(1)

El objetivo último de la política macroprudencial es contribuir a salvaguardar la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, reforzando su resiliencia y disminuyendo la acumulación de riesgos sistémicos.

(2)

El Reglamento (UE) n.o 1092/2010 reconoce que el control y la evaluación de los riesgos sistémicos potenciales deben basarse en un conjunto amplio de datos e indicadores macroeconómicos y microfinancieros pertinentes, y que la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) debe tener acceso a cuanta información resulte necesaria para el desempeño de sus funciones relativas a la supervisión macroprudencial, preservando, si procede, la confidencialidad de dicha información.

(3)

Otras autoridades a las que se hayan encomendado la adopción o la activación de medidas de política macroprudencial u otras funciones de estabilidad financiera, incluidas las autoridades que proporcionan análisis de apoyo para las decisiones de política macroprudencial, también deben tener acceso al conjunto de datos e indicadores pertinentes necesarios para el desempeño de sus funciones. La información a la que tienen acceso las autoridades pertinentes sobre las sucursales en sus territorios difiere en los distintos Estados miembros en cuanto a su alcance y frecuencia.

(4)

La Recomendación JERS/2011/3 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (3) recomienda, entre otras cosas, que los Estados miembros garanticen que las autoridades macroprudenciales cuenten con facultades para exigir y obtener en tiempo oportuno toda la información y datos nacionales relevantes para el desempeño de sus funciones, incluida la información de los supervisores microprudenciales y del mercado de valores o la información ajena al perímetro regulador, así como información específica de una entidad previa solicitud razonada y con mecanismos adecuados para proteger su confidencialidad; Sin embargo, dicha Recomendación no podía prever los distintos acuerdos institucionales relacionados con el establecimiento y la aplicación de la política macroprudencial que han evolucionado en los Estados miembros desde 2011. Por lo tanto, no aborda específicamente determinados acuerdos institucionales que pueden ser necesarios para garantizar que las autoridades macroprudenciales tengan acceso a la información que se considere necesaria para el desempeño de sus funciones, pero que no está a su disposición.

(5)

En la actualidad, la prestación de servicios financieros transfronterizos a través de sucursales de entidades de crédito que tienen su administración central en otro Estado miembro o en un tercer país representa una parte importante del sistema financiero en varios Estados miembros. En esos Estados miembros, determinadas sucursales a) han sido consideradas como significativas por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 51 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), b) cumplen los criterios de otras entidades de importancia sistémica con arreglo al artículo 131 de la Directiva 2013/36/UE, c) desempeñan funciones esenciales en virtud del marco europeo para el rescate y la resolución, o d) tienen una cuota de mercado sustancial en actividades que son importantes para la estabilidad financiera (en lo sucesivo denominadas conjuntamente «sucursales importantes para la estabilidad financiera»). El derecho de la Unión no ofrece una definición armonizada de las sucursales importantes para la estabilidad financiera. Se espera que la prestación de servicios financieros transfronterizos a través de dichas sucursales aumente en el futuro a medida que continúe la integración financiera en la Unión Europea. Toda autoridad encargada de adoptar o activar medidas de política macroprudencial o de otras funciones de estabilidad financiera debe poder obtener determinada información básica sobre todas las sucursales que operen dentro de su jurisdicción cuyas entidades de crédito matrices tengan su administración central en otro Estado miembro o en un tercer país. De este modo, dicha autoridad puede evaluar, como mínimo, si estas sucursales son importantes para la estabilidad financiera del país en el que operan. Si la autoridad considera que es el caso, también debe poder obtener información más detallada sobre las actividades de dichas sucursales.

(6)

Las sucursales de entidades de crédito que tienen su administración central en otro Estado miembro o en un tercer país varían en cuanto a su tamaño e importancia. Cuando se considere que dichas sucursales son importantes para la estabilidad financiera del país en el que operan, es necesario intensificar la colaboración entre las autoridades pertinentes de los Estados miembros de acogida y de origen. En tales casos, el intercambio de información seleccionada sobre las entidades matrices y los grupos de los que forman parte dichas sucursales es necesario para evaluar el posible impacto amplificador que estas sucursales podrían tener en períodos de crecimiento crediticio excesivo o en caso de crisis. El intercambio de información seleccionada sobre tales entidades matrices y grupos relacionada con los fondos propios y el apalancamiento (incluidos los requisitos de colchón pertinentes), la financiación y el riesgo de liquidez, la estrategia empresarial y determinados aspectos de los planes de recuperación también es necesario para garantizar la eficacia de la política macroprudencial en los Estados miembros de acogida de dichas sucursales.

(7)

Por estas razones, se considera necesario que las autoridades encargadas de la adopción o la activación de medidas de política macroprudencial o de otras funciones de estabilidad financiera tengan acceso a la información indicada en la recomendación C para que puedan desempeñar sus mandatos. Dicha información se facilitará a estas autoridades, previa solicitud razonada, en la medida que sea necesario, y dentro de los límites de la legislación de la Unión y nacional aplicables. Cuando tales autoridades necesiten obtener información adicional para llevar a cabo sus funciones y vigilar o evaluar riesgos sistémicos o para desarrollar nuevos instrumentos de actuación, deben recibir dicha información adicional previa solicitud razonada.

(8)

Ni la Directiva 2013/36/UE, en particular su artículo 56, ni el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) impiden ni crean obstáculos al intercambio de información entre las autoridades competentes y las autoridades o los organismos encargados de mantener la estabilidad del sistema financiero en los Estados miembros, en el ejercicio de sus funciones de supervisión. Aunque el derecho de la Unión cuenta con un marco para el intercambio de información entre las autoridades pertinentes a efectos microprudenciales, no existe ningún marco para el intercambio de información a efectos macroprudenciales.

(9)

Los bancos centrales recopilan información sobre las sucursales de entidades de crédito que tienen su administración central en otro Estado miembro o en un tercer país. Se anima a los bancos centrales nacionales del Sistema Europeo de Bancos Centrales a compartir dicha información con las autoridades pertinentes previa solicitud razona y en la medida que sea necesario, ya que se considera que es una manera eficaz de facilitar el ejercicio de sus funciones.

(10)

Acuerdos bien diseñados que regulen el intercambio de información sobre sucursales de entidades de crédito que tengan su administración central en otro Estado miembro o en un tercer país pueden ayudar a las autoridades encargadas de adoptar o activar medidas de política macroprudencial o de desempeñar otras funciones de estabilidad financiera en el ejercicio de sus funciones. El uso de protocolos de acuerdo introduciría normalización y previsibilidad y sentaría las bases comunes respecto a lo que constituye información pertinente para el ejercicio de sus funciones. Los protocolos de acuerdo también se consideran un medio eficaz y eficiente para lograr el objetivo de establecer una cultura de intercambio de información entre las autoridades pertinentes a efectos macroprudenciales. En este sentido, el Foro Macroprudencial Nórdico-Báltico (Nordic-Baltic Macroprudential Forum) (6) y el protocolo de acuerdo más reciente relativo a la cooperación y coordinación en materia de estabilidad financiera transfronteriza en la región nórdico-báltica (7) podrían servir como puntos de referencia para un marco de estrecha cooperación entre las autoridades pertinentes.

(11)

De acuerdo con el principio de subsidiariedad, el Estado miembro pertinente debe elegir la autoridad pertinente para recopilar información con fines de estabilidad financiera o macroprudencial.

(12)

Con arreglo al artículo 40 de la Directiva 2013/36/UE, las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida podrán exigir que toda entidad de crédito que tenga una sucursal en su territorio les dirija un informe periódico sobre las actividades efectuadas en él. Estos informes se exigirán únicamente i) con fines de información o estadísticos, ii) para considerar a las sucursales como significativas o iii) con los fines de supervisión encomendados a la autoridad competente de acogida en virtud de la Directiva 2013/36/UE. No queda claro si la información recopilada de acuerdo con dicho artículo también puede utilizarse a efectos macroprudenciales, ya que la disposición pertinente no distingue entre supervisión microprudencial y macroprudencial. Por consiguiente, la Comisión Europea debe considerar, en el marco del examen previsto en el artículo 513 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, si el derecho de la Unión debe revisarse para aclarar si la información procedente de sucursales también puede recopilarse con fines macroprudenciales.

(13)

Las sucursales de entidades de crédito que tengan su administración central en un tercer país solo están sujetas al derecho nacional, y las leyes nacionales en esta materia no están armonizadas por el derecho de la Unión. Tras las recientes modificaciones de la Directiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), el artículo 47 de la Directiva 2013/36/UE especifica que las autoridades nacionales competentes de sucursales de entidades de crédito que tengan su administración central en un tercer país deben recopilar una información mínima, complementada por cualquier otra información que se considere necesaria para permitir un seguimiento exhaustivo de las actividades de la sucursal. Dicha información debe compartirse con las autoridades encargadas de adoptar o activar medidas de política macroprudencial o de otras funciones de estabilidad financiera, cuando sea posible y oportuno. En el marco del examen previsto en el artículo 513 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 y mencionado con anterioridad, en cuanto a la cuestión de si el derecho de la Unión debe revisarse para aclarar si la información procedente de sucursales también puede recopilarse para fines macroprudenciales, la Comisión también debe considerar la posibilidad de recabar datos con tales fines de sucursales de entidades de crédito que tengan su administración central en un tercer país.

(14)

De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo (9) (en lo sucesivo, el «Reglamento del MUS»), el BCE es la autoridad competente en relación con las entidades de crédito significativas en el contexto del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Como tal, el BCE es responsable de supervisar las entidades de crédito significativas y coopera estrechamente con las autoridades nacionales competentes (ANC) para llevar a cabo sus funciones a través de equipos conjuntos de supervisión, que están formados por personal del BCE y de las autoridades nacionales competentes pertinentes. Esto permite un intercambio rápido e inmediato de información relativa a las entidades de crédito supervisadas. Las autoridades a las que se hayan encomendado la adopción o la activación de medidas de política macroprudencial u otras funciones de estabilidad financiera podrán solicitar y obtener información del BCE en su función de supervisión sobre las sucursales de entidades de crédito que tengan su administración central en otro Estado miembro.

(15)

A tenor del artículo 5, apartado 2, del Reglamento del MUS, el BCE es responsable de evaluar las medidas macroprudenciales adoptadas por las autoridades nacionales y, cuando se considere necesario, de aplicar requisitos más estrictos para los colchones de capital y las medidas más rigurosas. A este respecto, la información sobre sucursales de entidades de crédito que tengan su administración central en otro Estado miembro o en un tercer país forma parte de las categorías de información que puede ser necesaria para que el BCE realice dichas tareas.

(16)

Las autoridades competentes de los Estados miembros que no participan en el MUS pueden cooperar e intercambiar información sobre las entidades de crédito supervisadas en los colegios de supervisores establecidos con arreglo a los artículos 51 y 116 de la Directiva 2013/36/UE, y que sirven como vehículos para la coordinación de las tareas de supervisión relacionadas con las actividades transfronterizas llevadas a cabo por una entidad de crédito.

(17)

Este mecanismo transfronterizo para compartir información se centra en los objetivos de la supervisión microprudencial. Por consiguiente, los artículos 51 y 116 de la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento Delegado (UE) 2016/98 de la Comisión (10), que establece las condiciones generales para el funcionamiento de los colegios de supervisores, no contemplan específicamente la participación de las autoridades encargadas de adoptar o de activar medidas de política macroprudencial o de otras funciones de estabilidad financiera en los colegios de supervisores pertinentes. No obstante, la autoridad pertinente del Estado miembro de origen puede, en principio, invitar a otras entidades a participar en las reuniones de los colegios de supervisores, siempre que todos los miembros del colegio estén de acuerdo. Algunos datos relativos a la entidad de crédito a la que pertenece la sucursal y que se comparten en los colegios de supervisores pueden ser pertinentes a efectos macroprudenciales. A este respecto, se anima a las autoridades competentes a invitar a las autoridades pertinentes encargadas de la adopción o la activación de medidas de política macroprudencial o de otras funciones de estabilidad financiera a que participen en la consideración de temas específicos de interés macroprudencial que se traten en los colegios de supervisores. La inclusión explícita de dichas autoridades pertinentes en los colegios de supervisores como posibles observadores en el marco del Reglamento Delegado (UE) 2016/98 de la Comisión podría proporcionar una mayor seguridad en cuanto a este papel. Las invitaciones a representantes de las autoridades macroprudenciales para asistir a las reuniones de los colegios de supervisores con el fin de informar a los demás participantes sobre los riesgos macroprudenciales o la evolución de la normativa en los ámbitos macroprudenciales también pueden resultar beneficiosas para los debates en el seno de los colegios de supervisores.

(18)

Para garantizar un enfoque coherente, eficiente y eficaz del intercambio de información a los fines de la presente Recomendación, la Autoridad Bancaria Europea (ABE), en cooperación con la JERS, debe elaborar directrices y supervisar el intercambio de información. A fin de lograr un cierto grado de convergencia de la información recibida de las partes interesadas pertinentes, la ABE debe establecer un marco común de protocolos de acuerdo en cooperación con todas ellas.

(19)

La presente recomendación se entiende sin perjuicio de los mandatos de política monetaria de los bancos centrales de la Unión.

(20)

Las recomendaciones de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) se publican una vez que los destinatarios han sido informados y que la Junta General ha informado de su propósito al Consejo de la Unión Europea y este ha tenido la oportunidad de reaccionar.

1.

Intercambien la información que se considere necesaria para desempeñar sus funciones relacionadas con la adopción o la activación de medidas de política macroprudencial u otras funciones de estabilidad financiera, de manera eficaz y eficiente, con respecto a las sucursales en un Estado miembro de acogida de entidades de crédito que tengan su administración central en otro Estado miembro o en un tercer país. El intercambio de información debe efectuarse tras la recepción de una solicitud razonada de información en relación con dichas sucursales, teniendo en cuenta las directrices publicadas por la ABE de conformidad con la recomendación C, apartado 1, presentada por una autoridad pertinente del Estado miembro de acogida a la que se hayan encomendado la adopción o la activación de medidas de política macroprudencial u otras funciones de estabilidad financiera. La información que debe intercambiarse será proporcional a la importancia de las sucursales para la estabilidad financiera del Estado miembro de acogida.

2.

Establezcan protocolos de acuerdo u otras formas de acuerdos voluntarios para la cooperación y el intercambio de información entre sí, o con una autoridad pertinente de un tercer país, en relación con las sucursales en el Estado miembro de acogida de entidades de crédito que tengan su administración central en otro Estado miembro o en un tercer país, cuando las partes interesadas consideren necesario y adecuado el intercambio de información.

1.

Evalúe si existen obstáculos en la legislación de la Unión que impidan a las autoridades a las que se haya encomendado la adopción o la activación de medidas de política macroprudencial u otras funciones de estabilidad financiera, obtener la información necesaria sobre sucursales para adoptar o activar tales medidas o desempeñar dichas funciones.

2.

Proponer la modificación de la legislación de la Unión para suprimir cualquier obstáculo de este tipo, cuando la Comisión Europea llegue a la conclusión, como resultado de su evaluación, de que existen tales impedimentos.

1.

Emita directrices, de acuerdo con la recomendación A, para el intercambio de información entre las autoridades pertinentes en relación con las sucursales de entidades de crédito que tengan su administración central en otro Estado miembro, que deben contener una lista de la información que debe intercambiarse, como mínimo, en función de la necesidad, y dentro de los límites de la legislación de la Unión y nacional aplicable. La lista debe incluir, como mínimo, información de cada una de las siguientes categorías:

2.

Supervise con regularidad, en cooperación con la JERS, la eficiencia y la eficacia del intercambio de información entre las autoridades pertinentes en relación con las sucursales de entidades de crédito que tengan su administración central en otro Estado miembro o en un tercer país.

a)

«sucursal»: el lugar de actividad que forma una parte legalmente dependiente de una entidad de crédito y que realiza directamente todas o algunas de las operaciones inherentes a la actividad de las entidades de crédito;

b)

«entidad de crédito»: una entidad de crédito según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;

c)

«sucursal importante para la estabilidad financiera»: una sucursal en un Estado miembro de acogida de una entidad de crédito que tenga su administración central en otro Estado miembro o en un tercer país que cumpla alguno de los siguientes criterios:

d)

«Estado miembro de acogida»: el definido en el artículo 4, apartado 1, punto 44, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;

e)

«Estado miembro de origen»: el definido en el artículo 4, apartado 1, punto 43, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;

f)

«autoridad competente»: una autoridad pública u organismo oficialmente reconocido por la legislación nacional, facultado por la legislación nacional para supervisar entidades de crédito como parte del sistema de supervisión vigente en el Estado miembro de que se trate, y el BCE con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013;

g)

«protocolo de acuerdo»: un acuerdo voluntario en el que se describe la forma en la que las autoridades pertinentes se proponen cooperar entre sí y en el que se especifican los detalles de los datos y la información que deben intercambiarse, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;

h)

«autoridad pertinente»:

1.

2.

a)

Se solicita a las autoridades pertinentes que, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, presenten a la JERS y al Consejo el informe provisional sobre la aplicación de la recomendación A.

b)

Se solicita a las autoridades pertinentes que, a más tardar el 31 de diciembre de 2024, presenten a la JERS y al Consejo el informe final sobre la aplicación de la recomendación A, habida cuenta de los posibles cambios en la legislación nacional, el derecho de la UE y las directrices de la ABE.

1.

2.