11.3.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 70/1

(1)

De conformidad con la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) 2127 (2013), de 5 de diciembre de 2013, la RCSNU 2134 (2014), de 28 de enero de 2014 y la Decisión 2013/798/PESC, modificada por la Decisión 2014/125/PESC del Consejo (2), establecen la inmovilización de capitales y de recursos económicos de determinadas personas que participen en actos que pongan en peligro la paz, la estabilidad o la seguridad de la República Centroafricana o que presten apoyo para su realización.

(2)

Ciertas medidas contempladas en la RCSNU 2127 (2013) y la RCSNU 2134 (2014) entran en el ámbito de aplicación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, por tanto, con el fin de garantizar, en particular, su aplicación uniforme por parte de los agentes económicos en todos los Estados miembros, resulta necesario un acto reglamentario de la Unión a efectos de su aplicación.

(3)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, los derechos a la tutela judicial efectiva, a un juez imparcial y a la protección de los datos personales. El presente Reglamento debe aplicarse de conformidad con esos derechos y principios.

(4)

La competencia para modificar la lista del anexo I del presente Reglamento debe ser ejercida por el Consejo, teniendo presente la amenaza específica a la paz y la seguridad en la región que plantea la situación en la República Centroafricana y al objeto de garantizar la coherencia del proceso de modificación y revisión del anexo a la Decisión 2014/125/PESC.

(5)

El procedimiento para modificar la lista del anexo I del presente Reglamento debe incluir proporcionar a las personas físicas o jurídicas, las entidades y organismos designados, las razones par su inclusión en las listas tal que transmitidas por el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecido en virtud del apartado 57 de la Resolución (RCSNU) 2127 (2013), para darles la oportunidad de presentar sus observaciones. Cunado se presenten observaciones o pruebas sustanciales nuevas, el Consejo debe revisar su decisión a la vista de esas observaciones e informar a las personas, entidades u organismos afectados en consecuencia.

(6)

A efectos de la aplicación del presente Reglamento y en aras de la maximización de la seguridad jurídica dentro de la Unión, los nombres y otros datos pertinentes relativos a personas físicas y jurídicas, entidades y organismos cuyos capitales y recursos económicos deban ser inmovilizados de conformidad con el presente Reglamento deben hacerse públicos. Todo tratamiento de datos de carácter personal de las personas físicas en virtud del presente Reglamento debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(7)

Con el fin de garantizar que las medidas establecidas en el presente Reglamento sean efectivas, el presente Reglamento debe entrar en vigor inmediatamente.

a)

por «servicios de intermediación» se entiende:

b)

por «demanda» se entiende: toda demanda, con independencia de que se haya reivindicado o no mediante procedimiento jurídico, formulada en virtud de un contrato o transacción o en relación con estos, antes o después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, incluyendo en particular:

c)

por «contrato o transacción» se entiende: cualquier transacción independientemente de la forma que adopte y de la ley aplicable, tanto si comprende uno o más contratos u obligaciones similares entre partes idénticas o entre partes diferentes; a tal efecto, el término «contrato» incluirá cualquier garantía o contragarantía, en particular, financieras, y crédito, jurídicamente independientes o no, así como cualquier disposición conexa derivada de la transacción o en relación con ella;

d)

por «autoridades competentes» se entiende: las autoridades competentes de los Estados miembros tal como se mencionan en los sitios web enumerados en el anexo II;

e)

por «recursos económicos» se entiende: los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, que no sean capitales, pero que puedan utilizarse para obtener capitales, bienes o servicios;

f)

por «inmovilización de recursos económicos» se entiende: el hecho de impedir todo uso de esos recursos con fines de obtención de fondos, bienes o servicios, en particular, aunque no exclusivamente, la venta, el alquiler o la hipoteca;

g)

por «inmovilización de capitales» se entiende: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de capitales o acceso a estos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos capitales, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos capitales, incluida la gestión de cartera de valores;

h)

por «fondos» se entiende: los activos y beneficios financieros de cualquier naturaleza incluidos en la siguiente relación no exhaustiva:

i)

por «Comité de Sanciones» se entiende: el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creado en virtud de lo dispuesto en el apartado 57 de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) 2127 (2013);

j)

por «Asistencia técnica» se entiende: todo apoyo técnico referido a reparaciones, desarrollo, fabricación, montaje, pruebas, mantenimiento o cualquier otro servicio técnico, que podrá revestir la forma de instrucción, asesoramiento, formación, transmisión de técnicas de trabajo o conocimientos especializados o servicios de consulta; esta asistencia incluye la prestada verbalmente;

k)

por «territorio de la Unión» se entiende: los territorios de los Estados miembros, incluido el espacio aéreo, a los que se aplica el Tratado y en las condiciones establecidas en el mismo.

a)

asistencia técnica o servicios de intermediación relacionados con la tecnología y los bienes enumerados en la Lista Común Militar de la Unión Europea (5) (Lista Común Militar), o relativos al suministro, fabricación, mantenimiento y uso de los bienes incluidos en dicha lista, a cualquier persona, entidad u organismo ubicados en la República Centroafricana, o para su utilización en dicho país;

b)

financiación o asistencia financiera relacionada con la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de la tecnología y los bienes enumerados en la Lista Común Militar, en particular subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación, así como seguros y reaseguros, para la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de tales artículos, o para cualquier prestación de asistencia técnica o de servicios de intermediación relacionados, a cualquier persona, entidad u organismo ubicados en la República Centroafricana, o para su utilización en dicho país;

c)

asistencia técnica, financiación o asistencia financiera, servicios de intermediación o servicios de transporte relacionados con el suministro de personal mercenario armado en la República Centroafricana o para su utilización en dicho país.

a)

asistencia técnica o de servicios de intermediación relacionados con equipo militar no letal destinado exclusivamente a un uso humanitario o de protección;

b)

asistencia técnica, financiación o asistencia financiera para la venta, suministro, transferencia o exportación de la tecnología y los bienes enumerados en la Lista Común Militar o para la prestación de cualquier tipo de asistencia técnica o de servicios de intermediación relacionados.

a)

participen en actos que pongan en peligro la paz, la estabilidad o la seguridad de la República Centroafricana o que presten apoyo para su realización, incluidos los actos que comprometan o vulneren acuerdos de transición o que pongan en peligro o dificulten el proceso de transición política, incluida la transición hacia unas elecciones democráticas libres y equitativas, o que fomenten la violencia;

b)

actúen en contravención del embargo de armas establecido en el apartado 54 de la RCSNU 2127 (2013), o que, directa o indirectamente, hayan suministrado, vendido o transferido a grupos armados o redes delictivas de la República Centroafricana o que hayan recibido armas o material afín o asesoramiento técnico, formación o asistencia, incluidas la financiación y la asistencia financiera, en relación con actividades violentas de grupos armados o redes delictivas de la República Centroafricana;

c)

participen en la planificación, dirección o comisión de actos que vulneren la legislación internacional sobre derechos humanos o el Derecho internacional humanitario, según corresponda, o que constituyan abusos o violaciones de los derechos humanos, en la República Centroafricana, incluidos los actos de violencia sexual, los ataques dirigidos contra civiles, los atentados basados en motivos étnicos o religiosos, los ataques contra escuelas y hospitales, y los secuestros y desplazamientos forzosos;

d)

recluten o utilicen a niños en conflictos armados en la República Centroafricana, en contravención del Derecho internacional aplicable;

e)

presten apoyo a grupos armados o a redes delictivas mediante la explotación ilícita de recursos naturales, incluidos los diamantes, la flora y fauna silvestres y sus productos derivados, en la República Centroafricana;

f)

obstruyan la prestación de asistencia humanitaria a la República Centroafricana, o el acceso a la ayuda humanitaria o su distribución en la República Centroafricana;

g)

participen en la planificación, dirección, patrocinio o comisión de atentados contra misiones de las Naciones Unidas o contingentes internacionales de seguridad, incluidas la BINUCA, la MISCA, la EUFOR RCA y las demás fuerzas que les prestan apoyo;

h)

lideren una entidad designada por el Comité de Sanciones o le hayan prestado apoyo o hayan actuado para ella, en su nombre o bajo su dirección;

i)

actúen en nombre o bajo la dirección de las personas, entidades u organismos enumerados en las letras a) a h), o entidades de las que ellos sean titulares o sean controladas por ellos.

a)

que la autoridad competente correspondiente haya determinado que los fondos o los recursos económicos:

b)

a condición de que el Estado miembro correspondiente haya notificado al Comité de Sanciones la determinación a que se refiere la letra a) y su intención de conceder una autorización, y que el Comité de Sanciones no se haya opuesto en el plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación.

a)

que los capitales o recursos económicos estén sujetos a embargo judicial, administrativo o arbitral establecido con anterioridad a la fecha en que la persona, entidad u organismo citados en el artículo 5 fueran relacionados en el anexo I o quedaran sujetos a una resolución judicial, administrativa o arbitral pronunciada antes de esa fecha;

b)

que los capitales o recursos económicos en cuestión sean utilizados exclusivamente para satisfacer las obligaciones garantizadas por tales embargos o reconocidas como válidas en tales resoluciones, en los límites establecidos por las normas aplicables a los derechos de los acreedores;

c)

que el embargo o la resolución no beneficie a una persona física o jurídica, entidad u organismo que figure en el anexo I;

d)

que el reconocimiento del embargo o de la resolución no sea contrario a la política pública aplicada en el Estado miembro de que se trate; y

e)

que el Estado miembro haya notificado al Comité de Sanciones el embargo o la resolución.

a)

los fondos o los recursos económicos serán utilizados para efectuar un pago por una persona, una entidad o un organismo contemplados en el anexo I,

b)

el pago no infringe el artículo 5, apartado 2; y

c)

que el Estado miembro interesado ha notificado al Comité de Sanciones la intención de conceder una autorización con una antelación mínima de diez días laborables.

a)

intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas;

b)

pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que la persona física o jurídica, entidad u organismo citado en el artículo 5 hubiera sido incluido en el anexo I; o

c)

los pagos debidos en virtud del embargo o resolución judicial, administrativo o arbitral a los que se refiere el artículo 8; y

a)

proporcionarán inmediatamente toda información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, tal como información sobre las cuentas y los importes inmovilizados de conformidad con el artículo 5, a las autoridades competentes del Estado miembro de residencia o establecimiento, y remitirán cualquier información a la Comisión, bien directamente o a través de los Estados miembros; y

b)

cooperarán con las autoridades competentes en toda verificación de esta información.

a)

las personas físicas o jurídicas, las entidades y organismos designados enumerados en el anexo I;

b)

cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo que actúe a través o en nombre de una de las personas, entidades u organismos a que se refiere la letra a).

a)

los fondos inmovilizados con arreglo al artículo 5 y las autorizaciones concedidas con arreglo a los artículos 6, 7 y 8;

b)

problemas de incumplimiento y aplicación, y a las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.

a)

en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo;

b)

a bordo de toda aeronave o buque que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado miembro;

c)

a toda persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro;

d)

a cualquier persona jurídica, entidad u organismo, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, incorporado o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro;

e)

a toda persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, en la Unión.