia de desarrollo de sus capacidades administrativas. Ha continuado adoptando medidas para mejorar la puesta en vigor del acervo y su aplicación efectiva lo que, hay que reconocer, suele ser difícil, más costoso en recursos y en tiempo que la propia transposición de la legislación. Como ya se ha subrayado anteriormente, entre las medidas positivas adoptadas figuran la creación de una autoridad única de vigilancia financiera, la autorización del organismo SAPARD, la reorganización de la administración de la pesca, la fusión de las fundaciones públicas de apoyo a las empresas y la creación, dentro de los ministerios, de direcciones de control financiero. Entre los ámbitos específicos que requieren una atención mayor figuran la reorganización del sistema de vigilancia del mercado, el refuerzo de la lucha contra las mercancías pirateadas y falsificadas, a los preparativos para la política agrícola común y el aumento de la calidad de los productos alimenticios. Igualmente es necesario realizar inversiones para garantizar la conformidad y la puesta en vigor de la legislación en el sector del medio ambiente, efectuar preparativos con vistas a los fondos estructurales comunitarios, mejorar la coordinación entre los organismos encargados de la aplicación de la legislación y establecer capacidades operativas suficientes para aplicar el acervo aduanero. También se requieren nuevos esfuerzos por lo que respecta al desarrollo de las capacidades administrativas necesarias para garantizar una gestión sana, eficaz y verificable de los fondos comunitarios.

Estonia ha seguido respondiendo a todas las prioridades a corto plazo de la Asociación para la Adhesión 1999 y, actualmente, se ocupa de numerosos aspectos de las prioridades a medio plazo, especialmente las relativas al mercado interior, la agricultura, la pesca, los transportes, el empleo y los asuntos sociales, el medio ambiente, la justicia y los asuntos de interior.

Hungría

En su Dictamen de 1997, la Comisión concluía que Hungría cumplía los criterios políticos. Desde esa fecha, el país ha realizado progresos considerables consolidando y enraizando aún más la estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías. Se han realizado numerosos esfuerzos el año pasado para proseguir por esa vía, y Hungría sigue respetando los criterios políticos de Copenhague.

La reforma de la administración pública ha seguido avanzando con la introducción de un nuevo marco jurídico que asegura mayor responsabilidad y eficacia. Además, la mejora de los salarios y de las perspectivas de carrera hacen más atractiva la función pública. Hungría ha mantenido su esfuerzo en el ámbito de la formación, a la que considera un elemento importante de la estructura de la carrera profesional.

Respecto al poder judicial, la eficacia de los tribunales ha mejorado aún más en conjunto tras la introducción de nuevas medidas de consolidación de las instituciones, especialmente la modernización de los sistemas informáticos y de los procedimientos, las actividades de formación para el personal y subcontratación. Sin embargo, el exceso de casos del Tribunal Supremo impiden que éste cumpla correctamente sus funciones de orientación de las jurisdicciones inferiores y de armonización de la práctica judicial, y la aplicación de los últimos elementos de la reforma adolece de una escasez de recursos presupuestarios.

Hungría continúa acordando un lugar prioritario a la lucha contra la corrupción y ha adoptado nuevas disposiciones relativas, en particular, a la obligación de declarar su patrimonio y la aplicación de sanciones más severas. No obstante, la corrupción sigue siendo un problema y se van a adoptar en breve nuevas medidas para que la lucha sea más eficaz.

Por lo que respecta a los derechos humanos y las libertades fundamentales se han realizado progresos en materia de derecho de asilo, y la situación al respecto ha mejorado sensiblemente gracias a procedimientos más eficaces y más rápidos y a instalaciones de acogida mejor adaptadas. Quedan ahora por remediar determinados comportamientos de la policía, pues se han señalado casos de malos tratos. En cuanto a los medios de comunicación del servicio público, Hungría tiene que aportar una solución al problema de la composición de los consejos administración que los controlan.

El gobierno ha adoptado nuevas medidas y nuevos instrumentos de política en favor de la minoría romaní y ha incrementado considerablemente las dotaciones presupuestarias necesarias para la realización de un programa de acción a medio plazo ya aprobado en 1999. Las medidas adoptadas en 2001 se refieren, esencialmente, a la enseñanza, el empleo, la política social, la protección jurídica y la cultura. En ese contexto es conveniente reforzar la lucha contra la discriminación, muy generalizada, poner plenamente en vigor la legislación ya existente y hacerla respetar. Por último, la minoría romaní debería tener la posibilidad de participar de manera más activa en la vida pública.

Hungría ha realizado las prioridades a corto y a medio plazo de la Asociación para la adhesión de 1999 que consistían en proseguir la aplicación del programa de acción a medio plazo en favor de los romaníes y el aumento del esfuerzo presupuestario para ese fin, así como la prosecución de la reforma de la administración pública y del poder judicial.

Hungría es una economía de mercado en funcionamiento que debería estar en condiciones de hacer frente a las presiones de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la Unión, en un futuro próximo, siempre que mantenga y prosiga su programa de reforma.

La situación macroeconómica sigue siendo saneada con un índice de crecimiento elevado del PIB al que apoyan un aumento de las inversiones, un nuevo retroceso de las cifras de desempleo y una evolución favorable de la balanza por cuenta corriente. Ha proseguido la reestructuración de los ferrocarriles gracias a un alivio a gran escala de la deuda combinado con una reestructuración de la deuda pendiente. Hungría ha adoptado una política de cambio y una política monetaria más adaptadas y que contribuyen a reducir la inflación.

Sin embargo, la política presupuestaria mostró una tendencia expansionista en 2001. La falta de transparencia de determinadas prácticas presupuestarias recientes, la incertidumbre que rodea a la reforma del sistema de pensiones así como el retraso sufrido por la reforma del sistema de atención sanitaria suscitan algunas inquietudes en cuanto a la prosecución del saneamiento de las finanzas públicas y su viabilidad a medio plazo. Las autoridades deberán mantener la disciplina presupuestaria de manera que la balanza exterior y la nueva política monetaria se apoyen en la política presupuestaria, lo que contribuiría a reducir la inflación. En cuanto a la reforma de la atención sanitaria, debe iniciarse con rapidez.

Hungría sigue progresando en la transposición y la aplicación del acervo en diversos sectores. Durante el periodo cubierto por el presente informe progresó de manera regular en la creación de la capacidad administrativa necesaria para aplicar el acervo de manera satisfactoria.

Se han realizado más progresos apreciables en el ámbito del mercado interior. Se han ido adoptando progresivamente los capítulos principales del acervo y el marco administrativo fundamental ya está instaurado. En el ámbito de la libre circulación de mercancías se ha proseguido la armonización, sobre todo en cuanto a la legislación armonizada y el "nuevo enfoque" relativo a los productos, y Hungría ha podido presentar una solicitud de adhesión oficial ante los organismos europeos de normalización CEN y CENELEC. Debe continuar procurando establecer un sistema general y coherente de vigilancia del mercado y, en cuanto a los contratos públicos, debe terminar la armonización y garantizar la transparencia y la aplicación de las normas actualmente vigentes en todos los niveles de poder y en todos los sectores, especialmente en el de la construcción de autopistas. Por lo que respecta a los servicios, ya está ampliamente armonizada la legislación en el sector de la banca y los seguros y la autoridad de vigilancia funciona de manera satisfactoria. Los movimientos de capitales están casi totalmente liberalizados. Se está discutiendo actualmente en el Parlamento un proyecto de ley importante sobre la lucha contra el blanqueo de dinero que, entre otras cosas, prevé la progresiva eliminación de las cuentas de ahorros anónimas para dar satisfacción a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). En materia de derecho de sociedades las disposiciones relativas a los derechos de propiedad intelectual e industrial son en gran medida conformes con el acervo y Hungría tiene unos resultados bastante buenos en la aplicación de la legislación. En materia de competencia se han aproximado al acervo las normas básicas y las normas de procedimiento aplicables al control de las ayudas estatales. Todavía hay que trabajar más por armonizar los regímenes de ayudas, especialmente las fiscales. Por otra parte, el funcionamiento de los órganos encargados de hacer que se respete la legislación en materia de prácticas concertadas y ayudas estatales es satisfactorio.

Por lo que se refiere a la fiscalidad, ha progresado la armonización de los tipos de IVA y de impuestos especiales, pero hay que poner a punto los sistemas informáticos para poder intercambiar datos electrónicos con los servicios de la Comunidad y los Estados miembros. En cuanto a las aduanas, especialmente, la capacidad administrativa y operativa se ha reforzado gracias a la formación y modernización de los equipos. Hungría tiene todavía que garantizar la compatibilidad de sus redes informáticas con los sistemas informáticos aduaneros de la Comunidad para poder interconectarlos en el momento de la adhesión. En materia de unión económica y monetaria se ha consolidado la independencia del Banco Nacional con la adopción de una nueva ley. La aprobación y puesta en vigor del plan Széchenyi constituyen un nuevo avance en el ámbito de la política industrial y de las pequeñas y medianas empresas. Durante el periodo que cubre el presente informe ha progresado la reestructuración de la industria siderúrgica.

Hungría ha realizado progresos importantes en el ámbito del medio ambiente, especialmente al adoptar disposiciones legislativas sobre la evaluación de los impactos medioambientales, y sobre el agua, los residuos, la lucha contra la contaminación industrial y la gestión de los riesgos, los productos químicos y la radioprotección. Ha mejorado su capacidad administrativa en ese sector pero tiene que reforzarla, especialmente precisando con claridad las competencias de los diversos ministerios implicados.

Por lo que respecta a la agricultura, los progresos realizados durante el periodo que cubre el informe se limitan a la seguridad alimentaria y al sector veterinario, aunque las modalidades de inspección veterinaria y fitosanitaria sigue sin estar actualizadas. Hungría debe intensificar su esfuerzo para contar oportunamente con los procedimientos y estructuras indispensables para su participación en la política agrícola común. El proceso de armonización en el sector de los transportes debe continuar, así como la reestructuración del sector ferroviario, necesaria para la aplicación del acervo en materia de acceso al mercado. Además, es importante crear las instituciones necesarias para la aplicación del acervo. Sólo se han registrado progresos limitados en el sector de la energía, y todavía no está establecido el marco jurídico necesario para que Hungría participe en el mercado interior de la energía. No se ha observado ningún progreso en el sector audiovisual.

En cambio se han realizado progresos considerables en el de la política social y del empleo, gracias a la adopción de un código laboral revisado. En cuanto al diálogo social, hay que adaptar medidas para restaurar la confianza y así favorecer un verdadero diálogo.

En materia de política regional, Hungría va progresando bien en los preparativos de la programación de los Fondos Estructurales y la creación de estructuras de ejecución, pero debe reforzar su capacidad administrativa y los procedimientos financieros y presupuestarios. También debe instaurar verdaderos mecanismos de coordinación interministerial y ampliar aún más la aplicación del principio de asociación.

Los progresos en cuanto a legislación realizados en el sector de las telecomunicaciones deben complementarse con las medidas de ejecución necesarias.

En el campo de la justicia y asuntos de interior se han registrado progresos apreciables al proseguirse la armonización en cuanto a política de visados, migración y derecho de asilo. Con la adopción de nuevas disposiciones legislativas y el reforzamiento de las estructuras institucionales se ha podido luchar de manera más eficaz contra el fraude, la corrupción, el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada. En cuanto a las fronteras exteriores, se ha adoptado una estrategia de desarrollo integrado de los puestos fronterizos mientras que el plan de acción Schengen aborda los principales capítulos del acervo.

En el ámbito de la política exterior y de seguridad común hay algunas disposiciones de la ley sobre las comunidades húngaras de los países vecinos de que presenta una contradicción con el concepto de la protección de las minorías vigente en Europa. Por lo tanto, Hungría debería llegar a un acuerdo con sus vecinos para ajustarse a las conclusiones del informe aprobado recientemente por la "Comisión de Venecia". Con arreglo al apartado 2 de su artículo 27, esta ley tendrá que armonizarse con el acervo comunitario a más tardar en el momento de la adhesión puesto que, en su forma actual, es incompatible con el principio de no discriminación enunciado en el Tratado.

Por lo que respecta al control financiero, hay que señalar algunos progresos en cuanto a auditoría externa y control interno de las finanzas públicas, pero hay que reforzar la capacidad administrativa, en general, y la independencia funcional de los auditores responsables de los controles internos. En cuanto a las disposiciones financieras y presupuestarias, Hungría debe seguir esforzándose por cumplir las normas comunitarias en materia de cofinanciación y programación plurianual.

Hungría ha seguido progresando en la mayoría de los ámbitos por lo que se refiere a establecer las estructuras administrativas necesarias para la aplicación del acervo, pero deberá redoblar los esfuerzos por mejorar su capacidad administrativa y judicial, especialmente en los sectores del control de las ayudas estatales, medios audiovisuales, vigilancia del mercado, transportes y agricultura. Y también deberá velar por que se establezca la capacidad administrativa indispensable para una gestión sana, eficaz y verificable de los fondos comunitarios.

Hungría ha seguido satisfaciendo las prioridades a corto plazo de su Asociación para la adhesión salvo en lo que se refiere a determinados aspectos del sector agrícola, la política audiovisual, la libre circulación de mercancías y la política de competencia. También ha realizado varias prioridades a medio plazo en el ámbito de la política social y del empleo, de medio ambiente y de justicia y asuntos de interior (derecho de asilo, política de visados).

Letonia

En su Dictamen de 1997, la Comisión concluía que Letonia cumple los criterios políticos. Desde esa fecha, el país ha realizado progresos considerables, consolidando y enraizando aún más la estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías. El año pasado se han hecho nuevos esfuerzos para cumplir estos objetivos y Letonia continúa respetando los criterios políticos de Copenhague.

La voluntad del Gobierno de reformar la administración pública y el poder judicial y de luchar contra la corrupción se ha mantenido intacta durante el año transcurrido. Letonia ha adoptado documentos estratégicos sobre la reforma de la administración pública y la prevención de la corrupción, así como legislación básica sobre los organismos públicos, y ha adoptado medidas concretas en esos tres ámbitos. Es conveniente mantener el ritmo de la reforma de la administración pública y completar la instauración del marco jurídico necesario a la par que se desarrolla una función pública estable, especialmente gracias a una reforma del sistema de remuneración. Hay que proseguir paralelamente la reforma del sistema judicial, acordando especial atención al marco jurídico, la aceleración de los procedimientos judiciales y la ejecución de las decisiones de los tribunales, así como a la cuestión de la detención preventiva, a la que hay que dar una solución. Conviene proseguir la lucha contra la corrupción con el fin de obtener resultados concretos y amplios en ese ámbito, pues la corrupción sigue siendo muy preocupante en Letonia.

También se han adoptado medidas importantes para favorecer la integración de los no ciudadanos en la sociedad letona y que consisten, especialmente, en una simplificación del proceso de naturalización, la adopción de una versión más perfeccionada del programa de integración en la sociedad y la elaboración del fundamento jurídico de la futura fundación para la integración social. La labor que se está realizando actualmente para favorecer la integración de los no ciudadanos debe proseguirse poniendo en práctica la totalidad de los aspectos del programa de integración en la sociedad, y sobre todo organizando actividades para fomentar la naturalización y la ampliación de la enseñanza de la lengua letona. La puesta en vigor de la ley lingüística deberá fundarse en un enfoque generoso que tenga en cuenta principios de interés público legítimo y de proporcionalidad, las obligaciones internacionales de Letonia y el Acuerdo europeo.

Letonia ha realizado progresos en la aplicación de las prioridades a corto plazo de la Asociación para la adhesión por lo que se refiere a la ley lingüística y la formación lingüística, así como las capacidades administrativas y judiciales, y también en las prioridades a medio plazo relativas a la integración de los no ciudadanos, el desarrollo de la función pública y la mejora de la capacidad de la administración pública. Es conveniente proseguir en esa vía.

Letonia es una economía de mercado en funcionamiento y debería estar en condiciones, a corto plazo, de afrontar la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la Unión, a condición de que haga importantes esfuerzos suplementarios para mantener el ritmo de sus reformas estructurales y llevarlas a efecto.

Letonia ha conservado la estabilidad macroeconómica. Se han hecho nuevos progresos en el ámbito de las reformas estructurales: la última etapa de la reforma del sistema de pensiones ya se ha iniciado, se ha adoptado un nuevo marco para el control financiero y se ha instaurado una nueva autoridad de reglamentación para los servicios públicos. Ya se ha establecido en sus rasgos esenciales el marco legislativo necesario para una economía de mercado y los mecanismos de entrada y de salida del mercado siguen funcionando de manera satisfactoria. El sector financiero, aunque está poco desarrollado, se consolida progresivamente.

No obstante, las autoridades deben proseguir una política de disciplina presupuestaria, en un marco presupuestario a medio plazo, con el fin de mantener el déficit presupuestario y el déficit de la balanza por operaciones corrientes en un nivel aceptable a medio plazo. La privatización de las grandes empresas que todavía subsisten ha avanzado más lentamente de lo previsto y debería concluirse, y la del suelo y el desarrollo del mercado de bienes raíces debería acelerarse. Se han introducido medidas para mejorar el entorno de las empresas, y conviene proseguir esa actividad, sobre todo suprimiendo los obstáculos reglamentarios y administrativos que siguen frenando el desarrollo de las empresas. El desempleo sigue siendo elevado y el mercado laboral tiene poca flexibilidad.

En la mayoría de los ámbitos, Letonia ha mantenido un ritmo regular en la armonización de su legislación con el acervo. Se ha reconocido la necesidad de reforzar la capacidad administrativa para gestionar y aplicar el acervo, y el proceso sigue planteando retos importantes. Los esfuerzos desplegados durante el año o transcurrido se han dedicado, entre otras cosas, a la reorganización de las estructuras existentes y la creación de varios organismos especializados con objeto de ajustarse a las diversas exigencias del acervo.

Han progresado los preparativos de la entrada en el Mercado Interior. En cuanto a la libre circulación de mercancías, se ha acelerado la transposición de las normas europeas y los organismos de acreditación y normalización se han reforzado de nuevo. Ya es operativo el consejo de vigilancia del mercado, pero debe continuarse la reforma del sistema de vigilancia del mercado. Asimismo, se ha adoptado una nueva legislación en el ámbito de los mercados públicos, aunque todavía no se ha creado la oficina de vigilancia de los mismos. Y por lo que se refiere a la libre circulación de personas, ya se ha adoptado la legislación marco relativa al reconocimiento de las calificaciones profesionales. En el ámbito de la libre prestación de servicios han iniciado sus actividades dos nuevos organismos: la comisión del mercado financiero y de capitales y la inspección nacional para la protección de los datos. Pero hay que mejorar el fundamento jurídico de ésta última. También ha evolucionado la legislación relativa a la libre circulación de capitales sobre todo en lo relativo a los servicios de seguridad y las transferencias transfronterizas. En el ámbito del derecho de sociedades la aplicación de la legislación sigue siendo tema de preocupación. Constituye un reto importante la demora de la entrada en vigor del código mercantil y la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Por lo que respecta a los requisitos de la política de competencia, la adopción de legislación sobre las ayudas estatales representa un progreso importante. También lo es la aplicación de la legislación en ese ámbito, aunque Letonia debe proseguir sus esfuerzos para garantizar plenamente el respeto de las normas antimonopolio y de las relativas a las ayudas estatales. La armonización y la modernización de las estructuras administrativas también ha progresado en el ámbito de las aduanas, y la administración también se ha reforzado en el de la fiscalidad. En éstos dos últimos sectores conviene proseguir el desarrollo de los sistemas informáticos para hacer posible el intercambio de datos electrónicos con la Comunidad y sus Estados miembros.

Se han hecho progresos alentadores en el ámbito de la agricultura, sobre todo por lo que se refiere a las medidas veterinarias y fitosanitarias y a la seguridad alimentaria. Entre los logros observados están, en particular, la adopción de modificaciones de la ley sobre la agricultura, la elaboración de orientaciones para el establecimiento de las organizaciones comunes de mercado, la entrada en vigor de una nueva ley sobre medicina veterinaria y la reestructuración y el reforzamiento de la administración. Pero Letonia todavía tiene que solucionar importantes problemas en lo que se refiere tanto a concluir la armonización, introducir y modernizar las estructuras y mecanismos necesarios, es decir, el organismo pagador, el sistema integrado de gestión y de control, las organizaciones comunes de mercado y las modalidades de inspección.

También se ha continuado la armonización en el ámbito de los transportes por carretera y ferrocarril y los esfuerzos que se hacen para aumentar la seguridad marítima han dado los primeros resultados concretos. La transposición de la política social y del acervo en materia de empleo ha registrado unos progresos significativos gracias a la adopción del código del trabajo y a la ley sobre la protección del trabajador. La capacidad administrativa debería reforzarse para garantizar una aplicación apropiada de la legislación, en particular por lo que respecta a la salud y la seguridad de los trabajadores. En particular, habría que seguir reforzando la inspección nacional del trabajo. Ha progresado la armonización en el ámbito de la energía y del medio ambiente. En cuanto al sector de la energía, conviene proseguir por esa vía haciendo hincapié en las directivas relativas al gas y la electricidad, y también las existencias de petróleo. En el ámbito del medio ambiente, la armonización deberá estar concluida por lo que se refiere al acceso a la información sobre medio ambiente, la gestión de los residuos y las sustancias químicas. Se han creado varios organismos especializados, en particular la inspección de la energía, el centro de radioprotección y la agencia letona del medio ambiente, pero Letonia deberá hacer esfuerzos suplementarios para modernizar sus estructuras administrativas.

Todavía queda por transponer en la legislación letona la parte esencial de los requisitos relativos a las telecomunicaciones. Se han hecho progresos considerables en la armonización sobre el acervo relativo a la cultura y medios audiovisuales. En cuanto a la justicia y asuntos de interior se han observado progresos en materia de protección de datos, visados y controles en las fronteras que, en particular, se reflejan en la adopción del plan de aplicación del acervo de Schengen. Es conveniente proseguir estos esfuerzos y concluir la armonización en el ámbito de la migración y el derecho de asilo. La modernización de las capacidades y las infraestructuras necesarias para la gestión de las fronteras sigue siendo una prioridad. Además, hay que reforzar la lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, el blanqueo de capitales y el fraude y la corrupción.

En cuanto a la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales, todavía hay que adoptar la legislación de base y conviene reforzar las capacidades en materia de programación, seguimiento y evaluación. La decisión de confiar la futura gestión de los fondos estructurales al ministerio de finanzas representa un paso importante. Si bien Letonia debe aún adoptar nuevos textos legislativos en el ámbito del control interno de las finanzas públicas y de la auditoría externa, se observaron ciertos progresos, especialmente por lo que se refiere al reforzamiento de las estructuras administrativas correspondientes. Conviene continuar este proceso.

Uno de los retos más importantes al que debe hacer frente Letonia es preparar su administración para la entrada en la UE. Desde el punto de vista de las responsabilidades que deberá asumir Letonia, en el momento de la adhesión, para la gestión y aplicación del acervo, ya se han reestructurado o creado la mayor parte de las instituciones y organismos necesarios. Conviene continuar este proceso y, especialmente, establecer nuevos organismos y mecanismos como, por ejemplo, una oficina de vigilancia de las contrataciones públicas, mecanismos de intervención en el mercado agrícola y el fondo de garantía para la protección de los empleados en caso de insolvencia del patrono. Además, es crucial que el conjunto de las instituciones disponga de los recursos suficientes para poder garantizar, con total fiabilidad la aplicación del acervo. Así deberá hacerse, especialmente, para la nueva comisión de regulación de los servicios públicos, que deberá asumir importantes responsabilidades derivadas del acervo en materia de regulación en el ámbito de los transportes ferroviarios, la energía y las telecomunicaciones. También habrá que hacer esfuerzos constantes para que la gestión de los fondos comunitarios sea a la vez sana, eficaz y controlable.

Letonia ha progresado en el conjunto de los ámbitos de acción prioritaria a corto plazo que se definieron en la Asociación para la adhesión. Los resultados son tangibles, especialmente en los ámbitos de la libre circulación de mercancías, la política social y el empleo, y el medio ambiente, en el cual el proceso está prácticamente terminado. Letonia se ha ocupado de la totalidad de las prioridades a medio plazo y, en cada una de ellas, los progresos han sido importantes. También lo han sido en el ámbito de la libre circulación de personas, de la legislación en materia de medios audiovisuales y el sector aduanero. No obstante, hay que seguir trabajando en el conjunto de las prioridades y acordar especial atención a los ámbitos que siguen requiriendo la adopción de legislación fundamental, por ejemplo, la energía, las telecomunicaciones y la cohesión económica y social, y en los que hay que reforzar las estructuras administrativas, como la agricultura, la pesca y el control de los fondos comunitarios.

Lituania

En su Dictamen de 1997, la Comisión concluía que Lituania cumple los criterios políticos. Desde esa fecha, el país ha realizado progresos considerables, consolidando y enraizando aún más la estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías. El año pasado se han hecho nuevos esfuerzos para cumplir estos objetivos y Lituania continúa respetando los criterios políticos de Copenhague.

Se han logrado algunos progresos en la reforma de la administración pública y del sistema judicial, en el que se han reorganizado los tribunales administrativos. El sistema jurídico se ha mejorado con la entrada en vigor del nuevo código civil. Se ha reforzado la capacidad de lucha contra la corrupción. Hay que subrayar el papel activo desempeñado por el mediador en el ámbito de la igualdad de oportunidades y, más recientemente, en el de los derechos del niño.

Es indispensable continuar esforzándose para proseguir la vía de una reforma de la administración pública que abarque el conjunto de sus diferentes sectores, reuniendo, al mismo tiempo, las condiciones que exigen la continuidad y la estabilidad del sistema administrativo. Convendría garantizar recursos financieros adecuados, reforzar todavía más la coordinación interministerial y sistematizar más la formación. Por lo que se refiere al sistema judicial, hay que adoptar con urgencia la nueva ley sobre los órganos judiciales y garantizar los recursos presupuestarios suficientes y las competencias en materia de directivos de gestión indispensables para la administración del sistema jurisdiccional. La adopción del código de procedimiento penal debe acelerarse para que se pueda aplicar el nuevo código penal.

En el ámbito de la lucha contra la corrupción, lo realizado durante este último año debe proseguirse e intensificarse, siempre que el Parlamento adopte la estrategia nacional anticorrupción y su programa de aplicación así como una nueva ley sobre la prevención de la corrupción. En cuanto a la preocupación persistente sobre la corrupción dentro de la administración, es indispensable seguir procurando garantizar una aplicación transparente de los procedimientos administrativos y la coordinación entre los organismos encargados de combatir la corrupción debería reforzarse aún más.

Lituania ha avanzado en el cumplimiento de las prioridades de la adhesión relativas a los criterios políticos, y ha progresado aunque de manera limitada en la aplicación de la ley sobre la administración pública y la ley de la función pública. El gobierno aprobó la estrategia nacional anticorrupción que ahora debe adoptar el Parlamento y ponerla en vigor. Se ha iniciado un programa de formación destinado a los jueces y que abarca diversos aspectos del derecho comunitario así como el respeto del acervo, programa que hay que continuar.

Lituania es una economía en funcionamiento. Siempre que haga importantes esfuerzos suplementarios para continuar aplicando firmemente su programa de reformas estructurales debería estar en condiciones, en un futuro próximo, de hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión.

Lituania ha preservado su estabilidad macroeconómica, mejorado los desequilibrios presupuestario y comercial y reducido la intervención del Estado. Ya está casi concluida la privatización de las actividades bancarias, de los demás sectores y del suelo. Por fin han entrado en vigor nuevas leyes sobre quiebra y sobre la reestructuración de las empresas.

Sin embargo, el desempleo sigue siendo elevado y habrá que hacer frente a los problemas estructurales del mercado del trabajo. Se han adoptado leyes importantes destinadas a reestructurar y liberalizar el mercado de la energía, pero hay que adoptar todavía actos legislativos suplementarios y garantizar su aplicación. La intermediación financiera sigue siendo escasa e ineficaz. La inversión interior y exterior se mantiene en niveles relativamente poco elevados. Las autoridades deben poner debidamente en vigor el nuevo marco jurídico de las empresas, en particular la legislación sobre quiebras. El proyecto de reforma de las pensiones deberá proseguirse y ponerse en vigor. La disciplina presupuestaria debe continuar y se debe garantizar la viabilidad de las finanzas públicas a medio plazo, también para controlar el déficit de los pagos por cuenta corriente en el contexto del sistema de caja de emisiones.

Lituania ha conseguido progresos importantes en términos de transposición y de puesta en vigor en la mayoría de los ámbitos del acervo. Si bien es verdad que estos progresos tienen importancia variable, las lagunas se van reduciendo progresivamente y, en algunos sectores, Lituania ha alcanzado un nivel de armonización elevado. Los ámbitos en los que todavía se requieren esfuerzos considerables son, especialmente, los vinculados a la utilización de los fondos comunitarios. En conjunto, ha mejorado la capacidad administrativa a pesar de que, en algunos ámbitos en los que las estructuras administrativas se han modificado durante el año recién transcurrido, ha resultado una empresa difícil la reconstrucción de las capacidades necesarias.

En cuanto al mercado interior, Lituania ha seguido progresando en el ámbito de la libre circulación de mercancías por lo que se refiere a la transposición del acervo y a la consolidación de las instituciones (en particular por lo que respecta a la normalización y la acreditación). La armonización en materia de contratos públicos no ha terminado pero se observan progresos en la aplicación de la legislación existente. La capacidad administrativa de la Oficina de contrataciones públicas ha mejorado, aunque debe ser reforzada aún más. Por lo que se refiere a la libre circulación de personas, la legislación sobre los derechos de los ciudadanos ya es conforme, en gran medida, con el acervo y los progresos realizados en el ámbito del reconocimiento mutuo de las calificaciones profesionales deben continuar. Por lo que atañe a la libre prestación de servicios, ha avanzado la adaptación legislativa junto con los progresos en la armonización de la legislación y se han hecho esfuerzos concertados para reforzar la capacidad administrativa, sobre todo en el sector de los servicios financieros. Aún se han hecho más progresos en el ámbito de la libre circulación de capitales, en el que Lituania ya había alcanzado un alto grado de liberalización. En el ámbito de la política de competencia, se refleja la calidad de la armonización alcanzada en los éxitos razonables en materia de respeto de las normas obtenidos hasta ahora por el Consejo lituano de la competencia. Y en cuanto al derecho de sociedades, aunque se han hecho grandes progresos especialmente en la armonización de la legislación sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, la aplicación efectiva de esa legislación debe mejorarse considerablemente.

Por lo que respecta a la Unión Económica y Monetaria, Lituania, al adoptar la nueva ley sobre el Banco Central, ha alcanzado un nivel elevado de armonización. En cuanto a la fiscalidad, se ha avanzado en la armonización con el acervo en fiscalidad indirecta y se ha mejorado la capacidad administrativa. Es necesario modernizar aún más los sistemas informatizados de la inspección fiscal para que puedan interconectarse con los sistemas comunitarios. Se ha registrado un buen avance en la armonización relativa a la unión aduanera que hay que acompañar, sin embargo, con un refuerzo considerable de la capacidad administrativa y operativa, sobre todo por lo que se refiere al desarrollo de sistemas informatizados que permitan interconectarse con los sistemas aduaneros comunitarios.

En cuanto a la agricultura, Lituania ha seguido progresando en la reforma de sus estructuras agrícolas pero hay todavía que adoptar importantes medidas sobre, en particular, el fortalecimiento del sistema de certificación de las parcelas, el respeto y la aplicación práctica de los mecanismos de gestión de la política agrícola común y los preparativos suplementarios referentes al organismo pagador. Lituania ha seguido progresando en materia de seguridad alimentaria y en los sectores veterinario y fitosanitario, aunque hay que reforzar aún más sus estructuras de aplicación. En cuanto a la modernización de los dispositivos de inspección en la frontera exterior, los progresos son limitados. Para la pesca, en cambio, se han hecho progresos en cuanto a capacidad administrativa pero hay que seguir trabajando en la preparación de las acciones estructurales y la política de mercado.

En el ámbito de los transportes, Lituania ha progresado bastante, sobre todo en materia de seguridad del transporte por carretera, reestructuración de los ferrocarriles y de la aviación civil con, entre otras cosas, un reforzamiento de la capacidad administrativa correspondiente. Sin embargo, subsisten ámbitos en los que es indispensable seguir avanzando, sobre todo en términos de capacidades de inspección. Por lo que se refiere al sector de la energía, Lituania ha alcanzado un nivel de armonización razonable pero debe seguir trabajando sobre todo en el ámbito del mercado interior de la energía, y también en el de la energía nuclear, y debe confirmar y poner en práctica sus compromisos de cierre y garantizar un nivel elevado de seguridad nuclear.

Por lo que se refiere a la política social, se han conseguido progresos regulares en la transposición y puesta en vigor del acervo, pero quedan por adaptar el nuevo código del trabajo y la ley de salud pública, y conviene prestar mayor atención a la aplicación y al respeto de las disposiciones. También hay que reforzar el diálogo social.

También se ha progresado bastante en el ámbito del medio ambiente: la mayor parte del marco legislativo ya está en vigor, aunque su aplicación sigue presentando importantes dificultades, en particular en los ámbitos que exigen fuertes inversiones o inversiones del sector privado.

Las telecomunicaciones han registrado algunos progresos en la armonización del marco reglamentario y la autoridad de reglamentación, aunque debe reforzarse, ya es operativa.

Se han aportado mejoras en la justicia y asuntos de interior al reforzar la frontera exterior y remediar los puntos débiles de la cooperación entre las instituciones y los organismos correspondientes, pero hay que seguir esforzándose. Lituania ha adoptado un plan de acción Schengen.

Respecto a la política regional y de coordinación de los instrumentos estructurales se han adoptado recientemente decisiones importantes en relación con la estructura institucional con vistas a la gestión de los fondos estructurales, decisiones que deben hacerse efectivas con toda urgencia por medio de un refuerzo de la capacidad administrativa, desarrollando una coordinación interministerial eficaz y creando un marco de programación y de ejecución para la ayuda comunitaria, sin dejar de respetar el principio de asociación.

También se ha progresado en el ámbito del control financiero, aunque Lituania tiene que reforzar de manera urgente y considerable su capacidad para aplicar y hacer respetar la legislación en materia de control interno de las finanzas públicas. Los progresos sobre disposiciones financieras y presupuestarias son limitados, y la ejecución de la ley del presupuesto adoptada en 2000 tiene que complementarse con una labor considerable.

Mientras se mantenía en la vía de la prudencia presupuestaria, Lituania ha hecho progresos respecto a la constitución de la capacidad administrativa necesaria para aplicar y hacer respetar el acervo, pero esa capacidad sigue siendo frágil y podría disminuir en caso de que se modificaran de manera poco considerada las estructuras organizativas. Es indispensable trabajar constantemente para preservar la capacidad administrativa adquirida y continuar desarrollándola.

En conjunto, Lituania ha conseguido progresos satisfactorios en lo que se refiera a responder a las prioridades a corto plazo y, en menor medida, a medio plazo de la Asociación para la adhesión. En particular ha satisfecho considerablemente las prioridades a corto plazo relativas a los criterios económicos, el mercado interior, la energía y el medio ambiente. Quedan por completar algunas prioridades a medio plazo, especialmente por lo que se refiere a la gestión y el control de los fondos comunitarios.

Malta

Malta sigue satisfaciendo los criterios políticos de Copenhague y ha hecho nuevos esfuerzos por prepara su administración para ejercer sus actividades en el marco de la UE; el balance de las autoridades sigue siendo globalmente bueno por lo que atañe a los principios democráticos y los derechos humanos.

Por otro lado, ha mejorado el funcionamiento del sistema judicial puesto que los asuntos pendientes ante los tribunales han disminuido y se han adoptado unas primeras medidas para poner en vigor la ley sobre los refugiados.

Ya hay una economía de mercado en funcionamiento que debería estar en condiciones de hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión.

La isla ha experimentado una evolución macroeconómica favorable en términos de crecimiento del PIB, desempleo, inflación y reducción apreciable del déficit público. El plan presupuestario a medio plazo iniciado por el gobierno ha redundado en una nueva bajada del déficit público. Se puede considerar un progreso la elaboración de programas de reestructuración y de privatización y la adopción de iniciativas tendentes a fomentar el espíritu de empresa.

A pesar de una tendencia a la baja, el déficit presupuestario sigue siendo demasiado elevado, con la consecuencia de un aumento del déficit por cuenta corriente, que ya era muy importante. Aunque se trate de un déficit de carácter puntual, hay que observarlo de cerca. Las autoridades deben colocar las finanzas públicas en la vía de una viabilidad presupuestaria a medio plazo. En esta perspectiva hay que incluir la reforma del sistema de seguridad social. Sigue siendo muy lenta la puesta en práctica de la reestructuración y la privatización de los servicios públicos y de las empresas públicas, que son deficitarios. Malta debe intensificar sus esfuerzos por imitar la influencia del Estado en la economía, acelerar el despliegue de las reformas estructurales y proseguir la liberalización para contribuir a dar viabilidad a los saldos exteriores y hacer que se mantenga su competitividad internacional en un entorno más abierto.

Desde el último Informe Periódico, se han dado grandes pasos en la armonización de la legislación sobre el acervo y la consolidación de su capacidad administrativa. Pero, de un ámbito a otro, hay muchas diferencias en los progresos.

Malta ha registrado progresos considerables en la transposición del acervo relativo a la libre circulación de mercancías en su legislación interna, sobre todo porque ha puesto en vigor el marco necesario para el nuevo enfoque y el enfoque global. Debe proseguir sus esfuerzos en materia de normalización, certificación y vigilancia del mercado y armonizar también su legislación relativa a las contrataciones públicas, en particular por lo que se refiere al sistema de recurso y a los organismos de derecho público. Hay que intensificar aún más la armonización de la legislación sobre la libre circulación de las personas, pero se ha seguido progresando en lo referente a la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales, si bien hay que introducir todavía mejoras en los servicios bancarios y los servicios de inversión, la protección de los datos y el blanqueo de capitales. En cambio, se ha conseguido una armonización casi completa en materia de derecho de sociedades y algunos progresos en el ámbito de la competencia, pues se empiezan a hacer respetar las normas aplicables a las ayudas estatales. Pero todavía debe reforzar la capacidad administrativa encargada de esta tarea y velar por que las empresas públicas estén sujetas a un derecho de la competencia conforme con el acervo.

Malta ha logrado progresos notables en materia de política social, sobre todo por lo que se refiere al derecho del trabajo, por una parte, y a la salud y seguridad en el trabajo, por otra. Ahora hay que mejorar la igualdad de oportunidades y reforzar aún más la capacidad de aplicación en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo.

En el ámbito de la fiscalidad se han hecho progresos considerables en cuanto a los impuestos especiales y algunos progresos en cuanto a IVA, aunque hace falta adaptar la lista de transacciones exentas y tratar de aplicar mejor el código de conducta relativo a la fiscalidad directa. A pesar de algunas medidas positivas introducidas en el ámbito de las aduanas, Malta debe proseguir sus esfuerzos para armonizar su legislación aduanera con el acervo vigente y desarrollar la capacidad administrativa necesaria para aplicarla.

Malta seguirá progresando en los ámbitos de las telecomunicaciones, la cultura y la política audiovisual y ha establecido un marco adecuado para estimular la inversión y favorecer la reestructuración de las PYME.

En el campo de las estadísticas, ha seguido progresando la Oficina Nacional de Estadística de Malta que, actualmente, se esfuerza por ajustar totalmente sus métodos de trabajo a las normas de la CE. Para el control financiero, ya se ha concluido la reestructuración del sistema de control interno de las autoridades públicas y reforzado el Tribunal de Cuentas, con lo cual Malta dispone de un marco institucional adecuado para las auditorías internas y externas. La isla debe consolidar ésos progresos. Ha progresado apreciablemente en materia de política regional, puesto que ya se han instaurado y reforzado las estructuras necesarias para la aplicación de los fondos estructurales y de los fondos de cohesión.

En cuanto a la justicia y asuntos de interior, los trabajos efectuados en cuanto a legislación son limitados. Se ha progresado en la preparación de la administración maltesa para la aplicación de la legislación sobre asilo y el control de fronteras con arreglo a las normas de Schengen y, en particular para elaborar un "plan de acción Schengen", pero hay que esforzarse aún más respecto a la protección de datos, la inmigración, la política de visados y la cooperación judicial.

Se han producido progresos restringidos en el ámbito de la agricultura: todavía hay que adoptar la mayor parte del vasto acervo agrícola y prepararse para la política agrícola común. Y en cuanto a medio ambiente, constituye una medida importante la adopción de la ley sobre protección del medio ambiente y de los textos de aplicación, pero Malta ésta todavía lejos de una armonización integral y sus capacidades para hacer respetar ésa legislación siguen siendo muy escasas. Además hay que poner a punto una estrategia global de adopción y de ejecución del acervo en materia de medio ambiente.

Durante el año transcurrido Malta ha empezado a reforzar su capacidad de aplicación del acervo relativo a las ayudas estatales, la política regional y el derecho de asilo. Ha seguido reforzando las capacidades en los ámbitos de la libre circulación de mercancías, vigilancia del mercado, transportes, fiscalidad, política social, aduanas, estadísticas, control de las fronteras y control financiero. Es importante que se consolide su capacidad administrativa en estos ámbitos, sobre todo por lo que se refiere al acervo relativo a la seguridad marítima. En los sectores de las aduanas y la fiscalidad, Malta debe esforzarse por elaborar los sistemas informatizados necesarios para el intercambio de datos con la CE, reforzar la capacidad administrativa encargada de la gestión de fronteras e intensificar sus esfuerzos por hacer aplicar los derechos de propiedad intelectual.

La capacidad de aplicación del acervo en materia de medio ambiente es fuente de inquietud; Malta debe fijarse como prioridad reforzarla, y debería hacer lo mismo por lo que se refiere a la agricultura, en particular para las modalidades de inspección en los sectores veterinario y fitosanitario.

Se han respetado parcialmente la mayoría de las prioridades a corto y a medio plazo enumeradas en la Asociación para la adhesión. Se registran progresos importantes sobre todo en los ámbitos de la libre circulación de mercancías y de la política social, la fiscalidad y las telecomunicaciones. Pero Malta debe hacer esfuerzos especiales respecto a la agricultura y el medio ambiente y también en la libre prestación de servicios.

Polonia

En su Dictamen de 1997, la Comisión concluía que Polonia cumple los criterios políticos. Desde esa fecha, el país ha realizado progresos considerables para consolidar y reforzar la estabilidad de sus instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías. El año pasado se han hecho nuevos esfuerzos para cumplir estos objetivos y Polonia continúa respetando los criterios políticos de Copenhague.

Se prosigue la aplicación de la ley de la función pública de 1999, pero hay que acelerar el mínimo con el fin de conseguir una función pública independiente, bien formada y motivada en el momento de la adhesión.

Polonia ha seguido progresando en la reforma del sistema judicial y se ha afanado por remediar los bloqueos más importantes. Hay que aceleran el ritmo de la reforma y abordar las cuestiones relativas a la inmunidad judicial.

Se han adoptado nuevas medidas, en especial la adopción de la legislación tan esperada para luchar contra la corrupción, que sigue constituyendo un fenómeno muy inquietante. Ahora se trata de hacer hincapié en el establecimiento de un enfoque coherente frente a la corrupción, poner en vigor legislación y, sobre todo, desarrollar una cultura administrativa y de las empresas que resista ante la corrupción.

Se observan progresos en la creación de un marco jurídico para la igualdad de oportunidades, aspecto en el que hay que seguir trabajando.

En varias ocasiones se ha sabido de detenciones abusivas. Conviene remediar esa situación, y ya se han adoptado las primeras medidas al respecto.

Las prioridades de la Asociación para la adhesión eran el refuerzo de las capacidades administrativas y judiciales, la mejora del funcionamiento del sistema judicial y su formación en derecho comunitario. Ya se está trabajando en ello, pero hay que insistir más.

Polonia es una economía de mercado en funcionamiento. Siempre que prosiga e intensifique los esfuerzos de reforma que está haciendo actualmente en un entorno de política coherente, debería estar en condiciones de hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión en un futuro próximo.

Durante la primera parte del período que cubre el presente informe, mantuvo una estabilidad macroeconómica suficiente; el crecimiento volvió a ser firme antes de que descendiera apreciablemente su ritmo durante el segundo semestre del año. Las primeras citaciones se prosiguieron y también las reestructuraciones en sectores sensibles como las industrias del carbón y de la electricidad. Se reforzó el marco jurídico para las empresas mediante la adopción de la nueva ley sobre quiebras y el nuevo código mercantil.

El apreciable descenso del crecimiento refleja en gran medida los problemas en cuanto a la dosificación macroeconómica, es decir la coordinación de las medidas presupuestarias y monetarias. El desempleo, ya elevado, aumentó así como el déficit presupuestario. Es imprescindible hacer un ajuste presupuestario para contribuir a dosificar de manera más juiciosa los componentes de la política y no poner en peligro la durabilidad a medio plazo de las finanzas públicas. Además, con ello se contribuiría a tranquilizar a los mercados y estimular la confianza de las empresas. Las autoridades deberían acelerar la privatización y reestructuración de los sectores clave tales como el industrial tradicional o la agricultura, y deberían establecer planos claros para suprimir los obstáculos a la salida de los mercados y las ayudas estatales indirectas en forma de atrasos fiscales o de seguridad social que dificultan el funcionamiento de las fuerzas del mercado. Hay que mejorar la aplicación de los procedimientos relativos a las quiebras y adoptar otras medidas para mejorar las infraestructuras de Polonia y la adaptación de los mercados laborales a las condiciones económicas cambiantes.

Durante el periodo considerado se aceleró la adopción de la legislación. En algunos ámbitos, incluso, progresó de manera considerable pero en otros se constató una consolidación constante de las realizaciones de 2000 gracias a la adopción de la legislación derivada necesaria sobre la base de las leyes marco adoptadas el año anterior. Este proceso de consolidación y de entramado legislativo resulta capital para la futura capacidad administrativa para poner en práctica el acervo. A este respecto, la situación ha evolucionado, pero sigue habiendo una gran diferencia entre los progresos realizados en este ámbito y la adopción de la legislación.

Por lo que se refiere al mercado interior, y tras la adopción previa de la legislación marco, en cierto número de sectores los esfuerzos se concentraron en la legislación derivada necesaria para poner en práctica el acervo en esos ámbitos, especialmente las normas y la certificación, así como las ayudas estatales, dos esferas en las que las obligaciones actuales de Polonia deben ser asumidas antes de la fecha de adhesión y en las cuales serán registrado pocos progresos. En cuanto a las normas y la certificación, hay que esforzarse considerablemente por desarrollar la capacidad administrativa necesaria, lo que no ocurre en el ámbito de la competencia, en el que ya existen las capacidades aunque la aplicación sigue siendo limitada. Se han observado progresos por lo que respecta a la seguridad de los productos alimenticios referentes al mercado interior gracias a la adopción de la ley marco, pero queda mucho por hacer para la adopción de la legislación derivada y el desarrollo de la capacidad administrativa. Se ha adoptado la ley sobre la propiedad industrial aunque persisten algunas dificultades a corto plazo por lo que se refiere a la exclusividad de los datos resultantes de la nueva ley sobre productos farmacéuticos. Si bien han mejorado un poco las estructuras administrativas, hay que intensificar la aplicación.

Los resultados obtenidos por Polonia por lo que respecta a la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales siguen siendo buenos y se han adoptado medidas para reforzar la capacidad administrativa en esos ámbitos. Los debates legislativos sobre las contrataciones públicas han avanzado considerablemente y se observan ciertos progresos en cuanto a la libre circulación de personas, pero hay que insistir más en la integración estable de Polonia en el mercado interior.

La aplicación de la legislación actual en el ámbito de las telecomunicaciones se ha hecho de manera progresiva. La armonización de los tipos de fiscalidad indirecta ha progresado limitadamente y conviene proseguir los esfuerzos para que se instauren los sistemas necesarios para hacer posible el intercambio de datos informatizados entre la CE y Polonia.

Por lo que respecta a la UEM, no se ha avanzado nada en el plano legislativo para reforzar la independencia del Banco Nacional.

Se observan algunos progresos en lo que atañe a la política industrial. Se han tomado las medidas necesarias para resolver las cuestiones pendientes en el sector siderúrgico, medidas que habrá que proseguir con firmeza.

En el sector de la agricultura sigue sin haber una estrategia coherente y se esperan con impaciencia los cambios profundos necesarios en el plano de la política, la legislación y las estructuras, tanto para el sector agrícola como para el de la pesca. En ambos se observan algunos progresos por lo que se refiere a la legislación primaria, especialmente en asuntos de veterinaria para la agricultura. Las capacidades administrativas siguen siendo insuficientes en materia de pesca y, sobre todo, de agricultura, especialmente por lo que se refiere al sistema integrado de gestión y de control (SIGC) y la inspección en las fronteras en los ámbitos veterinario y fitosanitario.

En el sector del medio ambiente se han hecho grandes progresos en cuanto a adopción de la legislación. También se registran progresos en los sectores de la energía y, en particular, en el de los transportes. En estos tres sectores queda todavía una labor enorme por hacer para reforzar las capacidades administrativas, especialmente por lo que se refiere al medio ambiente, sector en el que las estructuras regionales y nacionales requieren un esfuerzo.

Ha evolucionado poco la política regional. En el ámbito social los progresos se refiere sobre todo a la legislación en materia de salud pública, mientras que la aplicación sigue siendo preocupante, sobre todo por lo que respecta a la salud y la seguridad en el trabajo. Hay que redoblar los esfuerzos al respecto, especialmente para reforzar las inspecciones del trabajo. Siguen registrándose progresos en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, particularmente por lo que se refiere a la guardia de fronteras y la gestión de las mismas, ámbito en el que se están aplicando las orientaciones estratégicas para las aduanas que se habían adoptado anteriormente. Se ha procurado mejorar la situación a nivel de los órganos encargados de hacer aplicar la ley que se ocupan de la lucha contra la delincuencia organizada, en particular los servicios de policía deben intensificar esos esfuerzos. También hay que trabajar más en el ámbito de las aduanas para armonizarlo con el acervo y conseguir una capacidad de ejecución eficaz. Las tareas legislativas han progresado sensiblemente en cuanto al control interno de las finanzas públicas y, actualmente, el reto consiste en establecer los mecanismos de control necesarios.

Polonia ha progresado también en la armonización de su legislación, sobre todo la derivada. Como ya se mencionaba anteriormente, conviene también adaptar y reforzar las estructuras necesarias con vistas a la adhesión. En varios sectores van con retraso las capacidades administrativas y hay que insistir más en crear las capacidades administrativas necesarias para una gestión sólida, eficaz y controlable de los fondos comunitarios.

Esta distancia entre los progresos realizados en la adopción de la legislación y el refuerzo de las capacidades administrativas se observa también en el trato que se otorga a las prioridades a corto plazo de la Asociación para la adhesión. Se han realizado también progresos por lo que respecta a los elementos que giran en torno al acervo pero hay que esforzarse aún más por establecer o reforzar las capacidades administrativas en general, especialmente por lo que se refiere a la certificación, la agricultura, la pesca y la política regional, el ámbito social, las aduanas y la justicia y asuntos de interior.

La situación empieza a evolucionar por lo que respecta a las prioridades a medio plazo. Los progresos son variados: los más notables se observan en el ámbito de los elementos legislativos de las prioridades y constituirán la base para el desarrollo de las capacidades administrativas necesarias para garantizar a la aplicación. Hay que intensificar la intervención iniciada al respecto.

Rumania

En el dictamen emitido en 1977, la Comisión concluía que Rumania reunía los criterios políticos. Desde ese momento, se han realizado progresos considerables, reforzando y consolidando aún más la estabilidad de sus instituciones con el fin de garantizar la democracia, el imperio de la ley, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías. Durante el año recién transcurrido se han registrado más acontecimientos positivos y Rumania continúa cumpliendo los criterios políticos de Copenhague.

Han mejorado considerablemente la eficacia del poder legislativo y también el funcionamiento general de la administración. Se ha proseguido la reforma de los procedimientos judiciales y la satisfactoria aplicación de la nueva legislación sobre contrataciones públicas, llamada a desempeñar un papel importante en la lucha contra la corrupción, que sigue siendo un problema aún grave. Plantea inquietudes particulares la ausencia de progresos en la aplicación de la reforma estratégica de la administración pública y la necesidad de garantizar mejor la independencia del poder judicial.

Se han hecho progresos importantes en el ámbito de los derechos humanos. La reforma del sistema de ayuda a la infancia va por buen camino; será despenalizado la homosexualidad; se han adoptado nuevas disposiciones legislativas importantes por lo que respecta a la restitución de los bienes y el trato que se da a los demandantes de asilo y los refugiados. La introducción de la suspensión de la ejecución de la pena representa una reforma importante del sistema penal, y se han adoptado varias iniciativas para hacer frente al tráfico de seres humanos. Las reformas que se emprendan posteriormente deberán tender a modernizar el código penal, incrementar la responsabilidad de los agentes de la policía ante la sociedad y garantizar la proporcionalidad de sus acciones. Deben proseguirse los esfuerzos iniciados para mejorar las condiciones de vida real dentro de las instituciones de protección de la infancia.

Se ha aprobado una nueva legislación que amplía el uso de las lenguas minoritarias y una estrategia nacional para mejorar la situación de los romaníes. Ahora hay que combatir realmente la discriminación generalizada y mejorar las condiciones de vida.

Rumania ha llevado a la práctica las prioridades a corto plazo de la Asociación para la adhesión relativas a los criterios políticos mejorando la situación de los niños acogidos en instituciones, haciendo avanzar la reforma de la política de protección de la infancia, elaborando una estrategia nacional para los romaníes y adoptando medidas para apoyar los programas en favor de las minorías. Por lo que respecta a las prioridades a medio plazo, se ha avanzado en cuanto a la protección de la infancia y se han tomado iniciativas para mejorar el acceso de los romaníes a la educación. Pero faltan por adoptar importantes medidas: la estrategia en favor de los romaníes todavía no se está aplicando; la legislación contra las discriminaciones se ha adoptado, es cierto, pero sigue sin ser operativa y todavía no se ha iniciado la desmilitarización de la policía.

Rumania ha progresado en la instauración de una economía de mercado en funcionamiento y, si bien es verdad que no sería capaz de resistir a medio plazo las presiones competitivas y las fuerzas del mercado dentro de la Unión, sí es cierto que ha tomado medidas que van a permitirle desarrollar sus capacidades futuras siempre que no se salga de la vía de las reformas económicas ya iniciadas.

Rumania ha progresado en la estabilización macroeconómica: ha aumentado de nuevo el crecimiento y también las exportaciones. El Gobierno es muy consciente de la necesidad de realizar el programa establecido con el FMI y el programa económico de preadhesión. Se han vuelto a poner en marcha las reformas estructurales; las más importantes son las que se refieren a la privatización y los ajustes de los precios de la energía. Las recientes privatizaciones demuestran el compromiso recientemente adquirido por Rumania de establecer una economía de mercado en funcionamiento.

No obstante, subsisten graves desequilibrios económicos vinculados a una fuerte inflación y un aumento del déficit por cuenta corriente, en un entorno social, por añadidura, difícil. El desarrollo del sector privado está en peligro debido a la fragilidad del entorno macroeconómico, las incertidumbres del marco jurídico y la escasez de capacidades administrativas. Todavía hay importantes elementos del sector de las empresas por reestructurar o en las primeras fases del proceso. La magnitud de las reformas que todavía debe realizar Rumania es enorme y las autoridades deben dar prioridad a la estabilización macroeconómica, que pasa por la lucha contra la inflación y acabar con el deterioro de la cuenta exterior. La aplicación integral del programa elaborado con el FMI, para tratar de invertir las causas de la inflación, permitiría que la política monetaria y la política de cambio se deslizaran gradualmente hacia una reducción de la inflación. Hay que controlar la disciplina financiera de las empresas poniendo fin a la acumulación de los atrasos entre empresas y la concesión de ayudas estatales a las empresas que no están muy boyantes. Suprimir la carga que para el presupuesto suponen esas prácticas permitiría coordinar mejor la política presupuestaria y la política monetaria. Otra prioridad es acompañar la reestructuración y la privatización de las empresas estableciendo los fundamentos jurídicos e institucionales sanos que exige una economía de mercado en funcionamiento.

Rumania ha proseguido sus progresos en la adopción del acervo. De todas formas, los progresos realizados en la transposición de las disposiciones jurídicas no siempre corresponden a mejoras a nivel de las capacidades administrativas.

Los progresos realizados en lo que respecta a la legislación relativa al mercado interior son escasos. Salvo la adopción de la nueva legislación sobre las contrataciones públicas se ha avanzado poco por lo que respecta a la libre circulación de mercancías y todavía no se ha adoptado la legislación marco relativa al nuevo enfoque y el enfoque global. Hay que reforzar las infraestructuras administrativas en materia de normalización, certificación y vigilancia del mercado. En cuanto a la libre circulación de personas se han hecho escasos progresos en la armonización con el acervo y, aunque se ha progresado en cuanto a vigilancia de los seguros y de las actividades bancarias, se observan pocos progresos por lo que se refiere a los mercados de valores mobiliarios. Sigue siendo inadecuada la legislación sobre protección de datos personales y, si bien es cierto que hay que felicitarse por la nueva legislación de Rumania sobre blanqueo de capitales, queda todavía por aplicar un sistema amplio de control de cambios y otras restricciones a los movimientos de capitales. Hay que mejorar la vigilancia de los mercados financieros. Se han hecho avances suplementarios en la armonización con el acervo del derecho de sociedades y la política de competencia, sectores en los que Rumania ya había alcanzado un grado elevado de transposición. Pero hay que desarrollar aún más la vigilancia del respeto de los derechos de propiedad intelectual y también las capacidades de aplicación de las normas relativas a las ayudas estatales y a las prácticas concertadas entre empresas.

En el ámbito de la fiscalidad, Rumania ha realizado algunos progresos, particularmente en lo referente a los impuestos especiales, pero debe avanzar más en la armonización por lo que se refiere al IVA y le queda mucho por hacer para modernizar la administración fiscal, entre otras cosas para poder intercambiar datos electrónicos con la Comunidad y los Estados miembros. Hay que congratularse de que Rumania haya adoptado un documento sobre la estrategia industrial pero, aunque la privatización ha hecho algunos progresos, hay que insistir considerablemente. Ha avanzado bastante la promoción del sector de las PYME y se han adoptado toda una serie de medidas para mejorar el entorno de las empresas.

Aunque ha progresado bastante en la armonización por lo que respecta a determinados aspectos del acervo en la agricultura, apenas se ha iniciado la reestructuración del sector. Las capacidades administrativas generales del Ministerio de Agricultura siguen siendo escasas y Rumania debe todavía desarrollar medios para poder aplicar los mecanismos de gestión de la política agrícola común. También hay que elevar el nivel de las medidas de inspección en las cuestiones veterinarias y fitosanitarias. La ley de pesca, recientemente adoptada, establece el marco legislativo de Rumania en conformidad con el acervo pero hay que insistir más en reforzar las capacidades administrativas.

Rumania ha seguido progresando satisfactoriamente en la armonización de su legislación sobre transportes, pero los progresos registrados son limitados debido a la incoherencia de las políticas del sector energético. En el de las telecomunicaciones, si bien los progresos realizados son restringidos en cuanto a la transposición, las tareas preliminares que se han hecho son considerables, lo que debería permitir la realización de las reformas futuras. Rumania ha progresado en la armonización con el acervo en el ámbito del medio ambiente, pero no dispone de las capacidades administrativas necesarias para poner realmente en vigor la legislación recientemente adoptada. Tampoco se dispone de los recursos suficientes para el sector. Se ha progresado en el ajuste con el acervo por lo que respecta a determinados aspectos sobre la protección de los consumidores pero se debe velar por que las disposiciones se aplique el realmente. En cambio no ha progresado más que escasamente en el sector audiovisual.

La política social constituye una prioridad para el Gobierno y, aunque se han hecho progresos, el ajuste con el acervo debe proseguirse y hay que aportar mejoras en las capacidades administrativas (especialmente en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo y el refuerzo de las inspecciones laborales). Se han realizado algunos progresos en cuanto a política regional durante el periodo que abarca el informe, esencialmente en la mejora de los mecanismos institucionales. De todas formas, las nuevas estructuras siguen siendo frágiles y habrá que realizar todavía una labor considerable en materia de programación, seguimiento y evaluación y también desarrollo de las capacidades para gestionar y controlar los fondos públicos.

Por lo que se refiere a la justicia y asuntos de interior se ha progresado considerablemente en la política de visados, el control de fronteras y la inmigración pero quedan por adoptar disposiciones legislativas en determinados ámbitos importantes, tales como la protección de datos, y mejorar aún más las capacidades e infraestructuras de gestión de las fronteras.

Rumania recurre cada vez con mayor frecuencia a políticas comerciales que son incompatibles con sus obligaciones internacionales y que representan un retroceso respecto al acervo. Al mismo tiempo, el buen hacer del que dio pruebas cuando asumió la presidencia de la OSCE demuestra que tiene la capacidad suficiente para asumir sus responsabilidades desempeñando un papel activo en las relaciones exteriores. Ha seguido avanzando en la armonización con el acervo aduanero pero todavía tiene que mejorar las capacidades operativas del servicio aduanero e intensificar sus esfuerzos para establecer sistemas que le permitan el intercambio de datos informáticos con la Comunidad.

A pesar de algunos cambios positivos, de las autoridades rumanas todavía no han conseguido elaborar un marco de acción global para ejercer el control interno de las finanzas públicas. Deben, por tanto, esforzarse aún más para consolidar las capacidades administrativas al respecto. Se han hecho algunos progresos en la reforma de los procedimientos presupuestarios, que hay que avanzar en materia de presupuesto nacional y de recursos propios.

La capacidad general de la administración pública para hacer efectivo el acervo sigue siendo limitada y constituye un obstáculo considerable para los preparativos de adhesión de Rumania. Algunas partes de la administración ya están en condiciones de trabajar con eficacia pero otras tienen algunos fallos que suscitan vivas inquietudes. Además, no es sólo la adopción del acervo lo que está en tela de juicio sino también la gestión de los fondos comunitarios. El Gobierno empieza a tratar de solucionar el problema pero no se observa ningún progreso apreciable en el desarrollo de las capacidades administrativas.

En cuanto a satisfacer las prioridades a corto plazo de la Asociación para la adhesión, Rumania ha hecho lo necesario en materia de transportes. Por el contrario, si bien ha progresado en los ámbitos de la fiscalidad, la justicia y los asuntos de interior, no ha realizado plenamente ninguna de las prioridades relativas a estos ámbitos. Ha conseguido progresos modestos en el cumplimiento de las prioridades relativas al mercado interior, la agricultura, el medio ambiente, el empleo y los asuntos sociales así como el fortalecimiento de las capacidades administrativas y judiciales. Ha empezado a ocuparse de determinadas prioridades a medio plazo de la Asociación para la adhesión. En el ámbito de los transportes y la pesca ya casi ha cumplido las prioridades a medio plazo. Por el contrario, no ha hecho ningún progreso importante por lo que respecta a la agricultura, el medio ambiente y el empleo.

Eslovaquia

En su Informe Periódico de 1999, la Comisión había concluido que Eslovaquia cumplía los criterios políticos. Desde entonces, el país ha realizado progresos considerables consolidando aún más y reforzando la estabilidad de sus instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías. Durante el año pasado se han hecho nuevos esfuerzos en esa dirección y Eslovaquia sigue cumpliendo los criterios políticos de Copenhague.

Se han realizado progresos considerables en la organización y funcionamiento de la administración. Se ha adoptado el marco jurídico que permite la descentralización, así como la ley de la función pública. Ahora es preciso que esa legislación se aplique en la debida forma para que la administración pública pueda desempeñar oportunamente el papel primordial que le corresponde en una democracia eficaz, fundada en el Estado de Derecho y apta para facilitar el proceso de adhesión.

Se han adoptado medidas importantes para reforzar la independencia del poder judicial. Con la modificación de la Constitución se suprimió, especialmente, el periodo de prueba de cuatro años para los jueces y se pudo crear un Consejo Judicial. Esta modificación debe ahora hacerse efectiva por medio de textos legislativos y, en la práctica, debe garantizar la imparcialidad profesional y la neutralidad política del poder judicial.

Hay que señalar progresos en el ámbito de la lucha contra la corrupción, especialmente la aplicación de la política gubernamental por medio de acciones concretas y la transposición de las obligaciones internacionales. Pero la corrupción sigue siendo un problema preocupante. Para seguir mejorando la lucha en este aspecto, Eslovaquia debería proseguir activamente la aplicación de los planes de acción, aplicar de manera estricta la legislación existente, acabar de poner en vigor la legislación prevista y reforzar las capacidades administrativas y la coordinación entre los organismos de que se trate.

La reforma de la Constitución también ha hecho posible reforzar la estructura institucional de Eslovaquia en el ámbito de los derechos humanos, pero hay que prestar especial atención al comportamiento de la policía, sobre todo respecto a cierto número de casos de violencias de la policía que se han señalado.

Se han hecho esfuerzos considerables durante el periodo de referencia para seguir elaborando y poniendo en práctica enfoques tendentes a proteger los derechos de las minorías, especialmente aplicando estrategias gubernamentales adaptadas. Se han aplicado medidas oportunas para mejorar la utilización y la protección de las lenguas minoritarias. La aplicación de la estrategia del Gobierno por lo que se refiere a los romaníes, adoptada en 1999 y 2000, debería progresar aún más y habría que establecer los recursos financieros adecuados en el plano tanto nacional como local. En este contexto, es importante intensificar los esfuerzos para luchar contra la discriminación, que sigue siendo generalizada.

Se han respetado las prioridades a corto plazo fijadas en la Asociación para la adhesión de 1999 respecto a la modernización y la descentralización de la administración pública. Se han tomado importantes medidas para reforzar la independencia del poder judicial, lo que constituía también una prioridad a corto plazo. A pesar de otros progresos, no ha sido muy apreciable la mejora de la situación de la minoría romaní, que también era una prioridad a corto plazo. Tampoco ha evolucionado mucho la situación referente a las prioridades a medio plazo en materia de criterios políticos señaladas en la Asociación para la adhesión de 1999, en las que se pedía que se siguiera estableciendo legislación sobre las lenguas minoritarias y reforzando las políticas y los medios presupuestarios dedicados a la minoría romaní.

Eslovaquia es una economía de mercado en funcionamiento. Siempre que haga importantes esfuerzos suplementarios para consolidar el presupuesto a medio plazo y también elaborar y poner en vigor integralmente el programa de reforma estructural, debería estar en condiciones de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión en un futuro próximo.

Globalmente, Eslovaquia ha mantenido su estabilidad macroeconómica. Ha seguido progresando a buen ritmo la privatización bancaria que, actualmente, toca a su fin. También se han hecho progresos en materia de reestructuración y de privatización de las últimas empresas de propiedad estatal en los sectores de los servicios de utilidad pública y de los transportes. Ha avanzado bastante el establecimiento de un marco propicio al desarrollo del sector privado.

Sin embargo, el aumento considerable del déficit por cuenta corriente exigirá mayor prudencia en materia de política presupuestaria. El desempleo es elevado y sigue aumentando. Quedan todavía por mejorar y aplicar eficazmente determinados elementos del marco jurídico institucional relativos al desarrollo de las empresas. También hay que reforzar de nuevo la vigilancia del sector financiero y adoptar medidas para garantizar la viabilidad a medio plazo de las finanzas públicas. Las autoridades deben respetar sus objetivos presupuestarios reformando las finanzas públicas a medio plazo, especialmente en el ámbito de la salud, las pensiones y las ayudas. Habrá que reforzar la estabilidad macroeconómica manteniendo una dosificación prudente de las políticas fiscales y monetarias. Si se prosigue la privatización, el desarrollo del marco administrativo y jurídico y las reformas del sector financiero se podrán crear condiciones propicias para el futuro desarrollo del sector privado. El crecimiento del empleo requerirá reformas fundamentales en el mercado laboral.

Eslovaquia ha seguido progresando de manera satisfactoria en la armonización de su legislación con el acervo. Pero, como ocurrió el año pasado, los avances no han sido parejos en todos los capítulos. Se han realizado progresos considerables en ámbitos como la circulación de las mercancías, el derecho de sociedades, los asuntos sociales y el empleo, así como la unión aduanera. Existen en cambio deficiencias estructurales en cierto número de sectores, por ejemplo, la agricultura y la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales. Además, aunque se han hecho progresos reforzando las capacidades administrativas, Eslovaquia debe esforzarse más al respecto en todos los sectores.

Por lo que se refiere a la legislación relativa al mercado interior, se han registrado nuevos progresos, sobre todo en los ámbitos de la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios. El sector de la libre circulación de personas no ha seguido registrando más que progresos limitados y, en cuanto al derecho de sociedades, se ha progresado en todos los aspectos con excepción de las marcas, sobre todo con la prosecución de la armonización de la legislación sobre las directivas relativas al derecho de sociedades y la adopción de una nueva ley de patentes. Hay que proseguir el reforzamiento adecuado de los órganos administrativos y judiciales correspondientes a todos los aspectos de los derechos de propiedad intelectual e industrial. En el ámbito de la competencia el marco legislativo eslovaco se ha armonizado ampliamente con el acervo gracias a la modificación de la ley sobre ayudas estatales. La puesta en vigor de la legislación relativa a las ayudas estatales sigue siendo relativamente aproximativa y opaca, al contrario que la de la legislación relativa a la lucha contra los monopolios. Las capacidades administrativas en el ámbito del mercado interior tienen que reforzarse, especialmente por lo que se refiere a la vigilancia de los servicios financieros.

En el ámbito de la agricultura han sido limitadas las medidas globales de armonización y de aplicación, salvo en lo que se refiere a las cuestiones veterinarias, en las que se han hecho progresos significativos. Eslovaquia debe redoblar sus esfuerzos para establecer un sistema integrado de gestión y de control, acelerar la adopción de reglamentos específicos sobre organización de los mercados y armonización de la legislación en el sector fitosanitario y reforzar las capacidades administrativas, especialmente los puestos de inspección en las fronteras.

Se ha proseguido con la armonización legislativa en el ámbito de los transportes, especialmente los terrestres pero se requieren esfuerzos considerables en el conjunto de los sectores, tanto por lo que se refiere a la armonización como al desarrollo de las capacidades, sobre todo para acabar de establecer las estructuras necesarias.

Por lo que se refiere a la fiscalidad directa e indirecta, la armonización de la legislación ha progresado escasamente y hay que hacer esfuerzos suplementarios para ajustar los tipos de IVA y de impuestos especiales. Se ha seguido la reforma de la administración fiscal y ahora hay que aplicar activamente medidas de modernización. También hay que desarrollar sistemas informáticos de información fiscal que permitan el intercambio de datos electrónicos con la CE y sus Estados miembros.

Se han tomado nuevas medidas positivas en el ámbito de la energía, con la decisión de abrir ampliamente el mercado interior de la electricidad y el comienzo de la privatización de las principales empresas del sector. Respecto a la energía nuclear, Eslovaquia debería respetar sus compromisos de desmantelamiento y continuar garantizando la aplicación de normas estrictas de seguridad nuclear. En cuanto a la política industrial se ha mantenido el ritmo de las reformas prosiguiendo las privatizaciones, especialmente en el sector bancario, y las reestructuraciones de empresas. La legislación eslovaca ya está en gran medida armonizada con el acervo en el ámbito de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, salvo para los servicios postales. Ahora hay que prestar atención a la aplicación efectiva de la legislación y al reforzamiento de las capacidades administrativas. La armonización legislativa se ha continuado en lo que se refiere a la protección de los consumidores, sobre todo en las cuestiones no vinculadas a la seguridad. No debe cejar en su empeño de establecer una coordinación adecuada y reforzar los órganos competentes en cuanto a vigilancia de los mercados.

En el ámbito de los asuntos sociales y del empleo se han realizado progresos considerables, especialmente al proseguirse la armonización de la legislación con el acervo relativo al derecho del trabajo y la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Ahora hay que preocuparse de la aplicación, haciendo hincapié en la de la legislación relativa a la salud y la seguridad en el trabajo.

Los progresos conseguidos en el ámbito de la política regional y de la coordinación de los instrumentos estructurales son limitados y la escasez de personal cualificado en los ministerios y órganos competentes sigue siendo motivo de preocupación.

En el ámbito del medio ambiente la armonización de la legislación ha progresado bien salvo en lo que se refiere a la calidad del agua, la protección de la naturaleza así como la contaminación industrial y la gestión de los riesgos, pero todavía se espera realizar un trabajo considerable. Las medidas de reforzamiento de las capacidades administrativas deben aplicarse de forma activa.

Por lo que respecta a la cooperación en materia de justicia y asuntos de interior, se han registrado nuevos progresos en cuanto a la armonización y reforzamiento de las capacidades administrativas, especialmente en el control de las fronteras exteriores gracias, entre otras cosas, a la adopción de un plan de aplicación del acervo Schengen, y también en el ámbito de los visados y la cooperación policial. Hay que hacer todavía progresos considerables en todos los sectores pertinentes y se espera que se hagan considerables esfuerzos para reforzar las capacidades administrativas.

Se ha avanzado considerablemente en materia de unión aduanera, con la entrada en vigor de la nueva ley de aduanas y de la ley sobre los órganos administrativos centrales en el ámbito de las aduanas. Habrá que crear sistemas informáticos que permitan el intercambio de datos informatizados entre la CE y Eslovaquia. Hay que señalar progresos significativos en el ámbito del control financiero: ya es aplicable el marco legislativo de base para el control interno de las finanzas públicas y las auditorías externas y ahora habrá que hacer hincapié en el control de los gastos estructurales y la protección de los intereses financieros de la CE.

En cuanto a las capacidades administrativas, si bien se han realizado progresos satisfactorios al consolidarse cierto número de ámbitos, el resultado global sigue siendo limitado. Ha habido progresos considerables en cuanto a la libre circulación de capitales y la unión aduanera pero escasos progresos en el ámbito de la agricultura, la política de transportes, la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales así como la cooperación en materia de justicia y asuntos de interior. Por lo que se refiere a Eslovaquia, deberá redoblar sus esfuerzos, en particular por lo que se refiere al derecho de sociedades, la política de competencia y los asuntos sociales y el empleo. Tiene que mantenerse firme la dinámica iniciada para reforzar las capacidades administrativas en los ámbitos de la fiscalidad, la energía y el medio ambiente y habrá que reforzar considerablemente las instituciones y mecanismos vinculados a la gestión eficaz y transparente de los fondos comunitarios.

La decisión adoptada por el Gobierno de incrementar en alrededor de 1200 unidades de ahora a 2002 la plantilla de agentes dedicados a trabajar en el expediente de la integración de Eslovaquia en la UE ha sido favorablemente acogida como una medida necesaria para reforzar las capacidades administrativas que, globalmente, siguen siendo débiles.

Las prioridades a corto plazo identificadas en la Asociación para la Adhesión de 1999 se están respetando en gran medida por lo que se refiere al mercado interior y los asuntos sociales y el empleo, pero tan sólo parcialmente en el campo de la energía y de la cooperación en materia de justicia y asuntos de interior, y de manera limitada en la agricultura y el medio ambiente. Se han respetado parcialmente todas las prioridades a medio plazo con excepción de las definidas en la política de transportes, la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales y el medio ambiente, que se respetan muy poco.

Eslovenia

En su Dictamen de 1997, la Comisión concluía que Eslovenia cumplía los criterios políticos. Desde entonces el país ha progresado considerablemente en el proceso de reforzamiento y profundización de la estabilidad de sus instituciones que garantizan la democracia, la primacía del Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías. Se han realizado nuevos esfuerzos al respecto durante el año transcurrido, y Eslovenia continúa cumpliendo los criterios políticos de Copenhague.

Eslovenia ha progresado bien en el ámbito de la reforma judicial gracias a la adopción de nuevas disposiciones legislativas y la aplicación de medidas ya introducidas en parte el año pasado para acabar con el atraso en el ámbito judicial, y que resultaron eficaces, puesto que el número de asuntos pendientes ha disminuido de manera apreciable.

Desde el año pasado ha progresado la reforma global de la administración pública, pero siguen sin ser adoptadas la ley de la función pública y la ley sobre los organismos públicos que, ambas, constituyen un capítulo importante de la legislación marco en la que debe inscribirse la reforma de la función pública, adoptando el principio de la independencia de la función publica y fijando el estatuto de los organismos públicos. Hay que proseguir la labor en este ámbito.

También hay que prestar atención al comportamiento de los servicios de policía, sobre todo por lo que respecta a cierto número de casos de supuestos malos tratos.

En la Asociación para la Adhesión de 1999 se definía la aceleración de la reforma de la función pública como una prioridad a corto plazo, que se puede considerar respetada. De todas formas, la adopción de disposiciones legislativas relativas a los organismos públicos, inscrita como prioridad a medio plazo, todavía no se ha realizado. Eslovenia ha progresado bien en la mejora de funcionamiento del sistema judicial, que era una prioridad a medio plazo. Otra prioridad a medio plazo, la intervención para resolver los problemas fronterizos todavía pendientes con Croacia, ya está actualmente cumplida.

Eslovenia cuenta con una economía de mercado en funcionamiento. Siempre que aplique las reformas todavía necesarias para incrementar la competencia en los mercados interiores, debería estar en condiciones de hacer frente en un futuro próximo a las presiones de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la Unión.

La evolución macroeconómica sigue siendo, en general, positiva lo que se traduce por un crecimiento vigoroso del PIB, una tasa de desempleo reducida y una disminución del déficit por cuenta corriente. Se van levantando progresivamente las restricciones que persisten para la circulación de capitales a medida que se aplica la política de tipos de cambio regulados.

Sin embargo, la persistente inflación, combinada con la práctica generalizada de ajustar los precios a la variación del coste de vida en la economía eslovena y de utilizar la política monetaria, sigue siendo una fuente de preocupación. Los mercados laborales son demasiado rígidos, y el funcionamiento de los mercados podría mejorarse disminuyendo la influencia del Estado en determinados sectores económicos. Las autoridades deberían actualmente tratar de poner en marcha las anunciadas privatización y reformas estructurales en varios sectores clave como la banca y los seguros, con el fin de atraer más inversores extranjeros y mejorar la base microeconómica necesaria para mantener a medio plazo el rumbo hacia el crecimiento. Estas medidas estructurales harán que Eslovenia pueda recurrir menos a la política monetaria y dar preferencia a la estabilidad de precios en lugar de defender la competitividad en los mercados exteriores. La reforma que se lleva a cabo actualmente del sector financiero permitirá también consolidar las condiciones generales en las que debe llevarse a la práctica la liberalización de los movimientos de capital.

Desde el último Informe Periódico, Eslovenia ha progresado bastante, globalmente, en el proceso de transposición y de aplicación del acervo: ha avanzado considerablemente en cuanto al derecho de sociedades, la agricultura, los transportes, la energía, la cultura, los medios audiovisuales y las telecomunicaciones. En cambio sólo se han conseguido progresos limitados en otros ámbitos, como la política regional, la libre circulación de personas, la política social y el empleo así como la protección de los consumidores y de la salud. Se ha seguido reforzando la capacidad administrativa, sobre todo en los ámbitos de la libre circulación de mercancías, telecomunicaciones, cultura, audiovisual y control financiero interno.

Del mismo modo, se ha progresado bastante desde el último Informe Periódico en la adopción y la aplicación de las disposiciones legislativas en los ámbitos clave del acervo "mercado interior". Se han logrado mejoras considerables en el plano legislativo, sobre todo del derecho de sociedades y el marco legislativo está prácticamente establecido. De ahora en adelante, Eslovenia debería afanarse por establecer de manera adecuada las nuevas disposiciones relativas a la propiedad intelectual e industrial. También se han conseguido logros considerables completando el marco legislativo en el ámbito de la libre circulación de mercancías y, en adelante, hay que prestar atención al reforzamiento del dispositivo institucional, especialmente del Instituto de Normalización, de reciente creación, así como de los sistemas de vigilancia del mercado. Durante el periodo que abarca el Informe, Eslovenia ha progresado considerablemente en la eliminación de las restricciones a la libre circulación de capitales, pero ese proceso debe completarse ahora con arreglo al calendario fijado por el Gobierno. También se han hecho progresos en el ámbito de la libre prestación de servicios, con el proceso de armonización ya muy adelantado. Las instituciones encargadas de la vigilancia en este ámbito deberían reforzarse aún más. En cuanto a la política de competencia, aunque no ha habido grandes cambios, los preparativos están ya muy avanzados y Eslovenia debería esforzarse actualmente por aplicar de manera efectiva las disposiciones legislativas al respecto. Desde la publicación del último Informe Periódico, Eslovenia ha progresado poco respecto a la libre circulación de personas y debería acelerar el proceso de armonización, sobre todo en lo que se refiere al reconocimiento mutuo de las calificaciones profesionales y los derechos de los ciudadanos.

En lo que atañe a la fiscalidad, Eslovenia ha seguido progresando de manera regular y ya puede asumir sus compromisos referentes a la transformación de las tiendas libres de impuestos. Es importante que desarrolle sistemas informáticos que le permitan intercambiar datos electrónicos con la Comunidad y sus Estados miembros.

En la agricultura se han hecho progresos importantes, sobre todo gracias a la adopción de nueva legislación sobre servicios veterinarios, protección fitosanitaria y protección de los vegetales y, de ahora en adelante, debería reforzarse la capacidad administrativa, completarse los mecanismos de gestión de la PAC y crearse los servicios de inspección adecuados para cuestiones fitosanitarias y veterinarias.

Eslovenia ha progresado considerablemente en la armonización legislativa por lo que se refiere a los transportes, con la adopción de leyes clave sobre transportes aéreos, marítimos y por carretera. También ha seguido progresando en los preparativos para la adhesión en materia de energía, sobre todo al abrir su mercado interior de la electricidad.

En cuanto a la política regional, Eslovenia ha progresado poco en sus preparativos para la adhesión desde el último Informe Periódico. Se debería dar prioridad a acelerar los preparativos para la aplicación de los fondos estructurales. Tampoco se ha avanzado casi en el ámbito del empleo y de los asuntos sociales, pues se ha retrasado de nuevo la adopción de la ley sobre las relaciones laborales.

Ya es muy elevado el nivel de armonización en el ámbito del medio ambiente y ahora se trata de adoptar las disposiciones legislativas clave que faltan por adoptar en los ámbitos de la calidad del agua, los organismos genéticamente modificados y la radioprotección. En cambio, por lo que se refiere a la protección de los consumidores, Eslovenia ha hecho escasos progresos durante el periodo considerado y es necesario hacer importantes esfuerzos, especialmente en el ámbito de las medidas no directamente vinculadas a la seguridad. Eslovenia ha superado una etapa importante en la conclusión de su armonización legislativa y la aplicación del acervo en los sectores de las telecomunicaciones, la cultura y los medios audiovisuales al adoptar disposiciones clave y establecer el Organismo de telecomunicaciones y radio y teledifusión.

Se han hecho algunos progresos en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, sobre todo gracias a la adopción del plan de acción Schengen y al incremento de las plantillas de personal encargado de examinar las solicitudes de asilo. Hay que seguir procurando mejorar la capacidad y los servicios de control en las fronteras, crear las infraestructuras adecuadas para acoger a los solicitantes de asilo en lugares que no sean el centro de detención de los inmigrantes clandestinos y adoptar las disposiciones de aplicación que siguen pendientes.

Eslovenia ya ha alcanzado un grado de armonización en el ámbito de las aduanas y debería actualmente esforzarse por concluir el ajuste legislativo y reforzar su administración al hilo de la reforma en curso y, especialmente, desarrollar sus sistemas informáticos para hacer posible el intercambio electrónico de datos con la CE.

Se han logrado mejoras apreciables en el ámbito del control financiero externo con la adopción de la nueva ley sobre el Tribunal de Cuentas, y ya están muy avanzados los preparativos al respecto. Ahora habría que preocuparse del control interno de las finanzas públicas.

Se ha mejorado la capacidad administrativa para aplicar el acervo. Desde el último Informe Periódico se han realizado progresos significativos con la creación de las instituciones encargadas de la ejecución, el control y la reglamentación en materia de libre circulación de mercancías, telecomunicaciones, cultura y medios audiovisuales. Ya están creadas la mayoría de las instituciones necesarias para la puesta en práctica del acervo y, en adelante, hay que velar por dotarlas de recursos suficientes para que puedan desempeñar sus tareas. La capacidad administrativa deberá desarrollarse en el ámbito de la gestión de los fondos estructurales. Todavía falta por crear efectivamente un organismo de vigilancia independiente que supervise la protección de datos, y hacer esfuerzos complementarios para crear la capacidad administrativa necesaria y garantizar una gestión sana, eficaz y controlable de los fondos comunitarios.

Eslovenia ha llevado a efecto una gran parte de las prioridades a corto plazo inscritas en la Asociación para la adhesión por lo que se refiere a los criterios económicos, el mercado interior, la agricultura, los transportes, el medio ambiente, el empleo y los asuntos sociales, así como la justicia y asuntos de interior. En lo que se refiere al refuerzo de las capacidades administrativa y judicial ((incluidos la gestión y el control de los fondos comunitarios), las prioridades han sido respetadas parcialmente. Ahora tiene que concentrarse sobre todo en las prioridades a corto plazo restantes, en especial las vinculadas al control de los fondos comunitarios. Eslovenia también ha progresado bien en el cumplimiento de una serie de prioridades a medio plazo. Debería acelerar sus preparativos en el sector de la cohesión económica y social y garantizar la realización de las prioridades, sobre todo los criterios económicos, el mercado interior, la agricultura y también el empleo y los asuntos sociales.

Turquía

Las modificaciones de la Constitución adoptadas por el Parlamento turco el 3 de octubre de 2001 constituyen un progreso apreciable hacia la consolidación de las garantías en el ámbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales y hacía la limitación de la aplicación de la pena capital. Esas modificaciones reducen la gama de motivos que justifican la limitación de las libertades fundamentales, como la de expresión, de opinión, de prensa y de asociación. Ahora la atención se centra en la aplicación efectiva de esas modificaciones importantes. El Gobierno turco está ultimando un conjunto de nuevos proyectos legislativos tendentes a poner en vigor algunas de esas modificaciones de la Constitución, sobre todo por lo que se refiere a la libertad de expresión y la libertad de opinión, con lo que se podría progresar para satisfacer las prioridades de la Asociación para la adhesión.

A pesar de estos cambios, las libertades fundamentales siguen sujetas a una serie de restricciones. La mejora de la que van a beneficiarse realmente los ciudadanos en Turquía en el ejercicio de las libertades fundamentales va a depender de las modalidades de aplicación de la legislación y de su aplicación práctica. Resulta alentadora la introducción de un principio general de proporcionalidad y también el objetivo general de la reforma declarado, que pone en lugar preeminente el respeto de los derechos humanos y el principio del Estado de Derecho.

Se ha mantenido la moratoria sobre la pena de muerte, y el artículo 38 revisado de la Constitución limita esta pena a los crímenes de terrorismo y los crímenes cometidos en tiempo de guerra o en caso de amenaza inminente de guerra. La excepción relativa a los crímenes terroristas está en contradicción con el protocolo número 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que no autoriza ninguna reserva, aunque sí autoriza la prevista para los crímenes de guerra. Es preciso introducir modificaciones en el código penal para poner en vigor ese artículo revisado lo que permitirá apreciar si Turquía está en condiciones de firmar y ratificar el protocolo número 6 de la Convención antes citada.

Las reformas relativas a los derechos económicos, sociales y culturales contienen una serie de elementos positivos. Las disposiciones de los artículos 26 y 28, por las que se prohibe la utilización de lenguas no autorizadas por la ley, han quedado suprimidas. Esta modificación podría dar paso a la utilización de otras lenguas distintas del turco, cambio que se debe considerar como un elemento positivo. Las disposiciones y las prácticas restrictivas existentes, y así lo han admitido las autoridades turcas, deberán modificarse para poner en vigor esa reforma constitucional. No se ha registrado ninguna mejora en lo que se refiere a la facultad para todos los turcos, independientemente de su origen étnico, de disfrutar de todos sus derechos culturales.

Se han adoptado varias reformas penitenciarias importantes y se insta a Turquía a que vele por que se apliquen cabalmente. Es lamentable observar que se recurre excesivamente a la fuerza para poner fin a las protestas contra las condiciones de las cárceles y, desde el punto de vista humanitario, son inaceptables las numerosas muertes entre los que hacen huelga de hambre. Cualesquiera que sean los motivos políticos de las personas de que se trata, conviene esforzarse mucho más para evitar más muertes. Debería autorizarse un debate abierto sobre estas cuestiones.

Se ha iniciado la reforma del sistema judicial, pero sigue siendo fuente de preocupación la independencia del poder judicial, las competencias de los tribunales de seguridad del Estado y de los tribunales militares y el respeto de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Se han adoptado varias iniciativas para concienciar aún más a los representantes de la ley y al personal judicial en cuanto al respeto de los derechos humanos, aunque es demasiado pronto para evaluar su incidencia práctica.

A pesar de las múltiples iniciativas tendientes a fomentar la transparencia de la vida pública en Turquía, la corrupción sigue siendo un problema grave. La reciente firma de importantes convenios del Consejo de Europa relativas a la corrupción y al blanqueo de capitales representan un cambio positivo.

Hay que adoptar otras medidas para mejorar la situación económica en la región del sudeste, reducir las disparidades entre regiones y aumentar las posibilidades económicas, sociales y culturales que se ofrecen al conjunto de los ciudadanos. En cuatro provincias de esa parte del país sigue aplicándose el estado de excepción.

En Turquía se dan las características esenciales de un sistema democrático pero quedan por solucionar eficazmente varias cuestiones fundamentales como, por ejemplo, el control civil de los asuntos militares.

La situación en que vive la población de Turquía por lo que se refiere a los derechos humanos debe mejorarse, a pesar de ciertos cambios de orden constitucional, legislativo y administrativo.

A pesar de que se aprecian progresos en determinados ámbitos, Turquía no cumple todavía los criterios políticos de Copenhague. Hay pues que instar a sus autoridades a que intensifiquen y aceleren el proceso de reforma para que queden totalmente garantizados los derechos humanos y las libertades fundamentales, tanto desde el punto de vista jurídico como en la práctica, para todos los ciudadanos y en todo el territorio del país.

Debería utilizarse mejor el diálogo político reforzado para acelerar más los progresos sobre cuestiones clave que figuran como prioridades en la Asociación para la adhesión, por ejemplo, los derechos humanos, Chipre, y la solución pacífica de los conflictos fronterizos.

Considerando el apoyo dado por Ankara a la decisión del Sr. Denktash de abandonar las conversaciones de proximidad de las Naciones Unidas y declinar la invitación del Secretario General de las Naciones Unidas para participar en las discusiones de Nueva York, el apoyo que durante el diálogo político manifestó Turquía a los esfuerzos realizados por el Secretario General de las Naciones Unidas para encontrar una solución global a la cuestión chipriota debería traducirse en acciones concretas por parte de Turquía para facilitar una verdadera solución.

Turquía, que ha tenido que hacer frente a dos crisis financieras, no ha podido seguir progresando hacia la realización de una economía de mercado en funcionamiento pero hay sectores muy amplios de su economía que ya operan en el contexto competitivo del mercado comunitario en el marco de la unión aduanera.

Las dos crisis financieras interrumpieron la reactivación económica y dieron al traste con el programa de estabilización económica que se había iniciado. Se tambaleó la estabilidad macroeconómica y volvieron a aparecer muchos desequilibrios macroeconómicos. Turquía, entonces, adoptó y se empeñó en establecer un ambicioso programa de reforma económica que trata, de manera más eficaz que el anterior, de remediar los riesgos y debilidades del sector financiero nacional y de reducir la intervención del Gobierno en numerosos sectores de la economía, pues en esto consistían los problemas causantes de las crisis antes mencionadas.

Hay que dar prioridad a instaurar una estabilidad macroeconómica a corto plazo, basada en la lucha contra la inflación, pero las autoridades deben seguir también tratando de establecer una base sólida para un desarrollo económico centrado en el mercado y que sea viable a medio plazo. También deberán proceder a una reestructuración importante en diferentes sectores como la banca, la agricultura y las empresas públicas para garantizar a medio plazo la competitividad de la economía en conjunto. Deberán volver a definir sus prioridades presupuestarias a medio plazo para garantizar una financiación suficiente para la enseñanza, la salud, los servicios sociales y las infraestructuras públicas en el conjunto del país.

En los ámbitos que abarca la unión aduanera es donde está más avanzada la armonización con el acervo. Además se han adoptado importantes disposiciones legislativas para las actividades bancarias, sobre todo por lo que se refiere al Banco Central, y en sectores como las telecomunicaciones, la energía y la agricultura. Sin embargo, se dan casos en los que la legislación recientemente adoptada se aleja considerablemente del acervo (cosméticos, política audiovisual, política social). Subsisten importantes divergencias entre el acervo y la legislación turca. Se observan escasos progresos respecto al reforzamiento de la capacidad administrativa para la aplicación del acervo.

Por lo que respecta al mercado interior, se han adoptado varios actos legislativos, sobre todo normas, en materia de libre circulación de mercancías. Es particularmente significativa la adopción de un marco para la legislación técnica, pero hay que adoptar otras medidas en diferentes ámbitos. El régimen actualmente aplicable a las contrataciones públicas no se ajusta al acervo y no cabe señalar ninguna evolución en el ámbito de la libre circulación de personas. En el de la libre circulación de capitales subsisten importantes restricciones en materia de inversiones extranjeras para varios sectores. Se requieren todavía considerables esfuerzos para proseguir la armonización de la legislación en el ámbito de los servicios no financieros y habrá que prestar mayor atención a la aplicación de la legislación en el ámbito del blanqueo de capitales. En cuanto al derecho de sociedades no se ha progresado nada en la elaboración de un nuevo código mercantil. Se han adoptado importantes medidas para armonizar con el acervo la legislación sobre derechos de propiedad intelectual. Se han creado jurisdicciones especializadas que entenderán en cuestiones de propiedad intelectual, pero las capacidades de ejecución en este ámbito deberán reforzarse. En el de la política de competencia resulta satisfactoria la aplicación de las medidas de lucha contra las prácticas concertadas. Pero la legislación turca sobre ayudas estatales es incompatible con el acervo. A pesar de la nueva ley, sigue siendo preocupante la situación en lo relativo al monopolio del Estado sobre las bebidas alcohólicas y los productos del tabaco.

Turquía ha iniciado un amplio proceso de reforma del sector agrícola. Algunas características básicas de la nueva política turca de apoyo directo a los ingresos difieren actualmente del enfoque comunitario en la materia. Turquía no ha establecido determinados mecanismos de base tales como un catastro nacional. Debería concentrarse en la transposición, puesta en vigor y aplicación de la legislación comunitaria en materia veterinaria y fitosanitaria.

Por lo que se refiere a la pesca, no se ha hecho ningún progreso en la armonización con la política común de la pesca y es preciso modernizar el sistema de registro de matrícula de la flota.

En la política de transportes, Turquía debería intensificar las tareas legislativas necesarias para adoptar el correspondiente acervo comunitario. Conviene mejorar las capacidades administrativas para poner en vigor y aplicar eficazmente la legislación en todos los sectores.

En materia de fiscalidad se impone realizar progresos significativos, sobre todo en la armonización de los tipos de IVA.

En la mayoría de los ámbitos, la infraestructura estadística de Turquía difiere todavía considerablemente de la de la UE y no se observa ningún progreso concreto.

Se han adoptado medidas en el ámbito de los asuntos sociales y del empleo, pero no todas ellas conformes con el acervo. La nueva ley sobre el Consejo Económico y Social, por ejemplo, no crea las condiciones adecuadas para un verdadero diálogo social. La legislación turca sigue divergiendo del derecho comunitario. Por lo que se refiere a la energía se han realizado progresos importantes en los sectores de la electricidad y del gas. Las dos principales leyes adoptadas este año representan etapas importantes en la preparación de Turquía para el mercado interior de la energía.

En el sector de las telecomunicaciones el nuevo marco reglamentario tiene que ajustarse al acervo, sobre todo en lo relativo a los servicios universales y la protección de los datos.

En lo que atañe a la política regional, Turquía no ha hecho ningún progreso y debe esforzarse muy especialmente por preparar la aplicación de las políticas estructurales.

En cuanto al medio ambiente, tiene que adoptar más disposiciones nuevas, en especial una importante ley marco que está actualmente examinando el Parlamento.

En el ámbito de la justicia y asuntos de interior, Turquía ha firmado recientemente tres convenios importantes del Consejo de Europa sobre blanqueo de capitales y lucha contra la corrupción. También ha entrado en vigor un acuerdo bilateral con Grecia para la lucha contra la delincuencia. Turquía ha adoptado iniciativas para ajustarse a la política de la UE en materia de visados y celebrar acuerdos de readmisión en lo referente a las migraciones. Hay que reforzar la capacidad administrativa para los controles en las fronteras y la lucha contra la inmigración clandestina.

En cuanto a las aduanas, la armonización está casi completada.

En materia de control financiero el Gobierno turco debería mejorar los mecanismos de control presupuestario y financiero.

Debe reforzar la capacidad administrativa en diferentes sectores para garantizar la aplicación efectiva del acervo. Se impone una reforma profunda en todos los niveles de la administración que implicará, en algunos casos, la creación de más estructuras, por ejemplo, en los ámbitos de las ayudas estatales y del desarrollo regional. En algunos de ellos ya se han creado nuevos organismos de reglamentación, y conviene garantizar su autonomía dotándoles de personal y recursos financieros suficientes.

La Asociación para la adhesión con Turquía se adoptó en marzo de 2001, y Turquía ha hecho esfuerzos importantes para preparar su aplicación. De ese modo ha podido tener una comprensión mejor del acervo, y el Gobierno ha iniciado un amplio proceso de elaboración de nueva legislación. En los ámbitos de la libre circulación de mercancías, la protección de los derechos de propiedad intelectual, la energía, las telecomunicaciones y las aduanas, las medidas adoptadas han satisfecho parcialmente las prioridades a corto plazo de la Asociación para la Adhesión pero se requieren todavía esfuerzos considerables para satisfacer las prioridades de la Asociación para la Adhesión a corto plazo relativas al todo el conjunto del acervo.

Anexo 2: Países candidatos: principales indicadores estadísticos (2000)

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Fuentes : Eurostat, de fuentes nacionales.

(1) Desde los Informes del año pasado se ha ajustado el método para calcular el PIB en E.P.A.

Los datos, por lo tanto, no son comparables.

(2) Para calcular el PIB per cápita, los datos relativos a la población global se han tomado de las contabilidades nacionales, y pueden diferir de los datos estadísticos demográficos.

2000

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(3) Las cifras se han calculado utilizando los datos de población procedentes de las Contabilidades Nacionales, que pueden diferir de los que se utilizan en las estadísticas demográficas.

(4) Datos de la balanza de pagos

(5) Para Malta, en desempleados registrados

Fuentes : Eurostat, de fuentes nacionales.

Anexo 3: Estrategia de preadhesión

La estrategia de preadhesión consiste en un conjunto de prioridades fijadas en combinación con una serie de instrumentos, entre otros la asistencia financiera, los Acuerdos de Asociación y la participación en programas y organismos comunitarios. Es una ayuda para que los países candidatos se preparen para su futura participación como miembros ajustándose al acervo antes de la adhesión.

a) Fijación de las prioridades

Las Asociaciones para la Adhesión son la pieza maestra de la estrategia de preadhesión. Las actuales Asociaciones para la Adhesión se aprobaron en diciembre de 1999 para los países candidatos de Europa Central y Oriental, en marzo de 2000 para Chipre y Malta, y en marzo de 2001 para Turquía. Sobre la base de los análisis presentados en los Informes Periódicos, establecían las prioridades para cada país con el fin de cumplir los criterios de adhesión; también indicaban la asistencia financiera comunitaria disponible para apoyar esas prioridades y las condiciones para otorgar esa asistencia.

La UE no ha tenido que invocar la cláusula de condicionalidad del Reglamento sobre las Asociaciones para la Adhesión relativa a los progresos insuficientes en el cumplimiento de los criterios de adhesión o el hecho de que no se cumplan las obligaciones de los Acuerdos de Adhesión. En cada uno de los Informes Periódicos se subrayan los logros y los fallos en la aplicación de las actuales prioridades de la Asociación para la Adhesión.

Las propuestas para revisar las Asociaciones para la Adhesión las presentan en esta ocasión la Comisión y el Consejo al mismo tiempo que los Informes Periódicos. Identifican las áreas prioritarias sobre las que hay que trabajar en 2002 y 2003. Estas propuestas se refieren a todos los países excepto Turquía, que no requiere una revisión debido a la reciente adopción de la actual Asociación para la Adhesión.

En respuesta a la Asociación para la Adhesión, cada país candidato establece y pone al día regularmente su Programa Nacional para la Adopción del Acervo (PNAA), que indica los recursos humanos y financieros y el calendario necesario para realizar las prioridades de la adhesión. Turquía adoptó por primera vez un programa nacional en 2001, y todos los demás países candidatos han puesto al día sus programas durante el primer semestre de 2001. En algunos países los PNAA forman ahora parte del proceso de elaboración del presupuesto. Se incluye una evaluación de cada PNAA en el Informe Periódico correspondiente.

b) Asistencia financiera

Los países candidatos de la Europa Central y Oriental se han beneficiado de la asistencia financiera de la CE desde el principio del proceso de transición por medio del programa PHARE. Este programa se complementa ahora con dos programas que ayudan a los países a prepararse para su participación en los Fondos de Cohesión y los Estructurales. ISPA asigna actualmente más de 1000 millones de euros a la inversión en medio ambiente e infraestructura de transportes como preparación para el Fondo de Cohesión. SAPARD prevé la asignación de más de 500 millones de euros al año al desarrollo agrícola y rural como preparación de la participación en los fondos estructurales para agricultura y pesca.

Con un presupuesto anual de más de 1600 millones de euros, el programa PHARE cofinancia el desarrollo institucional junto con inversión asociada en infraestructura para la aplicación del acervo y apoyo a la cohesión económica y social, de manera a ayudar a los candidatos a prepararse para la aplicación de los Fondos Estructurales después de la adhesión. Se asigna para cada uno de esos tres sectores alrededor de un tercio de los fondos.

La asistencia de PHARE destinada al Desarrollo Institucional ayuda a los candidatos a fortalecer su capacidad para aplicar y hacer que se cumpla el acervo con el hermanamiento como principal instrumento. Se envían en comisión de servicios profesionales entre los ministerios de los Estados miembros, organismos regionales, organismos públicos y asociaciones profesionales por un período de por lo menos un año a las instituciones correspondientes en los países candidatos.

Este sistema de hermanamiento ha estado funcionando en los países de Europa Central y Oriental desde 1998, se amplió para Chipre y Malta en 2001 y se incluirá a Turquía a partir de 2002 con cargo a sus respectivos instrumentos financieros. Actualmente hay alrededor de 500 proyectos de hermanamiento que cubren la mayoría de los ámbitos del acervo (véase información más detallada en el anexo 5).

Desde el principio de este año se está ofreciendo a los países candidatos la posibilidad de utilizar la experiencia de los Estados miembros para proyectos más pequeños a corto o medio plazo gracias a un nuevo mecanismo conocido como "luz del hermanamiento". Los primeros proyectos se iniciarán a finales de 2001. Además, la TAIEX (Oficina de Asistencia Técnica e Intercambio de Información) sigue proporcionando asesoramiento a corto plazo y SIGMA (financiado por PHARE y gestionado por la OCDE) facilita asesoramiento sobre funciones gubernativas horizontales en los países de Europa Central y Oriental, haciendo especial hincapié en la reforma de la función pública, el control financiero y las auditorías.

La aplicación de SAPARD está plenamente descentralizada. Sobre la base de los planes de desarrollo rural aprobados por la Comisión, SAPARD cofinanciará proyectos de desarrollo rural seleccionados por los países beneficiarios. La estructura de ejecución para cada país se basa en un Organismo de SAPARD responsable de la gestión y de los pagos, que deben ser autorizados por la Comisión. Este proceso ha resultado más complicado, pero ahora ya está en marcha y se ha completado parcialmente en Bulgaria y Estonia. A la vista de las dificultades surgidas, hay que acelerarlo para los demás países candidatos.

Cada país ha preparado estrategias nacionales para el transporte y el medio ambiente con arreglo a ISPA y, sobre esta base, la Comisión ha aprobado proyectos por la cantidad total disponible para el año 2000, correspondiendo una parte casi equivalente para cada uno de los dos sectores. Se espera un resultado similar en 2001.

El Banco Europeo de Inversiones tiene un potencial de préstamos de más de 17.000 millones de euros para el período 2000-2007 con destino a los países de Europa Central y Oriental - que incluye también a algunos países no candidatos - (8.900 millones de euros con garantía presupuestaria de la Comunidad y 8.500.000.000 de euros en una línea de preadhesión que no cuenta con esta garantía). Se espera que, en términos reales, los préstamos alcancen la suma de 3.500 millones de euros en 2001.

En marzo de 2000, el Consejo adoptó un Reglamento para Chipre y Malta relativo a las operaciones de preadhesión, que constituye una contribución financiera de 95 millones de euros para el período 2000-2004 y se destina a satisfacer las prioridades de las Asociaciones para la Adhesión. La dotación presupuestaria para 2000 es de 6 millones de euros para Malta y 9 millones de euros para Chipre. Estos dos países pueden optar a la línea de preadhesión del BEI y también a la línea del BEI de 6.425.000 millones de euros para los países mediterráneos. En 1999, los préstamos del BEI a Chipre ascendieron a 200 millones de euros.

Se espera que la asistencia financiera en forma de subvención a Turquía alcance en 2001 unos 177 millones de euros de MEDA y los dos reglamentos relativos a la "Estrategia europea/estrategia de preadhesión". Estos fondos pueden utilizarse para reformas estructurales, desarrollo institucional e inversión en el acervo, con arreglo al enfoque aplicado a los demás países candidatos. La Comisión ha propuesto un nuevo reglamento de asistencia financiera para garantizar que la asistencia se orienta hacia la adhesión y para ajustar la gestión y los procedimientos a los del programa PHARE. El reglamento proporcionará el fundamento jurídico para una única línea presupuestaria que sustituirá a los tres instrumentos existentes (a pesar de lo cual, Turquía podrá seguir optando a los programas plurinacionales de MEDA).

Turquía puede obtener préstamos del BEI en virtud del llamado mandato de préstamos de Euromed II. La suma para el período que va de enero de 2000 a enero de 2007 asciende a 6.425.000 millones de euros. Además, a Turquía pasó recientemente a ser seleccionado le paran los beneficios de la línea de preadhesión del BEI (véase más arriba). Se está aplicando actualmente un Mandato de Acción Especial (450 millones de euros) y, además, dispone de una línea para la reconstrucción tras el terremoto (TERRA) de 600 millones de euros. Por otro lado, Turquía puede votar a la nueva "Línea de Asociación Mediterránea" de 1000 millones de euros prevista para cubrir toda la región.

Acuerdos de Asociación

Los Acuerdos Europeos con los candidatos de la Europa Central y Oriental proporcionan un marco para supervisar la adopción del acervo y la aplicación de las prioridades de la Asociación para la Adhesión. Actualmente el examen analítico del acervo se lleva a cabo sobre todo en los subcomités establecidos en virtud de esos acuerdos (véase más adelante). Hay acuerdos de asociación similares con los candidatos mediterráneos.

Los Acuerdos Europeos con Hungría y la República Checa han entrado en su segunda fase en junio de 2000 y febrero de 2001, respectivamente. En ambos casos, esto significa una mayor liberalización, especialmente respecto a las disposiciones sobre libertad de establecimiento. La Comisión está examinando la transición a la segunda fase de los otros países asociados siguientes: Bulgaria, Polonia, Rumania y Eslovaquia. En el caso de Eslovenia la primera fase, en principio, dura hasta 2003. Los Acuerdos Europeos con Estonia, Letonia y Lituania no requieren una transición a la segunda fase.

Estos Acuerdos, que eliminan y mi no los aranceles y las restricciones cuantitativas, permiten el comercio de productos industriales en ambos sentidos y, por lo tanto, fomentan una mayor integración económica con la UE. En julio de 2000 (enero de 2001 en el caso de Lituania), se hicieron concesiones comerciales adicionales con los países de Europa Central y Oriental para los productos agrícolas sobre una base autónoma y recíproca, mientras se esperaba la entrada en vigor de los protocolos adicionales a los Acuerdos Europeos. Se están preparando negociaciones con cada uno de esos países para aumentar el alcance de las concesiones comerciales sobre productos agrícolas, y negociaciones similares con Chipre y Malta. Paralelamente, en septiembre de 2001 entraron en vigor las concesiones comerciales adicionales sobre productos agrícolas elaborados con Estonia, y en noviembre de 2001, con Eslovenia. En cuanto a Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, Letonia y Lituania, se están actualmente decidiendo las concesiones comerciales adicionales para esos productos.

Los Protocolos de los Acuerdos Europeos sobre Evaluación de la Conformidad Europea (PECA) entraron en vigor el 1 de junio de 2001 con Hungría, y el 1 de julio de 2001 con la República Checa. Los Acuerdos sobre dichos Protocolos fueron rubricados por Letonia y Lituania; con Estonia, Eslovaquia y Eslovenia se están celebrando negociaciones. Los PECA se destinan a ampliar a los países candidatos antes de la adhesión las normas del Mercado Interior sobre evaluación de la conformidad para los productos manufacturados. Con arreglo a estos PECA, los países candidatos tienen que introducir el acervo para determinados sectores seleccionados. La CE y el país candidato acuerdan también aceptar los organismos técnicos de la otra parte para evaluar la conformidad de las mercancías con la legislación, lo que hará innecesarios los controles técnicos en las fronteras.

Por lo que se refiere a Turquía, la aplicación de la Unión Aduanera sigue siendo la piedra de toque de las relaciones bilaterales. Están en curso las negociaciones iniciadas en abril del 2000 para lograr un acuerdo de liberalización de los servicios y establecer la apertura mutua de las contrataciones públicas.

Participación en programas y organismos de la Comunidad

Todos los países candidatos participan en programas comunitarios de manera más o menos intensa. Los países de Europa Central y Oriental participan, especialmente, en programas de educación, formación profesional, juventud, investigación, cultura, medios audiovisuales, energía, medio ambiente, pequeñas y medianas empresas y salud. Chipre participa en determinados programas de medios audiovisuales, educación, formación profesional, juventud, investigación científica, medio ambiente y pequeñas y medianas empresas; Malta, en cambio, lo hace en programas relacionados con la investigación científica, educación, formación profesional y juventud. Turquía participa en dos programas comunitarios, pero únicamente a nivel de proyecto (LIFE y el 5º Programa Marco para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico). A raíz de las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki, en diciembre de 1999, se iniciaron los preparativos para la plena participación de Turquía en programas de educación, formación profesional y juventud, y se está debatiendo la posibilidad de que participe en otros programas.

Como se anunciaba en el documento de estrategia del año pasado, y para modernizar los procedimientos relativos a la participación de los países candidatos en los programas comunitarios, están en proceso de preparación decisiones generales del Consejo de Asociación para la cada uno de los países del Europa Central y Oriental, así como la celebración de acuerdos para Chipre, Malta y Turquía. Estos nuevos instrumentos deberían facilitar considerablemente la participación. Como establecen los principios generales para la participación en programas existentes y futuros, la Comisión y las autoridades competentes de los países candidatos negociaron a partir de estos instrumentos las condiciones para la participación en cada programa por separado. Los países candidatos pueden continuar utilizando la ayuda de preadhesión para cofinanciar el coste de su participación.

Después de que se ratificaran recientemente los acuerdos pertinentes, la totalidad de los 13 países candidatos pasarán en 2002 a ser miembros de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Se van a negociar en breve acuerdos similares con los candidatos interesados en participar en el Centro Europeo de Control de Drogas y Drogadicción. También se están llevando a cabo los preparativos para la participación de los países candidatos en otros organismos comunitarios

Examen analítico del acervo

El examen analítico del acervo, o 'screening', con los países que están negociando ha servido para poner de manifiesto los problemas que había que incluir en las negociaciones, quedó completado en 1999. El nuevo acervo adoptado y publicado hasta finales de 2000 será transmitido a esos países para que puedan adoptar una posición al respecto en el contexto de las negociaciones. Como se explicaba en el documento de estrategia del año pasado, los comités y subcomités de Asociación están sirviendo para explicar el nuevo acervo y debatir su adopción y ejecución. Además, siempre que ha resultado necesario, se han organizado reuniones para explicar el nuevo acervo respecto a determinados capítulos tales como los transportes, la agricultura o las telecomunicaciones.

En 2002 se aplicarán los mismos procedimientos, con la siguiente excepción: habida cuenta de que las negociaciones con los países más avanzados estarán cerca de su conclusión, el nuevo acervo se transmitirá dos veces a los países que están negociando, una a principios de año, para el nuevo acervo adoptado en 2001, y otra a principios del segundo semestre, para el nuevo acervo adoptado durante el primer semestre de 2002.

Con Turquía, también, el proceso de examen analítico del acervo se prepara en el marco de los ocho subcomités creados en virtud del Acuerdo de Asociación, que iniciaron sus tareas en junio de 2000. Desde entonces, cada subcomité se ha reunido en dos ocasiones. Siguiendo el deseo expresado en el Consejo Europeo de Feira, la Comisión presenta un informe al Consejo sobre los progresos realizados en la preparación del proceso de examen analítico del acervo que figura como anexo en el Informe Periódico relativo a Turquía.

La Conferencia Europea

La Conferencia Europea es un foro de consulta política sobre cuestiones de interés común para los Estados miembros y los países candidatos. Turquía participa en ella desde una reunión de nivel ministerial que se celebró en Sochaux el 23 de noviembre de 2000. En otra conferencia para Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada el 7 de diciembre de 2000, se examinó la reforma de las instituciones y el funcionamiento de la Unión a más largo plazo.

El Consejo Europeo de Niza propuso "que se invite, en calidad de miembros previsibles, a los países del proceso de estabilización y de asociación, así como a los países de la AELC". El Consejo Europeo de Göteborg declaró que "durante la Presidencia belga se reunirá la Conferencia Europea, en su composición actual. Con miras a fortalecer la colaboración de la Unión con Ucrania y Moldova, se invitará a éstas a que participen en la Conferencia en el futuro." En la última reunión de la Conferencia Europea celebrada en Bruselas el 20 de octubre de 2001 a nivel ministerial, en la que se manifestó una notable unidad de intenciones, se debatió sobre la lucha a contra el terrorismo internacional.

Anexo 4: Convenios de Derechos Humanos ratificados por los países candidatos al 30 de septiembre del 2001

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X = Convenio ratificado

O = Convenio NO ratificado¡BG = Bulgaria; CY = Chipre; CZ = República Checa; EE = Estonia; HU = Hungría; LV = Letonia; LT = Lituania; MT = Malta; PL = Polonia; RO = Rumania; SK = Eslovaquia; SV = Eslovenia; TK = Turquía

Anexo 5: Proyectos de hermanamiento en 1998-2001

número de proyectos de hermanamiento financiados con cargo a Phare EN 1998-2001

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Número de proyectos de hermanamiento 1998-2001* en los que los Estados miembros participan dirigiéndolos o como asociados

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*) La selección de los socios para el hermanamiento para 2001 todavía no se ha terminado.

**) Este total no corresponde al número total de proyectos; en la mayoría participa más de un Estado miembro

Anexo 6: Situación de las negociaciones a 26 de octubre de 2001

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