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Document 52021PC0558

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la eficiencia energética (versión refundida)

COM/2021/558 final

Bruselas, 14.7.2021

COM(2021) 558 final

2021/0203(COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la eficiencia energética (versión refundida)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

{SEC(2021) 558 final} - {SWD(2021) 623 final} - {SWD(2021) 624 final} - {SWD(2021) 625 final} - {SWD(2021) 626 final} - {SWD(2021) 627 final}


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.    CONTEXTO DE LA PROPUESTA

Con la adopción del Pacto Verde Europeo en diciembre de 2019 1 , la Comisión estableció «una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. El Pacto Verde aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la UE, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales». Para alcanzar estos objetivos, «debe darse prioridad a la eficiencia energética».

En esa ocasión, la Comisión anunció también que presentaría un plan sometido a una evaluación de impacto para elevar de manera responsable el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Unión para 2030, y se comprometió declarando que «revisará y propondrá revisar, cuando proceda, la legislación pertinente sobre energía a más tardar en junio de 2021» 2 .

En marzo de 2020, la Comisión presentó una propuesta de Ley Europea del Clima para descarbonizar Europa para 2050. En su Plan del Objetivo Climático 3 , la Comisión propuso incrementar la ambición de la Unión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta, como mínimo, un 55 % respecto de los niveles de 1990 para 2030, lo que suponía un aumento sustancial en comparación con el objetivo previsto, del 40 %. El Plan del Objetivo Climático también esbozó las medidas necesarias en todos los sectores de la economía, incluidas las revisiones de los instrumentos legislativos clave para lograr esa mayor ambición y cumplir el compromiso, asumido en la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo 4 , de presentar un plan global para elevar el objetivo de la Unión Europea para 2030 hacia el 55 % de manera responsable. El Plan del Objetivo Climático también está en consonancia con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de 2 °C y proseguir los esfuerzos por limitarlo a 1,5 °C. En diciembre de 2020, el Consejo Europeo refrendó el objetivo vinculante de la UE consistente en una reducción interna neta de al menos el 55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en comparación con 1990 5 . El Consejo Europeo llegó a la conclusión de que era necesario aumentar la ambición climática de manera que se estimulase el crecimiento económico sostenible, se creasen puestos de trabajo de calidad, se generasen beneficios en materia de salud y medio ambiente para los ciudadanos de la Unión y se contribuyera a la competitividad mundial a largo plazo de la economía de la Unión fomentando la innovación en el ámbito de las tecnologías ecológicas. El 22 de abril de 2021, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo político provisional para lograr una reducción de las emisiones de GEI de al menos un 55 % para 2030. Esto establece el marco de actuación para reducir las emisiones de GEI en las próximas décadas, pero debe aplicarse a través de legislación específica que garantice que se logren tales reducciones. Las previsiones indican que, si se aplican plenamente las políticas actuales, las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 se situarían en torno al 45 % respecto de los niveles de 1990 si se excluyeran las emisiones y absorciones resultantes del uso de la tierra, y en torno al 47 % si se incluyera el uso de la tierra. El Plan del Objetivo Climático para 2030 prevé, por tanto, un conjunto de acciones necesarias en todos los sectores de la economía y la puesta en marcha de revisiones de los instrumentos legislativos clave para lograr esa ambición más elevada.

Para ello, el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2021 6 anunció el paquete de medidas «Objetivo 55» (Fit for 55), destinado a reducir las emisiones de GEI en al menos un 55 % para 2030 y lograr una Europa climáticamente neutra para 2050. Este paquete abarcará una amplia gama de ámbitos de actuación, como la eficiencia energética, las energías renovables, el uso de la tierra, la fiscalidad de la energía, el reparto del esfuerzo y el comercio de los derechos de emisión.

La eficiencia energética es un ámbito de actuación clave, sin el cual no puede lograrse la descarbonización total de la economía de la Unión 7 . La Directiva de eficiencia energética ha dado lugar a la actual política de eficiencia energética de la Unión, destinada a aprovechar las oportunidades rentables de ahorro de energía. En diciembre de 2018, la Directiva de eficiencia energética se modificó como parte del paquete de medidas «Energía limpia para todos los europeos», en particular para incluir un nuevo objetivo principal de eficiencia energética de la Unión para 2030 de al menos el 32,5 % (en comparación con el uso previsto de energía para 2030), y para prorrogar y reforzar la obligación de ahorro de energía más allá de 2020.

Aunque el objetivo de eficiencia energética para 2020 puede haberse alcanzado debido a las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia de COVID-19, la suma de las contribuciones nacionales comunicadas por los Estados miembros en los planes nacionales de energía y clima no alcanza el objetivo del 32,5 % fijado por la Unión para 2030. Las contribuciones colectivas conducirían a una reducción del 29,4 % en el consumo de energía final y del 29,7 % en el consumo de energía primaria en comparación con las previsiones de la hipótesis de referencia de 2007 para 2030. Esto supone una brecha de 2,8 puntos porcentuales, en el caso del consumo de energía primaria, y de 3,1 puntos porcentuales, en el caso del consumo de energía final, respecto del objetivo colectivo de la EU-27. Esta brecha también afecta al nivel de esfuerzos necesario para alcanzar esa mayor ambición en materia de eficiencia energética. La evaluación de impacto del Plan del Objetivo Climático concluye que es poco probable que los mayores niveles de eficiencia energética que se necesitan se logren únicamente a través de las fuerzas del mercado, la organización actual de este y el desarrollo tecnológico, por lo que son necesarios esfuerzos adicionales. De acuerdo con la evaluación de impacto 8  que acompaña a la presente Directiva, las mejoras en materia de eficiencia energética deberán reforzarse significativamente con respecto al actual nivel de ambición, establecido en el 32,5 %.

Esta ambición más elevada requiere una mayor promoción de la eficiencia energética, siempre que sea rentable, en todos los ámbitos del sistema energético y en todos los sectores pertinentes en los que la actividad afecte a la demanda de energía, como los sectores del transporte, el agua y la agricultura. Abordar el nexo entre el agua y la energía es especialmente importante, debido al aumento de las necesidades de ambos elementos y al aumento de la presión sobre los recursos hídricos provocado por el cambio climático.

La Directiva de eficiencia energética es un elemento importante para avanzar hacia el objetivo de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050; en este contexto, la eficiencia energética se considera una fuente de energía por derecho propio. El papel clave de la eficiencia energética se ve respaldado por el principio de «primero, la eficiencia energética», reconocido como un principio rector de la política energética de la Unión y que debe tenerse en cuenta en todos los sectores, más allá del sistema energético, y a todos los niveles, también en el sector financiero. Las soluciones de eficiencia energética deben considerarse la primera opción a la hora de tomar decisiones de planificación e inversión, así como al establecer nuevas normas relativas a la oferta y a otros ámbitos de actuación. El principio ha sido reconocido como un elemento clave de la Estrategia para la Integración del Sistema Energético 9 .

Aunque el potencial de ahorro de energía sigue siendo elevado en todos los sectores, existe un desafío particular en relación con el transporte, responsable del 30 % del consumo de energía final, y con los edificios, pues el 75 % del parque inmobiliario de la Unión tiene un bajo rendimiento energético. Otro sector importante al que se presta cada vez más atención es el de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), que representa entre el 5 y el 9 % del consumo total de electricidad del mundo y más del 2 % de todas las emisiones. En 2018, el consumo de energía de los centros de datos de la Unión fue de 76,8 TWh. Se espera que esta cifra aumente hasta los 98,5 TWh de aquí a 2030, lo que supondrá un incremento del 28 %. Este aumento en términos absolutos también puede observarse en términos relativos: dentro de la UE, los centros de datos representaban el 2,7 % de la demanda de electricidad en 2018 y, si la trayectoria actual se mantiene, alcanzarán el 3,21 % en 2030 10 . La Estrategia Digital de Europa 11  ya ha puesto de relieve la necesidad de lograr unos centros de datos altamente eficientes desde el punto de vista energético y sostenibles, así como de adoptar medidas de transparencia en cuanto a la huella ambiental de los operadores de telecomunicaciones.

El sector público es un importante agente económico por derecho propio y es responsable de entre el 5 y el 10 % del consumo total de energía final de la Unión 12 . En conjunto, se calcula que el porcentaje de contratos públicos adjudicados por la Unión a los organismos de la Administración central es aproximadamente del 16 %. A nivel de los Estados miembros, este porcentaje varía entre el 5 % y el 86 % 13 . Se calcula que los edificios públicos son responsables de alrededor del 2 % del consumo de energía final de la Unión, pero sigue habiendo un potencial de ahorro rentable en todo el sector público, tanto en la renovación y la gestión energética de los edificios existentes como en la futura contratación de edificios, productos y servicios eficientes desde el punto de vista energético.

La industria es un sector que ha logrado mejoras significativas de eficiencia energética durante la última década. No obstante, aún existen posibilidades de ahorro rentables 14 . La calefacción y la refrigeración suponen la mitad del consumo de energía final de la Unión, lo que los convierte en el sector más importante de uso final de la energía. Sigue existiendo un gran margen para reducir el uso de energía en este sector, sin por ello dejar de alcanzar las temperaturas necesarias 15 . Por consiguiente, la calefacción y la refrigeración desempeñan un papel crucial en la voluntad de la Unión de pasar a una economía limpia y neutra en emisiones de carbono de aquí a 2050. Gran parte del esfuerzo ha de dedicarse a mejorar el aislamiento de los edificios, pero también hay margen de mejora en cuanto a la eficiencia del suministro del calor o el frío necesarios 16 . Las pérdidas de energía en la transformación, el transporte y la distribución de energía llegan a veces a ser significativas 17 . La ausencia de un enfoque común en cuanto a las metodologías y la elaboración de informes dificulta la comparación de las redes o los gestores o la comparación de resultados. De hecho, no existe una definición uniforme de «pérdidas de energía» en la Unión, por lo que la calidad de los datos no es óptima, y este es un aspecto que debe abordarse.

El sector de los hogares representa alrededor de una cuarta parte de todo el consumo de energía final de la Unión. El comportamiento de los consumidores y los ciudadanos tiene un impacto importante en dicho consumo, y la Directiva de eficiencia energética contiene varias disposiciones que respaldan su empoderamiento. La falta de un comportamiento firme por parte de los consumidores y del empoderamiento de estos en la promoción de la eficiencia energética, sobre todo a nivel más local, hace que los incentivos para que mejoren su eficiencia energética y aborden los elevados costes iniciales y el problema de los incentivos divididos sean insuficientes 18 .

Aunque la Directiva de eficiencia energética ya ofrece incentivos a los Estados miembros para que aborden la pobreza energética, la crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve que, si la Unión quiere crear una Europa social, como se acordó conjuntamente en el Compromiso Social de Oporto 19 , que atienda a las necesidades de todos sus ciudadanos permitiéndoles desempeñar un papel activo en la transición ecológica, mitigando al mismo tiempo los efectos adversos y sin dejar a nadie atrás, la cuestión de la pobreza energética debe abordarse urgentemente. Dado que cada vez son más los europeos que probablemente tendrán que luchar por poder acceder a la energía esencial, en particular a raíz del aumento de los costes de la energía y del desempleo, los niveles de pobreza energética de todos los Estados miembros pasarán a ser un asunto de especial relevancia. Asimismo, es posible que los hogares de renta media se enfrenten a un mayor riesgo de pobreza energética en un futuro próximo, ya que, en la actualidad, la mayoría de los hogares afectados son hogares de renta media (media-baja). Se ha determinado que la eficiencia energética es la solución más eficaz para aliviar la pobreza energética y superar algunos de los posibles impactos distributivos negativos de las medidas de fijación de precios 20 . Tal como exige el Pacto Verde Europeo, la Directiva de eficiencia energética, junto con otras iniciativas del paquete de medidas «Objetivo 55», en particular el Fondo Social para el Clima, abordará ese doble reto y convertirá las necesidades climáticas y sociales en oportunidades.

En este contexto, las modificaciones contribuirán a que la Directiva de eficiencia energética aborde mejor las barreras y fallos existentes del mercado al considerar los objetivos más amplios del Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es no dejar a nadie atrás y lograr una economía sostenible. Así pues, la propuesta reforzará las distintas disposiciones de la Directiva de eficiencia energética para garantizar que esta contribuya de manera óptima a la consecución del objetivo climático más ambicioso establecido en el Plan del Objetivo Climático, consistente en reducir en al menos un 55 % las emisiones de GEI para 2030.

   Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

La propuesta forma parte de un marco más amplio de políticas de eficiencia energética que abordan el potencial de eficiencia energética en ámbitos de actuación específicos, incluidos los edificios [Directiva 2010/31/UE 21 (Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios)], los productos [Directiva 2009/125/CE, Reglamento (UE) 2017/1369 y Reglamento (UE) 2020/740 22 ] y la gobernanza, con el Reglamento (UE) 2018/1999. Esas políticas desempeñan un papel muy importante a la hora de ahorrar energía cuando se sustituyen los productos existentes o cuando se construyen o renuevan edificios 23 . La propuesta es coherente con la propuesta de revisión de la Directiva sobre fuentes de energía renovables 24 , 25 .

La presente propuesta de refundición de la Directiva de eficiencia energética, al establecer los objetivos de eficiencia energética y las principales medidas intersectoriales, así como otras más específicas, crea un marco para otras políticas de eficiencia energética. Se centra en el ahorro de energía en el sector público, en particular a través de la obligación de renovar anualmente los edificios públicos y de tener en cuenta la eficiencia energética a la hora de contratar bienes, servicios, obras y edificios. Este foco especial en los edificios públicos es complementario de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, que establece normas y obligaciones técnicas específicas al respecto. El sector público sirve a la población en general, incluidos los clientes vulnerables y los que están en riesgo de pobreza energética, de modo que garantiza que nadie se quede atrás, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo. La atención especial que la Directiva de eficiencia energética presta al sector público es vital para que este desempeñe un papel ejemplarizante en el fomento de la eficiencia energética. La Comisión ha iniciado la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios con vistas a presentar una propuesta hacia finales de 2021. Aunque todavía no es posible prejuzgar el resultado de dicha revisión, la presente propuesta respeta el papel específico de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios a la hora de establecer requisitos de eficiencia energética óptimos en términos de rentabilidad, pero refuerza las disposiciones de dicha Directiva relativas al papel ejemplarizante de los organismos públicos, en particular en lo que atañe a los edificios (artículos 5 y 6) y a la contratación pública (artículo 7), y proporciona el marco horizontal de actuación necesario.

La Directiva de eficiencia energética establece el marco para planificar la calefacción y la refrigeración en términos de detección del potencial de eficiencia energética y de energías renovables por parte de los Estados miembros. También prevé la supervisión de las políticas y medidas para explotar ese potencial. Estas políticas y medidas apoyan directamente la consecución del objetivo de energías renovables en el sector de la calefacción y la refrigeración establecido en el artículo 24 de la Directiva sobre fuentes de energía renovables. Por ejemplo, una definición revisada de «sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración» (artículo 2, punto 43, de la Directiva de eficiencia energética) fomentaría directamente el despliegue de las energías renovables en los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración. A su vez, estos objetivos menores contribuirían a la consecución de los objetivos de eficiencia energética establecidos en la Directiva.

Además, las medidas de planificación para el sector de la calefacción y la refrigeración previstas en el marco de la Directiva de eficiencia energética se sincronizarán con el calendario de los planes nacionales de energía y clima. Esto favorecerá la coherencia entre los planes nacionales de energía y clima, las evaluaciones completas y las evaluaciones del potencial en materia de energía procedente de fuentes renovables y de utilización del calor y el frío residuales en el sector de la calefacción y la refrigeración, de conformidad con el artículo 15, apartado 7, de la Directiva sobre fuentes de energía renovables.

El Reglamento sobre la gobernanza [Reglamento (UE) 2018/1999 26 ] establece los detalles sobre la comunicación de información relativa a diversas disposiciones de la Directiva de eficiencia energética. En virtud de ese Reglamento, cada Estado miembro debe establecer un plan nacional integrado de energía y clima de diez años para el período 2021-2030, en el que describa cómo se propone contribuir, entre otras cosas, al objetivo de eficiencia energética para 2030. El Reglamento sobre la gobernanza también incluye requisitos específicos para el establecimiento de los objetivos de eficiencia energética, las obligaciones de comunicación de información, el seguimiento de los avances, y las medidas correctoras que deben adoptarse en caso de que la ambición y los avances sean insuficientes. Deberán analizarse los efectos de los cambios introducidos en la Directiva, lo que podría requerir una modificación posterior del Reglamento sobre la gobernanza para garantizar la coherencia entre ambos actos jurídicos. Las nuevas disposiciones, en particular las relativas al establecimiento de contribuciones indicativas nacionales, los mecanismos de subsanación de los desfases y las obligaciones de comunicación de información, deben transferirse y armonizarse con el Reglamento sobre la gobernanza, una vez esté revisado, para evitar que los requisitos se solapen. También podría ser necesario volver a evaluar algunas disposiciones del Reglamento sobre la gobernanza a la vista de los cambios propuestos en la presente Directiva.

La Directiva de eficiencia energética interactúa con otras disposiciones jurídicas sobre el mismo ámbito, a saber, la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, la Directiva de la Unión sobre diseño ecológico y los Reglamentos de la Unión sobre etiquetado de la energía y los neumáticos 27 . Estos instrumentos establecen normas mínimas de rendimiento, pero no requieren ninguna aceleración de las tasas de sustitución ni tampoco obligan a optar por unos resultados más eficientes por encima del mínimo. Los principales mecanismos de que disponen los Estados miembros para impulsar su ahorro de energía por encima de las tasas naturales a fin de cumplir los requisitos de la Directiva de eficiencia energética consisten en impulsar la sustitución de dispositivos ineficientes desde el punto de vista energético y en fomentar opciones más eficientes. Cada instrumento aborda distintos aspectos de la eficiencia energética pero, en última instancia, todos persiguen el mismo objetivo, a saber, mejorar la eficiencia energética y alcanzar el objetivo general de eficiencia energética de la Unión. En otros ámbitos, la Directiva de eficiencia energética complementa otras disposiciones jurídicas para prestar una mayor atención a la eficiencia energética y aumentar así la cantidad global de ahorro de energía, por ejemplo las medidas sobre contratación pública, redes de energía, y calefacción y refrigeración.

   Coherencia con otras políticas de la Unión

Los cambios en la arquitectura política de la Directiva de eficiencia energética interactúan con las políticas y medidas existentes y previstas, incluidos los mecanismos y las medidas relacionados (o no) con la fijación de precios. La Directiva de eficiencia energética, que aborda las barreras comerciales que obstaculizan la eficiencia energética, va de la mano de la introducción del comercio de los derechos de emisión para los combustibles utilizados en los edificios, lo que reducirá el tiempo de amortización de las inversiones en eficiencia energética y reforzará el interés económico de las medidas de eficiencia energética en toda la Unión. El Plan del Objetivo Climático demostró que la vía más rentable para conseguir el objetivo de reducción del 55 % de las emisiones de GEI consiste en combinar la intervención reguladora y la tarificación del carbono. Lograr un equilibrio entre la tarificación del carbono y las políticas reguladoras es crucial para alcanzar este objetivo climático más elevado de una manera rentable, mitigando al mismo tiempo el posible impacto que pueda tener repercutir los costes del carbono, en particular a los clientes vulnerables y los usuarios finales. Al mismo tiempo, el comercio de los derechos de emisión generará ingresos adicionales procedentes de las subastas de tales derechos que podrán redistribuirse entre los Estados miembros y dentro de ellos con el fin de ayudar a los usuarios finales vulnerables y a aquellos que se encuentran en situación de pobreza energética a pagar sus facturas y llevar a cabo la renovación de edificios.

Objetivo 55 reúne los instrumentos de actuación pertinentes para contribuir al objetivo de reducir en un 55 % las emisiones de GEI, y busca hacerlo de manera coherente y proporcional con los demás Reglamentos y Directivas pertinentes. Este es el caso, en particular, de la Directiva de eficiencia energética, la Directiva sobre fuentes de energía renovables, el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE de la UE), el Reglamento de reparto del esfuerzo (RRE), el Reglamento sobre el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS), la Directiva sobre fiscalidad de la energía y el Reglamento sobre las normas sobre emisiones de CO2 para los vehículos. Se reconoció que la coherencia entre las distintas iniciativas de Objetivo 55 es fundamental para garantizar que los instrumentos de actuación del paquete, incluida la Directiva de eficiencia energética, contribuyan a alcanzar el objetivo climático más elevado, del 55 %, de la manera más eficaz. Estas políticas de la UE contribuyen a la consecución de los objetivos de la Directiva de eficiencia energética, en particular por lo que respecta al objetivo de eficiencia energética. Los objetivos y medidas previstos en la Directiva de eficiencia energética garantizarán unos vínculos y sinergias más eficaces con las demás políticas de la Unión 28 .

La Directiva de eficiencia energética presenta importantes interrelaciones con la Directiva sobre fuentes de energía renovables, en particular en relación con la calefacción y la refrigeración, ya que ambas contribuyen, además, a la consecución del objetivo de la Estrategia para la Integración del Sector Energético. La Directiva de eficiencia energética proporciona un marco reforzado para la planificación en términos de detección del potencial de la eficiencia energética y de energías renovables en la calefacción y la refrigeración, y exige que los Estados miembros apliquen políticas y medidas para explotar este potencial. Estas políticas y medidas apoyan directamente la consecución del objetivo de energías renovables en el sector de la calefacción y la refrigeración establecido en el artículo 23 de la Directiva sobre fuentes de energía renovables. A su vez, estos objetivos contribuyen a la consecución de los objetivos de eficiencia energética establecidos en el artículo 23 de la Directiva de eficiencia energética y en la Directiva en su conjunto.

El RCDE de la UE establece un límite máximo de emisiones de GEI, que va disminuyendo con el tiempo. El RRE establece objetivos anuales vinculantes de emisiones de GEI para los Estados miembros en relación con las emisiones de GEI de sectores no cubiertos por el RCDE de la UE, como los edificios, el transporte y la agricultura. El RRE impulsa el cumplimiento de la Directiva de eficiencia energética, en particular la obligación de ahorro de energía. El requisito de adicionalidad contemplado en la obligación de ahorro de energía ofrece incentivos a los Estados miembros para que apliquen políticas y medidas nacionales que superen los niveles mínimos de los requisitos de eficiencia energética establecidos a escala de la Unión (por ejemplo, reglamentos de construcción nacionales más estrictos y programas que promuevan clases superiores de aparatos). Las medidas de fijación de precios, como el RCDE de la UE 29 y la Directiva sobre fiscalidad de la energía 30 , hacen que las inversiones en eficiencia energética sean más atractivas desde el punto de vista financiero, pero no resuelven las barreras comerciales que hacen que el nivel de inversiones sea insuficiente. Por lo tanto, complementan la legislación sobre eficiencia energética, pero no la sustituyen.

Durante el período transitorio, hasta que todas las medidas y objetivos propuestos en Objetivo 55 entren plenamente en vigor y liberen a los ciudadanos europeos de la dependencia de los combustibles fósiles y del aumento de los costes de la energía, puede que algunas medidas tengan efectos distributivos significativos. Se espera que la ampliación del RCDE de la UE a los sectores de la construcción y el transporte provoque un aumento de los precios de la energía, pues es probable que los suministradores de combustible repercutan los costes del carbono a los consumidores, lo que puede afectar a los clientes vulnerables y a los usuarios finales que dependen de los combustibles fósiles, o a las personas en riesgo de sufrir pobreza energética. La existencia de medidas específicas facilitará la transición, tanto a nivel europeo como nacional. Objetivo 55 propone medidas específicas en el marco de la Directiva de eficiencia energética y un nuevo instrumento de financiación, basado en los ingresos del nuevo RCDE, a fin de mitigar el impacto del aumento de los costes para los consumidores derivado de la introducción de un precio del carbono en los sectores del transporte por carretera y de la construcción. Es fundamental garantizar que las inversiones en eficiencia energética se destinen a las personas más vulnerables de nuestras sociedades. Las medidas de apoyo para reforzar la obligación de ahorro de energía y para empoderar y proteger a los clientes vulnerables, a los hogares afectados por la pobreza energética o en riesgo de sufrirla y, en su caso, a las personas que viven en viviendas sociales, pueden contribuir a mitigar estos efectos. El efecto combinado de las medidas propuestas en el marco de la Directiva de eficiencia energética, por un lado, y del nuevo instrumento de financiación basado en los ingresos procedentes del comercio de los derechos de emisión en los nuevos sectores, por otro lado, ayudará a abordar los posibles efectos sociales negativos de manera eficaz y con un espíritu de solidaridad. Los ingresos procedentes del RCDE de la UE, incluidos los procedentes del comercio de los derechos de emisión en los nuevos sectores, también seguirán estando a disposición de los Estados miembros para financiar medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética, los sistemas urbanos de calefacción y el aislamiento, o para prestar apoyo financiero a los hogares de renta media y baja.

Con el fin de abordar las repercusiones sociales derivadas del comercio de los derechos de emisión en los dos nuevos sectores, el de la construcción y el del transporte por carretera, se crea un Fondo Social para el Clima («el Fondo»). Para garantizar que el presupuesto de la Unión pueda asumir el gasto adicional que supone este Fondo, la Comisión presenta, en paralelo a ese Fondo, propuestas de Reglamento para modificar tanto el Reglamento sobre el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 como la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo («la Decisión sobre recursos propios»). En particular, una parte de los ingresos procedentes del comercio de los derechos de emisión en los sectores del transporte por carretera y los edificios irá a parar al presupuesto de la Unión. El Fondo debe proporcionar financiación a los Estados miembros para apoyar las medidas e inversiones de estos destinadas a aumentar la eficiencia energética de los edificios, para llevar a cabo mejoras en materia de eficiencia energética y renovaciones de edificios, y descarbonizar la calefacción y la refrigeración de estos, incluida la integración de la producción de energía procedente de fuentes de energía renovables, así como para financiar la movilidad de emisión cero y de baja emisión. Los Estados miembros también podrían considerar la opción de proporcionar temporalmente un apoyo directo a los hogares vulnerables, junto con inversiones que aceleren el cambio estructural.

Además, en consonancia con la oleada de renovación, el apoyo de la Unión en materia de financiación a las inversiones en materia de eficiencia energética y renovación de edificios destinadas a abordar o prevenir la pobreza energética se materializa en una serie de programas nuevos, y otros ya existentes, del MFP y de NextGenerationEU.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que pondrá a disposición de los Estados miembros un total de 672 500 millones EUR entre subvenciones y préstamos, es otra fuente clave de financiación para las inversiones en eficiencia energética. En el marco del objetivo global de dedicar el 37 % de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a las acciones por el clima, los Estados miembros planean destinar cantidades significativas a aquellas inversiones en la renovación de edificios dirigidas específicamente a los edificios menos eficientes y a los hogares en situación de pobreza energética, en consonancia con las orientaciones de la Comisión Europea.

Los fondos de la política de cohesión, dentro del objetivo climático global del 30 % y a través de la concentración temática contemplada en el objetivo político 2, seguirán asignando una parte importante del presupuesto de la Unión a las inversiones en eficiencia energética y renovación de edificios, mientras que InvestEU, a través de los instrumentos financieros específicos y la asistencia técnica, en particular el mecanismo ELENA, movilizará las inversiones públicas y privadas necesarias en los Estados miembros.

El Fondo de Transición Justa, con un presupuesto total de 17 500 millones EUR, tendrá por objeto aliviar los costes sociales y económicos derivados de la transición a una economía climáticamente neutra, en particular mediante inversiones en eficiencia energética y renovación de edificios, que tendrán el doble beneficio de crear empleo local y de abordar la pobreza energética de manera duradera.

Por último, los programas gestionados de forma centralizada, como LIFE u Horizonte Europa, tendrán como prioridades la financiación en pro de una transición justa y ecológica, en consonancia con los objetivos de los programas específicos y su naturaleza, es decir, con el objetivo de la innovación tecnológica y de mercado y el desarrollo de las mejores prácticas en la aplicación de la política de eficiencia energética. La legislación de la UE sobre emisiones de CO2 de los vehículos de carretera obliga a los fabricantes a reducir las emisiones medias de CO2 de los tubos de escape de los vehículos nuevos en el conjunto de vehículos que vendan. Se han establecido normas para los vehículos pesados y para los turismos y los vehículos comerciales ligeros 31 . Estas normas implican que los fabricantes deben utilizar tecnología para mejorar la eficiencia energética de los vehículos (por ejemplo, reduciendo su resistencia aerodinámica o a la rodadura, o la eficiencia del grupo motopropulsor) o utilizando una fuente de energía con bajas emisiones de CO2 en condiciones reales de conducción. El cambio a sistemas de propulsión eléctricos evita las pérdidas de energía de los motores de combustión interna y conduce a una reducción del uso de energía final por kilómetro. La reducción del uso de energía en el sector del transporte como consecuencia de la legislación sobre emisiones de CO2 de los vehículos se refleja en la cuantificación del objetivo general de eficiencia energética de la UE. La Directiva de eficiencia energética creará sinergias con las medidas de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente. La Directiva da plena flexibilidad y discrecionalidad a los Estados miembros en cuanto a la elección de medidas para lograr la reducción del uso de energía en el transporte y, al mismo tiempo, fomenta la adopción de medidas de eficiencia energética en ese sector. El Plan de Acción para la Economía Circular también complementa a la Directiva de eficiencia energética. El diseño de productos e infraestructuras con vidas útiles más prolongadas, o la reutilización y el reciclado de materias primas, conducen a una reducción del consumo de energía y de las emisiones de GEI a lo largo del ciclo de vida de los productos y las infraestructuras. La oleada de renovación se centra en garantizar que los edificios europeos sean más eficientes desde el punto de vista energético, menos intensivos en carbono durante todo su ciclo de vida y más sostenibles. Los principios de la economía circular pueden ayudar a reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con los materiales y generadas a raíz de la renovación de edificios.

2.    BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

   Base jurídica

La propuesta se basa en el artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que constituye la base jurídica de las medidas sobre la energía. Las medidas propuestas tienen por objeto mejorar la eficiencia energética en todos los sectores y a lo largo de toda la cadena energética, por lo que persiguen uno de los objetivos enumerados en el artículo 194, concretamente el de fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético, de conformidad con el artículo 194, apartado 1, letra c). Habida cuenta de que el Tratado contiene una base jurídica específica referente a la energía, se considera adecuado recurrir a ella.

   Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

Puesto que la Unión no dispone de competencias exclusivas en cuanto a las políticas sobre energía, la presente propuesta aplica el principio de subsidiariedad. La propuesta se basa en la creciente importancia de la eficiencia energética como reto político y económico, y en su estrecha interrelación con los ámbitos de actuación de la seguridad del abastecimiento energético, el cambio climático, el mercado interior y el desarrollo económico y social.

Necesidad de que intervenga la UE

La acción de la UE está por tanto justificada por razones de subsidiariedad, en consonancia con el artículo 191 del TFUE, ya que está demostrado que la coordinación a nivel europeo mejora la seguridad energética y los beneficios medioambientales y climáticos. Los problemas subyacentes que causan un déficit de ahorro de energía (en comparación con el nivel óptimo desde el punto de vista de la sociedad) son los mismos en toda la UE y están presentes en todas partes 32 .

La actuación a nivel de la Unión es necesaria para garantizar que los Estados miembros contribuyan al objetivo vinculante de eficiencia energética a nivel de la UE y que este se cumpla de forma colectiva y rentable. Los Estados miembros deben definir sus propios niveles de ambición, incluidas trayectorias que sean acordes a sus circunstancias y contextos nacionales. La naturaleza del instrumento y el hecho de que el objetivo de eficiencia energética no sea vinculante a nivel nacional respetan el principio de subsidiariedad. Al tener en cuenta el contexto y las especificidades nacionales, los Estados miembros conservarán el mismo nivel de flexibilidad a la hora de seleccionar el conjunto de políticas, los sectores y el enfoque necesarios para lograr el ahorro de energía requerido de aquí a 2030.

Dado que el objetivo climático es más ambicioso, la acción de la Unión complementará y reforzará las acciones realizadas a nivel nacional y local en pro de una mayor eficiencia energética. El Reglamento sobre la gobernanza ya prevé la obligación de que la Comisión actúe en caso de que los Estados miembros muestren poca ambición para alcanzar los objetivos de la Unión, por lo que reconoce de facto y formalmente el papel esencial de la acción de la Unión en este contexto, de modo que dicha acción queda justificada por razones de subsidiariedad, de conformidad con el artículo 191 del TFUE.

Los problemas subyacentes que causan un déficit de ahorro de energía (en comparación con el nivel óptimo desde el punto de vista de la sociedad) son los mismos en toda la Unión y están presentes en todas partes. Dados los costes externos del consumo de energía (por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones de contaminantes atmosféricos o la seguridad energética), es probable que las medidas para aumentar la eficiencia energética y reducir el uso de energía generen beneficios que vayan más allá de las fronteras nacionales. Cuando existen problemas transfronterizos, es difícil que la actuación de los Estados miembros consiga resultados óptimos. A la vista del carácter más ambicioso del objetivo climático, que requiere un objetivo más elevado en materia de eficiencia energética, la acción de la Unión debe complementar y reforzar la acción nacional y local.

Además, la naturaleza del instrumento y el hecho de que el objetivo de eficiencia energética no sea vinculante a nivel nacional respetan el principio de subsidiariedad. Al tener en cuenta el contexto y las especificidades nacionales, los Estados miembros conservan el mismo nivel de flexibilidad a la hora de seleccionar el conjunto de políticas, los sectores y el enfoque necesarios para lograr el ahorro de energía requerido de aquí a 2030. Sin embargo, la energía es un ámbito de actuación en el que se necesitan grandes inversiones.

Un enfoque coordinado a nivel de la Unión puede generar confianza, fiabilidad y continuidad, y aumentar la probabilidad de que los distintos agentes inviertan y se involucren. Las políticas a nivel de la Unión también pueden crear una transición equitativa y justa para aquellos países y regiones cuyas economías pueden verse afectadas significativamente por los cambios en la estructura industrial o el empleo como resultado de la transición energética hacia la descarbonización.

Además, una acción coordinada a nivel de la Unión permite tener más en cuenta las diferentes capacidades de actuación de los Estados miembros. Un coste externo se produce cuando la producción o el consumo de un bien o servicio impone un coste (efecto negativo) a un tercero.

Valor añadido de la UE

Las políticas de eficiencia energética son un mecanismo crucial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuyen a generar beneficios medioambientales, económicos y sociales, como la mejora de la calidad del aire, la reducción de las facturas energéticas y la mejora de la salud. Los objetivos energéticos y climáticos de la Unión para 2030 son objetivos colectivos. A este respecto, las políticas coordinadas de la Unión tienen mayores posibilidades de transformar Europa en un continente climáticamente neutro de aquí a 2050. Un enfoque común es la manera más eficaz de garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales.

Es necesario llevar a cabo acciones concretas para reducir el consumo de energía de los Estados miembros. No obstante, también es necesario establecer un marco eficaz a nivel de la Unión para dichas acciones. Un enfoque coordinado y armonizado a nivel de la Unión permitirá y reforzará la actuación de los Estados miembros y garantizará las cuatro libertades. Un enfoque común de la Unión ayudará, por ejemplo, a crear mercados mayores para los suministradores, los trabajadores y los bienes europeos, y garantizará que se apliquen las mismas obligaciones y normas, lo que protegerá e impulsará la competencia. Un enfoque común a nivel de la Unión permitirá que los consumidores disfruten de los mismos derechos básicos y reciban información comparable y reconocible en toda la Unión. Un enfoque común de la Unión en materia de eficiencia energética permitirá abordar retos comunes específicos, como la necesidad de aliviar la pobreza energética.

La experiencia adquirida a raíz de la ejecución de la Directiva de eficiencia energética ha demostrado que un marco común de la Unión es socialmente justo, reduce costes, aumenta los beneficios derivados del mercado interior y permite a los responsables de la elaboración de las políticas nacionales aprender unos de otros. La Directiva de eficiencia energética complementa y cataliza eficazmente otras medidas nacionales y de la Unión. Las políticas adoptadas a escala de la Unión reflejan la estrecha interrelación existente entre los ámbitos de actuación del cambio climático, la seguridad del suministro, la sostenibilidad, el medio ambiente, el mercado interior y el desarrollo social y económico. Así pues, a la hora de decidir y aplicar las políticas y medidas, pueden tenerse en cuenta los efectos en el mercado único relativos al crecimiento, las inversiones y la creación de empleo. Esto fue respaldado por el grupo de trabajo encargado de movilizar los esfuerzos de los Estados miembros para alcanzar los objetivos de eficiencia energética para 2020, que pidió un marco de actuación en materia de eficiencia energética sólido, específico y común a fin de atraer las inversiones necesarias y garantizar que el ahorro de energía se lograse de manera equivalente y justa.

Además, el mercado único de la Unión actúa como un gran impulsor de la rentabilidad a la hora de lograr la reducción de las emisiones de GEI.

Una acción común de la Unión garantizará que los objetivos de la política se alcancen colectivamente y al menor coste posible. Por consiguiente, a fin de alcanzar colectivamente los objetivos globales, la acción coordinada a nivel de la Unión puede permitir e intensificar los esfuerzos a nivel nacional garantizando un enfoque más armonizado, ayudando a crear mercados a gran escala para los suministradores europeos y garantizando que estos estén sujetos a las mismas obligaciones y normas.

Un marco a nivel de la Unión también proporcionará más seguridad a los inversores y un impulso general en todo el mercado único a las inversiones en productos más eficientes desde el punto de vista energético, sean del tipo que sean. El establecimiento de objetivos nacionales y de la Unión ofrece una indicación clara de los esfuerzos previstos en materia de eficiencia energética, y ayuda a definir el tamaño del mercado de productos y servicios eficientes desde el punto de vista energético. Esto enviará a los suministradores y fabricantes la señal de que han de esforzarse más en el desarrollo de tales productos.

Conseguir la eficiencia energética y, al mismo tiempo, empoderar a los consumidores requiere información significativa, precisa y comprensible sobre el uso de la energía y los costes correspondientes, así como un acceso fácil a un mercado competitivo de materiales de construcción de edificios (ventanas, aislamiento, etc.), a soluciones de calefacción y refrigeración, y a otros productos que contribuyan a mejorar la eficiencia energética.

Deben adoptarse medidas sectoriales específicas, como las destinadas al sector de la calefacción y la refrigeración, a fin de garantizar una atención adecuada a los sectores en los que deba lograrse la mayor reducción de las emisiones de GEI. Una planificación armonizada garantiza que las políticas y las medidas nacionales sean de una calidad comparable. También garantiza que los Estados miembros dispongan de información estructurada sobre los objetivos y planes sectoriales, lo que les ayuda, así como a los participantes en el mercado, a planificar sus actividades. En el caso de la calefacción y la refrigeración, ayuda a garantizar un mercado suficiente con normas comunes, para que los suministradores de equipos de alta eficiencia destinados a los sistemas urbanos de calefacción y cogeneración reduzcan sus costes y estén más motivados para innovar y mejorar su oferta.

Al actuar a nivel de la Unión, pueden abordarse varias barreras a la inversión pública y privada, afrontando la falta de coordinación entre los distintos organismos de autorización a nivel nacional y estimulando la capacidad administrativa para ejecutar proyectos transfronterizos y establecer sistemas de apoyo.

La Directiva de eficiencia energética establece esencialmente el objetivo general de eficiencia energética, pero deja en manos de los Estados miembros la mayoría de las medidas necesarias para alcanzarlo. La aplicación del principio de «primero, la eficiencia energética» concede flexibilidad a los Estados miembros. La Directiva de eficiencia energética establece objetivos vinculantes de eficiencia energética a nivel de la Unión, pero no establecerá objetivos vinculantes a nivel nacional con vistas a 2020 ni 2030. Los Estados miembros deben determinar su contribución a la consecución colectiva del objetivo de eficiencia energética de la Unión teniendo en cuenta la fórmula prevista en la Directiva de eficiencia energética. La obligación de lograr una reducción anual del consumo de energía en el sector público garantizará que este cumpla su papel ejemplarizante, y los Estados miembros conservarán una flexibilidad plena en cuanto a la elección de medidas de mejora de la eficiencia energética destinadas a alcanzar la reducción requerida del consumo de energía final. Además, la Directiva de eficiencia energética seguirá estableciendo el índice de renovación anual necesario sobre la base de la superficie de los edificios. El ámbito de aplicación de esta obligación se amplía a los edificios que sean propiedad de cualquier organismo público en el territorio de un Estado miembro. Esta medida garantizará que los Estados miembros sigan dando ejemplo mediante la mejora de la eficiencia energética de los edificios en sus ámbitos de competencia y conserven, al mismo tiempo, la flexibilidad en cuanto a la elección de las medidas. Por otra parte, la Directiva de eficiencia energética proporcionará el marco necesario para garantizar que los productos, servicios, obras y edificios adquiridos por los organismos públicos tengan un alto rendimiento energético, y para considerar, cuando proceda, aspectos más amplios en materia de sostenibilidad, medio ambiente y economía circular y aspectos de tipo social. El enfoque armonizado, en el que los procesos de licitación tendrán en cuenta los aspectos de eficiencia energética, preservará la competencia, garantizará un ahorro de energía rentable y a largo plazo, y permitirá la continuación de los mercados de gran escala. La Directiva de eficiencia energética ampliará el ahorro de energía al aumentar la tasa de ahorro. Los Estados miembros deben seguir logrando más ahorro de energía cada año mediante medidas de actuación en todos los sectores. Dado que la obligación de ahorro de energía es una medida eficaz para mejorar la eficiencia energética en diversos sectores, también es un instrumento eficaz para ayudar a los Estados miembros a mitigar la pobreza energética. Así pues, la obligación de ahorro de energía exigirá a los Estados miembros que una determinada proporción (calculada individualmente respecto de la cantidad total exigida de ahorro de energía) provenga de los clientes vulnerables y los usuarios finales, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales. Un enfoque armonizado puede contribuir a lograr una transición energética justa para todos los ciudadanos europeos. La obligación de ahorro de energía no altera la plena flexibilidad de la que disponen los Estados miembros a la hora de elegir los tipos de medidas de actuación, su tamaño, alcance y contenido. La Directiva de eficiencia energética garantizará que todos los ciudadanos europeos disfruten del mismo nivel de derechos contractuales básicos por lo que respecta a la calefacción, la refrigeración y el agua caliente sanitaria. La Directiva de eficiencia energética exigirá la aplicación de determinados derechos contractuales básicos de los clientes, pero no se restringirán las competencias nacionales. La igualdad de condiciones en toda la UE es también necesaria en lo que atañe a las actividades de información y sensibilización de los consumidores. Los Estados miembros están obligados a adoptar las medidas adecuadas, pero son libres a la hora de decidir el diseño concreto de esas acciones. Los efectos de la crisis económica y sanitaria a escala de la Unión ponen de manifiesto que el enfoque armonizado es también necesario para empoderar y proteger a los clientes vulnerables, los usuarios finales y aquellos afectados por la pobreza energética.

A fin de garantizar el mismo nivel de protección y empoderamiento, la Directiva de eficiencia energética exige que la aplicación y la financiación de medidas de mejora de la eficiencia energética se realicen con carácter prioritario entre esas personas, lo que también ayudará a los Estados miembros a mitigar los efectos distributivos. Deberá establecerse una red de expertos en cada Estado miembro, que facilitará las acciones del Estado miembro en este ámbito. Aunque las auditorías energéticas son obligatorias para las grandes empresas, porque el ahorro de energía puede ser significativo, los Estados miembros seguirán siendo libres de desarrollar programas que animen a las pymes a someterse a auditorías energéticas. Por lo que al sector de la calefacción y la refrigeración se refiere, los Estados miembros conservan sus competencias para llevar a cabo una evaluación completa del potencial de cogeneración de alta eficiencia y de sistema urbanos eficientes de calefacción y refrigeración, y pueden conceder exenciones en el ámbito de la recuperación de calor residual mediante cogeneración de alta eficiencia o mediante el suministro de una red urbana de calefacción o refrigeración. La Directiva de eficiencia energética permitirá a los Estados miembros introducir medidas y procedimientos para promover las instalaciones de cogeneración. Para contribuir a la creación de un mercado único, todos los Estados miembros, las autoridades reguladoras nacionales y los gestores de redes de transporte y distribución deben aplicar el principio de «primero, la eficiencia energética» y eliminar todas las medidas reglamentarias, no reglamentarias y técnicas a fin de mejorar la eficiencia energética en la explotación de las redes de energía. El desarrollo de un mercado de servicios energéticos para garantizar la disponibilidad tanto de la demanda como de la oferta de tales servicios seguiría estando sujeto a la discrecionalidad de los Estados miembros. La Directiva de eficiencia energética conservaría la flexibilidad de que disponen los Estados miembros para tomar medidas destinadas a detectar y abordar las barreras reglamentarias y no reglamentarias a las mejoras de la eficiencia energética. Se animaría a los Estados miembros y a las regiones a hacer pleno uso de los Fondos Estructurales y de Inversión y otros mecanismos de financiación con el fin de impulsar las inversiones en medidas de mejora de la eficiencia energética, aliviar la pobreza energética y mitigar cualquier efecto distributivo sobre los clientes vulnerables y los usuarios finales, las personas afectadas por la pobreza energética y aquellas que viven en viviendas sociales.

Por tanto, la propuesta cumple el principio de subsidiariedad.

   Proporcionalidad

Sobre la base de la evaluación de impacto adjunta 33 y de acuerdo con el principio de proporcionalidad, las modificaciones propuestas, en términos generales, no exceden de lo necesario para alcanzar el objetivo de lograr una mayor ambición en materia de eficiencia energética con vistas a lograr el objetivo climático más elevado para 2030. Por lo que se refiere a los objetivos de eficiencia energética, las modificaciones son proporcionales a la ambición exigida por la Unión, en consonancia con el objetivo climático más elevado de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55 %, tal como se propone en el Plan del Objetivo Climático. Varias enmiendas establecen objetivos y obligaciones específicos para que las administraciones públicas logren un ahorro de energía en determinados ámbitos —sector público y pobreza energética—, que será proporcionado, en términos generales. En cuanto a la obligación de ahorro de energía para el sector público, los organismos públicos se definen en la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública (poderes adjudicadores). Los Estados miembros tendrían que crear una base de datos de organismos públicos e incluir en ella el consumo anual de energía de estos. La obligación de reducción del consumo de energía propuesta deja a los Estados miembros una flexibilidad significativa en cuanto a dónde y cómo podría lograrse el ahorro de energía. Dada la rentabilidad que se derivaría de la aplicación de las medidas de ahorro, este esfuerzo se considera eficaz y no excesivo. La propuesta también tiene por objeto abordar los impactos distributivos derivados de la ampliación del comercio de los derechos de emisión a los edificios y al transporte. El establecimiento de definiciones y obligaciones, en particular en relación con la calefacción y la refrigeración, sería proporcional al ahorro adicional de energía y a las sinergias con los demás instrumentos que podrían lograrse en este sector. La proporcionalidad de los requisitos adicionales de seguimiento y comunicación de información depende del equilibrio entre el aumento de los costes y el ahorro que se consiga gracias a una mejor comprensión de los efectos de las medidas pertinentes.

Las obligaciones impuestas son, por tanto, proporcionadas al objetivo que se persigue.

   Elección del instrumento

El instrumento elegido es una Directiva que debe ser ejecutada por los Estados miembros. Una Directiva es el instrumento adecuado, ya que define claramente los objetivos de la Unión que deben alcanzarse y, al mismo tiempo, deja a los Estados miembros la flexibilidad suficiente para ejecutarla de manera que se adapte a sus circunstancias nacionales particulares.

La propuesta combina una codificación y una modificación de la Directiva de eficiencia energética. En el contexto de «La Europa de los ciudadanos», la Comisión concede gran importancia a la simplificación y la claridad del Derecho de la Unión, que de esta forma resulta más accesible y comprensible para los ciudadanos, concediéndoles nuevas posibilidades y reconociéndoles derechos concretos que pueden invocar. La propuesta implica una modificación de fondo de la Directiva de eficiencia energética, que ha sido modificada en varias ocasiones.

Para armonizar los dos procesos, el de revisión y el de codificación, la Comisión propone una refundición de la Directiva de eficiencia energética. La técnica de la refundición contribuye a simplificar la legislación de la Unión al permitir la adopción de un texto legislativo único que introduce la modificación deseada, codifica esa modificación y otras anteriores con las disposiciones inalteradas del acto anterior, y deroga dicho acto y los actos modificativos anteriores. Por lo tanto, una Directiva refundida es el instrumento adecuado y está en consonancia con el compromiso adquirido por la Comisión en virtud del apartado 46 del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación 34 . El nuevo acto jurídico sustituirá y derogará el acto 2012/27/UE anterior.

En caso de cambio de numeración de los artículos, la correlación entre los números antiguos y los nuevos se ha hecho constar en una tabla de correspondencia que figura en el anexo XVI de la Directiva refundida.

3.    RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

   Evaluación ex post de la legislación vigente 35

La Directiva de eficiencia energética sigue siendo pertinente para lograr una mayor eficiencia energética en la Unión y contribuir al objetivo climático más elevado del 55 %. También genera otros beneficios, como la disminución de la dependencia de las importaciones de energía, y estimula la innovación y la competitividad. La evaluación ha mostrado que corresponde a la Directiva de eficiencia energética garantizar que los Estados miembros adopten medidas adecuadas en ámbitos específicos del consumo de energía. Diversos estudios realizados por la Comisión, así como datos procedentes de las partes interesadas 36 , muestran que, incluso con las tecnologías existentes, todavía hay un margen significativo para realizar inversiones en eficiencia energética y obtener ahorros rentables en los sectores económicos de los Estados miembros y en la sociedad en general.

Sin embargo, en una hipótesis de una situación sin cambios, y aún más con motivo de los efectos socioeconómicos adversos y las pérdidas de ingresos causados por la crisis de la COVID-19, una gran parte de este potencial de eficiencia energética y ahorro de energía seguiría sin explotarse, debido, entre otras cosas, a las deficiencias del mercado y de la normativa, que impiden que se realicen inversiones y acciones rentables en materia de eficiencia energética. Dado ese significativo potencial de ahorro de energía, es necesario seguir fomentando acciones de eficiencia energética y eliminar las barreras que siguen existiendo de cara a un comportamiento eficiente desde el punto de vista energético, también en relación con las inversiones.

Según la evaluación, parece que los sectores públicos se muestran reticentes a incluir sistemáticamente requisitos de eficiencia energética en la adjudicación de contratos públicos, principalmente debido al precio de compra. Así pues, existe margen para reforzar y armonizar la Directiva de eficiencia energética de modo que contribuya a alcanzar el objetivo climático más elevado y los objetivos del Pacto Verde Europeo. Además, existe potencial para que la Directiva de eficiencia energética aborde mejor los retos socioeconómicos, como la protección y el empoderamiento de los clientes vulnerables y los usuarios finales y la mitigación de la pobreza energética. Por lo que se refiere a las industrias, la evaluación muestra que uno de los obstáculos clave podría ser que la mayoría de las empresas no tienen la experiencia necesaria para saber qué oportunidades técnicas de ahorro de energía están disponibles o cuáles podrían ser los posibles beneficios económicos.

En términos de eficiencia, la Directiva de eficiencia energética ha dado lugar a mejoras de eficiencia energética en toda la Unión gracias a los objetivos (en particular, los artículos 3 y 5) y las medidas vinculantes (en particular, el artículo 7, sobre las obligaciones de ahorro de energía) que establece, aunque los avances en la consecución de los objetivos de eficiencia energética de la Unión para 2020 no fueron suficientes. Lograr el nivel necesario de mejora de la eficiencia energética depende en gran medida de la ambición de los Estados miembros a la hora de fijar objetivos, y de sus esfuerzos a la hora de adoptar y aplicar medidas de eficiencia energética a nivel nacional. Aunque la Directiva de eficiencia energética establece límites de consumo de energía primaria y final para la Unión en su conjunto, y aunque el Reglamento sobre la gobernanza prevé otras medidas de la Unión en caso de que los objetivos no se cumplan, el carácter indicativo del objetivo no ayuda a su consecución. El artículo 7 sigue siendo una medida eficaz de la que depende el ahorro de energía, principalmente en el sector de la construcción. Las obligaciones del sector público (artículos 5 y 6) resultaron fundamentales para demostrar el papel ejemplarizante de las administraciones centrales en el fomento de la eficiencia energética a través de renovaciones y de la contratación pública. Sin embargo, las medidas se aplicaron a una escala limitada, y hay una serie de limitaciones que impiden aprovechar el potencial de ahorro de energía en el sector público. La Directiva de eficiencia energética también fue crucial para promover el uso de auditorías energéticas en toda la Unión (artículo 8). Sin embargo, persisten importantes limitaciones, como el seguimiento de las auditorías y los retos relacionados con la aplicación de la definición de «pyme», o la falta de requisitos y de incentivos para la aplicación de sistemas de gestión de la energía. Los requisitos del artículo 14 en materia de calefacción y refrigeración, en particular el requisito de establecer evaluaciones completas, contribuyeron a aumentar la importancia de la calefacción y la refrigeración y el conocimiento general al respecto en todos los Estados miembros. Sin embargo, el análisis mostró que el impacto global había sido bastante bajo, debido especialmente a que no se realizó un seguimiento de las conclusiones de las evaluaciones completas llevadas a cabo con arreglo al artículo 14, y debido también al amplio recurso a las exenciones permitidas. La Directiva de eficiencia energética contribuyó en gran medida al desarrollo de los mercados de servicios energéticos y a los contratos de rendimiento energético (artículo 18). Sin embargo, aún quedan importantes barreras por abordar.

En términos de eficiencia, la Directiva de eficiencia energética ha contribuido, por lo general, a lograr un ahorro de energía en la Unión de manera rentable. Varias disposiciones sujetas a «condiciones» (por ejemplo, en los artículos 5, 6, 9 a 11 y 14) obligaban a actuar, siempre que fuera rentable o viable desde el punto de vista económico o técnico. La Directiva otorgó una flexibilidad significativa a los Estados miembros a la hora de elegir medidas. No obstante, estos no siempre demostraron cómo se determinó la viabilidad. No hay indicios de que hayan existido diferencias significativas en la magnitud de los costes entre los Estados miembros para la mayoría de las disposiciones de la Directiva de eficiencia energética, a excepción del artículo 7 (los costes dependen del diseño y el alcance de la medida).

En términos de coherencia, la Directiva de eficiencia energética es, en general, coherente con otras políticas más amplias en materia de energía y clima; sin embargo, las crecientes interrelaciones con las energías renovables y con el RCDE de la UE requieren una racionalización adecuada y un examen más detallado de la reducción de la carga administrativa. Además, las disposiciones de la Directiva de eficiencia energética deben adaptarse a fin de que respalden los objetivos de descarbonización y de contaminación cero previstos en las iniciativas del Pacto Verde Europeo.

En términos del valor añadido de la Unión, la intervención de esta fue clave para lograr mejoras de eficiencia energética en todo su territorio. Es evidente que, de no existir el objetivo a escala de la UE ni las medidas vinculantes, tal mejora no se habría alcanzado en el mismo grado. Sin embargo, hay margen para reforzar y armonizar algunas disposiciones a fin de garantizar que la Directiva de eficiencia energética resulte en los esfuerzos necesarios para alcanzar el objetivo climático más elevado de la Unión de, al menos, el 55 % para 2030.

   Consultas con las partes interesadas

La hoja de ruta de la evaluación / evaluación inicial de impacto se publicó el 3 de agosto de 2020 y estuvo disponible hasta el 21 de septiembre de 2020.

La Comisión recibió 189 respuestas y 99 partes interesadas presentaron declaraciones complementarias y adjuntaron información a sus respuestas. La mayoría de las respuestas procedían de asociaciones empresariales (80 respuestas), seguidas de empresas (36 respuestas) y de ONG (26 respuestas). Además, entre septiembre y octubre de 2020, se organizaron 9 reuniones específicas con grupos seleccionados de partes interesadas sobre temas específicos, y el 10 de noviembre de 2020 se celebró una reunión del grupo de expertos sobre la Directiva de eficiencia energética. La Comisión también puso en marcha la consulta pública en internet, disponible desde el 17 de noviembre de 2020 hasta el 9 de febrero de 2021, en consonancia con las normas de mejora de la legislación. La encuesta contenía preguntas abiertas y de opciones múltiples que abarcaban una amplia gama de aspectos relativos a la evaluación ex post y opciones para la revisión de la Directiva de eficiencia energética. Se recibieron un total de 344 respuestas. El grupo de encuestados más numeroso fue el de las asociaciones empresariales (132 respuestas), el de los negocios y empresas individuales (92 respuestas), seguidos de las ONG (34 respuestas). 21 encuestados respondieron en calidad de ciudadanos individuales. Respondieron 24 autoridades públicas, entre ellas las autoridades nacionales de 9 Estados miembros (Chequia, Chipre, España, Estonia, Finlandia, Francia, Lituania, Países Bajos y Suecia). 

Una gran mayoría de las partes interesadas (el 86 % de los encuestados) opinó que la eficiencia energética debería desempeñar un papel clave en apoyo de unos objetivos climáticos más ambiciosos para 2030 y con vistas a lograr la neutralidad en carbono de la Unión para 2050. Las partes interesadas apoyaron en gran medida el refuerzo de la Directiva de eficiencia energética a ese respecto. La mayoría (53 %) se mostraron favorables a la idea de establecer unos objetivos vinculantes de eficiencia energética, también a nivel nacional (47 %). Las partes interesadas opinaron que se necesitaban esfuerzos adicionales en materia de eficiencia energética en los edificios (76 %) y el transporte (62 %), seguidos de la industria (52 %) y las TIC (40 %).

Las opiniones expresadas por las partes interesadas en la consulta pública y durante los talleres se han tenido en cuenta a la hora de establecer las distintas opciones de políticas en los ámbitos de actuación respectivos en la evaluación de impacto.

En junio, la Comisión Europea organizó una audiencia con los interlocutores sociales europeos en relación con Objetivo 55. Se pidió a los interlocutores sociales europeos que compartieran sus reacciones iniciales sobre ese paquete de medidas y expresaran su opinión sobre qué medidas y mecanismos de acompañamiento podrían ponerse en marcha para garantizar que nadie se quede atrás. Se planteó la necesidad de una mayor interacción entre el pilar europeo de derechos sociales y el Pacto Verde Europeo, y se explicó que los objetivos de ambas dimensiones debían ser las dos caras de una misma moneda.

   Obtención y uso de asesoramiento especializado

El estudio de apoyo de COWI fue el único contrato explícitamente destinado a apoyar de forma directa la preparación de la evaluación de impacto. Muchos otros informes han proporcionado información pertinente. En el caso de los requisitos de auditoría energética, se realizó una evaluación específica de los problemas existentes a la hora de aplicar la definición utilizada en el artículo 8, apartado 4, de la Directiva de eficiencia energética.

   Evaluaciones de impacto

La ambición global de ahorro de energía y el nivel de las obligaciones en la materia son consecuencia de un enfoque rentable para alcanzar el objetivo global de reducir en un 55 % las emisiones de GEI. Las medidas analizadas en la evaluación de impacto 37 son elementos adicionales para apoyar y permitir medidas de ahorro de energía que faciliten las inversiones en mejoras de la eficiencia energética y, de este modo, reducir el coste global de la consecución de los objetivos de ahorro de energía y de reducción de las emisiones de GEI.

Se consideraron medidas en diez ámbitos distintos que no se excluían mutuamente. Estas varían y entre ellas hay medidas reglamentarias y no reglamentarias. Se estudiaron varias medidas reglamentarias de distinto grado de rigor. La elección de la opción preferida requiere un juicio sobre el impacto óptimo para cada ámbito, contrastado con el esfuerzo regulador y la carga administrativa.

El principal impacto de la medida será que la Unión utilice menos energía, sin que esto afecte a la prestación de los servicios deseados. Esta reducción del uso de energía irá acompañada de beneficios colaterales, como la mejora de la seguridad energética y la reducción del impacto medioambiental. El menor impacto medioambiental se debe principalmente a una reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos de en torno a un 8 %, pero también se esperan beneficios medioambientales derivados de una menor necesidad de suministro de combustible, una menor necesidad de infraestructuras y la reducción de las emisiones al agua, por ejemplo, de los equipos de eliminación de gases de combustión. Si el apoyo público a la renovación de edificios está bien enfocado, también puede aportar beneficios sociales sustanciales, gracias a la reducción de la pobreza energética y a mejoras equivalentes en la salud humana.

En todos los ámbitos, se espera que el ahorro de energía se consiga principalmente mediante inversiones que rentabilicen los costes de inversión en unos pocos años. Se facilita información sobre los plazos de amortización previstos, por sector y tipo de inversión.

   Adecuación regulatoria y simplificación

La revisión es una refundición de la Directiva. La evaluación de impacto 38 detectó posibilidades de simplificación de la legislación vigente y de reducción de la carga normativa, y buscó la eficacia de las modificaciones propuestas. La eliminación del enfoque alternativo en cuanto a la renovación de los edificios de los organismos públicos simplificará las disposiciones, ya que la Directiva se centrará únicamente en las renovaciones. Se suprimen aspectos técnicos específicos relativos a los edificios públicos y a determinadas excepciones, dado que están regulados por la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. La eliminación de las condiciones de rentabilidad y de viabilidad técnica o económica por lo que respecta a los requisitos de eficiencia energética en la contratación pública simplificará la aplicación de tales requisitos, ya que se aplicarán por igual a todas las autoridades públicas. Las opciones de desarrollo de TI y de contratación pública estarán sujetas a la aprobación previa del Consejo de Tecnologías de la Información y Ciberseguridad de la Comisión Europea.

Garantizar que los esfuerzos de auditoría energética se centren en los usuarios con un mayor consumo de energía dará lugar a un ahorro de energía proporcionalmente más elevado, lo que reducirá significativamente la carga para las empresas con un menor consumo y simplificará dicha carga para las administraciones públicas, ya que tendrán un criterio más sencillo para evaluar la necesidad de auditorías y menos empresas que verificar. Se espera que el aumento de los costes de conformidad para aquellas empresas que permanezcan en el ámbito de aplicación de la disposición se amortice gracias a la adopción de más medidas de mejora rentables.

Las modificaciones reforzarán los requisitos existentes en materia de seguimiento y comunicación de información, en particular por lo que se refiere a las medidas destinadas a combatir la pobreza energética en el marco de la obligación de ahorro de energía (artículo 8) y a las relativas a las renovaciones de edificios del sector público, lo que garantizará unos mejores resultados, pero también se traducirá en una mayor carga administrativa para las autoridades públicas. Exigir requisitos adicionales de seguimiento y comunicación de información en relación con la contratación pública y los contratos de rendimiento energético mejoraría aún más la eficacia de estas disposiciones, pero podría aumentar en cierta medida la carga administrativa para las empresas y las autoridades públicas.

Ofrecer más orientación y apoyo para respaldar las acciones de los Estados miembros, por ejemplo en materia de sensibilización, dará lugar a un aumento a corto plazo de la carga administrativa, ya que serán ellos quienes deban establecer las diferentes campañas de información, los intercambios de conocimientos o los sistemas de apoyo, pero se espera que esto sea rentable a medio plazo, debido al mayor ahorro de energía.

Los requisitos adicionales de comunicación de información y seguimiento no exigirán la creación de ningún sistema nuevo de comunicación de información, sino que estarán sujetos al actual marco de seguimiento y comunicación de información establecido con arreglo al Reglamento sobre la gobernanza [Reglamento (UE) 2018/1999].

   Derechos fundamentales

La propuesta se ajusta al artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que exige que las políticas de la Unión integren y garanticen, con arreglo al principio de desarrollo sostenible, un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad.

4.    REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la Unión. Las modificaciones se traducirían en costes administrativos moderados para las autoridades públicas.

5.    OTROS ELEMENTOS

   Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

Una vez que los colegisladores adopten la presente Directiva refundida y durante el período de transposición, la Comisión emprenderá las siguientes acciones para facilitar su transposición:

Elaboración de una tabla de correspondencias que sirva de lista de comprobación de la transposición, tanto para los Estados miembros como para la Comisión.

Organización de reuniones con los expertos de los Estados miembros encargados de transponer las distintas partes de la Directiva para debatir cómo transponerlas y para resolver dudas, ya sea en el contexto de la Acción Concertada de la Directiva de Eficiencia Energética o en un formato de comité.

Disponibilidad para reuniones bilaterales y llamadas con los Estados miembros en caso de que haya preguntas específicas sobre la transposición de la Directiva.

Una vez finalizado el plazo de transposición, la Comisión llevará a cabo una evaluación completa para comprobar si los Estados miembros han transpuesto plena y correctamente la Directiva.

El Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, estableció un marco integrado de planificación, seguimiento y comunicación de información en materia de energía y clima, a fin de supervisar los avances hacia los objetivos en esa materia, en consonancia con los requisitos de transparencia del Acuerdo de París. Los Estados miembros tenían que presentar a la Comisión sus planes nacionales integrados de energía y clima para finales de 2019 y estos debían abarcar las cinco dimensiones de la Unión de la Energía para el período 2021-2030. Los Estados miembros deben informar cada dos años de los progresos logrados en la aplicación de los planes y, además, deben notificar a la Comisión sus proyectos de actualización de los planes, a más tardar el 30 de junio de 2023, y las actualizaciones definitivas, a más tardar el 30 de junio de 2024. Esas actualizaciones abarcarían cualquier objetivo nuevo acordado en la revisión de la Directiva de eficiencia energética. Se considera que este sistema de comunicación de información establecido en virtud del Reglamento sobre la gobernanza ha sido eficaz a la hora de supervisar los avances de los Estados miembros en materia de las contribuciones a la eficiencia energética a nivel nacional y de la Unión.

La presente propuesta contiene nuevas disposiciones, principalmente relacionadas con el establecimiento de contribuciones nacionales, los mecanismos de subsanación de los desfases y las obligaciones de comunicación de información. Estas propuestas deben transferirse y armonizarse con el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza, una vez que esté revisado, a fin de evitar el solapamiento de los requisitos. También podría ser necesario volver a evaluar algunas disposiciones del Reglamento sobre la gobernanza a la vista de los cambios propuestos en la presente Directiva.

En el artículo 33 de la presente Directiva refundida se propone evaluar el nivel de ambición de los artículos 4, 5, 6 y 8.

   Documentos explicativos (para las Directivas)

La Directiva de eficiencia energética introduce un nuevo artículo (artículo 3) relativo al principio de «primero, la eficiencia energética», con el fin de garantizar que este se aplique cuando sea pertinente y que se supervise adecuadamente de forma generalizada. Dado el amplio ámbito de aplicación del principio, la Directiva no especifica cómo debe hacerse. Para facilitar la aplicación de las disposiciones de la Directiva de eficiencia energética, la Comisión Europea formulará una Recomendación a los Estados miembros en la que proporcionará orientaciones sobre la manera en que ese principio debe interpretarse y aplicarse en diversos contextos. Este documento de orientación debería contribuir a que el principio sea más operativo.

A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Comisión/Bélgica (asunto C-543/17), los Estados miembros deben adjuntar a sus comunicaciones de las medidas nacionales de transposición información suficientemente clara y precisa e indicar qué disposiciones de la legislación nacional transponen las disposiciones de una Directiva. Esto debe facilitarse para cada obligación, no solo a nivel de artículo.

   Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Las disposiciones fundamentales por las que se modificará sustancialmente la Directiva 2012/27/UE, o por las que se añadirán nuevos elementos son las siguientes:

Los artículos 1 y 4 establecen un objetivo vinculante de eficiencia energética de la Unión más ambicioso en relación con el consumo de energía final y primaria, así como contribuciones nacionales indicativas de eficiencia energética, y proporcionan una fórmula a los Estados miembros para que calculen sus contribuciones. Los objetivos de la Unión se fijan en términos del nivel de consumo de energía primaria y final que debe alcanzarse en 2030, y el nivel de ambición se expresa comparando estos niveles con las previsiones de la hipótesis de referencia de 2020 para 2030. El nivel de ambición así expresado refleja los esfuerzos adicionales necesarios en comparación con los actuales o con los indicados en los planes nacionales de energía y clima. En los considerandos se mantienen las comparaciones con el período de referencia anterior, es decir, las previsiones de la hipótesis de referencia de 2007 para 2030 y los valores históricos de 2005.

Las contribuciones nacionales siguen siendo indicativas, debido a la fuerte oposición que la mayoría de los Estados miembros mostraron, en la consulta pública y en otros foros, a la idea de unos posibles objetivos nacionales vinculantes. Sin embargo, se proponen parámetros de referencia y nuevos mecanismos de subsanación de desfases que complementan los propuestos en el Reglamento sobre la gobernanza.

El artículo 3 introduce una nueva disposición sobre el principio de «primero, la eficiencia energética», a fin de proporcionar la base jurídica para la aplicación del principio y minimizar, al mismo tiempo, la carga administrativa. Incluye la obligación de considerar soluciones de eficiencia energética a la hora de tomar decisiones de actuación y de inversión en los sistemas energéticos y en los sectores no energéticos, incluidas las viviendas sociales.

El artículo 5 introduce la obligación de que el sector público reduzca su consumo de energía en los servicios públicos y las instalaciones de los organismos públicos. Esto puede alcanzarse en cualquier subsector del sector público, como el transporte, los edificios públicos, la ordenación del territorio y la gestión del agua y los residuos.

El artículo 6 amplía el ámbito de aplicación de la obligación de renovación. La obligación se aplicará ahora a todos los organismos públicos de todos los niveles de la Administración y en todos los sectores de actividad de los organismos públicos, en particular en la sanidad, la educación y la vivienda pública, donde los edificios son propiedad de los organismos públicos. Esto acercará los beneficios de la renovación de edificios públicos a todos los ciudadanos de todos los Estados miembros, y multiplicará las renovaciones en el sector público. El artículo 6 tiene por objeto las renovaciones que cumplan la norma de los edificios de consumo de energía casi nulo (EECN), que es una norma rentable y más estricta para las renovaciones. El índice de renovación más bajo sigue siendo del 3 %, que es el mínimo común denominador para un índice mínimo de renovación, si bien se reconoce que algunos Estados miembros, regiones y ciudades ya han adoptado requisitos y normas más ambiciosos de renovación en el sector público. Por último, se suprimen las alternativas que permitían a los Estados miembros lograr un ahorro de energía similar mediante medidas distintas de las renovaciones. Tales medidas pueden seguir contabilizándose en relación con las obligaciones de ahorro de energía previstas en el artículo 8 y contribuir al cumplimiento de la obligación en él establecida. El artículo 6 tiene por objeto las renovaciones, en consonancia con la oleada de renovación.

El artículo 7 refuerza las disposiciones en materia de contratación pública ampliando la obligación de tener en cuenta los requisitos de eficiencia energética en todos los niveles de la Administración Pública, y suprimiendo las condiciones relativas a la rentabilidad y la viabilidad técnica y económica. Las modificaciones incluirán una disposición en virtud de la cual los Estados miembros podrán exigir que los organismos públicos tengan en cuenta, cuando proceda, aspectos relacionados con la economía circular y criterios de contratación pública ecológica cuando adjudiquen contratos públicos. Se exigirá a los Estados miembros que respalden a los organismos públicos proporcionándoles directrices y metodologías sobre la evaluación de los costes del ciclo de vida, estableciendo centros de apoyo de la competencia y fomentando el uso de la contratación agregada y la contratación electrónica. Los Estados miembros tendrán que publicar información sobre licitaciones (en consonancia con los umbrales establecidos en las Directivas sobre contratación pública).

Como parte del papel ejemplarizante del sector público, el artículo 7 también incluye una disposición en virtud de la cual los poderes adjudicadores podrán exigir que las ofertas indiquen un potencial de calentamiento global de los edificios nuevos [indicador numérico expresado en kgCO2e/m2 (de superficie interior útil) para cada fase del ciclo de vida promediado para un año de un período de estudio de referencia de cincuenta años], en particular para los edificios nuevos de más de 2 000 m2. Esa disposición está relacionada con otra cuyo fin es aumentar la sensibilización sobre la economía circular y todo el ciclo de vida de las emisiones de carbono en las prácticas de contratación pública.

Las modificaciones del artículo 8 aumentan la obligación de ahorro de energía anual al 1,5 % para todos los Estados miembros (incluidos Chipre y Malta) e incluyen requisitos específicos para mitigar la pobreza energética. El artículo 8 exige aplicar medidas de actuación con carácter prioritario entre los clientes vulnerables y los usuarios finales, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales, y hacer el mejor uso posible de la financiación pública y, cuando proceda, considerar el uso de los ingresos procedentes de los derechos de emisión del RCDE. Asimismo, exige a los Estados miembros que velen por que el conjunto de políticas nacionales no tenga efectos adversos en los clientes vulnerables y los usuarios finales, en las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, en las personas que viven en viviendas sociales, y por que dichas políticas mitiguen y reduzcan efectivamente la pobreza energética. Además, obliga a los Estados miembros a que una proporción de la cantidad total de ahorro exigida de uso final de la energía provenga de los clientes vulnerables y los usuarios finales, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales. El artículo 8 establece un mecanismo para subsanar los desfases en relación con la cantidad necesaria de ahorro de energía que debe conseguirse en un período de obligación determinado. La obligación de ahorro de energía no prevé la aplicación de los mecanismos de flexibilidad para calcular la cantidad requerida de ahorro de energía alternativamente a partir del 1 de enero de 2024 (artículo 8, apartados 6 a 9). El artículo 9 incluye a los gestores de redes de transporte como posibles partes obligadas, y autoriza a los Estados miembros a exigir a las partes obligadas que obtengan un porcentaje del ahorro de energía de entre los clientes vulnerables y los usuarios finales, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales. El anexo V establece que no puede contabilizarse el ahorro de energía obtenido a raíz de las medidas de actuación relativas al uso de tecnologías de combustión directa de combustibles fósiles, aclara que la reducción del uso de energía obtenida mediante medidas adoptadas en virtud de la Directiva RCDE UE no puede tenerse en cuenta para el cumplimiento de la obligación de ahorro de energía, y refuerza el requisito de adicionalidad por lo que respecta a las medidas fiscales.

El artículo 11 abandona el tipo de empresa como criterio para las auditorías energéticas y los sistemas de gestión de la energía y lo sustituye por los niveles de consumo de energía, y exige que la dirección de la empresa firme las recomendaciones de auditoría. También requiere sistemas de gestión de la energía para las empresas que más consumen, que probablemente sean más eficaces a la hora de garantizar que se realicen inversiones de ahorro de energía más rentables y con una menor carga general de costes para la empresa. Por último, el artículo introduce la obligación de supervisar el rendimiento energético de los centros de datos con el fin de establecer posteriormente un conjunto de «indicadores de sostenibilidad de los centros de datos».

El artículo 20 refuerza la protección de los consumidores al introducir derechos contractuales básicos para los sistemas urbanos de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, en consonancia con los derechos que la Directiva (UE) 2019/944 introdujo para la electricidad.

El artículo 21 refuerza las obligaciones para con los consumidores, en particular la disponibilidad y el suministro de información, las medidas de sensibilización y el asesoramiento técnico y financiero o la asistencia ofrecidos. La creación de ventanillas únicas, puntos de contacto únicos y mecanismos de resolución extrajudicial de litigios son estructuras que contribuirán significativamente a capacitar a los clientes y usuarios finales. Por último, el artículo incluye la obligación de detectar y eliminar las barreras pertinentes a la división de los incentivos entre los inquilinos y los propietarios o entre los propietarios.

El artículo 22 se refiere al concepto de «clientes vulnerables», que los Estados miembros deben establecer con arreglo a los artículos 28 y 29 de la Directiva (UE) 2019/944 y al artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2009/73/CE. El artículo 22 obliga a los Estados miembros a establecer ese concepto teniendo también en cuenta a los usuarios finales, que no tienen ningún contrato directo o individual con los suministradores de energía.

El artículo 22 introduce la obligación de que los Estados miembros apliquen las medidas de mejora de la eficiencia energética con carácter prioritario entre los clientes vulnerables, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales, con el fin de mitigar la pobreza energética. Los Estados miembros deben aplicar medidas de mejora de la eficiencia energética para mitigar los efectos distributivos de otras políticas y medidas, como las medidas fiscales aplicadas de conformidad con el artículo 9 de la presente Directiva, o el comercio de derechos de emisión realizado en virtud de la Directiva RCDE UE, y para fomentar el despliegue de instrumentos de financiación y financieros facilitadores. El artículo 22 refuerza el papel de las redes de expertos.

Los artículos 23 y 24 establecen una planificación y un seguimiento más estrictos de las evaluaciones completas de la calefacción y la refrigeración, incluida la promoción de los niveles local y regional. Los artículos introducen requisitos mínimos para los sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración, requisitos más amplios de rentabilidad y obligaciones en materia de reutilización del calor residual. Los requisitos mínimos para los sistemas urbanos eficientes de calefacción se incrementarán gradualmente con vistas a garantizar un suministro de calefacción o refrigeración totalmente descarbonizado en los sistemas urbanos de calefacción o refrigeración eficientes de aquí a 2050. Los requisitos para la cogeneración de alta eficiencia se complementarán, cuando esta no se alimente con energías renovables o residuos, con un criterio sobre las emisiones directas de CO2 procedentes de la cogeneración.

El artículo 25 aclara y refuerza el papel de las autoridades reguladoras nacionales a la hora de aplicar el principio de «primero, la eficiencia energética» en la planificación y el funcionamiento de las redes energéticas. También hace uso de los conocimientos de la REGRT de Electricidad, la REGRT de Gas y la entidad de los GRD de la UE para supervisar los avances. Debido al elevadísimo número de gestores de redes, es preferible un enfoque indirecto.

El artículo 26 aclara y refuerza las disposiciones sobre la disponibilidad de sistemas de cualificación, acreditación y certificación para distintos proveedores de servicios energéticos, auditores energéticos, gestores energéticos e instaladores. Las nuevas disposiciones exigirán a los Estados miembros que evalúen los regímenes cada cuatro años a partir de diciembre de 2024.

El artículo 27 introduce requisitos adicionales para aumentar la celebración de contratos de rendimiento energético.

El artículo 28 introduce la obligación de que los Estados miembros informen de las inversiones en eficiencia energética, en particular de los contratos de rendimiento energético celebrados (como parte del Reglamento sobre la gobernanza). Se exigirá a los Estados miembros que establezcan mecanismos de ayuda al desarrollo de proyectos a nivel nacional, regional y local para promover inversiones en eficiencia energética que contribuyan a alcanzar los objetivos de eficiencia energética más elevados.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

2021/0203 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (versión refundida)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 194, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 39 ,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones 40 ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

 nuevo

(1)La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 41 ha sido modificada en varias ocasiones y de forma sustancial 42 . Con motivo de nuevas modificaciones y en aras de la claridad, conviene proceder a la refundición de dicha Directiva.

🡻 2012/27/UE considerando 1 (adaptado)

La Unión se enfrenta a retos sin precedentes debido a una creciente dependencia de las importaciones de energía y a la escasez de recursos energéticos, así como a la necesidad de limitar el cambio climático y superar la crisis económica. La eficiencia energética es un medio valioso para superar estos retos. Mejora la seguridad de abastecimiento de la Unión al reducir el consumo de energía primaria y las importaciones de energía. Asimismo, ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera rentable en relación con los costes, y de este modo, a mitigar el cambio climático. El cambio a una economía más eficiente en el consumo de energía también debe acelerar la difusión de soluciones tecnológicas innovadoras y mejorar la competitividad de la industria de la Unión, impulsando el crecimiento económico y creando empleos de alta calidad en varios sectores relacionados con la eficiencia energética.

🡻 2012/27/UE considerando 2 (adaptado)

Las conclusiones del Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo de 2007 insistían en la necesidad de incrementar la eficiencia energética en la Unión para alcanzar en 2020 el objetivo de ahorrar un 20 % en el consumo de energía de la Unión en comparación con los valores previstos. En las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011 se subrayaba que debe alcanzarse el objetivo que acordó el Consejo Europeo en junio de 2010, de aumentar en un 20 % la eficiencia energética para 2020, objetivo que, de momento, no lleva camino de cumplirse. Las previsiones realizadas en 2007 mostraban un consumo de energía primaria en 2020 de 1842 Mtep. Con una reducción del 20 % la cifra de consumo sería de 1474 Mtep en 2020, es decir, una disminución de 368 Mtep respecto a las previsiones.

🡻 2012/27/UE considerando 3 (adaptado)

Las conclusiones del Consejo Europeo de 17 de junio de 2010 confirmaron ese objetivo de eficiencia energética como uno de los objetivos principales de la nueva estrategia de la Unión para el empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e integrador («Estrategia Europa 2020»). Dentro de este proceso y para cumplir este objetivo a nivel nacional, los Estados miembros están obligados a establecer objetivos nacionales en estrecho diálogo con la Comisión y a indicar en sus programas de reforma nacionales de qué manera piensan alcanzarlos.

🡻 2012/27/UE considerando 4 (adaptado)

La Comunicación de la Comisión de 10 de noviembre de 2010 sobre Energía 2020 sitúa la eficiencia energética en el núcleo de la estrategia energética de la Unión para 2020, y señala la necesidad de una nueva estrategia sobre eficiencia energética que permita a todos los Estados miembros separar el consumo de energía del crecimiento económico.

🡻 2012/27/UE considerando 5 (adaptado)

En su Resolución de 15 de diciembre de 2010 sobre la revisión del Plan de Acción sobre la Eficiencia Energética, el Parlamento Europeo exhortaba a la Comisión a incluir en su Plan de Acción revisado sobre Eficiencia Energética medidas para superar las deficiencias que impiden alcanzar el objetivo general de eficiencia energética de la Unión en 2020.

🡻 2012/27/UE considerando 6 (adaptado)

Una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 es la referente al consumo eficiente de recursos en Europa, adoptada por la Comisión el 26 de enero de 2011. En ella se señala la eficiencia energética como un elemento fundamental para asegurar la sostenibilidad del consumo de recursos energéticos.

🡻 2012/27/UE considerando 7 (adaptado)

Las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011 reconocían que no se estaba avanzando hacia el objetivo de eficiencia energética de la Unión y que se requerían actuaciones decididas para aprovechar el considerable potencial de incremento del ahorro de energía en los edificios, los transportes y los procesos de producción y manufacturación. En dichas conclusiones también se establece que la consecución del objetivo de eficiencia energética de la Unión se revisará en 2013 y que, si fuera necesario, se examinarán otras medidas.

🡻 2012/27/UE considerando 8 (adaptado)

El 8 de marzo de 2011, la Comisión adoptó su Comunicación relativa a un Plan de Eficiencia Energética 2011. En la Comunicación se confirmaba que la Unión no lleva camino de alcanzar su objetivo de eficiencia energética. Todo ello, a pesar de los progresos en las políticas nacionales de eficiencia energética expuestos en los primeros Planes nacionales de acción para la eficiencia energética presentados por los Estados miembros para dar cumplimiento a la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos 43 . El análisis inicial de los segundos Planes de Acción viene a confirmar que la Unión no avanza suficientemente para el logro de su objetivo. Para poner remedio a esta deficiencia, en el Plan de Eficiencia Energética 2011 se detallaba una serie de políticas y medidas de eficiencia energética que cubrían toda la cadena de la energía, y se referían a la generación de energía, el transporte y la distribución, al papel ejemplarizante del sector público en la eficiencia energética, a los edificios y electrodomésticos, la industria, y la necesidad de poner a los consumidores finales en condiciones de gestionar su consumo de energía. La eficiencia energética en el sector del transporte se abordaba paralelamente en el Libro Blanco sobre el Transporte, aprobado el 28 de marzo de 2011. En particular, la iniciativa 26 del Libro Blanco exigía normas adecuadas para las emisiones de CO2 de los vehículos de todo tipo, llegado el caso complementadas con requisitos de eficiencia energética, para abarcar todos los sistemas de propulsión.

🡻 2012/27/UE considerando 9 (adaptado)

El 8 de marzo de 2011, la Comisión aprobó también una «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» en la que se señalaba, desde esta perspectiva, la necesidad de centrarse más en la eficiencia energética.

🡻 2012/27/UE considerando 10 (adaptado)

En este contexto es necesario actualizar el marco legal de la Unión en materia de eficiencia energética, mediante una Directiva que persiga el objetivo general sobre eficiencia energética consistente en llegar a 2020 con un ahorro del 20 % en el consumo de energía primaria de la Unión, y en conseguir nuevas mejoras de la eficiencia energética más allá de 2020. Con este fin, la presente Directiva debe crear un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión y establecer acciones concretas que lleven a la práctica algunas de las propuestas incluidas en el Plan de Eficiencia Energética 2011 y se alcance el considerable potencial de ahorro de energía no realizado que se señala.

🡻 2012/27/UE considerando 11 (adaptado)

La Decisión n.º 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 44 , exige a la Comisión que, a más tardar en 2012, haga una evaluación y un informe de los progresos realizados por la Unión y sus Estados miembros en el cumplimiento del objetivo de reducir el consumo de energía en un 20 % en 2020 con respecto a las proyecciones. También señala que, con vistas a asistir a los Estados miembros en su contribución al cumplimiento de los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión, la Comisión debe proponer, a más tardar el 31 de diciembre de 2012, medidas nuevas o más estrictas para acelerar las mejoras en materia de eficiencia energética. La presente Directiva responde a esta exigencia. Asimismo, contribuye a cumplir los objetivos fijados en la «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050», en particular reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la energía, y a conseguir una generación de electricidad con cero emisiones para 2050. 

🡻 2012/27/UE considerando 12 (adaptado)

Para aprovechar todo el potencial de ahorro de energía, ha de aplicarse un planteamiento integrado que abarque el sector del suministro de energía y los sectores usuarios finales. Al mismo tiempo, deben reforzarse las disposiciones de la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía 45 , y la Directiva 2006/32/CE.

 nuevo

(2)Con el Plan del Objetivo Climático 46 , la Comisión propuso incrementar la ambición de la Unión para 2030 elevando el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hasta, como mínimo, un 55 % por debajo de los niveles de 1990. Se trata de un aumento sustancial en comparación con el objetivo existente, del 40 %. La propuesta materializaba el compromiso asumido en la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo 47 de presentar un plan integral para elevar el objetivo de la Unión para 2030 hacia el 55 % de manera responsable. También es conforme con los objetivos de la 21.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Acuerdo de París) de mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de 2 °C y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C.

(3)En diciembre de 2020, el Consejo Europeo refrendó el objetivo vinculante de la Unión consistente en una reducción interna neta de al menos el 55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en comparación con 1990 48 . El Consejo Europeo llegó a la conclusión de que era necesario aumentar la ambición climática de manera que se estimulase el crecimiento económico sostenible, se creasen puestos de trabajo, se generasen beneficios en materia de salud y medio ambiente para los ciudadanos de la Unión y se contribuyera a la competitividad mundial a largo plazo de la economía de la Unión fomentando la innovación en el ámbito de las tecnologías ecológicas.

(4)Para lograr esos objetivos, el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2021 49 anunció el paquete de medidas «Objetivo 55» (Fit for 55), destinado a reducir las emisiones de GEI en al menos un 55 % para 2030 y lograr una Unión Europea climáticamente neutra para 2050. Este paquete abarca una gama de ámbitos de actuación, como la eficiencia energética, la energía renovable, el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, la fiscalidad de la energía, el reparto del esfuerzo y el comercio de los derechos de emisión.

(5)Las previsiones indican que, de aplicarse plenamente las políticas actuales, las reducciones de las emisiones de GEI de aquí a 2030 se situarían en torno al 45 % respecto de los niveles de 1990 si se excluyeran las emisiones y absorciones resultantes del uso de la tierra, y en torno al 47 % si estas se incluyeran. El Plan del Objetivo Climático para 2030 prevé, por tanto, un conjunto de medidas necesarias en todos los sectores de la economía y la revisión de los instrumentos legislativos clave para lograr esa ambición más elevada.

(6)La eficiencia energética es un ámbito de actuación clave, sin el cual no puede lograrse la descarbonización total de la economía de la Unión 50 . La necesidad de aprovechar las oportunidades de ahorro de energía rentables ha derivado en la actual política de eficiencia energética de la Unión. En diciembre de 2018, se incluyó un nuevo objetivo principal de eficiencia energética de la Unión para 2030 de al menos el 32,5 % (en comparación con el uso previsto de energía para 2030) como parte del paquete de medidas «Energía limpia para todos los europeos».

(7)La evaluación de impacto que acompaña al Plan del Objetivo Climático ha puesto de manifiesto que, para lograr esa ambición climática más elevada, las mejoras en materia de eficiencia energética deberán aumentarse significativamente con respecto al nivel actual de ambición del 32,5 %.

(8)La suma de las contribuciones nacionales comunicadas por los Estados miembros en sus planes nacionales de energía y clima (PNEC) no alcanza el nivel de ambición de la Unión del 32,5 %. Las contribuciones colectivas conducirían a una reducción del 29,4 % en el consumo de energía final y del 29,7 % en el consumo de energía primaria en comparación con las previsiones de la hipótesis de referencia de 2007 para 2030. Eso supondría que el objetivo colectivo en la EU-27 distaría 2,8 puntos porcentuales, en el caso del consumo de energía primaria, y 3,1 puntos porcentuales, en el caso del consumo de energía final, de lo deseado.

(9)Aunque el potencial de ahorro de energía sigue siendo elevado en todos los sectores, existe un reto particular en relación con el transporte, responsable de más del 30 % del consumo de energía final, y con los edificios, pues el 75 % del parque inmobiliario de la Unión tiene un bajo rendimiento energético. Otro sector cada vez más importante es el de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), que representa entre el 5 y el 9 % del consumo total de electricidad del mundo y más del 2 % de todas las emisiones. En 2018, los centros de datos suponían el 2,7 % de la demanda de electricidad en la EU-28. Tecnologías de computación en nube eficientes desde el punto de vista energético y políticas para un mercado de la nube respetuoso con el medio ambiente. En este contexto, la Estrategia Digital Europea 51 puso de relieve la necesidad de lograr unos centros de datos altamente eficientes desde el punto de vista energético y sostenibles, así como de adoptar medidas de transparencia en cuanto a la huella ambiental de los operadores de telecomunicaciones. Además, debe tenerse también en cuenta el posible aumento de la demanda energética de la industria que podría resultar de su descarbonización, en particular en los procesos de gran consumo de energía.

(10)Esta ambición más elevada requiere una mayor promoción de medidas de eficiencia energética rentables en todos los ámbitos del sistema energético y en todos los sectores pertinentes en los que la actividad afecte a la demanda de energía, como los sectores del transporte, el agua y la agricultura. La mejora de la eficiencia energética a lo largo de toda la cadena de energía, incluidos la generación, el transporte, la distribución y el uso final de la energía, beneficiará al medio ambiente, mejorará la calidad del aire y la salud pública, reducirá las emisiones de GEI, reforzará la seguridad energética, disminuirá los costes de energía de los hogares y las empresas, contribuirá a mitigar la pobreza energética y propiciará la competitividad, un mayor empleo y una mayor actividad económica en todos los sectores de la economía, mejorando por consiguiente la calidad de vida de los ciudadanos. Así se dará cumplimiento a los compromisos contraídos por la Unión en el marco de la Unión de la Energía y la Agenda de Acción Climática Global establecida por el Acuerdo de París de 2015.

🡻 2018/2002 considerando 1

La moderación de la demanda de energía es una de las cinco dimensiones de la Estrategia de la Unión de la Energía establecida en la comunicación de la Comisión del 25 de febrero de 2015 titulada «Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva». La mejora de la eficiencia energética a lo largo de toda la cadena de energía, incluidos la generación, el transporte, la distribución y el uso final de la energía, beneficiará al medio ambiente, mejorará la calidad del aire y la salud pública, reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, reforzará la seguridad energética al reducir la dependencia de las importaciones de energía desde el exterior de la Unión, recortará los costes de energía de los hogares y las empresas, contribuirá a atenuar la pobreza energética y propiciará la competitividad, un mayor empleo y una mayor actividad económica en todos los sectores de la economía, mejorando por consiguiente la calidad de vida de los ciudadanos, En consonancia con los compromisos contraídos por la Unión en el marco de la Unión de la Energía y del programa mundial para el clima definido en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático que siguió a la 21.a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 52 (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»), en el que se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales.

🡻 2018/2002 considerando 2 (adaptado)

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(11)La  presente  Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 53  es  supone un paso adelante  un elemento para avanzar hacia la Unión de la Energía  consecución de la neutralidad climática de aquí a 2050 , en la que en el marco de la cual la eficiencia energética se considera una fuente de energía por derecho propio. Ha de tenerse en cuenta el El principio de «primero, la eficiencia energética»  es un principio general que debe tenerse en cuenta en todos los sectores, más allá del sistema energético, y a todos los niveles, incluido el sector financiero. Las soluciones de eficiencia energética deben considerarse la primera opción cuando se tomen decisiones en materia de políticas, planificación e inversión y  a la hora de fijar nuevas normas para la oferta y en otros ámbitos de actuación.  Aunque el principio de «primero, la eficiencia energética» debe aplicarse sin perjuicio de otras obligaciones, objetivos y principios jurídicos, estos tampoco deben obstaculizar su aplicación ni están exentos de ella.  La Comisión debe garantizar que la eficiencia energética y la respuesta de la demanda puedan competir en condiciones de igualdad con la capacidad de generación. Debe considerarse la eficiencia energética siempre que se tomen decisiones relativas a la planificación del sistema energético o a la financiación. Las mejoras de la eficiencia energética deben realizarse siempre que resulten más rentables que las soluciones equivalentes por el lado del suministro.  Ello  Esto debería ayudar a explotar las múltiples ventajas de la eficiencia energética para la Unión, en particular para los ciudadanos y las empresas.  La aplicación de medidas de mejora de la eficiencia energética también debe ser una prioridad para mitigar la pobreza energética. 

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(12)La eficiencia energética debe reconocerse como un elemento esencial y una consideración prioritaria en las futuras decisiones de inversión en infraestructuras energéticas de la Unión.  El principio de «primero, la eficiencia energética» debe aplicarse teniendo principalmente en cuenta el enfoque de eficiencia del sistema y la perspectiva social. Por consiguiente, debe contribuir a aumentar la eficiencia de los sectores específicos de uso final y del sistema energético en su conjunto. La aplicación del principio también debe apoyar las inversiones en soluciones eficientes desde el punto de vista energético que contribuyan a los objetivos medioambientales enumerados en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo 54

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(13)El principio de «primero, la eficiencia energética» se definió en el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo 55 y constituye el núcleo de la Estrategia para la Integración del Sistema Energético 56 . Aunque el principio se basa en la rentabilidad, su aplicación tiene repercusiones más amplias, que pueden variar en función de las circunstancias. La Comisión elaboró directrices específicas relativas al funcionamiento y la aplicación del principio, proponiendo herramientas específicas y ejemplos de aplicación en diversos sectores. Además, ha emitido una Recomendación a los Estados miembros basada en los requisitos de la presente Directiva, en la que pide que se adopten medidas específicas en relación con la aplicación del principio.

(14)Para que el principio de «primero, la eficiencia energética» tenga efecto, los responsables de la toma de decisiones deben aplicarlo de manera coherente en todas las decisiones en materia de políticas, planificación e inversiones importantes —es decir, inversiones a gran escala de más de 50 millones EUR, o de 75 millones EUR en el caso de proyectos de infraestructuras de transporte— que afecten al consumo o al suministro de energía. La correcta aplicación del principio exige la utilización de una metodología de análisis de costes y beneficios adecuada, el establecimiento de unas condiciones favorables para la adopción de soluciones eficientes desde el punto de vista energético, y un seguimiento adecuado. La flexibilidad por parte de la demanda puede aportar beneficios significativos a los consumidores y a la sociedad en general, aumentar la eficiencia del sistema energético y disminuir los costes de la energía, por ejemplo reduciendo los costes de funcionamiento del sistema, lo que se traduce en tarifas más bajas para todos los consumidores. Los Estados miembros deben tener en cuenta los posibles beneficios de la flexibilidad de la demanda a la hora de aplicar el principio de «primero, la eficiencia energética» y, cuando proceda, considerar la respuesta de la demanda, el almacenamiento de energía y las soluciones inteligentes como parte de sus esfuerzos por aumentar la eficiencia del sistema integrado de energía.

(15)El principio de «primero, la eficiencia energética» debe aplicarse siempre de manera proporcional y, cuando la aplicación del principio esté garantizada directamente por otras disposiciones legislativas, los requisitos de la presente Directiva no deben dar lugar a una duplicación de las obligaciones para los Estados miembros ni a una contradicción entre ellas. Este podría ser el caso de los proyectos de interés común incluidos en la lista de la Unión prevista en el [artículo 3 del Reglamento RTE-E revisado], que introduce el requisito de tener en cuenta el principio de «primero, la eficiencia energética» en el desarrollo y la evaluación de dichos proyectos.

(16)Una transición justa hacia una Unión climáticamente neutra de aquí a 2050 es fundamental para el Pacto Verde Europeo. La pobreza energética es un concepto clave consolidado en el paquete legislativo titulado «Energía limpia para todos los europeos» y diseñado para facilitar una transición energética justa. De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999 y la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo 57 , la Comisión proporcionó orientaciones indicativas sobre los indicadores adecuados para medir la pobreza energética y sobre la definición de «número significativo de hogares en situación de pobreza energética» 58 . Las Directivas (UE) 2019/944 y 2009/73/EC del Parlamento Europeo y del Consejo 59 exigen a los Estados miembros que adopten las medidas adecuadas para atajar la pobreza energética donde se haya constatado, también en el contexto más amplio de la pobreza en general.

(17)Los hogares de renta baja y media, los clientes vulnerables, incluidos los usuarios finales, las personas que sufren pobreza energética o corren el riesgo de caer en ella y las personas que viven en viviendas sociales deben beneficiarse de la aplicación del principio de «primero, la eficiencia energética». Las medidas de eficiencia energética deben aplicarse con carácter prioritario cuando puedan mejorar la situación de esas personas y hogares o mitigar la pobreza energética. Para que la elaboración de políticas y la aplicación de políticas y medidas tenga un enfoque holístico, los Estados miembros deben velar por que ninguna otra política o medida tenga efectos adversos para esas personas y hogares.

(18)La presente Directiva forma parte de un marco más amplio de políticas de eficiencia energética que abordan el potencial de eficiencia energética en ámbitos de actuación específicos, incluidos los edificios (Directiva 2010/31/UE 60 ), los productos [Directiva 2009/125/CE, Reglamento (UE) 2017/1369 y Reglamento (UE) 2020/740 61 ] y el mecanismo de gobernanza [Reglamento (UE) 2018/1999]. Estas políticas desempeñan un papel muy importante a la hora de ahorrar energía cuando se sustituyen los productos existentes o se construyen o renuevan edificios 62 .

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(19)La consecución de un objetivo ambicioso en materia de eficiencia energética requiere eliminar obstáculos, para facilitar la inversión en medidas de eficiencia energética.  El subprograma «Transición hacia una Energía Limpia» del programa LIFE destinará financiación a apoyar el desarrollo de las mejores prácticas europeas para aplicar la política de eficiencia energética, abordando los obstáculos de comportamiento, de mercado y reglamentarios a la eficiencia energética.  Un paso en esa dirección lo realizó Eurostat el 19 de septiembre de 2017 al aclarar cómo consignar los contratos de rendimiento energético en las cuentas nacionales, lo que elimina incertidumbres y facilita el uso de contratos.

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(20)El Consejo Europeo de 23 y 24 de octubre de 2014 apoyó el objetivo de eficiencia energética del 27 % para 2030 a escala de la Unión, con miras a revisarlo en 2020 teniendo en mente un objetivo del nivel del 30 % para la Unión. En su resolución de 15 de diciembre de 2015 titulada «Hacia una Unión Europea de la Energía», el Parlamento Europeo hizo un llamamiento a la Comisión para que evaluara también la viabilidad de un objetivo de eficiencia energética del 40 % para el mismo horizonte temporal. Así pues, procede modificar la Directiva 2012/27/UE para adaptarla al horizonte de 2030.

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(21)Se prevé que el objetivo de eficiencia energética de la Unión del 32,5 % para 2030 y los demás instrumentos de actuación del marco actual conduzcan a una reducción de las emisiones de GEI de en torno a un 45 % de aquí a 2030 63 . A fin de lograr el objetivo climático más ambicioso de reducir en un 55 % las emisiones de GEI de aquí a 2030, la evaluación de impacto del Plan del Objetivo Climático para 2030 evaluó el nivel de esfuerzo que se requeriría en los distintos ámbitos de actuación. Según dicha evaluación, en relación con la hipótesis de referencia, para alcanzar el objetivo de emisiones de GEI de la manera más rentable, el consumo de energía final y primaria debía disminuir, como mínimo, en un 36-37 % y un 39-41 %, respectivamente.

(22)En un principio, el objetivo de eficiencia energética de la Unión se fijó y se calculó utilizando como base de referencia las previsiones de la hipótesis de referencia de 2007 para 2030. El cambio en la metodología de Eurostat de cálculo del balance energético y las mejoras en las proyecciones de modelos posteriores requieren un cambio de la base de referencia. Así pues, utilizando el mismo enfoque para definir el objetivo, es decir, comparándolo con las previsiones futuras de referencia, la ambición del objetivo de eficiencia energética de la Unión para 2030 se establece en comparación con las previsiones de la hipótesis de referencia de 2020 para 2030, que reflejan las contribuciones nacionales de los planes nacionales de energía y clima. Con esta base de referencia actualizada, la Unión tendrá que aumentar su ambición en materia de eficiencia energética en al menos un 9 % en 2030 en comparación con el nivel de esfuerzos de la hipótesis de referencia de 2020. La nueva forma de expresar el nivel de ambición de los objetivos de la Unión no afecta al nivel real de esfuerzos que resulta necesario y corresponde a una reducción del 36 % en el caso del consumo de energía final y del 39 % en el caso del consumo de energía primaria en comparación con las previsiones de la hipótesis de referencia de 2007 para 2030.

(23)La metodología para el cálculo del consumo de energía primaria y final se ajusta a la nueva metodología de Eurostat, pero los indicadores utilizados a efectos de la presente Directiva tienen un ámbito de aplicación diferente, es decir, excluyen el calor ambiente e incluyen el consumo de energía de la aviación internacional en el objetivo de energía final. El uso de nuevos indicadores también implica que, ahora, cualquier cambio en el consumo de energía de los altos hornos solo se refleja en el consumo de energía primaria.

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(24)Debe establecerse con claridad, en forma de objetivo de al menos el 32,5 % para el año 2030, laLa necesidad de que la Unión alcance  mejore  sus objetivos de eficiencia energética a escala de la Unión, expresada en  debe expresarse como  el consumo de energía primaria o y energía final. Las previsiones realizadas en 2007 muestran un consumo de energía primaria en 2030 de 1887 Mtep y un consumo de energía final de 1416 Mtep. Una reducción del 32,5 % corresponde a unos consumos de energía primaria y final de 1273 Mtep y 956 Mtep en 2030, respectivamente. Ese objetivo, que es del mismo tipo que el objetivo 2020 de la Unión, ha de someterse a la evaluación de la Comisión al objeto de su revisión al alza para el año 2023 a más tardar en el caso de que se produzcan importantes reducciones de costes o cuando resulte necesario para cumplir los compromisos internacionales de la Unión en materia de descarbonización.  que debe lograrse para 2030, indicando el nivel adicional de esfuerzos necesarios en comparación con las medidas en vigor o las medidas previstas en los planes nacionales de energía y clima. La hipótesis de referencia de 2020 prevé que en 2030 se alcanzarán 864 Mtep de consumo de energía final y 1124 Mtep de consumo de energía primaria (excluyendo el calor ambiente e incluyendo la aviación internacional). Una reducción adicional del 9 % se corresponde con unos consumos de 787 Mtep y 1023 Mtep en 2030, respectivamente. Esto significa que, en comparación con 2005, el consumo de energía final de la Unión debe reducirse en un 23 %, y el de energía primaria, en un 32 %.  A escala de los Estados miembros no existe ningún objetivo vinculante con vistas a los años 2020 y 2030, y  los Estados miembros deben establecer sus contribuciones al logro del objetivo de eficiencia energética de la Unión teniendo en cuenta la fórmula prevista en la presente Directiva.  y se debe seguir sin restringir la libertad de los Los Estados miembros  deben seguir siendo libres  para fijar sus contribuciones  objetivos  nacionales basándose bien en el consumo de energía primaria o final, en el ahorro en energía primaria o final, o en la intensidad energética.  La presente Directiva modifica la forma en que los Estados miembros deben expresar sus contribuciones nacionales al objetivo de la Unión. Las contribuciones de los Estados miembros al objetivo de la Unión deben expresarse en consumo de energía primaria y final, a fin de garantizar la coherencia y el seguimiento de los avances.  Los Estados miembros deben fijar sus contribuciones orientativas nacionales de eficiencia energética tomando en consideración que el consumo de energía de la Unión en 2030 no deberá exceder de 1273 Mtep de energía primaria ni/o de 956 Mtep de energía final. Esto significa que el consumo de energía primaria de la Unión debe reducirse en un 26 %, y el de energía final en un 20 %, con respecto a los niveles de 2005. La evaluación periódica de los avances hacia la consecución de los objetivos de la Unión para 2030 es necesaria y está prevista en el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo 64 .

🡻 2012/27/UE considerando 13

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(25)Sería preferible que el objetivo de eficiencia energética del 20 % se consiguiese a partir de la aplicación acumulativa de medidas específicas nacionales y europeas de fomento de la eficiencia energética en diversos campos. Procede exigir a los Estados miembros que fijen objetivos, planes y programas  políticas y medidas  nacionales de eficiencia energética de carácter indicativo. Estos objetivos  Estas políticas y medidas  y los esfuerzos de cada Estado miembro deberían ser evaluados por la Comisión, junto con los datos disponibles sobre los avances alcanzados, a fin de evaluar la probabilidad de alcanzar el objetivo general de la Unión y el grado en que los distintos esfuerzos serían suficientes para lograr el objetivo común. Por tanto, la Comisión debería seguir de cerca la incorporación de los programas de eficiencia energética nacionales a su marco legislativo revisado y al proceso Europa 2020. A la hora de fijar los objetivos nacionales indicativos de eficiencia energética, los Estados miembros deberían poder tener en cuenta las circunstancias nacionales que afectan al consumo de energía primaria, como el potencial remanente de ahorro rentable de energía, los cambios en las importaciones y exportaciones de energía, los avances en todas las fuentes de energías renovables, la energía nuclear, la captura y almacenamiento de CO2, así como las acciones tempranas. Cuando se lleven a cabo ejercicios de modelización, la Comisión debe consultar con los Estados miembros, de manera oportuna y transparente, las hipótesis de los modelos y los borradores de resultados de los modelos. Se requiere una mejora de la modelización del impacto de las medidas de eficiencia energética y del inventario de las tecnologías y su rendimiento.

🡻 2012/27/UE considerando 14 (adaptado)

En la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 65 , se afirma que Chipre y Malta, debido a su naturaleza insular y periférica, dependen de la aviación como modo de transporte esencial para sus ciudadanos y economías. Por tal motivo, en Chipre y Malta el consumo final bruto de energía del transporte aéreo nacional resulta extremadamente elevado, esto es, superior al triple de la media de la Unión en 2005, con lo que las actuales limitaciones de carácter normativo y técnico les afectan de forma desproporcionada.

🡻 2012/27/UE considerando 15

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(26)El volumen total de gasto público equivale al 19 % del producto interior bruto de la Unión.  El sector público es responsable de entre el 5 y el 10 % del consumo total de energía final de la Unión. Las autoridades públicas gastan unos 1,8 billones EUR al año. Esto equivale aproximadamente al 14 % del producto interior bruto de la Unión.  Por este motivo, el sector público constituye un motor importante para estimular la transformación del mercado hacia productos, edificios y servicios más eficientes, así como para provocar cambios de comportamiento en el consumo de energía por parte de los ciudadanos y las empresas. Además, la disminución del consumo de energía mediante medidas de mejora de la eficiencia energética puede liberar recursos públicos para otras finalidades. Los organismos públicos a nivel nacional, regional y local deben servir de ejemplo en lo que se refiere a la eficiencia energética.

🡻 2012/27/UE considerando 16 (adaptado)

Teniendo presente que, en las conclusiones del Consejo de 10 de junio de 2011 sobre el Plan de Eficiencia Energética 2011, se ponía de relieve que los edificios representan el 40 % del consumo de energía final de la Unión, con objeto de aprovechar las oportunidades de crecimiento y de empleo existentes en las actividades económicas especializadas y en los sectores de la construcción, así como en la fabricación de productos para la construcción y en actividades profesionales como la arquitectura, la consultoría y la ingeniería, los Estados miembros deberían crear una estrategia a largo plazo para después de 2020 destinada a movilizar inversiones en la renovación de edificios residenciales y comerciales para mejorar el rendimiento energético del parque inmobiliario. Esa estrategia debería abordar renovaciones exhaustivas y rentables que den lugar a reformas que reduzcan el consumo tanto de energía suministrada como de energía final de un edificio en un porcentaje significativo con respecto a los niveles anteriores a la renovación, dando lugar a un alto rendimiento energético. Esas renovaciones exhaustivas deberían poder llevarse a cabo por etapas.

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(27)Para predicar con el ejemplo, el sector público debe fijar sus propios objetivos de descarbonización y eficiencia energética. Las mejoras de eficiencia energética en el sector público deben reflejar los esfuerzos exigidos a nivel de la Unión. Para cumplir el objetivo de consumo de energía final, la Unión debe reducir dicho consumo en un 19 % de aquí a 2030 en comparación con el consumo medio de energía de los años 2017, 2018 y 2019. La obligación de lograr una reducción anual del consumo de energía en el sector público de al menos un 1,7 % debería garantizar que este cumpla su papel ejemplarizante. Los Estados miembros conservan plena flexibilidad a la hora de decidir cuáles son las medidas de mejora de la eficiencia energética que emplearán para lograr la reducción del consumo de energía final. Exigir una reducción anual del consumo de energía final supone una carga administrativa menor que el establecimiento de métodos de medición para el ahorro de energía.

(28)Para cumplir con su obligación, los Estados miembros deben centrarse en el consumo de energía final de todos los servicios públicos y las instalaciones de los organismos públicos. Para determinar el abanico de destinatarios, los Estados miembros deben aplicar la definición de «poderes adjudicadores» tal como se definen en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 66 . La obligación puede cumplirse mediante la reducción del consumo de energía final en cualquier ámbito del sector público, incluidos el transporte, los edificios públicos, la asistencia sanitaria, la ordenación del territorio, la gestión del agua y el tratamiento de aguas residuales, las aguas residuales y la purificación del agua, la gestión de residuos, los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, la distribución, el suministro y el almacenamiento de energía, el alumbrado público y la planificación de infraestructuras. A fin de reducir la carga administrativa de los organismos públicos, los Estados miembros deben establecer plataformas o herramientas digitales para recoger los datos agregados de consumo de dichos organismos, ponerlos a disposición del público y comunicárselos a la Comisión.

(29)Los Estados miembros deben desempeñar un papel ejemplarizante garantizando que todos los contratos de rendimiento energético y todos los sistemas de gestión de la energía del sector público se gestionen de conformidad con las normas europeas o internacionales, o que las auditorías energéticas se apliquen en gran medida a aquellas partes del sector público que más energía consumen.

(30)Se anima a las autoridades públicas a obtener apoyo de entidades como las agencias de energía sostenible, incluso, cuando proceda, de las establecidas a nivel regional o local. La organización de estas agencias suele reflejar las necesidades individuales de las autoridades públicas de una determinada región o de aquellas que operan en un ámbito concreto del sector público. Las agencias centralizadas pueden satisfacer mejor las necesidades y trabajar de manera más eficaz en otros aspectos, por ejemplo, en Estados miembros más pequeños o centralizados, o en lo relativo a aspectos complejos o transregionales, como los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración. Las agencias de energía sostenible pueden servir de ventanilla única con arreglo al artículo 21. Estas agencias se encargan a menudo de desarrollar planes de descarbonización locales o regionales, que también pueden incluir otras medidas de descarbonización, como el intercambio de calderas de combustibles fósiles, y de apoyar a las autoridades públicas en la aplicación de las políticas relacionadas con la energía. Las agencias de energía sostenible u otras entidades de apoyo a las autoridades regionales y locales pueden tener competencias, objetivos y recursos claros en el ámbito de la energía sostenible. Podría animarse a las agencias de energía sostenible a estudiar las iniciativas adoptadas en el marco del Pacto de las Alcaldías, que reúne a gobiernos locales comprometidos voluntariamente con la aplicación de los objetivos de la Unión en materia de clima y energía, así como otras iniciativas existentes con este fin. Los planes de descarbonización deben estar vinculados a los planes de desarrollo territorial y tener en cuenta la evaluación completa que deben llevar a cabo los Estados miembros.

(31)Los Estados miembros deben apoyar a los organismos públicos en la planificación y la adopción de medidas de mejora de la eficiencia energética, también a nivel regional y local, proporcionando directrices que promuevan el desarrollo de capacidades y las oportunidades de formación, y fomentando la cooperación entre organismos públicos, incluidas las agencias. A tal fin, los Estados miembros podrían crear centros nacionales de competencia sobre cuestiones complejas, por ejemplo para asesorar a las agencias de energía locales o regionales sobre los sistemas urbanos de calefacción o refrigeración.

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(32)El ritmo de renovación de edificios tiene que aumentar ya que el parque inmobiliario existente constituye el sector con mayor potencial de ahorro de energía.  Los edificios y el transporte son, junto con la industria, los principales consumidores de energía y la mayor fuente de emisiones 67 . Los edificios son responsables de en torno al 40 % del consumo total de energía de la Unión y del 36 % de las emisiones de GEI de la Unión procedentes de la energía 68 . La Comunicación de la Comisión titulada «Oleada de renovación» 69 aborda el doble reto de la eficiencia energética y de los recursos y la asequibilidad en el sector de la construcción, y tiene por objeto duplicar el índice de renovación. Se centra en los edificios menos eficientes, en la pobreza energética y en los edificios públicos.  Además, los edificios son cruciales para alcanzar el objetivo de la Unión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80 % y un 95 %  lograr la neutralidad climática  para 2050 respecto a 1990. Los edificios de propiedad estatal representan una parte considerable del parque inmobiliario y tienen una alta visibilidad ante la opinión pública. Por lo tanto conviene fijar un índice anual de renovación de los edificios que las Administraciones centrales  los organismos públicos  tengan en propiedad y ocupen con objeto de mejorar su rendimiento energético.  Se invita a los Estados miembros a que, cuando sea rentable, fijen un índice de renovación más elevado en el marco de la renovación de su parque inmobiliario, de conformidad con sus estrategias de renovación a largo plazo o sus programas nacionales de renovación.  Ese índice de renovación se entiende sin perjuicio de las obligaciones relativas a los edificios de consumo de energía casi nulo  (EECN)  establecidas en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios 70 .  Durante la próxima revisión de la Directiva 2010/31/UE, la Comisión debe evaluar los progresos realizados por los Estados miembros en cuanto a la renovación de los edificios de los organismos públicos. La Comisión debe considerar la posibilidad de presentar una propuesta legislativa para revisar el índice de renovación, teniendo en cuenta al mismo tiempo los avances logrados por los Estados miembros, los logros económicos o técnicos sustanciales o, cuando sea necesario, los compromisos de la Unión en materia de descarbonización y contaminación cero.  La obligación de renovar los edificios de las Administraciones centrales,  los organismos públicos  que impone impuesta por la presente Directiva, complementa dicha Directiva, que obliga a los Estados miembros a asegurar que, cuando se hagan renovaciones importantes en edificios ya existentes, se aumente su eficiencia energética de manera que cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética  relativos a los EECN . Los Estados miembros deben poder adoptar medidas alternativas rentables que permitan conseguir una mejora equivalente de la eficiencia energética de los edificios del parque inmobiliario de las Administraciones centrales. La obligación de renovar la superficie útil de los edificios de la Administración central debería aplicarse a los órganos administrativos cuya competencia se extienda a la totalidad del territorio de un Estado miembro. Cuando en un Estado miembro determinado no exista, para una competencia determinada, un órgano administrativo que abarque la totalidad del territorio, esta obligación debería recaer en aquellos órganos administrativos cuyas competencias abarquen en su conjunto todo el territorio.

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(33)Para determinar el índice de renovación, los Estados miembros deben tener una visión general de los edificios que no alcanzan el nivel de EECN. Así, los Estados miembros deben publicar y mantener actualizado un inventario de edificios públicos que forme parte de una base de datos general de certificados de eficiencia energética. Dicho inventario también debe permitir que los agentes privados, incluidas las empresas de servicios energéticos, propongan soluciones de renovación y puedan agruparse en el Observatorio del Parque Inmobiliario de la Unión.

🡻 2012/27/UE considerando 18

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(34) En 2020, más de la mitad de la población mundial vivía en zonas urbanas. Se espera que, en 2050, esta cifra alcance el 68 % 71 . Además, la mitad de las infraestructuras urbanas previstas para 2050 están todavía por construir 72 . Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros de actividad económica, generación de conocimientos, innovación y nuevas tecnologías. Las ciudades influyen en la calidad de vida de los ciudadanos que viven o trabajan en ellas. Los Estados miembros deben apoyar técnica y financieramente a los municipios.  Algunos municipios y otros organismos públicos de los Estados miembros ya han puesto en práctica planteamientos integrados sobre ahorro de energía y abastecimiento de energía, por ejemplo, mediante planes de actuación energética sostenibles, como los elaborados en virtud del Pacto de los Alcaldeslas Alcaldías, y planteamientos urbanos integrados que van más allá de las distintas intervenciones en edificios o modos de transporte.

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(35)En lo que se refiere a la adquisición de determinados productos y servicios y la compra y alquiler de edificios, las Administraciones centrales  los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras  que firmen contratos de obras, suministros o servicios deben dar ejemplo y tomar decisiones de compra eficientes en cuanto a la energía  , y aplicar el principio de «primero, la eficiencia energética», también en los contratos públicos y concesiones para los que el anexo IV no prevea ningún requisito específico . Esto debe aplicarse a los órganos administrativos cuya competencia se extiende a la totalidad del territorio de un Estado miembro. Cuando en un Estado miembro determinado no exista, para una competencia determinada, un órgano administrativo que abarque la totalidad del territorio, esta obligación debería recaer en aquellos órganos administrativos cuyas competencias abarquen en su conjunto todo el territorio. Sin embargo, ello no debe afectar a las disposiciones de las Directivas sobre contratación pública de la Unión.  Los Estados miembros deben eliminar los obstáculos a la contratación pública dentro de su territorio o a través de las fronteras si ello puede reducir los costes y aumentar los beneficios del mercado interior al crear oportunidades de negocio para los suministradores y los proveedores de servicios energéticos. 

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(36)Todas las entidades públicas que inviertan recursos públicos a través de la contratación pública deben dar ejemplo a la hora de adjudicar contratos y concesiones, eligiendo los productos, servicios, obras y edificios de mayor rendimiento energético, también en relación con las contrataciones que no estén sujetas a requisitos específicos en virtud de la Directiva 2009/30/CE. En este contexto, todos los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y concesiones cuyo valor supere los umbrales establecidos en los artículos 6 y 7 de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 73 , en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 74 , y en los artículos 3 y 4 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, deben tener en cuenta el nivel de eficiencia energética de los productos, edificios y servicios establecido en el Derecho nacional o de la Unión, priorizando el principio de «primero, la eficiencia energética» en sus procedimientos de contratación.

(37)También es importante que los Estados miembros supervisen si los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras tienen en cuenta los requisitos de eficiencia energética a la hora de contratar productos, edificios, obras y servicios; para ello, deben velar por que la información relativa al impacto en la eficiencia energética de las licitaciones que superen los umbrales mencionados en las Directivas sobre contratación pública esté disponible para el público. Esto permite a las partes interesadas y a los ciudadanos evaluar el papel del sector público a la hora de garantizar el principio de «primero, la eficiencia energética» en la contratación pública de manera transparente.

(38)El Pacto Verde Europeo reconoce el papel de la economía circular a la hora de contribuir a los objetivos generales de descarbonización de la Unión. El sector público puede contribuir a esos objetivos utilizando su poder adquisitivo, cuando proceda, para elegir productos, edificios, servicios y obras respetuosos con el medio ambiente a través de los instrumentos disponibles para la contratación pública ecológica, contribuyendo así de manera significativa a reducir el consumo de energía y el impacto medioambiental.

(39)Es importante que los Estados miembros presten el apoyo necesario a los organismos públicos para que estos apliquen los requisitos de eficiencia energética en la contratación pública y, cuando proceda, para que empleen la contratación pública ecológica, proporcionando las directrices y metodologías necesarias para llevar a cabo la evaluación de los costes del ciclo de vida y de los impactos y costes medioambientales. Se espera que unas herramientas bien diseñadas, en particular las digitales, faciliten los procedimientos de contratación pública y reduzcan los costes administrativos, especialmente en aquellos Estados miembros más pequeños que pueden carecer de la capacidad suficiente para preparar las licitaciones. A este respecto, los Estados miembros deben promover activamente el uso de herramientas digitales y la cooperación entre los poderes adjudicadores, también a través de las fronteras, con el fin de intercambiar las mejores prácticas.

(40)Dado que los edificios son responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero antes y después de su vida útil, los Estados miembros también deben tener en cuenta todo el ciclo de vida de las emisiones de carbono de los edificios. Esto se enmarca en los esfuerzos por aumentar la atención prestada al rendimiento durante todo el ciclo de vida, a los aspectos de la economía circular y al impacto medioambiental, como parte del papel ejemplarizante del sector público. Así pues, la contratación pública puede ser una oportunidad para abordar el carbono incorporado en los edificios a lo largo de su ciclo de vida. A este respecto, los poderes adjudicadores son agentes importantes que pueden actuar como parte de los procedimientos de contratación pública mediante la adquisición de nuevos edificios que aborden el potencial de calentamiento global a lo largo de todo el ciclo de vida.

(41)El potencial de calentamiento global a lo largo de todo el ciclo de vida mide las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al edificio en distintas fases de su ciclo de vida. Por lo tanto, mide la contribución global del edificio a las emisiones que provocan el cambio climático. En ocasiones, también se le denomina «evaluación de la huella de carbono» o «medición del carbono durante toda la vida». Suma las emisiones de carbono incorporadas en los materiales de construcción y las emisiones directas e indirectas de carbono procedentes de la fase de uso. Los edificios son un importante banco de materiales, ya que constituyen un repositorio de recursos con alto contenido de carbono acumulado durante muchos decenios; por este motivo, es importante estudiar diseños que faciliten la reutilización y el reciclado futuros tras su vida útil.

(42)El potencial de calentamiento global es un indicador numérico expresado en kgCO2e/m² (de superficie interior útil) para cada fase del ciclo de vida promediado para un año de un período de estudio de referencia de cincuenta años. La selección de los datos, la definición de los escenarios y los cálculos se llevan a cabo de conformidad con la norma EN 15978. El alcance de los elementos del edificio y del equipo técnico se establece en el indicador 1.2 de Level(s), el marco común de la Unión Europea. Cuando exista una herramienta de cálculo nacional, o sea necesaria para divulgar información o para obtener permisos de construcción, debe ser posible utilizar dicha herramienta nacional para proporcionar la información requerida. Debe ser posible utilizar otros instrumentos de cálculo, siempre que cumplan los criterios mínimos establecidos en Level(s), el marco común de la Unión.

🡻 2012/27/UE considerando 20 (adaptado)

Se ha realizado una evaluación de la posibilidad de establecer un régimen de «certificados blancos» a nivel de la Unión que ha mostrado que, en la actual situación, este sistema generaría costes administrativos excesivos y que existe un riesgo de que el ahorro de energía se concentre en una serie de Estados miembros y no en toda la Unión. El objetivo de dicho régimen a nivel de la Unión podría conseguirse más fácilmente, al menos en esta fase, mediante sistemas nacionales de obligaciones de eficiencia energética para las empresas de gas y electricidad u otras medidas de actuación alternativas que consigan la misma cantidad de ahorro de energía. Para que el nivel de ambición de estos sistemas se plasme en un marco común a nivel de la Unión, dejando, al mismo tiempo, una flexibilidad considerable a los Estados miembros, es conveniente tener plenamente en cuenta la organización nacional de los agentes del mercado, el contexto específico del sector de la energía y los hábitos de los consumidores finales. El marco común debe dar a las empresas de gas y electricidad la opción de ofrecer servicios energéticos a todos los consumidores finales y no solo a aquellos a los que venden energía. Esta situación aumenta la competencia en el mercado de la energía porque las empresas de servicios pueden diferenciar su producto aportando servicios energéticos complementarios. El marco común debe permitir a los Estados miembros que incluyan requisitos en su régimen nacional cuya finalidad sea social, especialmente a fin de asegurar que los consumidores vulnerables tengan acceso a los beneficios que supone una mayor eficiencia energética. Conviene que los Estados miembros determinen, basándose en criterios objetivos y no discriminatorios, a qué distribuidores de energía o empresas minoristas de venta de energía habría que imponer la obligación de cumplir el objetivo de ahorro de energía en el uso final de la energía que establece la presente Directiva.

En particular, debe permitirse a los Estados miembros no imponer esta obligación a los pequeños distribuidores de energía y a las pequeñas empresas minoristas de venta de energía, con el fin de evitarles una carga administrativa desproporcionada. La Comunicación de la Comisión de 25 de junio de 2008 establece principios que deben tener en cuenta los Estados miembros que decidan abstenerse de recurrir a esta posibilidad. Como medio para respaldar las iniciativas nacionales de eficiencia energética, las partes obligadas en el marco de sistemas nacionales de obligaciones de eficiencia energética podrían cumplir con sus obligaciones contribuyendo anualmente a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética en una cuantía igual a las inversiones que exija el sistema.

🡻 2012/27/UE considerando 21 (adaptado)

Dado el imperativo general de restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y de consolidación fiscal, al llevar a la práctica las medidas concretas que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva se ha de prestar la debida atención a la rentabilidad que suponga, en el nivel de los Estados miembros, la ejecución de medidas de eficiencia energética con arreglo a un nivel adecuado de análisis y evaluación.

🡻 2012/27/UE considerando 22 (adaptado)

El requisito de conseguir un ahorro en las ventas anuales de energía a clientes finales en relación con lo que habrían sido las ventas de energía no constituye un tope para las ventas ni para el consumo de energía. Los Estados miembros deben poder excluir una parte de las ventas de energía, en volumen, empleada para las actividades industriales enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad 75 , en el cálculo de las ventas de energía a clientes finales, puesto que es sabido que algunos sectores o subsectores de estas actividades pueden estar expuestos a un riesgo significativo de fugas de carbono. Los Estados miembros han de estar al corriente de los costes de los sistemas para poder evaluar con exactitud el coste de las medidas.

🡻 2012/27/UE considerando 23 (adaptado)

Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el artículo 7 y con objeto de limitar la carga administrativa, cada Estado miembro podrá agrupar todas las medidas de actuación destinadas a aplicar el artículo 7 en un amplio programa nacional de eficiencia energética.

🡻 2018/2002 considerando 7

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(43) La Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 76 regula las instalaciones que contribuyen a la producción o la utilización de energía con fines de producción, y la información sobre la energía empleada en la instalación o generada por ella debe incluirse en las solicitudes de permisos integrados [artículo 12, apartado 1, letra b)]. Además, esa Directiva especifica en su artículo 11 que el uso eficiente de la energía es uno de los principios generales de las obligaciones fundamentales del titular y uno de los criterios para determinar las mejores técnicas disponibles con arreglo a su anexo III.  La eficiencia operativa de los sistemas energéticos en un determinado momento está condicionada por la capacidad de introducir en la red, de forma fluida y flexible, energía generada a partir de diferentes fuentes con niveles de inercia y tiempos de puesta en marcha diferentes. La mejora de dicha eficiencia permitirá un mejor aprovechamiento de las energías renovables.

🡻 2018/2002 considerando 8

(44)La mejora de la eficiencia energética puede contribuir a un mayor rendimiento económico. El objetivo de los Estados miembros y la Unión debe consistir en la reducción del consumo energético independientemente de los niveles de crecimiento económico.

🡻 2018/2002 considerando 10 (adaptado)

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(45)A la luz del marco de actuación en materia de clima y energía para 2030, Lala obligación de ahorro de energía establecida por la  presente  Directiva 2012/27/UE debe  aumentarse y  prolongarse más allá de  ser aplicable después de  2020  2030 . Esa prolongación aportará mayor estabilidad  Esto garantizará la estabilidad  a los inversores y, por tanto, fomentaría fomentará las inversiones y las medidas de eficiencia energética a largo plazo, tales como la profunda renovación de edificios con el objetivo a largo plazo de facilitar la transformación rentable de edificios existentes en EECN. La obligación de ahorro de energía desempeña un papel importante en el crecimiento económico y la creación de empleo a escala local,  el empleo, la competitividad y la mitigación de la pobreza energética.  y debe dársele continuidad a fin de  Debe  garantizar que la Unión pueda alcanzar sus objetivos en materia de clima y energía mediante la creación de oportunidades adicionales, y así como romper la dependencia entre el consumo de energía y el crecimiento económico. La cooperación con el sector privado es importante a fin de evaluar las condiciones en las que se pueden desbloquear inversiones privadas para proyectos de eficiencia energética y desarrollar nuevos modelos de ingresos para la innovación en el ámbito de la eficiencia energética.

🡻 2018/2002 considerando 11

(46)La mejora de las medidas de eficiencia energética también repercute positivamente en la calidad del aire, puesto que el aumento del número de edificios energéticamente eficientes contribuye a reducir la demanda de combustible para la calefacción, en especial de combustibles sólidos. Por tanto, las medidas de eficiencia energética contribuyen a mejorar la calidad del aire interior y exterior y a lograr de manera rentable los objetivos de la política de calidad del aire de la Unión que se establecen en particular en la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo 77 .

🡻 2018/2002 considerando 12 (adaptado)

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(47)Los Estados miembros están obligados a alcanzar un objetivo de ahorro acumulado de uso final de la energía durante el conjunto del período de obligación de 2021 a  que finaliza en  2030, equivalente a un nuevo ahorro anual de al menos el 0,8 % del consumo de energía final  hasta el 31 de diciembre de 2023 y de al menos el [xx] % a partir del 1 de enero de 2024 . Ese requisito puede cumplirse mediante la adopción de nuevas medidas de actuación durante el nuevo período de obligación, del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2030, o mediante acciones individuales resultantes de medidas de actuación adoptadas durante o con anterioridad al período previo, siempre que las acciones individuales que generen el ahorro de energía se lleven a la práctica durante el nuevo período  siguiente . Con ese fin, los Estados miembros deben ser capaces de aplicar un sistema de obligaciones de eficiencia energética o medidas de actuación alternativas, o ambos. Asimismo, se permiten distintas opciones, entre las que se encuentran la posibilidad de incluir en el cálculo de la base toda o parte de la energía empleada en el transporte, para de esa manera dar a los Estados miembros flexibilidad en el cálculo de la cantidad de su ahorro de energía, al tiempo que se garantiza el objetivo de ahorro acumulado de uso final de la energía equivalente al nuevo objetivo anual de ahorro requerido de al menos un 0,8 %.

🡻 2018/2002 considerando 13 (adaptado)

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(48)Resultaría desproporcionado, sin embargo, imponer semejante requisito a Chipre y Malta. El mercado de la energía de estos pequeños Estados miembros insulares presenta características específicas que limitan notablemente las medidas a las que pueden recurrir para cumplir la obligación de ahorro de energía, tales como la existencia de un único distribuidor de electricidad, la ausencia de redes de gas natural y de sistemas urbanos de calefacción y refrigeración o el pequeño tamaño de sus empresas distribuidoras de petróleo. Estas características específicas se ven agravadas por el reducido tamaño de los mercados de la energía de tales Estados miembros. Por consiguiente, solo  Durante el período que va de 2021 al 31 de diciembre de 2023,  debe exigirse a Chipre y Malta que alcancen un objetivo de ahorro acumulado de uso final de la energía equivalente al nuevo ahorro del 0,24 % del consumo final de energía del  , establecido únicamente para el  período 2021-2030.  Esa tasa individual de ahorro debe dejar de aplicarse a partir del 1 de enero de 2024. 

🡻 2018/2002 considerando 14 (adaptado)

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(49)Al utilizar  Cuando utilicen  un sistema de obligaciones, los Estados miembros deben designar a las partes obligadas entre los  gestores de redes de transporte,  distribuidores de energía, empresas minoristas de venta de energía y distribuidores o minoristas de combustible para transporte basándose en criterios objetivos y no discriminatorios. La designación o exención de designación de determinadas categorías de tales distribuidores o empresas de venta de energía no debe entenderse como incompatible con el principio de no discriminación. Por consiguiente, los Estados miembros tienen la posibilidad de designar como partes obligadas a todos los  gestores de redes de transporte,  distribuidores y empresas de venta de energía anteriores o solo algunas categorías de ellos.  Para empoderar y proteger a los clientes vulnerables, a las personas afectadas por la pobreza energética y a aquellas que viven en viviendas sociales, y a fin de aplicar las medidas de actuación con carácter prioritario entre esas personas, los Estados miembros pueden exigir a las partes obligadas que logren un ahorro de energía entre los clientes vulnerables, las personas afectadas por la pobreza energética y aquellas que viven en viviendas sociales. A tal fin, los Estados miembros pueden también establecer objetivos de reducción de los costes de la energía. Las partes obligadas podrían alcanzar esos objetivos promoviendo la aplicación de medidas que generen un ahorro de energía y de dinero en las facturas energéticas, por ejemplo medidas en materia de aislamiento y calefacción. 

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(50)Al diseñar medidas de actuación para cumplir la obligación de ahorro de energía, los Estados miembros deben respetar las normas y prioridades de la Unión en materia de clima y medio ambiente y cumplir el principio consistente en «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del Reglamento (UE) 2020/852 78 . Los Estados miembros no deben promover actividades que no sean sostenibles desde el punto de vista ambiental, como el uso de combustibles fósiles sólidos. La obligación de ahorro de energía busca reforzar la respuesta al cambio climático mediante el fomento de incentivos para que los Estados miembros apliquen una combinación de políticas sostenibles y limpias que sea resiliente y mitigue el cambio climático. Por consiguiente, desde el momento en que se transponga la presente Directiva, el ahorro de energía que resulte de las medidas de actuación relativas a la combustión directa de combustibles fósiles no será admisible a efectos de la obligación de ahorro de energía. La presente Directiva permitirá armonizar la obligación de ahorro de energía con los objetivos del Pacto Verde Europeo, el Plan del Objetivo Climático y la oleada de renovación, y reflejará la necesidad de actuar detectada por la AIE en su informe Cero emisiones netas 79 . La restricción tiene por objeto fomentar que los Estados miembros gasten el dinero público únicamente en aquellas tecnologías que sean sostenibles y presenten visión de futuro. Es importante que los Estados miembros proporcionen a los agentes del mercado un marco de acción claro y seguridad en materia de inversiones. La aplicación de la metodología de cálculo en el marco de la obligación de ahorro de energía debe permitir a todos los agentes del mercado adaptar sus tecnologías en un plazo razonable. Cuando los Estados miembros apoyen la adopción de tecnologías eficientes en materia de combustibles fósiles o la sustitución temprana de las tecnologías, por ejemplo mediante regímenes de subvenciones o de obligaciones de eficiencia energética, el ahorro de energía puede dejar de ser subvencionable en virtud de la obligación de ahorro de energía. Aunque el ahorro de energía resultante, por ejemplo, del fomento de la cogeneración basada en el gas natural no sería subvencionable, la restricción no se aplicaría al uso indirecto de combustibles fósiles, por ejemplo cuando la producción de electricidad incluya la generación de combustibles fósiles. Las medidas de actuación destinadas a reducir el consumo de combustibles fósiles a través de cambios en el comportamiento, como las consistentes en campañas de información o la conducción ecológica, deben seguir siendo subvencionables. El ahorro de energía derivado de las medidas de actuación en materia de renovación de edificios puede incluir medidas como la sustitución de los sistemas de calefacción de combustibles fósiles y la mejora de la estructura de los edificios; estas medidas deben limitarse a aquellas tecnologías que permitan lograr el ahorro de energía requerido con arreglo a las ordenanzas de construcción nacionales de los Estados miembros. No obstante, los Estados miembros deben promover la modernización de los sistemas de calefacción como parte de renovaciones exhaustivas, en consonancia con el objetivo a largo plazo de alcanzar la neutralidad en carbono, es decir, reducir la demanda de calefacción y cubrir la restante con una fuente de energía sin emisiones de carbono.

🡻 2018/2002 considerando 15 (adaptado)

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(51)Las medidas de mejora de la eficiencia energética en el transporte de los Estados miembros son admisibles para ser tenidas en cuenta en el cumplimiento de la obligación de ahorro acumulado de uso final de la energía. Tales medidas incluyen políticas específicas que, entre otras cosas, se dediquen a la promoción de vehículos más eficientes, una transferencia modal a los desplazamientos en bicicleta, a pie o en transporte colectivo o una planificación urbana y de la movilidad que reduzca la demanda de transporte. Además, también pueden ser susceptibles de admisión los programas que aceleren la comercialización de nuevos vehículos más eficientes o las políticas que impulsen una transición hacia carburantes con mejor rendimiento  con menos emisiones, excepto las medidas de actuación relativas al uso de la combustión directa de combustibles fósiles,  que reduzcan el uso de energía por kilómetro, sujetos al cumplimiento de las normas sobre materialidad y adicionalidad recogidas en el anexo V de la Directiva 2012/27/UE en su versión modificada por la presente Directiva.  Las medidas de actuación que promuevan la adopción de vehículos nuevos alimentados con combustibles fósiles no deben considerarse medidas subvencionables a efectos de la obligación de ahorro de energía.  En el caso de que resultasen adecuadas, esas medidas deben ser coherentes con los marcos de acción nacionales de los Estados miembros establecidos en virtud de la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 80 .

🡻 2018/2002 considerando 16 (adaptado)

(52)Las medidas que tomen los Estados miembros de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo 81 y que obtengan mejoras verificables y mensurables medibles o estimables de la eficiencia energética se podrán considerar una manera rentable para los Estados miembros de cumplir con sus obligaciones en materia de ahorro de energía con arreglo a la Directiva 2012/27/UE en su versión modificada por la presente Directiva.

🡻 2018/2002 considerando 17 (adaptado)

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(53)En los sistemas de obligaciones, como alternativa a exigir a las partes obligadas que alcancen la cantidad de ahorro acumulado de energía en el uso final de la energía establecida estipulada en el artículo 87, apartado 1, de la Directiva 2012/27/UE en su versión modificada por la presente Directiva, los Estados miembros deben tener la posibilidad de permitir o exigir a las partes obligadas que contribuyan a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética  , que podría utilizarse para aplicar las medidas de actuación con carácter prioritario entre los clientes vulnerables, las personas afectadas por la pobreza energética y aquellas que viven en viviendas sociales .

🡻 2018/2002 considerando 18 (adaptado)

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(54)Sin perjuicio del artículo 7, apartados 4 y 5, tal que introducidos por la presente Directiva, Los los Estados miembros y las partes obligadas deben hacer uso de todos los medios y tecnologías a su alcance  , excepto aquellos relacionados con el uso de tecnologías de combustión directa de combustibles fósiles,  para conseguir los ahorros de energía acumulados en el uso final requeridos el ahorro acumulado de uso final de la energía requerido, en particular mediante la promoción de tecnologías sostenibles en sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración urbana eficientes, infraestructuras urbanas eficientes de calefacción y refrigeración urbanas eficientes y auditorías energéticas o sistemas de gestión equivalentes, siempre que los ahorros de energía declarados cumplan el ahorro de energía declarado cumpla los requisitos establecidos en el artículo 87 y el anexo V de la Directiva 2012/27/UE en su versión modificada por la presente Directiva. Los Estados miembros deben plantearse como objetivo un mayor nivel de flexibilidad en la concepción y la aplicación de medidas de actuación alternativas.  Los Estados miembros deben fomentar acciones que permitan ahorrar energía a lo largo de los prolongados ciclos de vida. 

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(55)Las medidas de eficiencia energética a largo plazo seguirán para generar un ahorro de energía después de 2020, pero, a fin de que contribuyan al objetivo de eficiencia energética de la Unión para 2030, deben conseguir un nuevo ahorro después de 2020. Por otro lado, el ahorro de energía conseguido con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 no debe contabilizarse en el ahorro acumulado de uso final de la energía requerido para el período que va del comprendido entre el 1 de enero de 2014 al y el 31 de diciembre de 2020.

🡻 2018/2002 considerando 20

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(56)El nuevo ahorro debe ser adicional al que se genera en las condiciones actuales, de tal modo que el ahorro que se habría producido en cualquier caso no debe contabilizarse a efectos de logro de los requisitos de ahorro de energía. Para calcular el impacto de las medidas introducidas, solo se debe contabilizar el ahorro neto, medido como el cambio en el consumo de energía directamente atribuible a la medida de eficiencia energética de que se trate  aplicada a efectos del artículo 8 de la presente Directiva . Para calcular el ahorro neto, los Estados miembros deben establecer una hipótesis de referencia que se corresponda con la evolución de la situación prevista en ausencia de la medida en cuestión. La medida de actuación en cuestión debe evaluarse con respecto a esa referencia. Los Estados miembros deben tener en cuenta  los requisitos mínimos previstos por el marco legislativo pertinente a nivel de la Unión y  el hecho de que pueden haberse adoptado otras medidas de actuación en el mismo período de tiempo que también pueden haber incidido en la cantidad de ahorro de energía, de tal manera que no todos los cambios observados desde la introducción de una medida de actuación en concreto sujeta a evaluación pueden atribuirse exclusivamente a esta. Las actuaciones de la parte obligada, la parte participante o la parte encargada deben contribuir de manera efectiva a la consecución del ahorro de energía declarado para asegurar el cumplimiento del requisito de materialidad.

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(57)Es importante incluir, cuando resulte pertinente, todas las fases de la cadena de la energía en el cálculo del ahorro de energía a fin de incrementar el potencial de ahorro de energía en la transmisión y distribución de electricidad.  Los estudios realizados y la consulta de las partes interesadas han revelado un potencial significativo. No obstante, las condiciones físicas y económicas son muy distintas entre los Estados miembros, y a menudo en el interior de ellos, y existe un gran número de gestores de redes. Estas circunstancias sugieren un enfoque descentralizado, de conformidad con el principio de subsidiariedad. Las autoridades reguladoras nacionales poseen los conocimientos, las competencias legales y la capacidad administrativa necesarios para promover el desarrollo de una red eléctrica eficiente desde el punto de vista energético. Entidades como la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad («la REGRT de Electricidad») y la Entidad Europea de Gestores de Redes de Distribución («la entidad de los GRD de la UE») también pueden aportar contribuciones útiles y deben apoyar a sus miembros en la adopción de medidas de eficiencia energética. 

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(58)Lo mismo puede considerarse respecto del gran número de gestores de redes de gas natural. El papel del gas natural y la tasa de suministro y cobertura del territorio difieren mucho entre los Estados miembros. En esos casos, las autoridades reguladoras nacionales son quienes mejor pueden supervisar y guiar la evolución del sistema hacia una mayor eficiencia, y entidades como la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas («la REGRT de Gas») pueden aportar contribuciones útiles y deben apoyar a sus miembros en la adopción de medidas de eficiencia energética.

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(59)La gestión eficiente del agua puede contribuir de manera significativa al ahorro de energía. Los sectores del agua y de las aguas residuales suponen el 3,5 % del consumo de electricidad en la Unión y se espera que esa proporción aumente. Al mismo tiempo, las fugas de agua representan el 24 % del total del agua consumida en la Unión, y el sector de la energía es el mayor consumidor de agua, con una cuota del 44 % del consumo. Debe Deben estudiarse a conciencia  (y aplicarse, cuando resulten rentables)  las posibilidades de ahorro de energía mediante el uso de tecnologías y procesos inteligentes  , y debe tenerse en cuenta el principio de «primero, la eficiencia energética». Por otra parte, las tecnologías avanzadas de riego podrían reducir sustancialmente el consumo de agua en la agricultura y la energía utilizada para su tratamiento y transporte .

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(60)En consonancia con el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las políticas de eficiencia energética de la Unión deben ser integradoras y, por tanto, garantizar el acceso  equitativo  de  todos  los consumidores afectados por la pobreza energética a las medidas de eficiencia energética. Las mejoras en la  materia de  eficiencia energética de los edificios deben beneficiar especialmente a  aplicarse con carácter prioritario a  los hogares vulnerables  clientes vulnerables y los usuarios finales , entre los que se encuentran aquellos afectados  a las personas afectadas  por la pobreza energética y, cuando proceda,  a los hogares de renta media y  aquellos  a las personas  que residan en viviendas sociales  , a las personas de edad avanzada y las que vivan en zonas rurales y alejadas.   En este contexto, debe prestarse especial atención a aquellos grupos que corran mayor riesgo de verse afectados por la pobreza energética o que sean más vulnerables a los efectos adversos derivados de esta, como las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de edad avanzada, los niños y las personas de origen racial o étnico minoritario.  Los Estados miembros ya pueden exigir a las partes obligadas que incluyan objetivos sociales en sus medidas de ahorro de energía, en relación con la pobreza energética, y esta posibilidad debe ampliarse  ya se ha ampliado  a las medidas de actuación alternativas y los Fondos Nacionales de Eficiencia Energética  europeos.  y  Esto  debe convertirse en una obligación  a fin de proteger y empoderar a los clientes y usuarios finales vulnerables y de mitigar la pobreza energética , al tiempo que se permite a los Estados miembros mantener una flexibilidad total con respecto  al tipo de medida de actuación,  su tamaño, alcance y contenido. Si un sistema de obligaciones en materia de eficiencia energética no permite medidas relacionadas con los consumidores de energía particulares, los Estados miembros podrán adoptar medidas para aliviar la pobreza energética únicamente por medio de las medidas de actuación alternativas.  Los Estados miembros deben velar por que ninguna otra política o medida de su combinación de políticas tenga efectos adversos para los clientes vulnerables, los usuarios finales, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales. Los Estados miembros deben hacer el mejor uso posible de las inversiones de fondos públicos en medidas de mejora de la eficiencia energética, incluidos los mecanismos de financiación y financieros establecidos a escala de la Unión. 

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(61)La presente Directiva se refiere al concepto de «clientes vulnerables», que los Estados miembros deben establecer con arreglo a la Directiva (UE) 2019/944. Además, de conformidad con la Directiva 2012/27/UE, el concepto de «usuarios finales», junto con el de «cliente final», aclara que el derecho a estar informado sobre la facturación y el consumo es también aplicable a los consumidores sin contratos individuales o directos con los suministradores de energía de los sistemas colectivos de calefacción, refrigeración o producción de agua caliente sanitaria en los edificios plurifamiliares El concepto de «clientes vulnerables» no garantiza necesariamente que las medidas estén destinadas a los usuarios finales. Por consiguiente, a fin de garantizar que las medidas establecidas en la presente Directiva lleguen a todas las personas y hogares en situación de vulnerabilidad, los Estados miembros, al establecer su definición de «cliente vulnerable», deben incluir no solo a los clientes, en sentido estricto, sino también a los usuarios finales.

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(62) En 2019,  En en torno a 50  34  millones de hogares sufren la pobreza energética en la Unión.  de la Unión no pudieron mantener la vivienda a una temperatura adecuada 82   El Pacto Verde Europeo da prioridad a la dimensión social de la transición, comprometiéndose con el principio de que nadie se quede atrás. La transición ecológica, incluida la transición limpia, afecta de manera diferente a mujeres y hombres y puede tener un impacto particular en algunos grupos desfavorecidos, como las personas con discapacidad.  Por consiguiente, las medidas de eficiencia energética deben ocupar un lugar central en cualquier estrategia rentable para hacer frente a la pobreza energética y la vulnerabilidad del consumidor, y son complementarias de las políticas de seguridad social a escala de los Estados miembros. A fin de garantizar que las medidas de eficiencia energética reducen reduzcan la pobreza energética de los arrendatarios de manera sostenible, se debe tener en cuenta la rentabilidad de dichas medidas, así como su asequibilidad para propietarios y arrendatarios, y garantizar un apoyo financiero  y técnico  adecuado a dichas medidas a escala de los Estados miembros.  Los Estados miembros deben prestar apoyo a nivel local y regional para detectar y mitigar la pobreza energética.  A largo plazo, el parque inmobiliario de la Unión tendrá que pasar a estar compuesto por EECN, en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París. Los índices actuales de renovación de los edificios son insuficientes y los edificios que ocupan ciudadanos con ingresos bajos afectados por la pobreza energética son los edificios a los que más difícil resulta llegar más difíciles de abordar. Las medidas establecidas en la presente Directiva con relación a las obligaciones en materia de ahorro de energía, los sistemas de obligaciones en materia de eficiencia energética y las medidas de actuación alternativas revisten, por lo tanto, una particular importancia.

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(63)Para aprovechar el potencial de ahorro de energía de determinados segmentos de mercado en los que no suelen ofrecerse auditorías energéticas de forma comercial [como las pequeñas y medianas empresas PYME (pymes)], los Estados miembros deben elaborar programas para fomentar la elaboración de auditorías energéticas en las PYME pymes. Las auditorías energéticas tienen que ser obligatorias y periódicas para las grandes empresas, ya que el ahorro de energía obtenido puede ser significativo. Las auditorías energéticas deben tener en cuenta las normas europeas o internacionales pertinentes, como EN ISO 50001 (sistemas de gestión de la energía), o EN 16247-1 (auditorías energéticas), o, si incluyen una auditoría energética, EN ISO 14000 (sistemas de gestión ambiental), y, por lo tanto, ser asimismo conformes con lo dispuesto en el anexo VI de la presente Directiva, ya que dichas disposiciones no van más allá de los requisitos de dichas normas pertinentes.  Actualmente está en fase de desarrollo una norma europea específica sobre auditorías energéticas. Las auditorías energéticas pueden realizarse con carácter específico o bien formar parte de un sistema de gestión ambiental más amplio o de un contrato de rendimiento energético. En todos esos casos, los sistemas deben cumplir los requisitos mínimos establecidos en el anexo VI. Además, los mecanismos y regímenes específicos establecidos para controlar las emisiones y el consumo de combustible por parte de determinados operadores de transporte, por ejemplo el RCDE UE, establecido con arreglo al Derecho de la Unión, podrán considerarse compatibles con las auditorías energéticas, en particular con los sistemas de gestión de la energía, si cumplen los requisitos mínimos establecidos en el anexo VI.  

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(64)El consumo medio de la empresa debe ser el criterio para definir la aplicación de los sistemas de gestión de la energía y de las auditorías energéticas, a fin de aumentar la sensibilidad de dichos mecanismos para detectar oportunidades pertinentes de ahorro rentable de energía. Debe animarse a las empresas que estén por debajo de los umbrales de consumo definidos para los sistemas de gestión de la energía y las auditorías energéticas a que realicen auditorías energéticas y apliquen las recomendaciones resultantes.

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(65)Cuando las auditorías energéticas sean realizadas por expertos internos, la independencia necesaria exigiría que dichos expertos no estén directamente implicados en las actividades auditadas.

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(66)El sector de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) es otro sector importante que recibe cada vez más atención. En 2018, el consumo de energía de los centros de datos de la Unión Europea fue de 76,8 TWh. Se espera que esta cifra aumente hasta los 98,5 TWh de aquí a 2030, lo que supondrá un incremento del 28 %. Este aumento en términos absolutos también puede observarse en términos relativos: dentro de la Unión, los centros de datos representaban el 2,7 % de la demanda de electricidad en 2018 y, si la trayectoria actual se mantiene, alcanzarán el 3,21 % en 2030 83 . La Estrategia Digital de Europa ya ha puesto de relieve la necesidad de lograr unos centros de datos altamente eficientes desde el punto de vista energético y sostenibles, y pide medidas de transparencia en cuanto a la huella ambiental de los operadores de telecomunicaciones. Para promover el desarrollo sostenible en el sector de las TIC, en particular de los centros de datos, los Estados miembros deben recoger y publicar datos que sean pertinentes para el rendimiento energético y la huella hídrica de los centros de datos. Los Estados miembros deben recoger y publicar datos únicamente sobre los centros de datos con una huella significativa, para los cuales una intervención adecuada en materia de diseño o eficiencia (para instalaciones nuevas o existentes, respectivamente) puede dar lugar a una reducción considerable del consumo de energía y agua o a la reutilización del calor residual en instalaciones y redes de calor a distancia cercanas. Pueden utilizarse los datos recogidos para establecer un indicador de sostenibilidad del centro de datos.

(67)Los indicadores de sostenibilidad del centro de datos pueden utilizarse para medir cuatro dimensiones básicas de un centro de datos sostenible, a saber, la eficiencia en el uso de la energía, la cantidad de esa energía que procede de fuentes de energía renovables, la reutilización del calor residual que produce y el uso de agua dulce. Los indicadores de sostenibilidad del centro de datos deben sensibilizar a sus propietarios y operadores, a los fabricantes de equipos, a los desarrolladores de software y servicios y a los usuarios de los servicios del centro de datos a todos los niveles, así como a las entidades y organizaciones que despliegan, utilizan o adquieren servicios en la nube y los servicios del centro de datos. También deberían aportar fiabilidad en cuanto a las mejoras reales derivadas de los esfuerzos y medidas destinadas a aumentar la sostenibilidad en los centros de datos nuevos o existentes. Por último, deben utilizarse como base para una planificación y una toma de decisiones transparentes y basadas en pruebas. El empleo de los indicadores de sostenibilidad del centro de datos debe ser voluntario para los Estados miembros. El empleo del indicador de sostenibilidad del centro de datos debe ser voluntario para los Estados miembros.

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(68)Para reducir el gasto del consumidor en energía se debe ayudar a los consumidores a disminuir su consumo de energía mediante la reducción de las necesidades energéticas de los edificios y las mejoras en la eficiencia de los aparatos, que deben combinarse con la disponibilidad de modos de transporte de bajo consumo de energía integrados con el transporte público y el uso de la bicicleta.  Los Estados miembros también deben considerar la posibilidad de mejorar la conectividad en las zonas rurales y alejadas. 

🡻 2018/2002 considerando 26

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(69)Es crucial concienciar a todos los ciudadanos de la Unión sobre las ventajas de una mayor eficiencia energética y ofrecerles información precisa de cómo lograrla.  Los ciudadanos de todas las edades también deben participar en la transición energética a través del Pacto Europeo por el Clima y la Conferencia sobre el Futuro de Europa.  Una mayor eficiencia energética también resulta sumamente importante para la seguridad del suministro de energía de la Unión al reducir su dependencia de la importación de combustibles procedentes de terceros países.

🡻 2018/2002 considerando 27

(70)Los costes y beneficios de todas las medidas de eficiencia energética adoptadas, incluidos los plazos de reembolso, deben ser completamente transparentes para los consumidores.

🡻 2018/2002 considerando 28 (adaptado)

(71)Al aplicar la Directiva 2012/27/UE en su versión modificada por la presente Directiva y adoptar otras medidas en el ámbito de la eficiencia energética, los Estados miembros deben prestar una atención particular a las sinergias entre las medidas de eficiencia energética y el uso eficiente de los recursos naturales con arreglo a los principios de la economía circular.

🡻 2018/2002 considerando 29

(72)Aprovechando los nuevos modelos de negocio y las nuevas tecnologías, los Estados miembros deben procurar promover y facilitar la adopción de medidas de eficiencia energética, inclusive mediante servicios energéticos innovadores para clientes grandes y pequeños.

🡻 2018/2002 considerando 30 (adaptado)

(73)Como parte de las medidas previstas en la comunicación de la Comisión de 15 de julio de 2015 titulada «Establecer un nuevo acuerdo para los consumidores de energía», en el contexto de la Unión de la Energía y de la estrategia relativa a la calefacción y la refrigeración, deben reforzarse los derechos mínimos de los consumidores a obtener información precisa, fiable, clara y puntual sobre su consumo de energía. Conviene modificar los artículos 9 a 11 y el anexo VII de la Directiva 2012/27/UE para que se facilite  Es necesario facilitar  información frecuente y de más calidad sobre el consumo de energía, cuando sea técnicamente viable y rentable en función de los dispositivos de medición instalados. La presente Directiva aclara que la rentabilidad del subcontaje depende de que los costes relacionados sean proporcionados con el ahorro potencial de energía. La evaluación de la rentabilidad del subcontaje puede tener en cuenta los efectos de otras medidas concretas planificadas en un edificio determinado, por ejemplo una próxima renovación.

🡻 2018/2002 considerando 31 (adaptado)

(74)La presente Directiva también aclara que los derechos relacionados con la facturación y la información sobre la facturación o el consumo deben ser aplicables a los consumidores de calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria suministrada desde una fuente central incluso si no tienen una relación contractual directa e individual con un proveedor suministrador de energía. La definición del término «cliente final» puede entenderse en el sentido de que se refiere únicamente a las personas físicas o jurídicas que adquieren la energía sobre la base de un contrato directo e individual con un proveedor de energía. Por consiguiente, a efectos de las correspondientes disposiciones, el término «cliente final» debe introducirse para hacer referencia a un grupo más amplio de consumidores y debe comprender también, además de a los usuarios finales que adquieren calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria para su propio uso final, a los ocupantes de edificios individuales o de unidades individuales de edificios de apartamentos o edificios polivalentes en los que las unidades reciben el suministro desde una fuente central y en los que los ocupantes no tienen un contrato directo o individual con el proveedor de energía. El término «subcontaje» debe aludir a la medición del consumo de las unidades individuales de tales edificios.

🡻 2018/2002 considerando 32

(75)A fin de lograr la transparencia de la contabilización del consumo individual de energía térmica y así facilitar la puesta en práctica del subcontaje, los Estados miembros deben asegurarse de disponer de normas nacionales transparentes y a disposición del público relativas al reparto de los costes del consumo de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en edificios de apartamentos o edificios polivalentes. Además de la transparencia, los Estados miembros podrán estudiar la posibilidad de adoptar medidas a fin de reforzar la competencia en la prestación de servicios de subcontaje y así contribuir a garantizar que cualquier coste soportado por los usuarios finales sea razonable.

🡻 2018/2002 considerando 33 (adaptado)

(76)A más tardar el 25 de octubre de 2020, los Los contadores de calefacción y repartidores de costes de calefacción de nueva instalación deberán ser de lectura remota para garantizar que se facilitafacilite información rentable y frecuente sobre el consumo. Las  disposiciones de  modificaciones de la Directiva 2012/27/UE introducidas por la presente Directiva relacionadas con contadores de calefacción, refrigeración y agua caliente para uso doméstico sanitaria; subcontaje y reparto de los costes de calefacción, refrigeración y agua caliente para uso doméstico sanitaria; requisito de lectura remota; información sobre la facturación y el consumo de calefacción, refrigeración y agua caliente para uso doméstico sanitaria; coste del acceso a la información sobre la medición, la facturación y el consumo de calefacción, refrigeración y agua caliente para uso doméstico sanitaria; y requisitos mínimos de la información relativa a la facturación y el consumo de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria se aplican solo a la calefacción, la refrigeración y el agua caliente sanitaria suministrados desde una fuente central. Los Estados miembros pueden decidir libremente si las tecnologías de lectura de contadores a distancia (de tipo walk-bydrive-by) se considerarán sistemas de lectura remota o no. Los dispositivos de lectura remota no requieren el acceso a cada apartamento o unidad para su lectura.

🡻 2018/2002 considerando 34

(77)Los Estados miembros deben tener en cuenta el hecho de que la aplicación eficaz de nuevas tecnologías para la medición del consumo de energía requiere una mayor inversión en educación y capacitación de los consumidores y proveedores suministradores de energía.

🡻 2018/2002 considerando 35

(78)La información sobre facturación y las cuentas anuales son un medio importante para informar a los clientes de su consumo de energía. Los datos sobre consumo y costes también pueden incluir otro tipo de información que ayude a los consumidores a comparar su contrato actual con otras ofertas y a hacer uso de la gestión de reclamaciones y mecanismos alternativos de resolución de litigios. No obstante, teniendo en cuenta que los litigios relacionados con las facturas constituyen una fuente común de reclamaciones de los consumidores y un factor que contribuye a los niveles persistentemente bajos de satisfacción e implicación de los consumidores con sus proveedores de energía, es necesario que las facturas sean más sencillas, más claras y más fáciles de comprender, garantizando al mismo tiempo que distintos instrumentos, como la información sobre la facturación, las herramientas de información y las cuentas anuales, ofrezcan toda la información necesaria para que los consumidores puedan regular su consumo de energía, comparar ofertas y cambiar de proveedor suministrador.

🡻 2012/27/UE considerando 26

Al definir las medidas de mejora de la eficiencia energética, debe tenerse en cuenta la mayor eficiencia y el ahorro que se obtiene con la aplicación generalizada de innovaciones tecnológicas eficaces en cuanto a costes, como los contadores inteligentes. Cuando se instalen contadores inteligentes, estos no deberán ser utilizados por las empresas para realizar una facturación retroactiva injustificada.

🡻 2012/27/UE considerando 27 (adaptado)

Por lo que atañe a la electricidad, y de conformidad con la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad 84 , en los casos en que se haga una evaluación positiva de la provisión de contadores inteligentes, al menos el 80 % de los consumidores deberá contar con sistemas de medición inteligentes en 2020. Por lo que atañe al gas, y de conformidad con la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural 85 , en los casos en que se haga una evaluación positiva de la provisión de contadores inteligentes, los Estados miembros o cualquier autoridad competente que designen habrán de elaborar un calendario para la implantación de sistemas de medición inteligentes.

🡻 2012/27/UE considerando 28 (adaptado)

La utilización de contadores individuales o de sistemas de imputación de costes de calefacción para la medición del consumo individual en edificios de pisos con suministro de calefacción urbana o calefacción central común resulta beneficiosa cuando los clientes finales cuentan con medios de control de su propio consumo individual. Por consiguiente, su uso solo se justifica en edificios en los que los radiadores estén provistos de válvulas termostáticas.

🡻 2012/27/UE considerando 29 (adaptado)

En algunos edificios de pisos con suministro de calefacción urbana o con calefacción central común, la utilización de contadores individuales de calefacción precisos resultaría técnicamente difícil y costosa debido al hecho de que el agua caliente empleada para la calefacción entra y sale de los pisos por varios puntos. Puede presuponerse que la medición individual del consumo de calefacción en los edificios de pisos es técnicamente posible cuando la instalación de contadores individuales no requiera cambiar las tuberías interiores existentes para la calefacción por agua caliente en el edificio. En dichos edificios, pues, podrán efectuarse mediciones del consumo individual de calefacción por medio de la instalación de sistemas individuales de imputación del coste de calefacción en cada radiador.

🡻 2012/27/UE considerando 30 (adaptado)

La Directiva 2006/32/CE dispone que los Estados miembros garanticen que los clientes finales reciban contadores individuales a un precio competitivo, que reflejen exactamente su consumo real de energía y que proporcionen información sobre el tiempo real de uso. En la mayoría de los casos, esta disposición se supedita a la condición de que sea técnicamente posible, financieramente razonable y proporcionado en relación con el ahorro de energía potencial. No obstante, cuando se realiza una conexión en un edificio nuevo o en un edificio que se somete a una reforma importante, según la definición de la Directiva 2010/31/UE, deben proporcionarse esos contadores individuales en todos los casos. La Directiva 2006/32/CE dispone asimismo que se presente una facturación clara, basada en el consumo real, con la frecuencia suficiente para permitir que los clientes regulen su propio consumo de energía.

🡻 2012/27/UE considerando 31 (adaptado)

Las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE disponen que los Estados miembros garanticen la utilización de sistemas de medición inteligentes que contribuyan a la participación activa de los consumidores en los mercados de suministro de electricidad y de gas. Por lo que respecta a la electricidad, cuando la provisión de contadores inteligentes se considere rentable, se equipará, para 2020, al menos al 80 % de los consumidores con sistemas de medición inteligentes. Por lo que respecta al gas natural, no se marca plazo alguno, pero se requiere la elaboración de un calendario. Dichas Directivas declaran asimismo que los clientes finales estén informados adecuadamente del consumo real de electricidad o de gas y de los costes correspondientes con una frecuencia que les permita regular su propio consumo.

🡻 2012/27/UE considerando 32 (adaptado)

La repercusión de las disposiciones sobre medición y facturación de las Directivas 2006/32/CE, 2009/72/CE y 2009/73/CE en el ahorro de energía ha sido limitada. En muchos lugares de la Unión, dichas disposiciones no han determinado que los clientes reciban información actualizada sobre su consumo de energía, ni una facturación basada en el consumo real con la frecuencia que, según revelan los estudios, es necesaria para permitir a los clientes regular su consumo de energía. En los sectores de la calefacción de la vivienda y del agua caliente en edificios de pisos, la insuficiente claridad de dichas disposiciones ha dado lugar, además, a numerosas quejas de los ciudadanos.

🡻 2012/27/UE considerando 33 (adaptado)

Con objeto de reforzar la capacitación de los clientes finales en cuanto al acceso a la información de la medición y facturación de su consumo individual de energía, teniendo en mente las oportunidades conexas al proceso de los sistemas de medición inteligentes y la provisión de contadores inteligentes en los Estados miembros, es importante que las disposiciones del Derecho de la Unión en este ámbito sean más claras. Esto debe contribuir a reducir los costes de la aplicación de los sistemas de medición inteligentes equipados con funciones que potencien el ahorro de energía y a respaldar el desarrollo de los mercados de los servicios energéticos y de la gestión de la demanda. La aplicación de los sistemas de medición inteligente permite una facturación frecuente basada en el consumo real. No obstante, existe también la necesidad de aclarar los requisitos relativos al acceso a la información y a la facturación justa y exacta basada en el consumo real en los casos en que no se disponga de contadores inteligentes en 2020, también respecto de la medición y facturación del consumo individual de calefacción, refrigeración y agua caliente en los edificios de pisos que reciben un suministro de calefacción o refrigeración urbana o lo reciben de un sistema común de calefacción propio instalado en dichos edificios.

🡻 2012/27/UE considerando 34 (adaptado)

(79)Al definir las medidas de mejora de la eficiencia energética, los Estados miembros deben tener en cuenta la necesidad de asegurar el correcto funcionamiento del mercado interior y la aplicación coherente del acervo, de acuerdo con el  TFUE  Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

🡻 2012/27/UE considerando 35 (adaptado)

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(80)La cogeneración de alta eficiencia y los sistemas urbanos  eficientes  de calefacción y refrigeración tienen un potencial significativo de ahorro de energía primaria que, en general, está poco explotado en la Unión. Los Estados miembros deben llevar a cabo una evaluación exhaustiva completa del potencial de cogeneración de alta eficiencia y de sistemas urbanos  eficientes  de calefacción y refrigeración. Estas evaluaciones deben actualizarse previa solicitud de la Comisión, para facilitar información a los inversores en cuanto a los planes nacionales de desarrollo y contribuir a un entorno estable y propicio para las inversiones  ser coherentes con los planes nacionales integrados de energía y clima y con las estrategias de renovación a largo plazo . Las instalaciones nuevas de generación de electricidad y las ya existentes que hayan sido objeto de una reforma renovación sustancial o cuyo permiso o licencia se haya actualizado deben ir equipadas con unidades de cogeneración de alta eficiencia para recuperar el calor residual procedente de la producción de electricidad, siempre que el análisis de costes y beneficios sea favorable.  Del mismo modo, otras instalaciones con una potencia energética media anual sustancial deben estar equipadas con soluciones técnicas para desplegar el calor residual de la instalación, cuando el análisis de costes y beneficios sea favorable.  Este calor residual podría luego transportarse a donde se necesite mediante redes de calefacción urbana. Los hechos que activarán el requisito de que se apliquen criterios de autorización serán por lo general hechos que activen igualmente la exigencia de permisos con arreglo a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales 86 , y de autorización con arreglo a la Directiva 2009/72/CE (UE) 2019/944.

🡻 2012/27/UE considerando 36

(81)En el caso de ciertas centrales de energía nuclear o las centrales de producción de electricidad destinadas a fines de almacenamiento geológico autorizado con arreglo a la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono 87 , puede ser adecuado que estén ubicadas en lugares en los que no resulta resulte rentable la recuperación del calor residual por medio de la cogeneración de alta eficiencia o su suministro a una red urbana de calefacción o refrigeración. Por consiguiente, deberá permitirse a los Estados miembros eximir a dichas centrales de la obligación de llevar a cabo un análisis de la posible rentabilidad de dotar a la central de equipo que permita la recuperación del calor residual por medio de una unidad de cogeneración de alta eficiencia. También debe posibilitarse eximir a las centrales eléctricas para puntas de carga y de reserva, previstas para operar durante menos de 1500 mil quinientas horas de funcionamiento al año como media móvil calculada a lo largo de cinco años, de la exigencia de suministrar también calor.

🡻 2012/27/UE considerando 37

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(82)Es conveniente que los Estados miembros estimulen la adopción de medidas y procedimientos para promover las instalaciones de cogeneración con una potencia térmica nominal total igual o inferior a 20  5  MW con objeto de fomentar la generación distribuida de energía.

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(83)A fin de llevar a cabo evaluaciones completas a nivel nacional, los Estados miembros deben impulsar la realización de evaluaciones del potencial de cogeneración de alta eficiencia y de sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración a nivel regional y local. Los Estados miembros deben adoptar medidas para promover y facilitar el despliegue del potencial de cogeneración de alta eficiencia y de sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración rentable que se haya detectado.

(84)Los requisitos para los sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración deben ser coherentes con los objetivos a largo plazo de las políticas climáticas, así como con las normas y prioridades de la Unión en materia de clima y medio ambiente, y deben cumplir el principio consistente en «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del Reglamento (UE) 2020/85. Todos los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración deben aspirar a mejorar la capacidad de interactuar con otras partes del sistema energético a fin de optimizar el uso de la energía y prevenir el despilfarro de esta utilizando todo el potencial de los edificios para almacenar calor o frío, incluido el calor sobrante procedente de las instalaciones de servicio y de los centros de datos cercanos. Por esta razón, un sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración debe garantizar el aumento de la eficiencia energética primaria y la integración progresiva de las energías renovables y del calor o frío residuales. Por consiguiente, la presente Directiva introduce progresivamente requisitos más estrictos para el suministro de calefacción y refrigeración, que deben ser aplicables durante períodos específicos establecidos y de forma permanente a partir del 1 de enero de 2050.

🡻 2012/27/UE considerando 38

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(85)Por «cogeneración de alta eficiencia» se entiende la que permite ahorrar energía mediante la producción combinada, en lugar de separada, de calor y electricidad.  Los requisitos para la cogeneración de alta eficiencia deben ser coherentes con los objetivos a largo plazo de las políticas climáticas.  Las definiciones de «cogeneración» y de «cogeneración de alta eficiencia» utilizadas en la legislación de la Unión no pueden afectar al uso de definiciones diferentes en la legislación nacional para fines distintos de los establecidos en la legislación de la Unión pertinente. Con objeto de obtener el máximo ahorro de energía y no perder oportunidades de ahorro, tiene que prestarse la mayor atención posible a las condiciones de funcionamiento de las unidades de cogeneración.

🡻 2012/27/UE considerando 39 (adaptado)

(86)Para aumentar  garantizar  la transparencia de manera  y permitir  que el cliente final pueda elegir entre electricidad proveniente de la de cogeneración y electricidad producida mediante otras técnicas, debe garantizarse el origen de la cogeneración de alta eficiencia basándose en valores armonizados de referencia de la eficiencia armonizados. Los regímenes de garantía de origen no confieren de por sí el derecho a beneficiarse de mecanismos de apoyo nacionales. Es importante que todas las formas de electricidad producidas mediante cogeneración de alta eficiencia puedan quedar cubiertas por garantías de origen. Las garantías de origen deben distinguirse de los certificados intercambiables.

🡻 2012/27/UE considerando 40

(87)Hay que tener en cuenta la estructura específica de los sectores de la cogeneración y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, que incluyen a numerosos productores pequeños y medianos, especialmente a la hora de revisar los procedimientos administrativos para obtener permisos de construcción de instalaciones de cogeneración o de redes asociadas, aplicando el principio de «pensar primero a pequeña escala».

🡻 2012/27/UE considerando 41

(88)La mayor parte de las empresas de la Unión son PYME pymes. Estas empresas representan un enorme potencial de ahorro de energía para la Unión. Para ayudarlas a adoptar medidas de eficiencia energética, los Estados miembros deben establecer un marco favorable destinado a proporcionarles asistencia técnica e información con fines específicos.

🡻 2012/27/UE considerando 42 (adaptado)

La Directiva 2010/75/UE incluye la eficiencia energética entre los criterios para determinar las Mejores Técnicas Disponibles, que deben servir de referencia para establecer las condiciones de los permisos de construcción de las instalaciones a las que se aplica dicha Directiva, incluidas las instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal total igual o superior a 50 MW. Sin embargo, dicha Directiva da a los Estados miembros la opción de no imponer requisitos de eficiencia energética a las unidades de combustión o a otras unidades que emitan dióxido de carbono en la instalación y que lleven a cabo actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE. Los Estados miembros podrían recoger información sobre los niveles de eficiencia energética en los informes que presenten con arreglo a la Directiva 2010/75/UE.

🡻 2012/27/UE considerando 43

(89)Basándose en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, los Estados miembros deben establecer normas que rijan la asunción y el reparto de los costes de las conexiones y los refuerzos de la red, así como de las adaptaciones técnicas necesarias para la integración de los nuevos productores de electricidad de cogeneración de alta eficiencia, teniendo en cuenta las normas y códigos elaborados de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 714/2009 (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo 88 , de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad 89 y en el Reglamento (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural 90 . Debe poder permitirse a los productores de electricidad mediante cogeneración de alta eficiencia que convoquen licitaciones para los trabajos de conexión. Asimismo, hay que facilitar el acceso a la red de la electricidad producida mediante cogeneración de alta eficiencia, especialmente en el caso de las unidades de microgeneración y generación a pequeña escala. De conformidad con el artículo 93, apartado 2, de la Directiva (UE) 2019/944 2009/72/CE y con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/73/CE, los Estados miembros podrán imponer a las empresas que operen en los sectores de la electricidad y del gas obligaciones de servicio público relativas a la eficiencia energética.

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(90)Es necesario establecer disposiciones relativas a la facturación, la ventanilla única, la resolución extrajudicial de litigios, la pobreza energética y los derechos contractuales básicos, con el fin de adaptarlos, cuando proceda, a las disposiciones pertinentes relativas a la electricidad con arreglo a la Directiva (UE) 2019/944, a fin de reforzar la protección de los consumidores y hacer que los clientes finales puedan recibir información más frecuente, clara y actualizada sobre su consumo de calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria y regular su consumo de energía.

(91)Debe velarse por una mayor protección de los consumidores garantizando que todos tengan acceso a mecanismos de resolución extrajudicial de litigios eficaces e independientes, como un defensor del pueblo para la energía, un órgano de los consumidores o una autoridad reguladora. Por consiguiente, los Estados miembros deben establecer procedimientos rápidos y eficaces de tramitación de las reclamaciones.

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(92)Debe reconocerse la contribución de las comunidades de energías renovables, de conformidad con la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo 91 , y de las comunidades ciudadanas de energía, de conformidad con la Directiva (UE) 2019/944, a la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo y del Plan del Objetivo Climático para 2030. Por consiguiente, los Estados miembros deben considerar y promover el papel de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía. Esas comunidades pueden ayudar a los Estados miembros a alcanzar los objetivos de la presente Directiva impulsando la eficiencia energética a nivel local o doméstico. Pueden empoderar e implicar a los consumidores y permitir que determinados grupos de clientes domésticos, en particular en zonas rurales y alejadas, participen en proyectos e intervenciones en materia de eficiencia energética. Las comunidades de energía pueden ayudar a combatir la pobreza energética promoviendo proyectos de eficiencia energética, la reducción del consumo de energía y la reducción de las tarifas de suministro.

(93)Debe reconocerse la contribución de las ventanillas únicas o de estructuras similares en cuanto que mecanismos que pueden permitir a múltiples grupos destinatarios, incluidos los ciudadanos, las pymes y las autoridades públicas, diseñar y ejecutar proyectos y medidas relacionados con la transición hacia una energía limpia. Dicha contribución puede incluir la prestación de asesoramiento y asistencia técnica, administrativa y financiera, la facilitación de los procedimientos administrativos necesarios o del acceso a los mercados financieros, o la orientación en relación con el marco jurídico nacional y europeo, incluidas las normas y criterios de contratación pública, y con la taxonomía de la UE.

(94)La Comisión debe examinar las repercusiones, en el fomento de programas de formación para la eficiencia energética, de sus medidas de apoyo a la creación de plataformas o foros en los que participen, entre otros, los organismos europeos del diálogo social, y presentará, si procede, nuevas medidas. La Comisión también debe alentar a los interlocutores sociales europeos a debatir sobre eficiencia energética, teniendo especialmente en mente a los clientes vulnerables y los usuarios finales, incluidos los que sufren pobreza energética.

(95)Una transición justa hacia una Unión climáticamente neutra de aquí a 2050 es fundamental para el Pacto Verde Europeo. El pilar europeo de derechos sociales, proclamado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, incluye la energía entre los servicios esenciales a los que toda persona tiene derecho a acceder. Las personas necesitadas deben poder recibir apoyo para acceder a estos servicios 92 .

(96)Es necesario garantizar la protección de las personas afectadas por la pobreza energética, los clientes vulnerables y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales, y para ello, es también necesario garantizar que estén capacitados para participar activamente en las intervenciones y medidas de mejora de la eficiencia energética o en otras medidas conexas de protección de los consumidores o de información que apliquen los Estados miembros.

(97)La financiación pública disponible a nivel nacional y de la Unión debe invertirse estratégicamente en medidas de mejora de la eficiencia energética, en particular en beneficio de los clientes vulnerables, las personas afectadas por la pobreza energética y las personas que viven en viviendas sociales. Los Estados miembros deben aprovechar cualquier contribución financiera que puedan recibir del Fondo Social para el Clima [Reglamento sobre el Fondo Social para el Clima] y de los ingresos correspondientes a los derechos que reciban del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Estos ingresos ayudarán a los Estados miembros a cumplir su obligación de aplicar medidas de eficiencia energética y medidas de actuación, en el marco de la obligación de ahorro de energía, con carácter prioritario entre los clientes vulnerables y las personas afectadas por la pobreza energética, que pueden incluir a quienes viven en regiones rurales y alejadas.

(98)Los sistemas nacionales de financiación deben complementarse con sistemas adecuados que proporcionen más información, asistencia técnica y administrativa y un acceso más fácil a la financiación, lo que permitirá un mejor uso de los fondos disponibles, especialmente por parte de las personas afectadas por la pobreza energética, los clientes vulnerables y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales.

(99)Los Estados miembros deben empoderar y proteger a todas las personas por igual, independientemente de su sexo, género, edad, discapacidad, raza u origen étnico, orientación sexual, religión o creencias, y velar por que las personas más afectadas por la pobreza energética o más expuestas al riesgo de sufrirla, o las más expuestas a sus efectos adversos, estén adecuadamente protegidas. Además, los Estados miembros deben asegurarse de que las medidas de eficiencia energética no agraven las desigualdades existentes, en particular en lo que atañe a la pobreza energética.

🡻 2012/27/UE considerando 44 (adaptado)

La respuesta de la demanda constituye una herramienta importante para mejorar la eficiencia energética, puesto que aumenta considerablemente las oportunidades de los consumidores o de los terceros designados por ellos de tomar medidas en lo que respecta al consumo y la información sobre la facturación, por lo que ofrece un mecanismo para reducir o modificar el consumo que permite un ahorro de energía tanto en el consumo final como, gracias a un uso optimizado de las redes y activos de generación, en la generación, el transporte y la distribución de energía.

🡻 2012/27/UE considerando 45

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(100)La respuesta de la demanda puede estar basada en las reacciones de los clientes finales a las señales de los precios o en la automatización de los edificios. Habría que mejorar las condiciones de respuesta a la demanda y el acceso a la misma, en particular para los pequeños consumidores finales. Teniendo en cuenta el despliegue continuado de redes inteligentes, los Estados miembros deben velar, por lo tanto, por que las autoridades nacionales de regulación de la energía puedan garantizar que las tarifas de red y la reglamentación incentiven una mejora de la eficiencia energética y promuevan una fijación de precios dinámica para medidas de respuesta de la demanda por parte de los consumidores finales. Conviene perseguir la integración del mercado y la igualdad de oportunidades de acceso al mercado por lo que se refiere a los recursos del lado de la demanda (oferta y cargas de los consumidores). Además, losLos Estados miembros deben velar por que las autoridades nacionales de regulación de la energía apliquen un planteamiento integrado que incluya el potencial de ahorro en los sectores del suministro de energía y de los usuarios finales uso final.  Sin perjuicio de la seguridad del suministro, la integración del mercado y las inversiones anticipatorias en las redes marítimas necesarias para el despliegue de la energía renovable marina, las autoridades nacionales de regulación de la energía deben velar por que, en los procesos de planificación y toma de decisiones, se aplique el principio de «primero, la eficiencia energética», y por que las tarifas de red y la reglamentación de esta incentiven la mejora de la eficiencia energética. Los Estados miembros también deben velar por que los gestores de redes de transporte y distribución tengan en cuenta el principio de «primero, la eficiencia energética». Esto ayudaría a esos gestores a considerar soluciones mejores de eficiencia energética y a tener en cuenta los costes adicionales en que se ha incurrido para la adquisición de recursos de la parte de la demanda, así como las repercusiones medioambientales y socioeconómicas de las diferentes inversiones en la red y los planes de operaciones de esta. Este enfoque requiere pasar de la estrecha perspectiva de la eficiencia económica a la perspectiva más amplia del bienestar social. El principio de «primero, la eficiencia energética» debe aplicarse, en particular, en el contexto de la elaboración de hipótesis para la expansión de la infraestructura energética, donde las soluciones del lado de la demanda podrían considerarse alternativas viables y deben evaluarse adecuadamente, y debe convertirse en una parte intrínseca de la evaluación de los proyectos de planificación de la red. Las autoridades reguladoras nacionales deben examinar su aplicación. 

🡻 2012/27/UE considerando 46

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(101)Por otra parte, debe disponerse de un número suficiente de profesionales competentes y fiables del campo de la eficiencia energética a fin de asegurar la aplicación ejecución efectiva y oportuna de la presente Directiva, por ejemplo en lo que se refiere al cumplimiento de los requisitos sobre auditorías energéticas y de las obligaciones de eficiencia energética. Por consiguiente, los Estados miembros han de establecer sistemas de certificación  o sistemas de cualificación equivalentes y sistemas de formación adecuados  para los proveedores de servicios energéticos, de auditorías energéticas y de otras medidas de mejora de la eficiencia energética  , en estrecha cooperación con los interlocutores sociales, los formadores y otras partes interesadas pertinentes. A partir de diciembre de 2024, los sistemas deben evaluarse cada cuatro años y, en caso necesario, actualizarse, a fin de garantizar que los proveedores de servicios energéticos, los auditores energéticos, los gestores energéticos y los instaladores de los elementos de los edificios tengan el nivel de competencias necesario. 

🡻 2012/27/UE considerando 47 (adaptado)

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(102)Es necesario continuar desarrollando el mercado de servicios energéticos a fin de asegurar la disponibilidad tanto de la demanda como de la oferta de servicios energéticos. La transparencia puede contribuir a ello, por ejemplo mediante listas de proveedores  certificados  de servicios energéticos. También pueden ayudar a estimular la demanda los  y de  modelos de contratos  disponibles, y , los intercambios de buenas prácticas y las orientaciones, especialmente para  pueden contribuir enormemente a la adopción de servicios energéticos y  la contratación de un rendimiento energético determinadocelebración de contratos de rendimiento energético  y pueden también estimular la demanda e incrementar la confianza en los proveedores de servicios energéticos . Como en otras formas de acuerdos de financiación por terceros, Enen un contrato de rendimiento energético el beneficiario del servicio energético evita costes de inversión utilizando parte del valor del ahorro de energía para pagar total o parcialmente la inversión efectuada total o parcialmente por un tercero.  Esto puede ayudar a atraer capital privado, que es clave para aumentar los índices de renovación de edificios en la Unión, introducir conocimientos especializados en el mercado y crear modelos empresariales innovadores. Por lo tanto, en el caso de los edificios no residenciales con una superficie útil superior a 1 000 m2, debe exigirse una evaluación de la viabilidad de utilizar contratos de rendimiento energético para la renovación. Este es un avance para aumentar la confianza en las empresas de servicios energéticos y allanar el camino a fin de multiplicar estos proyectos en el futuro. 

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(103)Habida cuenta de los ambiciosos objetivos de renovación fijados para la próxima década en el contexto de la Comunicación de la Comisión titulada «Oleada de renovación», es necesario aumentar el papel de los intermediarios independientes de mercado, incluidas las ventanillas únicas o mecanismos similares de apoyo, a fin de estimular el desarrollo del mercado por el lado de la demanda y el lado de la oferta y promover los contratos de rendimiento energético para la renovación de edificios tanto públicos como privados. Las agencias locales de energía podrían desempeñar un papel clave a este respecto, pues podrían detectar posibles facilitadores o ventanillas únicas y respaldar su puesta en marcha.

(104)Los contratos de rendimiento energético siguen enfrentándose a importantes barreras en varios Estados miembros, debido a los obstáculos reglamentarios y no reglamentarios que siguen existiendo. Por lo tanto, es necesario abordar las ambigüedades de los marcos legislativos nacionales, la falta de conocimientos técnicos, especialmente en lo relativo a los procedimientos de licitación, y la incompatibilidad de ciertos préstamos y subvenciones.

(105)Los Estados miembros deben seguir apoyando al sector público en la celebración de contratos de rendimiento energético facilitando modelos de contratos que tengan en cuenta las normas europeas o internacionales vigentes, las directrices de licitación y la Guía sobre el tratamiento estadístico de los contratos de rendimiento energético 93 publicada en mayo de 2018 por Eurostat y el Banco Europeo de Inversiones sobre el tratamiento de los contratos de rendimiento energético en las cuentas públicas, que han brindado la oportunidad de abordar los obstáculos reglamentarios que aún existen en los Estados miembros de cara a la celebración de estos contratos.

🡻 2012/27/UE considerando 48 (adaptado)

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(106) Los Estados miembros han tomado medidas para detectar y abordar las barreras reglamentarias y no reglamentarias. No obstante,  esEs necesario detectar y  aumentar los esfuerzos por  eliminar las barreras reglamentarias y no reglamentarias que se oponen al uso de contratos de rendimiento energético y de otros acuerdos de financiación por terceros relacionados con el  que contribuyen a lograr un  ahorro de energía. Entre dichas barreras, cabe citar las normas y prácticas contables que impiden que la inversión de capital y los ahorros económicos anuales generados por las medidas de mejora de la eficiencia energética se recojan adecuadamente en las cuentas durante toda la duración de la inversión. También deben abordarse a nivel nacional los obstáculos a la renovación del parque inmobiliario existente basados en una división de incentivos entre los diferentes actores.

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(107)Los Estados utilizaron sus planes nacionales de acción para la eficiencia energética (PAEE) de 2014 y 2017 para informar de sus avances en la eliminación de las barreras reglamentarias y no reglamentarias a la eficiencia energética por lo que respecta a la división de los incentivos entre los propietarios y los arrendatarios o entre los propietarios de un edificio o de las unidades de un edificio. No obstante, los Estados miembros deben seguir trabajando en esa dirección y aprovechar el potencial de eficiencia energética teniendo en cuenta las estadísticas de Eurostat de 2016, que muestran que más de cuatro de cada diez europeos viven en pisos y más de tres de cada diez son arrendatarios.

🡻 2012/27/UE considerando 49

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(108)Conviene animar a los Estados miembros y a las regiones a hacer un uso pleno de los  fondos europeos disponibles en el marco del MFP y de NextGenerationEU, incluidos el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,  Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión  los fondos de la política de cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo de Transición Justa, así como los instrumentos financieros y la asistencia técnica disponibles en el marco de InvestEU,  para incentivar la inversión  privada y pública  en medidas de mejora de la eficiencia energética. La inversión en eficiencia energética tiene potencial para contribuir al crecimiento económico, el empleo, la innovación y la reducción de la pobreza energética de los hogares, y, por tanto, supone una contribución positiva a la cohesión económica, social y territorial  y a la recuperación verde . Entre los posibles campos de financiación conviene destacar las medidas de eficiencia energética en los edificios públicos y las viviendas, y las nuevas cualificaciones para fomentar el empleo en el sector de la eficiencia energética.  La Comisión garantizará las sinergias entre los distintos instrumentos de financiación, en particular los fondos en régimen de gestión compartida y gestión directa (como los programas gestionados de forma centralizada: Horizonte Europa o el Programa LIFE), así como entre las subvenciones, los préstamos y la asistencia técnica, con el fin de maximizar el efecto multiplicador de todos estos elementos en la financiación privada y su impacto en la consecución de los objetivos de la política de eficiencia energética. 

🡻 2012/27/UE considerando 50 (adaptado)

(109)Los Estados miembros deben fomentar el empleo de mecanismos de financiación para promover los objetivos de la presente Directiva. Tales mecanismos de financiación podrían incluir contribuciones financieras y sanciones por incumplimiento de determinadas disposiciones de la presente Directiva, los recursos destinados a la eficiencia energética al amparo del artículo 10, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 94 , los recursos destinados a la eficiencia energética en  los fondos y programas europeos  el marco financiero plurianual, en particular el Fondo de Cohesión, los Fondos Estructurales y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, así como los instrumentos financieros europeos específicos, tales como el Fondo Europeo de Eficiencia Energética.

🡻 2012/27/UE considerando 51

(110)Estos mecanismos de financiación podrían basarse, cuando corresponda, en recursos destinados a la eficiencia energética derivados de las obligaciones de la Unión para financiación de proyectos; recursos asignados a la eficiencia energética por el Banco Europeo de Inversiones y otras instituciones financieras europeas, en particular el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa; recursos obtenidos de instituciones financieras; recursos nacionales, incluido también a través de la creación de marcos reguladores y fiscales que promuevan la realización de iniciativas y programas en materia de eficiencia energética, y los ingresos procedentes de las asignaciones anuales de emisiones de conformidad con la Decisión n.º 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 95 .

🡻 2012/27/UE considerando 52

(111)En particular, los mecanismos de financiación pueden utilizar esas contribuciones, esos recursos e ingresos para posibilitar y fomentar las inversiones de capital privado, contando en particular con los inversores institucionales y aplicando al mismo tiempo, para la concesión de fondos, criterios que aseguren la consecución de objetivos medioambientales y sociales; recurrir a instrumentos financieros innovadores (por ejemplo, garantías de préstamos para el capital privado, garantías de préstamos para fomentar la contratación de eficiencia energética los contratos de rendimiento energético, subvenciones, préstamos subvencionados y líneas de crédito específicas) que reduzcan los riesgos de los proyectos en materia de eficiencia energética y permitan realizar renovaciones rentables incluso en los hogares de rentas bajas y medias; y estar vinculados a programas o agencias que agregarán y evaluarán la calidad de los proyectos de ahorro de energía, brindarán asistencia técnica, promoverán el mercado de los servicios energéticos y contribuirán a fomentar la demanda de los consumidores por este tipo de servicios.

🡻 2012/27/UE considerando 53

(112)Los mecanismos de financiación también pueden proporcionar los recursos adecuados para apoyar programas de capacitación formación y certificación que mejoren y acrediten las cualificaciones necesarias para desarrollar la eficiencia energética; proporcionar recursos destinados a proyectos de investigación de microtecnologías y tecnologías a pequeña escala para la generación de energía, así como a su demostración y aplicación, y a la optimización de las conexiones de estos generadores a la red; estar vinculados a programas que emprendan acciones destinadas a promover la eficiencia energética en todas las viviendas, a fin de evitar la pobreza energética y animar a los propietarios que arriendan viviendas a que estas sean lo más eficientes posible desde el punto de vista energético; proporcionar los recursos adecuados para apoyar el diálogo social y la adopción de normas destinadas a mejorar la eficiencia energética, así como a asegurar unas buenas condiciones laborales y la salud y la seguridad en el trabajo.

🡻 2012/27/UE considerando 54

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(113)Debe recurrirse a los  programas de financiación y los  instrumentos de financiación financieros de la Unión disponibles y a mecanismos de financiación innovadores para llevar a la práctica el objetivo de mejorar el rendimiento energético de los edificios de los organismos públicos. Para tal fin, los Estados miembros han de poder utilizar los ingresos que perciban con motivo de las asignaciones anuales de emisiones en el marco de la Decisión n.º 406/2009/CE para desarrollar tales mecanismos con carácter voluntario y teniendo en cuenta las normas presupuestarias nacionales.

🡻 2012/27/UE considerando 55 (adaptado)

(114)Para la consecución del objetivo del 20 % de eficiencia energética, la Comisión tendrá que hacer  debería realizar  un seguimiento de la repercusión de las nuevas medidas  pertinentes  en la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece el régimen de la Unión para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (RCDE), a fin de mantener aquellos incentivos del sistema de comercio de derechos de emisión destinados a inversiones que implican una reducción de las emisiones de carbono y a preparar a los sectores sujetos al RCDE para las innovaciones que se necesitarán en el futuro. Tendrá que hacer un seguimiento de la repercusión en dichos los sectores industriales que están expuestos a un riesgo significativo de fugas de carbono, definidos en la Decisión 2014/746/UE de la Comisión 96  Decisión 2010/2/UE de la Comisión, de 24 de diciembre de 2009, por la que se determina, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, una lista de los sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono 97 , con objeto de garantizar que la presente Directiva promueva y no obstaculice el desarrollo de dichos sectores.

🡻 2012/27/UE considerando 56 (adaptado)

La Directiva 2006/32/CE dispone que los Estados miembros fijen y se propongan alcanzar un objetivo orientativo nacional general de ahorro de energía del 9 % para 2016, que se conseguirá mediante la prestación de servicios energéticos y el establecimiento de otras medidas de mejora de la eficiencia energética. En esa Directiva se expone que el segundo Plan de Eficiencia Energética adoptado por los Estados miembros irá seguido, según convenga y cuando sea necesario, por propuestas de medidas adicionales presentadas por la Comisión, entre ellas la prórroga del período de aplicación de los objetivos. Si en un informe posterior se llega a la conclusión de que no se han hecho suficientes progresos para alcanzar los objetivos indicativos nacionales, estas propuestas deberán tratar el nivel y la naturaleza de los objetivos. La evaluación de impacto que acompaña a la presente Directiva constata que los Estados miembros están en camino de alcanzar el objetivo del 9 %, que es sustancialmente menos ambicioso que el del 20 % para 2020, adoptado posteriormente, y, por tanto, no hay necesidad de abordar el nivel de los objetivos.

🡻 2012/27/UE considerando 57 (adaptado)

El programa «Energía inteligente — Europa» que establece la Decisión no 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por la que se establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007 a 2013) 98 , ha resultado crucial para crear un ambiente propicio a la adecuada aplicación de las políticas de la Unión en materia de energía sostenible, al suprimir obstáculos al mercado, como el que supone la insuficiente sensibilización y capacidad de los actores e instituciones del mercado, barreras técnicas o administrativas nacionales que afectan al buen funcionamiento del mercado interior de la energía, o mercados laborales poco desarrollados para hacer frente al desafío de la economía con bajas emisiones de carbono. Muchas de estas barreras siguen vigentes.

🡻 2012/27/UE considerando 58 (adaptado)

Con objeto de aprovechar el considerable potencial de ahorro de energía de los productos relacionados con la energía, debe acelerarse y ampliarse la aplicación de la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía 99 y de la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía 100 , mediante el etiquetado y una información normalizada. Debe darse prioridad a los productos que ofrecen el mayor potencial de ahorro de energía, tal como los define el plan de trabajo sobre diseño ecológico, así como, cuando proceda, a la revisión de las medidas existentes.

🡻 2012/27/UE considerando 59 (adaptado)

A fin de aportar claridad a las condiciones en que los Estados miembros pueden establecer requisitos de rendimiento energético con arreglo a la Directiva 2010/31/UE sin dejar de cumplir con la Directiva 2009/125/CE y sus medidas de ejecución, procede modificar la Directiva 2009/125/CE.

🡻 2018/2002 considerando 36 (adaptado)

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(115)Las medidas de los Estados miembros deben ser apoyadas por instrumentos financieros de la Unión bien diseñados y eficaces, como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas,  enmarcados en el Programa InvestEU,  y financiadas por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), que deben apoyar las inversiones en eficiencia energética en todas las fases de la cadena energética y utilizar un análisis de coste-beneficio costes y beneficios exhaustivo que comprenda un modelo de tasas de descuento diferenciadas. El apoyo financiero debe centrarse en métodos rentables para aumentar la eficiencia energética, lo que daría lugar a una reducción del consumo de energía. Asimismo, el BEI y el BERD, junto con los bancos nacionales de fomento, deben concebir, generar y financiar programas y proyectos destinados específicamente al sector de la eficiencia energética, así como a los hogares afectados por la pobreza energética.

 nuevo

(116)La normativa intersectorial constituye una base sólida para la protección de los consumidores respecto de una gran variedad de los servicios de energía existentes actualmente, y podría evolucionar. Sin embargo, es preciso establecer claramente determinados derechos contractuales básicos del consumidor. Los consumidores deben poder disponer de información sencilla y sin ambigüedades sobre sus derechos en relación con el sector energético.

(117)Se puede garantizar una mayor protección de los consumidores si todos tienen acceso a mecanismos de resolución extrajudicial de litigios eficaces e independientes, como un defensor del pueblo para la energía, un órgano de los consumidores o una autoridad reguladora. Por consiguiente, los Estados miembros deben establecer procedimientos rápidos y eficaces de tramitación de las reclamaciones.

🡻 2018/2002 considerando 38 (adaptado)

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(118)Con objeto de poder evaluar la eficacia de la Directiva 2012/27/UE en su versión modificada por la presente Directiva, debe introducirse un  establecerse el  requisito para de llevar a cabo una revisión general de dicha Directiva y  esta y debe  presentarse un informe al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el 28 de febrero de  2027  2024. Dicha revisión debe celebrarse con posterioridad a la de los balances mundiales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2023 para permitir que se introduzcan las adecuaciones necesarias a este proceso, teniendo también en cuenta la evolución económica y en materia de innovación.

🡻 2018/2002 considerando 39 (adaptado)

(119)Se debe otorgar un papel protagonista a las autoridades locales y regionales en el desarrollo y la concepción, la ejecución y la evaluación de las medidas previstas en la  presente  Directiva 2012/27/UE, de forma que dichas autoridades puedan responder adecuadamente a sus propias particularidades climáticas, culturales y sociales.

🡻 2018/2002 considerando 40 (adaptado)

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(120)Habida cuenta de los avances tecnológicos y de la cuota creciente de las fuentes de energía renovables en el sector de la generación eléctrica, debe revisarse el coeficiente por defecto aplicado al ahorro de electricidad en kWh, para reflejar los cambios en el coeficientefactor de energía primaria (FEP) para la electricidad  y otros vectores energéticos . Los cálculos del coeficiente de energía primaria FEP para la electricidad que reflejan la combinación energética se basan en valores medios anuales. Para la generación de electricidad y calor a partir de energía nuclear se utiliza el método del «contenido energético físico», y para la generación de electricidad y calor a partir de combustibles fósiles y biomasa, el método de la «eficiencia de la conversión técnica». En cuanto a las energías renovables no combustibles, se utiliza el método del equivalente directo basado en el enfoque de «energía primaria total». Para calcular la cuota de energía primaria para la electricidad de cogeneración, se aplica el método que figura en el anexo II de la  presente  Directiva 2012/27/UE. Se utiliza una posición media de mercado, en vez de una posición marginal. Se asume que las eficiencias de conversión son del 100 % en el caso de las energías renovables no combustibles, del 10 % en el caso de las centrales geotérmicas y del 33 % en el caso de las centrales nucleares. El cálculo de la eficiencia total de la cogeneración se basa en los datos más recientes de Eurostat. En cuanto a los límites del sistema, el coeficiente de energía primaria FEP es 1 para todas las fuentes de energía. El valor del coeficiente de energía primaria FEP referido a 2018 se basa en datos interpolados en la versión más reciente del escenario de referencia PRIMES para 2015 y 2020 y ajustados con los datos de Eurostat hasta 2016. El análisis abarca los Estados miembros y Noruega. Los datos de Noruega se basan en datos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad  REGRT de Electricidad .

🡻 2018/2002 considerando 41

(121)El ahorro de energía resultante de la aplicación del Derecho de la Unión no debe declararse, salvo que resulte de una medida que vaya más allá del mínimo requerido por el acto legislativo jurídico de la Unión en cuestión, bien fijando requisitos de eficiencia energética más ambiciosos a escala del Estado miembro, o bien reforzando la adopción de la medida. Los edificios ofrecen grandes posibilidades de mejora de la eficiencia energética, y la renovación de edificios, junto con las economías de escala, es un factor esencial y a largo plazo para el aumento del ahorro de energía. Procede, por lo tanto, aclarar que puede declararse todo el ahorro de energía resultante de medidas que promuevan la renovación de edificios existentes, siempre que superen los ahorros que habrían tenido lugar igualmente en ausencia de la medida de que se trate y siempre que el Estado miembro demuestre que la parte obligada, la parte participante o la parte encargada ha contribuido de manera efectiva a la consecución del ahorro de energía declarado.

🡻 2018/2002 considerando 42 (adaptado)

(122)De conformidad con la Estrategia de la Unión de la Energía y los principios sobre mejora de la legislación, debe concederse una mayor importancia a las normas de seguimiento y verificación para la aplicación de los sistemas de obligaciones en materia de eficiencia energética y las medidas de actuación alternativas, en particular el requisito de examinar una muestra de medidas estadísticamente representativa. En la Directiva 2012/27/UE en su versión modificada por la presente Directiva, «una parte estadísticamente significativa y una muestra representativa de las medidas de mejora de la eficiencia energética» deben interpretarse en el sentido de que requieren el establecimiento de un subconjunto de la población estadística de las medidas de ahorro de energía en cuestión, de tal modo que dicho subconjunto refleje con precisión el conjunto de la población de todas las medidas de ahorro de energía y, por tanto, permita conclusiones razonablemente fiables sobre la confianza en la totalidad de las medidas.

🡻 2018/2002 considerando 43

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(123)La energía generada en el exterior o el interior de los edificios a partir de tecnologías basadas en energías renovables reduce la cantidad de energía fósil suministrada a partir de combustibles fósiles. La reducción del consumo de energía y la utilización de energía procedente de fuentes renovables en el sector de la construcción son medidas importantes para reducir la dependencia energética de la Unión y las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente a la luz de los ambiciosos objetivos de clima y energía fijados para el año 2030, así como del compromiso mundial contraído en el contexto del Acuerdo de París. A efectos de la obligación de ahorro acumulado de energía, los Estados miembros podrán tener en cuenta, cuando proceda, el ahorro de energía procedente de  medidas de actuación que promuevan  la energía renovable generada sobre o en los edificios para uso propio  las tecnologías renovables  con el fin de cumplir sus requisitos de ahorro de energía  con arreglo a la metodología de cálculo prevista en la presente Directiva .  No se contabilizará el ahorro de energía que resulte de las medidas de actuación relativas a la combustión directa de combustibles fósiles. 

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(124)Algunos de los cambios introducidos por la presente Directiva podrían requerir una modificación posterior del Reglamento (UE) 2018/1999 para garantizar la coherencia entre ambos actos jurídicos. Las nuevas disposiciones, relacionadas principalmente con el establecimiento de contribuciones nacionales, los mecanismos de subsanación de los desfases y las obligaciones de comunicación de información, deben transferirse y armonizarse con dicho Reglamento, una vez esté modificado. También podría ser necesario volver a evaluar algunas disposiciones del Reglamento (UE) 2018/1999 a la vista de los cambios propuestos en la presente Directiva. Los requisitos adicionales de comunicación de información y seguimiento no deberían exigir la creación de ningún sistema de comunicación de información nuevo y paralelo, sino que estarían sujetos al actual marco de seguimiento y comunicación de información establecido con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1999.

(125)Para fomentar la aplicación práctica de la presente Directiva a nivel nacional, regional y local, la Comisión debe seguir apoyando el intercambio de experiencias sobre prácticas, evaluaciones comparativas y actividades de creación de redes, así como prácticas innovadoras, por medio de una plataforma en línea.

🡻 2012/27/UE considerando 60 (adaptado)

Dado que la finalidad de la presente Directiva, que es alcanzar el objetivo de eficiencia energética de la Unión del 20 % para 2020 y preparar el camino hacia mejoras de eficiencia energética ulteriores más allá de 2020, no puede ser alcanzada de manera suficiente por los Estados miembros sin tomar medidas adicionales de eficiencia energética, y puede conseguirse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

🡻 2018/2002 considerando 45

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(126)Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, alcanzar el objetivo de eficiencia energética de la Unión del 20 % para 2020 y de al menos el 32,5 % para 2030 y preparar el camino hacia mejoras de eficiencia energética ulteriores más allá de dichas fechas  y hacia la neutralidad climática , no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

🡻 2012/27/UE considerando 61 (adaptado)

(127)Con el fin de permitir la adaptación al progreso técnico y los cambios en la distribución de las fuentes de energía, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del  TFUE  Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a la revisión de los valores armonizados de referencia de la eficiencia armonizados establecidos con arreglo a la  presente  Directiva 2004/8/CE y respecto a los valores, los métodos de cálculo, el coeficiente de energía primaria por defecto y los requisitos de los anexos de la presente Directiva. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

🡻 2018/2002 considerando 37 (adaptado)

(128)A fin de que los anexos de la Directiva 2012/27/UE y los valores de referencia armonizados de la eficiencia puedan actualizarse, es preciso ampliar la delegación de poderes concedida a la Comisión. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación 101 . En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen ocupan de la preparación de actos delegados.

🡻 2012/27/UE considerando 62

(129)A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión 102 .

🡻 2012/27/UE considerando 63 (adaptado)

Deben derogarse todas las disposiciones sustantivas de las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, excepto los artículos 4, apartados 1 a 4, y los anexos I, III y IV de la Directiva 2006/32/CE. Estas últimas disposiciones deben seguir aplicándose hasta la expiración del plazo para la consecución del objetivo del 9 %. Deben derogarse los apartados 1 y 2 del artículo 9 de la Directiva 2010/30/UE, que establece la obligación de que los Estados miembros procuren adquirir únicamente productos que pertenezcan a la clase de eficiencia energética más elevada. 

🡻 2012/27/UE considerando 64 (adaptado)

La obligación de incorporar la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyan una modificación sustantiva respecto a las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. La obligación de incorporar al Derecho nacional las disposiciones inalteradas se deriva de dichas Directivas.

 nuevo

(130)La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho interno debe limitarse a las disposiciones constitutivas de una modificación de fondo con respecto a la Directiva anterior. La obligación de transponer las disposiciones no modificadas se deriva de esa Directiva anterior.

🡻 2012/27/UE considerando 65 (adaptado)

 nuevo

(131)La presente Directiva no debe afectar  afecta  a las obligaciones de los Estados miembros respecto a los plazos de incorporación al Derecho nacional y de aplicación de la  de las  Directiva 2004/8/CE y 2006/32/CE  Directivas que figuran en el anexo XV, parte B .

🡻 2012/27/UE considerando 66 (adaptado)

De conformidad con la Declaración política común de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, de 28 de septiembre de 2011, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de incorporación al Derecho nacional, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de incorporación al Derecho nacional. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

🡻 2012/27/UE

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y OBJETIVOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

🡻 2018/2002 artículo 1.1 (adaptado)

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1. La presente Directiva establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión a fin de garantizar la consecución de los objetivos principales  del objetivo  en materia de eficiencia energética de la Unión, que consisten en un aumento de la eficiencia energética del 20 % para 2020 y de al menos el 32,5 % para 2030, y prepara el camino  crea un marco propicio  para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de esos años.

En la presente Directiva se establecen normas destinadas a  aplicar la eficiencia energética con carácter prioritario en todos los sectores, a  eliminar barreras en el mercado de la energía y a superar deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento y el consumo de energía ., y se dispone  Asimismo, la Directiva dispone  el establecimiento de objetivos y contribuciones orientativosindicativas nacionales de eficiencia energética para 2020 y 2030.

La presente Directiva contribuye a la aplicación del principio de «primero, la eficiencia energética»  , contribuyendo así a que la Unión sea una sociedad inclusiva, justa y próspera con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva .

🡻 2012/27/UE

2. Los requisitos que establece la presente Directiva son requisitos mínimos y se entienden sin perjuicio de que cualquier Estado miembro mantenga o introduzca medidas más estrictas. Tales medidas deberán ser compatibles con el Derecho de la Unión. Cuando las disposiciones de la legislación nacional establezcan medidas más estrictas, los Estados miembros notificarán dichas disposiciones a la Comisión.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos de la presente Directiva se entenderá por:

1)«energía»: todas las formas de productos energéticos, combustibles, calor, energía renovable, electricidad o cualquier otra forma de energía, según se definen en el artículo 2, letra d), del Reglamento (CE) n.º 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativo a las estadísticas sobre energía 103 ;

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2)«primero, la eficiencia energética»: el principio así definido en el artículo 2, punto 18, del Reglamento (UE) 2018/1999;

3)«sistema energético»: sistema diseñado principalmente para suministrar servicios energéticos destinados a satisfacer la demanda de energía de los sectores de uso final en forma de calor, combustibles y electricidad;

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

42)«consumo de energía primaria»: el consumo interior bruto  la energía bruta disponible , excluidos los  buques internacionales, el consumo no energético final  usos no energéticos  y el calor ambiente ;

53)«consumo de energía final»: toda la energía suministrada a la industria, el transporte  (incluido el consumo de energía de la aviación internacional) , los hogares, los servicios  públicos y privados , y la agricultura  , la silvicultura y la pesca y otros usuarios finales (consumidores finales de energía). Excluye el consumo de energía de los buques internacionales, el calor ambiente, los suministros al sector de la transformación, el sector de la energía y las pérdidas debidas a la transmisión y la distribución [son aplicables las definiciones del anexo A del Reglamento (CE) n.º 1099/2008]  No incluye los suministros al sector de transformación de la energía y a las industrias de la energía propiamente dichas;

64)«eficiencia energética»: la relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o energía, y el gasto de energía;

75)«ahorro de energía»: la cantidad de energía ahorrada, determinada mediante la medición y/oo estimación del consumo antes y después de la aplicación de alguna medida de mejora de la eficiencia energética, teniendo en cuenta al mismo tiempo la normalización de las condiciones externas que influyen en el consumo de energía;

86)«mejora de la eficiencia energética»: el aumento de la eficiencia energética como resultado de cambios tecnológicos, de comportamiento y/oo económicos;

97)«servicio energético»: el beneficio físico, la utilidad o el bien derivados de la combinación de una energía con una tecnología energética eficiente o con una acción, que puede incluir las operaciones, el mantenimiento y el control necesarios para prestar el servicio, el cual se presta con arreglo a un contrato y que, en circunstancias normales, ha demostrado conseguir una mejora de la eficiencia energética o un ahorro de energía primaria verificables y medibles o estimables;

108)«organismos públicos»: los poderes adjudicadores tal como se definen en la Directiva 2014/24/UE2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 104 , de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios 105 ;

9)«Administración central»: todos los órganos administrativos cuya competencia se extiende a la totalidad del territorio de un Estado miembro;

1110)«superficie útil total»: la superficie cubierta de un edificio o de parte de un edificio en la que se emplea energía para adaptar las condiciones ambientales interiores;

 nuevo

12) «poderes adjudicadores»: los poderes adjudicadores tal como se definen en el artículo 6, punto 1, el artículo 2, punto 1, y el artículo 3, punto 1, de las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, respectivamente;

13) «entidades adjudicadoras»: las entidades adjudicadoras tal como se definen en las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE;

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

1411)«sistema de gestión de la energía»: un conjunto de elementos relacionados entre sí o en interacción pertenecientes a un plan que establece un objetivo de eficiencia energética y una estrategia para alcanzarlo  , incluidos el seguimiento del consumo de energía real, las medidas adoptadas para aumentar la eficiencia energética y la medición de los avances ;

1512)«norma europea»: una norma adoptada por el Comité Europeo de Normalización, el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica o el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, y puesta a disposición para su utilización pública;

1613)«norma internacional»: una norma adoptada por la Organización Internacional de Normalización puesta a disposición del público;

1714)«parte obligada»: un distribuidor de energía, o una empresa minorista de venta de energía  o un gestor de una red de transporte  vinculados por los sistemas nacionales de obligaciones de eficiencia energética que se mencionan en el artículo 87;

1815)«parte encargada»: una entidad jurídica con competencias delegadas por una institución u otro organismo de carácter público para concebir, gestionar o aplicar un sistema de financiación en nombre de la Administración o de otro organismo público;

1916)«parte participante»: una empresa o un organismo público que se ha comprometido a cumplir determinados objetivos en virtud de un acuerdo voluntario, o que está cubierto por un instrumento nacional de regulación de la actuación;

2017)«autoridad pública de ejecución»: un organismo de Derecho público responsable de la aplicación o del control de la fiscalidad de la energía o del carbono, de sistemas e instrumentos de financiación, de incentivos, normas y criterios tributarios, de sistemas de etiquetado de la energía o de actividades de formación o educación en este ámbito;

2118)«medida de actuación»: un instrumento de reglamentación, financiero, tributario, voluntario o de suministro de información creado y establecido oficialmente en un Estado miembro con el fin de que constituya un marco de apoyo, un requisito o un incentivo para que los agentes del mercado presten y adquieran servicios energéticos y lleven a cabo otras medidas de mejora de la eficiencia energética;

2219)«actuación individual»: una actuación que da lugar a mejoras de la eficiencia energética verificables y medibles o estimables, y que se lleva a cabo como consecuencia de una medida de actuación;

2320)«distribuidor de energía»: toda persona física o jurídica, incluidos los operadores de sistemas de distribución gestores de redes de distribución, responsable del transporte de energía con vistas a su entrega a los clientes finales o a las compañías de distribución que venden energía a los clientes finales;

2421)«gestor de la red de distribución»: la figura así definida en  el artículo 2, punto 29, de la  Directiva (UE) 2019/944 las Directivas 2009/72/CE  , por lo que se refiere a la electricidad,  y  el artículo 2, punto 6, de la Directiva  2009/73/CE,  por lo que se refiere al gas,  respectivamente;

2522)«empresa minorista de venta de energía»: toda persona física o jurídica que vende energía al cliente final;

2623)«cliente final»: toda persona física o jurídica que compra energía para su propio uso final;

2724)«proveedor de servicios energéticos»: toda persona física o jurídica que presta servicios energéticos o aplica otras medidas de mejora de la eficiencia energética en la instalación o los locales de un cliente final;

2825)«auditoría energética»: todo procedimiento sistemático destinado a obtener conocimientos adecuados del perfil de consumo de energía existente de un edificio o grupo de edificios, de una instalación u operación industrial o comercial, o de un servicio privado o público, así como para determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro de energía a un coste eficiente  rentables, detectar el potencial de uso o de producción rentables de energías renovables  e informar al respecto;

26)«pequeñas y medianas empresas» o «PYME»: las empresas definidas en el título I del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas 106 ; la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance general anual no excede de 43 millones EUR;

2927)«contrato de rendimiento energético»: todo acuerdo contractual entre el beneficiario y el proveedor de una medida de mejora de la eficiencia energética, verificada y supervisada durante toda la vigencia del contrato, en el que las inversiones (obras, suministros o servicios) en realizados en el marco de dicha medida se abonan respecto de un nivel de mejora de la eficiencia energética acordado contractualmente o de otro criterio de rendimiento energético acordado, como, por ejemplo, el ahorro financiero económico;

3028)«sistema de medición inteligente»: sistema electrónico capaz de medir el consumo de energía, que proporciona más información que un contador convencional, y de transmitir y recibir datos utilizando una forma de comunicación electrónica  el sistema así definido en la Directiva (UE) 2019/944 ;

3129)«gestor de redes la red de transporte»: la figura así definida en  el artículo 2, punto 35, de la Directiva  (UE) 2019/944 y en la Directiva las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE,  por lo que se refiere a la electricidad y el gas,  respectivamente;

3230)«cogeneración»: la generación simultánea de energía térmica y de energía eléctrica o mecánica en un solo proceso;

3331)«demanda económicamente justificable»: la demanda que no supere supera las necesidades de calefacción o refrigeración y que, de no recurrirse a la cogeneración, se satisfaría en condiciones de mercado mediante procesos de producción de energía distintos de la cogeneración;

3432)«calor útil»: el calor producido en un proceso de cogeneración para satisfacer una demanda económicamente justificable de calefacción o refrigeración;

3533)«electricidad de cogeneración»: la electricidad generada en un proceso relacionado con la producción de calor útil y calculada de acuerdo con la metodología establecida en el anexo III;

3634)«cogeneración de alta eficiencia»: la cogeneración que cumpla cumple los criterios establecidos en el anexo IIIII;

3735)«eficiencia global»: la suma anual de la producción de electricidad y energía mecánica y de calor útil dividida por la cantidad de combustible consumida para la producción de calor mediante un proceso de cogeneración y para la producción bruta de electricidad y de energía mecánica;

3836)«relación entre electricidad y calor»: la relación entre la electricidad de cogeneración y el calor útil cuando se funciona en modo de cogeneración total, utilizando datos operativos de la unidad concreta;

3937)«unidad de cogeneración»: una unidad que puede funcionar en modo de cogeneración;

4038)«unidad de cogeneración a pequeña escala»: una unidad de cogeneración con una potencia instalada inferior a 1 MWe;

4139)«unidad de microgeneración»: una unidad de cogeneración con una potencia máxima inferior a los 50 kWe;

40)«coeficiente de ocupación del suelo»: la relación entre la superficie construida y la superficie del terreno en un territorio determinado;

4241)«sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración»: todo sistema urbano de calefacción o de refrigeración que utilice al menos un 50 % de energía renovable, un 50 % de calor residual, un 75 % de calor cogenerado o un 50 % de una combinación de estos tipos de energía y calor  reúne los criterios establecidos en el artículo 24 ;

4342)«calefacción y refrigeración eficientes»: toda opción de calefacción y refrigeración que, en comparación con una hipótesis de base que refleje la situación sin modificaciones, disminuya disminuye de manera mensurable la energía primaria entrante necesaria para proveer una unidad de energía suministrada dentro del límite pertinente de un sistema, de manera rentable, según el análisis de costes y beneficios previsto en la presente Directiva, y teniendo en cuenta la energía necesaria para la extracción, conversión, transporte y distribución;

4443)«calefacción y refrigeración individuales eficientes»: toda opción de suministro individual de calefacción y refrigeración que, en comparación con un sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración, disminuya disminuye de manera mensurable la energía primaria no renovable entrante necesaria para proveer una unidad de energía suministrada dentro del límite pertinente de un sistema, o que requiera requiere la misma energía primaria no renovable entrante pero con un coste menor, teniendo en cuenta la energía necesaria para la extracción, conversión, transporte y distribución;

 nuevo

45)«centro de datos»: toda estructura, o grupo de estructuras, dedicadas al alojamiento, interconexión y explotación centralizados de tecnologías de la información y equipos de telecomunicaciones en red que proporciona servicios de almacenamiento, tratamiento y transferencia de datos, junto con todas las instalaciones e infraestructuras para la distribución de energía y el control medioambiental, así como los niveles de resiliencia y seguridad necesarios para garantizar la disponibilidad deseada del servicio;

🡻 2012/27/UE

 nuevo

4644)«renovación sustancial»: toda renovación cuyo coste supere supera el 50 % del coste de inversión que correspondería a una unidad nueva comparable;

4745)«central de compra»: suministrador de servicio a la demanda que aúna múltiples cargas de corta duración de los consumidores para su venta o subasta en mercados de energía organizados.  la figura cuyo significado coincide con el atribuido a «agregador independiente» en el artículo 2, punto 19, de la Directiva (UE) 2019/944; 

 nuevo

49)«pobreza energética»: toda situación en la que un hogar no puede acceder a los servicios energéticos esenciales para preservar un nivel de vida y salud digno, como una calefacción, refrigeración e iluminación adecuadas y la energía para hacer funcionar los aparatos, dados el contexto nacional pertinente, la política social existente y otras políticas pertinentes;

50)«usuario final»: toda persona física o jurídica que adquiere calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria para su propio uso final, o toda persona física o jurídica que ocupa un edificio individual o una unidad de un edificio de apartamentos o edificio polivalente cuyo suministro de calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria proviene de una fuente central, y que no tiene un contrato directo o individual con el suministrador de energía;

52)«incentivos divididos»: toda situación en la que no existe una distribución justa y razonable de las obligaciones financieras y las recompensas relacionadas con las inversiones en eficiencia energética entre los agentes afectados, por ejemplo los propietarios y arrendatarios o los distintos propietarios de las unidades de un edificio, o los propietarios y arrendatarios o los distintos propietarios de edificios de apartamentos o edificios polivalentes.

Artículo 3

Principio de «primero, la eficiencia energética»

1. De conformidad con el principio de «primero, la eficiencia energética», los Estados miembros velarán por que las soluciones de eficiencia energética se tengan en cuenta en las decisiones en materia de planificación, políticas e inversiones importantes relacionadas con los siguientes sectores:

a)los sistemas energéticos, y

b)los sectores no energéticos, cuando tengan un impacto en el consumo de energía y la eficiencia energética.

2. Cuando las decisiones en materia de políticas, planificación e inversiones estén sujetas a requisitos de aprobación y seguimiento, los Estados miembros velarán por que las entidades pertinentes verifiquen la aplicación del principio de «primero, la eficiencia energética».

3. Al aplicar el principio de «primero, la eficiencia energética», los Estados miembros deberán:

a)promover y, cuando se requieran evaluaciones de los costes y beneficios, garantizar la aplicación de metodologías de costes y beneficios que permitan una evaluación adecuada de los beneficios añadidos de las soluciones de eficiencia energética desde el punto de vista social;

b)designar a la entidad responsable de realizar un seguimiento de la aplicación del principio de «primero, la eficiencia energética» y de las repercusiones de las decisiones en materia de planificación, políticas e inversiones en el consumo de energía y la eficiencia energética;

c)informar a la Comisión, como parte de los informes de situación nacionales integrados de energía y clima realizados con arreglo al artículo 17 del Reglamento (UE) 2018/1999, de cómo se ha tenido en cuenta el principio a la hora de tomar decisiones nacionales y regionales en materia de planificación, políticas e inversiones importantes relacionadas con los sistemas energéticos nacionales y regionales.

🡻 2012/27/UE

Artículo 43

Objetivos de eficiencia energética

 nuevo

1. Los Estados miembros garantizarán colectivamente una reducción del consumo de energía de al menos el 9 % en 2030 en comparación con las previsiones de la hipótesis de referencia de 2020, de modo que el consumo de energía final de la Unión no supere los 787 Mtep y que el consumo de energía primaria de la Unión no supere los 1023 Mtep en 2030 107 .

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

21. Cada Estado miembro fijará un objetivo nacional  unas contribuciones nacionales  de eficiencia energética orientativo, basado bien en el en materia de consumo de energía primaria  y  o final, bien en el ahorro de energía primaria o final, bien en la intensidad energética  con el fin de cumplir, colectivamente, el objetivo vinculante de la Unión establecido en el apartado 1 . Los Estados miembros notificarán ese objetivo  esas contribuciones, junto con una trayectoria indicativa de estas,  a la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 1, y con el anexo XIV, parte 1  como parte de las actualizaciones de sus planes nacionales integrados de energía y clima, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2018/1999, y como parte de los planes nacionales integrados de energía y clima a que se refieren el artículo 3 y los artículos 7 a 12 del Reglamento (UE) 2018/1999, y de conformidad con el procedimiento establecido en esos artículos . Cuando efectúen esa notificación,  los Estados miembros  expresarán dicho objetivo asimismo en términos de nivel absoluto de consumo de energía primaria y consumo de energía final en 2020  utilizarán la fórmula definida en el anexo I de la presente Directiva  y explicarán el modo que han utilizado y los datos en que se han basado para efectuar este cálculo  calcular esas contribuciones .

 nuevo

Los Estados miembros también indicarán las cuotas de consumo de energía de los sectores de uso final de la energía, tal como se especifican en el Reglamento (CE) n.º 1099/2008, relativo a las estadísticas sobre energía, incluida la industria, la vivienda, los servicios y el transporte, en sus contribuciones nacionales de eficiencia energética. También indicarán las previsiones relativas al consumo de energía de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC).

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

 Al fijar  Para la fijación de los objetivos  las contribuciones , los Estados miembros tendrán en cuenta:

🡻 2013/12/UE artículo 1 y letra a) del anexo

 nuevo

a)que el consumo de energía de la Unión en  2030  2020 no ha de ser superior a 1 483  787 Mtep de energía final ni superior a 1 023  Mtep de energía primaria o a 1 086 Mtep de energía final;

🡻 2012/27/UE (adaptado)

b)las medidas previstas en la presente Directiva;

c)las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos nacionales de ahorro de energía adoptados con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, y

cd)otras medidas destinadas a promover la eficiencia energética en los Estados miembros y a escala de la Unión;.

A la hora de fijar esos objetivos, los Estados miembros también podrán tener en cuenta circunstancias nacionales que afecten al consumo de energía primaria, como:

 nuevo

d)cualquier factor pertinente que afecte a los esfuerzos en materia de eficiencia, tales como:

i)el nivel colectivo de ambición necesario para alcanzar los objetivos climáticos,

ii)la distribución equitativa de los esfuerzos en toda la Unión,

iii)la intensidad energética de la economía,

🡻 2012/27/UE

iva)el potencial remanente de ahorro rentable de energía;

 nuevo

e)otras circunstancias nacionales que afecten al consumo de energía, en particular:

🡻 2012/27/UE

 nuevo

ib)la evolución y previsiones del PIB,;

iic)los cambios en las importaciones y exportaciones de energía  , la evolución de la combinación energética y el despliegue de nuevos combustibles sostenibles, ;

iiid)los avances en todas las fuentes de energías renovables, la energía nuclear, la captura y almacenamiento de carbono, y

iv)la descarbonización de las industrias de gran consumo de energía.

e)la actuación temprana.

🡻 2013/12/UE artículo 1 y letra b) del anexo (adaptado)

2.    A más tardar el 30 de junio de 2014, la Comisión evaluará los progresos realizados y la probabilidad de que la Unión logre un consumo de energía no superior a 1483 Mtep de energía primaria y/o 1086 Mtep de energía final en 2020.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

3.    Para la realización de las revisiones a que se refiere el apartado 2, la Comisión:

a)sumará los objetivos orientativos nacionales de eficiencia energética comunicados por los Estados miembros;

b)evaluará si puede considerarse que la suma de esos objetivos constituye una orientación fiable de si el conjunto de la Unión va a cumplir el objetivo final, teniendo en cuenta la evaluación del primer informe anual con arreglo al artículo 24, apartado 1, y la evaluación de los Planes nacionales de acción para la eficiencia energética de conformidad con el artículo 24, apartado 2;

c)tendrá en cuenta cualquier análisis complementario resultante de:

i)una evaluación de los progresos en el consumo de energía, y en el consumo de energía en relación con la actividad económica, a escala de la Unión, en particular los avances en la eficiencia del suministro energético en los Estados miembros que hayan basado sus objetivos orientativos nacionales en el consumo de energía final o en el ahorro de energía final, incluidos los avances derivados del cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo III de la presente Directiva por parte de dichos Estados miembros,

ii)los resultados de los ejercicios de modelización en relación con las tendencias futuras del consumo de energía a escala de la Unión;

🡻 2013/12/UE artículo 1 y letra c) del anexo (adaptado)

d)comparará los resultados que se obtengan en las letras a) a c) con la cantidad de energía que sería necesario consumir para lograr un consumo de energía no superior a 1483 Mtep de energía primaria y/o a 1086 Mtep de energía final en 2020.

🡻 2019/504 artículo 1

5.    Cada Estado miembro fijará contribuciones orientativas nacionales de eficiencia energética para los objetivos de la Unión para 2030 a que se refiere el artículo 1, apartado 1, de la presente Directiva de conformidad con los artículos 4 y 6 del Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo 108 . En la fijación de esas contribuciones, los Estados miembros tendrán en cuenta que el consumo de energía de la Unión en 2030 no deberá exceder de 1 128 Mtep de energía primaria y/o de 846 Mtep de energía final. Los Estados miembros notificarán esas contribuciones a la Comisión como parte de sus planes nacionales integrados de energía y clima contemplados en, y de conformidad con, el procedimiento en virtud de los artículos 3 y 7 a 12 del Reglamento (UE) 2018/1999.

 nuevo

3. Cuando la Comisión concluya, sobre la base de la evaluación prevista en el artículo 29, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) 2018/1999, que no se han realizado avances suficientes hacia la consecución de las contribuciones de eficiencia energética, los Estados miembros que superen las trayectorias indicativas a que se refiere el apartado 2 del presente artículo velarán por que se apliquen medidas adicionales en el plazo de un año a partir de la fecha de recepción de la evaluación de la Comisión, a fin de asegurarse de que retoman la senda hacia la consecución de sus contribuciones en materia de eficiencia energética. Dichas medidas adicionales incluirán, entre otras, las siguientes medidas:

a)medidas nacionales que generen un ahorro de energía adicional, incluida una mayor asistencia al desarrollo de proyectos para la aplicación de medidas de inversión en eficiencia energética;

b)el aumento de la obligación de ahorro de energía establecida en el artículo 8;

c)la adaptación de las obligaciones del sector público;

d)la aportación de una contribución financiera voluntaria al Fondo Nacional de Eficiencia Energética a que se refiere el artículo 25 o a otro instrumento de financiación dedicado a la eficiencia energética; en este caso, las contribuciones financieras anuales serán equivalentes a las inversiones necesarias para alcanzar la trayectoria indicativa.

Cuando un Estado miembro supere la trayectoria indicativa a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, deberá incluir en su informe de situación nacional integrado de energía y clima, elaborado con arreglo al artículo 17 del Reglamento (UE) 2018/1999, una explicación de cómo subsanará el desfase para garantizar la consecución de sus contribuciones nacionales de eficiencia energética.

La Comisión evaluará si las medidas nacionales a que se refiere el presente apartado son suficientes para alcanzar los objetivos de eficiencia energética de la Unión. Cuando las medidas nacionales se consideren insuficientes, la Comisión, cuando corresponda, propondrá medidas y ejercerá sus competencias a nivel de la Unión, además de esas recomendaciones, a fin de garantizar, en particular, la consecución de los objetivos de eficiencia energética de la Unión para 2030.

4. La Comisión evaluará, a más tardar el 31 de diciembre de 2026, cualquier cambio metodológico en los datos notificados, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1099/2008, relativo a las estadísticas sobre energía, en la metodología de cálculo del balance energético y en los modelos energéticos para el consumo de energía europeo y, en caso necesario, propondrá realizar ajustes técnicos en el cálculo de los objetivos de la Unión para 2030, con el fin de mantener el nivel de ambición establecido en el apartado 1 del presente artículo.

🡻 2018/2002 artículo 1.2

6.    La Comisión evaluará los objetivos principales en materia de eficiencia energética para el año 2030 establecidos en el artículo 1, apartado 1, con vistas a la presentación de una propuesta legislativa a más tardar en 2023, para ajustar dichos objetivos al alza en caso de que se obtengan importantes reducciones de los costes a raíz de los avances económicos o tecnológicos, o cuando resulte necesario para cumplir con los compromisos de la Unión en materia de descarbonización.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

CAPÍTULO II

EFICIENCIA DEL USO DE ENERGÍA  FUNCIÓN EJEMPLARIZANTE DEL SECTOR PÚBLICO 

 nuevo

Artículo 5

Liderazgo del sector público en materia de eficiencia energética

1. Los Estados miembros velarán por que el consumo total de energía final de todos los organismos públicos en su conjunto se reduzca al menos en un 1,7 % cada año, en comparación con el año X-2 (siendo X el año en que la presente Directiva entre en vigor).

Los Estados miembros podrán tener en cuenta las variaciones climáticas dentro del Estado miembro a la hora de calcular el consumo de energía final de sus organismos públicos.

2. Los Estados miembros incluirán en sus planes nacionales de energía y clima, elaborados con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1999, y en las actualizaciones de estos una lista de los organismos públicos que contribuirán al cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1 del presente artículo, la cantidad de reducción del consumo de energía que debe lograr cada uno de ellos y las medidas que tienen previsto adoptar para lograrla. Como parte de sus informes nacionales integrados de energía y clima, elaborados con arreglo al artículo 17 del Reglamento (UE) 2018/1999, los Estados miembros notificarán a la Comisión la reducción del consumo de energía final alcanzada cada año.

3. Los Estados miembros velarán por que las autoridades regionales y locales establezcan medidas específicas de eficiencia energética en sus planes de descarbonización, previa consulta a las partes interesadas y al público, en particular aquellos grupos que corren riesgo de sufrir pobreza energética o son más vulnerables a sus efectos, como las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de edad avanzada, los niños y las personas de origen racial o étnico minoritario.

4. Los Estados miembros apoyarán a los organismos públicos en la planificación y la adopción de medidas de mejora de la eficiencia energética, también a nivel regional y local, proporcionando directrices que promuevan el desarrollo de capacidades y las oportunidades de formación, y fomentando la cooperación entre los organismos públicos.

5. Los Estados miembros alentarán a los organismos públicos a tener en cuenta las emisiones de carbono durante el ciclo de vida de sus inversiones y actividades de políticas.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

Artículo 65

Función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 109 , cada uno de los Estados miembros se asegurará de que, a partir del 1 de enero de 2014,  al menos  el 3 % de la superficie total de los edificios con calefacción y/oo sistema de refrigeración que tenga en propiedad y ocupe su Administración central  sean propiedad de sus organismos públicos  se renueve cada año, de manera que  se transformen en edificios de consumo de energía casi nulo,  cumpla al menos los requisitos de rendimiento energético mínimos que haya fijado en aplicación del  de conformidad con el  artículo 4  9  de la Directiva 2010/31/UE.

 Cuando los organismos públicos ocupen un edificio que no posean, ejercerán, en la medida de lo posible, sus derechos contractuales y animarán al propietario del edificio a renovarlo para convertirlo en un edificio de consumo de energía casi nulo, de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 2010/31/UE. Cuando celebren un nuevo contrato para ocupar un edificio que no sea de su propiedad, los organismos públicos procurarán que dicho edificio entre en las dos clases de eficiencia energética más altas que figuran en el certificado de rendimiento energético. 

Ese 3 % se calculará sobre la superficie total de los edificios con una superficie útil total de más de 500 m2 que tenga en propiedad y ocupe la Administración central del Estado miembro correspondiente que, el 1 de enero de cada año, no cumpla los requisitos nacionales de rendimiento energético mínimo establecidos en aplicación del artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE. Dicho límite bajará a 250 m2 a partir del 9 de julio de 2015.

Cuando un Estado miembro establezca que la obligación de renovar cada año el 3 % de la superficie total se extiende a la superficie que tengan en propiedad y ocupen órganos administrativos de un nivel inferior al de la Administración central, ese 3 %  Esa cuota de, como mínimo, un 3 %  se calculará sobre la superficie total de los edificios  que tengan  con una superficie útil total de más de 500 m2 y, a partir del 9 de julio de 2015, de más de 250 m2 que tengan en propiedad y ocupen la Administración central y dichos órganos administrativos  , que sean propiedad de los organismos públicos  del Estado miembro correspondiente  y  que, el 1 de enero de cada año, no cumpla los requisitos nacionales de rendimiento energético mínimo establecidos en aplicación del artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE  2024 no sean edificios de consumo de energía casi nulo .

Cuando se adopten medidas de ejecución para la renovación completa de edificios de la Administración central de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán optar por considerar el edificio como un todo, con inclusión de la envolvente, el equipamiento, la explotación y el mantenimiento.

Los Estados miembros exigirán que, a la hora de aplicar medidas de eficiencia energética se dé prioridad a los edificios con peor rendimiento energético, cuando sea rentable y técnicamente viable.

2.    Los Estados miembros podrán decidir no establecer o no aplicar los requisitos a que se hace referencia en el apartado 1 a las siguientes categorías de edificios:

a)edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinados requisitos mínimos de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto;

b)edificios que sean propiedad de las fuerzas armadas o de la Administración central y se utilicen para fines de defensa nacional, aparte de los edificios destinados únicamente a alojamiento o los edificios de oficinas para las fuerzas armadas y otro personal contratado por las autoridades nacionales de defensa;

c)edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas.

3.    Si un Estado miembro renueva en un año determinado más del 3 % de la superficie total de los edificios de la Administración central, podrá computar el exceso en el índice de renovación anual de cualquiera de los tres años anteriores o siguientes.

24.  En casos excepcionales,  Los los Estados miembros podrán contabilizar, a efectos del índice de renovación anual de los edificios de las Administraciones centrales, los edificios nuevos que estas tengan en propiedad y ocupen en sustitución de edificios concretos de las Administraciones centrales  los organismos públicos  que se hayan demolido en cualquiera de los dos años anteriores, o edificios que se hayan vendido, demolido o dejado de utilizar en cualquiera de los dos años anteriores por haber dado un uso más intensivo a otros edificios.  Esas excepciones solo se aplicarán cuando sean más rentables y sostenibles en términos de energía y de emisiones de CO2 durante el ciclo de vida que las renovaciones de dichos edificios. Cada Estado miembro definirá con claridad y publicará los criterios generales, las metodologías o los procedimientos que haya empleado para detectar esos casos excepcionales. 

35. A efectos de lo dispuesto en el  presente artículo  apartado 1, los Estados miembros elaborarán y harán público, a más tardar el 31 de diciembre de 2013, un inventario de los edificios con calefacción y/oo sistema de refrigeración de las Administraciones centrales  de los organismos públicos  cuya superficie útil total sea de más de 500 m2 y, a partir del 9 de julio de 2015, de más de 250 m2, con exclusión de los edificios exentos en virtud del apartado 2.  Ese inventario se actualizará al menos una vez al año.  El inventario contendrá  ,como mínimo,  los siguientes datos:

a)la superficie en m2, y

b)el  certificado de  rendimiento energético de cada edificio o los datos pertinentes sobre energía  expedido de conformidad con el artículo 12 de la Directiva 2010/31/UE .

6.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los Estados miembros podrán optar por un enfoque alternativo a lo dispuesto en los apartados 1 a 5 del presente artículo, mediante el que tomen otras medidas rentables, que podrán incluir renovaciones profundas y medidas de modificación del comportamiento de los ocupantes, con el fin de alcanzar en 2020 un volumen de ahorro de energía en los edificios que reúnan los requisitos y que sus Administraciones centrales tengan en propiedad y ocupen que sea al menos equivalente al establecido en el apartado 1, de lo cual informarán anualmente.

A efectos del enfoque alternativo, los Estados miembros podrán estimar el ahorro de energía que se generaría con la aplicación de los apartados 1 a 4 mediante la utilización de valores estándares adecuados para el consumo de energía de edificios de referencia de Administraciones centrales, antes y después de la renovación, y según la estimación de la superficie de su parque inmobiliario. Las categorías de edificios de referencia de Administraciones centrales deberán ser representativas del parque inmobiliario de tales edificios.

Los Estados miembros que opten por el enfoque alternativo notificarán a la Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2013, las medidas alternativas que tienen previsto adoptar y explicarán de qué modo piensan alcanzar una mejora equivalente del rendimiento energético de los edificios pertenecientes al parque inmobiliario de las Administraciones centrales.

7.    Los Estados miembros animarán a los organismos públicos, también a escala regional y local, y a las entidades de Derecho público responsables de las viviendas sociales, teniendo debidamente en cuenta sus respectivas competencias y estructura administrativa, a que:

a)adopten un plan de eficiencia energética, independiente o dentro de un plan medioambiental o climático más amplio, que prevea objetivos y acciones de ahorro de energía y eficiencia energética específicos, con miras a seguir el papel ejemplarizante de los edificios de las Administraciones centrales previsto en los apartados 1, 5 y 6;

b)implanten un sistema de gestión energética, que incluya auditorías energéticas, dentro de la aplicación de su plan;

c)recurran, cuando proceda, a empresas de servicios energéticos y a contratos de rendimiento energético para financiar las renovaciones y ejecutar los planes para mantener o mejorar la eficiencia energética a largo plazo.

Artículo 76

 Contratación pública  Adquisición por los organismos públicos

1. Los Estados miembros garantizarán que las Administraciones centrales  , cuando celebren contratos públicos y concesiones de un valor igual o superior a los umbrales establecidos en el artículo 8 de la Directiva 2014/23/UE, el artículo 4 de la Directiva 2014/23/CE y el artículo 15 de la Directiva 2014/25/UE, los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras  adquieran solamente productos, servicios  , obras  y edificios que tengan un alto rendimiento energético, en la medida en que ello sea coherente con la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un sentido más amplio, la idoneidad técnica, así como una competencia suficiente, según lo indicado en el anexo III  de conformidad con los requisitos mencionados en el anexo IV de la presente Directiva .

La obligación establecida en el párrafo primero será aplicable a los contratos para la adquisición de productos, servicios y edificios por parte de organismos públicos, siempre que tales contratos sean de un valor igual o superior a los límites fijados en el artículo 7 de la Directiva 2004/18/CE.

 nuevo

Los Estados miembros velarán asimismo por que, al celebrar contratos públicos y concesiones de un valor igual o superior a los umbrales a que se refiere el párrafo primero, los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras apliquen el principio de «primero, la eficiencia energética» a que se refiere el artículo 3 de la presente Directiva, incluidos los contratos públicos y las concesiones para los que el anexo IV no establezca requisitos específicos.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

2. La obligación a que se refiere el apartado 1 será aplicable a los contratos de las fuerzas armadas únicamente en la medida en que su aplicación no dé lugar a conflicto alguno con la naturaleza y los objetivos básicos de las actividades de las fuerzas armadas. La obligación no se aplicará a los contratos de suministro de equipo militar tal como se define en la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad 110 .

3. Los Estados miembros animarán a los organismos públicos, también a escala regional y local, teniendo debidamente en cuenta sus respectivas competencias y estructura administrativa, a que sigan el ejemplo de sus Administraciones centrales para adquirir solamente productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético.  No obstante lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 24 de la presente Directiva,  Loslos Estados miembros  , cuando celebren contratos de servicios con una componente energética importante,  animarán a los organismos públicos  se asegurarán de que los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras  a evaluar, en los procedimientos de licitación para contratos de servicios con una componente energética importante, la posibilidad de  evalúen la viabilidad de  celebrar contratos de rendimiento energético a largo plazo que ofrezcan un ahorro de energía a largo plazo.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, al adquirir un paquete de productos a los que se aplique  plenamente , en su conjunto, un acto delegado adoptado en virtud del Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo 111  de la Directiva 2010/30/UE, los Estados miembros podrán exigir que la eficiencia energética agregada tenga primacía sobre la eficiencia energética de los productos de ese paquete considerados por separado, adquiriendo el paquete de productos que cumpla el criterio de pertenencia a la clase de eficiencia energética más alta.

 nuevo

5. Los Estados miembros podrán exigir que los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras tengan en cuenta, cuando proceda, aspectos más amplios en materia de sostenibilidad, medio ambiente y economía circular y aspectos de tipo social en las prácticas de contratación pública, con vistas a alcanzar los objetivos de descarbonización y contaminación cero de la Unión. Cuando proceda, y de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo IV, los Estados miembros exigirán a los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras que tengan en cuenta los criterios de contratación pública ecológica de la Unión.

Para garantizar la transparencia de la aplicación de los requisitos de eficiencia energética en el proceso de contratación pública, los Estados miembros pondrán a disposición del público información sobre el impacto en la eficiencia energética de los contratos de un valor igual o superior a los umbrales a que se refiere el apartado 1. Los poderes adjudicadores podrán decidir exigir a los licitadores que faciliten información sobre el potencial de calentamiento global del ciclo de vida de un nuevo edificio, y podrán ponerla a disposición del público para los contratos, en particular en el caso de los edificios nuevos con una superficie superior a 2 000 m2.

Los Estados miembros apoyarán a los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras en la adopción de requisitos de eficiencia energética, también a nivel regional y local, proporcionando normas y directrices claras, incluidas metodologías sobre la evaluación de los costes del ciclo de vida y los impactos y costes medioambientales, estableciendo centros de apoyo de la competencia, fomentando la cooperación entre los poderes adjudicadores, también a través de las fronteras, y utilizando la contratación agregada y digital cuando sea posible.

6. Los Estados miembros establecerán las disposiciones legales y reglamentarias, y las prácticas administrativas, relativas a la contratación y a la presupuestación y contabilidad anuales del sector público que sean necesarias para garantizar que los poderes adjudicadores no desistan de hacer inversiones que mejoren la eficiencia energética ni de utilizar contratos de rendimiento energético o mecanismos de financiación por terceros mediante contratos de larga duración.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

7. b)  Los Estados miembros eliminarán todas las barreras reglamentarias o no reglamentarias a la eficiencia energética, en particular  las disposiciones legales y reglamentarias, y las prácticas administrativas, relativas a la contratación y a la presupuestación y contabilidad anuales del sector público, con miras a garantizar que los organismos públicos no desistan de hacer inversiones que mejoren la eficiencia energética y minimicen los costes estimados del ciclo de vida, ni de utilizar los contratos de rendimiento energético u otros o mecanismos de financiación por terceros mediante contratos de larga duración.

 nuevo

Los Estados miembros informarán a la Comisión de las medidas que hayan adoptado para abordar las barreras a la adopción de mejoras de la eficiencia energética como parte de los informes de situación nacionales integrados de energía y clima previstos en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2018/1999.

🡻 2018/2002 artículo 1.3 (adaptado)

 nuevo

CAPÍTULO III

 EFICIENCIA DEL USO DE ENERGÍA 

Artículo 87

Obligación de ahorro de energía

1. Los Estados miembros lograrán un ahorro acumulado de uso final de la energía, como mínimo equivalente a:

a)la consecución de un nuevo ahorro cada año, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020, del 1,5 % de las ventas anuales de energía a clientes finales, en volumen, como promedio de los últimos tres años previos al 1 de enero de 2013. Se podrán excluir total o parcialmente de ese cálculo las ventas de energía, en volumen, empleada para el transporte;

b)la consecución de un nuevo ahorro cada año, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2030  2023 , del 0,8 % del consumo anual de energía final, como promedio de los últimos tres años previos al 1 de enero de 2019. No obstante lo dispuesto en dicho requisito, Chipre y Malta deberán lograr cada año, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2030  2023 , un nuevo ahorro equivalente al 0,24 % del consumo anual de energía final, como promedio de los últimos tres años previos al 1 de enero de 2019;.

 nuevo

c)la consecución de un nuevo ahorro cada año, desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2030, del 1,5 % del consumo anual de energía final, como promedio de los tres años previos al 1 de enero de 2020.

🡻 2018/2002 artículo 1.3 (adaptado)

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Los Estados miembros decidirán cómo calcular la cantidad de nuevo ahorro para repartir a lo largo de cada uno de los períodos referidos en el párrafo primero, letras a) y, b)  y c) , el nuevo ahorro, siempre que al término de cada período se haya alcanzado el total del ahorro energético acumulado acumulado de uso final de la energía requerido.

Los Estados miembros seguirán obteniendo un nuevo ahorro anual, de conformidad con  la tasa de ahorro prevista en la letra c)  delel párrafo primero, letra b), por períodos de diez años, después de 2030, salvo si las revisiones efectuadas por la Comisión hasta 2028 y cada diez años a partir de esa fecha, concluyen que no resulta necesario alcanzar los objetivos de la Unión a largo plazo en materia de energía y clima para 2050.

2. Los Estados miembros alcanzarán la cantidad de ahorro de energía requerida en el apartado 1 del presente artículo estableciendo un sistema de obligaciones de eficiencia energética conforme al artículo 97 bis o adoptando medidas de actuación alternativas conforme al artículo 107 ter. Los Estados miembros podrán combinar un sistema de obligaciones de eficiencia energética con medidas de actuación alternativas. Los Estados miembros velarán por que el ahorro  de energía  resultante de las medidas de actuación a que se refieren los artículos 97 bis y 107 ter, y el artículo 28, apartado 1120, apartado 6, se calcule de conformidad con el anexo V.

 nuevo

3. Los Estados miembros aplicarán sistemas de obligaciones de eficiencia energética, medidas de actuación alternativas, o una combinación de ambos, o programas o medidas financiados con cargo a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con carácter prioritario entre las personas afectadas por la pobreza energética, los clientes vulnerables y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales. Los Estados miembros velarán por que las medidas de actuación adoptadas con arreglo al presente artículo no tengan efectos adversos para esas personas. Cuando proceda, los Estados miembros harán el mejor uso posible de la financiación, en particular de la financiación pública, los mecanismos de financiación establecidos a escala de la Unión y los ingresos procedentes de los derechos de emisión de conformidad con el artículo 22, apartado 3, letra b), con el fin de eliminar los efectos adversos y garantizar una transición energética justa e inclusiva.

Al diseñar esas medidas de actuación, los Estados miembros tendrán en cuenta y promoverán la contribución de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía a la aplicación de dichas medidas.

Los Estados miembros obtendrán una proporción de la cantidad exigida de ahorro acumulado de uso final de la energía de las personas afectadas por la pobreza energética, los clientes vulnerables y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales. Esa proporción será, como mínimo, equivalente a la proporción de hogares en situación de pobreza energética, según la evaluación realizada en el plan nacional de energía y clima, de conformidad con el artículo 3, apartado 3, letra d), del Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza. Si un Estado miembro no ha notificado la proporción de hogares en situación de pobreza energética, según la evaluación realizada en el plan nacional de energía y clima, la proporción de la cantidad exigida de ahorro acumulado de uso final de la energía que deberá obtenerse de las personas afectadas por la pobreza energética, los clientes vulnerables y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales, será, como mínimo, equivalente a la media aritmética de la proporción de los siguientes indicadores correspondientes al año 2019 o, si no se dispone de ellos en relación con 2019, a la extrapolación lineal de los valores de los tres últimos años disponibles:

a)incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]);

b)atrasos en el pago de las facturas de servicios básicos (Eurostat, SILC [ilc_mdes07]); y

c)estructura del gasto en consumo por quintiles de renta y por finalidad de consumo de la COICOP (Eurostat, HBS, [hbs_str_t223], datos para [CP045] Electricidad, gas y otros combustibles).

4. Los Estados miembros incluirán información sobre los indicadores aplicados, la media aritmética de la proporción y los resultados de las medidas de actuación establecidas de conformidad con el apartado 3 del presente artículo en las actualizaciones de sus planes nacionales integrados de energía y clima, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2018/1999, en sus planes nacionales integrados de energía y clima siguientes, con arreglo al artículo 3 y los artículos 7 a 12 del Reglamento (UE) 2018/1999, y en los informes de situación correspondientes, de conformidad con el artículo 17 de dicho Reglamento.

🡻 2018/2002 artículo 1.3 (adaptado)

 nuevo

5. Los Estados miembros podrán contabilizar el ahorro de energía derivado de medidas de actuación, introducidas a más tardar el 31 de diciembre de 2020 o después de dicha fecha, siempre y cuando esas medidas se traduzcan en nuevas actuaciones individuales emprendidas con posterioridad al 31 de diciembre de 2020.  El ahorro de energía logrado en cualquier período de obligación no se contabilizará a efectos del ahorro de energía requerido para los períodos de obligación anteriores establecidos en el apartado 1 .

62. Siempre que los Estados miembros logren cumplir al menos su obligación de ahorro acumulado de uso final de la energía, que se indica en el apartado 1, párrafo primero, letra b), podrán calcular la cantidad necesaria de ahorro de energía  a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letra b),  mediante uno o más de uno de los siguientes métodos:

a)la aplicación de una tasa anual de ahorro en venta de energía a clientes finales o en consumo de energía final, como promedio de los últimos tres años previos al 1 de enero de 2019;

b)excluyendo de la base de cálculo, de forma total o parcial, la energía empleada en el transporte;

c)empleando cualquiera de las opciones que figuran en el apartado 4.

73. En los casos en los que los Estados miembros aprovechen  cualquiera de  las posibilidades que se detallan en el apartado 2, letras a), b) o c)  en relación con el ahorro de energía requerido a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letra b) , establecerán lo siguiente:

a)su propia la tasa anual de ahorro propia que se aplicará al cálculo de su ahorro acumulado de uso final de la energía, para asegurarse de que la cantidad final de ahorro de energía neto no es inferior a la requerida en el apartado 1, párrafo primero, letra b),; y

b)su propia base de cálculo, que puede excluir, total o parcialmente, la energía empleada en el transporte.

84. A reserva del apartado 95, cada Estado miembro podrá:

a)realizar el cálculo previsto en el apartado 1, párrafo primero, letra a), aplicando un valor del 1 % en 2014 y 2015; del 1,25 % en 2016 y 2017; y del 1,5 % en 2018, 2019 y 2020;

b)excluir del cálculo la totalidad o una parte de las ventas de energía empleada por volumen, con respecto al período de obligación indicado en el apartado 1, párrafo primero, letra a), o la energía final consumida, con respecto al período de obligación indicado en la letra b) de dicho párrafo, por parte de actividades industriales enumeradas en el anexo I a de la Directiva 2003/87/CE;

c)contabilizar en la cantidad de ahorro de energía requerido  en el apartado 1, párrafo primero, letras a) y b),  el ahorro de energía obtenido en los sectores de la transformación, distribución y transporte de energía, incluida la infraestructura urbana de calefacción y refrigeración eficiente, como resultado de la aplicación de los requisitos establecidos en el artículo 23, apartado 4, el artículo 24, apartado 4, letra b), y el artículo 25, apartados 1 a 10 artículo 14, apartado 4, el artículo 14, apartado 5, letra b), y el artículo 15, apartados 1 a 6 y apartado 9. Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca de las medidas de actuación previstas para el período que va del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2030 como parte de sus planes nacionales integrados de energía y clima. La repercusión de esas medidas se calculará de conformidad con lo dispuesto en el anexo V y se incluirá en dichos planes;

d)contabilizar en la cantidad de ahorro de energía requerido el ahorro de energía derivado de toda actuación individual llevada a cabo desde el 31 de diciembre de 2008 que siga teniendo un impacto en 2020 con respecto al período de obligación indicado en el apartado 1, párrafo primero, letra a), y con posterioridad a 2020 con respecto al período indicado en el apartado 1, párrafo primero, letra b), y que pueda medirse y comprobarse;

e)contabilizar en la cantidad de ahorro de energía requerido el ahorro de energía derivado de medidas de actuación, siempre y cuando pueda demostrarse que dichas medidas se traducen en nuevas actuaciones individuales emprendidas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020 que generen ahorro con posterioridad al 31 de diciembre de 2020;

f)excluir del cálculo de la cantidad de ahorro de energía requerido  con arreglo al apartado 1, párrafo primero, letras a) y b),  el 30 % de la cantidad verificable de energía generada en el exterior o el interior de edificios para uso propio como resultado de medidas de actuación que promuevan la nueva instalación de tecnologías basadas en energías renovables;

g)incluir dentro de la cantidad de ahorro de energía requerido  con arreglo al apartado 1, párrafo primero, letras a) y b),  el ahorro de energía que supere el ahorro de energía en el período de obligación que va del comprendido entre el 1 de enero de 2014 al y el 31 de diciembre de 2020, siempre que dicho ahorro se obtenga a raíz de acciones individuales emprendidas con arreglo a medidas de actuación indicadas en los artículos 7 bis y 7 ter 9 y 10 de la presente Directiva, notificadas por los Estados miembros en sus planes nacionales de acción para la eficiencia energética y consignadas en sus informes de situación de conformidad con el artículo 24.

95. Los Estados miembros aplicarán y calcularán separadamente el efecto de las opciones seleccionadas en virtud del apartado 84 respecto a los períodos al período a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letras a) y b), a saber:

a)para calcular la cantidad de ahorro de energía requerido respecto al período de obligación a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letra a), los Estados miembros podrán aplicar el apartado 84, letras a) a d). Las opciones seleccionadas en aplicación del apartado 4 no deberán representar, en conjunto, más del 25 % de la cantidad de ahorro de energía a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letra a);

b)para calcular la cantidad de ahorro de energía requerido respecto al período de obligación a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letra b), los Estados miembros podrán aplicar el apartado 84, letras b) a g), a condición de que las actuaciones individuales a tenor del indicadas en el apartado 4, letra d), sigan teniendo un impacto verificable y medible con posterioridad al 31 de diciembre de 2020. Todas las opciones seleccionadas en aplicación del apartado 84 consideradas en conjunto no deberán conducir a una reducción de más del 35 % de la cantidad de ahorro de energía calculada conforme a los apartados 6273.

Independientemente de si los Estados miembros excluyen la energía empleada en el transporte de forma total o parcial de su base de cálculo o de si emplean cualquiera de las opciones detalladas en el apartado 84, garantizarán que la cantidad neta calculada de nuevo ahorro de consumo de energía final a obtener que debe obtenerse en el período de obligación  a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letra b),  comprendido entre el que va del 1 de enero de 2021 al y el 31 de diciembre de 2030  2023 , no será sea inferior a la cantidad resultante de la aplicación de la tasa anual de ahorro indicada en el apartado 1, párrafo primero, letra b).

106.    De conformidad con el anexo III del Reglamento (UE) 2018/1999, los Los Estados miembros incluirán en  las actualizaciones de  sus planes nacionales integrados de energía y clima  , de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2018/1999, en sus planes nacionales integrados de energía y clima siguientes, con arreglo al artículo 3, los artículos 7 a 12 y el anexo III del Reglamento (UE) 2018/1999, y en los respectivos informes de situación  una descripción del cálculo del ahorro de energía que se habrá de alcanzar a lo largo del período que va del comprendido entre el 1 de enero de 2021 al y el 31 de diciembre de 2030 que se indica en el apartado 1, párrafo primero, letra b), del presente artículo. Además, si resulta pertinente, explicarán la manera en que se establecieron la tasa anual de ahorro y la base de cálculo, y cómo y en qué medida se aplicaron las opciones del apartado 84 del presente artículo.

 nuevo

11.    Los Estados miembros notificarán a la Comisión la cantidad de ahorro de energía requerido a que se refieren el apartado 1, párrafo primero, letra c), y el apartado 3 del presente artículo, una descripción de las medidas de actuación que vayan a aplicar para lograr el objetivo acumulado de uso final de la energía requerido y sus métodos de cálculo, con arreglo al anexo V de la presente Directiva, como parte de las actualizaciones de sus planes nacionales integrados de energía y clima, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2018/1999, y como parte de los planes nacionales integrados de energía y clima a que se refieren el artículo 3 y los artículos 7 a 12 del Reglamento (UE) 2018/1999, y de conformidad con el procedimiento establecido en esos artículos. Los Estados miembros utilizarán la plantilla de notificación que la Comisión les haya facilitado.

12.    Cuando, sobre la base de la evaluación de los informes de situación nacionales integrados de energía y clima realizada con arreglo al artículo 29 del Reglamento (UE) 2018/1999, o del borrador o la actualización final del último plan nacional integrado de energía y clima notificado con arreglo al artículo 14 del Reglamento (UE) 2018/1999, o de la evaluación de los borradores o versiones finales de los planes nacionales integrados de energía y clima siguientes con arreglo al artículo 3 del Reglamento (UE) 2018/1999, la Comisión concluya que las medidas de actuación no garantizan la consecución de la cantidad requerida de ahorro acumulado de uso final de la energía al concluir el período de obligación, podrá formular recomendaciones, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento (UE) 2018/1999, a aquellos Estados miembros cuyas medidas de actuación considere insuficientes, para garantizar que estos cumplen su obligación de ahorro de energía.

🡻 2018/2002 artículo 1.3

7.    El ahorro de energía conseguido con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 no podrá contabilizarse en la cantidad de ahorro de energía requerida para el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020.

 nuevo

13. Cuando un Estado miembro no haya logrado el ahorro acumulado de uso final de la energía requerido al final de cada uno de los períodos de obligación establecidos en el apartado 1 del presente artículo, deberá alcanzar el ahorro de energía pendiente, además del ahorro acumulado de uso final de la energía requerido, antes de que finalice el período de obligación siguiente.

🡻 2018/2002 artículo 1.3

 nuevo

8.    No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, los Estados miembros que permitan a las partes obligadas emplear la opción detallada en el artículo 7 bis, apartado 6, letra b), podrán, a efectos del apartado 1, párrafo primero, letra a), del presente artículo, incluir el ahorro de energía obtenido en cualquier año con posterioridad a 2010 y con anterioridad al período de obligación a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letra a), del presente artículo como si dicho ahorro de energía se hubiese obtenido después del 31 de diciembre de 2013 y antes del 1 de enero de 2021, siempre que se den las siguientes circunstancias:

a)el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética estaba en vigor en algún momento entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2014 y se incluía en el primer plan nacional de acción para la eficiencia energética presentado con arreglo al artículo 24, apartado 2;

b)el ahorro se obtuvo con arreglo al sistema de obligaciones;

c)el ahorro se calculó de conformidad con el anexo V;

d)los años en los que se contabilizó como obtenido el ahorro se han registrado en los planes nacionales de acción para la eficiencia energética de conformidad con el artículo 24, apartado 2.

9.    Los Estados miembros velarán por que el ahorro resultante de las medidas de actuación a que se refieren los artículos 7 bis y 7 ter, y el artículo 20, apartado 6, se calcule de conformidad con el anexo V.

10.    Los Estados miembros alcanzarán la cantidad de ahorro de energía requerida en el apartado 1 del presente artículo estableciendo un sistema de obligaciones de eficiencia energética conforme al artículo 7 bis o adoptando medidas de actuación alternativas conforme al artículo 7 ter. Los Estados miembros podrán combinar un sistema de obligaciones de eficiencia energética con medidas de actuación alternativas.

11.    Al concebir las medidas de actuación para cumplir su obligación de obtener ahorro de energía, los Estados miembros deberán tener en cuenta la necesidad de aliviar la pobreza energética, de conformidad con los criterios que hayan establecido y tomando en consideración sus prácticas disponibles en este ámbito, exigiendo, en la medida apropiada, una cuota de medidas de eficiencia energética en el marco de sus sistemas nacionales de obligaciones de eficiencia energética, medidas de actuación alternativas o programas o medidas financiados con cargo a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética que deberá aplicarse de manera prioritaria entre los hogares vulnerables, incluyendo aquellos afectados por la pobreza energética y, cuando corresponda, en las viviendas sociales.

Los Estados miembros incluirán información acerca del resultado de las medidas adoptadas para aliviar la pobreza energética en el contexto de la presente Directiva en sus informes de situación integrados en materia de energía y clima, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999.

1412.  Como parte de sus actualizaciones de los planes nacionales de energía y clima y de los respectivos informes de situación, y de sus planes nacionales integrados de energía y clima siguientes y notificados con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1999,  En caso de solapamiento de los efectos de las medidas de actuación o las acciones individuales, los Estados miembros  demostrarán, incluyendo, cuando proceda, pruebas y cálculos, lo siguiente: 

a)    que, en caso de solapamiento de los efectos de las medidas de actuación o las acciones individuales, demostrarán que el ahorro de energía no se contabiliza dos veces;.

 nuevo

b)    de qué manera el ahorro de energía logrado con arreglo al apartado 1, párrafo primero, letras b) y c), contribuye a la consecución de la contribución nacional prevista en el artículo 4;

c)    que las medidas de actuación se establecen para cumplir su obligación de ahorro de energía, han sido diseñadas de conformidad con los requisitos del presente artículo, y que son admisibles y adecuadas para garantizar la consecución de la cantidad requerida de ahorro acumulado de uso final de la energía, a más tardar, al final de cada período de obligación.

🡻 2018/2002 artículo 1.4

 nuevo

Artículo 97 bis

Sistemas de obligaciones de eficiencia energética

1. Si los Estados miembros deciden cumplir sus obligaciones de alcanzar la cantidad de ahorro requerida por el artículo 87, apartado 1, mediante un sistema de obligaciones de eficiencia energética, velarán por que las partes obligadas a que se refiere el apartado 2 del presente artículo que operen en el territorio del Estado miembro cumplan, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 87, apartados 94105, su requisito de ahorro acumulado de uso final de la energía, según lo establecido en el artículo 87, apartado 1.

Cuando proceda, los Estados miembros podrán decidir que las partes obligadas cumplan todos sus requisitos de ahorro o parte de ellos en forma de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, apartado 1120, apartado 6.

2. Con base en criterios objetivos y no discriminatorios, los Estados miembros designarán a las partes obligadas entre los  gestores de redes de transporte, los  distribuidores de energía, las empresas minoristas de venta de energía y los distribuidores o minoristas de combustible para transporte que operen en su territorio. La cantidad de ahorro de energía necesaria para dar cumplimiento a la obligación será obtenida por las partes obligadas entre los clientes finales, designados por los Estados miembros, independientemente del cálculo efectuado con arreglo al artículo 87, apartado 1, o, si así lo deciden los Estados miembros, a través de ahorros certificados procedentes de otras partes, tal como se describe en el apartado 106, letra a), del presente artículo.

3. Cuando se designe a las empresas minoristas de venta de energía como partes obligadas en virtud del apartado 2, los Estados miembros velarán por que, en cumplimiento de su obligación, las empresas minoristas de venta de energía no establezcan obstáculos de ningún tipo que impidan a los consumidores cambiar de proveedor suministrador.

 nuevo

4. Los Estados miembros podrán exigir a las partes obligadas que obtengan una proporción de su obligación de ahorro de energía de entre las personas afectadas por la pobreza energética, los clientes vulnerables y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales. Los Estados miembros también podrán exigir a las partes obligadas que alcancen objetivos de reducción de los costes de la energía y que logren un ahorro de energía mediante el fomento de medidas de mejora de la eficiencia energética, incluidas medidas de apoyo financiero que mitiguen los efectos de los precios del carbono en las pymes y las microempresas.

5. Los Estados miembros podrán exigir a las partes obligadas que colaboren con las autoridades locales o los municipios para promover medidas de mejora de la eficiencia energética entre las personas afectadas por la pobreza energética, los clientes vulnerables y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales. Esto implica que deben detectarse y abordarse las necesidades específicas de aquellos grupos que están en riesgo de sufrir pobreza energética o que son más vulnerables a sus efectos. Para proteger a las personas afectadas por la pobreza energética, a los clientes vulnerables y, en su caso, a las personas que viven en viviendas sociales, los Estados miembros alentarán a las partes obligadas a llevar a cabo acciones tales como la renovación de edificios, incluidas las viviendas sociales, la sustitución de aparatos, el apoyo financiero y los incentivos para adoptar medidas de mejora de la eficiencia energética de conformidad con los sistemas nacionales de financiación y apoyo, o las auditorías energéticas.

6. Los Estados miembros exigirán a las partes obligadas que informen anualmente sobre el ahorro de energía que hayan logrado mediante acciones promovidas entre las personas afectadas por la pobreza energética, los clientes vulnerables y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales, y exigirán información estadística agregada sobre sus clientes finales (indicando los cambios en el ahorro de energía respecto de la información presentada previamente) y sobre el apoyo técnico y financiero que hayan prestado.

🡻 2018/2002 artículo 1.4 (adaptado)

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74. Los Estados miembros expresarán la cantidad de ahorro de energía requerida de cada parte obligada en términos de consumo de energía primaria o consumo de energía final. El método elegido para expresar la cantidad de ahorro de energía requerida se utilizará también para calcular el ahorro comunicado por las partes obligadas.  Al convertir la cantidad de ahorro de energía,  Sese aplicarán los  valores caloríficos netos  factores de conversión que figuran en el  anexo VI del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión 112 y el factor de energía primaria a que se refiere el artículo 29  anexo IV  , excepto si puede justificarse la utilización de otros factores de conversión .

85. Los Estados miembros establecerán sistemas de medición, control y verificación  para llevar  en virtud de los cuales se lleve a cabo una verificación documentada de, al menos, una parte estadísticamente significativa y una muestra representativa de las medidas de mejora de la eficiencia energética que apliquen las partes obligadas. La medición, el control y la verificación se llevarán a cabo independientemente de las partes obligadas.  Cuando una entidad sea una parte obligada en el marco de un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética en virtud del artículo 9 y del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea para los edificios y el transporte por carretera [referencia a la propuesta], el sistema de seguimiento y verificación garantizará que el precio del carbono repercutido al liberar combustible para el consumo [con arreglo al artículo XX de la Directiva XX] se tenga en cuenta en el cálculo y la notificación del ahorro de energía logrado gracias a las medidas de ahorro de energía de la entidad. 

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9. Los Estados miembros deberán informar a la Comisión, como parte de los informes de situación nacionales integrados de energía y clima realizados con arreglo al artículo 17 del Reglamento (UE) 2018/1999, de los sistemas de medición, control y verificación que hayan establecido, por ejemplo los métodos empleados, los problemas detectados y la manera en que se abordaron.

🡻 2018/2002 artículo 1.4 (adaptado)

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106. Dentro del sistema de obligaciones de eficiencia energética, los Estados miembros podrán  autorizar a las partes obligadas a  alternativamente o simultáneamente:

a)permitir a las partes obligadas que contabilicen  contabilizar , para llegar a la obligación impuesta, el ahorro de energía certificado obtenido por proveedores de servicios energéticos u otros terceros, incluso cuando las partes obligadas promuevan medidas a través de otros organismos autorizados por el Estado o de autoridades públicas que pueden puedan o no entrañar asociaciones formales y pueden puedan combinarse con otras fuentes de financiación; cuando los Estados miembros lo permitan, se asegurarán de que la certificación de los ahorros del ahorro de energía es sea el resultado de un proceso de autorización implantado en los Estados miembros que sea claro, transparente y abierto a todos los agentes del mercado, y que tienda a minimizar los costes de la certificación;

b)permitir a las partes obligadas que contabilicen contabilizar el ahorro obtenido en un año determinado como si se hubiera obtenido en cualquiera de los cuatro años anteriores o de los tres años siguientes, a condición de que no se supere el fin de los períodos de obligación a que se refiere el artículo 87, apartado 1.

Los Estados miembros evaluarán y, en su caso, tomarán medidas para minimizar la repercusión de los costes directos e indirectos de los sistemas de obligaciones de eficiencia energética en la competitividad de las industrias de gran consumo de energía expuestas a la competencia internacional.

117. Los Estados miembros publicarán anualmente el ahorro de energía obtenido por cada parte obligada, o cada subcategoría de parte obligada, así como el ahorro total, en aplicación del sistema.

Artículo 107 ter

Medidas de actuación alternativas

1. Si los Estados miembros deciden cumplir sus obligaciones de alcanzar la cantidad de ahorro requerida por el artículo 87, apartado 1, mediante medidas de actuación alternativas, velarán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 87, apartados 94105, por que el ahorro de energía requerido por el artículo 87, apartado 1, se alcance entre los clientes finales.

2. Para todas las medidas distintas de las impositivas, los Estados miembros establecerán sistemas de medición, control y verificación en virtud de los cuales se lleve a cabo una verificación documentada de, al menos, una parte estadísticamente significativa y una muestra representativa de las medidas de mejora de la eficiencia energética que apliquen las partes participantes o encargadas. La medición, el control y la verificación se llevarán a cabo independientemente de las partes participantes o encargadas.

 nuevo

3. Los Estados miembros deberán informar a la Comisión, como parte de los informes de situación nacionales integrados de energía y clima realizados con arreglo al artículo 17 del Reglamento (UE) 2018/1999, de los sistemas de medición, control y verificación que hayan establecido, por ejemplo los métodos empleados, los problemas detectados y la manera en que se abordaron.

4. Cuando notifiquen una medida fiscal, los Estados miembros demostrarán cómo se ha garantizado la eficacia de la señal de precios, como el tipo impositivo y la visibilidad a lo largo del tiempo, en el diseño de la medida fiscal. Cuando el tipo impositivo disminuya, los Estados miembros justificarán cómo las medidas impositivas siguen generando un nuevo ahorro de energía.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

Artículo 118

Auditorías energéticas y sSistemas de gestión energética de la energía  y auditorías energéticas 

 nuevo

1. Los Estados miembros velarán por que las empresas con un consumo medio anual de energía superior a 100 TJ durante los tres años anteriores y que reúnan todos los vectores energéticos apliquen un sistema de gestión de la energía. El sistema de gestión de la energía será certificado por un organismo independiente con arreglo a las normas europeas o internacionales pertinentes.

2. Los Estados miembros velarán por que las empresas con un consumo medio anual de energía superior a 10 TJ durante los tres años anteriores, que reúnan todos los vectores energéticos y que no apliquen un sistema de gestión de la energía sean objeto de una auditoría energética. Las auditorías energéticas serán realizadas de manera independiente y rentable por expertos cualificados o acreditados de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 26, o serán ejecutadas y supervisadas por autoridades independientes con arreglo a la legislación nacional. Las auditorías energéticas se llevarán a cabo al menos cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior.

Los resultados de las auditorías energéticas, incluidas las recomendaciones resultantes de ellas, deberán transmitirse a la dirección de la empresa. Los Estados miembros velarán por que los resultados y las recomendaciones aplicadas se publiquen en el informe anual de la empresa, cuando proceda.

🡻 2012/27/UE

 nuevo

31. Los Estados miembros fomentarán que todos los clientes finales puedan acceder a auditorías energéticas de elevada calidad, con una buena relación entre coste y eficacia, y:

a)realizadas de manera independiente por expertos cualificados o/yo acreditados con arreglo a unos criterios de cualificación,; o

b)ejecutadas y supervisadas por autoridades independientes con arreglo al Derecho nacional.

Las auditorías energéticas a que se refiere el párrafo primero podrán ser efectuadas por expertos internos o auditores energéticos siempre que el Estado miembro correspondiente haya establecido un sistema que garantice y compruebe su calidad y en el que, entre otras cosas, se realice, si ha lugar, una selección aleatoria anual de, como mínimo, un porcentaje estadísticamente significativo de todas las auditorías energéticas que han realizado.

A fin de garantizar la elevada calidad de las auditorías energéticas y los sistemas de gestión energética de la energía, los Estados miembros fijarán unos criterios mínimos, transparentes y no discriminatorios, para las auditorías energéticas basados en el anexo VI.  Los Estados miembros velarán por que se lleven a cabo controles de calidad para garantizar la validez y la exactitud de las auditorías energéticas. 

Las auditorías energéticas no contendrán cláusulas que impidan transmitir las conclusiones de la auditoría a los proveedores de servicios energéticos cualificados o acreditados, a condición de que el cliente no se oponga.

42. Los Estados miembros elaborarán programas que alienten a las PYME pymes  que no entren dentro del ámbito de aplicación de los apartados 1 o 2  a realizar auditorías energéticas y a aplicar posteriormente las recomendaciones de dichas auditorías.

Basándose en criterios transparentes y no discriminatorios y sin perjuicio de las normas de la Unión en materia de ayudas públicas, los Estados miembros podrán establecer regímenes de ayuda a las PYMEpymes, también en el caso de que hayan celebrado acuerdos voluntarios, para cubrir los costes relativos a una auditoría energética y a la aplicación de las recomendaciones de un elevado grado de rentabilidad formuladas en las auditorías, siempre que se apliquen las medidas propuestas.

Los Estados miembros darán a las PYMEpymes, entre otros, a través de sus organizaciones intermediarias de representación, ejemplos concretos de las ventajas de los sistemas de gestión energética de la energía para sus negocios. La Comisión ayudará a los Estados miembros apoyando el intercambio de las mejores prácticas a este respecto.

3.    Los Estados miembros también elaborarán programas para una mayor concienciación en los hogares sobre los beneficios de estas auditorías por medio de servicios de asesoramiento apropiados.

Los Estados miembros fomentarán que se impartan programas de formación para la cualificación de auditores energéticos con el fin de promover que exista un número suficiente de expertos.

4.    Los Estados miembros velarán por que se someta a las empresas que no sean PYME a una auditoría energética realizada de manera independiente y con una buena rentabilidad por expertos cualificados y/o acreditados o ejecutada y supervisada por autoridades independientes con arreglo al Derecho nacional a más tardar el 5 de diciembre de 2015, y como mínimo cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior.

 nuevo

5. Los Estados miembros elaborarán programas que alienten a las empresas distintas de las pymes que no entren dentro del ámbito de aplicación de los apartados 1 o 2 a realizar auditorías energéticas y a aplicar posteriormente las recomendaciones de estas.

🡻 2012/27/UE

 nuevo

65. Se considerará que las auditorías energéticas cumplen los requisitos establecidos en el apartado 4  2  cuando se efectúen de manera independiente, siguiendo unos criterios mínimos basados en las orientaciones expuestas en el anexo VI, y llevadas a cabo en virtud de acuerdos voluntarios celebrados entre organizaciones de interesados y un organismo nombrado, y supervisadas por el Estado miembro interesado, o por otros organismos en los que las autoridades competentes hayan delegado esa responsabilidad, o por la Comisión.

El acceso de los agentes del mercado que ofrezcan servicios energéticos se realizará sobre la base de criterios transparentes y no discriminatorios.

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7. Las empresas que ejecuten un contrato de rendimiento energético quedarán exentas de los requisitos de los apartados 1 y 2, siempre que el contrato de rendimiento energético cumpla los requisitos establecidos en el anexo XIV.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

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86. Se eximirá del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4  los apartados 1 y 2  a aquellas empresas que no sean PYME y que apliquen un sistema de gestión energética o ambiental —certificado por un organismo independiente con arreglo a las normas europeas o internacionales correspondientes—, siempre que los Estados miembros garanticen que el sistema de gestión  ambiental  de que se trate incluya una auditoría energética realizada conforme a los criterios mínimos basados en el anexo VI.

97. Las auditorías energéticas pueden tener carácter específico o bien formar parte de una auditoría medioambiental más amplia. Los Estados miembros podrán exigir que la auditoría energética incluya una evaluación de la viabilidad técnica y económica de conexión a un sistema urbano de calefacción o refrigeración urbana planificado o existente.

Sin perjuicio de las normas de la Unión en materia de ayudas públicas, los Estados miembros podrán aplicar regímenes de incentivación y ayuda para la puesta en práctica de las recomendaciones derivadas de auditorías energéticas y otras medidas similares.

 nuevo

10. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 9, los Estados miembros exigirán que los propietarios y operadores de cada centro de datos de su territorio con un consumo de energía significativo pongan a disposición del público, a más tardar el 15 de marzo de 2024 y posteriormente cada año, la información indicada en el punto 2 del anexo VI, que los Estados miembros comunicarán posteriormente a la Comisión.

🡻 2012/27/UE

Artículo 129

🡻 2019/944 artículo 70.1.a)

Medición de gas natural

🡻 2019/944 artículo 70.1.b)

1. Siempre que sea técnicamente posible, financieramente razonable y proporcionado en relación con el ahorro potencial de energía, los Estados miembros velarán por que los clientes finales de gas natural reciban contadores individuales a un precio competitivo, que reflejen exactamente el consumo real de energía del cliente final y que proporcionen información sobre el tiempo real de uso.

🡻 2012/27/UE

Siempre se proporcionarán tales contadores individuales de precio competitivo cuando:

a)se sustituya un contador existente, salvo que sea técnicamente imposible o no resulte rentable en comparación con el ahorro potencial estimado a largo plazo;

b)se realice una nueva conexión en un edificio nuevo o se lleven a cabo obras importantes de reforma, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2010/31/UE.

🡻 2019/944 artículo 70.1.c)

2.En la medida en que los Estados miembros apliquen sistemas de medición inteligentes y desplieguen contadores inteligentes para el gas natural con arreglo a la Directiva 2009/73/CE:

🡻 2012/27/UE

a)se asegurarán de que los sistemas de medición facilitan faciliten a los clientes finales información sobre la hora exacta de utilización y de que se tengan plenamente en cuenta los objetivos de eficiencia energética y los beneficios para elal cliente final al establecer las funciones mínimas de los contadores y las obligaciones impuestas a los agentes del mercado;

b)se asegurarán de la seguridad de los contadores inteligentes y la transmisión de datos, así como de la privacidad de los clientes finales, de conformidad con la legislación pertinente de la Unión en materia de protección de los datos y de la intimidad personal;

ce)exigirán que se facilite a los clientes asesoramiento e información apropiados en el momento de la instalación de contadores inteligentes, en particular sobre su pleno potencial en relación con la gestión de la lectura de los contadores y el seguimiento del consumo energético.

🡻 2018/2002 artículo 1.6 (adaptado)

Artículo 139 bis

Contadores de calefacción, refrigeración y agua caliente para uso doméstico sanitaria

1. Los Estados miembros velarán por que los clientes finales de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria urbanas, reciban contadores de precio competitivo que reflejen con precisión su consumo real de energía.

2. Cuando se suministren calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria a un edificio a partir de una fuente central que abastezca varios edificios o de una red urbana un sistema urbano de calefacción o refrigeración, se instalará un contador en el intercambiador de calor o punto de entrega.

Artículo 149 ter

Subcontaje y reparto de los costes de calefacción, refrigeración y agua caliente para uso doméstico sanitaria

1. En los edificios de apartamentos y edificios polivalentes con una fuente central de calefacción o de refrigeración, o abastecidos a partir de una red urbana un sistema urbano de calefacción o refrigeración, se instalarán contadores individuales que midan el consumo de calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria de cada unidad del edificio cuando sea técnicamente viable y rentable, en el sentido de que sea proporcionado en relación con el ahorro potencial de energía.

Cuando el uso de contadores individuales no sea técnicamente viable o cuando no sea rentable medir el consumo de calefacción en cada unidad del edificio, se utilizarán repartidores de costes de calefacción para medir el consumo de calefacción de cada radiador, a menos que el Estado miembro interesado demuestre que la instalación de dichos repartidores de costes de calefacción no sería rentable. En esos casos podrán estudiarse métodos alternativos de medición del consumo de calefacción que sean rentables. Cada Estado miembro definirá con claridad y publicará los criterios generales, las metodologías y/oo los procedimientos para determinar la ausencia de viabilidad técnica y la ausencia de rentabilidad.

2. En los nuevos edificios de apartamentos y en la parte residencial de los nuevos edificios polivalentes equipados con una fuente central de calefacción para el agua caliente sanitaria o que se abastezcan a partir de una red urbana un sistema urbano de calefacción, se instalarán contadores individuales para el agua caliente para uso doméstico sanitaria, no obstante lo dispuesto en el apartado 1, párrafo primero.

3. Cuando se trate de edificios de apartamentos o edificios polivalentes que se abastezcan a partir de una red urbana un sistema urbano de calefacción o refrigeración, o en los que exista principalmente un sistema común propio de calefacción o de refrigeración, los Estados miembros se asegurarán de disponer de normas nacionales transparentes y públicas sobre el reparto de los costes del consumo de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en dichos edificios, con el fin de garantizar la transparencia y precisión de la contabilización del consumo individual. Esas normas incluirán, cuando proceda, orientaciones sobre el modo de repartir los costes de la energía que se consuma en función de lo siguiente:

a)del agua caliente para uso doméstico sanitaria;

b)del calor irradiado por las instalaciones del edificio y destinado a calentar las zonas comunes, en caso de que las escaleras y los pasillos estén equipados con radiadores;

c)con fines de calefacción o refrigeración de los apartamentos.

Artículo 159 quater

Requisito de lectura remota

1. A los efectos de los artículos 139 bis149 ter, los contadores y los repartidores de costes de calefacción instalados después del 25 de octubre de 2020  de nueva instalación  serán dispositivos de lectura remota. Serán aplicables Las las condiciones de viabilidad técnica y rentabilidad establecidas en el artículo 149 ter, apartado 1, seguirán siendo de aplicación.

2. Los contadores y repartidores de costes de calefacción que no sean de lectura remota pero que ya estén instalados se dotarán de lectura remota o serán sustituidos por dispositivos de lectura remota a más tardar el 1 de enero de 2027, a menos que el Estado miembro de que se trate demuestre que ello no resulta rentable.

🡻 2012/27/UE

Artículo 1610

🡻 2019/944 artículo 70.2.a)

Información sobre la facturación del gas natural

🡻 2019/944 artículo 70.2.b) (adaptado)

1. Cuando los clientes finales no dispongan de los contadores inteligentes a los que se refiere la Directiva 2009/73/CE, los Estados miembros se asegurarán, a más tardar el 31 de diciembre de 2014, de que la información sobre la facturación de gas natural sea fiable, precisa y se base en el consumo real, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo VII, punto 1.1, cuando sea técnicamente posible y se justifique desde un punto de vista económico.

🡻 2012/27/UE

Podrá cumplirse esta obligación por medio de un sistema de autolectura periódica por parte del cliente final, que comunicará la lectura de su contador al proveedor suministrador de energía. Solo en caso de que el cliente final no haya facilitado una lectura de contador para un intervalo de facturación determinado se basará la facturación en una estimación del consumo o un cálculo a tanto alzado.

🡻 2019/944 artículo 70.2.c)

2. Los contadores instalados con arreglo a la Directiva 2009/73/CE harán posible una posibilitarán la obtención de información exacta sobre la facturación basada en el consumo real. Los Estados miembros velarán por que los clientes finales tengan la posibilidad de acceder fácilmente a información complementaria sobre el consumo histórico, que les permita efectuar comprobaciones detalladas.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

La información complementaria sobre el consumo histórico incluirá:

a)los datos acumulados correspondientes como mínimo a los tres años anteriores o bien al período abierto al iniciarse el contrato de suministro, si este es de menor duración. Los datos se corresponderán con los intervalos en los que se ha presentado información frecuente sobre facturación,; e

b)información pormenorizada en función del tiempo de utilización diario, semanal, mensual y anual. Esta información se pondrá a disposición del cliente final, a través de internet o mediante el interfaz del contador, como mínimo para el período correspondiente a los 24 veinticuatro meses anteriores o para el período abierto al iniciarse el contrato de suministro, si este es de menor duración,.

3. Independientemente de que se hayan instalado contadores inteligentes o no, los Estados miembros:

a)exigirán que, en la medida en que se disponga de información sobre la facturación de energía y el consumo histórico de los clientes finales, esa información se ponga a disposición de un proveedor de servicios energéticos designado por el cliente final, si este último lo pide;

b)se asegurarán de que a los clientes finales se les ofrezca la opción de una información electrónica de facturación y de facturas electrónicas, y de que aquellos que lo soliciten reciban una explicación clara y comprensible sobre los conceptos en que está basada su factura, sobre todo cuando las facturas no se basen en el consumo real;

c)garantizarán que con la factura se ponga a disposición información apropiada para que los clientes finales reciban una relación completa de los costes energéticos incurridos, de conformidad con el anexo VII;

d)podrán establecer que, cuando lo soliciten los clientes finales, no se considere que la información incluida en estas facturas constituye una solicitud de pago. En tales casos, los Estados miembros se asegurarán de que los proveedores suministradores de fuentes de energía ofrezcan planes flexibles para la realización de los pagos efectivos;

e)establecerán la obligación de facilitar a los clientes que lo soliciten información y estimaciones sobre el coste de la energía, en el momento oportuno y en un formato fácilmente comprensible, que puedan utilizar para comparar ofertas en condiciones de igualdad.

🡻 2018/2002 artículo 1.8 (adaptado)

Artículo 1710 bis

Información sobre la facturación y el consumo de calefacción, refrigeración y agua caliente para uso doméstico sanitaria

1. Cuando se instalen contadores o repartidores de costes de calefacción, los Estados miembros se asegurarán de que la información sobre la facturación y el consumo sea fiable, precisa y se base en el consumo real o en las lecturas del repartidor de costes de calefacción, de conformidad con lo dispuesto en el anexo VIIIVII bis, puntos 1 y 2, para todos los usuarios finales, concretamente, para las personas físicas o jurídicas que adquieran calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria para su propio uso final, o las personas físicas o jurídicas que ocupen un edificio individual o una unidad de un edificio de apartamentos o edificio polivalente que se abastezca de calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria a partir de una fuente central y que no tengan un contrato directo o individual con el proveedor de energía.

Cuando un Estado miembro así lo disponga, y excepto en caso de que se haga una medición individual del consumo basada en repartidores de costes de calefacción con arreglo al artículo 149 ter, dicha esa obligación podrá cumplirse mediante un sistema de autolectura periódica por parte del cliente o usuario final, que comunicará la lectura de su contador. Solo si el cliente o usuario final no ha facilitado una lectura de contador para un intervalo de facturación determinado, la facturación se basará en una estimación del consumo o en un cálculo a tanto alzado.

2. Los Estados miembros:

a)exigirán que, si se dispone de información sobre la facturación de la energía y el consumo histórico o sobre las lecturas del repartidor de costes de calefacción de los usuarios finales, esa información se ponga a disposición de un proveedor de servicios energéticos designado por el usuario final, si este último lo pide;

b)se asegurarán de que a los clientes finales se les ofrezca la opción de recibir la información sobre facturación y las facturas por medios electrónicos;

c)garantizarán que con la factura se facilite información clara y comprensible a todos los usuarios finales de conformidad con lo dispuesto en el anexo VIIIVII bis, punto 3, y

d)fomentarán la ciberseguridad y velarán por la privacidad y la protección de datos de los usuarios finales de conformidad con el Derecho de la Unión aplicable.

Los Estados miembros podrán prever que, a petición del cliente final, no se considere que el suministro de información sobre la facturación constituye un requerimiento de pago. En tales casos, los Estados miembros velarán por que se propongan modalidades flexibles para el pago efectivo.

3. Los Estados miembros decidirán quién es responsable de facilitar la información prevista en los apartados 1 y 2 a los usuarios finales sin un contrato directo o individual con un proveedor suministrador de energía.

🡻 2018/2002 artículo 1.9

Artículo 1811

🡻 2019/944 artículo 70.3

Coste de acceso a la información sobre medición y facturación del gas natural

🡻 2018/2002 artículo 1.9

Los Estados miembros se velarán por que los clientes finales reciban de forma gratuita la totalidad de sus facturas y la información sobre la facturación del consumo de energía y de por que tengan un acceso adecuado y gratuito a los datos sobre su consumo.

🡻 2018/2002 artículo 1.10

Artículo 1911 bis

Coste del acceso a la información sobre la medición, la facturación y el consumo de calefacción, refrigeración y agua caliente para uso doméstico sanitaria

1. Los Estados miembros velarán por que los usuarios finales reciban de forma gratuita la totalidad de sus facturas y la información sobre la facturación del consumo de energía y de por que tengan un acceso adecuado y gratuito a los datos sobre su consumo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, la distribución de los costes ligados a la información sobre la facturación del consumo individual de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en los edificios de apartamentos y en los edificios polivalentes, con arreglo al artículo 149 ter, se realizará sin fines lucrativos. Los costes derivados de la atribución de esa tarea a un tercero, como un proveedor de servicios o el proveedor suministrador local de energía, y que incluyen la medición, el reparto y la contabilización del consumo real individual en esos edificios, podrán repercutirse a los usuarios finales, siempre que tales costes sean razonables.

3. A fin de asegurar unos costes razonables para los servicios de subcontaje con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros podrán estimular la competencia en dicho sector de servicios adoptando las medidas oportunas, como la recomendación o la promoción por otros medios del recurso a licitaciones o del uso de dispositivos y sistemas interoperables que faciliten el cambio de proveedores de servicio.

 nuevo

CAPÍTULO IV

INFORMACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES

Artículo 20

Derechos contractuales básicos en relación con la calefacción, la refrigeración y el agua caliente sanitaria

1. Sin perjuicio de las normas de la Unión sobre protección de los consumidores, en particular la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 113 y la Directiva 93/13/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo 114 , los Estados miembros velarán por que los clientes finales y, cuando así se establezca explícitamente, los usuarios finales dispongan de los derechos previstos en los apartados 2 a 8 del presente artículo.

2. Los clientes finales tendrán derecho a un contrato con el suministrador en el que se especifique:

a)la identidad y la dirección del suministrador;

b)los servicios prestados y el nivel de calidad propuesto;

c)el tipo de servicio de mantenimiento propuesto;

d)    la forma de obtener información actualizada sobre todas las tarifas aplicables, los gastos de mantenimiento y los productos o servicios agrupados;

e)    la duración del contrato, las condiciones para la renovación y la resolución del contrato y de los servicios, incluidos productos o servicios agrupados, y si se puede resolver el contrato gratuitamente;

f)    los acuerdos de compensación y reembolso aplicables si no se cumplen los niveles de calidad contratados, incluida la facturación incorrecta o retrasada;

g)    el método para iniciar un procedimiento de resolución extrajudicial de litigios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21;

h)    la información sobre los derechos de los consumidores, inclusive la relativa a la tramitación de las reclamaciones y toda la información mencionada en el presente apartado, que estará claramente indicada en las facturas o los sitios web de las empresas de electricidad.

Las condiciones serán equitativas y se darán a conocer con antelación. En cualquier caso, esta información será comunicada antes de la celebración o confirmación del contrato. Cuando los contratos se celebren a través de intermediarios, la información relativa a las cuestiones previstas en el presente apartado se comunicará asimismo antes de la celebración del contrato.

Se suministrará a los clientes finales y a los usuarios finales un resumen de las condiciones contractuales principales expresadas de manera comprensible y en un lenguaje simple y conciso.

3. Los clientes finales serán debidamente avisados de cualquier intención de modificar las condiciones del contrato. Los suministradores notificarán de forma transparente y comprensible directamente a sus clientes finales cualquier ajuste del precio de suministro, así como las razones y condiciones previas del ajuste y su alcance, en el momento adecuado y no más tarde de dos semanas o, por lo que respecta a los clientes domésticos, un mes antes de que el ajuste entre en vigor.

4. Los suministradores ofrecerán a los clientes finales una amplia libertad para escoger el modo de pago. Dichos modos de pago no discriminarán indebidamente entre consumidores. Cualquier diferencia en las cargas vinculadas a los modos de pago o sistemas de pago anticipado será objetiva, no discriminatoria y proporcional y no rebasará los costes directos soportados por el receptor del pago debidos al uso del modo de pago específico o del sistema de pago anticipado, en consonancia con el artículo 62 de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo 115 .

5. Con arreglo al apartado 6, los clientes domésticos que tengan acceso a sistemas de pago anticipado no sufrirán una desventaja debido a los sistemas de pago anticipado.

6. Los suministradores ofrecerán a los clientes finales y a los usuarios finales condiciones generales equitativas y transparentes, que se proporcionarán expresadas en un lenguaje sencillo y sin ambigüedades y no incluirán obstáculos no contractuales al ejercicio de los derechos de los consumidores, por ejemplo, una documentación contractual excesiva. Se protegerá a los clientes contra los métodos de venta abusivos o equívocos. Si así lo solicitan, se facilitará a los usuarios finales acceso a dichas condiciones generales. Se protegerá a los clientes finales y a los usuarios finales contra los métodos de venta abusivos o equívocos. Los clientes finales con discapacidad recibirán toda la información pertinente sobre el contrato que tienen con su suministrador en formatos accesibles.

7. Los clientes finales y los usuarios finales tendrán derecho a un buen nivel de servicio y de tramitación de las reclamaciones por parte de sus suministradores. Los suministradores deberán tramitar las reclamaciones de forma sencilla, equitativa y rápida.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

Artículo 2112

Programa de iInformación y  sensibilización  habilitación de los consumidores

 nuevo

1. Los Estados miembros velarán por que la información sobre las medidas de mejora de la eficiencia energética, las acciones individuales y los marcos financieros y jurídicos sea transparente y se difunda amplia y activamente a todos los agentes del mercado interesados, como clientes finales, usuarios finales, organizaciones de consumidores, representantes de la sociedad civil, comunidades de energía renovables, comunidades ciudadanas de energía, autoridades locales y regionales, agencias de energía, proveedores de servicios sociales, constructores, arquitectos, ingenieros, auditores ambientales y energéticos e instaladores de los elementos de un edificio, tal como se definen en el artículo 2, punto 9, de la Directiva 2010/31/UE.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

21. Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para promover y facilitar el uso eficiente de la energía por parte de los pequeños clientes, incluidos los hogares  y los usuarios finales . Estas medidas podrán  deberán  formar parte de una estrategia nacional  , como un plan nacional integrado de energía y clima, con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1999, o una estrategia de renovación a largo plazo, tal como se define en la Directiva 2010/31/UE .

2. A los efectos del apartado 1  presente artículo , tales medidas podrán incluir uno o varios de los elementos enumerados en la letra a) o en la letra b):

a)un abanico de instrumentos y políticas dirigidos a promover un cambio en los hábitos, entre los que podrán figurar  por ejemplo :

i)incentivos fiscales,

ii)acceso a la financiación,  bonos,  ayudas o subvenciones,

iii)suministro de información  en un formato accesible para las personas con discapacidad ,

iv)proyectos ejemplares,

v)actividades en el lugar de trabajo;,

 nuevo

vi)actividades de formación,

vii)herramientas digitales.

🡻 2012/27/UE

 nuevo

 A efectos del presente artículo, esas medidas incluirán también, entre otras cosas,  los diversos modos de implicar a los consumidores y a las organizaciones de consumidores durante la posible provisión de contadores inteligentes mediante  agentes del mercado, como los mencionados en el apartado 1 :

 nuevo

i)creación de ventanillas únicas o mecanismos similares para la prestación de asesoramiento y asistencia técnicos, administrativos y financieros en materia de eficiencia energética (incluidas las renovaciones energéticas de los edificios y la adopción de energías renovables en los edificios) a los clientes finales y a los usuarios finales, especialmente los clientes y usuarios domésticos y pequeños no domésticos,

🡻 2012/27/UE

 nuevo

ii)comunicación de información sobre:

i)cambios rentables y de fácil introducción en el uso de la energía,

iiiii) divulgación de información sobre  medidas de eficiencia energética  e instrumentos financieros ,.

 nuevo

iv)creación de puntos de contacto únicos, a fin de facilitar a los clientes finales y los usuarios finales toda la información necesaria en relación con sus derechos, el Derecho aplicable y los mecanismos de resolución de litigios de que disponen en caso de litigio. Tales puntos de contacto único podrán formar parte de los puntos generales de información de los consumidores.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

32. Los Estados miembros establecerán las condiciones adecuadas para que los operadores  agentes  del mercado proporcionen a los consumidores  finales  de energía  , en particular a los clientes vulnerables, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales,  información adecuada y específica sobre la eficiencia energética, así como asesoramiento al respecto.

 nuevo

4. Los Estados miembros garantizarán que los clientes finales, los usuarios finales, los clientes vulnerables, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales tengan acceso a mecanismos de resolución extrajudicial de litigios que sean sencillos, justos, transparentes, independientes, eficaces y eficientes para resolver litigios que atañan a los derechos y obligaciones establecidos en la presente Directiva mediante un mecanismo independiente, como un defensor del pueblo para la energía, un órgano de los consumidores o una autoridad reguladora. Si el cliente final es un consumidor a tenor de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 116 , tales mecanismos extrajudiciales para la resolución de litigios deberán cumplir los requisitos establecidos en ella.

En caso necesario, los Estados miembros velarán por la cooperación entre los organismos de resolución alternativa de litigios para ofrecer mecanismos de resolución extrajudicial de litigios sencillos, justos, transparentes, independientes, eficaces y eficientes para cualquier litigio que surja en relación con productos o servicios vinculados o agrupados con productos o servicios comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

La participación de empresas en los mecanismos de resolución extrajudicial de litigios destinados a clientes domésticos será obligatoria, a menos que el Estado miembro demuestre a la Comisión que otros mecanismos son igualmente eficaces.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

Artículo 19

Otras medidas de fomento de la eficiencia energética

51.  Sin perjuicio de los principios básicos de su legislación en materia de propiedad inmobiliaria y arrendamientos,  Loslos Estados miembros evaluarán y tomarán en su caso tomarán las medidas adecuadas  necesarias  para suprimir las barreras reglamentarias y no reglamentarias que se opongan a la eficiencia energética, sin perjuicio de los principios básicos de la legislación sobre inmuebles y arrendamientos de los Estados miembros, especialmente en lo que se refiere a: 

a) la división de incentivos entre el propietario  los propietarios  y el arrendatario  los arrendatarios  de un edificio o entre los distintos propietarios  de un edificio o de una unidad de un edificio , con miras a asegurar que estas partes no desistan de hacer inversiones en mejora de la eficiencia por no recibir beneficios plenos individualmente o por la ausencia de normas para dividir los costes y beneficios entre ellos, con inclusión de normas y medidas nacionales que regulen los procesos de decisión en los bienes de multipropiedad;.

Esas medidas de supresión de  tales  barreras pueden incluir proporcionar incentivos, derogar o modificar disposiciones legales o reglamentarias, adoptar orientaciones y comunicaciones interpretativas, o simplificar los procedimientos administrativos  , con inclusión de las normas y medidas nacionales que regulan los procesos de toma de decisiones en los bienes de multipropiedad . Estas medidas pueden combinarse con la impartición de formación y educación, y con información y asistencia técnica específicas sobre eficiencia energética , a actores del mercado tales como los mencionados en el apartado 1 .

2.    La evaluación de las barreras y medidas a las que se refiere el apartado 1 se notificará a la Comisión en el primer Plan nacional de acción para la eficiencia energética que se menciona en artículo 24, apartado 2. La Comisión animará a que se pongan en común las buenas prácticas que aplique cada país en este ámbito.

 nuevo

Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para apoyar un diálogo multilateral con la participación de los interlocutores sociales y públicos pertinentes, como las organizaciones de propietarios y arrendatarios, las organizaciones de consumidores, las comunidades de energías renovables, las comunidades ciudadanas de energía, las autoridades locales y regionales, las autoridades públicas y las agencias pertinentes, y para respaldar el objetivo de presentar propuestas sobre medidas, incentivos y directrices aceptadas conjuntamente para dividir los incentivos entre propietarios y arrendatarios o entre los propietarios de un edificio o de una unidad de un edificio.

Cada Estado miembro notificará esas barreras y las medidas adoptadas en su estrategia de renovación a largo plazo, de conformidad con el artículo 2 bis de la Directiva 2010/31/UE y el Reglamento (UE) 2018/1999.

🡻 2012/27/UE

 nuevo

65. La Comisión velará por que haya un intercambio y una amplia difusión de la información sobre mejores  buenas  prácticas en materia de eficiencia energética  y metodologías para mitigar la división de incentivos  en los Estados miembros.

 nuevo

Artículo 22

Empoderamiento y protección de los clientes vulnerables y mitigación de la pobreza energética

1. Los Estados miembros deberán tomar las medidas adecuadas para empoderar y proteger a las personas afectadas por la pobreza energética, los clientes vulnerables y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales.

Al definir el concepto de «clientes vulnerables» con arreglo al artículo 28, apartado 1, y al artículo 29 de la Directiva (UE) 2019/944 y al artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2009/73/CE, los Estados miembros tendrán en cuenta a los usuarios finales.

2. Los Estados miembros aplicarán medidas de mejora de la eficiencia energética y medidas relacionadas de protección o información de los consumidores, en particular las establecidas en el artículo 21 y el artículo 8, apartado 3, con carácter prioritario entre las personas afectadas por la pobreza energética, los clientes vulnerables y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales, a fin de mitigar la pobreza energética.

3. Con el fin de apoyar a los clientes vulnerables, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales, los Estados miembros deberán:

a)aplicar medidas de mejora de la eficiencia energética para mitigar los efectos distributivos de otras políticas y medidas, como las medidas fiscales aplicadas de conformidad con el artículo 9 de la presente Directiva, o la aplicación del comercio de derechos de emisión en el sector de la construcción y el transporte, con arreglo a la Directiva RCDE UE [referencia a la propuesta];

b)hacer el mejor uso posible de la financiación pública disponible a nivel nacional y de la Unión, entre otros, cuando proceda, la contribución financiera que el Estado miembro haya recibido del Fondo Social para el Clima con arreglo al [artículo 9 y el artículo 14 del Reglamento sobre el Fondo Social para el Clima] y los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión procedentes del comercio de derechos de emisión con arreglo al RCDE UE, para realizar inversiones, con carácter prioritario, en medidas de mejora de la eficiencia energética;

c)cuando proceda, y antes de que los impactos distributivos de otras políticas y medidas surtan efecto, realizar inversiones tempranas y con visión de futuro en medidas de mejora de la eficiencia energética;

d)fomentar la asistencia técnica y el despliegue de herramientas de financiación y financieras, como los sistemas de facturas, las provisiones locales para cuentas incobrables, los fondos de garantía, o los fondos destinados a renovaciones exhaustivas y renovaciones que proporcionen unas ganancias energéticas mínimas;

e)fomentar la asistencia técnica a los agentes sociales para promover la participación activa de los consumidores vulnerables en el mercado de la energía, así como cambios positivos en su comportamiento en materia de consumo de energía;

f)garantizar el acceso a la financiación, las ayudas o las subvenciones vinculadas a unas ganancias energéticas mínimas.

4. Los Estados miembros establecerán una red de expertos de diversos sectores, como el sanitario, el de la construcción y el sector social, para desarrollar estrategias de apoyo a los responsables de la toma de decisiones a nivel local y nacional en la aplicación de medidas de mejora de la eficiencia energética que mitiguen la pobreza energética, para desarrollar medidas destinadas a generar soluciones sólidas a largo plazo para mitigar la pobreza energética, y para desarrollar la asistencia técnica y los instrumentos financieros adecuados. Los Estados miembros se esforzarán por que la composición de la red de expertos garantice el equilibrio de género y refleje las perspectivas de las personas en toda su diversidad.

Los Estados miembros podrán encomendar a esa red de expertos las siguientes tareas:

a)establecer definiciones, indicadores y criterios nacionales sobre la pobreza energética, las personas en situación de pobreza energética y los conceptos de «cliente vulnerable», incluido el de «usuario final»;

b)desarrollar o mejorar los indicadores y conjuntos de datos pertinentes en materia de pobreza energética que deban utilizarse y notificarse;

c)establecer métodos y medidas para garantizar la asequibilidad, el fomento de la neutralidad de los costes de vivienda, o formas de garantizar que la financiación pública invertida en medidas de mejora de la eficiencia energética beneficie tanto a los propietarios como a los arrendatarios de edificios y de unidades de edificios, en particular por lo que se refiere a los clientes vulnerables, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales;

d)evaluar y, cuando proceda, proponer medidas para evitar o solucionar situaciones en las que ciertos grupos se vean más afectados o corran un mayor riesgo de verse afectados por la pobreza energética, o sean más vulnerables a los efectos adversos derivados de esta, como las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de edad avanzada, los niños y las personas de origen racial o étnico minoritario.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

3.    La Comisión examinará las repercusiones, en el fomento de programas de formación para la eficiencia energética, de sus medidas de apoyo a la creación de plataformas en las que participen, entre otros, los organismos del diálogo social europeo, y presentará, si procede, nuevas medidas. La Comisión animará a los interlocutores sociales europeos en sus debates sobre eficiencia energética.

CAPÍTULO VIII

EFICIENCIA DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA

Artículo 2314

Promoción de la eficiencia en  Evaluación y planificación de  la calefacción y la refrigeración

 nuevo

1. Como parte de su plan nacional integrado de energía y clima, sus planes nacionales integrados de energía y clima siguientes y los respectivos informes de situación notificados de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999, cada Estado miembro notificará a la Comisión una evaluación completa en materia de calefacción y refrigeración. Esa evaluación completa contendrá la información detallada en el anexo IX e irá acompañada de la evaluación realizada con arreglo al artículo 15, apartado 7, de la Directiva (UE) 2018/2001.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

1. A más tardar el 31 de diciembre de 2015, los Estados miembros llevarán a cabo y notificarán a la Comisión una evaluación completa del potencial de uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes, que contendrá la información indicada en el anexo VIII. Si ya han efectuado una evaluación equivalente, lo notificarán a la Comisión.

La evaluación completa tendrá plenamente en cuenta los análisis de los potenciales nacionales para la cogeneración de alta eficiencia llevados a cabo en virtud de la Directiva 2004/8/CE.

A petición de la Comisión, la evaluación se actualizará y se le notificará cada cinco años. La Comisión hará esa petición con al menos un año de antelación a la fecha prevista.

2.    Los Estados miembros adoptarán políticas que fomenten que se considere debidamente a escala local y regional el potencial de uso de sistemas de calefacción y refrigeración eficientes, en particular los que utilicen cogeneración de alta eficiencia. Se tendrán en cuenta las posibilidades de impulsar mercados de calor locales y regionales.

 nuevo

2. Los Estados miembros velarán por que se dé al público la oportunidad de participar en la preparación de los planes de calefacción y refrigeración, en la evaluación completa y en las políticas y medidas.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

3. A efectos de la evaluación a que se refiere el apartado 1, los Estados miembros llevarán a cabo un análisis de costes y beneficios que abarque su territorio  y atienda , atendiendo a las condiciones climáticas, a la viabilidad económica y a la idoneidad técnica, con arreglo a la parte 1 del anexo IX. El análisis de costes y beneficios deberá permitir la determinación de las soluciones más eficientes en relación con los recursos y más rentables en relación con los costes, para responder a las necesidades de calefacción y refrigeración. El análisis de costes y beneficios podrá ser parte de una evaluación medioambiental con arreglo a la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 117 .

 Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes responsables de llevar a cabo los análisis de costes y beneficios, facilitar metodologías con arreglo al anexo X y establecer y hacer públicos los procedimientos para el análisis económico. 

4. En los casos en que la evaluación prevista en el apartado 1 y el análisis mencionado en el apartado 3 determinen la existencia de potencial para la aplicación de la cogeneración de alta eficiencia y/oo de sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración urbanas eficientes cuyas ventajas cuyos beneficios sean superiores a su coste, los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para que se desarrolle una infraestructura de calefacción y refrigeración urbana eficiente y/o para posibilitar el desarrollo de una cogeneración de alta eficiencia y el uso de la calefacción y la refrigeración procedentes de calor residual y de fuentes de energía renovables conforme a lo dispuesto en los apartados 1, 5 y 7  el apartado 1 y el artículo 24, apartados 4 y 6 .

En los casos en que la evaluación prevista en el apartado 1 y el análisis mencionado en el apartado 3 no determinen la existencia de un potencial cuyas ventajas cuyos beneficios sean superiores a su coste, con inclusión de los costes administrativos de la realización del análisis de costes y beneficios contemplado en el artículo 24, apartado 4apartado 5, el Estado miembro de que se trate podrá eximir a las instalaciones del requisito previsto en dicho apartado.

 nuevo

5. Los Estados miembros adoptarán políticas y medidas que garanticen que el potencial detectado en las evaluaciones completas realizadas con arreglo al apartado 1 es utilizado. Esas políticas y medidas incluirán, como mínimo, los elementos establecidos en el anexo IX. Cada Estado miembro notificará dichas políticas y medidas como parte de la actualización de sus planes nacionales integrados de energía y clima, sus planes nacionales integrados de energía y clima siguientes y los respectivos informes de situación notificados de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999.

6. Los Estados miembros animarán a las autoridades regionales y locales a elaborar planes locales de calefacción y refrigeración, al menos en los municipios con una población total de más de 50 000 habitantes. Dichos planes deberán, como mínimo:

a)basarse en la información y los datos proporcionados en las evaluaciones completas realizadas de conformidad con el apartado 1 y proporcionar una estimación y un desglose del potencial de aumento de la eficiencia energética, por ejemplo a través de la recuperación de calor residual, y del uso de las energías renovables para la calefacción y la refrigeración en esa zona concreta;

b)incluir una estrategia para aprovechar el potencial detectado a que se refiere el apartado 6, letra a);

c)haber sido elaborados con la participación de todas las partes interesadas regionales o locales pertinentes y garantizar la participación del público en general;

d)tener en cuenta las necesidades comunes de las comunidades locales y de múltiples unidades o regiones administrativas, tanto locales como regionales;

e)contemplar el seguimiento de los avances en la aplicación de las políticas y medidas que se hayan adoptado.

Los Estados miembros velarán por que se dé al público la oportunidad de participar en la preparación de los planes de calefacción y refrigeración, en la evaluación completa y en las políticas y medidas.

A tal fin, los Estados miembros elaborarán recomendaciones para ayudar a las autoridades regionales y locales a aplicar políticas y medidas en materia de calefacción y refrigeración energéticamente eficientes y basadas en energías renovables a nivel regional y local que utilicen el potencial detectado. Los Estados miembros apoyarán a las autoridades regionales y locales en todo lo posible y por cualquier medio, en particular mediante apoyo financiero y sistemas de apoyo técnico.

Artículo 24

Suministro de calefacción y refrigeración

1. A fin de aumentar la eficiencia energética primaria y la cuota de energías renovables en el suministro de calefacción y refrigeración, se considerará que un sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración es:

a)hasta el 31 de diciembre de 2025, todo sistema que utilice al menos un 50 % de energías renovables, un 50 % de calor residual, un 75 % de calor cogenerado o un 50 % de una combinación de estos tipos de energía y calor;

b)a partir del 1 de enero de 2026, todo sistema que utilice al menos un 50 % de energías renovables, un 50 % de calor residual, un 80 % de calor cogenerado de alta eficiencia, o al menos una combinación de esa energía térmica entrante en la red cuya cuota de energías renovables sea de al menos el 5 % y cuya cuota total de energías renovables, calor residual o calor cogenerado de alta eficiencia sea, como mínimo, del 50 %;

c)a partir del 1 de enero de 2035, todo sistema que utilice al menos un 50 % de energía renovable y calor residual, y cuya cuota de energías renovables sea, como mínimo, del 20 %;

d)a partir del 1 de enero de 2045, todo sistema que utilice al menos un 75 % de energía renovable y calor residual, y cuya cuota de energías renovables sea, como mínimo, del 40 %;

e.a partir del 1 de enero de 2050, todo sistema que utilice exclusivamente energía renovable y calor residual, y cuya cuota de energías renovables sea, como mínimo, del 60 %.

2. Los Estados miembros velarán por que, cuando se construya o renueve sustancialmente un sistema urbano de calefacción y refrigeración, este cumpla los criterios establecidos en el apartado 1 que resulten aplicables en el momento en que comience o continúe su funcionamiento tras la renovación. Además, los Estados miembros velarán por que, cuando se construya o se renueve sustancialmente un sistema urbano de calefacción y refrigeración, no aumente el uso de combustibles fósiles distintos del gas natural en las fuentes de calor existentes, en comparación con el consumo anual medio de los tres años naturales anteriores a su pleno funcionamiento antes de la renovación, y que ninguna nueva fuente de calor de dicho sistema utilice combustibles fósiles distintos del gas natural.

3. Los Estados miembros velarán por que, a partir del 1 de enero de 2025, y posteriormente cada cinco años, los gestores de todos los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración existentes con una producción total de energía superior a 5 MW y que no cumplan los criterios establecidos en el apartado 1, letras b) a e), elaboren un plan para aumentar la eficiencia energética primaria y las energías renovables. El plan incluirá medidas destinadas a lograr el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1, letras b) a e), y deberá ser aprobado por la autoridad competente.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

45.  A fin de evaluar la viabilidad económica de aumentar la eficiencia energética del suministro de calefacción y refrigeración,  Loslos Estados miembros velarán por que se efectúe un análisis de costes y beneficios  a nivel de instalación,  de acuerdo con el anexo X,IX, parte 2, si, después del 5 de junio de 2014  se proyectan por primera vez o se renueven sustancialmente las instalaciones siguientes :

a)se proyecta una nueva instalación térmica de generación de electricidad cuya potencia térmica  energética  total  media anual  sea superior a 20  5  MW, con el fin de evaluar los costes y los beneficios de adaptar el funcionamiento de la instalación a la cogeneración de alta eficiencia;

b)se lleva a cabo una renovación sustancial de una instalación térmica de generación de electricidad cuya potencia térmica total sea superior a 20 MW, con el fin de evaluar los costes y los beneficios de su conversión a la cogeneración de alta eficiencia;

c)se proyecta una instalación industrial cuya potencia térmica total sea superior a 20 MW y que genera calor residual en un nivel de temperaturas útil, o se lleva a cabo una renovación sustancial de dicho tipo de instalación con el fin de evaluar los costes y los beneficios de la utilización del calor residual para satisfacer una demanda justificada desde el punto de vista económico, inclusive mediante la cogeneración, y de la conexión de dicha instalación a una red de calefacción y refrigeración urbana;

d)se proyecta la construcción de una nueva red urbana de calefacción y refrigeración, o de una instalación nueva de producción de energía cuya potencia térmica total supere los 20 MW en una red urbana ya existente de calefacción o refrigeración, o vaya a renovarse sustancialmente dicha instalación, con el fin de evaluar los costes y los beneficios de la utilización del calor residual procedente de instalaciones industriales cercanas.

 nuevo

b)una instalación industrial cuya potencia energética total media anual sea superior a 5 MW, a fin de evaluar la utilización del calor residual dentro y fuera de la instalación;

c)una instalación de servicio cuya potencia energética total media anual sea superior a 5 MW, como las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales y las plantas de GNL, a fin de evaluar la utilización del calor residual dentro y fuera de la instalación;

d)un centro de datos cuya potencia energética nominal total sea superior a 1 MW, a fin de evaluar los costes y beneficios de utilizar el calor residual para satisfacer la demanda económicamente justificable y de conectar esa instalación a una red urbana de calefacción y refrigeración o a un sistema urbano de refrigeración eficiente o basado en fuentes de energía renovables. El análisis tendrá en cuenta las soluciones del sistema de refrigeración que permitan eliminar o capturar el calor residual a un nivel de temperatura útil con una potencia energética auxiliar mínima.

A fin de evaluar el calor residual dentro de la instalación a efectos de lo dispuesto en las letras b) a d), podrán llevarse a cabo auditorías energéticas en consonancia con el anexo VI, en lugar del análisis de costes y beneficios establecido en el presente apartado.

🡻 2012/27/UE

 nuevo

No se considerará renovación, a efectos de las letras b), c) y d)  letras b) y c)  del presente apartado, la instalación de equipo para la captura del dióxido de carbono producido en instalaciones de combustión con vistas a su almacenamiento geológico, tal como se contempla en la Directiva 2009/31/CE.

Los Estados miembros podrán  deberán  exigir que los análisis de costes y beneficios contemplados en las letras c) y d) se realicen en colaboración con las empresas responsables del funcionamiento de las redes urbanas de calefacción y refrigeración  la instalación .

56. Los Estados miembros podrán dispensar de lo dispuesto en el apartado 45 a:

a)las instalaciones de generación de electricidad de punta y de reserva previstas para operar durante menos de 1500 mil quinientas horas de funcionamiento al año como media móvil calculada a lo largo de cinco años, fundamentándose en un procedimiento de verificación que establecerán los Estados miembros y que garantice que se satisface este criterio de exención;

b)las centrales de energía nuclear;

bc)las instalaciones que tienen que situarse cerca de un emplazamiento de almacenamiento geológico aprobado por con arreglo a la Directiva 2009/31/CE;.

 nuevo

c)los centros de datos cuyo calor residual se utilice o vaya a utilizarse en un sistema urbano de calefacción o directamente para la calefacción de locales, la preparación de agua caliente sanitaria u otros usos en el edificio o grupo de edificios en que están situados.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

Los Estados miembros podrán asimismo dispensar a instalaciones concretas de lo dispuesto en el apartado 5, letras c) y d), estableciendo a tal efecto umbrales, expresados en forma de cantidad de calor residual útil disponible, demanda de calor o distancias entre las instalaciones industriales y las redes urbanas de calefacción.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión las exenciones que adopten en virtud del presente apartado a más tardar el 31 de diciembre de 2013, así como toda modificación ulterior de las mismas a partir de ese momento.

67. Los Estados miembros adoptarán criterios de autorización conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Directiva (UE) 2019/9442009/72/CE, o criterios de autorización equivalentes, para:

a)tener en cuenta el resultado de la evaluación completa a que se refiere el apartado 13;

b)garantizar el cumplimiento de los requisitos del apartado 4;5, y

c)tener en cuenta el resultado del análisis de costes y beneficios previsto en el apartado 45.

78. Los Estados miembros podrán dispensar a determinadas instalaciones concretas de la exigencia, a tenor de los criterios de autorización y permiso aludidos en a que se refiere el apartado 67, de aplicar opciones cuyos beneficios superen sus costes, cuando existan razones imperiosas de Derecho, propiedad o financiación que así lo requieran. En tales casos, el Estado miembro de que se trate presentará a la Comisión una notificación motivada de su decisión, en un plazo de tres meses desde la fecha de su adopción.  La Comisión podrá emitir un dictamen sobre la notificación en un plazo de tres meses a partir de su recepción. 

89. Los apartados 5, 6, 7 y 84, 5, 6 y 7 del presente artículo se aplicarán a las instalaciones a las que es aplicable la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales, sin perjuicio de los requisitos de dicha Directiva.

 nuevo

9. Los Estados miembros deberán recoger información sobre los análisis de costes y beneficios llevados a cabo de acuerdo con el apartado 4, letras a), b), c) y d), del presente artículo. Dicha información debe contener, como mínimo, los datos sobre las cantidades disponibles de suministro de calor y los parámetros de calor, el número de horas de funcionamiento previstas al año y la ubicación geográfica de las instalaciones. Dichos datos se publicarán con el debido respeto a su carácter potencialmente sensible.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

10. Basándose en los valores de referencia armonizados de eficiencia armonizados a los que se refiere el anexo IIIII, letra f), los Estados miembros se asegurarán de que el origen de la electricidad producida a partir de la cogeneración de alta eficiencia pueda garantizarse según criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios establecidos por cada Estado miembro. Se asegurarán también de que esta garantía de origen cumple cumpla los requisitos y contiene contenga, al menos, la información especificada en el anexo XIX. Los Estados miembros reconocerán mutuamente sus garantías de origen, aceptándolas exclusivamente como prueba de la información a la que se refiere este apartado. Toda negativa a reconocer la validez como prueba de una garantía de origen, en particular por razones relacionadas con la prevención del fraude, deberá basarse en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Los Estados miembros notificarán dicha negativa a la Comisión, junto con su justificación. En caso de negativa a reconocer una garantía de origen, la Comisión podrá adoptar una Decisión que obligue a aceptarla a la parte que deniegue el reconocimiento, atendiendo en particular a los criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios en que debe basarse dicho reconocimiento.

La Comisión estará facultada para revisar, mediante actos delegados en virtud del artículo 2923 de la presente Directiva, los valores de referencia armonizados de eficiencia armonizados establecidos en la Decisión de Ejecución 2011/877/UE de la Comisión 118  el Reglamento Delegado (UE) 2015/2402 de la Comisión 119 basándose en la Directiva 2004/8/CE, a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

11. Los Estados miembros se asegurarán de que cualquier ayuda disponible para la cogeneración está esté condicionada a que la electricidad se produzca a partir de cogeneración de alta eficiencia y el calor residual se utilice de manera efectiva para conseguir ahorros un ahorro de energía primaria. Las ayudas públicas a la cogeneración, a la generación de calefacción urbana sistemas urbanos de calefacción y a las redes urbanas de calefacción estarán sujetas, en su caso, a las normas sobre ayudas públicas.

Artículo 2515

Transformación, transporte y distribución de energía

1. Los Estados miembros se asegurarán de que las Las autoridades nacionales de regulación de la energía tienen debidamente en cuenta la eficiencia energética  deberán aplicar   el principio de «primero, la eficiencia energética», con arreglo al artículo 3 de la presente Directiva,  en el desempeño de sus funciones reguladoras especificadas en las Directivas (UE) 2019/9442009/72/CE y 2009/73/CE, por lo que atañe a sus decisiones sobre la explotación de la infraestructura de gas y electricidad  incluidas sus decisiones en materia de tarifas de red .

En particular, se asegurarán de que las autoridades nacionales de regulación, por medio del desarrollo de las tarifas de red y la reglamentación, en el marco de la Directiva 9442009/72/CE y teniendo en cuenta los costes y los beneficios de cada medida, aporten incentivos para que los operadores de redes pongan a disposición de los usuarios de la red servicios de sistema que les permitan aplicar medidas de mejora de la eficiencia energética en el contexto del despliegue continuo de redes inteligentes.

Tales servicios de sistema podrán ser determinados por el gestor de la red y no afectarán negativamente a la seguridad del sistema.

 nuevo

2. Los Estados miembros velarán por que los gestores de redes de transporte y distribución de gas y electricidad apliquen el principio de «primero, la eficiencia energética», de conformidad con el artículo 3 de la presente Directiva, en la planificación y el desarrollo de redes, así como en sus decisiones sobre inversiones. Teniendo en cuenta la seguridad del suministro y la integración del mercado, los Estados miembros velarán por que los gestores de redes de transporte y de distribución, en su intención de contribuir a mitigar el cambio climático, no inviertan en activos obsoletos. Las autoridades reguladoras nacionales deben proporcionar metodologías y orientaciones sobre cómo evaluar alternativas en el análisis de costes y beneficios, analizando otros posibles beneficios, y, cuando se dispongan a aprobar, verificar o supervisar los proyectos presentados por los gestores de redes de transporte o de distribución, deben verificar que estos hayan aplicado el principio de «primero, la eficiencia energética».

3. Los Estados miembros velarán por que los gestores de redes de transporte y distribución cartografíen las pérdidas de la red y adopten medidas rentables para reducirlas. Los gestores de redes de transporte y distribución notificarán a la autoridad reguladora nacional de la energía esas medidas y el ahorro de energía que se prevé lograr mediante la reducción de las pérdidas de la red. Las autoridades reguladoras nacionales de la energía limitarán la posibilidad de que los gestores de redes de transporte y distribución recuperen las pérdidas de red evitables con cargo a las tarifas pagadas por los consumidores. Los Estados miembros velarán por que los gestores de transporte y distribución evalúen las medidas de mejora de la eficiencia energética con respecto a sus sistemas de transporte o distribución de gas o electricidad y mejoren la eficiencia energética en el diseño y funcionamiento de las infraestructuras. Los Estados miembros alentarán a los gestores de redes de transporte y distribución a desarrollar soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia energética de los sistemas existentes mediante reglamentaciones basadas en incentivos.

4. Las autoridades reguladoras nacionales de la energía incluirán una sección específica sobre los progresos logrados en la mejora de la eficiencia energética en relación con el funcionamiento de la infraestructura de gas y electricidad en el informe anual que elaborarán con arreglo al artículo 59, letra l), de la Directiva (UE) 2019/944 y al artículo 41 de la Directiva 2009/73/CE. En esos informes, las autoridades reguladoras nacionales de la energía presentarán una evaluación de las pérdidas de la red que se hayan producido durante el funcionamiento de la infraestructura de gas y electricidad, las medidas aplicadas por los gestores de redes de transporte y distribución y, en su caso, formularán recomendaciones para mejorar la eficiencia energética.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

5. En lo tocante a la electricidad, los Estados miembros se asegurarán de que la reglamentación de la red y las tarifas de red cumplen los criterios del anexo XIIXI, teniendo en cuenta las orientaciones y códigos desarrollados en virtud del Reglamento (UE) 2019/943(CE) n.º 714/2009.

2.    A más tardar el 30 de junio de 2015, los Estados miembros se asegurarán de que:

a)se efectúa una evaluación del potencial de eficiencia energética de su infraestructura de gas y electricidad, especialmente en lo que se refiere al transporte, la distribución, la gestión de la carga y la interoperabilidad, así como a la conexión a instalaciones de generación de energía, con inclusión de las posibilidades de acceso para los microgeneradores de energía;

b)se determinan medidas e inversiones concretas para la introducción en la infraestructura de red de mejoras de la eficiencia energética eficaces en cuanto a costes, con un calendario para su introducción.

🡻 2018/2002 artículo 1.11

2 bis.    La Comisión elaborará una metodología común, antes del 31 de diciembre de 2020, una vez consultadas las partes interesadas correspondientes, para instar a los operadores de red a reducir las pérdidas, a adoptar un programa de inversión en infraestructuras eficiente energéticamente y en relación con el coste-eficacia, y a tener debidamente en cuenta la eficiencia energética y la flexibilidad de la red.

🡻 2012/27/UE

 nuevo

63. Los Estados miembros podrán autorizar componentes de los regímenes y las estructuras de tarifas que tengan un objetivo social para el transporte y la distribución de energía por redes, siempre que los efectos perturbadores en el sistema de transporte y distribución se mantengan en el nivel mínimo necesario y no sean desproporcionados respecto al objetivo social.

74. Los Estados miembros  Las autoridades reguladoras nacionales  se asegurarán de que se suprimen supriman aquellos incentivos en las tarifas de transporte y distribución que menoscaben la eficiencia global (incluida la eficiencia energética) de la generación, transporte, distribución y suministro de electricidad  y gas  o que puedan obstaculizar la participación en la respuesta de la demanda, en los mercados de equilibrados y en la contratación de servicios auxiliares. Los Estados miembros velarán por que se incentive a los gestores de redes a mejorar la eficiencia en el diseño y el funcionamiento de la infraestructura y, dentro del marco de la Directiva 2009/72/CE, por que las tarifas permitan a los proveedores mejorar la participación de los consumidores en la eficiencia del sistema, con inclusión de la respuesta de la demanda y atendiendo a las circunstancias nacionales.

🡻 2019/944 artículo 70.5.a)

85. Los gestores de redes de transporte y los gestores de redes de distribución cumplirán los requisitos establecidos en el anexo XII.

🡻 2012/27/UE

 nuevo

Los Estados miembros podrán facilitar, en particular, la conexión a la red de la electricidad de cogeneración de alta eficiencia producida mediante unidades de cogeneración a pequeña escala y unidades de microcogeneración. Si procede, los Estados miembros tomarán medidas para alentar a los gestores de las redes a adoptar un procedimiento sencillo de «instalación e información» para el establecimiento de unidades de microcogeneración, con vistas a simplificar y abreviar el procedimiento de autorización para particulares e instaladores.

6.    A reserva de las exigencias relativas al mantenimiento de la fiabilidad y seguridad de la red, los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para asegurar que, siempre que resulte técnica y económicamente viable atendiendo al modo de funcionamiento de la instalación de cogeneración de alta eficiencia, los operadores de cogeneración de alta eficiencia puedan ofrecer servicios de equilibrado y otros servicios operacionales en el ámbito de los operadores de sistemas de transporte o de sistemas de distribución. Los operadores de sistemas de transporte y los de distribución garantizarán que tales servicios forman parte de un proceso de subasta de servicios que sea transparente, no discriminatorio y controlable.

9. En su caso, los Estados miembros  las autoridades reguladoras nacionales  podrán pedir a los operadores gestores de sistemas de transporte y a los de sistemas de distribución que apoyen que la cogeneración de alta eficiencia se ubique cerca de las zonas de demanda  de calor  reduciendo los gastos de conexión al sistema y los cánones de utilización.

107. Los Estados miembros podrán permitir a los productores de electricidad generada por cogeneración de alta eficiencia que deseen conectarse a la red que convoquen una licitación para los trabajos de conexión.

119. A la hora de presentar informes de conformidad con la Directiva 2010/75/UE, y sin perjuicio de lo dispuesto en suel artículo 9, apartado 2, de la misma, los Estados miembros considerarán la posibilidad de incluir información sobre los niveles de eficiencia energética de las instalaciones dedicadas a la combustión de combustibles con una potencia térmica nominal total igual o superior a 50 MW, a la luz de las mejores técnicas disponibles pertinentes desarrolladas con arreglo a la Directiva 2010/75/UE y a la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación 120 .

Los Estados miembros podrán animar a los titulares de las instalaciones a las que se refiere el párrafo primero a que mejoren su eficiencia operativa media anual neta.

CAPÍTULO VIIV

DISPOSICIONES HORIZONTALES

Artículo 2616

Disponibilidad de sistemas de cualificación, acreditación y certificación

1.    Cuando un Estado miembro considere que el nivel de competencia técnica, objetividad y fiabilidad es insuficiente, velará por que, a más tardar el 31 de diciembre de 2014, se disponga o se tomen medidas para que se disponga de sistemas de certificación o acreditación o sistemas de cualificación equivalentes, incluidos, si fuera necesario, sistemas de formación adecuados, para los proveedores de servicios energéticos, auditorías energéticas, gestores energéticos e instaladores de los elementos de un edificio relacionados con la energía que se definen en el artículo 2, apartado 9, de la Directiva 2010/31/UE.

2.    Los Estados miembros velarán por que los sistemas previstos en el apartado 1 aporten transparencia a los consumidores, sean fiables y contribuyan a los objetivos nacionales de eficiencia energética.

 nuevo

1. Los Estados miembros garantizarán que los profesionales dedicados a la eficiencia energética cuenten con un nivel de competencias adecuado, acorde con las necesidades del mercado. Los Estados miembros, en estrecha cooperación con los interlocutores sociales, velarán por que existan sistemas de certificación o sistemas de cualificación equivalentes, incluidos, cuando sea necesario, programas de formación adecuados, para los profesionales dedicados a la eficiencia energética, por ejemplo los proveedores de servicios energéticos, los proveedores de auditorías energéticas, los gestores de energía, los expertos independientes y los instaladores de elementos de un edificios con arreglo a la Directiva 2010/31/UE, y por que estos sean fiables y contribuyan a los objetivos nacionales de eficiencia energética y a los objetivos generales de descarbonización de la Unión Europea.

Los proveedores de sistemas de certificación o de sistemas de cualificación equivalentes, incluidos, en su caso, los programas de formación adecuados, deberán estar acreditados con arreglo al Reglamento (CE) n.º 765/2008 121 .

2. Los Estados miembros velarán por que la certificación nacional o los sistemas de cualificación equivalentes, incluidos, en su caso, los programas de formación, tengan en cuenta las normas europeas o internacionales existentes.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

3. Los Estados miembros harán públicos los sistemas de certificación, o acreditación o los sistemas de cualificación equivalentes  o los programas de formación adecuados  mencionados en el apartado 1, y cooperarán entre sí y con la Comisión para comparar esos sistemas y facilitar su reconocimiento.

Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para que los consumidores conozcan la existencia de  los  sistemas de cualificación o de certificación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2718, apartado 1.

 nuevo

4. Los Estados miembros evaluarán, a más tardar el 31 de diciembre de 2024 y posteriormente cada cuatro años, si los sistemas garantizan el nivel necesario de competencias de los proveedores de servicios energéticos, los auditores energéticos, los gestores de energía, los expertos independientes y los instaladores de elementos de un edificio con arreglo a la Directiva 2010/31/UE, y pondrán esa evaluación y las recomendaciones basadas en ella a disposición del público.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

Artículo 17

Información y formación

1.    Los Estados miembros velarán por que la información sobre los mecanismos disponibles de eficiencia energética y sobre los marcos financieros y jurídicos sea transparente y se difunda amplia y activamente a todos los agentes del mercado interesados, como consumidores, constructores, arquitectos, ingenieros, auditores ambientales y energéticos e instaladores de los elementos de un edificio que se definen en la Directiva 2010/31/UE.

4.    Los Estados miembros, con la participación de las partes interesadas, incluidas las autoridades locales y regionales, promoverán una información adecuada, acciones de sensibilización e iniciativas de formación con objeto de informar a los ciudadanos de las ventajas y la utilidad de adoptar medidas para mejorar la eficiencia energética.

Artículo 2718

Servicios energéticos

1. Los Estados miembros fomentarán el mercado de los servicios energéticos y facilitarán el acceso a este de las pymesPYME: 

   a)    difundiendo información clara y fácilmente accesible sobre:

ai)los contratos de servicios energéticos disponibles y las cláusulas que deben incluirse en tales contratos a fin de garantizar el ahorro de energía y el respeto de los derechos de los clientes finales,;

bii)instrumentos financieros, incentivos, subvenciones  fondos rotatorios, garantías, regímenes de seguros  y préstamos en apoyo de los proyectos de servicios de eficiencia energética;

 nuevo

c)los proveedores de servicios energéticos disponibles que están cualificados o certificados, así como sus cualificaciones o certificaciones con arreglo al artículo 26;

d)las metodologías de seguimiento y verificación y los regímenes de control de calidad disponibles.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

2.b) alentando  Los Estados miembros deben alentar  la creación de etiquetas de calidad, por ejemplo por parte de asociaciones comerciales  , sobre la base de normas europeas o internacionales, según proceda .

3.c) poniendo  Los Estados miembros pondrán  a disposición del público y actualizando  actualizarán  periódicamente una lista de proveedores de servicios energéticos disponibles que estén cualificados o certificados, así como de sus cualificaciones o certificaciones con arreglo al artículo 2616, o proporcionando  proporcionarán  una interfaz en la que los proveedores de servicios energéticos puedan facilitar información;.

 nuevo

4. Los Estados miembros alentarán a los organismos públicos a utilizar contratos de rendimiento energético para la renovación de grandes edificios. En el caso de las renovaciones de grandes edificios no residenciales con una superficie útil superior a 1 000 m2, los Estados miembros velarán por que los organismos públicos evalúen la viabilidad de utilizar contratos de rendimiento energético.

Los Estados miembros podrán alentar a los organismos públicos a combinar los contratos de rendimiento energético con otros servicios energéticos, como la respuesta de la demanda y el almacenamiento.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

5.d) apoyando  Los Estados miembros deben apoyar  al sector público en la asunción de ofertas de servicios energéticos, en particular para la reforma renovación de edificios, por los siguientes medios:

ai)facilitando modelos de contrato para la contratación de rendimiento energético, que incluyan como mínimo los elementos enunciados en el anexo XIII,  y teniendo en cuenta las normas europeas o internacionales existentes, las directrices de licitación disponibles y la Guía sobre el tratamiento estadístico de los contratos de rendimiento energético en las cuentas públicas publicada por Eurostat; 

bii)facilitando información sobre prácticas idóneas de contratación de rendimiento energético, que incluya, si se dispone de él, un análisis de costes y beneficios con un enfoque basado en el ciclo de vida;

 nuevo

c)poniendo a disposición del público una base de datos de los proyectos de contratación de rendimiento energético ejecutados y en curso, que debe indicar el ahorro de energía previsto y el ya logrado.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

62. Los Estados miembros respaldarán el correcto funcionamiento del mercado de servicios energéticos, si procede, por  a través de  los siguientes medios:

a)determinación y publicación de los puntos de contacto en los que los clientes finales pueden obtener la información mencionada en el apartado 1;

b)adoptando medidas, en caso necesario, para eliminar  eliminando  las barreras reglamentarias y no reglamentarias que impiden la celebración de contratos de rendimiento energético y otros modelos de servicios de eficiencia energética para la determinación o aplicación de medidas de ahorro de energía;

c)estudiando la creación o atribuyendo la función de un mecanismo independiente, como un defensor del pueblo, para garantizar la tramitación eficiente de las reclamaciones y la resolución extrajudicial de los litigios derivados de un contrato de servicios energéticos;

 nuevo

c)definiendo y promoviendo el papel de los órganos consultivos y los intermediarios independientes de mercado, incluidas las ventanillas únicas u otros mecanismos similares de apoyo, para estimular el desarrollo del mercado por el lado de la demanda y el lado de la oferta, y poniendo a disposición del público y de los agentes del mercado información sobre esos mecanismos de apoyo.

7. A fin de respaldar el correcto funcionamiento del mercado de los servicios energéticos, los Estados miembros deben establecer un mecanismo individual o designar a un defensor del pueblo para garantizar la tramitación eficiente de las reclamaciones y la resolución extrajudicial de los litigios derivados de los contratos de servicios energéticos y de rendimiento energético.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

d)permitiendo que los intermediarios independientes de mercado desempeñen un papel en la estimulación del desarrollo del mercado por el lado de la demanda y el lado de la oferta.

83. Los Estados miembros se asegurarán de que los distribuidores de energía, los gestores de redes de distribución y las empresas minoristas de venta de energía se abstienen abstengan de toda actividad que pueda obstaculizar la demanda y la prestación de servicios energéticos u otras o de medidas de mejora de la eficiencia energética, o bien pueda obstaculizar el desarrollo de mercados de tales servicios o la aplicación de tales medidas, de manera que no se pueda cerrar el mercado a los competidores o abusar de posición dominante.

Artículo 2820

Fondo nNacional de eEficiencia Eenergética, financiación y apoyo técnico

1. Sin perjuicio de los artículos 107 y 108 del  TFUE  Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Estados miembros facilitarán el establecimiento de mecanismos de financiación o el recurso a los existentes, a fin de que se aprovechen al máximo en las medidas de mejora de la eficiencia energética las ventajas de la presencia de múltiples flujos de financiación  y la combinación de subvenciones, instrumentos financieros y asistencia técnica .

2. Si procede, la Comisión asistirá a los Estados miembros, directamente o a través de las instituciones financieras europeas, en el establecimiento de mecanismos de financiación y planes de asistencia técnica  mecanismos de ayuda al desarrollo de proyectos a nivel nacional, regional o local , con el fin de aumentar  las inversiones en  la eficiencia energética en diferentes sectores  y de proteger y empoderar a los clientes vulnerables, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales, en particular mediante la perspectiva de igualdad, de forma que nadie se quede atrás .

 3. Los Estados miembros adoptarán medidas que garanticen que las entidades financieras ofrezcan los productos de préstamo para eficiencia energética, como las hipotecas y los préstamos verdes, garantizados y no garantizados, de forma generalizada y no discriminatoria, y que estos sean visibles y accesibles para los consumidores. Los Estados miembros adoptarán medidas para facilitar la aplicación de sistemas de financiación a través de facturas o de impuestos.  Los Estados miembros propiciarán la difusión de información a  garantizarán que  los bancos y otras entidades financieras  reciban información sobre las oportunidades de participar en la financiación de las medidas de mejora de la eficiencia energética  en cuanto a la posibilidad de participar, por ejemplo a través de la creación de asociaciones público-privadas, en la financiación de medidas de mejora de la eficiencia energética.

43. La Comisión facilitará el intercambio de buenas las mejores prácticas entre las autoridades u organismos nacionales o regionales responsables, por ejemplo, mediante reuniones anuales de los organismos reguladores, bases de datos públicas con información sobre la aplicación de medidas por parte de los Estados miembros y comparaciones entre países.

🡻 2018/2002 artículo 1.12 (adaptado)

 nuevo

53 bis. A fin de movilizar financiación privada para la aplicación de medidas de eficiencia energética y de renovación energética, conforme a la Directiva 2010/31/UE, la Comisión entablará un diálogo con instituciones financieras tanto privadas como públicas para determinar posibles medidas a adoptar.

63 ter. Las medidas mencionadas en el apartado 43 bis incluirán lo siguiente  los elementos siguientes :

a)movilizar inversiones de capital en eficiencia energética teniendo en cuenta las consecuencias más generales del ahorro de energía para la gestión del riesgo financiero;

b)garantizar unos mejores datos de rendimiento en materia de energía y finanzas mediante:

i)un examen más profundo del modo en que las inversiones en eficiencia energética mejoran los valores de los activos subyacentes,

ii)un apoyo de estudios que evalúen la monetización de los beneficios no energéticos de las inversiones realizadas en eficiencia energética.

73 quater. Con objeto de movilizar financiación privada para la aplicación de medidas de eficiencia energética y de renovación energética, al aplicar la presente Directiva los Estados miembros deberán:

a)estudiar maneras de hacer un mejor uso de las auditorías energéticas con arreglo al artículo 118 para influir en la toma de decisiones;

b)hacer un uso óptimo de las posibilidades e instrumentos  disponibles con cargo al presupuesto de la Unión  propuestos en la iniciativa «Financiación Inteligente para Edificios Inteligentes»  y en la Comunicación de la Comisión titulada «Oleada de renovación». .

83 quinquies. A más tardar el 1 de enero de 2020 31 de diciembre de 2024 , la Comisión proporcionará directrices a los Estados miembros  y a los agentes del mercado  acerca de cómo desbloquear la inversión privada.

 nuevo

Dichas directrices tendrán por objeto ayudar a los Estados miembros y a los agentes del mercado a desarrollar y llevar a cabo sus inversiones en eficiencia energética en los distintos programas de la Unión, y propondrán las soluciones y los mecanismos financieros adecuados, con una combinación de subvenciones, instrumentos financieros y ayuda al desarrollo de proyectos, para ampliar las iniciativas existentes y utilizar la financiación de la Unión como catalizador para impulsar y activar la financiación privada.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

94. Los Estados miembros podrán crear un Fondo nNacional de Eeficiencia eEnergética. El objetivo de este Fondo será  aplicar las medidas de eficiencia energética, en particular las adoptadas con arreglo al artículo 8, apartado 3, y al artículo 22, con carácter prioritario entre los clientes vulnerables, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales, y  respaldar las iniciativas  aplicar medidas  nacionales de eficiencia energética  a fin de respaldar a los Estados miembros en el cumplimiento de sus contribuciones nacionales de eficiencia energética y las trayectorias indicativas a que se refiere el artículo 4, apartado 2. El Fondo Nacional de Eficiencia Energética podrá financiarse con los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión realizadas con arreglo al régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea en los sectores de la construcción y el transporte. 

105. Los Estados miembros podrán autorizar que  a los organismos públicos a cumplir  las obligaciones previstas en el artículo 65, apartado 1, se cubran mediante contribuciones anuales al Fondo Nnacional de Eeficiencia Eenergética, de una cuantía equivalente a la de  equivalentes a  las inversiones necesarias para el cumplimiento de dichas obligaciones.

116. Los Estados miembros podrán estipular que las partes obligadas puedan cumplir las obligaciones previstas en el artículo 97, apartado 1,  apartados 1 y 4  contribuyendo anualmente a unal Fondo Nnacional de Eeficiencia Eenergética en una cuantía equivalente a las inversiones que exijanecesarias para el cumplimiento de dichas obligaciones.

127. Los Estados miembros podrán emplear los ingresos que perciban de la asignación anual de emisiones conforme a la Decisión non.º 406/2009/CE para la creación de mecanismos de financiación innovadores que lleven a la práctica el objetivo del artículo 65 de mejorar el rendimiento energético de los edificios  financiación innovadora destinada a lograr mejoras de eficiencia energética .

Artículo 2921

Factores de conversión  y factores de energía primaria 

1. Para comparar los ahorros energéticos y convertirlos el ahorro de energía y convertirlo a una unidad comparable, se aplicarán los  valores caloríficos netos del anexo VI del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión 122 y los factores de energía primaria  factores de conversión previstos en el  apartado 2  anexo IV, a menos que pueda justificarse el uso de otros  valores o  factores de conversión.

 nuevo

2. Cuando el ahorro de energía se calcule en términos de energía primaria utilizando un enfoque ascendente basado en el consumo final de esta energía, se aplicará un factor de energía primaria.3. Para el ahorro en kWh de electricidad, los Estados miembros aplicarán un coeficiente para calcular con exactitud el ahorro de consumo de energía primaria resultante. Los Estados miembros aplicarán un coeficiente por defecto de 2,1, excepto si, con motivo de circunstancias nacionales justificables, deciden definir un coeficiente distinto con arreglo a su criterio.

4. Para el ahorro en kWh de otros vectores energéticos, los Estados miembros aplicarán un coeficiente para calcular con exactitud el ahorro de consumo de energía primaria resultante. 5. Cuando los Estados miembros establezcan su propio coeficiente para un valor por defecto previsto en la presente Directiva, los Estados miembros lo harán mediante una metodología transparente y sobre la base de las circunstancias nacionales que afecten al consumo de energía primaria. Las circunstancias deberán estar fundamentadas, ser verificables y basarse en criterios objetivos y no discriminatorios.

6. Cuando establezcan su propio coeficiente, los Estados miembros tendrán en cuenta la combinación energética incluida en sus planes nacionales integrados de energía y clima y los planes nacionales integrados de energía y clima siguientes, que han de ser notificados a la Comisión de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999. Si se desvían del valor por defecto, los Estados miembros deberán notificar a la Comisión el coeficiente que utilicen, así como el método de cálculo y los datos subyacentes, incluyéndolos en la actualización de sus planes nacionales integrados de energía y clima y sus planes nacionales integrados de energía y clima siguientes, con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1999.

7. A más tardar el 25 de diciembre de 2022 y posteriormente cada cuatro años, la Comisión revisará el coeficiente por defecto sobre la base de los datos reales observados. Dicha revisión se realizará teniendo en cuenta sus efectos sobre otras normas del Derecho de la Unión, como la Directiva 2009/125/CE y el Reglamento (UE) 2017/1369.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

CAPÍTULO VIIV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 3013

Sanciones

Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de los artículos 7 a 11 bis y del artículo 18, apartado 3,  la presente Directiva  y adoptarán las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán dichas disposiciones a la Comisión a más tardar el 5 de junio de 2014  a más tardar el [fecha de transposición]  y le notificarán sin demora cualquier modificación de las mismas estas.

Artículo 3122

Actos delegados

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 3223 con objeto de revisar  relativos a la revisión de  los valores de referencia armonizados de eficiencia armonizados a los que se refiere el artículo 2414, apartado 10, párrafo segundo.

🡻 2018/2002 artículo 1.13 (adaptado)

2. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 3223 para modificar  para modificar o completar  la presente Directiva a fin de adaptar al progreso técnico los valores, los métodos de cálculo, el coeficiente los coeficientes de energía primaria por defecto y los requisitos  a que se refieren  de  el artículo 29 y  los anexos II, III, V, VII a XI y XIII I a V, VII a X y XII.

 nuevo

3. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, con arreglo al artículo 32, a fin de completar la presente Directiva mediante el establecimiento de un régimen común de la Unión destinado a evaluar la sostenibilidad de los centros de datos situados en su territorio, previa consulta a las partes interesadas pertinentes. El régimen establecerá la definición de los indicadores de sostenibilidad de los centros de datos y, de conformidad con el artículo 10, apartado 9, de la presente Directiva, definirá los umbrales mínimos de un consumo de energía significativo y establecerá los indicadores clave y la metodología para medirlos.

🡻 2012/27/UE

Artículo 3223

Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

🡻 2018/2002 artículo 1.14.a)

 nuevo

2. Los poderes para adoptar actos los delegados mencionados en el artículo 3122 se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 24 de diciembre de 2018  [fecha de publicación en el DO. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

🡻 2012/27/UE

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 3122 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

🡻 2018/2002 artículo 1.14.b)

43 bis. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016 123 .

🡻 2012/27/UE

54. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

65. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3122 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 3324

Revisión y control de la aplicación

🡻 2018/2002 artículo 1.15.a)

14 bis. En el contexto del informe sobre el Estado de la Unión de la Energía, la Comisión informará sobre el funcionamiento del mercado del carbono, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, apartado 1, y apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) 2018/1999, teniendo en cuenta los efectos de la aplicación de la presente Directiva.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

5.    La Comisión revisará si siguen siendo necesarias las posibilidades de exención dispuestas en el artículo 14, apartado 6, por primera vez, cuando evalúe el primer Plan nacional de acción para la eficiencia energética, y a continuación cada tres años. Cuando, a raíz de esta revisión, se ponga de manifiesto que alguno de los criterios establecidos para la concesión de exenciones no puede ya justificarse habida cuenta de la disponibilidad de carga de calor y de las condiciones reales de funcionamiento de las instalaciones a las que se ha eximido, la Comisión propondrá las medidas oportunas.

 nuevo

2. A más tardar el 31 de octubre de 2025 y posteriormente cada cuatro años, la Comisión evaluará las medidas existentes para lograr un aumento de la eficiencia energética y la descarbonización de la calefacción y la refrigeración. La evaluación tendrá en cuenta:

a)la eficiencia energética y la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en la calefacción y la refrigeración, incluidos los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración;

b)las interrelaciones entre las medidas adoptadas;

c)los cambios en la eficiencia energética y las emisiones de gases de efecto invernadero en la calefacción y la refrigeración;

d)las políticas y las medidas de eficiencia energética y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero existentes y previstas a nivel nacional y de la Unión Europea, y

e)las medidas que los Estados miembros incluyeron en sus evaluaciones completas realizadas con arreglo al artículo 23, apartado 1, y notificadas de conformidad con el artículo 17, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2018/1999.

La Comisión podrá proponer, cuando proceda, medidas para lograr la consecución de los objetivos de la Unión en materia de clima y energía.

🡻 2012/27/UE

36. Los Estados miembros presentarán a la Comisión, antes del 30 de abril de cada año, estadísticas sobre la producción nacional de electricidad y calor a partir de cogeneración de alta y baja eficiencia, con arreglo a la metodología que se muestra en el anexo III, en relación con la producción total de generación de electricidad y calor. También presentarán estadísticas anuales sobre la capacidad de cogeneración de calor y electricidad y los combustibles para cogeneración, así como sobre la producción y la capacidad de producción de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración urbanas, en relación con la producción total y la capacidad total de generación de calor y electricidad. Los Estados miembros presentarán estadísticas sobre el ahorro de energía primaria conseguido mediante la aplicación de la cogeneración, con arreglo a la metodología que figura en el anexo IIIII.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

7.    A más tardar el 30 de junio de 2014, la Comisión presentará la evaluación a la que se refiere el artículo 3, apartado 2, al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañada, en caso necesario, de propuestas de nuevas medidas.

8.    La Comisión evaluará la efectividad de la aplicación del artículo 6 a más tardar el 5 de diciembre de 2015, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la Directiva 2004/18/CE, y presentará un informe al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho informe irá acompañado, en su caso, de propuestas de nuevas medidas.

9.    A más tardar el 30 de junio de 2016, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del artículo 7. El informe irá acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa para una o más de las finalidades siguientes:

a)cambiar la fecha última establecida en el artículo 67, apartado 1;

b)revisar los requisitos establecidos en el artículo 67, apartados 1, 2 y 3;

c)establecer requisitos comunes adicionales, especialmente en lo que se refiere a las cuestiones mencionadas en el artículo 7, apartado 7.

10.    A más tardar el 30 de junio de 2018, la Comisión evaluará los avances obtenidos por los Estados miembros en la eliminación de las barreras reglamentarias y no reglamentarias a las que se refiere el artículo 19, apartado 1. Tal evaluación irá seguida, si se considera adecuado, de propuestas de nuevas medidas.

🡻 2018/2002 artículo 1.15.b) (adaptado)

 nuevo

12.    A más tardar el 31 de diciembre de 2019, la Comisión evaluará la eficacia de la aplicación de la definición de pequeñas y medianas empresas a efectos del artículo 8, apartado 4, y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo. Tan pronto como sea posible una vez presentado dicho informe, la Comisión, en caso necesario, adoptará unas propuestas legislativas.

413. A más tardar el 1 de enero de 2021, la Comisión llevará a cabo una evaluación del potencial de eficiencia energética de la conversión, la transformación, la transmisión, el transporte y la distribución el almacenamiento de la energía, y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho informe irá acompañado, en su caso, de propuestas legislativas.

514.  Sin perjuicio de cualquier modificación de las disposiciones sobre el mercado minorista de la Directiva 2009/79/CE y  A a más tardar el 31 de diciembre de 2021, salvo si entretanto se han propuesto modificaciones a las disposiciones en materia de mercado minorista de la Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, la Comisión llevará a cabo una evaluación, sobre la que presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, de las disposiciones relativas a la medición, la facturación y la información al consumidor en relación con el gas natural, con el fin de igualarlas, en su caso, con las correspondientes disposiciones para la electricidad que figuran en la Directiva (UE) 2019/944 2009/72/CE, a fin de aumentar la protección del consumidor y permitir que los clientes finales reciban información más frecuente, clara y actual sobre su consumo de gas natural y regulen su uso de la energía. Tan pronto como sea posible una vez presentado dicho informe, la Comisión, en caso necesario  cuando proceda , adoptará unas propuestas legislativas.

🡻 2018/2002 artículo 1.2 (adaptado)

64. A más tardar el 31 de octubre de 2022, la Comisión evaluará si la Unión ha conseguido sus objetivos principales su objetivo principal en materia de eficiencia energética para 2020.

🡻 2018/2002 artículo 1.15.b)

 nuevo

715. A más tardar el 28 de febrero de 2024  2027 , y cada cinco años a partir de entonces, la Comisión evaluará la presente Directiva y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo.

Esa evaluación incluirá determinará:

a)un examen de la posible necesidad de adaptar, después de 2030, los requisitos y el enfoque alternativo establecidos en el artículo 5;

ab)una evaluación de la eficacia general de la presente Directiva y de la necesidad de seguir adaptando la política de eficiencia energética de la Unión en función de los objetivos del Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático siguiendo la 21.a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 124 y a la luz de la evolución económica y de la innovación.;

 nuevo

b)los objetivos principales de la Unión en materia de eficiencia energética para el año 2030 establecidos en el artículo 4, apartado 1, con vistas a ajustar dichos objetivos al alza en caso de que se obtengan importantes reducciones de los costes a raíz de la evolución económica o tecnológica, o cuando resulte necesario para cumplir los objetivos de la Unión en materia de descarbonización para 2040 o 2050, o sus compromisos internacionales en la materia;

c)si los Estados miembros deben seguir logrando nuevos ahorros anuales, de conformidad con el artículo 8, párrafo primero, letra c), en los períodos de diez años posteriores a 2030;

d)si los Estados miembros deben seguir garantizando que al menos el 3 % de la superficie total de los edificios con calefacción o refrigeración que son propiedad de organismos públicos se renueve cada año, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, con vistas a revisar el índice de renovación establecido en dicho artículo;

e)si los Estados miembros deben seguir obteniendo una proporción del ahorro de energía entre los clientes vulnerables, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales, de conformidad con el artículo 8, apartado 3, en los períodos de diez años posteriores a 2030;

f)si los Estados miembros deben seguir obteniendo una reducción de su consumo de energía final, de conformidad con el artículo 5, apartado 1.

🡻 2018/2002 artículo 1.15.b)

Dicho informe irá acompañado, en su caso, de propuestas de nuevas medidas.

🡻 2012/27/UE (adaptado)

 nuevo

Artículo 25

Plataforma en línea

La Comisión establecerá una plataforma en línea con el fin de favorecer la aplicación práctica de la presente Directiva a nivel nacional, regional y local. Mediante dicha plataforma, se dará apoyo al intercambio de experiencias sobre prácticas, análisis comparativos, actividades de trabajo en red, y prácticas innovadoras.

Artículo 3426

Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) non.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado será de aplicación el artículo 4 del Reglamento (UE) n.on.º 182/2011.

Artículo 3528

Incorporación al Derecho nacional

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva  los artículos […] y los anexos […]  [artículos y anexos que hayan sido objeto de modificaciones de fondo respecto de la Directiva derogada] a más tardar el  […]  5 de junio de 2014.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros promulgarán las leyes, los reglamentos y las disposiciones administrativas necesarios para dar cumplimiento al artículo 4, al artículo 5, apartado 1, párrafo primero, al artículo 5, apartados 5 y 6, al artículo 7, apartado 9, último párrafo, al artículo 14, apartado 6, al artículo 19, apartado 2, al artículo 24, apartado 1 y al artículo 24, apartado 2, así como al anexo V, punto 4, en las fechas que en ellos se señalan.

Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones  medidas .

Cuando los Estados miembros adopten dichas  medidas  disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.  Incluirán igualmente una mención en la que se precise que las referencias hechas, en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, a la Directiva derogada por la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva.  Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia  y la formulación de dicha mención .

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3627

Modificaciones y derogacionesDerogación

1.Queda derogada la Directiva 2012/27/UE 2006/32/CE  , en su versión modificada por los actos enumerados en el anexo XV, parte A, con efecto  a partir del  […]  [el día siguiente a la fecha indicada en el artículo 35, apartado 1, párrafo primero] a partir del 5 de junio de 2014, excepto su artículo 4, apartados 1 a 4, y sus anexos I, III y IV, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros respecto al plazo fijado  a los plazos fijados  para su  la  incorporación al ordenamiento jurídico nacional  de las Directivas mencionadas en el anexo XV, parte B . El artículo 4, apartados 1 a 4, y los anexos I, III y IV de la Directiva 2006/32/CE quedan derogados con efecto a partir del 1 de enero de 2017. 

Queda derogada la Directiva 2004/8/CE con efecto a partir del 5 de junio de 2014, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros respecto al plazo fijado para su incorporación al ordenamiento jurídico nacional.

Las referencias a las Directivas 2006/32/CE y 2004/8/CE  derogadas  se entenderán hechas a la presente Directiva con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el del anexo XVIXV.

2.    Queda derogado el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2010/30/UE, con efecto a partir del 5 de junio de 2014.

3.    La Directiva 2009/125/CE se modifica como sigue:

1)Se inserta el considerando siguiente:

«(35 bis)La Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios 125 , exige que los Estados miembros establezcan requisitos de rendimiento energético para los elementos de los edificios que formen parte de la envolvente del edificio, y requisitos del sistema en relación con la eficiencia energética general, la instalación correcta y el dimensionado, control y ajuste adecuados de las instalaciones técnicas presentes en los edificios existentes. Es compatible con los objetivos de la presente Directiva que, en determinadas circunstancias, esos requisitos puedan limitar la instalación de productos relacionados con la energía que se ajusten a lo dispuesto en la presente Directiva y sus medidas de aplicación, a condición de que esos requisitos no constituyan una barrera injustificada al comercio.

2)En el artículo 6, apartado 1, se añade la siguiente frase al final:

«Lo anterior se entiende sin perjuicio de los requisitos de rendimiento energético y de los requisitos del sistema que fijen los Estados miembros con arreglo al artículo 4, apartado 1, y al artículo 8 de la Directiva 2010/31/UE.».

Artículo 3729

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

 Los artículos [...] y los anexos [...] [artículos y anexos que no se modifiquen con respecto a la Directiva derogada] serán aplicables a partir del [...] [el día siguiente a la fecha indicada en el artículo 35, apartado 1, párrafo primero]. 

Artículo 3830

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo    Por el Consejo

El Presidente    El Presidente / La Presidenta

(1)    El Pacto Verde Europeo, COM(2019) 640 final.
(2)    Anexo de la Comunicación relativa al Pacto Verde, página 2.
(3)    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos», COM(2020) 562 final.
(4)    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «El Pacto Verde Europeo», COM(2019) 640 final.
(5)    https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2020-INIT/es/pdf
(6)    COM(2020) 690 final.
(7)    Comunicación titulada «Un planeta limpio para todos. La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra» [COM(2018) 773 final], en la que se evalúa el papel de la eficiencia energética como condición sine qua non para todas las hipótesis de descarbonización.
(8)    SWD(2021) 623.
(9)    COM(2020) 299 final.
(10)    https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market
(11)    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Configurar el futuro digital de Europa» [COM(2020) 67 final].
(12)    SWD(2021) 623, punto 2.2.2.
(13)    Evaluación de los artículos 6 y 7 de la Directiva de eficiencia energética (2012/27/UE) [SWD(2016) 403 final; https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/3_en_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf ].
(14)    SWD(2021) 623, anexo H.
(15)    SWD(2021) 623, punto 2.2.2.
(16)    Estrategia de la UE relativa a la Calefacción y la Refrigeración [COM(2016) 51 final].
(17)    Véase, por ejemplo: Consejo de Reguladores de Energía Europeos: 2nd CEER Report on Power Losses [«2.º informe del CEER sobre las pérdidas de energía», documento en inglés], 2020.
(18)    SWD(2021) 623, punto 2.2.2.
(19)    https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
(20)    SWD(2021) 623, punto 2.2.2 y anexo L.
(21)    Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
(22)    Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía; Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se establece un marco para el etiquetado energético y Reglamento (UE) 2020/740 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, relativo al etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros, respectivamente.
(23)    Por otra parte, la realización de revisiones de productos en el marco del Plan de Trabajo sobre Diseño Ecológico 2020-2024 y de la oleada de renovación, junto con la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, contribuirán significativamente a la consecución del objetivo de eficiencia energética para 2030.
(24)    Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (PE/48/2018/REV/1) (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82).
(25)    SWD(2021) 623, anexo M. 
(26)    DO L 328 de 21.12.2018, p. 1.
(27)    SWD(2021) 623, anexo M.
(28)    SWD(2021) 623, anexo M.
(29)    Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo.
(30)    Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283 de 31.10.2003, p. 51).
(31)    Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos.
(32)    SWD(2021) 623, punto 2.
(33)    SWD(2021) 623.
(34)    DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
(35)    SWD(2021) 623.
(36)    Véase, por ejemplo: https://www.eiif.org/sites/default/files/2020-12/EiiF_White%20paper_2020_REV.15.pdf
(37)    SWD(2021) 623.
(38)    SWD(2021) 623.
(39)    DO C [...] de [...], p. [...].
(40)    DO C [...] de [...], p. [...].
(41)    Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1).
(42)    Véase el anexo XV, parte A.
(43)    DO L 114 de 27.4.2006, p. 64.
(44)    DO L 140 de 5.6.2009, p. 136.
(45)    DO L 52 de 21.2.2004, p. 50.
(46)    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos», COM(2020) 562 final.
(47)    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «El Pacto Verde Europeo», COM(2019) 640 final.
(48)    https://www.consilium.europa.eu/media/47348/1011-12-20-euco-conclusions-es.pdf
(49)    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Programa de trabajo de la Comisión para 2021. Una Unión de vitalidad en un mundo de fragilidad», COM(2020) 690 final.
(50)    Comunicación titulada «Un planeta limpio para todos. La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra» [COM(2018) 773 final], en la que se evalúa el papel de la eficiencia energética como condición sine qua non para todas las hipótesis de descarbonización.
(51)    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Configurar el futuro digital de Europa» [COM(2020) 67 final].
(52)    DO L 282 de 19.10.2016, p. 4.
(53)    Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1).
(54)    DO L 198 de 22.6.2020, p. 13.
(55)    Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, PE/55/2018/REV/1 (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).
(56)    «Una Estrategia de la UE para la Integración del Sistema Energético», COM(2020) 299 final.
(57)    Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (DO L 158 de 14.6.2019, p. 125).
(58)    Recomendación de la Comisión sobre la pobreza energética, C(2020) 9600 final.
(59)    Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (DO L 211 de 14.8.2009, p. 94).
(60)    Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
(61)    Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía; Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se establece un marco para el etiquetado energético y Reglamento (UE) 2020/740 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, relativo al etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros, respectivamente.
(62)    Por otra parte, la realización de revisiones de productos en el marco del Plan de Trabajo sobre Diseño Ecológico 2020-2024 y de la oleada de renovación, junto con la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, contribuirán significativamente a la consecución del objetivo de ahorro de energía para 2030.
(63)    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones titulada «Un planeta limpio para todos. La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra», COM(2018) 773 final.
(64)    Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2009119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (véase la página 1 del presente Diario Oficial).
(65)    DO L 140 de 5.6.2009, p. 16.
(66)    Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
(67)    COM(2020) 562 final.
(68)    Véanse el Resource Efficiency and Climate Change [«Uso eficiente de los recursos y cambio climático», documento en inglés], de 2020, del Panel Internacional de Recursos, y el Informe sobre la disparidad en las emisiones de 2019, de las Naciones Unidas. Estas cifras no se refieren a todo el ciclo de vida de los edificios, sino a su uso y funcionamiento, incluidas las emisiones indirectas en el sector de la electricidad y la calefacción. Se calcula que el carbono incorporado en la construcción representa alrededor del 10 % del total anual de emisiones de gases de efecto invernadero de todo el mundo.
(69)    COM(2020) 662 final.
(70)    Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, p. 13).
(71)    https://www.unfpa.org/es/tendencias-demogr%C3%A1ficas
(72)    https://www.un.org/en/ecosoc/integration/pdf/fact_sheet.pdf
(73)    Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1).
(74)    Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
(75)    DO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
(76)    Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17).
(77)    Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE (DO L 344 de 17.12.2016, p. 1).
(78)    Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).
(79)    AIE (Agencia Internacional de la Energía): Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector [«Cero emisiones netas de aquí a 2050. Una hoja de ruta para el sector energético mundial», documento en inglés], 2021. https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
(80)    Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (DO L 307 de 28.10.2014, p. 1).
(81)    Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 (DO L 156 de 19.6.2018, p. 26).
(82)    Recomendación de la Comisión, de 14 de octubre de 2020, sobre la pobreza energética, C(2020) 9600 final.
(83)    https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market
(84)    DO L 211 de 14.8.2009, p. 55.
(85)    DO L 211 de 14.8.2009, p. 94.
(86)    Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17).
(87)    Directiva 2009/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono (DO L 140 de 5.6.2009, p. 114).
(88)    Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad (DO L 159 de 14.6.2019, p. 54).
(89)    DO L 211 de 14.8.2009, p. 15.
(90)    Reglamento (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural (DO L 211 de 14.8.2009, p. 36).
(91)    Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82).
(92)    Pilar europeo de derechos sociales, principio 20 «Acceso a los servicios esenciales»: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
(93)     https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/8885635/guide_to_statistical_treatment_of_epcs_en.p df/f74b474b-8778-41a9-9978-8f4fe8548ab1
(94)    Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
(95)    Decisión n.º 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 5.6.2009, p. 136).
(96)    Decisión 2014/746/UE de la Comisión, de 27 de octubre de 2014, que determina, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la lista de sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono durante el período 2015-2019 (DO L 308 de 29.10.2014, p. 114).
(97)    DO L 1 de 5.1.2010, p. 10.
(98)    DO L 310 de 9.11.2006, p. 15.
(99)    DO L 285 de 31.10.2009, p. 10.
(100)    DO L 153 de 18.6.2010, p. 1.
(101)    DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
(102)    Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(103)    Reglamento (CE) n.º 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativo a las estadísticas sobre energía (DO L 304 de 14.11.2008, p. 1).
(104)    Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
(105)    DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.
(106)    DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.
(107)    En un principio, el objetivo de eficiencia energética de la Unión se fijó y se calculó utilizando como base de referencia las previsiones de la hipótesis de referencia de 2007 para 2030. El cambio en la metodología de Eurostat de cálculo del balance energético y las mejoras en las proyecciones de modelos posteriores requieren un cambio de la base de referencia. Así pues, utilizando el mismo enfoque para definir el objetivo, es decir, comparándolo con las previsiones futuras de referencia, la ambición del objetivo de eficiencia energética de la Unión para 2030 se establece en comparación con las previsiones de la hipótesis de referencia de 2020 para 2030, que reflejan las contribuciones nacionales de los planes nacionales de energía y clima. Con esta base de referencia actualizada, la Unión tendrá que aumentar su ambición en materia de eficiencia energética en al menos un 9 % en 2030 en comparación con el nivel de los esfuerzos de la hipótesis de referencia de 2020. La nueva forma de expresar el nivel de ambición de los objetivos de la Unión no afecta al nivel real de esfuerzos que resulta necesario.
(108)    Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).
(109)    Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, p. 13).
(110)    Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad (DO L 216 de 20.8.2009, p. 76).
(111)    Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se establece un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE (DO L 198 de 28.7.2017, p. 1).
(112)    Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 601/2012 de la Comisión (DO L 334 de 31.12.2018, p. 1).
(113)    Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 64).
(114)    Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 29).
(115)    Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 23.12.2015, p. 35).
(116)    Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo) (DO L 165 de 18.6.2013, p. 63).
(117)    Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, p. 30).
(118)    DO L 343 de 23.12.2011, p. 91.
(119)    Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2402 de la Comisión, de 12 de octubre de 2015, por el que se revisan los valores de referencia de la eficiencia armonizados para la producción por separado de calor y electricidad, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, y por el que se deroga la Decisión de Ejecución 2011/877/UE de la Comisión (DO L 333 de 19.12.2015, p. 54).
(120)    DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
(121)    Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).
(122)    Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 601/2012 de la Comisión (DO L 334 de 31.12.2018, p. 1).
(123)    DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
(124)    DO L 282 de 19.10.2016, p. 4.
(125)    DO L 153 de 18.6.2010, p. 13.».
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Bruselas, 14.7.2021

COM(2021) 558 final

ANEXOS

de la

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la eficiencia energética (versión refundida)

{SEC(2021) 558 final} - {SWD(2021) 623 final} - {SWD(2021) 624 final} - {SWD(2021) 625 final} - {SWD(2021) 626 final} - {SWD(2021) 627 final}


 nuevo

ANEXO I

CONTRIBUCIONES NACIONALES A LOS OBJETIVOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UNIÓN PARA 2030 EN CONSUMO DE ENERGÍA FINAL O PRIMARIA

1.El nivel de las contribuciones nacionales se calcula sobre la base de la siguiente fórmula indicativa:

donde CEU es un factor de corrección, Target es el nivel de ambición específico a nivel nacional y FECB2030 PECB2030 es la hipótesis de referencia de 2020 usada como período de referencia para 2030.

2.La siguiente fórmula indicativa representa los criterios objetivos que reflejan los factores enumerados en el artículo 4, apartado 3, letra d), incisos i) a iv), cada uno de los cuales se utiliza para definir el nivel de ambición específica nacional en % (Target) y tiene el mismo peso en la fórmula (0,25):

a)una contribución a tanto alzado («Fflat»);

b)una contribución en función del PIB per cápita («Fwealth»);

c)una contribución en función de la intensidad energética («Fintensity»);

d)una contribución en función del potencial de ahorro de energía rentable («Fpotential»).

3.Fflat representa el objetivo de la Unión para 2030, que incluye los esfuerzos adicionales necesarios para alcanzar los objetivos de eficiencia energética de la Unión en FEC y PEC en comparación con las previsiones de la hipótesis de referencia de 2020 para 2030.

4.Fwealth se calculará para cada Estado miembro sobre la base de su índice medio trienal de PIB real per cápita de Eurostat con respecto a la media trienal de la Unión durante el período 2017-2019, expresado en paridades de poder adquisitivo (PPA).

5.Fintensity se calculará para cada Estado miembro sobre la base de su índice medio trienal de intensidad energética final (FEC o PEC por PIB real en PPA) con respecto a la media trienal de la Unión durante el período 2017-2019.

6.Fpotential se calculará para cada Estado miembro sobre la base del ahorro de energía final o primaria en la hipótesis PRIMES MIX del 55 % para 2030. El ahorro se expresa en relación con las previsiones de la hipótesis de referencia de 2020 para 2030.

7.Para cada uno de los criterios previstos en el apartado 2, letras a) a d), se aplicarán límites inferior y superior. El nivel de ambición para cada factor se limitará al 50 % y al 150 % del nivel medio de ambición de la Unión en un factor determinado.

8.La fuente de los datos de cálculo utilizados para calcular los factores es Eurostat, salvo que se indique lo contrario.

9.Ftotal se calculará como la suma ponderada de los cuatro factores (Fflat, Fwealth, Fintensity y Fpotential). El objetivo se calculará entonces como el producto del total del factor Ftotal y el objetivo de la UE.

10.Para calibrar la suma de todas las contribuciones nacionales a los objetivos de consumo de energía primaria y final de la Unión en 2030, se aplicará un factor CEU de corrección de energía primaria y final a todos los Estados miembros. El factor CEU es idéntico para todos los Estados miembros.

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🡻 2012/27/EU (adaptado)

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ANEXO III

PRINCIPIOS GENERALES PARA EL CÁLCULO DE LA ELECTRICIDAD DE COGENERACIÓN

Parte I

Principios generales

Los valores utilizados para calcular la electricidad de cogeneración se determinarán sobre la base del funcionamiento previsto o real de la unidad en condiciones normales de utilización. En el caso de las unidades de microcogeneración, el cálculo podrá basarse en valores certificados.

a)La producción de electricidad mediante cogeneración se considerará igual a la producción total anual de electricidad de la unidad medida a la salida de los generadores principales  , siempre que se cumplan las siguientes condiciones :

i)en las unidades de cogeneración de tipo b), d), e), f), g) y h) a las que se refiere la parte II, con una eficiencia global anual establecida por los Estados miembros a un nivel al menos igual al 75 %, y

ii)en las unidades de cogeneración de los tipos a) y c) a las que se refiere la parte II, con una eficiencia global anual establecida por los Estados miembros a un nivel al menos igual al 80 %.

b)En lo que se refiere a las unidades de cogeneración cuya eficiencia global anual sea inferior al valor a que se refiere la letra a), inciso i) [unidades de cogeneración de los tipos b), d), e), f), g) y h) a las que se refiere la parte II], o inferior al valor al que se refiere la letra a), inciso ii), [unidades de cogeneración de los tipos a) y c) a las que se refiere la parte II] la  electricidad de  cogeneración se calculará aplicando la fórmula siguiente:

ECHP=HCHP*C

donde:

ECHP es la cantidad de electricidad producida mediante cogeneración.

C es la relación entre electricidad y calor.

HCHP es la cantidad de calor útil procedente de la cogeneración (calculada a este respecto como la producción total de calor menos cualquier cantidad de calor producida en calderas separadas o mediante extracción bajo tensión del vapor vivo procedente del generador de vapor antes de su paso por la turbina).

El cálculo de la electricidad de cogeneración deberá basarse en la relación real entre electricidad y calor. Si la relación real entre electricidad y calor en la unidad de cogeneración no se conoce, podrán utilizarse, en particular para fines estadísticos, los siguientes valores por defecto para las unidades de los tipos a), b), c), d) y e) mencionados en la parte II, siempre y cuando la electricidad de cogeneración calculada sea inferior o igual a la producción eléctrica total de la unidad:

Tipo de unidad

Valor por defecto para la relación entre electricidad y calor, C

Turbina de gas de ciclo combinado con recuperación del calor

0,95

Turbina de contrapresión sin condensado

0,45

Turbina de extracción de vapor de condensación

0,45

Turbina de gas con recuperación del calor

0,55

Motor de combustión interna

0,75

Si los Estados miembros establecen valores por defecto para la relación entre electricidad y calor de las unidades de los tipos f), g), h), i), j) y k) mencionados en la parte II, deberán publicarlos y notificarlos a la Comisión.

c)En caso de que una parte del contenido energético del combustible utilizado en el proceso de cogeneración se recupere en productos químicos y se recicle, dicha parte podrá restarse del combustible consumido antes de calcular la eficiencia global según lo indicado en las letras a) y b).

d)Los Estados miembros podrán establecer la relación entre electricidad y calor como una relación entre la electricidad y el calor útil cuando se opere en modo de cogeneración a baja potencia utilizando datos operativos de la unidad específica.

e)A la hora de realizar los cálculos según las letras a) y b), los Estados miembros podrán considerar períodos de referencia distintos del período de un año indicado.

Parte II

Tecnologías de cogeneración cubiertas por la presente Directiva

a)Turbina de gas de ciclo combinado con recuperación del calor

b)Turbina de contrapresión sin condensado

c)Turbina de extracción de vapor de condensación

d)Turbina de gas con recuperación del calor

e)Motor de combustión interna

f)Microturbinas

g)Motores Stirling

h)Pilas de combustible

i)Motores de vapor

j)Ciclos Rankine con fluido orgánico

k)Cualquier otro tipo de tecnología o combinación de tecnologías que corresponda a la definición que figura en el punto 30 del artículo 2, punto 30.

A la hora de aplicar los principios generales para el cálculo de la electricidad de cogeneración, los Estados miembros utilizarán las orientaciones detalladas establecidas por la Decisión 2008/952/CE de la Comisión, de 19 de noviembre de 2008, por la que se establecen orientaciones detalladas para la aplicación del anexo II de la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 1 .

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🡻 2012/27/UE

ANEXO IIIII

MÉTODO METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL PROCESO DE COGENERACIÓN

Los valores utilizados para calcular la eficiencia de la cogeneración y el ahorro de energía primaria se determinarán sobre la base del funcionamiento previsto o real de la unidad en condiciones normales de utilización.

a)Cogeneración de alta eficiencia

A efectos de la presente Directiva, la cogeneración de alta eficiencia deberá cumplir los criterios siguientes:

laLa producción de cogeneración a partir de unidades de cogeneración deberá aportar un ahorro de energía primaria, calculado con arreglo a la letra b), de al menos el 10 % con respecto a los datos de referencia de la producción por separado de calor y electricidad.,

laLa producción de las unidades de cogeneración a pequeña escala y de microcogeneración que aporten un ahorro de energía primaria podrá considerarse cogeneración de alta eficiencia.,

 nuevo

Las emisiones directas de dióxido de carbono procedentes de la producción mediante cogeneración alimentada con combustibles fósiles deberán ser inferiores a 270 g CO2 por cada kWh de producción de energía mediante generación combinada (incluida la calefacción/refrigeración, la energía eléctrica y la mecánica).

Cuando se construya o se renueve sustancialmente una unidad de cogeneración, los Estados miembros velarán por que no aumente el uso de combustibles fósiles distintos del gas natural en las fuentes de calor existentes, en comparación con el consumo anual medio de los tres años naturales de pleno funcionamiento anteriores a la renovación, y por que ninguna nueva fuente de calor de ese sistema utilice combustibles fósiles distintos del gas natural. 

🡻 2012/27/UE

b)Cálculo del ahorro de energía primaria

El ahorro de energía primaria aportado por la producción mediante cogeneración definida de conformidad con el anexo III se calculará mediante la fórmula siguiente:

donde:

PES es el ahorro de energía primaria.

CHP Hη es la eficiencia térmica de la producción mediante cogeneración definida como la producción anual de calor útil dividida por la cantidad de combustible utilizada para generar la suma de la producción de calor útil y electricidad de cogeneración.

Ref Hη es el valor de referencia de la eficiencia para la producción separada de calor.

CHP Eη es la eficiencia eléctrica de la producción mediante cogeneración definida como la electricidad anual de cogeneración dividida por la cantidad de combustible utilizado para generar la suma de la producción de calor útil y electricidad de cogeneración. Si una unidad de cogeneración genera energía mecánica, la cantidad anual de electricidad de cogeneración podrá incrementarse mediante un elemento adicional que represente la cantidad de electricidad equivalente a la de dicha energía mecánica. Este elemento adicional no da derecho a expedir garantías de origen con arreglo al artículo 2414, apartado 10.

Ref Eη es el valor de referencia de la eficiencia para la producción separada de electricidad.

c)Cálculo del ahorro de energía utilizando métodos de cálculo alternativos

Los Estados miembros podrán calcular el ahorro de energía primaria conseguido a través de la producción de calor y electricidad y energía mecánica, como se indica más abajo, sin aplicar el anexo III para excluir las partes de calor y electricidad del mismo proceso no procedentes de la cogeneración. Se podrá considerar que esta producción es cogeneración de alta eficiencia siempre que cumpla los criterios de eficiencia de la letra a) del presente anexo, y para las unidades de cogeneración con una capacidad eléctrica superior a 25 MW, si la eficiencia global se sitúa por encima del 70 %. No obstante, para expedir una garantía de origen y a efectos estadísticos, la especificación de la cantidad de electricidad de cogeneración que se produzca en dicha producción se determinará de conformidad con el anexo III.

Si se calcula el ahorro de energía primaria de un proceso utilizando cálculos alternativos como se indica anteriormente, se utilizará la fórmula de la letra b) del presente anexo sustituyendo: «CHP Hη» por «Hη» y «CHP Eη» por «Eη», donde:

Hη es la eficiencia calórica del proceso, definida como la producción anual de calor dividida por la cantidad de combustible utilizado para producir la suma de la producción de calor y la producción de electricidad.

Eη es la eficiencia del proceso en términos de producción de electricidad, definida como la producción anual de electricidad dividida por la cantidad de combustible utilizado para producir la suma de la producción de calor y la producción de electricidad. Si una unidad de cogeneración genera energía mecánica, la cantidad anual de electricidad de cogeneración podrá incrementarse mediante un elemento adicional que represente la cantidad de electricidad equivalente a la de dicha energía mecánica. Este elemento adicional no da derecho a expedir garantías de origen con arreglo al artículo 2414, apartado 10.

d)    A la hora de realizar los cálculos según las letras b) y c) del presente anexo, los Estados miembros podrán considerar períodos de referencia distintos del período de un año indicado.

e)    En el caso de las unidades de microcogeneración, el cálculo del ahorro de energía primaria podrá basarse en datos certificados.

f)Valores de referencia de la eficiencia de la producción separada de calor y electricidad

Los valores armonizados de referencia de la eficiencia armonizados consistirán en una matriz de valores diferenciados por factores pertinentes, como el año de construcción y los tipos de combustibles, y deberán basarse en un análisis bien documentado, que tenga en cuenta, entre otras cosas, los datos procedentes de la utilización operativa en condiciones realistas, la combinación de combustibles y las condiciones climáticas, así como las tecnologías de cogeneración aplicadas.

Los valores de referencia de la eficiencia para la producción separada de calor y electricidad de conformidad con la fórmula establecida en la letra b) establecerán la eficiencia de explotación de la producción separada de calor y electricidad que se pretende sustituir por la cogeneración.

Los valores de referencia de la eficiencia se calcularán con arreglo a los principios siguientes:

i)1.En el caso de las unidades de cogeneración, la comparación con la producción separada de electricidad se basará en el principio de que deben compararse las mismas clases de combustible.

ii)2.Cada unidad de cogeneración se comparará con la mejor tecnología disponible y económicamente justificable para la producción separada de electricidad y calor disponible en el mercado el año en que se construyó la unidad de cogeneración.

iii)3.En el caso de las unidades de cogeneración de más de diez años, los valores de referencia de la eficiencia serán los de las unidades de diez años.

iv)4.Los valores de referencia de la eficiencia para la producción separada de electricidad y de calor deberán tener en cuenta las distintas condiciones climáticas de los Estados miembros.

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🡻 2012/27/EU (adaptado)

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ANEXO IVIII

REQUISITOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA  CONTRATACIÓN PÚBLICA  ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y EDIFICIOS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Las Administraciones centrales  En los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y concesiones, los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras  que adquieran productos, servicios, o edificios  y obras , en la medida en que esta adquisición se ajuste a la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un sentido amplio, la idoneidad técnica, así como a una competencia suficiente, deberán actuar de los siguientes modos:

a)cuando Cuando un producto esté cubierto por un acto delegado adoptado en virtud del Reglamento (UE) 2017/1369de la Directiva 2010/30/UE o la por una Directiva de Ejecución de la Comisión por la que se aplica la Directiva 2010/30/UE relativa a dicho Reglamento, adquirir solo los productos que cumplan los criterios de pertenencia a la clase de eficiencia energética más alta posible, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una competencia suficiente  establecidos en el artículo 7, apartado 2, de ese Reglamento .;

b)cuando Cuando un producto no cubierto por la letra a) esté cubierto por una medida de ejecución adoptada, tras la entrada en vigor de la presente Directiva, con arreglo a la Directiva 2009/125/CE, adquirir solo productos que cumplan los niveles de eficiencia energética especificados en dicha medida de ejecución.;

c)adquirir productos de equipo ofimático cubiertos por la Decisión 2006/1005/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa a la celebración del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea sobre la coordinación de los programas de etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos 2 , que cumplan requisitos de eficiencia energética no menos exigentes que los indicados en el anexo C del Acuerdo adjunto a dicha Decisión;

 nuevo

c)Cuando un producto o servicio esté cubierto por los criterios de contratación pública ecológica de la Unión pertinentes para la eficiencia energética del producto o servicio, hacer el máximo esfuerzo por adquirir únicamente productos y servicios que respeten al menos las especificaciones técnicas establecidas en el nivel «básico» de los criterios pertinentes de contratación pública ecológica de la Unión, incluidos, entre otros, los establecidos para centros de datos, salas de servidores y servicios en la nube, los criterios de contratación pública ecológica de la Unión para iluminación de carreteras y semáforos, y los criterios de contratación pública ecológica de la Unión para ordenadores, monitores, tabletas y teléfonos inteligentes.

🡻 2012/27/UE

 nuevo

d)adquirir Adquirir solo neumáticos que cumplan el criterio de tener, en términos de consumo de carburante, la clase de eficiencia energética más alta definida en el Reglamento (CE) nº 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales 3 Reglamento (UE) 2020/740 del Parlamento Europeo y del Consejo 4 . Este requisito no impedirá que los organismos públicos adquieran neumáticos de las clases más altas de adherencia en superficie mojada o de ruido de rodadura externa, cuando ello esté justificado por razones de seguridad o salud pública.;

e)exigir Exigir en sus licitaciones para adjudicar contratos de servicios que los suministradores proveedores del servicio utilicen, para los fines de dicho servicio, solo productos que cumplan los requisitos indicados en las letras a) a d), al prestar el servicio en cuestión. Este requisito únicamente se aplicará a los nuevos productos adquiridos parcial o totalmente por el prestador proveedor de servicios para los fines de dicho servicio.;

f)adquirir Adquirir solamente edificios, o suscribir nuevos contratos de arrendamiento de estos, que cumplan al menos los requisitos de rendimiento energético mínimos a los que se refiere el artículo 5, apartado 1  artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2010/31/UE , a no ser que los fines de la adquisición sean:

i)la renovación en profundidad o la demolición,

ii)en el caso de organismos públicos, la reventa del edificio sin usarlo para fines propios de los organismos públicos, o

iii)preservarlo como edificio protegido oficialmente o como parte de un entorno declarado, o por razón de su particular valor arquitectónico o histórico.

El cumplimiento de estos requisitos se comprobará mediante los certificados de rendimiento energético a los que se refiere el artículo 11 de la Directiva 2010/31/UE.

_____________

🡻 2018/2002 artículo 1.16 y punto 2 del anexo

ANEXO V

Métodos y principios comunes para calcular el impacto de los sistemas de obligaciones de eficiencia energética u otras medidas de actuación con arreglo a los artículos 87, 97 bis y 107 ter, y al artículo 28, apartado 1120, apartado 6

1.Métodos para calcular el ahorro de energía distinto del derivado de medidas impositivas a efectos de los artículos 87, 97 bis y 107 ter, y del artículo 28, apartado 1120, apartado 6.

Las partes obligadas, participantes o encargadas, o las autoridades públicas de ejecución, podrán utilizar los métodos siguientes para calcular el ahorro de energía:

a)ahorro previsto, mediante referencia a los resultados de mejoras energéticas previas sometidas a un control independiente en instalaciones similares. El enfoque genérico se establece ex ante;

b)ahorro medido, donde el ahorro derivado de la instalación de una medida o de un conjunto de medidas se determina registrando la reducción real de la utilización de energía, teniendo debidamente en cuenta factores como la adicionalidad, la ocupación, los niveles de producción y el clima, que pueden influir en el consumo. El; el enfoque genérico se establece ex post;

c)ahorro ponderado, calculado mediante estimaciones de ingeniería. Este; este enfoque solo puede utilizarse cuando resulte difícil o desproporcionadamente costoso establecer datos medidos sólidos para una instalación específica, como, por ejemplo, la sustitución de un compresor o de un motor eléctrico con un consumo de energía diferente de aquel para el que se ha medido la información independiente sobre el ahorro, o cuando tales estimaciones se lleven a cabo sobre la base de métodos e índices de referencia establecidos en el ámbito nacional por expertos cualificados o acreditados que sean independientes de las partes obligadas, participantes o encargadas correspondientes;

d)ahorro estimado por sondeo, en el que se determina la respuesta de los consumidores al asesoramiento, a campañas de información, al etiquetado o a los sistemas de certificación, o se recurre a la medición inteligente. Este enfoque solo podrá utilizarse para los ahorros resultantes de cambios en el comportamiento del consumidor. No; no podrá utilizarse para ahorros derivados de la instalación de medidas físicas.

2.Para calcular el ahorro de energía resultante de una medida de eficiencia energética a efectos de los artículos 87, 97 bis y 107 ter, y del artículo 28, apartado 1120, apartado 6, se aplicarán los siguientes principios:

 nuevo

a)Los Estados miembros demostrarán que la medida de actuación se ha aplicado con el fin de cumplir la obligación de ahorro de energía y lograr un ahorro de uso final de la energía con arreglo al artículo 8, apartado 1. Los Estados miembros aportarán pruebas y documentación de que el ahorro de energía se debe a una medida de actuación, incluidos los acuerdos voluntarios.

🡻 2018/2002 artículo 1.16 y punto 2 del anexo

 nuevo

ba)Debe demostrarse que el ahorro es adicional al que se habría obtenido en cualquier caso sin la actividad de las partes obligadas, participantes o encargadas, o las autoridades públicas de ejecución. Para calcular el nivel de ahorro que se puede declarar como adicional, los Estados miembros analizarán la posible evolución del uso y la demanda de la energía en ausencia de la medida de actuación en cuestión, mediante el estudio de al menos los siguientes factores: tendencias de consumo de energía, cambios en el comportamiento del consumidor, avances tecnológicos y cambios sobrevenidos por otras medidas aplicadas a escala de la Unión y nacional.

cb)El ahorro resultante de la aplicación del Derecho obligatorio de la Unión se considerará ahorro que se habría producido en cualquier caso, y, por tanto, no podrá computarse como ahorro de energía a efectos del artículo 87, apartado 1. Como excepción a ese requisito, el ahorro resultante de la renovación de edificios existentes podrá computarse como ahorro de energía a efectos del artículo 87, apartado 1, siempre que se cumpla el criterio de materialidad a que se refiere el punto apartado 3, letra h), del presente anexo. El ahorro resultante de la aplicación de requisitos mínimos nacionales fijados para nuevos edificios con anterioridad a la transposición de la Directiva 2010/31/UE se podrá computar como ahorro de energía a efectos del artículo 7, apartado 1, letra a), siempre que se garantice el criterio de materialidad indicado en el punto 3, letra h), del presente anexo, y que los Estados miembros hayan notificado dicho ahorro en sus planes nacionales de acción para la eficiencia energética, de conformidad con el artículo 24, apartado 2.  Las medidas que promuevan mejoras de la eficiencia energética en el sector público con arreglo a los artículos 5 y 6 podrán computarse para el cumplimiento del ahorro de energía requerido con arreglo al artículo 8, apartado 1, siempre que redunden en un ahorro de uso final de la energía comprobable, y medible o estimable. El cálculo del ahorro de energía cumplirá los requisitos establecidos en el presente anexo. 

 nuevo

d)Las medidas adoptadas con arreglo al Reglamento (UE) 2018/842, sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero, pueden considerarse importantes, pero los Estados miembros deben demostrar que dan lugar a un ahorro de uso final de la energía comprobable, y medible o estimable. El cálculo del ahorro de energía cumplirá los requisitos establecidos en el presente anexo.

e)Los Estados miembros no pueden contabilizar, a efectos del cumplimiento de la obligación de ahorro de energía establecida en el artículo 8, apartado 1, aquella reducción del uso de energía en determinados sectores, como los del transporte y la construcción, que se habría producido, en cualquier caso, como resultado del comercio de derechos de emisión con arreglo a la Directiva RCDE UE. Si una entidad es parte obligada en virtud de un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética en virtud del artículo 9 de la presente Directiva y del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE para los edificios y el transporte por carretera [referencia a la propuesta], el sistema de seguimiento y verificación garantizará que el precio del carbono repercutido al liberar combustible para el consumo [de conformidad con el artículo XX de la Directiva XX] se tenga en cuenta al calcular y notificar el ahorro de energía logrado mediante sus medidas de ahorro.

🡻 2018/2002 artículo 1.16 y punto 2 del anexo

 nuevo

fc)Solo se podrá computar el ahorro que exceda de los niveles siguientes:

i)de las normas de comportamiento de la Unión en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos que se deriven de la aplicación de los Reglamentos (CE) n.º 443/2009 5 y (UE) n.º 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 6 del Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo 7 ,;  los Estados miembros deben aportar pruebas, sus hipótesis y su metodología de cálculo para mostrar la adicionalidad respecto de los nuevos requisitos de la Unión en materia de CO2 de los vehículos; 

ii)de los requisitos de la Unión en materia de retirada del mercado de determinados productos relacionados con la energía a raíz de la aplicación de medidas de ejecución con arreglo a la Directiva 2009/125/CE;.  los Estados miembros deberán aportar pruebas, sus hipótesis y su metodología de cálculo para mostrar la adicionalidad. 

gd)Se permiten las políticas cuyo objetivo consista en fomentar niveles más altos de eficiencia energética de productos, equipos, sistemas de transporte, vehículos y carburantes, edificios o elementos de edificios, procesos o mercados  , excepto las medidas de actuación relativas al uso de tecnologías de combustión directa de combustibles fósiles, que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2024 .

 nuevo

h)A partir del 1 de enero de 2024, el ahorro de energía derivado de las medidas de actuación relativas al uso de la combustión directa de combustibles fósiles en productos, equipos, sistemas de transporte, vehículos, edificios u obras no se contabilizará a efectos del cumplimiento de la obligación de ahorro de energía.

🡻 2018/2002 artículo 1.16 y punto 2 del anexo

 nuevo

ie)Las medidas que promuevan la instalación de tecnologías de energías renovables a pequeña escala sobre o en el interior de edificios o en su interior pueden computarse para el cumplimiento del ahorro de energía requerido con arreglo al artículo 87, apartado 1, siempre que redunden en un ahorro de  uso final de la  energía comprobable, y medible o estimable. El cálculo del ahorro de energía cumplirá los requisitos establecidos en el presente anexo.

 nuevo

j)Las medidas que promuevan la instalación de tecnologías solares térmicas pueden computarse para el cumplimiento del ahorro de energía requerido con arreglo al artículo 8, apartado 1, siempre que redunden en un ahorro de uso final de la energía comprobable, y medible o estimable. El calor ambiente capturado por las tecnologías solares térmicas puede excluirse de su consumo de energía final.

🡻 2018/2002 artículo 1.16 y punto 2 del anexo (adaptado)

 nuevo

kf)En lo que respecta a las políticas que aceleran la adopción de productos y vehículos más eficientes,  excepto las relativas al uso de la combustión directa de combustibles fósiles,  se podrá computar la totalidad del ahorro, a condición de que se demuestre que la adopción tiene lugar antes de la expiración de la vida media prevista del producto o vehículo, o antes de alcanzarse el plazo de sustitución habitual del producto o vehículo, y de que el ahorro se comunique únicamente respecto al período previo a la expiración de la vida media prevista del producto o vehículo que vaya a sustituirse.

lg)Al promover la adopción de medidas de eficiencia energética, los Estados miembros velarán, cuando proceda, por que se mantengan las normas de calidad de los productos, los servicios y la instalación de las medidas o, en caso de que no existan tales normas, por que se introduzcan.

mh)Para tener en cuenta las variaciones climáticas entre regiones, los Estados miembros podrán optar por ajustar el ahorro a un valor normalizado o atribuir distintos ahorros de energía en función de las variaciones de temperatura entre regiones.

ni)El cálculo del ahorro de energía tendrá en cuenta la duración de las medidas y la tasa de disminución de los ahorros a lo largo del tiempo. Ese cálculo se efectuará computando el ahorro que se logre con cada actuación individual en el período comprendido entre su fecha de aplicación y el  final de cada período de obligación  31 de diciembre de 2020 o el 31 de diciembre de 2030, según proceda. Como alternativa, los Estados miembros podrán recurrir a otro método que se calcule para , según las estimaciones, permita conseguir como mínimo la misma cuantía total de ahorro. En caso de que recurran a otro método, los Estados miembros velarán por que la cantidad total de ahorro de energía calculada mediante ese otro método no supere la cantidad de ahorro de energía que se habría derivado del cálculo del habría obtenido al contabilizar el ahorro derivado de cada actuación individual en el período comprendido entre su fecha de aplicación y el 31 de diciembre de 2020 o el 31 de diciembre de 2030, según proceda. Los Estados miembros describirán con detalle, en sus planes nacionales integrados de energía y clima conforme al Reglamento (UE) 2018/1999, el otro método utilizado y las disposiciones adoptadas para garantizar el cumplimiento de este requisito vinculante de cálculo.

3.Los Estados miembros velarán por que se cumplan los siguientes requisitos relativos a medidas de actuación adoptadas con arreglo al artículo 10ter y al artículo 28, apartado 1120, apartado 6:

a)Las medidas de actuación y las acciones individuales deberán generar un ahorro verificable de uso final de la energía.

b)Se definirán con claridad las responsabilidades de cada una de las partes participantes o encargadas o autoridades públicas de ejecución, según proceda.

c)El ahorro de energía conseguido o que haya de conseguirse se determinará de forma transparente.

d)La cantidad de ahorro exigida o que haya de conseguirse por medio de la medida de actuación se expresará en términos de consumo de energía final o primaria, utilizando para ello los  valores caloríficos netos o los factores de energía primaria  factores de conversión  a los que se refiere el artículo 29  previstos en el anexo IV.

e)Se presentará y pondrá a disposición del público un informe anual sobre el ahorro alcanzado por las partes encargadas, las partes participantes y las autoridades públicas de ejecución, así como datos sobre la tendencia anual del ahorro de energía.

f)Se hará un seguimiento de los resultados y se adoptarán medidas apropiadas si los avances no son adecuados.

g)El ahorro de energía resultante de una acción individual no podrá ser declarado por más de una parte.

h)Se demostrará que las actividades de la parte participante, la parte encargada o la autoridad pública de ejecución han sido fundamentales para la consecución del ahorro energético de energía declarado.

 nuevo

i)Las actividades de la parte participante, la parte encargada o la autoridad pública de ejecución no tendrán efectos adversos en los clientes vulnerables, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales.

🡻 2018/2002 artículo 1.16 y punto 2 del anexo

 nuevo

4.Para determinar el ahorro de energía resultante de medidas de actuación impositivas adoptadas con arreglo al artículo 107 ter, se aplicarán los siguientes principios:

a)Solo se computará el ahorro de energía derivado de medidas impositivas que excedan de los niveles mínimos de imposición aplicables a los combustibles, tal como exigen las Directivas 2003/96/CE 8 o 2006/112/CE del Consejo 9 .

b)La elasticidad  a corto plazo  de los precios aplicada para calcular el impacto de las medidas impositivas (de la energía) deberá representar la capacidad de respuesta de la demanda de energía a las variaciones de los precios, y se estimará a partir de fuentes de datos oficiales recientes y representativos.  , aplicables para el Estado miembro y, en su caso, basados en estudios de acompañamiento de un instituto independiente. Si se utiliza una elasticidad de precios diferente a la elasticidad a corto plazo, los Estados miembros explicarán cómo han incluido, en la base de referencia utilizada para estimar el ahorro de energía, las mejoras de eficiencia energética derivadas de la aplicación de otros actos legislativos de la Unión, o cómo se ha evitado una doble contabilización del ahorro de energía obtenido gracias a esos otros actos legislativos; 

c)Se calculará por separado el ahorro de energía derivado de instrumentos de acompañamiento en materia de política fiscal, incluidos los incentivos fiscales o las contribuciones a un fondo.

 nuevo

d)Las estimaciones de elasticidad a corto plazo deben utilizarse para evaluar el ahorro de energía derivado de las medidas fiscales, a fin de evitar solapamientos con el Derecho de la Unión y otras medidas de actuación.

e)Los Estados miembros determinarán los efectos distributivos de las medidas fiscales y otras medidas equivalentes en los clientes vulnerables, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales, y mostrarán los efectos de las medidas de mitigación aplicadas de conformidad con el artículo 22, apartados 1 a 3.

f)Los Estados miembros aportarán pruebas, incluidas las metodologías de cálculo, para demostrar que, cuando existe un solapamiento del impacto de las medidas de imposición de la energía o del carbono o del comercio de derechos de emisión con arreglo a la Directiva RCDE UE, no se produce una doble contabilización del ahorro de energía.

🡻 2018/2002 artículo 1.16 y punto 2 del anexo (adaptado)

5.Notificación de la metodología

Los Estados miembros notificarán a la Comisión, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999, su proyecto de metodología detallada para el funcionamiento de los sistemas de obligaciones de eficiencia energética y las medidas alternativas a que se refieren los artículos 97 bis107 ter y el artículo 28, apartado 1120, apartado 6. Excepto en el caso de los impuestos, esa notificación incluirá información detallada sobre:

a)el nivel de ahorro de energía requerido con arreglo al artículo 87, apartado 1, párrafo primero, letra b), o el ahorro que se espera lograr en el conjunto del período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2030;

 nuevo

b)cómo se escalonará a lo largo del período de obligación la cantidad calculada de nuevo ahorro de energía requerido con arreglo al artículo 8, apartado 1, párrafo primero, o el ahorro de energía que se espera conseguir;

🡻 2018/2002 artículo 1.16 y punto 2 del anexo

cb)las partes obligadas, participantes o encargadas, o las autoridades públicas de ejecución;

dc)los sectores abordados;

ed)las medidas de actuación y las acciones individuales, incluido el ahorro total esperado de energía acumulado derivado incluida la cantidad total prevista de ahorro acumulado de energía derivada de cada medida;

 nuevo

f)las medidas de actuación, los programas o las medidas financiados con cargo a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética que se aplicarán con carácter prioritario entre las personas afectadas por la pobreza energética, los clientes vulnerables y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales;

g)la proporción y la cantidad de ahorro de energía que debe lograrse entre las personas afectadas por la pobreza energética, los clientes vulnerables y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales;

h)cuando proceda, los indicadores aplicados, la proporción media aritmética y los resultados de las medidas de actuación establecidas con arreglo al artículo 8, apartado 3;

i)cuando proceda, las repercusiones y los efectos adversos de las medidas de actuación aplicadas con arreglo al artículo 8, apartado 3, en las personas afectadas por la pobreza energética, los clientes vulnerables y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales;

🡻 2018/2002 artículo 1.16 y punto 2 del anexo

je)la duración del período de obligación relativo al sistema de obligaciones de eficiencia energética;

 nuevo

k)cuando proceda, la cantidad de ahorro de energía o los objetivos de reducción de costes que las partes obligadas deben lograr entre las personas afectadas por la pobreza energética, los clientes vulnerables y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales;

🡻 2018/2002 artículo 1.16 y punto 2 del anexo

 nuevo

lf)las actuaciones previstas por la medida de actuación;

mg)la metodología de cálculo, incluidas la forma de determinar la adicionalidad y la materialidad y la determinación de las metodologías e índices de referencia que se usen utilizados para el ahorro previsto y el ahorro ponderado  y, cuando proceda, los valores caloríficos netos y los factores de conversión utilizados ;

nh)la duración de las medidas, así como el método y la base de su cálculo;

oi)el planteamiento adoptado para abordar las variaciones climáticas en el Estado miembro;

pj)los sistemas de control y verificación de las medidas con arreglo a los artículos 97 bis107 ter y el modo de garantizar su independencia respecto de las partes obligadas, participantes o encargadas;

qk)en el caso de los impuestos:

i)los sectores y el segmento de contribuyentes abordados,

ii)la autoridad pública de ejecución,

iii)el ahorro que se espera lograr,

iv)la duración de la medida impositiva, y

v)la metodología de cálculo, incluida la elasticidad de los precios aplicada y la manera en que se ha establecido,.

 nuevo

vi)cómo se han evitado los solapamientos con el comercio de derechos de emisión de conformidad con la Directiva RCDE UE y cómo se ha suprimido el riesgo de doble contabilización.

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🡻 2012/27/UE

 nuevo

ANEXO VI

Criterios mínimos para las auditorías energéticas, incluidas las realizadas como parte de sistemas de gestión energética

Las auditorías energéticas a que se refiere el artículo 118 se atendrán a las siguientes directrices  los siguientes criterios :

a)deberán basarse en datos operativos actualizados, medidos y verificables, de consumo de energía y (en el caso de la electricidad) de perfiles de carga;

b)abarcarán un examen pormenorizado del perfil de consumo de energía de los edificios o grupos de edificios, o de las operaciones o instalaciones industriales, con inclusión del transporte;

 nuevo

c)establecerán medidas de eficiencia energética para reducir el consumo de energía;

d)determinarán el potencial de uso o producción rentable de las energías renovables;

🡻 2012/27/UE

ec)se fundamentarán, siempre que sea posible, en el análisis del coste del ciclo de vida antes que en períodos simples de amortización, a fin de tener en cuenta el ahorro a largo plazo, los valores residuales de las inversiones a largo plazo y las tasas de descuento;

fd)deberán ser proporcionadas y suficientemente representativas para que se pueda trazar una imagen fiable del rendimiento energético global, y se puedan determinar de manera fiable las oportunidades de mejora más significativasignificativas.

Las auditorías energéticas permitirán la realización de cálculos detallados y validados para las medidas propuestas, facilitando así lo que facilitará una información clara sobre el potencial de ahorro.

Deberán poderse almacenar los datos empleados en las auditorías energéticas para fines de análisis histórico y trazabilidad del comportamiento energético.

 nuevo

Requisitos mínimos para el seguimiento y la publicación del rendimiento energético de los centros de datos

Se controlará y publicará la siguiente información mínima en relación con el rendimiento energético de los centros de datos contemplado en el artículo 11, apartado 10:

a)el nombre del centro de datos, el nombre del propietario y de los operadores del centro de datos, y el municipio en el que está situado el centro de datos;

b)la superficie del centro de datos, la potencia instalada, el tráfico de datos entrante y saliente, y la cantidad de datos almacenados y tratados en el centro de datos;

c)el rendimiento del centro de datos durante el último año natural completo, de conformidad con los indicadores clave de rendimiento relativos, entre otras cosas, al consumo de energía, la utilización de la electricidad, los valores de ajuste de la temperatura, la utilización del calor residual, el uso de agua y el uso de energías renovables.

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🡻 2012/27/UE

ANEXO VII

🡻 2019/944 artículo 70.6

Requisitos mínimos de la facturación y la información relativa a la facturación sobre la base del consumo real de gas natural

🡻 2012/27/UE

1.Requisitos mínimos de la facturación

1.1.Facturación basada en el consumo real

A fin de que los clientes finales puedan regular su propio consumo de energía, la facturación debería llevarse a cabo sobre la base del consumo real de, al menos, un año, y la información sobre la facturación debería estar disponible al menos cada trimestre, a petición del consumidor o cuando este haya optado por la facturación electrónica, o en caso contrario dos veces al año. Podrá quedar exento de este requisito el gas empleado exclusivamente para cocinar.

1.2.Información mínima contenida en la facturación

Los Estados miembros velarán por que, cuando sea necesario, los clientes finales dispongan en sus facturas, contratos, transacciones y recibos de las compañías de distribución, o adjunta a acompañando a esta documentación, de la información siguiente, de manera clara y comprensible:

a)los precios reales del momento y el consumo real de energía;

b)la comparación del consumo de energía del cliente final en ese momento con el consumo durante el mismo período del año anterior, preferentemente en forma gráfica;

c)la información de contacto de las organizaciones de clientes finales, las agencias de energía u organismos similares, incluidas sus direcciones de internet, donde se puede obtener información sobre las medidas disponibles de mejora de la eficiencia energética, los perfiles comparativos del usuario final y las especificaciones técnicas objetivas de los equipos que utilizan energía.

Además, siempre que sea posible y útil, los Estados miembros velarán por que, en sus facturas, contratos, transacciones y recibos de las centrales de compra, o adjunta acompañando a esta documentación, se señale o se facilite a los clientes finales, de manera clara y comprensible, información comparativa con un cliente final medio, normalizado o utilizado como referencia comparativa, de la misma categoría de usuario.

1.3.Asesoramiento sobre eficiencia energética que debe acompañar a las facturas y demás información enviada a los clientes finales

Al enviar contratos y modificaciones de contratos, y en las facturas que reciben reciban los clientes o en los sitios web destinados a clientes individuales, los distribuidores de energía, los gestores de redes de distribución y las empresas minoristas de venta de energía informarán a sus clientes, de manera clara y comprensible, de los datos de contacto de los centros de asesoramiento al cliente independientes, las agencias de energía o los organismos similares, incluidas sus direcciones de internet, donde puedan obtener asesoramiento sobre las medidas de eficiencia energética disponibles, los perfiles comparativos de su consumo de energía y las especificaciones técnicas de los electrodomésticos que puedan servir para reducir el consumo de estos aparatos.

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🡻 2018/2002 artículo 1.16 y punto 4 del anexo (adaptado)

ANEXO VIIIVII bis

Requisitos mínimos de la información relativa a la facturación y el consumo de calefacción, refrigeración y agua caliente para uso doméstico sanitaria

1.Facturación basada en el consumo real o en las lecturas del repartidor de costes de calefacción

A fin de que los usuarios finales puedan regular su propio consumo de energía, la facturación se llevará a cabo sobre la base del consumo real o de las lecturas del repartidor de costes de calefacción, como mínimo, una vez al año.

2.Frecuencia mínima de la información sobre la facturación o el consumo

 Hasta el 31 de diciembre de 2021  A partir del 25 de octubre de 2020, cuando se hayan instalado contadores o repartidores de costes de calefacción de lectura remota, se facilitará al usuario final la información sobre la facturación o el consumo, sobre la base del consumo real o de las lecturas del repartidor de costes de calefacción, al menos cada trimestre, cuando el cliente final lo solicite o haya optado por recibir la facturación electrónica, o dos veces al año en los demás casos.

A partir del 1 de enero de 2022, cuando se hayan instalado contadores o repartidores de costes de calefacción de lectura remota, se facilitará a todos los usuarios finales la información sobre la facturación o el consumo, basada en el sobre la base del consumo real o deen las lecturas del repartidor de costes de calefacción, al menos una vez al mes. También podrá ponerse a disposición a través de internet y actualizarse con la frecuencia que permitan los dispositivos de medición y los sistemas utilizados. La calefacción y la refrigeración podrán quedar exentas de ese requisito fuera de las temporadas de calefacción y refrigeración, respectivamente.

3.Información mínima contenida en la factura

Los Estados miembros velarán por que los usuarios finales dispongan en sus facturas o en los documentos que las acompañen, de manera clara y comprensible, de la siguiente información cuando esta esté basada en el consumo real o en las lecturas del repartidor de costes de calefacción:

a)los precios reales del momento y el consumo real de energía o el coste total de calefacción junto con las lecturas del repartidor de costes de calefacción;

b)información sobre la combinación de combustibles utilizada y las emisiones anuales de gases de efecto invernadero conexas, en particular en el caso de los usuarios finales abastecidos por calefacción urbana o refrigeración urbana sistemas urbanos de calefacción o refrigeración y una descripción de los diferentes impuestos, tasas y tarifas aplicados. Los Estados miembros podrán limitar el ámbito de aplicación del requisito de proporcionar información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero para incluir solo los suministros procedentes de sistemas de calefacción urbana urbanos de calefacción con una potencia térmica nominal total que supere los 20 MW;

c)la comparación del consumo de energía del usuario final en ese momento con el consumo durante el mismo período del año anterior, preferentemente en forma gráfica, previa corrección de las variaciones climáticas respecto a la calefacción y refrigeración;

d)la información de contacto, también las direcciones de los sitios web, de organizaciones de clientes finales, agencias de energía u organismos similares, incluidas sus direcciones de internet, donde se puede obtener que puedan proporcionar información sobre las medidas disponibles de mejora de la eficiencia energética, los perfiles comparativos de usuarios finales y las especificaciones técnicas objetivas de los equipos que utilizan energía;

e)información relativa a procedimientos de reclamación pertinentes, servicios de defensa de los consumidores o mecanismos alternativos de resolución de litigios, según corresponda en los Estados miembros;

f)la comparación con el consumo medio del usuario final que pertenezca a la misma categoría de usuario y que constituya la norma o la referencia. En el caso de las facturas electrónicas, dicha comparación puede ponerse a disposición de manera alternativa en línea e indicarse en las facturas.

Las facturas que no se basen en el consumo real o en las lecturas del repartidor de costes de calefacción deberán incluir una explicación clara y comprensible de cómo se ha calculado el importe que figura en la factura, y, como mínimo, la información a que se hace referencia en las letras d) y e).

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🡻 2019/826 artículo 1.1 y anexo I (adaptado)

ANEXO IXVIII

Potencial de eficiencia en la calefacción y la refrigeración

La evaluación completa de los potenciales nacionales relativos a la calefacción y la refrigeración a que hace referencia el artículo 2014, apartado 1, incluirá lo siguiente y se basará en ello:

Parte I

VISIÓN GENERAL DE LA CALEFACCIÓN Y LA REFRIGERACIÓN

1.La demanda de calefacción y refrigeración en términos de energía útil evaluada 10 y consumo de energía final cuantificado en GWh al año 11 por sectores:

a)residencial;

b)servicios;

c)industria;

d)cualquier otro sector que consuma individualmente más del 5 % de la demanda nacional total útil de calefacción y refrigeración.

2.Identificación Determinación o, en el caso del punto 2, letra a), inciso i), identificación determinación o estimación del suministro de calefacción y refrigeración actual:

a)por tecnología, en GWh al año 12 , dentro de los sectores mencionados en el punto 1, cuando sea posible, distinguiendo entre energía derivada de fuentes fósiles y renovables:

i)proporcionada in situ en locales residenciales y de servicios mediante:

calderas que solo producen calor,

cogeneración de calor y electricidad de alta eficiencia,

bombas de calor,

otras tecnologías y fuentes in situ,

ii)proporcionada in situ en locales no de servicios y no residenciales mediante:

calderas que solo producen calor,

cogeneración de calor y electricidad de alta eficiencia,

bombas de calor,

otras tecnologías y fuentes in situ,

iii)proporcionada fuera del emplazamiento mediante:

cogeneración de calor y electricidad de alta eficiencia,

calor residual,

otras tecnologías y fuentes fuera del emplazamiento;

b)identificación determinación de las instalaciones que generan calor o frío residuales y su potencial de suministro de calefacción o refrigeración, en GWh al año:

i)instalaciones térmicas de generación de electricidad que pueden suministrar calor residual, o que pueden adaptarse para suministrarlo, con una potencia térmica total superior a 50 MW,

ii)instalaciones de cogeneración de calor y electricidad que utilicen las tecnologías a que se hace referencia en la parte II del anexo III con una potencia térmica total superior a 20 MW,

iii)instalaciones de incineración de residuos,

iv)instalaciones de energías renovables con una potencia térmica total superior a 20 MW que no sean las instalaciones especificadas en el punto 2, letra b), incisos i) y ii), que generan calefacción o refrigeración utilizando la energía procedente de fuentes renovables,

v)instalaciones industriales con una potencia térmica total superior a 20 MW que pueden proporcionar calor residual;

c)porcentaje comunicado de energía procedente de fuentes renovables y de calor o frío residuales en el consumo de energía final del sector de la calefacción y la refrigeración urbanas los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración 13 en los cinco últimos años, de conformidad con la Directiva (UE) 2018/2001.

3.Un mapa que cubra todo el territorio nacional en el que se señalen (preservando al mismo tiempo la información comercialmente sensible):

a)las zonas de demanda de calefacción y refrigeración tras el análisis del punto 1, utilizando al mismo tiempo criterios coherentes para centrarse en las zonas de densidad energética de los municipios y las conurbaciones;

b)los puntos de demanda de calefacción y refrigeración existentes identificados determinados en el punto 2, letra b), y las instalaciones de transmisión de calefacción urbana;

c)los puntos de demanda de calefacción y refrigeración previstos del tipo descrito en el punto 2, letra b), y las instalaciones de transmisión de calefacción urbana.

4.Una previsión de las tendencias de la demanda de calefacción y refrigeración para tener una perspectiva de los próximos treinta años, en GWh y teniendo en cuenta, en particular, las proyecciones para los próximos diez años, el cambio de la demanda en edificios y diferentes sectores de la industria, y el impacto de las políticas y estrategias relacionadas con la gestión de la demanda, como las estrategias de renovación de edificios a largo plazo con arreglo a la Directiva (UE) 2018/844.

Parte II

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y MEDIDAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN

5.Contribución prevista del Estado miembro a sus objetivos, metas y contribuciones nacionales para las cinco dimensiones de la Unión de la Energía, tal como se establece en el artículo 3, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) 2018/1999, aportada mediante la eficiencia de la calefacción y la refrigeración, en particular en relación con el artículo 4, letra b), puntos 1 a 4, y con el artículo 15, apartado 4, letra b), determinando cuáles de estos elementos son adicionales en comparación con los planes nacionales integrados de energía y clima.

6.Una visión general de las políticas y las medidas existentes tal como se describen en el informe más reciente presentado de conformidad con los artículos 3, 20, 21 y y 21 y el artículo 27, letra a), del Reglamento (UE) 2018/1999.

Parte III

ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE LA EFICIENCIA DE LA CALEFACCIÓN Y LA REFRIGERACIÓN

7.El análisis del potencial económico 14 de las diferentes tecnologías para la calefacción y la refrigeración deberá llevarse a cabo para todo el territorio nacional utilizando el análisis de costes y beneficios a que se hace referencia en el artículo 2014, apartado 3, y deberá identificar escenarios alternativos determinar hipótesis alternativas para unas tecnologías de calefacción y refrigeración más eficientes y renovables, distinguiendo entre la energía derivada de fuentes fósiles y renovables, en su caso.

Deben tenerse en cuenta las siguientes tecnologías:

a)el calor y el frío residuales industriales;

b)la incineración de residuos;

c)la cogeneración de alta eficiencia;

d)las fuentes de energía renovables (como la geotérmica, la solar térmica y la biomasa) que no sean las utilizadas para la cogeneración de alta eficiencia;

e)las bombas de calor;

f)la reducción de las pérdidas de calor y de frío de las redes urbanas existentes.

8.Este análisis del potencial económico incluirá las siguientes etapas y consideraciones:

a)Consideraciones:

i)El análisis de costes y beneficios a efectos del artículo 2014, apartado 3, incluirá un análisis económico que tenga en cuenta factores socioeconómicos y medioambientales 15 , y un análisis financiero realizado para evaluar los proyectos desde el punto de vista de los inversores. Tanto los análisis económicos como los financieros utilizarán el valor actual neto como criterio para la evaluación.

ii)El escenario La hipótesis de base debe servir de punto de referencia y tener en cuenta las políticas existentes en el momento de la elaboración de esta evaluación completa 16 , y estar vinculado a los datos recogidos en virtud de la parte I y la parte II, punto 6, del presente anexo.

iii)Los escenarios alternativos con respecto al escenario Las hipótesis alternativas con respecto a la hipótesis de base tendrán en cuenta los objetivos de eficiencia energética y energías renovables del Reglamento (UE) 2018/1999. Cada escenario hipótesis presentará los siguientes elementos en comparación con el escenario la hipótesis de base:

el potencial económico de las tecnologías examinadas utilizando el valor actual neto como criterio,

las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero,

el ahorro de energía primaria en GWh al año,

el impacto en el porcentaje de las energías renovables dentro de la combinación energética nacional.

Los escenarios Las hipótesis que no sean viables debido a razones técnicas, financieras o de normativa nacional podrán excluirse en una primera fase del análisis de costes y beneficios, si dicha exclusión queda justificada sobre la base de consideraciones bien estudiadas, explícitas y bien documentadas.

En la evaluación y la toma de decisiones deben tenerse en cuenta los costes y el ahorro de energía que se derivarán del aumento de la flexibilidad en el suministro de energía y la optimización del funcionamiento de las redes eléctricas, incluyendo los costes evitados y el ahorro obtenido gracias a una reducción de la inversión en infraestructura, en los escenarios analizados las hipótesis analizadas.

b)Costes y beneficios

Entre los costes y beneficios contemplados en el punto 8, letra a), se incluirán al menos los siguientes:

i)Beneficiosbeneficios:

valor de la producción para el consumidor (calefacción, refrigeración y electricidad),

beneficios externos, como los beneficios medioambientales, los relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, y los beneficios sanitarios y de seguridad, en la medida de lo posible,

los efectos en el mercado de trabajo, la seguridad energética y la competitividad, en la medida de lo posible;.

ii)Costescostes:

costes en capital de las instalaciones y equipos,

costes en capital de las redes de energía asociadas,

costes de funcionamiento fijos y variables,

costes energéticos,

costes medioambientales, sanitarios y de seguridad, en la medida de lo posible,

costes del mercado de trabajo, seguridad energética y competitividad, en la medida de lo posible.

c)Escenarios Hipótesis pertinentes con respecto al escenario a la hipótesis de base:

Deberán tenerse en cuenta todos los escenarios todas las hipótesis pertinentes con respecto al escenarioa la hipótesis de base, incluido el papel de la calefacción y la refrigeración individuales eficientes.

i)El análisis de costes y beneficios puede incluir la evaluación de un proyecto o un grupo de proyectos para una evaluación local, regional o nacional más amplia, a fin de establecer la solución más rentable y ventajosa de calefacción o refrigeración en relación con el escenario la hipótesis de base para una zona geográfica dada a efectos de la planificación.

ii)Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes encargadas de realizar los análisis de costes y beneficios de conformidad con el artículo 14. Facilitarán las metodologías e hipótesis detalladas con arreglo al presente anexo, y establecerán y harán públicos los procedimientos para el análisis económico.

d)Límites y enfoque integrado:

i)El límite geográfico abarcará una zona geográfica adecuada y bien definida.

ii)Los análisis de costes y beneficios tendrán en cuenta todos los recursos de suministro centralizados o descentralizados pertinentes disponibles dentro del sistema y los límites geográficos, incluidas las tecnologías consideradas en la parte III, punto 7, del presente anexo, así como las tendencias y las características de la demanda de calefacción y refrigeración.

e)Hipótesis:

i)Los Estados miembros facilitarán hipótesis a efectos de los análisis de costes y beneficios sobre los precios de los principales factores de venta y consumo y sobre la tasa de descuento.

ii)La tasa de descuento empleada en el análisis económico para el cálculo del valor actual neto se escogerá de acuerdo con directrices nacionales o europeas.

iii)Si procede, los Estados miembros emplearán en su contexto nacional, regional o local previsiones nacionales, europeas o internacionales de la evolución de los precios de la energía.

iv)Los precios utilizados en el análisis económico reflejarán los costes y beneficios socioeconómicos. Deben incluir los costes externos, como las repercusiones medioambientales y sanitarias, en la medida de lo posible, es decir, cuando exista un precio de mercado o cuanto cuando este ya esté incluido en la normativa europea o nacional.

f)Análisis de sensibilidad:

i)Se incluirá un análisis de sensibilidad para evaluar los costes y beneficios de un proyecto o un grupo de proyectos y se basará en factores variables que tengan un impacto significativo en el resultado de los cálculos, como diferentes precios de la energía, niveles de demanda, tasas de descuento y otros.

Parte IV

POSIBLES NUEVAS ESTRATEGIAS Y MEDIDAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN

9.Una visión general de las nuevas medidas políticas de actuación legislativas y no legislativas 17 a fin de hacer realidad el potencial económico identificado detectado de conformidad con los puntos 7 y 8, junto con sus previsiones de lo siguiente:

a)las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero;

b)el ahorro de energía primaria en GWh al año;

c)el impacto en el porcentaje de la cogeneración de alta eficiencia;

d)el impacto en el porcentaje de las energías renovables dentro de la combinación energética nacional y en el sector de la calefacción y la refrigeración;

e)los vínculos con la programación financiera nacional y el ahorro de costes para el presupuesto público y los participantes en el mercado;

f)las medidas de apoyo público estimadas, si las hay, con su presupuesto anual y señalando el elemento de ayuda potencial.

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🡻 2012/27/EU (adaptado)

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ANEXO XIX

ANÁLISIS DE COSTES Y BENEFICIOS

Parte 2

Principios a efectos del artículo 24, apartados 414, apartados 567

Los análisis de costes y beneficios proporcionarán información a efectos de las medidas previstas en el artículo 2414, apartados 4567:

Cuando se proyecte una instalación de generación de electricidad únicamente o una instalación sin recuperación de calor, se deberá realizar una comparación entre las instalaciones proyectadas o la renovación proyectada y una instalación equivalente que genere la misma cantidad de electricidad o de calor de proceso, pero que recupere calor residual y que suministre calor mediante la cogeneración de alta eficiencia y las redes urbanas de calefacción o refrigeración.

Dentro de un límite geográfico determinado, la evaluación tendrá en cuenta las instalaciones proyectadas y cualesquiera puntos de demanda de calor  o de refrigeración  existentes o potenciales pertinentes a los que pudieran dar suministro, teniendo presentes las posibilidades racionales (por ejemplo, la viabilidad técnica y la distancia).

El límite del sistema se fijará de manera que incluya las instalaciones previstas proyectadas y las cargas térmicas  y de refrigeración , como los edificios y los procesos industriales. Dentro de este límite del sistema, se determinará el coste total de suministro de calor y electricidad para ambos casos y se efectuará la comparación.

Las cargas térmicas  o de refrigeración  incluirán las cargas térmicas  o de refrigeración  existentes, como una instalación industrial o un sistema urbano de calefacción  o refrigeración  urbana existente, así como, en las zonas urbanas, la carga térmica  o de refrigeración  y los costes que se generarían en caso de que se proveyera a un grupo de edificios o a parte de una ciudad de una nueva red urbana de calefacción  o de refrigeración  urbana, o se los conectara a estala misma.

El análisis de costes y beneficios se basará en una descripción de la instalación proyectada y de las instalaciones comparables, que incluya la capacidad eléctrica y térmica, si procede, el tipo de combustible, el uso y el número de horas de funcionamiento anual previstos, la ubicación y la demanda eléctrica y térmica.

 nuevo

La evaluación de la utilización del calor residual tendrá en cuenta las tecnologías actuales. También tendrá en cuenta el uso directo del calor residual o su adaptación a niveles de temperatura más elevados, o ambas cosas. En caso de que exista recuperación del calor residual dentro de la instalación, se evaluará, como mínimo, el uso de intercambiadores de calor, bombas de calor y tecnologías que transforman el calor en electricidad. En caso de que la recuperación del calor residual tenga lugar fuera de la instalación, se evaluarán como posibles puntos de demanda, como mínimo, las instalaciones industriales, los emplazamientos agrícolas y las redes urbanas de calefacción.

🡻 2012/27/UE

 nuevo

A efectos de la comparación, se tendrán en cuenta la demanda de energía térmica y los tipos de calefacción y refrigeración utilizados por los puntos de demanda de calor  o refrigeración  cercanos. La comparación abarcará los costes relacionados con la infraestructura de la instalación proyectada y de una instalación comparable.

Los análisis de costes y beneficios a efectos del artículo 24, apartado 414, apartado 5, incluirán un análisis económico que abarque un análisis financiero que refleje las transacciones reales de capital debidas a la inversión en instalaciones particulares y a su explotación.

Se considerarán proyectos con un resultado favorable de beneficios en relación con los costes aquellos en que la suma de los beneficios descontados en el análisis económico y financiero supere la suma de los costes descontados (excedente de costes y beneficios).

Los Estados miembros determinarán unos principios orientadores para la metodología, las hipótesis y el horizonte temporal del análisis económico.

Los Estados miembros podrán exigir a las empresas responsables del funcionamiento de las instalaciones térmicas de generación de electricidad, las empresas industriales, las redes urbanas de calefacción y refrigeración, u otras partes que se encuentren bajo el límite definido del sistema y en los límites geográficos que aporten datos de uso a la hora de evaluar los costes y beneficios de una instalación particular.

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🡻 2012/27/UE

ANEXO XIX

Garantía de origen de la electricidad generada a partir de cogeneración de alta eficiencia

a)Los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar que:

i)la garantía de origen de la electricidad generada a partir de cogeneración de alta eficiencia:

permita a los productores demostrar que la electricidad que venden ha sido producida mediante cogeneración de alta eficiencia y se expida siempre que así lo solicite el productor,

sea exacta, fiable y a prueba de fraudes,

se expida, se transfiera y se cancele electrónicamente,

ii)una misma unidad de energía procedente de cogeneración de alta eficiencia se tenga en cuenta una sola vez.

b)La garantía de origen a que se hace referencia en el artículo 2414, apartado 10, contendrá, como mínimo, la siguiente información:

i)la identidad, ubicación, tipo y capacidad (térmica y eléctrica) de la instalación donde se ha producido la energía,

ii)las fechas y lugares de producción,

iii)el valor calorífico inferior de la fuente de combustible a partir de la cual se haya producido la electricidad,

iv)la cantidad y el uso del calor generado junto con la electricidad,

v)la cantidad de electricidad de cogeneración de alta eficiencia con arreglo al anexo IIIII que representa la garantía,

vi)el ahorro de energía primaria calculado con arreglo al anexo IIIII sobre la base de los valores de referencia armonizados de la eficiencia armonizados que se indican en el anexo IIIII, letra f),

vii)la eficiencia nominal eléctrica y térmica de la instalación,

viii)si, y hasta qué punto, la instalación se ha beneficiado de ayudas a la inversión,

ix)si, y hasta qué punto, la unidad de energía se ha beneficiado, de cualquier otra forma, de un sistema nacional de ayudas, y el tipo de sistema de ayudas,

x)la fecha en la que la instalación comenzó a funcionar, y

xi)la fecha y el país expedidor y un número de identificación único.

La garantía de origen tendrá un formato normalizado de 1 MWh. Corresponderá a la producción neta de electricidad medida en la salida de la estación y exportada a la red eléctrica.

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🡻 2012/27/UE

ANEXO XIIXI

Criterios de eficiencia energética para la regulación de la red de energía y para las tarifas de la red eléctrica

1.Las tarifas de red reflejarán el ahorro de costes en las redes obtenidos a partir de las medidas de demanda, de respuesta ade la demanda y de la generación distribuida, incluidos los ahorros que suponga rebajar el coste de entrega o la inversión en la red y una mejor explotación de esta.

2.La regulación y la tarificación de la red no impedirán a los gestores de redes ni a los proveedores minoristas de energía poner a disposición servicios de sistema para medidas de respuesta ade la demanda, gestión de la demanda y generación distribuida en los mercados de electricidad organizados, en particular:

a)la transferencia de la carga de las horas punta a las horas valle por los clientes finales, teniendo en cuenta la disponibilidad de energía renovable, energía de cogeneración y energía de generación distribuida;

b)el ahorro de energía por las centrales de compra de energía a partirraíz de la respuesta de la demanda por parte de los consumidores distribuidos;

c)la reducción de la demanda a partirraíz de las medidas de eficiencia energética aplicadas por los suministradores proveedores de servicios energéticos, incluidas las empresas de servicios energéticos;

d)la conexión y el despacho de las fuentes de generación a niveles de tensión más bajos;

e)la conexión de fuentes de generación más cercanas al consumo, y

f)el almacenamiento de energía.

A los efectos de la presente disposición, el término «mercados de electricidad organizados» incluye los mercados no organizados y las bolsas de electricidad para el intercambio de energía, capacidad, equilibrado balance y servicios auxiliares con cualquier antelación, incluidos los mercados a plazo, diarios e intradiarios.

3.Las tarifas de red o de venta al por menor podrán respaldar medidas de fijación dinámica de precios para medidas de respuesta ade la demanda de clientes finales, como por ejemplo:

a)tarifas según horas de consumo;

b)tarifas para picos críticos;

c)tarifas según el precio de mercado en cada momento, y

d)rebajas por disminución del consumo durante los picos.

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🡻 2012/27/UE

ANEXO XIIIXII

REQUISITOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS GESTORES DE REDES DE TRANSPORTE Y LOS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

Los gestores de redes de transporte y los de redes de distribución:

🡻 2018/2002 artículo 1.16 y punto 6 del anexo

a)establecerán y harán públicas sus normas tipo sobre la asunción y reparto de los costes de las adaptaciones técnicas, como las conexiones a la red, sus refuerzos y la introducción de nuevas redes, y sobre la mejora del funcionamiento de la red, así como sobre las normas para la aplicación no discriminatoria de los códigos de red, que son necesarios para integrar a los nuevos productores que alimentan la red interconectada con electricidad obtenida mediante cogeneración de alta eficiencia;

🡻 2012/27/UE

b)proporcionarán a cualquier nuevo productor de electricidad obtenida por cogeneración de alta eficiencia que desee conectarse a la red, la información exhaustiva y necesaria requerida, como, por ejemplo:

i)una estimación exhaustiva y pormenorizada de los costes asociados a la conexión,

ii)un calendario razonable y preciso para la recepción y la tramitación de la solicitud de conexión a la red,

iii)un calendario indicativo razonable para todas las conexiones a la red propuestas. Toda la tramitación para la conexión a la red no debería llevar más de 24veinticuatro meses, teniendo presente que sea razonablemente viable y no discriminatoria;

c)proporcionar proporcionarán procedimientos estandarizados y simplificados para la conexión a la red de los productores distribuidos de cogeneración de alta eficiencia a fin de facilitar dicha conexión.

Las normas tipo a las que se refiere la letra a) se basarán en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, y tendrán especialmente en cuenta todos los costes y beneficios asociados a la conexión de dichos productores a la red. Tales normas podrán contemplar distintos tipos de conexión.

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🡻 2012/27/EU (adaptado)

ANEXO XIVXIII

Condiciones mínimas que deben incluirse en los contratos de rendimiento energético con el sector público o en los pliegos de condiciones correspondientes

 nuevo

Las constataciones o recomendaciones de un análisis o auditoría, realizado antes de la celebración del contrato, que abarque el uso de energía del edificio con vistas a aplicar medidas de mejora de la eficiencia energética.

🡻 2012/27/UE

Una lista clara y transparente de las medidas de eficiencia energética que deben aplicarse o los resultados de eficiencia que deben obtenerse.

UnosLos ahorros garantizados que deben conseguirse al aplicar las medidas del contrato.

La duración y los momentos críticos del contrato, las condiciones y el plazo de notificación previa.

Una lista clara y transparente de las obligaciones de cada parte contratante.

Las fechas de referencia para establecer cuáles son los ahorros conseguidos.

Una lista clara y transparente de los pasos que deben darse para aplicar una medida o el conjunto de medidas y, si procede, los costes asociados.

La obligación de cumplir plenamente las medidas del contrato y la documentación de todos los cambios efectuados durante el proyecto.

Unas normas que especifiquen la inclusión de requisitos equivalentes en toda subcontratación con terceros.

Una presentación clara y transparente de las implicaciones financieras del proyecto y de la distribución entre ambas partes del ahorro monetario obtenido (es decir, de la remuneración del suministrador prestador del servicio).

Unas Disposicionesdisposiciones claras y transparentes sobre medición y verificación de los ahorros garantizados conseguidos, y sobre los controles de calidad y las garantías.

Unas disposiciones que aclaren el procedimien