15.3.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 77/1

(1)

El presente Reglamento constituye uno de los instrumentos de apoyo directo a la política exterior de la Unión y sustituye al Reglamento (CE) no 1717/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), que expiró el 31 de diciembre de 2013.

(2)

Mantener la paz, prevenir los conflictos, fortalecer la seguridad internacional y ayudar a las poblaciones, países y regiones que se enfrentan a catástrofes naturales o de origen humano son algunos de los objetivos primordiales de la acción exterior de la Unión mencionados, entre otros artículos, en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Las crisis y los conflictos que afectan a países y regiones, y otros factores como el terrorismo, la delincuencia organizada, la violencia de género, el cambio climático, los retos de la seguridad cibernética y las amenazas a la seguridad resultantes de catástrofes naturales suponen un riesgo para la estabilidad y la seguridad. Para ocuparse de esas cuestiones de modo eficaz y a su debido tiempo, son necesarios recursos e instrumentos financieros específicos que actúen de manera complementaria con los instrumentos de ayuda humanitaria y de cooperación a largo plazo.

(3)

En sus conclusiones de 15 y 16 de junio de 2001, el Consejo Europeo refrendó el Programa de la Unión para la prevención de conflictos violentos, en el que se subraya que el compromiso político de la Unión de continuar con la prevención de conflictos es uno de los objetivos principales de las relaciones exteriores de la Unión y se reconoce que los instrumentos de cooperación para el desarrollo pueden contribuir a la consecución de ese objetivo. Las conclusiones del Consejo de 20 de junio de 2011 sobre prevención de conflictos reiteraron la validez de ese programa como base válida para la política de la Unión en el campo de la prevención de conflictos. En sus conclusiones de 17 de noviembre de 2009, el Consejo refrendó el «Concepto sobre el fortalecimiento de las capacidades de mediación y diálogo de la UE».

(4)

En sus conclusiones de 19 de noviembre de 2007, relativas a la respuesta de la UE ante situaciones de fragilidad, y en las conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, también de 19 de noviembre de 2007, sobre seguridad y desarrollo, el Consejo destacó que el nexo entre desarrollo y seguridad debe informar las estrategias y políticas de la Unión con el fin de contribuir a la coherencia de las políticas en favor del desarrollo de conformidad con el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y a la coherencia de la acción exterior de la Unión en general. Más en concreto, el Consejo concluyó que los trabajos futuros sobre seguridad y desarrollo deben incluir las repercusiones que el cambio climático, la gestión de las cuestiones medioambientales y los recursos naturales, y la migración tienen en la seguridad y el desarrollo.

(5)

El Consejo Europeo adoptó la Estrategia Europea de Seguridad el 12 de diciembre de 2003 y el análisis común del informe sobre su aplicación el 11 de diciembre de 2008. En su Comunicación titulada «La Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa más segura», la Comisión señalaba también la importancia de la cooperación con terceros países y con organizaciones regionales, en particular para combatir las múltiples amenazas como el tráfico de seres humanos, el tráfico de drogas y el terrorismo.

(6)

En su Comunicación titulada «Hacia una respuesta de la UE ante situaciones de fragilidad — Intervención en entornos difíciles para lograr el desarrollo sostenible, la estabilidad y la paz», la Comisión reconoció la contribución esencial realizada por la Unión a la promoción de la paz y de la estabilidad mediante el tratamiento de las expresiones de violencia y de las causas profundas de la inseguridad y del conflicto violento. El presente Reglamento debe contribuir a la consecución de esos objetivos.

(7)

El 8 de diciembre de 2008, el Consejo aprobó el «Planteamiento global para la aplicación por la UE de las Resoluciones 1325 (2000) y 1820 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad», reconociendo las estrechas relaciones entre los problemas de paz, seguridad, desarrollo e igualdad entre los sexos. La Unión ha pedido reiteradamente que se aplique en su totalidad la agenda sobre mujeres, paz y seguridad que establecen las pertinentes resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, especialmente en lo concerniente a la necesidad de combatir la violencia contra las mujeres en las situaciones de conflicto y de promover la participación de las mujeres en la consolidación de la paz.

(8)

En el Marco estratégico de la UE sobre derechos humanos y democracia y el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia, adoptados por el Consejo el 25 de junio de 2012, se insta a elaborar orientaciones operativas para garantizar que se tengan en cuenta los derechos humanos en la concepción y realización de medidas de ayuda para la lucha antiterrorista, y se subraya que la erradicación de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y el respeto de la tutela judicial efectiva (con inclusión de la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y los derechos de la defensa), constituyen una prioridad de la Unión en lo que respecta a la aplicación de los derechos humanos.

(9)

La democracia y los derechos humanos se sitúan en el primer plano de las relaciones de la Unión con terceros países, por lo que deben considerarse como principios en virtud del presente Reglamento.

(10)

En la Declaración del Consejo Europeo, de 25 de marzo de 2004, sobre la lucha contra el terrorismo se pedía que los objetivos de la lucha antiterrorista se integraran en los programas de ayuda exterior. En la Estrategia de la Unión Europea de Lucha contra el Terrorismo, adoptada por el Consejo el 30 de noviembre de 2005, se pedía mayor cooperación con terceros países y con las Naciones Unidas en la lucha contra el terrorismo. En las conclusiones del Consejo, de 23 de mayo de 2011, sobre la potenciación de los vínculos entre los aspectos interiores y exteriores de la lucha antiterrorista, se pedía que se reforzara la capacidad de las autoridades competentes involucradas en la lucha antiterrorista en los terceros países dentro del programa estratégico del Instrumento de Estabilidad establecido por el Reglamento (CE) no 1717/2006

(11)

El Reglamento (CE) no 1717/2006 se adoptó con el objetivo de permitir a la Unión dar una respuesta coherente e integrada a situaciones de crisis y de crisis incipiente, hacer frente a amenazas específicas mundiales y transregionales y mejorar la preparación frente a crisis. El presente Reglamento pretende introducir un instrumento revisado, a partir de la experiencia del Reglamento (CE) no 1717/2006, para mejorar la eficacia y la coherencia de las acciones de la Unión en el ámbito de la respuesta a las crisis, prevención de conflictos, consolidación de la paz y preparación frente a situaciones de crisis, así como para hacer frente a las amenazas y retos a la seguridad.

(12)

Las medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento deben perseguir los objetivos contemplados en el artículo 21 del TUE y en los artículos 208 y 212 del TFUE. Pueden ser complementarias y deben ser coherentes con las medidas adoptadas por la Unión en pos de los objetivos de la Política Exterior y de Seguridad Común en el marco del título V del TUE, y con las medidas adoptadas en el marco de la quinta parte del TFUE. El Consejo y la Comisión deben cooperar para velar por esta coherencia, cada uno con arreglo a sus poderes respectivos.

(13)

El presente Reglamento debe ser coherente con las disposiciones sobre organización y funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), establecidas en la Decisión 2010/427/UE del Consejo (3). La declaración de 2010 de la Alta Representante, sobre responsabilidad política confirmó los principios de diálogo, consulta, información y divulgación respecto del Parlamento Europeo.

(14)

La Comisión y el SEAE, cuando resulte adecuado, celebrarán, de modo regular y frecuente, intercambios de opiniones e información con el Parlamento Europeo. Por otra parte, de conformidad con los correspondientes acuerdos interinstitucionales sobre la materia, se debe dar al Parlamento Europeo acceso a los documentos, para que se ejerza de modo informado el derecho de control conforme al Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(15)

Las normas y procedimientos comunes para la aplicación de los instrumentos de la Unión para la financiación de la acción exterior se establecen en el Reglamento (UE) no 231/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(16)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución por lo que respecta a medidas de programación y ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011.

(17)

Teniendo en cuenta la naturaleza de esos actos de ejecución, en particular su naturaleza de orientación política y sus implicaciones presupuestarias, en principio debe utilizarse para su adopción el procedimiento de examen, salvo en el caso de medidas de importancia financiera limitada.

(18)

La Comisión debe adoptar actos de ejecución de aplicación inmediata cuando, en casos debidamente justificados relacionados con la necesidad de una rápida respuesta de la Unión, así lo exijan razones imperiosas de urgencia.

(19)

La Unión debe tratar de hacer el uso más eficiente posible de los recursos disponibles a fin de optimizar el impacto de su acción exterior. Debe lograrlo a través de la coherencia y la complementariedad entre los instrumentos de la Unión para la acción exterior, así como de la creación de sinergias entre el presente instrumento, otros instrumentos de la Unión para la financiación de la acción exterior y otras políticas de la Unión. Todo ello debe llevar aparejado un refuerzo mutuo de los programas elaborados con arreglo a los instrumentos para la financiación de la acción exterior.

(20)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(21)

El presente Reglamento fija una dotación financiera para su período de aplicación; dicha dotación debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, en el sentido del apartado 17 del Acuerdo interinstitucional de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (6).

(22)

Conviene adaptar el período de aplicación del presente Reglamento a lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013 del Consejo (7). Por consiguiente, el presente Reglamento debe ser aplicable a partir del 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020.

a)

en una situación de crisis o crisis incipiente, contribuir con rapidez a la estabilidad dando una respuesta eficaz concebida para contribuir a preservar, establecer o restablecer las condiciones esenciales que permitan la aplicación efectiva de las acciones y políticas exteriores de la Unión de conformidad con el artículo 21 del TUE;

b)

contribuir a la prevención de conflictos y a asegurar la capacidad y la preparación suficiente para hacer frente a situaciones de precrisis y postcrisis y consolidar la paz; y

c)

hacer frente a amenazas específicas mundiales y transregionales a la paz y a la seguridad y la estabilidad internacionales.

a)

promoción de la democracia y la buena gobernanza;

b)

derechos humanos y Derecho humanitario, incluidos los derechos del niño y de los pueblos indígenas;

c)

no discriminación;

d)

igualdad de género y emancipación de la mujer;

e)

prevención de conflictos, y

f)

cambio climático.

a)

una situación de urgencia, crisis o crisis incipiente,

b)

una situación que suponga una amenaza para la democracia, la ley y el orden público, la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales o la seguridad y protección de las personas, en particular de aquellas expuestas a la violencia de género en situaciones de inestabilidad, o

c)

una situación que amenace con derivar en un conflicto armado o con desestabilizar gravemente el tercer país o los terceros países en cuestión.

a)

apoyo, mediante la provisión de ayuda técnica y logística, a los esfuerzos de las organizaciones regionales e internacionales y de los agentes estatales y de la sociedad civil con miras a promover la generación de confianza, la mediación, el diálogo y la reconciliación;

b)

apoyo a la aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, en particular en países frágiles o en situaciones de conflicto o posconflicto;

c)

apoyo al establecimiento y funcionamiento de administraciones provisionales con mandato internacional de conformidad con el Derecho internacional;

d)

apoyo al desarrollo de instituciones públicas democráticas y pluralistas, incluidas medidas para aumentar el papel de las mujeres en tales instituciones, de una administración civil eficaz y de la supervisión civil del sistema de seguridad, así como medidas para reforzar el cumplimiento de la ley y apoyar a las autoridades judiciales que participan en la lucha contra el terrorismo, contra la delincuencia organizada y todas las formas de tráfico ilícito;

e)

apoyo a los tribunales penales internacionales y a los tribunales nacionales ad hoc, a las comisiones de la verdad y la reconciliación, y a los mecanismos para la resolución jurídica de denuncias en materia de derechos humanos y reivindicación y declaración de derechos de propiedad, establecidos de conformidad con la normativa internacional en materia de derechos humanos y del Estado de Derecho;

f)

apoyo a las medidas necesarias para comenzar la rehabilitación y la reconstrucción de infraestructuras de importancia vital, vivienda, edificios públicos y activos económicos, y la capacidad de producción básica, así como otras medidas para la reactivación de la actividad económica, la creación de empleo y el establecimiento de las condiciones mínimas necesarias para un desarrollo social sostenible;

g)

apoyo a las medidas civiles relativas a la desmovilización y la reintegración de excombatientes y de sus familias en la sociedad civil y, cuando proceda, a su repatriación, así como medidas para ocuparse de la situación de los niños soldado y de las mujeres combatientes;

h)

apoyo a las medidas para atenuar los efectos sociales de la reestructuración de las fuerzas armadas;

i)

apoyo a las medidas dirigidas a abordar, en el marco de las políticas de cooperación de la Unión y sus objetivos, el impacto socioeconómico en la población civil de las minas antipersonas, los artefactos sin explotar o restos de explosivos abandonados. Las actividades financiadas en virtud del presente Reglamento podrán abarcar, entre otras cosas, la formación en materia de riesgo, la detección y supresión de minas y, en relación con ello, la destrucción de arsenales;

j)

apoyo a las medidas dirigidas a combatir, en el marco de las políticas de cooperación de la Unión y sus objetivos, el uso y el acceso ilícitos a las armas de fuego y a las armas ligeras y de pequeño calibre;

k)

apoyo a las medidas para asegurar que se solucionan adecuadamente las necesidades específicas de las mujeres y de los niños en situaciones de conflicto o de crisis, incluida su exposición a la violencia de género;

l)

apoyo para la rehabilitación y reintegración de las víctimas de conflictos armados, incluidas las medidas destinadas a tratar las necesidades específicas de las mujeres y de los niños;

m)

apoyo a las medidas para fomentar y defender el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho y los instrumentos internacionales conexos;

n)

apoyo a las medidas socioeconómicas para promover un acceso equitativo a los recursos naturales, y una gestión transparente de los mismos, en una situación de crisis o de crisis incipiente, incluyendo medidas de consolidación de la paz;

o)

apoyo a las medidas para hacer frente al impacto potencial de movimientos súbitos de población relevantes para la situación política y de seguridad, incluidas las medidas destinadas a satisfacer las necesidades de las comunidades de acogida en situaciones de crisis o de crisis incipiente, y las medidas de consolidación de la paz;

p)

apoyo a las medidas para fomentar el desarrollo y la organización de la sociedad civil y su participación en el proceso político, incluidas medidas dirigidas a aumentar el papel de las mujeres en dichos procesos y medidas para fomentar medios de comunicación independientes, plurales y profesionales;

q)

apoyo a las medidas destinadas a hacer frente a catástrofes naturales o provocadas por el hombre que supongan una amenaza para la estabilidad, así como a amenazas para la salud pública relacionadas con pandemias, en caso de que no haya ayuda humanitaria y de protección civil de la Unión o como complemento de la misma.

a)

estén comprendidas tanto en el ámbito general de aplicación del presente Reglamento como en los objetivos específicos enunciados en el artículo 1, apartado 4, letra a),

b)

tengan una duración limitada al período establecido en el artículo 7, apartado 2,

c)

se considere que normalmente podrían recibir financiación en virtud de otros instrumentos de ayuda exterior de la Unión o a otros componentes del presente Reglamento, pero que debido a la necesidad de responder rápidamente a la situación, deban aplicarse mediante medidas de crisis o de crisis incipiente.

a)

promover la detección precoz y el análisis de riesgo sensible al conflicto en la formulación y ejecución de políticas;

b)

facilitar y capacitar en la consolidación de la confianza, mediación, diálogo y reconciliación, con especial atención a las tensiones incipientes entre comunidades;

c)

reforzar las capacidades para la participación y el despliegue en misiones civiles de estabilización;

d)

mejorar la recuperación posconflicto y la recuperación poscatástrofe de importancia para la situación política y de seguridad;

e)

frenar el uso de recursos naturales para financiar conflictos, y apoyar el cumplimiento por parte de los interesados de iniciativas como el sistema de certificación del proceso de Kimberley, especialmente por lo que respecta a la ejecución de controles internos eficaces sobre la producción y el comercio de recursos naturales.

a)

incluirán la transferencia de conocimientos, el intercambio de información y buenas prácticas, la evaluación, investigación y análisis de riesgos o amenazas, los sistemas de detección precoz, la formación y prestación de servicios;

b)

contribuirán a seguir desarrollando un diálogo estructurado sobre cuestiones de consolidación de la paz;

c)

podrán incluir ayuda técnica y financiera para la ejecución de medidas de apoyo a la consolidación de la paz y a la consolidación del Estado.

a)

amenazas para la ley y el orden público, la seguridad y protección de los ciudadanos, infraestructuras de importancia vital y la salud pública;

b)

atenuación y preparación ante los riesgos, ya sean de origen intencionado, accidental o natural, en relación con materiales o agentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares.

a)

potenciar la capacidad de las autoridades policiales, judiciales y administrativas que participan en la lucha contra el terrorismo, contra la delincuencia organizada, incluida la ciberdelincuencia, y todas las formas de tráfico ilícito, y en el control eficaz del comercio y el tránsito ilegales;

b)

contrarrestar las amenazas a las infraestructuras de importancia vital, que pueden incluir el transporte internacional, entre otros, el transporte de viajeros y mercancías, las operaciones relativas a la energía y su distribución, la información electrónica y las redes de comunicación. Dichas medidas dedicarán una atención especial a la cooperación transregional y a la aplicación de normas internacionales en los ámbitos de concienciación en materia de riesgo, análisis de vulnerabilidad, preparación ante emergencias, alertas y gestión de consecuencias;

c)

ofrecer una respuesta adecuada a las graves amenazas a la salud pública, incluidas epidemias repentinas con efectos potenciales transnacionales;

d)

abordar los efectos universales y transregionales del cambio climático que tengan un impacto potencialmente desestabilizador sobre la paz y la seguridad.

a)

se concederá prioridad a la cooperación transregional con dos o más terceros países que hayan demostrado una voluntad política clara de atajar los problemas que surjan. La cooperación en la lucha contra el terrorismo también podrá llevarse a cabo por separado con los países o regiones y con las organizaciones internacionales, regionales y subregionales;

b)

dedicarán una atención especial a la buena gobernanza y se ajustarán al Derecho internacional;

c)

en relación con la ayuda a las autoridades que participan en la lucha contra el terrorismo, se concederá prioridad a apoyar medidas relativas al desarrollo y el refuerzo de la legislación antiterrorista, la aplicación y la práctica del Derecho financiero, del Derecho aduanero y de la normativa sobre inmigración, el desarrollo de aquellos procedimientos para garantizar el cumplimiento de la ley que estén en consonancia con las normas internacionales más estrictas y que respeten el Derecho internacional, el refuerzo del control democrático y los mecanismos de supervisión institucional, y la prevención del radicalismo violento;

d)

en relación con la ayuda relacionada con el problema de las drogas, se prestará la debida atención a la cooperación internacional para la promoción de las mejores prácticas en relación con la reducción de la demanda, la producción y los daños.

a)

promover las actividades de investigación civil como alternativa a la investigación vinculada a la defensa;

b)

potenciar las prácticas de seguridad relacionadas con instalaciones civiles de almacenamiento de materiales o agentes sensibles químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, o de manipulación de estos materiales o agentes en el contexto de programas de investigación civil;

c)

apoyar, en el marco de las políticas de la Unión de cooperación para el desarrollo y de sus objetivos, el establecimiento de infraestructuras civiles y estudios civiles necesarios para el desmantelamiento, la reconversión o la transformación de instalaciones y emplazamientos relacionados con el armamento cuando se haya declarado que han dejado de formar parte de programas de defensa;

d)

reforzar la capacidad de las autoridades civiles competentes involucradas en el desarrollo y la práctica del control eficaz del tráfico ilícito de materiales o agentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (así como el equipo necesario para su producción o utilización);

e)

elaborar el marco jurídico y las estructuras institucionales para el establecimiento y la aplicación de controles de exportación eficaces de los productos de doble uso, incluidas medidas de cooperación regional;

f)

desarrollar medidas civiles eficaces de preparación ante catástrofes, planificación de emergencias, respuesta a crisis, y capacidades para aplicar medidas de saneamiento.

a)

medidas de ayuda excepcionales y programas de respuesta provisionales, mencionados en el artículo 7;

b)

documentos de estrategia temáticos y programas indicativos plurianuales, mencionados en el artículo 8;

c)

programas de acción anuales, medidas aisladas y medidas especiales;

d)

medidas de apoyo.

a)

se asignarán como mínimo 70 puntos porcentuales de la dotación financiera a medidas que entren en el ámbito del artículo 3, y

b)

se asignarán 9 puntos porcentuales de la dotación financiera a medidas que entren en el ámbito del artículo 4.