I. Presentación de la demandante

II. Resumen de los hechos

III. Régimen jurídico

IV. Fase escrita y pretensiones de las partes

V. Motivos y alegaciones de las partes :

A. Excepción de inaplicabilidad a la demandante del Reglamento (CEE) no 2423/88

1. Primer motivo: vicios sustanciales de forma

a) Falta de motivación del artículo 19 del Reglamento no 2423/88

b) Falta de motivación del inciso ¡i) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento no 2423/88

2. Segundo motivo: violación del Tratado o de cualquier otra norma jurídica relativa a su aplicación

a) Infracción del Código antidumping del GATT

b) Violación de determinados principios generales del Derecho

— Derecho de defensa

— Seguridad jurídica

— Igualdad de trato

B. Anulación del Reglamento (CEE) no 3651/88 en lo que afecta a la demandante

1. Primer motivo: vicios sustanciales de forma

a) Infracción del Reglamento interior del Consejo

b) Infracción de los derechos de defensa

c) Falta de motivación del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento no 2423/88 y de los puntos 21, 22 y 60 de los considerandos del Reglamento no 3651/88

2. Segundo motivo: violación del Tratado o de cualquier otra norma jurídica relativa a su aplicación

a) Infracción del Código antidumping del GATT

b) Infracción del Reglamento no 2176/84 y, subsidiariamente, del Reglamento no 2423/88

i) Errores manifiestos sobre la materialidad de los hechos

— Comparación entre el valor normal y el precio de exportación

— Determinación del perjuicio

— Segmento del mercado afectado

ii) Errores manifiestos de apreciación

— Definición de los productos similares

— Determinación de la producción comunitaria

— Valoración del perjuicio sufrido por las empresas comunitarias

— Influencia de las importaciones procedentes de terceros países distintos de Japón

— Fijación del nivel de los derechos necesarios para eliminar el perjuicio

c) Violación de determinados principios generales del Derecho

— Seguridad jurídica

— Igualdad de trato

— Aplicación leal y equitativa del Derecho comunitario

— Proporcionalidad

— Estoppel

3. Tercer motivo: desviación de poder

1.

La sociedad demandante, Nakajima All Precision Co. Ltd (en lo sucesivo, «Nakajima»), con domicilio social en Tokio, es una empresa de carácter familiar cuyo capital es propiedad en su totalidad de la familia Nakajima.

2.

Nakajima, que se ha especializado en la fabricación de máquinas de escribir y de impresoras, fabrica cuatro modelos de impresoras de agujas de categoría inferior. Se trata de impresoras de percusión de matriz de puntos en serie, que imprimen puntos mediante agujas electrónicamente activadas en un medio de puntos (impresoras de agujas SIDM).

3.

Nakajima afirma que ella tiene las siguientes particularidades: por una parte, se consagra exclusivamente a actividades de fabricación y carece de toda estructura integrada de distribución y, por otra parte, no efectúa desde hace varios años ninguna venta en el mercado japonés, dedicando la totalidad de su producción a la exportación. De este modo, ¡a mayor parte de las impresoras SIDM que Nakajima fabrica son vendidas, según ella, en «Original Equipment Manufacture» (en lo sucesivo, «OEM») a fabricantes extranjeros [como Honeywell en Italia (HISI) u Olympia en la República Federal de Alemania] y a distribuidores independientes que a continuación comercializan el producto bajo su propia marca; el resto de la producción de Nakajima se comercializa bajo la marca «Ail» y en versiones idénticas a las vendidas en régimen OEM, también mediante distribuidores independientes. Subraya Nakajima que el mercado de la CEE ha absorbido el 41,7 % de sus ventas de impresoras SIDM en 1986.

4.

En marzo de 1987, el Committee of European Printer Manufacturers (Comité de Fabricantes Europeos de Impresoras; en lo sucesivo, «Europrint») planteó ante la Comisión, en nombre de los fabricantes de la industria europea de impresoras de percusión de matriz de puntos en serie, una denuncia en la que pedía la apertura de un procedimiento antidumping contra los exportadores japoneses de este tipo de impresoras.

5.

La Comisión inició el procedimiento antidumping (véase anuncio de apertura de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de impresoras matriciales por puntos originarias de Japón; DO 1987, C 111, p. 2) basándose en el Reglamento (CEE) no 2176/84 del Consejo, de 23 de julio de 1984, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (DO L 201, p. 1; EE 11/21, p. 3; en lo sucesivo, «antiguo Reglamento de base»).

6.

Este procedimiento condujo al establecimiento, mediante Reglamento (CEE) no 1418/88 de la Comisión, de 17 de mayo de 1988 (DO L 130, p. 12; en lo sucesivo, «Reglamento provisional»), promulgado según el citado Reglamento no 2176/84, de un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de impresoras de percusión de matriz de puntos en serie originarias de Japón.

De acuerdo con el Reglamento provisional, el tipo del derecho aplicable a las impresoras SIDM de Nakajima era un 12,3 % del precio neto franco frontera de la Comunidad no despachado de aduana.

7.

El 11 de julio de 1988, el Consejo promulgó el Reglamento (CEE) no 2423/88 relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (DO L 209, p. 1; en lo sucesivo, «nuevo Reglamento de base»). Dicho Reglamento deroga el antiguo Reglamento de base. Entró en vigor el 5 de agosto de 1988 y se aplicará, con arreglo al párrafo segundo de su artículo 19, «a los procedimientos ya iniciados».

8.

El derecho antidumping provisional del 12,3 %, aplicable a Nakajima conforme al Reglamento provisional, se prorrogó por un plazo no superior a dos meses mediante el Reglamento (CEE) no 2943/88 del Consejo, de 23 de septiembre de 1988 (DO L 264, p. 56), adoptado fundándose en el nuevo Reglamento de base.

9.

El 23 de noviembre de 1988, a propuesta de la Comisión y fundándose sobre el nuevo Reglamento de base, el Consejo promulgó el Reglamento (CEE) no 3651/88 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de impresoras de percusión de matriz de puntos originarias de Japón (DO L 317, p. 33; en lo sucesivo, «reglamento definitivo» o «reglamento impugnado»).

El apartado 2 del artículo 1 de dicho Reglamento fijó el tipo del derecho antidumping definido aplicable a Nakajima en el 12 % del precio neto franco frontera de la Comunidad no despachado de aduanas.

Con arreglo al artículo 2 de dicho Reglamento, las cantidades recibidas en concepto de derecho antidumping provisional en virtud del Reglamento provisional se percibirán en razón del tipo de derecho definitivo impuesto, cuando este último sea inferior al del derecho antidumping provisional.

Con arreglo a su artículo 3, el Reglamento definitivo entró en vigor el 25 de noviembre de 1988.

10.

La letra b) del apartado 3 del artículo 2 del antiguo Reglamento de base dice lo siguiente:

«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por valor normal:

[...]

11.

La letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base dispone:

«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por valor normal:

[...]

12.

El recurso de Nakajima fue inscrito en el Registro del Tribunal de Justicia el 7 de marzo de 1989.

13.

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 6 de abril de 1989, Nakajima interpuso una demanda de medidas provisionales por la que pretendía, a título principal, que se suspendiera, respecto a ella, la ejecución del citado Reglamento no 3651/88 y, a título subsidiario, que se adoptaran todas las demás medidas provisionales que fueran necesarias hasta que el Tribunal hubiera decidido sobre el fondo.

Esta demanda fue desestimada mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 1989.

14.

Mediante autos del Tribunal de Justicia de 17 de mayo y 4 de octubre de 1989, respectivamente, se admitió la intervención de la Comisión y de Europrint en apoyo de las pretensiones del Consejo.

15.

Nakajima, parte demandante, solicita al Tribunal de Justicia que:

16.

El Consejo, parte demandada, solicita al Tribunal de Justicia que:

17.

La Comisión, parte coadyuvante, solicita al Tribunal de Justicia que:

18.

Europrint, parte coadyuvante, apoya las pretensiones del Consejo.

19.

El Tribunal de Justicia, visto el informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba.

20.

Nakajima, por una parte, con arreglo al artículo 184 del Tratado CEE, plantea una excepción de inaplicabilidad, por lo que a ella respecta, del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 y del artículo 19 del nuevo Reglamento de base y, por otra parte, pretende la anulación del Reglamento definitivo en la medida en que éste afecta a la demandante, según el párrafo segundo del artículo 173 del Tratado CEE.

21.

Nakajima afirma que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 13 de junio de 1958, Meroni, 9/56, Rec. p. 9), el nuevo Reglamento de base es contrario a Derecho hasta el punto de dar lugar a la nulidad del Reglamento definitivo que se funda sobre el primer Reglamento.

22.

En apoyo de su excepción, Nakajima propone dos motivos fundados, el primero, en vicios sustanciales de forma y, el segundo, en la violación del Tratado o de cualquier otra norma jurídica relativa a su aplicación.

23.

Sostiene Nakajima al respecto que el nuevo Reglamento de base es contrario a Derecho por carecer de motivación. Subraya Nakajima que, según reiterada jurisprudencia (por ejemplo, sentencia de 7 de mayo de 1987, Nippon Seiko, 258/84, Rec. p. 1923), la motivación exigida por el artículo 190 del Tratado CEE debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la autoridad comunitaria de la que emane el acto impugnado, de manera que los interesados puedan conocer las justificaciones de la medida adoptada para defender sus derechos y el Tribunal de Justicia ejercitar su control.

24.

En el marco de este motivo, Nakajima invoca dos argumentos, fundados, el primero; en la falta de motivación del artículo 19 del nuevo Reglamento de base y, el segundo, en la falta de motivación del inciso ii) la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del mismo Reglamento.

25.

26.

En apoyo de su tesis, Nakajima alega que, según la jurisprudencia (sentencia de 12 de noviembre de 1981, Salumi, asuntos acumulados 212/80 a 217/80, Rec. p. 2735), por más que se piensa generalmente que las normas procesales se aplican a todos los procesos pendientes en el momento en que entran en vigor, no sucede lo mismo con las normas sobre el fondo. Por otra parte, según la sentencia de 24 de noviembre de 1971, Siemers (30/71, Rec. p. 919), un Reglamento que tenga carácter constitutivo no puede producir efectos retroactivos.

27.

Ahora bien, en el caso de autos, el nuevo Reglamento de base, que tiene este carácter, establece nuevas normas sobre el fondo. En efecto, al disponer la aplicación del nuevo Reglamento de base a los procedimientos ya iniciados, ha permitido que se aplique a Nakajima, que tiene la particularidad de no realizar ninguna venta de impresoras similares sobre el mercado interior, la nueva regla del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del citado Reglamento no 2423/88. Ahora bien, esta disposición modifica fundamentalmente —según Nakajima— las reglas para la determinación del valor normal calculado, al disponer que, cuando no se realice ninguna venta del producto similar en el mercado interior, el cálculo de los gastos de venta, los gastos generales y los gastos administrativos (en lo sucesivo, gastos «VGA»), igual que el de los beneficios, se obtiene en relación con los gastos efectuados y con los beneficios realizados por otros fabricantes y exportadores en el país de origen o de exportación sobre las ventas lucrativas de un producto similar [inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base].

28.

Llega a la conclusión Nakajima de que, en tales circunstancias, la regla debe ser la irretroactividad del Reglamento de base. Por lo tanto, si las autoridades comunitarias decidieran aplicar el Reglamento con efecto retroactivo, deberían motivar especialmente dicha decisión. Ahora bien, en el caso de autos no existe, según Nakajima, semejante motivación. En todo caso (y siempre según Nakajima) no basta con afirmar que el Reglamento «se aplicará a los procedimientos ya iniciados» para atribuirle válidamente efecto retroactivo.

29.

En su escrito de réplica, Nakajima refuta el argumento que a este respecto desarrollan las observaciones de la Comisión.

30.

Nakajima objeta en primer lugar a la Comisión haberse adelantado en el caso de autos a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de base, cambiando en una primera fase su método para determinar el valor calculado y cubriendo luego dicha práctica mediante la aplicación retroactiva del nuevo Reglamento de base.

31.

Nakajima subraya a continuación el peligro del nuevo precepto [inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2] por cuanto, para determinar el valor calculado, se basa en referencias a gastos y beneficios de terceras empresas, sin tener en cuenta eventuales diferencias de estructura de éstas en comparación con las características de la sociedad afectada, cuando, para evitar los riesgos de discriminación, sería esencial que estas empresas de referencia se encontraran en una situación que se acercara lo más posible a la realidad.

32.

Por último, Nakajima expone que, al subrayar que los derechos antidumping se establecen sólo para el porvenir en el Reglamento definitivo, la Comisión confunde la determinación de la existencia de dumping y el establecimiento de derechos antidumping, por cuanto, para determinar que hay dumping, tiene que haber necesariamente una aplicación del Reglamento de base a hechos anteriores cuya apreciación jurídica sería, en su caso, la causa del establecimiento de derechos antidumping para el porvenir. Ahora bien, fue en función de los criterios mantenidos por el antiguo Reglamento de base y no por las nuevas disposiciones del citado Reglamento no 2423/88 como Nakajima calculó sus precios de venta de exportación, para evitar que sus productos fuesen considerados como incursos en prácticas de dumping.

33.

34.

Por consiguiente, el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base impone nuevas obligaciones a las empresas exportadoras a terceros países al recurrir, para la determinación del valor calculado, a tener en cuenta los gastos y beneficios de otros productores o exportadores. Ahora bien, como la estructura de estas empresas de referencia puede ser completamente distinta de la de las empresas de que se trata, se corre el peligro de que este nuevo método de cálculo sea poco razonable y discriminatorio. Al respecto alega Nakajima que tiene una estructura del todo distinta de la de otras empresas japonesas afectadas por el presente proceso antidumping. En efecto, a diferencia de todas las sociedades implicadas, que tienen una producción muy diversificada y que dedican una parte relativamente débil de su producción a las impresoras SIDM y que están integradas verticalmente con el fin de asegurar la distribución de su producción en Japón, Nakajima no tiene una producción diversificada sino concentrada en la producción de máquinas de escribir electrónicas y de impresoras de categoría inferior y su estructura no está determinada con vistas a la comercialización de sus productos, porque su producción se vende en la fase de salida de fábrica a terceros independientes. En tales circunstancias, ninguna de las otras sociedades japonesas puede compararse a Nakajima desde el punto de vista de sus dimensiones, de la diversidad de sus productos y de sus estructuras de venta. Por ello, en el presente caso, el margen de beneficios y los gastos VGA de Nakajima no pueden fijarse de modo equitativo mediante una simple referencia a los datos de estas otras empresas japonesas.

35.

Además, el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base es —según Nakajima— contradictorio en sí mismo. En efecto, el método de cálculo previsto por la tercera frase de dicho artículo es inaplicable en todo caso, porque, por definición, la letra b) de esta disposición sólo se refiere a los casos en que «no se realice ninguna venta de un producto similar en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interior del país de exportación o de origen o cuando tales ventas no permitan una comparación válida». En estas circunstancias no se comprende por qué la cuarta frase de la misma disposición precisa «si no puede disponerse de esta información, o es poco fiable o no puede utilizarse», lo que, por hipótesis, sucede siempre. En respuesta al argumento del Consejo, según el cual la hipótesis contemplada por la tercera frase del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 no excluye, en determinadas circunstancias, un valor normal que incluya ciertas ventas de productos similares en el mercado doméstico, que no hayan sido efectuadas en condiciones normales, como las ventas con pérdidas, Nakajima alega que semejantes ventas no se incluyen en el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2, sino en el apartado 4 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base.

36.

Existe además una contradicción manifiesta (siempre según Nakajima) entre el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 y el punto 33 de los considerandos del nuevo Reglamento de base, en la medida en que éste indica que la autoridad comunitaria puede fundarse, para la determinación del valor calculado, «sobre cualquier otra base razonable», en tanto que el artículo 2 del nuevo Reglamento de base no concede a dicha autoridad ningún margen de discrecionalidad.

37.

Nakajima deduce del conjunto de estas consideraciones que el nuevo Reglamento de base hubiera debido incluir una motivación del nuevo método para determinar el valor calculado establecido por el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base. En particular, la autoridad comunitaria hubiera debido explicar por qué era necesario establecer esta nueva normativa, de qué manera pensaban las Instituciones evitar discriminaciones entre empresas tomando por referencia, al determinar el valor calculado, firmas cuyas estructuras son totalmente distintas de las de la sociedad afectada y por qué razón, a diferencia del asunto de las máquinas de escribir electrónicas (en lo sucesivo, «asunto TEC»), que ha dado lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 1988, TEC (asuntos acumulados 260/85 y 106/86, Rec. p. 5855) y en la que la Comisión, teniendo en cuenta los gastos propios de cada empresa afectada, sólo había estimado un importe único de beneficios para empresas con estructuras comparables y había sobreseído el procedimiento antidumping en relación con las importaciones de máquinas de escribir electrónicas fabricadas por Nakajima en atención a la estructura particular de esta última (véase Decisión 86/34/CEE de la Comisión, de 12 de febrero de 1986; DO L 40, p. 29), las Instituciones ya no tienen en cuenta la similitud de estructura de las empresas de referencia y de la sociedad a la que se refiere el procedimiento.

Ahora bien, los puntos 4 y 33 de los considerandos del nuevo Reglamento de base nada dicen a este respecto y, por lo tanto, este Reglamento ha de considerarse contrario a Derecho por falta de motivación.

38.

39.

La citada sentencia Siemers no es aplicable al presente caso porque, si el Tribunal de Justicia no ha admitido el carácter retroactivo del Reglamento del que trataba dicho asunto, ello sería porque el legislador comunitario no había precisado que tendría tal efecto.

40.

Por otra parte, la motivación de la aplicación del nuevo Reglamento de base a los procedimientos ya iniciados se deduce claramente —según el Consejo— del punto 32 de los considerandos.

41.

Añade el Consejo que es inexacto pretender que la Comisión se adelantó a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de base. En efecto, desde que se inició el procedimiento, la Comisión aplicó (según el Consejo) un método para determinar el valor calculado de acuerdo con las modalidades previstas por el antiguo Reglamento de base. Además, Nakajima fue informada a principios de noviembre de 1987, es decir, en una fecha en que no existía ni siquiera un primer proyecto del nuevo Reglamento de base, del método de cálculo que iba a aplicarse y de la posibilidad de que los gastos VGA y los beneficios de otros exportadores japoneses serían tenidos en cuenta para la determinación del valor calculado.

42.

Por último, la distinción que Nakajima establece entre el dumping y los derechos antidumping no es aceptable. En efecto, dice el Consejo, la Comisión nunca negó que, para el establecimiento de derechos antidumping en el futuro, hay que tener en cuenta la situación anterior de las ventas de las empresas. Sin embargo, el artículo 19 del nuevo Reglamento de base no se tradujo en una aplicación anticipada de dicho Reglamento, puesto que la Comisión, en el marco de un procedimiento iniciado antes de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de base, podría haber llegado a tener en cuenta, para la determinación del dumping, las ventas efectuadas durante un período de investigación anterior a dicha entrada en vigor.

43.

44.

Por lo demás, el Consejo entiende que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base está perfectamente motivado. Dicha motivación se contiene claramente en los puntos 4 y 33 de los considerandos del nuevo Reglamento de base. Contra lo que afirma Nakajima, no hay la menor contradicción entre el punto 33 de los considerandos y el texto del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2, puesto que las diferentes situaciones previsibles a que se refiere dicho punto se recogen y desarrollan después en el artículo de que se trata. Por lo demás, el mismo artículo 2 no es incoherente, porque la tercera frase del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 no excluye, en determinadas circunstancias, un valor normal que incluya determinadas ventas de productos similares en el mercado interior que no se hayan realizado en circunstancias normales, como algunas ventas con pérdidas.

45.

La Comisión, que sólo ha definido su postura respecto al primer argumento de Nakajima, señala en primer lugar que la aplicación del nuevo Reglamento de base, de acuerdo con su artículo 19, al procedimiento iniciado contra Nakajima durante la vigencia del antiguo Reglamento de base, no ha producido ninguna innovación en lo que se refiere a la determinación del valor calculado de los productos de que se trata. En efecto, el método de cálculo utilizado en el citado Reglamento no 3651/88, que establecía el derecho provisional con fundamento en el antiguo Reglamento de base, ha tenido como única finalidad unificar la anterior práctica de las Instituciones.

46.

En segundo lugar, la Comisión niega que el nuevo Reglamento de base haya sido aplicado con efecto retroactivo. En efecto, el Reglamento definitivo, fundado en el nuevo Reglamento de base, estableció (según la Comisión) un derecho antidumping únicamente sobre las importaciones de impresoras realizadas a partir del día de su entrada en vigor y no se aplica por consiguiente más que a situaciones futuras. La Comisión añade que la circunstancia de que la investigación sobre la práctica de dumping, que ha dado lugar al Reglamento definitivo, haya cubierto un período (abril de 1986 a marzo de 1987) durante el cual estaba en vigor el antiguo Reglamento de base no significa tampoco ninguna forma de retroactividad. En efecto, las importaciones efectuadas durante el período de investigación constituyeron únicamente la base para la determinación del derecho antidumping, pero sólo se sometieron a ese derecho las importaciones realizadas después de la entrada en vigor del Reglamento definitivo; por lo tanto, cada operación de importación se sujetó al Derecho que era aplicable en el momento en que tuvo lugar.

47.

Por último, suponiendo incluso que el Tribunal de Justicia considere que el nuevo Reglamento de base produce efectos retroactivos, la Comisión subraya que de todas formas no sería inválido. Dice en efecto la jurisprudencia (sentencia de 4 de julio de 1973, Westzucker, 1/73, Rec. p. 723) que las leyes que modifican una disposición legislativa se aplican, salvo excepción, a los efectos futuros de situaciones nacidas durante la vigencia de la ley anterior.

48.

En el marco de este motivo, Nakajima propone dos alegaciones de las que la primera se refiere a la infracción del Código antidumping del GATT y la segunda a la violación de determinados principios generales del Derecho.

49.

50.

Nakajima subraya que, suponiendo incluso, como lo afirma el Consejo, que los particulares no cuentan con un derecho subjetivo para invocar directamente ante los organismos jurisdiccionales las disposiciones del Acuerdo General y del Código antidumping del GATT, tienen la posibilidad, por la vía de un recurso de anulación o de una excepción de inaplicabilidad, de solicitar al Tribunal de Justicia que ejerza el control de legalidad de una norma jurídica en relación con dichas disposiciones.

51.

Pretende Nàkajima que, por una parte, el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base ha infringido el apartado 4 del artículo 2 del Código antidumping del GATT. En efecto, esta última disposición, que establece que, en el supuesto de que no exista venta de productos similares en el mercado interior, el cálculo del valor normal puede tener en cuenta el coste de producción en el país de origen incrementado en una cantidad razonable por los gastos VGA y los beneficios, supondría la existencia de un amplio poder discrecional para determinar el carácter razonable del importe de los gastos y de los beneficios al determinar el valor calculado. Por el contrario, el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base ha restringido, según Nakajima, esta facultad de la autoridad comunitaria, estableciendo una forma de calcular los gastos y los beneficios mediante una mera referencia a los datos de otros fabricantes y exportadores, cuya estructura puede ser enteramente diferente, sin que con ello se respete el criterio del Código antidumping de estimar un importe razonable de los gastos y beneficios.

52.

Por otra parte, el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base prescinde del apartado 6 del artículo 2 del Código antidumping del GATT, que impone la obligación de establecer la comparación entre el valor normal y el precio de exportación en el mismo nivel comercial. En efecto, la nueva disposición del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 acaba por aplicar, infringiendo la mencionada disposición del, Código, a una entidad económica que está formada por una simple fábrica de producción, sin una propia estructura de venta, los gastos VGA realizados y los beneficios conseguidos por otras empresas de estructura vertical de distribución y supone riesgos importantes de discriminación, a falta de semejanza en la estructura de las empresas consideradas. Añade Nakajima que los ajustes previstos por el nuevo Reglamento de base son insuficientes para excluir estos problemas, ya que no tienen en cuenta los gastos que corresponden a los diferentes niveles comerciales, cada uno de los cuales implica una estructura propia.

53.

54.

55.

Subraya Nakajima que, por más que, desde el principio del procedimiento, ha planteado su disconformidad con el método de cálculo aplicado por la Comisión y motivado esta postura por el carácter poco razonable de la aplicación, en su caso particular, de los gastos y beneficios de otros exportadores que tenían una estructura completamente distinta de la suya, la Comisión no le ha dado nunca la posibilidad de defender de forma útil su punto de vista acerca de la oportunidad de alegación.

56.

Más aún, la Comisión no ha contestado jamás (prosigue Nakajima) a las alegaciones que ha expuesto ésta y le falta justificar la aplicación del nuevo método de determinación del valor calculado y más especialmente las razones que la han llevado a abandonar el criterio de la similitud entre las empresas afectadas y las terceras empresas de las que se han tomado datos contables.

57.

Por el contrario, la Comisión (continúa Nakajima) procedió a maniobras dilatorias contra Nakajima, convenciendo a ésta de que siempre tendría la posibilidad de exponer su punto de vista en la «disclosure conference», que sólo tuvo lugar en septiembre de 1988, después de que la Comisión había propuesto el nuevo Reglamento de base. Más aún: sólo cerca de un mes después de la «disclosure conference» y más de cuatro meses después de la promulgación del Reglamento provisional, que no dice absolutamente nada sobre este punto esencial, fue cuando la Comisión indicó a Nakajima cuáles eran las empresas cuyos datos de contabilidad iban a tenerse en cuenta en este caso. Por otra parte, Nakajima sólo tuvo noticias en la fase contradictoria del presente asunto de que la Comisión había utilizado datos distintos de los que figuran en el estudio efectuado en septiembre de 1987 por Ernst & Whinney para la Japan Electronic Industry Development Association y se fundó, esencialmente, en datos recogidos en una investigación realizada entre los fabricantes afectados.

58.

Nakajima critica además a la Comisión por haber atentado a su derecho de defensa aplicando de manera anticipada el nuevo método para determinar el valor calculado que establece el citado Reglamento no 2423/88.

59.

Por último, Nakajima se vio privada de sus medios de defensa al no estar motivados los artículos 2 [inciso ii) de la letra b) del apartado 3] y 19 del Reglamento de base.

60.

Según Nakajima, de ello deriva que tuvo fundamento legítimo para creer que el método para determinar el valor calculado aplicado anteriormente por las Instituciones comunitarias iba a utilizarse también en este caso.

61.

La demandante afirma que, según la citada sentencia TEC, en su apartado 18, está claro que el cálculo de un margen de dumping para una empresa determinada constituye un cálculo particular que debe aplicarse a una empresa perfectamente individualizada, teniendo en cuenta sus características propias. Por lo tanto, Nakajima puede alegar derechos adquiridos para que se reconozca el carácter específico, admitido anteriormente, de su producción, de su venta y de su clientela y para aplicar los métodos de cálculo que las autoridades comunitarias aplicaron en el curso de anteriores procedimientos.

62.

Pretende por lo demás Nakajima que ella ha podido depositar su confianza legítima en las soluciones adoptadas cuando estaba vigente el antiguo Reglamento de base, tanto más cuanto que su estructura es exactamente la misma que en el asunto TEC y que, en relación con este asunto, los demás exportadores afectados en el caso de autos son prácticamente los mismos. En tales circunstancias las autoridades comunitarias no pueden establecer en el curso de un procedimiento y de manera enteramente imprevisible las normas básicas esenciales en materia de dumping, suprimiendo las garantías que ofrecía el antiguo método de cálculo del valor normal, sin sustituirlas por garantías equivalentes. En respuesta a las observaciones presentadas al respecto por la Comisión, la demandante expone también que los precios de venta de las impresoras SIDM a los importadores comunitarios han sido fijados en función del método de cálculo aplicado en el asunto TEC y que, como las transacciones de Nakajima se han realizado siempre entre tres y seis meses antes de la entrega de los productos de que se trata, dichas transacciones tuvieron lugar antes de la modificación del método de cálculo. Por otra parte, no es conforme al interés comunitario aplicar un método sin garantizar su carácter razonable y no discriminatorio.

63.

Por último, Nakajima alega que en este caso se ha violado el principio de la irretroactividad. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia (sentencias de 25 de enero de 1979, Racke, 98/78, Rec. p. 69, y Decker, 99/78, Rec. p. 101), por regla general el principio de la seguridad de las situaciones jurídicas se opone a que el alcance temporal de un acto comunitario tenga su punto de partida en una fecha anterior a su publicación y lo contrario sólo puede darse con carácter excepcional, cuando lo exija el fin que ha de alcanzarse y se haya respetado debidamente la confianza legítima de los interesados. Ahora bien, en el caso de autos, no aparece ni en las palabras ni en las finalidades del nuevo Reglamento de base que haya de dársele un efecto retroactivo.

64.

65.

Al respecto, Nakajima imputa a la Comisión y al Consejo, en primer lugar, que no le han dado garantías de que el método de cálculo empleado no era discriminatorio.

66.

A continuación, rechaza el porcentaje de los gastos VGA y de los beneficios que se han apreciado al determinar el valor calculado, por cuanto parte de datos relativos a empresas que tienen una estructura distinta de la suya y pretende que el umbral de perjuicio ha sido determinado a partir de una comparación en dos niveles comerciales diferentes, en tanto que, so pena de discriminar gravemente a Nakajima a causa de su estructura de simple unidad de producción, el cálculo debería realizarse respecto a sociedades similares y en la misma fase comercial.

67.

68.

El Consejo sostiene que, en todo caso, el nuevo Reglamento de base está de acuerdo con las disposiciones del Código antidumping del GATT y que, en virtud de éste, las partes contratantes disponen de amplias facultades de apreciación respecto a la forma de adoptar su Derecho nacional a las disposiciones que en él se encierran.

69.

Más en especial, por lo que se refiere a la pretendida infracción del apartado 4 del artículo 2 del Código antidumping del GATT, el Consejo subraya que dicho artículo no define el concepto de «importe razonable» respecto a los gastos VGA y los beneficios. Por lo tanto, sería preciso determinar el contenido de este concepto en función de las particularidades de los diferentes casos que se presenten. Ahora bien, el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base no hace —según el Consejo— sino reproducir el método de cálculo que la Comisión había deducido a partir de numerosos procedimientos antidumping anteriores y sería razonable tener en cuenta, para la determinación del valor calculado, los gastos y beneficios de otras empresas que vendan el mismo producto en el mercado interior, porque en la hipótesis de que la empresa para la que hay que calcular el valor normal vendiera en dicho mercado debería adaptarse a las condiciones de mercado que son impuestas a las demás empresas.

70.

A propósito de la infracción que se alega del apartado 6 del artículo 2 del Código antidumping del GATT, el Consejo subraya que las nuevas disposiciones del apartado 9 del artículo 2 del citado Reglamento no 2423/88 tratan de ajustar la comparación de los precios, sobre todo proporcionando una guía detallada de los ajustes que hay que establecer al comparar el valor normal con el precio de exportación. Además, los ajustes que establece el apartado 10 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, en particular los relativos a los gastos de venta, permiten hacer posible la comparación de los precios, incluso cuando se tratara de empresas de estructura diferente. En estas circunstancias, no procede realizar, como pretende Nakajima, un ajuste por la pretendida diferencia en la fase comercial. En efecto, la fase salida de fábrica podría referirse a diferentes niveles comerciales y, en el caso de Nakajima, todas sus ventas a la Comunidad se realizaron en el nivel de distribución, o sea, en el mismo nivel que en el mercado japonés.

71.

72.

Por otra parte, el Consejo se refiere a diferentes intercambios de correspondencia, memoranda y reuniones entre representantes de la Comisión y de Nakajima, qué demuestran según él las numerosas ocasiones que ha tenido la demandante para exponer su punto de vista y ser informada de la postura de la Comisión antes de que se adoptara el Reglamento definitivo.

73.

El Consejo considera, en particular, que Nakajima no tiene fundamento para pretender que no ha sido informada a tiempo del método de determinación del valor calculado que se ha utilizado en este caso puesto que la Comisión, desde el mes de noviembre de 1987, había advertido a Nakajima del método que le podía ser aplicado y que, por otra parte, Nakajima no pidió a la Comisión que le justificara su método de cálculo o que le proporcionara los nombres de las empresas que servirían de referencia para el cálculo del valor normal durante las dos reuniones de información que respectivamente han precedido a la adopción del Reglamento provisional y del Reglamento definitivo. Además, cuando el método discutido había sido empleado para la determinación de los derechos antidumping provisionales, Nakajima tampoco dirigió a la Comisión una petición de información en las condiciones definidas en el apartado 4 del artículo 7 del nuevo Reglamento de base, que reproduce el tenor del apartado 4 del artículo 7 del antiguo Reglamento de base, según el cual las peticiones de información presentadas por los exportadores o importadores del producto sujeto a investigación «deberán recibirse, en caso de imposición de un derecho provisional, como máximo después de la publicación relativa a la imposición de este derecho». En efecto, Nakajima sólo solicitó informaciones suplementarias el 2 de septiembre de 1988, es decir, más de tres meses después de la publicación del Reglamento provisional.

74.

En lo que se refiere, por último, a la utilización de otros datos que los que aparecen en el informe Ernst & Whinney, el Consejo afirma que, según la carta de 28 de septiembre de 1988, dirigida por la Comunidad a Nakajima, las autoridades comunitarias no se han planteado nunca la utilización de la totalidad de los datos del estudio Ernst & Whinney o la limitación de su información al contenido de dicho estudio. Por el contrario, dicha carta mostraba ùnicamente que, para el examen del perjuicio, la Comisión pensaba fundarse en las cifras del informe Ernst & Whinney relativas a la totalidad de las importaciones comunitarias, al consumo total y por sectores, a las importaciones procedentes de Japón y a la evolución general de las cuotas de mercado y de los precios. Siempre ha sido evidente, sin embargo, que, para los datos relativos a cada fabricante comunitario, la Comisión se referiría a los datos recogidos directamente de ellos, más fiables que los del estudio Ernst & Whinney.

75.

76.

Sobre este punto el Consejo recuerda en primer lugar que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, por una parte, la normativa básica en materia de dumping deja a las Instituciones comunitarias un cierto margen discrecional y el hecho de que la Comisión utilice dicho margen sin explicar en detalle y por adelantado los criterios que piensa aplicar en cada situación concreta no viola el principio de la seguridad jurídica (sentencia de 5 de octubre de 1988, Brother, 250/88, Rec. p. 5683, apartado 29) y, por otra parte, el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento de base reconoce a las autoridades comunitarias una facultad discrecional para apreciar el importe razonable de los gastos VGA que han de incluirse en el valor calculado (citada sentencia TEC, apartado 33). En tales circunstancias, las Instituciones tienen perfecto fundamento para seguir el método de determinación del valor calculado que consideren más adecuado para el procedimiento en curso.

77.

Por otra parte, un método de cálculo semejante al aplicado en este caso ha sido utilizado ya en diferentes procedimientos anteriores y la Comisión afirma no haber ocultado nunca el método que pensaba utilizar en el presente procedimiento.

78.

Este método no presenta ningún carácter irracional o discriminatorio, sino que por el contrario permite establecer un valor normal calculado que se piensa que es el que mejor corresponde al precio de venta de un producto semejante si éste fuera vendido en su país de origen.

79.

El Consejo reconoce que el método utilizado por la Comisión en el asunto TEC fue diferente, pero añade que las Instituciones comunitarias son libres en su apreciación del método de cálculo que van a adoptar. Ahora bien, la Comisión llegó a la convicción, después de la experiencia adquirida en este campo, de que Nakajima no debía ser considerada como una sociedad aparte, sino como cualquier otra empresa.

80.

En lo que se refiere al pretendido valor como precedente para el presente asunto de la citada sentencia TEC, el Consejo subraya que en dicho asunto, en el que Nakajima no fue parte, el Tribunal de Justicia se pronunció exclusivamente sobre el Reglamento que establecía derechos antidumping definitivos respecto a TEC. El Consejo añade que el procedimiento TEC nada tiene que ver con la conformidad de la situación de Nakajima con las normas de Derecho comunitario y que en él el Tribunal de Justicia no ha resuelto sobre el fundamento de la citada Decisión 86/34, al establecer, en dicho asunto TEC, el margen de beneficios de Nakajima según un método de cálculo distinto del aplicado en el caso de autos. Además, el hecho de que en esta sentencia el Tribunal de Justicia haya aceptado el concepto de «entidad económica única» no tiene tampoco trascendencia para la posición que adopte la Comisión respecto a Nakajima en el presente asunto, ya que el Tribunal de Justicia sólo consideró (apartado 29) que procedía asimilar un circuito organizado entre sociedades distintas de distribución al integrado en una sola estructura jurídica. Por lo demás, podía deducirse del apartado 16 de dicha sentencia que el Tribunal de Justicia ha confirmado el fundamento de un método de determinación del valor calculado comparable al aplicado a Nakajima en el presente caso. A falta de semejante método, según el Tribunal de Justicia, se corre el riesgo de «discriminar a los otros fabricantes para quienes el margen de beneficios alcanzado en los modelos que venden en Japón se utiliza para el cálculo del valor normal de los otros modelos».

81.

Más en concreto, por lo que se refiere a la violación de los derechos adquiridos, el Consejo destaca que el método de cálculo utilizado por las Instituciones a lo largo de un procedimiento no constituye un derecho adquirido por Nakajima respecto a posteriores procedimientos de que pueda ser objeto. En especial, la demandante no puede alegar derechos adquiridos dimanantes del antiguo Reglamento de base, puesto que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del mismo Reglamento daba ya a la Comisión la facultad de determinar el valor calculado según las modalidades que de hecho ha recogido en el Reglamento provisional.

82.

Desde el punto de vista de la protección de la confianza legítima, según la jurisprudencia (sentencia de 28 de octubre de 1982, Faust, 52/81, Rec. p. 3745), los operadores económicos no tienen razón para depositar su confianza legítima en que se mantenga una situación actual que puede ser modificada por las decisiones que tomen las Instituciones comunitarias dentro de sus facultades discrecionales. Por otra parte, el Consejo recuerda que el nuevo Reglamento de base no ha aportado ninguna modificación en lo que se refiere al método para determinar el valor calculado aplicado a Nakajima, sino que sólo ha confirmado el método que estaba vigente con anterioridad y que presentaba garantías equivalentes.

83.

En cuanto a la pretendida violación del principio de irretroactividad, el Consejo se remite a las observaciones hechas más arriba para refutar el primer argumento de Nakajima en el marco del primer motivo en el que interponía la excepción de inaplicabilidad del nuevo Reglamento de base.

84.

85.

En tales circunstancias, la aplicación del método del régimen definitivo a Nakajima no hubiera tenido consecuencias discriminatorias ni para el cálculo del valor normal ni para la determinación del umbral de perjuicio.

86.

Por lo que se refiere al valor calculado, Nakajima no tiene fundamento para afirmar que el método de cálculo relativo a las empresas que no eran semejantes a ella llevaría a exagerar los gastos VGA de la demandante atribuyéndole costos de distribución propios de sociedades diversificadas, de talla más importante, cuando ella no tiene que hacer frente a tales gastos por no tener una estructura anterior. En efecto, por una parte, la talla y la diversificación de una empresa no suponen gastos VGA más elevados; por el contrario, la experiencia y las economías de escala deberían permitir reducir y distribuir mejor los costes. Por otra pane, se entiende que el valor calculado corresponde a los precios pagados a lo largo de operaciones comerciales normales y semejantes operaciones tuvieron lugar en el mercado interior, por lo que llevaría razón la Comisión al entender que era imposible estar presente en el mercado japonés de los productos electrónicos terminados sin disponer de una estructura de ventas integrada.

87.

Respecto al cálculo del umbral de perjuicio, el Consejo afirma que Nakajima intenta en vano demostrar que la Comisión ha afirmado la rebaja sobre los precios y el umbral de perjuicio comparando los precios de Nakajima y los de los productores comunitarios en niveles diferentes. En efecto, está claro en los puntos 50 y 51 de los considerandos del Reglamento definitivo que la Comisión ha realizado un estudio minucioso de los precios facturados al primer comprador no vinculado a los fabricantes japoneses ni a los comunitarios y que los precios medios aplicados a modelos comparables se han comparado en los distintos circuitos de distribución (OEM, distribuidores-revendedores, últimos usuarios). Por ello, los ajustes mencionados en el punto 51 de los considerandos llevan a situar los precios aplicados a los revendedores en un nivel comparable con los precios aplicados a los distribuidores (lo que justifica una corrección del 25 %). Teniendo en cuenta que Nakajima vende sus productos a los distribuidores, mientras que otros fabricantes comunitarios los venden directamente a los revendedores, este ajuste sería suficiente para permitir una comparación en un nivel comercial equivalente. Además, la Comisión y el Consejo han realizado otros ajustes para tener en cuenta que Nakajima vendía fob Japón.

88.

La Comisión ha presentado observaciones únicamente sobre las pretendidas infracciones del apartado 6 del artículo 2 del Código antidumping del GATT y del principio de la confianza legítima.

89.

En efecto, según la jurisprudencia, el Reglamento de base no impone que el valor normal y el precio de exportación se calculen según métodos idénticos (sentencias de 7 de mayo de 1987, «rodamiento a bolas», 240/84, Rec. p. 1809; 255/84, Rec. p. 1861; 256/84, Rec. p. 1899; 258/84, antes citada, y 260/84, Rec. p. 1975). Por el contrario, se trataría de tres series de normas distintas, cada una de las cuales debería ser respetada por separado, para determinar el valor normal, establecer el precio a la exportación y efectuar la comparación entre los dos respectivamente (sentencia citada TEC, apartado 31).

90.

Más en especial, por lo que se refiere a las normas relativas a la comparación, habría que observar que Nakajima no ha hecho ninguna petición relativa a un ajuste en razón de la diferencia de fase comercial ni antes de la imposición del derecho provisional, según los apartados 9 y 10 del artículo 2 del antiguo Reglamento de base, ni antes de la imposición del derecho definitivo según los apartados 9 y 10 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base. Por lo demás, en contra de lo que alega Nakajima, las Instituciones no han establecido la comparación entre el valor normal y el precio a la exportación en dos niveles diferentes. El nivel salida de fábrica puede significar, en efecto, distintos niveles de comercio, por ejemplo distribuidor y minorista, y, en el caso de Nakajima, todas sus ventas a la Comunidad las realizó en el nivel distribuidor, es decir, en el mismo nivel que el valor calculado para el mercado japonés.

91.

En efecto, según la Comisión, las Instituciones son libres en su apreciación del método de cálculo que han de adoptar y una decisión aislada de la Comisión, como la citada Decisión 86/34, no ha podido dar lugar a que naciera una confianza legítima a favor de Nakajima. La Comisión estima que el principio de la confianza legítima no puede aplicarse más que cuando las Instituciones comunitarias han dado ciertas garantías de que no se procederá a una modificación del método sin previo aviso, cuando las empresas se han fiado de esta garantía y, en el caso de que no se anunciara de antemano el cambio de método, sufrirían un perjuicio irreparable en las transacciones comerciales efectuadas antes de la modificación del método, cuando el interés comunitario en modificar el método no haya de imponerse sobre el interés de las empresas que se piensa creen en dichas garantías y, por último, cuando el método nuevo o modificado no es un método previsto expresamente por la legislación comunitaria aplicable. Ahora bien, en el caso de autos no se da ninguno de estos requisitos, según la Comisión.

92.

En apoyo de su recurso, Nakajima propone tres motivos basados, el primero, en vicios sustanciales de forma; el segundo, en la violación del tratado o de cualquier otra norma jurídica relativa a su aplicación, y el tercero, en desviación de poder.

93.

Dentro de este motivo, Nakajima alega tres argumentos que se basan, respectivamente, en la infracción de los derechos de defensa y en la falta de motivación del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 y de los puntos 21, 22 y 26 de los considerandos del Reglamento definitivo.

94.

95.

A este respecto, Nakajima afirma que, teniendo en cuenta las informaciones aparecidas en la prensa, según las cuales la Comisión no propuso al Consejo el establecimiento de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de impresoras SIDM procedentes de Japón hasta el 18 de noviembre de 1988, es decir, sólo cinco días antes de promulgarse el Reglamento definitivo, es «muy poco probable si no imposible» que la propuesta de la Comisión llegara al Consejo por lo menos catorce días antes del principio de la sesión, como lo prescribe el artículo 2 del Reglamento interior, lo mismo que es muy improbable que todas las versiones lingüísticas estuvieran a disposición el día en que el Consejo promulgó este Reglamento.

96.

Nakajima solicita al Tribunal de Justicia que ordene al Consejo la presentación de los documentos preparatorios del Reglamento definitivo.

97.

98.

En primer lugar, la Comisión no informó de la identidad de las empresas que han servido de referencia para la determinación del valor calculado de Nakajima y omitió explicar por qué cambió de método de cálculo en el presente procedimiento con relación al asunto TEC.

99.

A continuación, el nuevo Reglamento de base, a diferencia del antiguo, no da ya a la autoridad comunitaria la posibilidad de determinar el valor calculado mediante la adición del coste de producción y de un margen de beneficios razonable. Aplicando el nuevo método para determinar el valor calculado, el Consejo ha tenido en cuenta (según Nakajima) datos sobre costes y beneficios que pueden ser poco razonables y discriminatorios. Por lo tanto, la Institución debía demostrar que la aplicación de una media ponderada de los costes y beneficios de otros exportadores estaba en condiciones de evitar toda discriminación.

100.

101.

En primer lugar, el punto 60 de los considerandos del Reglamento definitivo no está suficientemente motivado, ya que se limita a afirmar que las importaciones de impresoras de bajo precio procedentes de terceros países distintos de Japón no causaron ningún perjuicio al mercado comunitario. Ahora bien, no puede reconocerse un perjuicio más que si el dumping es su causa principal según el apartado 1 del artículo 4 de los Reglamentos de base antiguo y nuevo, la autoridad comunitaria —según Nakajima— hubiera debido tener en cuenta los perjuicios causados por otros factores y valorar en consecuencia el perjuicio derivado de importaciones procedentes de terceros países distintos de Japón.

102.

En segundo lugar, tanto el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base como los puntos 21 y 22 de los considerandos del Reglamento definitivo incurren en falta de motivación al no explicar por qué se abandonó el antiguo método para determinar el valor calculado y de qué forma pensaba la autoridad comunitaria evitar las discriminaciones entre empresas aplicando un método de cálculo fundado en la referencia a gastos y beneficios de otros productores o exportadores que deberían ser similares a la empresa afectada, por lo menos en sus grandes líneas.

103.

104.

105.

Por lo demás, no se advierte en qué difiere el nuevo Reglamento de base del antiguo en cuanto al concepto de «margen de beneficios razonable». Por el contrario, el nuevo Reglamento de base, al fijar claramente el método para determinar el valor calculado, ha reforzado la seguridad jurídica de las empresas.

106.

107.

Respecto a la pretendida falta de motivación del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, el Consejo se remite a los argumentos expuestos al respecto al refutar la misma alegación cuando examinó el primer motivo de Nakajima, con el que ésta alegaba la excepción de inaplicabilidad del nuevo Reglamento de base.

108.

Respecto a la pretendida falta de motivación de los puntos 21 y 22 de los considerandos del Reglamento definitivo, el Consejo recuerda que, al haber sido promulgado dicho Reglamento en aplicación del nuevo Reglamento de base, la motivación del Consejo está expresada claramente al indicar que se trata de un procedimiento habitual de la Comisión. Por otra parte, la nueva normativa se ha limitado, según el Consejo, a aclarar la práctica anterior de las Instituciones, reforzando así la seguridad jurídica de las empresas.

109.

Este motivo de Nakajima está fundado en tres argumentos que se basan en la infracción del Código antidumping del GATT, en la infracción del Reglamento de base y en la violación de los principios generales del Derecho.

110.

111.

112.

Nakajima sostiene que, aun suponiendo que el Tribunal de Justicia considerase que el citado Reglamento no 2423/88 le es aplicable, la autoridad comunitaria no lo ha aplicado correctamente.

113.

Las imputaciones de Nakajima se dividen en dos partes; según ella la infracción del Reglamento de base consiste: i) en primer lugar, en errores de la autoridad comunitaria sobre la materialidad de los hechos, y ii) luego, en manifiestos errores de apreciación de esta misma autoridad.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

Nakajima sostiene que las Instituciones han cometido un error al tratar al conjunto de los miembros de Europrint como productores comunitarios y estimando que representaban el 65 % de la producción comunitaria (punto 41 de los considerandos del Reglamento definitivo). En efecto, afirma que dicha cifra no se ajusta a los datos del informe Ernst & Whinney y que incluye la producción de Philips y de Mannesmann-Tally, que no debieran considerarse fabricantes comunitarios dado el considerable volumen de sus importaciones.

120.

Además, habría debido tenerse en cuenta el hecho de que, desde 1984, Triumph-Adler y Logabax ya no producen impresoras, cuando dichas sociedades representaban en 1983 más del 25 % de la producción comunitaria.

121.

Además, según Nakajima, el Consejo cometió un error al afirmar que el segmento inferior del mercado es el que crece más deprisa, cuando —sigue Nakajima— tiene un progreso más débil que el sector superior y el mercado en su conjunto.

122.

123.

Nakajima afirma, primero, que yerra el Consejo al tener en cuenta para la determinación del perjuicio el año 1983 (punto 47 de los considerandos del Reglamento definitivo) ya que la investigación no se extendió a aquel año y Nakajima no estuvo presente durante este período en el mercado comunitario. Además, las empresas que cesaron en su actividad antes del período de investigación debían ser excluidas al determinar el perjuicio. En realidad, durante el período 1984 a 1986, las cuatro reclamantes de Europrint no sufrieron, según Nakajima, ninguna pérdida de mercado sobre el conjunto de fabricación de productos similares.

124.

A continuación, Nakajima rechaza que hubiera una bajada de precios de un 25 a 35 % en el conjunto del mercado comunitario de las impresoras SIDM, de que se habla en el punto 49 de los considerandos del Reglamento definitivo. Afirma que esta bajada fue mucho menos fuerte que lo que pretende el Consejo y la atribuye principalmente a una reducción de los precios de fábrica y no (como sostiene el Consejo) a un aumento de la cuota de mercado de los exportadores japoneses. Nakajima afirma que sus propios precios han aumentado entre 1984 y 1986.

125.

Nakajima afirma, además, que el punto 51 de los considerandos del Reglamento definitivo relativo a la infravaloración de los precios japoneses es erróneo por cuanto las autoridades comunitarias han comparado un precio en el nivel salida de fábrica con un precio en el nivel distribuidor, y el Consejo no ha realizado los ajustes necesarios para evitar un resultado discriminatorio respecto a Nakajima.

126.

También el punto 53 de los considerandos está incurso en manifiesto error de apreciación. En efecto, extrapolando las cifras presentadas por la Comisión, Nakajima llega a la conclusión de que su precio a la exportación en la fase salida de fábrica es dos veces menos elevado que el precio neto de los fabricantes comunitarios. Según ella, esto no puede explicarse más que por un error sobre el nivel de comparabilidad de los productos o de los niveles comerciales.

127.

Nakajima alega, además, la existencia de errores de apreciación relativos a los demás factores económicos importantes que aparecen en los puntos 54 y 55 de los considerandos del Reglamento definitivo. En efecto, entre 1984 y 1986, los fabricantes de Europrint aumentaron su capacidad de producción en un 92,7 % o incluso en un 103,2 % si se excluye Philips, mientras que el mercado comunitario avanzó sólo en un 88 % durante el mismo período. En tales circunstancias, dichos fabricantes no han sufrido perdidas porque, según Nakajima, tuvieron suficientes recursos para invertir y procedieron incluso a superinversiones.

128.

Por otra parte, la demandante entiende que los datos indicados en los puntos 63 a 66 de los considerandos del Reglamento definitivo no se ajustan a la realidad. Según Nakajima, los productores comunitarios no han sufrido ningún perjuicio y su pérdida de rentabilidad no sería más que el resultado de sus errores de gestión.

129.

130.

131.

Por otra parte, Nakajima se opone al método expuesto en el punto 72 de los considerandos del Reglamento definitivo, relativo al cálculo del nivel de perjuicio, obtenido a partir de una comparación entre el precio de venta medio ponderado al primer comprador y el valor cif medio de las ventas de que se trata. Entiende que, si este método hubiera sido calculado correctamente, el umbral de perjuicio de Nakajima hubiera debido ser nulo.

132.

133.

Nakajima declara en primer lugar que, según la jurisprudencia, tiene derecho a presentar al Tribunal de Justicia los datos que permitan comprobar si las autoridades comunitarias no han cometido errores materiales en su apreciación de los hechos o si han dejado de tener en cuenta datos esenciales (sentencia de 4 de octubre de 1983, Fediol, 191/82, Rec. p. 2913).

134.

Nakajima afirma de forma general que, en el asunto TEC, la Comisión, el Consejo y el Tribunal han reconocido el carácter específico de Nakajima. Ahora bien, la estructura de la parte demandante se conserva sin cambios en la actualidad y las autoridades comunitarias tienen por consiguiente la obligación de tener en cuenta, en el procedimiento actual, el carácter específico de Nakajima, so pena de salirse de los límites de su facultad de apreciación.

135.

136.

137.

Sobre el primer punto, la parte demandante alega una crítica igual a la presentada en el marco del mismo argumento a favor de la excepción de inaplicabilidad del nuevo Reglamento de base.

138.

Sobre el segundo punto, Nakajima precisa que el Consejo ha cometido una discriminación contra ella al no aplicarle el método de cálculo del nivel de perjuicio que él mismo definió en el punto 72 de los considerandos del Reglamento impugnado. En efecto, si se hubiera aplicado dicho método, el resultado hubiera debido ser nulo.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

A continuación y en lo que se refiere a la crítica de Nakajima relativa a la bajada de precios en el mercado comunitario, el Consejo replica que las cifras recogidas en el Reglamento definitivo, de acuerdo con la práctica de las Instituciones confirmada por el Tribunal de Justicia (citada sentencia Technointorg), se refieren al conjunto del mercado comunitario y no les influye el hecho de que los precios de Nakajima hayan aumentado durante el mismo período. Además, aun suponiendo demostrada esta subida de los precios de la demandante, tal subida no fue suficiente para eliminar la subestimación de los precios de dicha empresa, que todavía era del 41 % al ser valorada por la Comisión. Por último, el hecho de que Nakajima haya llegado a una bajada de precio más débil que la estimada por el Consejo se explica por el hecho de que sus cálculos se refieren a un período más corto.

151.

Respecto a las comparaciones entre los precios (puntos 51 y 53 de los considerandos del Reglamento definitivo), el Consejo explica que el precio Nakajima fob Japón se ha incrementado en un 12 % para tener en cuenta los derechos de aduana y los costes de transporte y de seguro. Seguidamente la Comisión aumentó el importe obtenido en un 25 % para llegar a un precio distribuidor europeo OEM. Este precio es el que, según el Consejo, se comparó con el de los productores comunitarios. Por lo que se refiere al pretendido trato discriminatorio de Nakajima, el Consejo se remite a sus argumentos anteriores respecto al principio de igualdad de trato y del Código antidumping del GATT.

152.

Respecto a los puntos 54 y 55 de los considerandos del Reglamento impugnado, el Consejo pone de relieve que, según Ernst & Whinney, el mercado comunitario ha crecido en un 161 % entre 1983 y 1986. Por el contrario, Nakajima no tuvo en cuenta, en su argumentación, la importante circunstancia que es la pérdida de cuotas de mercado sufrida por la industria comunitaria. Por añadidura, el Consejo se ve forzado a mantener las informaciones que figuran en los dos citados considerandos y recuerda que no podría dar datos complementarios, por tratarse de informaciones confidenciales.

153.

Por último, por lo que respecta a los puntos 63 a 66 de los considerandos del Reglamento definitivo, el Consejo confirma la realidad de las pérdidas de cuotas de mercado sufridas por la industria comunitaria, cuya exactitud parte de cifras seriamente calculadas y controladas. Por otra parte, Nakajima no ha aportado ninguna prueba sobre los pretendidos errores de gestión de los fabricantes comunitarios.

154.

155.

156.

Por otra parte, el Consejo alega que Nakajima ha comprendido mal el punto 72 de los considerandos del Reglamento definitivo. En efecto, para determinar el derecho antidumping que debía establecerse, hubiera sido preciso expresar el umbral del perjuicio como porcentaje del valor cif. Para ello tendría que haberse efectuado una conversión según el método expuesto en el punto 72 de los considerandos. Esta conversión, aplicada sin ninguna discriminación, demostró que era menester una elevación de precios en la frontera comunitaria para eliminar el perjuicio causado por Nakajima.

157.

158.

Para refutar los argumentos presentados al respecto por Nakajima, el Consejo se remite a las respuestas formuladas para rechazar idénticas alegaciones de la parte demandante en el marco de la excepción de inaplicabilidad de nuevo Reglamento de base.

159.

Recuerda, en especial, respecto a la pretendida violación del principio de la aplicación leal y equitativa del Derecho comunitario, que el método utilizado en este caso no era ni inadecuado ni causante de injusticias, como sostuvo Nakajima.

160.

Respecto a la violación que se alega del principio de proporcionalidad, el Consejo confiesa que no comprende la acusación, puesto que Nakajima sólo quedó sujeta a un derecho antidumping del 12 %, cuando un derecho que se elevó hasta el 36,9 % fue impuesto a otros exportadores. Por otra parte, el Consejo afirma que ya ha demostrado que los ajustes efectuados han sido calculados perfectamente y que la aplicación de un sistema ponderado de gastos y beneficios no infringe en nada las disposiciones comunitarias.

161.

Por último, respecto a la pretendida violación del principio del estoppel, el Consejo cita de nuevo la jurisprudencia, con arreglo a la cual los operadores económicos no tienen justificación si depositan su confianza legítima en el mantenimiento del medio elegido inicialmente, que puede ser modificado por las Instituciones dentro de sus competencias (sentencia Koyo Seiko, antes citada, apartado 20).

162.

La Comisión ha presentado observaciones solamente sobre dos puntos concretos alegados por Nakajima en el marco del segundo argumento en apoyo de su segundo motivo.

163.

164.

165.

La Comisión añade que Nakajima fue informada de los distintos datos de este cálculo en septiembre y octubre de 1988.

166.

Europrint presentó observaciones sobre varios puntos discutidos en el marco del segundo argumento favorable al segundo motivo de Nakajima.

167.

168.

Por otra parte, Nakajima no ha probado, según Europrint, que las autoridades comunitarias hayan ejercitado sus facultades de manera indebida.

169.

170.

171.

Además, Mannesmann-Tally y Philips deberían incluirse en la producción de la Comunidad, por más que hayan importado impresoras originarias de Japón. En efecto, estas importaciones, que sólo constituyeron medidas de autodefensa de los fabricantes comunitarios, estuvieron motivadas por la necesidad, sentida por las empresas de la Comunidad, de estar presentes en el mercado, en un momento en que habían tenido que interrumpir la fabricación de determinados modelos de impresoras, a causa de las bajadas de precios de los exportadores japoneses, sobre todo en la categoría inferior, en el que los japoneses concentraron al principio su estrategia de dumping.

172.

Por otra parte, las divergencias de valoración de Nakajima frente a las cifras que defienden las Instituciones respecto al volumen de las importaciones de impresoras comparado con la producción son para Europrint consecuencia del hecho de que se trata de datos confidenciales que la demandante no puede conocer.

173.

174.

Europrint subraya especialmente que estaba justificado valorar las cuotas de mercado de los exportadores japoneses y las de la industria europea en relación con todas las importaciones y, en su caso, para el conjunto de la distribución de todas las impresoras del mercado de la Comunidad. En efecto, daría lo mismo saber en qué segmento del mercado sufrieron los fabricantes comunitarios pérdidas de cuotas de mercado. El desarrollo de las cuotas de mercado de los fabricantes japoneses, incluida Nakajima, en relación con las cuotas de mercado de la industria que ha sufrido el perjuicio a lo largo del período de referencia es lo único decisivo. Ahora bien, durante dicho período, las cuotas de mercado de los exportadores japoneses han pasado de 49 % a 73 %, mientras que la cuota de mercado correspondiente a los fabricantes comunitarios en el mercado de las impresoras SIDM ha pasado de 33 % a 18 %.

175.

Respecto a la reducción del precio de las impresoras, la demandante no da ninguna explicación para fundamentar su tesis de que esta reducción no es una consecuencia de la fuerte baja de los precios de coste. Ahora bien, según opina Europrint, hay que reconocer que los costes de producción no eran menos elevados en Japón que en la Comunidad y que la baja de precios era mayor en los segmentos de mercado en que los exportadores japoneses progresaron más.

176.

Por lo que respecta a la determinación de los márgenes de subvaloración de los precios, Europrint comprueba que la Comisión ha comparado los precios de determinados modelos de impresoras, representativos y comparables en el mismo nivel comercial. Ahora bien, la comparación de los precios de venta de los modelos japoneses y de las impresoras comunitarias llevó a márgenes de subvaloración que alcanzaban el 43 %. Europrint añade que para esta comparación, a diferencia de la valoración de los márgenes de dumping, los precios salida de fábrica y los márgenes de los distribuidores mayoristas no desempeñan ningún papel.

177.

Europrint señala, además, que la decisión de los productores comunitarios de ampliar su capacidad de producción era justa desde el punto de vista comercial, dado que en ese momento no se podía pensar en que más de quince exportadores japoneses, incluido Nakajima, aumentaran simultáneamente sus exportaciones entre 1983 y 1986 en una proporción del 290 %. En ningún caso puede hablarse de un exceso de inversiones, como pretende la demandante.

178.

Por último, sería significativo comprobar que la demandante no menciona el factor más importante para el perjuicio, a saber, la reducción del beneficio ponderado de 9 % a 1 % aproximadamente.

179.

180.

181.

Por lo que se refiere al punto 71 de los considerandos del Reglamento definitivo, Europrint precisa que el nivel de perjuicio debe calcularse a partir del precio cif, para determinar el incremento de precios necesario para eliminar el perjuicio. A este respecto, no tiene importancia que se trate de una venta a un mayorista dependiente o independiente.

182.

Europrint subraya, por último, que Nakajima prescinde de que la resolución adoptada en este caso —que, con carácter excepcional, a partir de la segunda frase del apartado 3 del artículo 13 del nuevo Reglamento de base, fija los derechos antidumping en un nivel inferior al margen de dumping— constituye un trato favorable para la demandante.

183.

184.

Nakajima acusa a la autoridad comunitaria de haber incurrido respecto a ella en una verdadera desviación de poder. Afirma en efecto que, al establecer un derecho antidumping definitivo de 12 % frente a la demandante, el Reglamento impugnado no pretende por lo que a ella se refiere los objetivos para los que se ha conferido una facultad a las Instituciones. Según Nakajima, éstas han dado pruebas, a lo largo del presente procedimiento, de una grave falta de circunspección que se traduce en un desconocimiento de la finalidad perseguida por la ley, lo que constituye, conforme a la jurisprudencia, una desviación de poder (véase sentencia de 8 de julio de 1965, Chambre syndicale de la sidérurgie française y otros, asuntos acumulados 3/64 y 4/64, Rec. p. 567).

185.

Más en especial, Nakajima censura a la Comisión que nunca trató de aplicar su facultad de apreciación con el fin de analizar de buena fe y con plena equidad la necesidad de imponer un derecho antidumping a la demandante. Además, la autoridad comunitaria cometió una desviación de poder al pretender que el nuevo método utilizado para determinar el valor calculado constituye una práctica habitual de la Comisión, afirmación cuya inexactitud ha probado, según ella, la demandante. A continuación, la autoridad comunitaria ha cometido una falta o una negligencia grave, arrastrando artificialmente a la demandante a un procedimiento que únicamente podía desembocar, en contra de toda lógica y de la práctica anterior, en establecer un derecho antidumpig definitivo respecto a ella. Continúa afirmando Nakajima que la autoridad comunitaria ha querido verosímilmente evitar encontrarse en la misma situación que la que caracterizó el procedimiento en el asunto TEC. En el marco de este motivo, Nakajima censura también a la Comisión de haber pretendido, en una carta de 13 de febrero de 1989, es decir, después de que el Consejo había promulgado ya el Reglamento definitivo, fundar el método de cálculo aplicado no ya en el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento de base, sino en el apartado 4 del artículo 2 del mismo Reglamento, que se refiere a un supuesto de hecho que no atañe a la demandante. Se trata del caso en el que «el precio al que se vende realmente un producto para su consumo en el país de origen es inferior al coste de producción», siendo así que la autoridad comunitaria sabe perfectamente que esta hipótesis no se aplica a Nakajima. Por último, la autoridad comunitaria no ha demostrado que la demandante hubiera alcanzado el umbral de perjuicio al que se refiere el punto 71 de los considerandos del Reglamento definitivo y no le ha aplicado el método definido en el punto 72 de los considerandos del mismo Reglamento.

186.

De ello deduce Nakajima que la autoridad comunitaria, actuando de mala fe, ha decidido deliberadamente imponerle derechos antidumping, cuando sabía perfectamente que tales derechos no estaban justificados y, por añadidura, ha tratado de cubrir su cambio de actitud en relación con procedimientos anteriores promulgando, en el curso del procedimiento, un nuevo Reglamento de base.

187.

El Consejo declara que Nakajima no ha cumplido las exigencias planteadas por la jurisprudencia para demostrar la existencia de una desviación de poder; para ello es indispensable que la demandante alegue una desviación de poder respecto a ella de forma suficientemente detallada, es decir, que indique, a partir de datos objetivos, adecuados al caso y coincidentes, las circunstancias y razones que fundamentan la firme presunción de que existe una desviación de poder (véanse sentencias de 21 de junio de 1958, Groupement de hauts fourneaux et aciéries belges, 8/57, Rec. p. 223, y de 5 de mayo de 1966, Gutmann, asuntos acumulados 18/65 y 35/65, Rec. p. 149). En efecto, según el Consejo, la demandante se entrega a un verdadero proceso de intenciones y formula afirmaciones carentes de cualquier fundamento serio.

188.

El Consejo subraya que, en este caso, el Reglamento de base en vigor ha sido aplicado correctamente y que los derechos establecidos no han tenido por objeto causar un perjuicio a la demandante en el plano comercial. Por el contrario, la actuación de la Comunidad —sigue el Consejo— se ha limitado al objetivo de la normativa antidumping, que es la corrección de las prácticas comerciales desleales en empresas activas en el comercio con la CEE.

189.

El Consejo añade que no se puede válidamente sostener que constituye una desviación de poder el hecho de que la autoridad comunitaria no haya aceptado los argumentos de Nakajima por considerarlos infundados. El Consejo afirma haber demostrado anteriormente que los derechos de defensa han sido respetados y que era perfectamente conforme a Derecho aplicar un método para determinar el valor calculado distinto del utilizado en un procedimiento anterior.

190.

En cualquier caso, aun suponiendo, como pretende Nakajima, que la autoridad comunitaria hubiera aplicado verdaderamente la norma jurídica de manera poco razonable y discriminatoria, semejante aplicación tampoco constituiría una desviación de poder, al no estar probado que persiguiera un objetivo distinto que el fin previsto por la normativa. A este respecto, la afirmación de que la finalidad ilícita perseguida era verosímilmente evitar los recursos de otros exportadores entra en el terreno de la pura hipótesis y carece de todo fundamentó.

—

por una parte, que no se aplique respecto a ella, con arreglo al artículo 184 del Tratado CEE, el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 y el artículo 19 del Reglamento (CEE) n° 2423/88 del Consejo, de 11 de julio de 1988, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica europea (DO L 209, p. 1), y,

—

por otra parte, la anulación, con arreglo al párrafo segundo del artículo 173 del Tratado, del Reglamento (CEE) n° 3651/88 del Consejo, de 23 de noviembre de 1988, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de impresoras de percusión de matriz de puntos en serie originarias de Japón (DO L 317, p. 33), en la medida en que este Reglamento afecta a la demandante,

1

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 7 de marzo de 1989, Nakajima All Precision Co. Ltd (en lo sucesivo, «Nakajima»), con domicilio social en Tokyo, interpuso un recurso que tiene por objeto:

2

Nakajima, cuya producción se limita a máquinas de escribir e impresoras, fabrica cuatro modelos de impresoras de percusión de matriz de puntos en serie de categoría inferior. La demandante afirma que tiene las particularidades, por una parte, de dedicarse exclusivamente a actividades de fabricación y de no tener ninguna estructura de distribución y venta; Nakajima declara, en efecto, que sólo tiene un número limitado de clientes y que no inicia la fabricación hasta haber recibido los encargos, de forma que sus gastos de producción son muy limitados. Por otra parte, la demandante afirma que, desde hace varios años, no ha realizado ninguna venta de impresoras en el mercado japonés, dedicando toda su producción a la exportación. De este modo, afirma que vende la mayor parte de sus impresoras como Original Equipment Manufacture (en lo sucesivo, «OEM») a fabricantes extranjeros o a distribuidores independientes que comercializan sus productos bajo su propia marca, mientras que el resto de su producción se comercializa bajo la marca «AU», también por medio de distribuidores independientes. Nakajima subraya que el mercado de la CEE ha significado el 41,7 °/o de sus ventas de impresoras en 1986.

3

En 1987, el Committee of European Printer Manufacturers (en lo sucesivo, «Europrint») planteó, ante la Comisión, en nombre de los fabricantes de la industria europea de impresoras de percusión de matriz de puntos en serie, una denuncia mediante la cual pidió que se abriera un procedimiento antidumping contra los exportadores japoneses de este tipo de impresoras, entre ellos Nakajima.

4

La Comisión emprendió el procedimiento antidumping según el Reglamento (CEE) n° 2176/84 del Consejo, de 23 de julio de 1984, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (DO L 201, p. 1; EE 11/21, p. 3; en lo sucesivo, «antiguo Reglamento de base»). Este procedimiento condujo a la promulgación, fundándose en el antiguo Reglamento de base, del Reglamento (CEE) n° 1418/88 de la Comisión, de 17 de mayo de 1988, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre la importación de impresoras de percusión de matriz de puntos en serie originarias de Japón (DO L 130, p. 12; en lo sucesivo, «Reglamento provisional»). Este Reglamento impuso a Nakajima un derecho antidumping provisional del 12,3 %.

5

El 11 de julio de 1988, el Consejo promulgó el citado Reglamento n° 2423/88 (en lo sucesivo, «nuevo Reglamento de base») que derogó el antiguo Reglamento de base. El nuevo Reglamento de base entró en vigor el 5 de agosto de 1988 y, con arreglo al párrafo segundo de su artículo 19, se aplicará «a los procedimientos ya iniciados».

6

Fundándose en este nuevo Reglamento de base, el Consejo promulgó, el 23 de septiembre de 1988, el Reglamento (CEE) n° 2943/88, por el que se prorrogó el derecho antidumping provisional sobre las importaciones de impresoras de percusión de matriz de puntos en serie originarias de Japón (DO L 264, p. 56) durante un período máximo de dos meses.

7

El 23 de noviembre de 1988 el Consejo, a propuesta de la Comisión y fundándose en el nuevo Reglamento de base, promulgó el Reglamento n° 3651/88, antes citado (en lo sucesivo, «Reglamento definitivo»). Con arreglo a este Reglamento, que entró en vigor el 25 de noviembre de 1988, el tipo del derecho antidumping definitivo aplicable a Nakajima se fijó en el 12 % y las cantidades recibidas en concepto de derecho antidumping provisional en virtud del Reglamento provisional se percibirían con arreglo al tipo del derecho definitivo.

8

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 6 de abril de 1989, Nakajima planteó una demanda de medidas provisionales con la pretensión, a título principal, de que se suspendiera la ejecución respecto a ella del Reglamento definitivo y, con carácter subsidiario, de que se adoptaran todas las medidas provisionales necesarias hasta que el Tribunal de Justicia resolviera sobre el fondo del asunto. Esta demanda fue desestimada mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 1989.

9

Mediante sendos autos de 17 de mayo y de 4 de octubre de 1989, el Tribunal admitió la intervención de la Comisión y de Europrint en apoyo de las pretensiones del Consejo.

10

Para una más amplia exposición de los hechos del asunto, del desarrollo del procedimiento y de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal de Justicia se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

11

En apoyo de las pretensiones del recurso en las que se pide la inaplicabilidad a la demandante del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 y del artículo 19 del nuevo Reglamento de base, Nakajima propone tres motivos que se fundan, respectivamente, en vicios sustanciales de forma, en la infracción del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en lo sucesivo, «Código antidumping»), aprobado en nombre de la Comunidad por la Decisión 80/271/CEE del Consejo, de 10 de diciembre de 1979, referente a la celebración de los Acuerdos multilaterales resultantes de las negociaciones comerciales de 1973-1979 (DO L 71, p. 1; EE 11/12, p. 38), y, por ùltimo, en la violación de determinados principios generales del Derecho.

12

En apoyo de este motivo alega Nakajima, en primer lugar, que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base es contrario a Derecho por carecer de motivación.

13

A este respecto expone la demandante que esta disposición establece un nuevo método para determinar el valor normal calculado que es fundamentalmente diferente del aplicado durante la vigencia del antiguo Reglamento de base, cuando no se realice ninguna venta del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interior del país de exportación o de origen. Ahora bien, este método, que toma en consideración para la determinación del valor normal calculado los gastos y beneficios de otros fabricantes o exportadores en el país de origen o de exportación con ocasión de ventas lucrativas de productos similares, corre el riesgo de llevar a resultados poco razonables y discriminatorios en un caso como el de autos en el que la estructura de las empresas de referencia no se parece en nada a la de la empresa afectada. En efecto, Nakajima subraya que no posee ninguna estructura de comercialización de sus productos, ya que toda su producción se vende en la fase «en fábrica» a distribuidores independientes, en tanto que todas las empresas de referencia presentan una estructura integrada verticalmente que se encarga de la distribución de su producción en Japón. De ello deduce Nakajima que el Consejo, en este nuevo Reglamento de base, hubiera tenido que precisar las razones por las que ha adoptado este nuevo método de cálculo e indicar cómo la aplicación de dicho método no supone una discriminación frente a empresas del tipo de la suya.

14

A este respecto conviene recordar primero que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, sobre todo, sentencia de 14 de marzo de 1990, Gestetner Holdings, C-156/87, Rec. p. I-781, apartado -69), la motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la autoridad comunitaria de la que proceda el acto impugnado, de manera que los interesados puedan conocer la justificación de la medida adoptada para defender sus intereses y el Tribunal de Justicia ejercer su control.

15

Hay que reconocer a continuación que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2, en las versiones del antiguo y del nuevo Reglamentos de base, establece los métodos para determinar el valor calculado del producto de que se trate, cuando no se realice ninguna venta del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interior del país de exportación o de origen o cuando dichas ventas no permitan una comparación válida. El valor normal calculado se determina mediante la adición del coste de producción y de un margen de beneficios razonable.

16

En la versión del antiguo Reglamento de base, el coste de producción debía incrementarse en un importe razonable que tuviera en cuenta los gastos de venta, los gastos administrativos y otros gastos generales (en lo sucesivo, gastos «VGA»). El beneficio debía ser superior al beneficio normal cuando las ventas de productos de la misma categoría en el mercado interior del país de origen fueran normalmente lucrativas: en otros casos, el texto disponía que el beneficio había de determinarse «basándose en cualquier criterio razonable utilizando las informaciones de que se disponga».

17

Después de haber aceptado el mismo método de cálculo del coste de producción que el antiguo Reglamento de base, el nuevo Reglamento de base establece que los gastos VGA y los beneficios se calcularán en relación con los gastos y el beneficio del productor o exportador por las ventas lucrativas de productos similares realizadas en el mercado interior [frase tercera del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2] y que, si no se puede disponer de esta información, o es poco fiable, o no se puede utilizar, el coste de producción se calculará, en relación con los gastos y beneficios de otros productores o exportadores en el país de origen o de exportación, por ventas lucrativas de un producto similar [frase cuarta del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2]. El nuevo Reglamento de base añade que, si no puede aplicarse ninguno de estos dos métodos, los gastos y los beneficios se calcularán en relación con las ventas efectuadas por el exportador u otros fabricantes o exportadores del mismo sector en el país de origen o de exportación, o sobre cualquier otra base razonable.

18

Si se comparan las dos versiones del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 de los Reglamentos antiguo y nuevo, se advierte que el método para determinar el valor normal calculado que establece el nuevo Reglamento no es diferente en lo esencial al método anterior, que dejaba completa discrecionalidad a la autoridad comunitaria disponiendo que la determinación de los gastos VGA y de los beneficios se estableciera con una base «razonable». En efecto, la nueva redacción de la disposición correspondiente en el nuevo Reglamento de base se limita a precisar el alcance del texto anterior indicando diferentes métodos de cálculo destinados a fijar «el importe razonable» de los gastos VGA y el «margen de beneficios razonable» en supuestos concretos.

19

Confirman esta conclusión los considerandos 4 y 33 del nuevo Reglamento de base, que presentan la nueva redacción del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 como un simple desarrollo de la versión de la misma disposición en el antiguo Reglamento de base. Además el Consejo ha advertido, sin que haya sido contradicho, que el método de cálculo al que en el caso de autos se opone Nakajima ya había sido utilizado por las autoridades comunitarias bajo el régimen del antiguo Reglamento de base. Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha resuelto anteriormente que no hay nada en el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del antiguo Reglamento de base que impida considerar como margen de beneficios razonable el beneficio obtenido normalmente por una sociedad distinta de la que es objeto de la investigación antidumping (sentencia de 5 de octubre de 1988, Sharp, 301/85, Rec. p. 5813, apartado 8).

20

Por lo que se refiere a la pretendida falta de motivación, por no haber precisado el efecto discriminatorio que, según Nakajima, puede suponer la aplicación del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, basta con observar que el artículo 190 del Tratado no exige que las autoridades comunitarias presenten justificaciones específicas a propósito de todas las disposiciones que puedan dar lugar a discriminaciones, en la medida en que una violación del principio de igualdad de trato constituye un motivo independiente para anular la disposición de que se trate.

21

En estas circunstancias, la primera parte del motivo basado en la falta de motivación del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base debe ser desestimada.

22

Nakajima afirma, en segundo lugar, que el artículo 19 del nuevo Reglamento de base, que dispone que dicho Reglamento se aplicará «a los procedimientos ya iniciados» en la fecha de su entrada en vigor, carece de motivación, por cuanto no precisa las razones que justifiquen la aplicación retroactiva de dicho Reglamento. Para apoyar esta argumentación, la demandante alega que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, que modifica fundamentalmente el método para determinar el valor calculado, supone nuevas reglas de fondo que no debieran aplicarse con carácter retroactivo sin estar especialmente motivadas.

23

A este respecto baste recordar, como ha reconocido el Tribunal de Justicia a propósito de la primera parte del presente motivo alegado por Nakajima, que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base sólo constituye una precisión destinada a consagrar la práctica anterior de las Instituciones comunitarias. De este modo, puesto que la nueva redacción de dicha disposición no puede ser considerada como una modificación sustancial de una disposición anteriormente en vigor, la aplicación de aquélla «a los procedimientos ya iniciados» no requiere una motivación particular.

24

En estas circunstancias, la segunda parte del motivo fundado en la falta de motivación del artículo 19 del nuevo Reglamento de base carece igualmente de fundamento.

25

En virtud de todo lo anterior, el motivo fundado en ser contrario a Derecho el nuevo Reglamento de base por vicios sustanciales de forma debe ser desestimado.

26

Nakajima afirma a este respecto que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base no puede aplicarse al caso de autos, por ser contrario a determinadas disposiciones del Código antidumping. Alega especialmente la demandante que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base es contrario a los apartados 4 y 6 del artículo 2 del Código antidumping.

27

Entiende el Consejo que, igual que el Acuerdo General, el Código antidumping no concede a los particulares ningún derecho que éstos puedan invocar ante el Tribunal de Justicia y que las disposiciones de dicho Código no son aplicables directamente en la Comunidad. De ahí se sigue, para el Consejo, que Nakajima no puede cuestionar la conformidad a Derecho del nuevo Reglamento de base por una pretendida infracción de las disposiciones del Código antidumping.

28

Hay que reconocer de tocios modos que Nakajima no invoca en este caso el efecto directo de estas disposiciones. Efectivamente la demandante, con este motivo, discute incidentalmente, en virtud del artículo 184 del Tratado, la validez del nuevo Reglamento de base, acogiéndose a uno de los medios de control de legalidad que se mencionan en el artículo 173 de dicho Tratado, es decir, violación del Tratado o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución.

29

Procede recordar a este respecto que, en sentencia de 12 de diciembre de 1972, International Fruit Company (asuntos acumulados 21/72 y 24/72, Rec. p. 1219), apartado 18, el Tribunal de Justicia resolvió que las disposiciones del Acuerdo General vinculaban a la Comunidad. Lo mismo ha de decirse del Código antidumping, adoptado para la aplicación del artículo VI del Acuerdo General y cuyos considerandos precisan que está destinado a «interpretar las disposiciones del artículo VI del Acuerdo General» y a «fijar normas para su aplicación, con objeto de que ésta tenga mayor uniformidad y certeza».

30

Ahora bien, según los considerandos segundo y tercero del nuevo Reglamento de base, este último fue promulgado de conformidad con las obligaciones internacionales existentes, en particular las que se derivan del artículo VI del Acuerdo General y del Código antidumping.

31

De ahí se sigue que el nuevo Reglamento de base, que discute la demandante, fue adoptado para cumplir las obligaciones internacionales de la Comunidad a quien incumbe, según reiterada jurisprudencia, garantizar la observancia de las disposiciones del Acuerdo General y de sus medidas de ejecución (véanse sentencias de 26 de octubre de 1982, Kupferberg, 104/81, Rec. p. 3641, apartado 11; y de 16 de marzo de 1983, SIOT, 266/81, Rec. p. 731, apartado 28).

32

Ęn estas circunstancias procede comprobar si, como afirma Nakajima, el Consejo se excedió del marco legal delimitado de este modo y si, mediante la disposición que se discute, infringió lo que disponen los apartados 4 y 6 del artículo 2 del Código antidumping.

33

Alega Nakajima a este respecto, en primer lugar, que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base es contrario al tenor del apartado 4 del artículo 2 del Código antidumping, por cuanto aquella disposición, al establecer para la determinación del valor normal calculado que se tengan en cuenta los gastos VGA y los beneficios de fabricantes o exportadores cuya estructura puede ser radicalmente diferente de la estructura de la empresa afectada, restringe la facultad de apreciación de las autoridades comunitarias y acaba por tener en cuenta datos contables que no son razonables a la luz del apartado 4 del artículo 2 del Código antidumping.

34

Conviene recordar a este respecto, según el apartado 4 del artículo 2 del Código antidumping:

«Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interior del país exportador o cuando, a causa de la situación especial del mercado, tales ventas no permitan una comparación adecuada, el margen de “dumping” se determinará mediante la comparación con un precio comparable del producto similar cuando éste se exporte a un tercer país, que podrá ser el precio de exportación más alto, pero que deberá ser un precio representativo, o con el coste de producción en el país de origen más una cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de cualquier otro tipo, así como por concepto de beneficios. Por regla general, la cuantía del beneficio no será superior al beneficio habitualmente obtenido en la venta de productos de la misma categoría general en el mercado interior del país de origen.»

35

Ahora bien, está claro en el texto del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base que todos los métodos para determinar el valor normal calculado que allí se mencionan deben aplicarse de manera que dicho cálculo siga siendo razonable, noción que figura precisamente, por otra parte, en las dos primeras frases y en la última de la disposición que se discute.

36

Según el texto de dicha disposición, procede en consecuencia prescindir del primer método de cálculo contemplado por el nuevo Reglamento de base y aplicar el segundo método, que se discute en el presente asunto, si «no se puede disponer de los datos relativos a los gastos que están a cargo del fabricante o del exportador o a los beneficios obtenidos por éstos en ventas de productos similares en el mercado interior o esta información es poco fiable o no se puede utilizar», lo que significa en definitiva que tener en cuenta tales datos contables no es razonable y por otra parte este término figura expresamente en la versión alemana de la disposición de que se trata. La búsqueda del carácter razonable del cálculo orienta también la aplicación del tercer método de cálculo, establecida por la disposición de que se trata, que no puede utilizarse más que «si no se puede aplicar ninguno de estos dos métodos». Por fin, aparte de la aplicación de este tercer método, las autoridades comunitarias pueden siempre, de acuerdo con la última frase de esta disposición, determinar los gastos y beneficios «sobre cualquier otra base razonable» y el empleo de la palabra «otra» significa que, en cualquier caso, la determinación del valor calculado no puede realizarse más que a condición de tener carácter razonable.

37

De ahí se sigue que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base es conforme al apartado 4 del artículo 2 del Código antidumping puesto que, sin prescindir del espíritu de esta última disposición, se limita a concretar, para las distintas situaciones que pueden presentarse en la práctica, los métodos razonables para determinar el valor normal calculado.

38

Alega Nakajima, en segundo lugar, que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base no es compatible con el apartado 6 del artículo 2 del Código antidumping, por cuanto la aplicación a una unidad sencilla de producción de los gastos VGA efectuados y de los beneficios conseguidos por otras empresas que cuentan con una estructura vertical integrada de distribución ignoraría la obligación de establecer una comparación del valor normal y del precio de exportación en el mismo nivel comercial.

39

Para enjuiciar el fundamento de esta alegación procede recordar lo que dice el apartado 6 del artículo 2 del Código antidumping:

«Con el fin de realizar una comparación equitativa entre el precio de exportación y el precio interior del país exportador (o del país de origen) o, en su caso, el precio determinado de conformidad con las disposiciones del apartado b) del párrafo 1 del artículo VI del Acuerdo General, los dos precios se compararán en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel “en fábrica” y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación y las demás diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios [...]»

40

Basta comprobar a este respecto que el razonamiento de Nakajima fundado en la pretendida incompatibilidad del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base con el apartado 6 del artículo 2 del Código antidumping no puede ser estimado, ya que el objeto de las dos disposiciones a las que se refiere la demandante es fundamentalmente diferente.

41

Efectivamente, el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base tiene por objeto determinar el valor normal calculado del producto de que se trata, mientras que el apartado 6 del artículo 2 del Código antidumping establece las reglas a las que debe obedecer la comparación entre el valor normal y el precio de exportación. Ahora bien, esta comparación es objeto de los apartados 9 y 10 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base y la demandante no ha invocado la invalidez de los mismos por pretender que fueran contrarios al apartado 6 del artículo 2 del Código antidumping.

42

Por consiguiente, el motivo basado en ser contrario a Derecho el nuevo Reglamento de base, por haber infringido el Código antidumping, debe también ser desestimado.

43

Para sustentar este motivo, la demandante imputa, en primer lugar, a la Comisión que ha cometido, a lo largo de este procedimiento antidumping, varias infracciones del derecho de defensa. Alega a continuación que se ha violado el principio de seguridad jurídica en el caso de autos al aplicar el segundo método para la determinación del valor normal calculado, establecido por el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, cuando en un asunto anterior las autoridades comunitarias reconocieron la particular estructura de su empresa y sobreseyeron por esta razón el procedimiento antidumping que se inició contra ella. Nakajima alega, por fin, una infracción del principio de igualdad de trato por cuanto la aplicación del método de determinar el valor normal calculado, a que se refiere este asunto, fue discriminatoria respecto a ella, al haberse tenido en cuenta datos contables relativos a empresas con estructura distinta de la suya.

44

Basta con comprobar a este respecto que la demandante, mediante este motivo, censura en realidad la aplicación que las autoridades comunitarias hicieron del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base en el marco del procedimiento antidumping que dio lugar a la adopción de los Reglamentos antidumping provisional y definitivo. Sin embargo, no cabe alegar estos argumentos para impugnar, con arreglo al artículo 184 del Tratado, la validez de un Reglamento.

45

En estas circunstancias procede desestimar el motivo basado en ser contrario a Derecho el nuevo Reglamento de base por violación de determinados principios generales del Derecho.

46

Como no ha podido estimarse ninguno de los motivos alegados a favor de las pretensiones que afirmaban la inaplicabilidad del nuevo Reglamento de base, procede rechazarlas por infundadas.

47

A favor de las pretensiones del recurso en el sentido de conseguir la anulación del Reglamento definitivo, Nakajima presenta diez motivos que, respectivamente, consisten en vicios sustanciales de forma, definición errónea de productos similares tomados en consideración, irregularidades que invalidan la determinación del valor normal calculado, errores en la comparación entre el valor normal y el precio de exportación, errores en la valoración de la producción europea de impresoras, errores relativos al perjuicio sufrido por la industria comunitaria, errores relativos al interés de la Comunidad en que se ponga fin al perjuicio causado por las prácticas de dumping, errores relativos al importe del derecho antidumping, violación de determinados principios generales del Derecho y desviación de poder.

48

Afirma a este respecto Nakajima, en primer lugar, que el Consejo infringió los artículos 2 a 8 de su Reglamento interno (DO 1979, L 268, p. 1; EE 01/03, p. 12), por una parte, en cuanto la propuesta de la Comisión para adoptar el Reglamento definitivo se transmitió al Consejo sin respetar el plazo establecido para fijar el orden del día provisional de la sesión y, por otra, en cuanto no estaban disponibles todas las versiones lingüísticas el día en que se promulgó el Reglamento.

49

Hay que reconocer a este respecto que el Reglamento interno de una Institución comunitaria tiene por objeto regular el funcionamiento interno de los servicios en interés de una buena administración. Las normas que dicta, sobre todo para el desarrollo de las deliberaciones y la adopción de decisiones, tienen por lo tanto como función esencial garantizar el correcto desarrollo de los debates, con pleno respeto de las prerrogativas de cada uno de los miembros de la Institución.

50

De ello se sigue que las personas físicas o jurídicas no pueden acogerse a una supuesta infracción de tales normas, que no se orientan a garantizar la protección de los particulares.

51

El argumento de Nakajima, que se funda en no haber aplicado el Consejo su Reglamento interno, debe, por consiguiente, ser desestimado.

52

Nakajima alega, a continuación, un defecto de motivación del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, así como de los puntos 21 y 22 de los considerandos del Reglamento definitivo porque, según ella, dichas disposiciones no explican por qué el antiguo método para determinar el valor normal calculado ha sido abandonado y de qué manera pretendían las autoridades comunitarias evitar una discriminación entre empresas, cuando aplicaban a la demandante un método para determinar el valor normal calculado fundado en los gastos y beneficios de otros fabricantes con estructura fundamentalmente diferente de la suya.

53

Este argumento carece de fundamento. Efectivamente, en lo que se refiere, por una parte, al inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, la imputación formulada por Nakajima ya ha sido refutada en los apartados 14 a 21 de la presente sentencia. Por otra parte, en lo relativo a los puntos 21 y 22 de los considerandos del Reglamento definitivo, está claro en su formulación que el Consejo se refirió expresamente al inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, que regula el método para determinar el valor normal calculado que se aplica en este caso y que añade que, en el mismo, se trata del método utilizado habitualmente por la Comisión. Hay que añadir que, como ha precisado el Tribunal de Justicia en los apartados 18 y 19 de la presente sentencia, dicho artículo no hizo más que aclarar la práctica anterior de las Instituciones comunitarias y sirve, por consiguiente, para reforzar la seguridad jurídica de las empresas afectadas. Por último, en los considerandos que cita la demandante, el Consejo se pronunció sobre la cuestión de la discriminación planteada por Nakajima, indicando que el hecho de que un exportador determinado no venda el producto de que se trate y, por consiguiente, no tenga ningún circuito de venta en el mercado interior no debe modificar la base de evaluación de los gastos VGA y de los beneficios en el cálculo del valor normal de dicho exportador del producto. En estas circunstancias, la motivación formulada por el Consejo muestra claramente el razonamiento de la Institución comunitaria y permite al Tribunal de Justicia ejercer plenamente su control.

54

Nakajima alega, por último, que el punto 60 de los considerandos del Reglamento definitivo está motivado de manera insuficiente por cuanto, a pesar de la importación de impresoras de precio reducido procedentes de terceros países distintos de Japón, el Consejo no valoró la importancia del perjuicio padecido por los productores comunitarios a causa de dichas importaciones.

55

Tampoco puede estimarse este argumento. En el considerando que examinamos, el Consejo indicó claramente, en efecto, que la falta de perjuicio para el mercado comunitario derivado de la importación de impresoras originarias de otros terceros países se debía al hecho de que tales importaciones sólo habían llegado a ser significativas después de terminar el período cubierto por la investigación que se realizó sobre el presente asunto y que sólo habían tenido lugar en un Estado miembro. Por ello, el punto 60 de los considerandos debe considerarse suficientemente motivado.

56

Por esta razón, debe desestimarse el motivo basado en vicios sustanciales de forma.

57

Nakajima imputa al Consejo un manifiesto error de apreciación al considerar como productos similares las impresoras de categoría inferior y superior. Según la demandante, el sector inferior y el superior de las impresoras se diferencian por el destino de los aparatos, la clientela a que se dirigen y la estructura del mercado.

58

Este motivo carece de fundamento. En efecto, en su escrito de contestación, el Consejo expuso que no existen criterios generalmente admitidos para clasificar las impresoras en categorías homogéneas, lo que, por lo demás, Nakajima reconoció en la réplica. Todas las impresoras de percusión de matriz de puntos en serie, que poseen idénticas características y tienden a la misma utilización, pueden ser consideradas válidamente como productos similares.

59

La demandante afirma que el Consejo le aplicó equivocadamente el segundo método para determinar el valor normal calculado previsto en la cuarta frase del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base. Para fundar este motivo, Nakajima afirma que no es razonable la aplicación de este método a su caso y, por lo tanto, resulta contraria tanto al Reglamento de base como al Código antidumping. En efecto, Nakajima considera que la estructura de su empresa presenta características especiales que el Consejo no tuvo en cuenta al determinar el valor normal calculado de las impresoras a las que se refiere el presente procedimiento, por cuanto, para la determinación de los gastos y beneficios de Nakajima, se basó en datos contables de empresas cuya estructura es radicalmente distinta de la suya.

60

Para enjuiciar el fundamento de este motivo, procede declarar, con carácter previo, que el Consejo procedió rectamente a calcular el valor normal de acuerdo con el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base porque, por una parte, es cierto que la demandante no vende impresoras en el mercado japonés, lo que impide el recurso a la letra a) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, y que, por otra parte, cuando no se realiza ninguna venta del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interior del país de exportación o de origen, las autoridades comunitarias pueden optar entre las soluciones de los incisos i) y ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base.

61

Además, conforme a la formulación del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, los tres métodos para determinar el valor normal calculado que en él se establecen deben aplicarse en el orden en que se proponen. Unicamente cuando no pueda aplicarse ninguno de los tres métodos procederá recurrir a la disposición de carácter general que se recoge al final del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2, según la cual los gastos y beneficios se fijarán «sobre cualquier otra base razonable».

62

A este respecto es oportuno destacar, en primer lugar, que lleva razón el Consejo al no aplicar al caso presente el primer método de cálculo del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, dado que la demandante no vende en el mercado japonés productos similares a los contemplados por el presente procedimiento.

63

A continuación, por lo que se refiere a la aplicación a Nakajima del segundo método de cálculo, procede recordar en primer lugar que, con arreglo a reiterada jurisprudencia, el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del antiguo Reglamento de base, según el cual el valor normal calculado debe ser incrementado en un importe razonable por los gastos de venta, los gastos administrativos y los demás gastos generales, da a las autoridades comunitarias una amplia facultad de apreciación en la valoración de este importe (véase, sobre todo, sentencia de 5 de octubre de 1988, TEC, asuntos acumulados 260/85 y 106/86, Rec. p. 5855, apartado 33). La misma conclusión es válida para el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, cuyo texto es idéntico, y se aplica del mismo modo para que las autoridades comunitarias tengan en cuenta los beneficios para el cálculo del valor normal.

64

Hay que destacar, en segundo lugar, que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, según el sentido del Reglamento n° 2176/84, antes citado, «el cálculo del valor normal trata de determinar el precio de venta de un producto si dicho producto fuera vendido en su país de origen o de exportación» y que «por consiguíente, son los gastos correspondientes a las ventas en el mercado interior los que deberán tenerse en cuenta» (sentencias de 5 de octubre de 1988, Brother, 250/85, Rec. p. 5683, apartado 18; Canon, asuntos acumulados 227/85 y 300/85, Rec. p. 5731, apartado 26; TEC, antes citada, apartado 24, y Silver Seiko, asuntos acumulados 273/85 y 107/86, Rec. p. 5927, apartado 16). Estos principios no han sido alterados por el nuevo Reglamento de base, por lo que dicha conclusión es válida también bajo la vigencia de dicho nuevo Reglamento.

65

De ello se sigue que el valor normal de un producto debe calcularse, en todos los casos, como si dicho producto estuviera destinado a la comercialización en el mercado interior, con independencia de si el fabricante dispone o está en condiciones de disponer de una estructura de distribución. Efectivamente, es menester tratar igual a las empresas que venden sólo para la exportación y a las que comercializan un producto, aunque sólo sea similar en el mercado interior. En efecto, en el supuesto de que el fabricante para el que se calcula un valor normal vendiera sus productos en el mercado interior, debería adaptarse necesariamente a las circunstancias que les son impuestas a las demás empresas presentes en el mercado. Por consiguiente, habría una discriminación entre empresas si el valor normal se calculara respecto a un fabricante presente en el mercado interior, según el conjunto de gastos y beneficios incluidos en el precio del producto de que se trate, mientras que para un exportador de OEM se calcularía el valor normal prescindiendo de estos datos contables.

66

En lo que se refiere, por último, a la afirmación de las Instituciones comunitarias de que es imposible estar presente en el mercado japonés de productos electrónicos terminados sin disponer de una estructura integrada de ventas, lo que llevó en el caso de autos a tener en cuenta los gastos y los beneficios de empresas semejantes que contaban con dicha estructura para el cálculo del valor normal de las impresoras de la demandante, procede subrayar que Nakajima no ha demostrado que dicha afirmación fuera inexacta.

67

Según todo lo anterior, está de acuerdo con el sistema tanto del Código antidumping como del nuevo Reglamento de base determinar el valor normal calculado de los productos de una empresa, que vende únicamente para la exportación y que no gestiona por sí misma la comercialización de sus productos, tomando por referencia los gastos y beneficios de otras empresas de naturaleza similar, que vendan sus productos en el mercado interior.

68

En estas circunstancias, el motivo basado en ser contraria a Derecho la determinación del valor normal calculado de las impresoras de Nakajima debe ser desestimado.

69

Según Nakajima, la aplicación al presente caso del nuevo Reglamento de base supuso una infracción del apartado 6 del artículo 2 del Código antidumping, por cuanto el Consejo no comparó el valor normal y el precio de exportación en la misma fase comercial. Alega efectivamente Nakajima que el Consejo estableció el precio de exportación en la fase «en fábrica», mientras que el valor normal se calculó a partir del precio distribuidor o revendedor, incluyendo los gastos VGA y los beneficios de terceras empresas, cuyas ventas se realizan con anterioridad a la fase «en fábrica». Añade Nakajima que sólo la deducción de los gastos de venta representados por las comisiones y salarios pagados al personal de venta, excluyendo el conjunto de los otros gastos generales y de venta y de la parte de los beneficios derivados de las ventas realizadas con anterioridad a la fase «en fábrica», constituye un ajuste demasiado parcial y, por consiguiente, no puede responder a la exigencia de una comparación en el mismo nivel comercial.

70

A este respecto procede destacar que, por tratarse de un fabricante que no vende en el mercado japonés el producto que es objeto del procedimiento antidumping, el Tribunal de Justicia ha decidido que la comparación correcta entre el valor normal y el precio de exportación en la fase «en fábrica» supone que estos dos valores se comparen en la primera venta a un comprador independiente (véase, sobre todo, sentencia de 5 de octubre de 1988, TEC, antes citada, apartado 30). Esta consideración, que el Tribunal de Justicia expuso a partir del antiguo Reglamento de base, vale igualmente para la interpretación del apartado 6 del artículo 2 del Código antidumping, cuyo contenido es idéntico al del apartado 9 del artículo 2 del antiguo Reglamento de base, a cuyo respecto el Tribunal de Justicia se pronunció en su citada sentencia de 5 de octubre de 1988, TEC.

71

Ahora bien, en el presente asunto, por una parte, el valor normal de las impresoras de Nakajima se calculó a partir de los gastos VGA y de los beneficios de otras empresas que venden productos similares en el mercado japonés. Por otra parte, como todas las impresoras Nakajima destinadas a la Comunidad se vendieron a distribuidores independientes, el precio de exportación se calculó a partir de dichas sociedades.

72

Por consiguiente, lo mismo el valor normal calculado que el precio de exportación se determinaron en el caso de autos en el nivel «distribuidor», como lo indica claramente, por otra parte, el punto 34 de los considerandos del Reglamento definitivo. Por lo tanto es inexacto pretender que las Instituciones comunitarias compararon el valor normal y el precio de exportación en dos niveles comerciales diferentes.

73

Además, no se discute que la demandante no ha pedido, en ninguna fase del procedimiento administrativo, que se aplicaran ajustes para compensar la pretendida diferencia de fase comercial en la comparación entre el valor normal y el precio de exportación ni, por consiguiente, probado que dicha petición pudiera estar justificada, como lo exige la letra b) del apartado 9 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base. Durante el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, por otra parte, Nakajima no ha presentado nuevos elementos de prueba que pudieran demostrar que el Consejo hubiera debido en el caso de autos aportar mayores correcciones a sus cálculos que las que practicó por sí mismo.

74

En tales circunstancias, la primera parte del motivo carece de fundamento.

75

La demandante afirma, a continuación, que el Consejo incurrió en error manifiesto sobre la materialidad de los hechos al distinguir —para el cálculo del valor normal— entre los productos OEM y los productos no OEM. Todos los productos de Nakajima se venden en la fase «en fábrica», de manera que imputarles gastos de distribución constituye, según ella, un error material que puede falsear la comparación y, por consiguiente, la determinación del margen de dumping. Más en concreto, por lo que se refiere a las ventas OEM, tomar en consideración los gastos de comercialización de empresas integradas verticalmente llevaría a exagerar los gastos VGA de la demandante, según ésta. Añade Nakajima que dichos gastos son inferiores al 5 %, cuando el Consejo le aplicó un importe superior al 15 o/o.

76

Al respecto, basta reconocer, como ha señalado el Consejo en la fase escrita del procedimiento, que el valor normal debe calcularse en función de los comportamientos de los demás productores presentes en el mercado, distinguiendo las ventas OEM y las ventas no OEM, dado que la comercialización bajo la propia marca supone gastos netamente más elevados que la venta de impresoras como productos OEM. Respecto a la consideración, para las ventas OEM, de los gastos VGA de empresas con estructura vertical integrada, el Consejo pudo apreciar acertadamente, en el marco de la facultad de apreciación que se le reconoce al valorar situaciones económicas complejas (véase, por ejemplo, sentencia de 7 de mayo de 1987, Nippon Seiko, 258/84, Rec. p. 1923, apartado 21), que era necesario tener en cuenta los costes que supondría una presencia en el mercado japonés.

77

Por consiguiente, la segunda parte del motivo carece asimismo de fundamento.

78

De ello deriva que procede desestimar el motivo basado en la existencia de errores respecto a la comparación entre el valor normal y el precio a la exportación.

79

Mediante este motivo, Nakajima imputa al Consejo haber declarado falsamente, en el Reglamento definitivo, que los cuatro fabricantes europeos miembros de Europrint totalizaban el 65 % de la producción comunitaria de impresoras de percusión de matriz de puntos en serie. Según la demandante, con arreglo al estudio realizado por la firma Ernst & Whinney (en lo sucesivo, «estudio E & W»), a petición del Committee of Japanese Printers, en el marco del presente procedimiento antidumping, dos miembros de Europrint, Mannesmann-Tally y Philips, importaron un número considerable de impresoras japonesas a la Comunidad, de forma que no pueden ser consideradas fabricantes comunitarios. Además, contra lo que se ha expuesto en el punto 45 de los considerandos del Reglamento definitivo, el estudio E & W muestra que las importaciones realizadas por Mannesmann-Ta-Uy y Philips no pertenecen por entero a la categoría inferior sino también, en parte, al sector medio del mercado. Por otra parte, añade, el Consejo incurrió en un error al afirmar que el sector inferior del mercado es el que crece más rápidamente, siendo así que, según el estudio E & W, presenta una progresión menor que el segmento superior y que el conjunto del mercado.

80

Procede recordar a este respecto, en primer lugar, que, según la jurisprudencia recordada especialmente en la sentencia Gestetner (citada en el apartado 43), incumbe a la Comisión y al Consejo, en el ejercicio de su facultad de apreciación, examinar si deben excluir de la producción comunitaria a los fabricantes que a su vez son importadores de productos que son objeto de dumping. Esta facultad de apreciación debe ejercerse caso por caso y en función de todas las circunstancias apreciables.

81

Procede reconocer a continuación que, en el caso de autos, Nakajirña no ha aportado la prueba de que las autoridades comunitarias hayan incurrido en error manifiesto en el ejercicio de esta facultad de apreciación. En efecto, según las afirmaciones de las Instituciones comunitarias, a las que no se ha opuesto seriamente la demandante, las empresas europeas que han importado impresoras japonesas deben incluirse en la producción comunitaria, ya que dichas importaciones han constituido, como lo indican por otra parte con claridad los considerandos de los Reglamentos provisional y definitivo, medidas de autodefensa destinadas a cubrir las lagunas en el abanico de productos de las empresas afectadas, consecuencia del abandono de su propia producción en sectores determinados, al que tuvieron que proceder a causa del dumping de los exportadores japoneses.

82

En estas circunstancias, los fabricantes comunitarios que habían importado impresoras japonesas no consideraron que se causara un perjuicio a ellos mismos provocando, mediante tales importaciones, la disminución de la utilización de sus capacidades, ya que la baja de sus precios o el abandono de sus proyectos se orientaba al aumento de su producción o a la fabricación de nuevos productos. Por lo tanto, las importaciones efectuadas por los productores comunitarios no pudieron contribuir al perjuicio padecido por la industria comunitaria y, por ende, no había ninguna razón para excluir a dichas empresas del círculo de fabricantes comunitarios.

83

Por lo que se refiere a los argumentos deducidos de la determinación del sector de mercado al que pertenecen los productos importados, así como de la cuantía y del incremento de los diferentes sectores, hay que recordar, como se ha dicho en el apartado 58 de la presente sentencia, que las segmentaciones del mercado son aleatorias a causa de que no hay ninguna definición precisa al respecto, de manera que semejantes consideraciones no pueden poner en cuestión el fundamento de la posición de las Instituciones comunitarias sobre este punto.

84

De ahí se sigue que el motivo basado en errores en la valoración de la producción comunitaria carece de fundamento.

85

A favor del motivo basado en errores sobre la materialidad de los hechos y en manifiestos errores de apreciación al determinar el perjuicio sufrido por la industria comunitaria, la demandante afirma en primer lugar que el Consejo, equivocadamente, tomó en consideración para comprobar el perjuicio el año 1983, siendo así que la investigación realizada en el marco del procedimiento administrativo no había tenido en cuenta dicho año.

86

A este respecto hay que recordar, como se ha hecho en el anterior apartado 76, que las Instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación para valorar situaciones económicas complejas. Este es el caso especialmente cuando se trata de determinar el período que ha de tenerse en cuenta para la determinación del perjuicio en el marco de un procedimiento antidumping (véase, sobre todo, sentencia de 28 de noviembre de 1989, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon y otros, C-121/86, Rec. p. 3919, apartado 20).

87

En el caso de autos, dicha facultad de apreciación no se ha sobrepasado. De este modo, el Consejo ha expuesto de forma convincente que, por una parte, el perjuicio sufrido por la industria comunitaria debía determinarse sobre un período más largo que el cubierto por la investigación sobre la existencia de prácticas de dumping. En efecto, con arreglo a la letra c) del apartado 2 del artículo 4 del nuevo Reglamento de base, el examen del perjuicio supone el estudio de «las tendencias reales o virtuales de los factores económicos pertinentes» que, por ende, debe realizarse sobre un período suficientemente largo. Por otra parte, tener en cuenta los datos correspondientes al año 1983 se justificaba porque los derechos exclusivos pertenecientes a Seiko Epson para la fabricación de impresoras compatibles con los ordenadores personales de IBM se extinguieron en 1984, como se recoge expresamente, por otra parte, en el punto 104 de los considerandos del Reglamento provisional. De este modo, el año 1983 es característico de la situación que existía antes de que se abriera una parte sustancial del mercado de las impresoras, provocada por la extinción de los derechos exclusivos de Seiko Epson, de manera que las autoridades comunitarias no incurrieron en ningún error de apreciación al elegir dicho año como punto de partida para la valoración de la evolución posterior del mercado de que se trata.

88

En estas circunstancias, este argumento de Nakajima debe ser desestimado.

89

Pone en duda Nakajima, a continuación, la exactitud de las cifras sobre la evolución de las cuotas de mercado que se citan en el punto 47 de los considerandos del Reglamento definitivo y piensa que, en realidad, los miembros de Europrint no sufrieron ninguna pérdida de mercado sino que, por el contrario, su producción experimentó una ligera progresión. Por otra parte las empresas europeas, como cesaron sus actividades antes del período de la investigación, hubieran debido ser excluidas en el marco de la valoración del perjuicio.

90

Este argumento carece de fundamento. Conviene en efecto destacar que las cifras citadas en el punto 47 de los considerandos del Reglamento definitivo coinciden por completo con las del estudio E & W invocado por Nakajima. Ahora bien, este estudio reconoce la existencia de pérdidas sustanciales de cuotas de mercado de los fabricantes de la Comunidad entre 1983 y 1986, mientras que, correlativamente, las cuotas de mercado de los exportadores japoneses aumentaron considerablemente. Por otra parte, según las cifras comunicadas por la propia demandante, los fabricantes comunitarios perdieron cuotas de mercado y ello sin tener en cuenta las cifras de las dos empresas Triumph-Adler y Logabax, que habían cesado sus actividades antes del período de la investigación.

91

Alega también Nakajima que las consideraciones del Consejo sobre la evolución de los precios son erróneas, por cuanto la reducción de precios de las impresoras en el mercado comunitario, que fue de menor entidad que las cantidades que aparecen en el Reglamento definitivo, se debió a un fuerte descenso en los costes de producción y no a un aumento de las cuotas de mercado de los exportadores japoneses. Nakajima subraya también que los precios de sus impresoras aumentaron entre 1984 y 1986. Además, añade, el Consejo cometió un error de apreciación en cuanto a la subcotización de los precios que se menciona en los puntos 51 y 53 de los considerandos del Reglamento definitivo, al comparar un precio en la fase «en fábrica» con un precio en el nivel distribuidor.

92

A este respecto debe subrayarse, lo primero, que el hecho de que Nakajima llegara a una reducción de precio más débil que la considerada por el Consejo se explica por la circunstancia de que la demandante no tiene en cuenta en sus cálculos el año 1983. Hay que reconocer seguidamente que la afirmación de Nakajima en el sentido de que las reducciones de precios en el mercado comunitario no se deben al aumento de las cuotas de mercado de los exportadores japoneses sino a un descenso considerable de los costes de producción, no deja de ser una simple alegación. Además, aun suponiendo demostrado el hecho de que, entre 1984 y 1986, los precios de Nakajima aumentaran, el Consejo lleva razón al advertir que la subcotización de los precios de la demandante seguía siendo del 41 %. Por último, en cuanto al argumento basado en un pretendido trato discriminatorio en la comparación de precios, es preciso recordar que debe rechazarse por los mismos motivos en los que se funda el razonamiento expuesto en los apartados 70 a 74 de la presente sentencia.

93

Por consiguiente el argumento basado en los errores sobre la valoración de la evolución de los precios debe desestimarse.

94

Nakajima alega además la existencia de errores en el enjuiciamiento de otros factores económicos importantes mencionados en los puntos 54 y 55 de los considerandos del Reglamento definitivo. Indica que, entre 1984 y 1986, los fabricantes comunitarios incrementaron su capacidad de producción y no experimentaron perjuicios, porque tenían los recursos suficientes para invertir e incluso realizaron sobreinversiones.

95

Sobre este punto basta comprobar que la demandante no ha citado ni la fuente de los datos numéricos que propone en apoyo de su razonamiento ni justifica tales cifras de una manera seria.

96

En estas circunstancias, el argumento basado en un manifiesto error de apreciación de los hechos económicos debe ser desestimado.

97

Por último Nakajima pone en duda el hecho de que el perjuicio alegado por Europrint haya sido causado por las importaciones japonesas de impresoras de percusión de matriz de puntos en serie y afirma que dicho perjuicio es consecuencia de importaciones de impresoras procedentes de terceros países distintos de Japón. En relación con el punto 60 de los considerandos del Reglamento definitivo, Nakajima imputa esencialmente al Consejo no haber examinado el perjuicio causado por la importación de impresoras de terceros países y considera que sobrevaloró los daños causados por los fabricantes japoneses.

98

No puede estimarse este argumento. Efectivamente, la Comisión expuso de forma convincente que las importaciones de impresoras procedentes de terceros países distintos de Japón no pudieron perjudicar el mercado comunitario, dado que sólo se produjeron en un Estado miembro y no llegaron a ser significativas más que después del período cubierto por la investigación en el presente procedimiento.

99

Además, Nakajima no ha presentado ninguna prueba de una práctica de dumping durante el período tomado en consideración, en el marco de las importaciones de impresoras procedentes de terceros países distintos de Japón, de forma que la demandante no ha demostrado que los factores alegados hubieran contribuido al perjuicio comprobado.

100

En apoyo del motivo basado en errores relativos al interés de la Comunidad en que se ponga fin al daño causado por las prácticas de dumping, Nakajima alega que, contra lo que sostiene el Consejo en los puntos 63 a 66 de los considerandos del Reglamento definitivo, la pérdida de rentabilidad de los fabricantes comunitarios se debe no a las prácticas de dumping por parte de los exportadores japoneses, sino a sus propios errores de gestión.

101

Baste, a este respecto, señalar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en el apartado 90 de la presente sentencia, que el Consejo no se había extralimitado de su facultad de apreciación al reconocer, en el caso de autos, la existencia de pérdidas de cuotas de mercado sufridas por la industria comunitaria a causa de prácticas de dumping por parte de exportadores japoneses. Además, la demandante no ha fundamentado en modo alguno su alegación relativa a la existencia de errores de gestión de los productores comunitarios.

102

Del conjunto de las anteriores consideraciones se sigue que los motivos basados en errores relativos al perjuicio sufrido por la industria comunitaria y al interés de la Comunidad en que se ponga fin a los mismos carecen de fundamento y deben por consiguiente ser desestimados.

103

A este respecto Nakajima imputa por una parte al Consejo haber atribuido, para determinar el nivel de los derechos necesarios para eliminar el perjuicio, como lo indica el punto 68 de los considerandos del Reglamento definitivo, la disminución del precio de las impresoras en el mercado comunitario a prácticas de dumping y haber omitido la realización de un estudio en profundidad sobre las verdaderas razones de esta baja de precios. Por otra parte, Nakajima censura el método expuesto en el punto 72 de los considerandos del Reglamento definitivo relativo al cálculo del umbral de perjuicio de cada exportador, obtenido a partir de una comparación entre el precio de venta medio ponderado al primer comprador y el valor cif medio de las ventas afectadas. Considera que si este método se hubiera aplicado correctamente, el umbral de perjuicio de Nakajima hubiera debido ser nulo.

104

La primera parte de este motivo debe desestimarse teniendo presente cuanto se ha dicho al examinar el motivo de Nakajima basado en errores relativos al perjuicio sufrido por la industria comunitaria. Por otra parte, los considerandos de los Reglamentos provisional y definitivo proponen una explicación clara y circunstancial del vínculo que existe en este caso entre el crecimiento de las cuotas de mercado de los productos japoneses y las reducciones de precio de las impresoras.

105

Por lo que se refiere al umbral de perjuicio padecido, la Comisión ha indicado, sin que haya sido contradicha, que el argumento de la demandante se basaba en una incomprensión del método de cálculo expuesto en el punto 72 de los considerandos del Reglamento definitivo. En efecto, el umbral de perjuicio expresa el alza que los precios de los productos japoneses deberían alcanzar en la Comunidad para compensar su subcotización en relación con los precios comunitarios. Ahora bien, este umbral de perjuicio, calculado durante la investigación, no puede utilizarse directamente para determinar el tipo del derecho, cuando se haya calculado en relación no con el precio franco frontera comunitaria (es decir, precio cif) sino con el precio aplicado al primer comprador independiente de la Comunidad, en la medida en que éste es necesariamente superior al precio cif, porque incluye los derechos y gastos de aduana. Por el contrario, los derechos antidumping se imponen sobre los precios netos franco frontera de la Comunidad no despachados de aduana, es decir, sobre el valor en aduana (precio cif) de las importaciones. De ahí se sigue que, para determinar el tipo del derecho antidumping, el umbral de perjuicio debe convertirse aritméticamente en porcentaje del precio de cada exportador en la fase cif.

106

Por lo tanto el motivo basado en errores sobre el importe del derecho antidumping carece de fundamento.

107

En la primera parte de este motivo, Nakajima afirma que en este caso las autoridades comunitarias violaron bajo distintos aspectos el derecho de defensa de la demandante. Alega, además, que las mismas autoridades no le comunicaron a su debido tiempo que iban a abandonar en este caso el método de determinación del valor normal calculado aplicado en un procedimiento antidumping anterior sobre las máquinas de escribir electrónicas, que dio lugar a la sentencia de 5 de octubre de 1988, TEC, antes citada. Según Nakajima, en aquella ocasión se tuvo en cuenta la estructura especial de dicha empresa, lo que dio lugar al sobreseimiento del procedimiento antidumping respecto a la misma empresa (véase Decisión 86/34/CEE de la Comisión, de 12 de febrero de 1986, por la que se concluye el procedimiento antidumping sobre las importaciones de máquinas de escribir electrónicas fabricadas por Nakajima All Precision Co. Ltd originarias de Japón; DO L 40, p. 29). Además Nakajima imputa a las Instituciones comunitarias no haberle comunicado a su debido tiempo los nombres de las empresas cuyos datos contables fueron tomados en cuenta para el cálculo del valor normal en el presente procedimiento. Afirma además Nakajima que no tuvo la posibilidad de exponer de modo efectivo su punto de vista sobre el carácter especial de su estructura y la Comisión procedió a maniobras dilatorias, en especial dejando creer a la demandante que todavía podría hacer valer sus argumentos en la «disclosure conference» que sólo tuvo lugar con posterioridad a la propuesta del nuevo Reglamento de base por la Comisión. Por ultimo, en lo que se refiere a la determinación del perjuicio, Nakajima afirma que la Comisión utilizó datos distintos de los que aparecen en el estudio E & W y se fundó especialmente en datos recogidos en una investigación practicada sobre los fabricantes afectados.

108

A este respecto procede recordar de entrada que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el derecho de defensa se respeta siempre que la empresa interesada haya estado en condiciones, durante el procedimiento administrativo, de manifestar su punto de vista sobre la realidad y la oportunidad de los hechos y circunstancias alegados así como, en su caso, sobre los documentos tenidos en cuenta (véase, por ejemplo, sentencia de 13 de febrero de 1979, Hoff-mann-La Roche, 85/76, Rec. p. 461, apartado 11).

109

Ahora bien, en el caso de autos, según las actas de las reuniones celebradas entre Nakajima y las Instituciones comunitarias y según la correspondencia intercambiada entre las partes, la demandada estuvo asociada a todas las fases del procedimiento y pudo en todo momento manifestar su punto de vista.

110

Además Nakajima disponía de todas las informaciones que le eran necesarias para asegurar en tiempo oportuno su defensa eficaz. En efecto, la demandante ha reconocido en la vista que, lo más tarde el 15 de marzo de 1988, fue informada sobre el método para determinar el valor normal calculado. Además, en los puntos 36, 38 y 40 de los considerandos del Reglamento provisional, la Comisión presentó todos los detalles de este cálculo. Por último, en una carta de 21 de junio de 1988, Nakajima expuso ya todos los argumentos que ha reproducido en el marco del procedimiento ante el Tribunal de Justicia.

111

Es oportuno añadir que el método para determinar el valor normal calculado aplicado a la demandante está previsto expresamente por el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, publicado más de tres meses antes de que se promulgara el Reglamento definitivo, de manera que Nakajima podía manifestar en tiempo oportuno su punto de vista a este respecto.

112

Por otra parte, procede subrayar que Nakajima no puede imputar a las autoridades comunitarias no haberle proporcionado cuantas informaciones les solicitó, excepto, claro está, las informaciones de carácter confidencial. Es oportuno señalar a este respecto, efectivamente, que, por una parte, la demandante no solicitó información sobre el método utilizado para la determinación de los gastos VGA y los beneficios hasta el 2 de septiembre de 1988, es decir, pasado el plazo de un mes a partir del establecimiento del derecho provisional previsto por el punto ce) del inciso i) de la letra c) del apartado 4 del artículo 7 del nuevo Reglamento de base. Por otra, parte el detalle de los costes y de los beneficios de los competidores de Nakajima debe considerarse confidencial en el sentido del apartado 3 del artículo 8 del nuevo Reglamento de base y, por lo tanto, no podía comunicarse a la demandante (véase, sobre todo, sentencia de 5 de octubre de 1988, TEC, citada, apartado 20).

113

Además, la eventual aplicación de un método diferente para la determinación del valor normal calculado con arreglo a la normativa anterior no es aplicable al presente asunto, ya que los operadores económicos no pueden invocar un derecho a que se les apliquen normas que pueden haber sido modificadas por decisiones tomadas por las Instituciones comunitarias en el marco de su facultad de apreciación (véase, por ejemplo, sentencia de 7 de mayo de 1987, Koyo Seiko, 256/84, Rec. p. 1899, apartado 20).

114

Por lo que se refiere, finalmente, al empleo de datos contables distintos de los que figuran en el estudio E & W, según la carta de 28 de septiembre de 1988 dirigida por la Comisión a Nakajima, las autoridades comunitarias no se plantearon nunca apoyarse únicamente en los datos de dicho informe. De todas formas, no se discute que el expediente formado por la Comisión, al que tuvo acceso la demandante con arreglo a la letra a) del apartado 4 del artículo 7 del nuevo Reglamento de base, incluía resúmenes no confidenciales relativos a los datos de los diferentes fabricantes europeos. De este modo, la demandante tuvo acceso a todas las bases tenidas en cuenta para la determinación del perjuicio.

115

A partir de estos datos, la primera parte del motivo carece de fundamento.

116

En apoyo de la segunda parte de este motivo, Nakajima alega que se ha prescindido del principio de seguridad jurídica en este caso, por cuanto, en el procedimiento antidumping que el Tribunal de Justicia examinó en la sentencia de 5 de octubre de 1988, TEC, antes citada, la Comisión y el Consejo tuvieron en cuenta la especial estructura de la demandante y sobreseyeron por esta razón el procedimiento en relación con Nakajima. Ahora bien, como la estructura de Nakajima no ha cambiado en relación con dicho asunto, de ahí se deriva en el presente caso, según Nakajima, un derecho adquirido a que se reconozca su carácter específico y un derecho a depositar su confianza legítima en que se mantengan soluciones consolidadas bajo el antiguo Reglamento de base. Añade que se violó el principio de irretroactividad por la aplicación, desde el 15 de marzo de 1988, de un nuevo método para determinar el valor normal calculado que no aparece en el Reglamento de base que estaba entonces en vigor y que está en total oposición con la interpretación anterior de las autoridades comunitarias.

117

No pueden estimarse estos razonamientos. Efectivamente, procede subrayar lo primero que, contra lo que afirma la demandante, el Tribunal de Justicia, en su citada sentencia de 5 de octubre de 1988, TEC, en la que Nakajima no era parte, se pronunció exclusivamente sobre el Reglamento (CEE) n° 1698/85 del Consejo, de 19 de junio de 1985, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de máquinas de escribir electrónicas originarias de Japón (DO L 163, p. 1; EE 11/28, p. 216), pero dejó expresamente abierta la cuestión del fundamento del sobreseimiento del procedimiento por lo que se refiere a Nakajima (sentencia TEC, citada, apartado 18).

118

En todo caso, el procedimiento seguido en aquel asunto respecto a Nakajima no puede constituir un precedente capaz de vincular a las Instituciones, ya que la jurisprudencia considera que el Reglamento de base en materia de dumping deja a las autoridades comunitarias un determinado margen de apreciación, especialmente para fijar el importe de los gastos VGA que han de incluirse en el valor normal calculado (véase la citada sentencia TEC, apartado 33), y que el hecho de que una Institución utilice este margen de apreciación, sin apreciar en detalle y de antemano los criterios que piensa aplicar en cada situación concreta, no viola el principio de seguridad jurídica (véase sentencia de 5 de octubre de 1988, Brother, antes citada, apartado 29).

119

En lo que se refiere, a continuación, a la pretendida violación de los derechos adquiridos, baste recordar que, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, en los casos en que las autoridades comunitarias dispongan de amplias facultades de apreciación, los operadores económicos no tienen derecho a invocar un derecho adquirido para conservar una situación favorable consecuencia de la normativa en discusión y de la que se han beneficiado en un momento dado (véase, especialmente, sentencia de 21 de mayo de 1987, Rau, asuntos acumulados 133/85 a 136/85, Rec. p. 2289, apartado 18). En tales circunstancias, el método para determinar el valor normal calculado que se empleó en un procedimiento antidumping anterior no puede suponer para Nakajima un derecho adquirido a la aplicación del mismo método en el caso de autos.

120

Igualmente, según reiterada jurisprudencia, recordada en el apartado 113 de la presente sentencia, los operadores económicos no pueden depositar su confianza legítima en que se mantenga una situación anterior que puede ser modificada por decisiones adoptadas por las Instituciones comunitarias en el marco de su facultad de apreciación.

121

Por último, según los apartados 23 y 24 de la presente sentencia, el argumento basado en una pretendida violación del principio de irretroactividad carece de fundamento.

122

Por consiguiente, la segunda parte del motivo propuesto por Nakajima debe desestimarse.

123

Alega Nakajima, en tercer lugar, una violación del principio de igualdad de trato, por cuanto el método para determinar el valor normal calculado que se ha aplicado en el presente caso es discriminatorio para la demandante, ya que utiliza datos contables relativos a empresas de estructura diferente de la suya y además porque la comparación entre el valor normal y el precio de exportación se efectúa en dos niveles comerciales diferentes.

124

Este argumento no viene al caso. Efectivamente, según los apartados 60 a 67 de la presente sentencia, el método para determinar el valor normal calculado que se aplica en el caso de autos no es discriminatorio ya que, de acuerdo con la jurisprudencia, intenta colocar a Nakajima en la situación que hubiera sido suya si hubiera realizado ventas de impresoras en Japón, y las Instituciones comunitarias pudieron estimar razonablemente que es imposible estar presente en el mercado japonés de productos electrónicos sin contar con una estructura integrada de venta. Por otra parte, el Tribunal de Justicia ya ha decidido, en los apartados 70 a 72 de la presente sentencia, que en el caso de autos la comparación entre el valor normal y el precio de exportación no se realizó en dos niveles comerciales diferentes.

125

En estas circunstancias, no se ha incurrido en el caso de autos en ninguna violación del principio de igualdad de trato.

126

En cuarto lugar, Nakajima entiende que el Reglamento definitivo prescindió del principio de proporcionalidad, puesto que a la demandante se le impuso un derecho antidumping del 12 % sin tener en cuenta su estructura específica, siendo así que, si se hubieran tomado en consideración sus propios gastos y un razonable margen de beneficios, se hubiera llegado a lo sumo a un margen de dumping insignificante y así Nakajima no hubiera estado sujeta al presente procedimiento.

127

Sin embargo, no puede aceptarse este argumento por las razones que se exponen detalladamente en los apartados 60 a 67 de la presente sentencia.

128

En quinto lugar, Nakajima alega una violación del principio de la aplicación leal y equitativa del Derecho comunitario, por cuanto la aplicación a la demandante de un nuevo mètodo para determinar el valor calculado no es apropiada al presente caso y da lugar a injusticias graves.

129

De todos modos este argumento, que se basa en presupuestos equivocados, como se ha visto en los apartados 60 a 67 de la presente sentencia, debe ser desestimado.

130

Por último, Nakajima alega una violación del principio que prohibe ir contra los actos propios, por cuanto dice haber sido inducida a error por el trato de que fue objeto en el procedimiento antidumping relativo a las máquinas de escribir electrónicas.

131

Este razonamiento, que reproduce el fundado en la violación del principio de seguridad jurídica, debe ser también desestimado, teniendo en cuenta las razones expuestas con mayor amplitud en los apartados 117al21dela presente sentencia.

132

Como no ha podido ser aceptado ninguno de los argumentos presentados por Nakajima, debe desestimarse el motivo basado en la violación de determinados principios generales del Derecho.

133

Mediante este motivo, Nakajima imputa a las autoridades comunitarias que, a lo largo del procedimiento antidumping, mostraron frente a ella una grave falta de discreción, que equivalió a desconocer la finalidad que pretendía la normativa que se discutía. En especial la demandante reprocha a la Comisión no haber examinado de buena fe y con toda equidad la necesidad de establecer un derecho antidumping respecto a ella y haber proseguido, con falta o negligencia grave, un procedimiento para imponerle un derecho antidumping, en contra de la práctica anterior. De este modo las autoridades comunitarias perjudicaron deliberadamente a la demandante, según ésta, y evitaron encontrarse en una situación idéntica a la del procedimiento seguido en el asunto que condujo a la citada sentencia de 5 de octubre de 1988, TEC.

134

Sin embargo, las alegaciones de la demandante carecen de todo fundamento. A este respecto baste comprobar que Nakajima, en el caso de autos, no ha cumplido las exigencias expuestas en reiterada jurisprudencia (véase, sobre todo, sentencia de 11 de julio de 1990, Sermes, C-323/88, Rec. p. I-3027, apartado 33) en materia de prueba de una desviación de poder, ya que la demandante no ha indicado, a partir de indicios objetivos, oportunos y concluyentes, las circunstancias y razones que permitirían presumir que la medida de que se trata se tomó para conseguir finalidades distintas de aquéllas para las que se dispuso.

135

Efectivamente Nakajima, al alegar la existencia de una desviación de poder, se ha limitado a formular afirmaciones sin probar su fundamento. Procede añadir que el hecho de que las autoridades comunitarias no aceptaran el razonamiento de Nakajima, que consideraban carente de fundamento, no constituye una desviación de poder.

136

Por otra parte, según las comprobaciones realizadas por el Tribunal de Justicia en este asunto, la normativa comunitaria ha sido aplicada correctamente y de acuerdo con sus finalidades. En efecto, en los considerandos de los Reglamentos provisional y definitivo, las Instituciones expusieron las razones que las llevaron a considerar que en este caso los intereses de la Comunidad exigían, con arreglo a la normativa de base, adoptar medidas que pudieran defender a los fabricantes comunitarios contra las importaciones de productos que son objeto de dumping.

137

De ahí se sigue que debe desestimarse el motivo basado en la desviación de poder.

138

Ninguno de los motivos presentados por Nakajima ha podido ser aceptado: procede pues desestimar el recurso en su totalidad.

139

A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas, incluidas las del procedimiento de medidas provisionales y las de la Comisión como parte coadyuvante. Como la parte coadyuvante Europrint ha omitido plantear pretensiones sobre las costas, procede que cargue con las suyas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

decide :