28.10.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 325/4

(1)

El Reglamento (CE) no 994/98 faculta a la Comisión para establecer en un reglamento un umbral por debajo del cual se considera que las medidas de ayuda no reúnen todos los criterios del apartado 1 de artículo 87 del Tratado y, por lo tanto, no se encuadran en el procedimiento de notificación del apartado 3 del artículo 88 del Tratado.

(2)

La Comisión ha aplicado los artículos 87 y 88 del Tratado y, en particular, ha aclarado, en numerosas decisiones, el concepto de «ayuda» con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado. La Comisión, más recientemente en el Reglamento (CE) no 69/2001 (3), ha establecido asimismo su línea de actuación en relación con un límite máximo de minimis, por debajo del cual se considera que no es de aplicación el apartado 1 del artículo 87 del Tratado. Habida cuenta de las normas especiales que se aplican en los sectores agrario y pesquero, así como del riesgo de que incluso pequeños importes de ayuda pudieran cumplir los criterios del apartado 1 del artículo 87 del Tratado en estos sectores, conviene que el Reglamento (CE) no 69/2001 no se aplique a dichos sectores.

(3)

A la luz de la experiencia adquirida por la Comisión, principalmente desde la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos (4), y desde la aplicación de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (5), puede afirmarse que los importes muy pequeños de ayuda concedidos en el sector agrario no cumplen los criterios del apartado 1 del artículo 87 del Tratado, siempre que se reúnan ciertas condiciones. Esto es así cuando el importe de la ayuda recibida por productores individuales es pequeño y el importe global de la ayuda concedida al sector agrario no supera un pequeño porcentaje del valor de la producción. En general, la producción agrícola de la Comunidad se caracteriza por que cada producto es producido por un gran número de productores muy pequeños, que producen en gran medida bienes intercambiables en el marco de organizaciones comunes de mercado. Por este motivo, el efecto de los importes pequeños de ayuda concedidos a productores individuales a lo largo de un espacio de tiempo dado debe relacionarse con el valor de la producción agraria del sector en el mismo espacio de tiempo. Un límite máximo que revista la forma de un importe por Estado miembro fijado sobre la base del valor de la producción en el sector agrario permite garantizar un planteamiento coherente en todos los Estados miembros, basado en un valor de referencia económico objetivo.

(4)

A la luz de la experiencia adquirida por la Comisión en la evaluación de las ayudas estatales en el sector pesquero, principalmente desde la aplicación de las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (6), y la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (7), puede afirmarse que los importes muy pequeños de ayuda concedidos en el sector pesquero no cumplen los criterios del apartado 1 del artículo 87 del Tratado, siempre que se reúnan ciertas condiciones. Dadas las semejanzas de las pautas de producción en el sector pesquero y en el sector agrario, ese es el caso cuando el importe de la ayuda recibida por una empresa en el sector pesquero es pequeña y el importe global de la ayuda concedida al sector pesquero no supera un pequeño porcentaje del valor de la producción.

(5)

Con vistas a mejorar la transparencia y la seguridad jurídica, parece conveniente que se establezca en un reglamento una norma de minimis para los sectores de la agricultura y de la pesca.

(6)

A la luz del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (8), el presente Reglamento no debe dejar exentas las ayudas a la exportación ni las ayudas que primen a los productos nacionales en detrimento de los importados. Los Estados miembros están obligados a abstenerse de conceder ayudas que sean contrarias a los compromisos contraídos en dicho Acuerdo. Las ayudas destinadas a sufragar los costes de participación en ferias comerciales o de estudios o servicios de consultoría necesarios para lanzar un producto nuevo o ya existente en un nuevo mercado no constituyen, normalmente, ayudas a la exportación. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su sentencia de 19 de septiembre de 2002, ha establecido que, desde el momento en que la Comunidad ha adoptado una normativa sobre el establecimiento de una organización común de mercados en un sector agrario determinado, los Estados miembros están obligados a abstenerse de adoptar cualesquiera medidas que puedan ser contrarias a ella o establecer excepciones a su respecto (9). Este principio debe aplicarse asimismo en el sector pesquero. Por tal motivo, no conviene que el presente Reglamento se aplique a las ayudas cuyo importe se fije sobre la base del precio o la cantidad de los productos comercializados.

(7)

A la luz de la experiencia de la Comisión, se puede sostener que las ayudas que no excedan de un límite máximo de 3 000 euros por beneficiario durante un período de tres años, siendo el importe total de esas ayudas concedidas a todas las empresas durante tres años inferior a un límite máximo que debe fijar la Comisión en torno al 0,3 % de la producción anual agraria o pesquera, no afectan al comercio entre los Estados miembros y no falsean o amenazan con falsear la competencia y, por consiguiente, no se encuadran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 87 del Tratado. El período de referencia de tres años presenta un carácter móvil, es decir, que, para toda nueva ayuda de minimis que se conceda, se ha de calcular la cuantía total de las ayudas de minimis otorgadas durante los tres años anteriores. Deben considerarse concedidas las ayudas de minimis en el momento en que se confiera al beneficiario el derecho a percibirlas. La norma de minimis se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que las empresas reciban, para el mismo proyecto, ayudas estatales autorizadas por la Comisión o reguladas por un reglamento de exención por categorías.

(8)

A efectos de transparencia, igualdad de trato y aplicación correcta del límite máximo de minimis, conviene que los Estados miembros apliquen el mismo método de cálculo. A fin de facilitar este cálculo, y de conformidad con el Reglamento (CE) no 69/2001, conviene que los importes de ayuda que no sean en concepto de subvención en efectivo se conviertan en su equivalente bruto de subvención. El cálculo del equivalente de subvención de la ayuda que se reciba en varios plazos y de la ayuda en forma de un préstamo con bonificación de intereses exige el empleo de los tipos de interés que prevalezcan en el mercado en el momento en que se conceda la subvención. Con vistas a aplicar de manera uniforme, transparente y sencilla las normas sobre las ayudas estatales, se debe considerar que los tipos de mercado a efectos del presente Reglamento son los tipos de referencia, siempre que, en el caso de un préstamo con bonificación de intereses, éste vaya combinado con una garantía normal y no implique un riesgo anormal. Los tipos de referencia deben ser los que fija periódicamente la Comisión sobre la base de criterios objetivos y se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea y en Internet.

(9)

La Comisión tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales y, especialmente, que las ayudas concedidas con arreglo a la norma de minimis respeten sus condiciones. De conformidad con el principio de cooperación establecido en el artículo 10 del Tratado, los Estados miembros deben facilitar el cumplimiento de esta tarea estableciendo un mecanismo de control que garantice que el importe total de las distintas ayudas concedidas en concepto de ayudas de minimis no sea superior a 3 000 euros por beneficiario o a los límites máximos globales fijados por la Comisión sobre la base del valor de la producción agrícola o pesquera por Estado miembro durante un período de tres años. A tal efecto, conviene que, cuando concedan una ayuda de minimis, los Estados miembros informen a la empresa del carácter de minimis de la misma, reciban información completa de otras ayudas de minimis concedidas durante los tres últimos años y comprueben detenidamente que la nueva ayuda de minimis no excederá de los límites máximos para este tipo de ayudas. De forma alternativa, se puede igualmente garantizar que no se superan estos límites máximos mediante un registro central.

(10)

Habida cuenta de la experiencia de la Comisión y especialmente la frecuencia con la que hay que revisar la política relativa a las ayudas estatales, conviene limitar el período de vigencia del presente Reglamento. En caso de que expire sin haber sido prorrogado, es conveniente que los Estados miembros dispongan de un período de adaptación de seis meses con relación a los regímenes de ayuda de minimis que estuvieran regulados por el presente Reglamento. En pro de la seguridad jurídica, es conveniente aclarar los efectos del presente Reglamento sobre las ayudas concedidas antes de su entrada en vigor.

a)

las ayudas cuyo importe se fije sobre la base del precio o la cantidad de los productos comercializados;

b)

las ayudas a las actividades relacionadas con la exportación, especialmente las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, las ayudas al establecimiento y la explotación de una red de distribución o las ayudas a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora;

c)

las ayudas que dependan de que se prime la utilización de productos nacionales en detrimento de los importados.

1)

«Empresas del sector agrario», las empresas que se dediquen a la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas.

2)

«Productos agrícolas», los productos enumerados en el anexo I del Tratado, salvo los productos de la pesca y la acuicultura definidos en el punto 5 del presente artículo;

3)

«Transformación de un producto agrícola», una operación efectuada sobre un producto agrícola en la que el resultado sea también un producto agrícola.

4)

«Empresas del sector pesquero», las empresas que se dediquen a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca.

5)

«Productos de la pesca», los productos capturados en el mar o en aguas interiores y los productos de la acuicultura enumerados en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo (10).

6)

«Transformación y comercialización de un producto de la pesca», todas las operaciones, incluidas la manipulación, el tratamiento, la producción y la distribución, realizadas entre el momento del desembarque o la cosecha y la fase de producto final.