(1)

La coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros en la Unión, tal como contempla el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), implica el respeto de los siguientes principios rectores: precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias saneadas y balanza de pagos sostenible.

(2)

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que inicialmente estaba integrado por los Reglamentos (CE) n.o 1466/97 (3) y (CE) n.o 1467/97 (4) del Consejo y por la Resolución del Consejo Europeo de 17 de junio de 1997 (5), se basa en el objetivo de lograr unas finanzas públicas saneadas y sostenibles como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de los precios y para lograr un crecimiento fuerte, sostenible e integrador sustentado en la estabilidad financiera, apoyando así la consecución de los objetivos de la Unión en materia de crecimiento sostenible y de empleo.

(3)

El marco de gobernanza fiscal forma parte del Semestre Europeo, que comprende también la coordinación y la supervisión general de las políticas económicas y de empleo de los Estados miembros, de conformidad con los artículos 121 y 148 del TFUE, incluido el pilar europeo de derechos sociales y las recomendaciones específicas por país conexas.

(4)

La participación de los Parlamentos nacionales, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes en el Semestre Europeo es fundamental para garantizar la apropiación nacional de las políticas fiscales y la elaboración de políticas transparentes e inclusivas.

(5)

El marco de gobernanza económica de la Unión debe adaptarse para tener mejor en cuenta la creciente heterogeneidad de las situaciones fiscales, la deuda pública y los desafíos económicos, así como otras vulnerabilidades en los Estados miembros. La fuerte respuesta a la pandemia de COVID-19 ha demostrado su gran eficacia a la hora de atenuar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la crisis causada por dicha pandemia, pero ha dado lugar a un aumento significativo de la ratio de deuda pública y privada, lo que ha puesto de relieve la importancia de reducirlas a niveles prudentes de manera gradual, realista, sostenida y de una forma que favorezca el crecimiento económico, garantizando un margen de maniobra para las políticas contracíclicas, y además, hacer frente a los desequilibrios macroeconómicos, prestando la debida atención a los objetivos sociales y de empleo. Paralelamente, el marco de gobernanza económica de la Unión debe adaptarse de modo que contribuya a resolver los desafíos a los que se enfrenta la Unión en el medio y largo plazo, tales como lograr una transición verde y digital justa, incluidos los objetivos climáticos establecidos en el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), la garantía de la seguridad energética, el apoyo a la autonomía estratégica abierta, la respuesta al cambio demográfico, el refuerzo de la resiliencia social y económica y de la convergencia continuada y la aplicación de la Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa, todo lo cual requiere reformas y niveles elevados y sostenidos de inversión en los próximos años.

(6)

El marco de gobernanza económica de la Unión debe promover unas finanzas públicas saneadas y sostenibles y un crecimiento sostenible e integrador y, por tanto, se debe diferenciar entre Estados miembros teniendo en cuenta sus niveles de deuda pública y desafíos económicos, permitiendo sendas fiscales plurianuales específicas para cada país, garantizando al mismo tiempo una supervisión multilateral efectiva y respetando el principio de igualdad de trato.

(7)

Es necesario garantizar un nivel adecuado de inversión pública para alcanzar los principales objetivos de la reforma del marco de gobernanza económica establecidos en el presente Reglamento y abordar las prioridades actuales y futuras de la Unión. La aplicación de instrumentos de financiación, tales como los fondos de la política de cohesión, que actualmente comprenden el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión establecidos por el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) establecido por el Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) y el Fondo de Transición Justa (FTJ) establecido por el Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), o con cargo al Instrumento de Recuperación de la Unión Europea creado por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo (10), o con cargo al instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia establecido por el Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo (11) podrían extraerse lecciones para mejorar la eficacia y la eficiencia de las inversiones y las políticas de empleo, así como para cualquier instrumento de inversión de la Unión que aborde las prioridades comunes de esta.

(8)

El procedimiento de supervisión multilateral establecido en el artículo 121, apartados 2, 3 y 4, y en el artículo 148, apartado 4, del TFUE implica un seguimiento de toda la evolución de la economía y el empleo en cada uno de los Estados miembros y en la Unión en su conjunto. Ello incluye la detección de desequilibrios macroeconómicos y la prevención y corrección de desequilibrios excesivos que establecen los Reglamentos (UE) n.o 1174/2011 (12) y (UE) n.o 1176/2011 (13) del Parlamento Europeo y del Consejo, respectivamente Para el seguimiento de esa evolución de la economía y el empleo, los Estados miembros deben presentar información en forma de planes fiscales-estructurales a medio plazo que abarquen un período de cuatro o cinco años, en función de la duración habitual de la legislatura del Estado miembro de que se trate. Como parte de su análisis integrado de la evolución social y del empleo en el contexto del Semestre Europeo, la Comisión evalúa los riesgos para la convergencia social al alza en los Estados miembros y supervisa los avances en la aplicación de los principios del pilar europeo de derechos sociales sobre la base del cuadro de indicadores sociales y de los principios del marco de convergencia social.

(9)

Deben establecerse normas detalladas sobre el contenido, la presentación, la evaluación, la aprobación y el seguimiento de los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo, con el fin de promover unas finanzas públicas saneadas y sostenibles y un crecimiento sostenible e integrador en los Estados miembros, así como resiliencia mediante reformas e inversiones, incluidas las que contribuyen a las prioridades comunes de la Unión, y evitar que se produzcan déficits públicos excesivos.

(10)

Los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo deben incluir la política fiscal, las reformas estructurales y las inversiones de cada Estado miembro. Esos planes deben ser la piedra angular del marco de gobernanza económica de la Unión. Cada Estado miembro debe presentar un plan fiscal-estructural nacional a medio plazo que establezca su senda fiscal, así como sus prioridades de inversiones y reformas públicas que, conjuntamente, garanticen una reducción sostenida y gradual de la deuda y un crecimiento sostenible e integrador, evitando una política fiscal procíclica. Esos planes también deben comprender reformas e inversiones más amplias, también en relación con las prioridades comunes de la Unión, a saber: la transición ecológica, incluido el Pacto Verde Europeo y la transición hacia la neutralidad climática de aquí a 2050 de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/1119 y a través de la aplicación de los planes nacionales de energía y clima presentados con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (14); la transición digital, incluido el Programa Estratégico de la Década Digital para 2030 establecido por la Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo (15); la resiliencia social y económica y la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, incluidos los objetivos conexos en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza de aquí a 2030; la seguridad energética, y el desarrollo de capacidades de defensa, cuando proceda, incluida la Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa, u otros actos subsiguientes de la Unión pertinentes para dichas prioridades. Durante el período de funcionamiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), los compromisos contraídos en los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben tenerse debidamente en cuenta en la elaboración de los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo.

(11)

Los fondos de la política de cohesión también están sincronizados con el Semestre Europeo. Dado que conforman la política de inversión a largo plazo del presupuesto de la Unión, las reformas e inversiones con cargo a dichos fondos también deben tenerse debidamente en cuenta en la elaboración de los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo, con vistas a garantizar la coherencia y, en su caso, la complementariedad.

(12)

La presentación de un plan fiscal-estructural nacional a medio plazo debe ir precedida de un diálogo técnico con la Comisión para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento. La evaluación por parte de la Comisión de los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo debe incluir un resumen de ese diálogo técnico. Sobre la base de una recomendación de la Comisión, el Consejo debe adoptar una recomendación que establezca la senda de gasto neto y, en su caso, refrende las reformas e inversiones que sustentan la posible ampliación de un período de ajuste.

(13)

Con el fin de simplificar el marco fiscal de la Unión y aumentar la transparencia, debe utilizarse un indicador operativo único ligado a la sostenibilidad de la deuda como base para establecer la senda fiscal y llevar a cabo una supervisión fiscal anual de cada Estado miembro. Dicho indicador operativo único debe basarse en el gasto primario neto financiado a nivel nacional, es decir, el gasto público neto de los gastos en concepto de intereses, las medidas discrecionales relativas a los ingresos, los gastos en programas de la Unión compensados íntegramente con los ingresos procedentes de los fondos de la Unión, el gasto nacional en cofinanciación de programas financiados por la Unión, así como los elementos cíclicos del gasto en prestaciones de desempleo. En consonancia con los principios rectores utilizados por la Comisión para clasificar las operaciones como medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, esas medidas puntuales y de carácter temporal también deben excluirse del indicador de gasto neto. Ese indicador, que no se ve afectado por el funcionamiento de los estabilizadores automáticos y otras fluctuaciones del gasto que escapan al control directo del Gobierno, ofrece margen de maniobra para la estabilización macroeconómica contracíclica.

(14)

A fin de enmarcar el diálogo encaminado a la presentación de planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo, la Comisión debe transmitir a los Estados miembros con una deuda pública superior al 60 % del PIB o un déficit público que supere el 3 % del PIB, tal como se establece en el artículo 126, apartado 2, del TFUE, en relación con el Protocolo (n.o 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado de la Unión Europea (TUE) y al TFUE [en lo sucesivo, «Protocolo (n.o 12)»], una trayectoria de referencia que abarque un período de ajuste de cuatro años con una posible ampliación por un máximo de tres años. Esa trayectoria debe basarse en el riesgo, ser específica para cada país y estar anclada en la sostenibilidad de la deuda para garantizar un enfoque más prospectivo adaptado tanto a los retos actuales como a los futuros.

(15)

Si así lo solicita un Estado miembro cuya deuda pública no sea superior al 60 % del PIB y cuyo déficit público no supere el 3 % del PIB, la Comisión debe transmitirle orientaciones en forma de información técnica.

(16)

Durante el mes anterior a la fecha límite en que la Comisión debe transmitir una trayectoria de referencia o información técnica a un Estado miembro, este debe tener la posibilidad de solicitar un intercambio técnico con la Comisión. Ese intercambio técnico debe brindar la oportunidad de debatir acerca de la información estadística disponible más reciente y las perspectivas económicas y presupuestarias del Estado miembro de que se trate, garantizando al mismo tiempo la igualdad de trato de los Estados miembros.

(17)

El marco de supervisión presupuestaria multilateral de la Unión se basa en los datos estadísticos facilitados por Eurostat, que es responsable, en nombre de la Comisión, de garantizar la calidad de los datos fiscales recopilados de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Eurostat debe establecer un marco para la comunicación por parte de los Estados miembros de los datos estadísticos sobre la cofinanciación nacional de los programas financiados por la Unión que son necesarios para la aplicación del presente Reglamento y que actualmente no son recopilados por Eurostat. Los Estados miembros podrán basarse en estimaciones hasta que se establezca el marco para la recogida y el suministro de dichos datos. Los organismos estadísticos pertinentes de la Unión determinarán el formato, el alcance, la frecuencia y el calendario del suministro de tales datos por los Estados miembros.

(18)

La trayectoria de referencia debe garantizar que, al final del período de ajuste, la deuda pública siga una trayectoria descendente verosímil o se mantenga en niveles prudentes, incluso en escenarios adversos. Además, debe garantizar que el déficit público se reduzca y se mantenga por debajo del 3 % del PIB, teniendo en cuenta al mismo tiempo el hecho de que los Estados miembros podrían enfrentarse a costes adicionales una vez finalizado el período de ajuste, como los costes relativos al envejecimiento demográfico. Por último, debe garantizar la coherencia con la senda correctiva en virtud del Reglamento (CE) n.o 1467/97.

(19)

Para mejorar la previsibilidad de los resultados del marco de supervisión presupuestaria multilateral de la Unión y reforzar la igualdad de trato entre los Estados miembros, la trayectoria de referencia debe cumplir de manera previa con una salvaguardia de sostenibilidad de la deuda. Esa salvaguardia debe garantizar, en la fase de diseño de los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo, que la ratio de deuda pública prevista disminuya en un promedio anual mínimo. Serviría de requisito mínimo para el esfuerzo subyacente a la trayectoria de referencia y a la senda de gasto neto. Debido a la composición específica de la deuda pública pendiente de Grecia, se prevé que una cantidad significativa de pagos de intereses aplazados venza en 2033. Por lo tanto, el correspondiente aumento excepcional de la ratio entre la deuda pública y el PIB de Grecia no debe tenerse en cuenta en la aplicación de la salvaguardia de la sostenibilidad de la deuda.

(20)

Se espera que los requisitos para la trayectoria de referencia que se basan en una valoración de riesgo sean suficientes para situar los niveles de déficit público muy por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB. Sin embargo, para que el marco de la supervisión presupuestaria multilateral sea más sólido frente a una evolución incierta de las variables macrofiscales, la trayectoria de referencia también debe proporcionar un margen común de resiliencia en relación con el valor de referencia del déficit a que se refiere el artículo 126, apartado 2, del TFUE, en relación con el Protocolo (n.o 12), o una convergencia hacia dicho valor de referencia del déficit. Esa salvaguardia de resiliencia común debe garantizar la acumulación de márgenes fiscales para su utilización ante circunstancias adversas y perturbaciones, facilitando así la aplicación de políticas contracíclicas en el marco fiscal de la Unión.

(21)

Para los primeros planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo, la verosimilitud de la disminución de la deuda pública a medio plazo debe basarse en la metodología descrita en el informe «Debt Sustainability Monitor» de 2023 de la Comisión. Un grupo de trabajo dedicado al análisis de la sostenibilidad de la deuda debe estudiar posibles mejoras metodológicas, también en lo referente a las hipótesis subyacentes. Ese grupo de trabajo debe estar compuesto por expertos de los Estados miembros, la Comisión y el Banco Central Europeo. Ese grupo de trabajo debe invitar al Consejo Fiscal Europeo y al Mecanismo Europeo de Estabilidad en calidad de observadores. La comisión competente del Parlamento Europeo debe tener la posibilidad de invitar a la Comisión a presentar su metodología en el contexto del diálogo económico establecido en el presente Reglamento.

(22)

A fin de evaluar si son necesarios nuevos ajustes al final del período de aplicación de cuatro o cinco años del plan fiscal-estructural nacional a medio plazo, la Comisión debe revaluar la situación y presentar una nueva trayectoria de referencia si la deuda pública del Estado miembro sigue estando por encima del 60 % del PIB o si su déficit público es superior al 3 % del PIB.

(23)

Cada plan fiscal-estructural nacional a medio plazo debe mencionar su situación procedimental en el contexto nacional, en particular si el plan se ha presentado al Parlamento nacional y si ha obtenido la aprobación de este. El plan fiscal-estructural nacional a medio plazo también debe indicar si el Parlamento nacional tuvo la oportunidad de debatir la recomendación del Consejo sobre el plan anterior y, en su caso, cualquier otra recomendación o decisión del Consejo, o cualquier advertencia de la Comisión. Si estuviera disponible, el dictamen de la institución fiscal independiente creada con arreglo a la Directiva 2011/85/UE del Consejo (17) debe presentarse junto con el plan fiscal-estructural nacional a medio plazo a la Comisión. Antes de la presentación del segundo plan fiscal-estructural nacional a medio plazo y de los planes posteriores, cada Estado miembro debe haber consultado, de conformidad con su marco jurídico nacional, a los agentes sociales, las autoridades regionales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes nacionales pertinentes. El plan fiscal-estructural nacional a medio plazo debe incluir información relativa a la consulta a los Parlamentos nacionales y al proceso de consulta. Dado que el calendario previsto para la preparación de los primeros planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo es más ajustado, los Estados miembros podrían llevar a cabo dicha consulta con anterioridad manteniendo plazos adecuados.

(24)

En el caso de un Gobierno que haya sido nombrado recientemente, el Estado miembro de que se trate debe tener la posibilidad de presentar a la Comisión un plan fiscal-estructural nacional a medio plazo revisado. Si se dan circunstancias objetivas que impidan la aplicación de un plan fiscal-estructural nacional a medio plazo, el Estado miembro debe tener la posibilidad de solicitar que se presente a la Comisión un plan revisado a más tardar doce meses antes de que finalice el plan en curso.

(25)

Cuando los Estados miembros utilicen en sus planes fiscal-estructurales nacionales a medio plazo hipótesis que difieran del marco de previsión de deuda pública a medio plazo, deben explicar y justificar debidamente las diferencias de manera transparente y sobre la base de argumentos económicos sólidos en el diálogo técnico y en sus planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo.

(26)

Cuando el Consejo considere que el plan fiscal-estructural nacional a medio plazo revisado de un Estado miembro no cumple los requisitos del presente Reglamento, debe recomendar, por regla general, la trayectoria de referencia original que la Comisión haya transmitido previamente como senda de gasto neto.

(27)

A fin de permitir una interacción adecuada entre el marco común de la Unión y los marcos presupuestarios nacionales, la Comisión debe basar su evaluación del cumplimiento por los Estados miembros de sus respectivas sendas de gasto neto establecidas por el Consejo únicamente en la evolución del gasto neto. Los Estados miembros deben poder fijar sus objetivos presupuestarios nacionales mediante un indicador diferente, como el saldo estructural si así lo exige su marco presupuestario nacional.

(28)

La evaluación por parte de la Comisión de los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo debe examinar, en particular, la verosimilitud de las hipótesis macroeconómicas y fiscales, en la medida en que difieran de las subyacentes a la trayectoria de referencia. En particular, las previsiones de deuda, en el supuesto de políticas constantes, que han de incluirse en el plan deben ser comparables con las previsiones de la Comisión.

(29)

Con objeto de garantizar la ejecución de los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo, la Comisión y el Consejo deben supervisar las reformas y las inversiones incluidas en dichos planes en el marco del Semestre Europeo, sobre la base de los informes anuales de situación presentados por los Estados miembros y de conformidad con los artículos 121 y 148 del TFUE. A tal efecto, deben entablar un diálogo económico con el Parlamento Europeo.

(30)

El Parlamento Europeo debe participar debidamente de una forma periódica y estructurada en el Semestre Europeo, con el fin de reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la implicación en relación con las decisiones que se adopten en el marco del Semestre Europeo. El presidente del Consejo y la Comisión deben informar periódicamente al Parlamento Europeo de los resultados de la supervisión multilateral llevada a cabo en virtud del presente Reglamento. La información que deba facilitarse en el contexto del presente Reglamento debe ser elaborada y transmitida por la Comisión al Consejo y puesta a disposición del Parlamento Europeo sin demora indebida.

(31)

Para garantizar una reducción más gradual de la deuda, el período de ajuste puede ampliarse por un máximo de tres años si el Estado miembro apuntala su plan fiscal-estructural nacional a medio plazo con un conjunto de reformas e inversiones verificables y delimitado en el tiempo que, consideradas en su conjunto, como norma general, favorezcan el crecimiento y la resiliencia; apoyen la sostenibilidad fiscal; respondan a las prioridades comunes de la Unión; aborden las recomendaciones específicas por país pertinentes en el marco del Semestre Europeo, incluidas, en su caso, las recomendaciones formuladas en el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico, así como las prioridades de inversión específicas de cada país, sin dar lugar a una reducción del nivel de inversión pública financiada a nivel nacional durante el período de vigencia del plan, en comparación con el nivel a medio plazo antes del inicio del plan, teniendo en cuenta el alcance y la magnitud de las dificultades específicas de cada país.

(32)

El conjunto general de reformas e inversiones que sustente una ampliación del período de ajuste debe ser coherente con los compromisos incluidos en el plan de recuperación y resiliencia aprobado del Estado miembro de que se trate durante el período de funcionamiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Acuerdo de Asociación acordado en el marco financiero plurianual. Cuando los planes de recuperación y resiliencia incluyan reformas e inversiones ambiciosas, en particular en lo que respecta al crecimiento económico y la sostenibilidad fiscal a medio plazo, debe considerarse que cumplen los requisitos para la ampliación del período de ajuste respecto de los primeros planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo.

(33)

El conjunto de reformas e inversiones presentado en los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo debe ajustarse a las prioridades comunes de la Unión, como la consecución de una transición ecológica y digital justa, incluida la coherencia con el objetivos climáticos establecidos en el Reglamento (UE) 2021/1119; la resiliencia social y económica, incluido el pilar europeo de derechos sociales; la seguridad energética; y, cuando sea necesario, la creación de capacidades de defensa. En su evaluación de los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo, la Comisión debe prestar especial atención a estas prioridades. Ese conjunto de reformas e inversiones también debe ser coherente con la aplicación de las estrategias nacionales determinadas por el Estado miembro de que se trate para abordar dichas prioridades de la Unión.

(34)

Con vistas a fomentar estrategias de saneamiento fiscal favorables al crecimiento, la repercusión de las reformas e inversiones, una vez aplicadas en virtud de los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo, debe tenerse debidamente en cuenta en el diseño de los planes posteriores. Debe prestarse especial atención al efecto en la sostenibilidad fiscal a través de ingresos públicos, gastos y crecimiento potencial futuros, así como a la contribución a las prioridades comunes de la Unión, sobre la base de material probatorio de carácter económico que sea sólido y esté basados en datos.

(35)

Cuando, dentro del plazo especificado, un Estado miembro no cumpla satisfactoriamente el conjunto de reformas e inversiones delimitado en el tiempo que sustenta la senda de gasto neto más gradual establecida por el Consejo, el Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, debe tener la posibilidad de recomendar que se acorte la ampliación del período de ajuste, es decir, que se incremente el esfuerzo anual de ajuste, a menos que existan circunstancias objetivas que impidan su aplicación en el plazo inicialmente previsto.

(36)

La Comisión debe establecer una cuenta de control para cada Estado miembro para hacer un seguimiento de las desviaciones anuales y acumuladas al alza y a la baja del gasto neto observado respecto de la senda de gasto neto establecida por el Consejo. La cuenta de control no debe registrar desviaciones mientras permanezcan activadas las cláusulas de salvaguardia. De conformidad con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1467/97, al elaborar el informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE, la Comisión debe tener en cuenta como factores pertinentes los avances en la ejecución de las reformas e inversiones, incluidas, en particular, las políticas para aplicar la estrategia común de crecimiento y empleo de la Unión, y prestar especial atención a las contribuciones financieras para alcanzar las prioridades comunes de la Unión establecidas en el presente Reglamento.

(37)

Las instituciones fiscales independientes han demostrado su capacidad para fomentar la disciplina fiscal y reforzar la credibilidad de las finanzas públicas de los Estados miembros. Con el fin de reforzar la apropiación nacional, el papel consultivo de las instituciones fiscales independientes debe mantenerse en el marco reformado de gobernanza económica de la Unión, con vistas a incrementar gradualmente sus capacidades.

(38)

Un Consejo Fiscal Europeo permanente y más independiente debe desempeñar una función consultiva más destacada en el marco de gobernanza económica de la Unión. Debe seguir valorando la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, evaluar la futura orientación presupuestaria para la zona del euro en su conjunto y asesorar a la Comisión y al Consejo, respetando al mismo tiempo el papel y las prerrogativas de la Comisión establecidos en el TUE y en el TFUE. Debe mejorarse su independencia y su acceso a la información. El Consejo y el Parlamento Europeo deben ser consultados en el proceso de nombramiento del presidente y de los miembros del Consejo Fiscal Europeo. Esos nombramientos deben garantizar, en la medida de lo posible, un equilibrio geográfico y de género adecuado.

(39)

Al emitir un dictamen sobre los proyectos de planes presupuestarios presentados con arreglo al Reglamento (UE) n.o 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (18), la Comisión debe evaluar si los proyectos de planes presupuestarios son coherentes con las sendas de gasto neto establecidas por el Consejo con arreglo al presente Reglamento.

(40)

En caso de perturbaciones importantes en la zona del euro o en la Unión en su conjunto, es necesario disponer de una cláusula general de salvaguardia para poder hacer frente a una grave recesión económica, permitiendo una desviación respecto de la senda de gasto neto establecida por el Consejo, siempre que tal desviación no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. La activación y ampliación de la cláusula general de salvaguardia debe estar sujeta a una recomendación del Consejo, que este debe procurar adoptar en un plazo de cuatro semanas a partir de una recomendación de la Comisión. El Consejo Fiscal Europeo debe emitir un dictamen sobre la ampliación de la cláusula general de salvaguardia.

(41)

Además de la cláusula general de salvaguardia, también debe existir una cláusula de salvaguardia específica para cada país que permita una desviación de la senda de gasto neto establecida por el Consejo cuando circunstancias excepcionales, como acontecimientos exógenos impredecibles, escapen al control del Estado miembro, tengan una incidencia importante en las finanzas públicas de dicho Estado miembro y requieran medidas fiscales contracíclicas, siempre que tal desviación no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. La activación y ampliación de las cláusulas de salvaguardia específicas para cada país debe estar sujeta a una recomendación del Consejo, que este debe procurar adoptar en un plazo de cuatro semanas a partir de una recomendación de la Comisión, teniendo en cuenta la solicitud del Estado miembro interesado de que se active o amplíe tal cláusula.

(42)

El presente Reglamento forma parte de un paquete junto con el Reglamento (UE) 2024/1264 del Consejo (19) y la Directiva (UE) 2024/1265 del Consejo (20). Juntos, estos tres actos legislativos (en lo sucesivo, conjuntamente, «reforma del marco de gobernanza económica») reforman el marco de gobernanza económica de la Unión incorporando al Derecho de la Unión el contenido del título III (Pacto Presupuestario) del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (21), de 2 de marzo de 2012 (TECG), de conformidad con el artículo 16 de dicho Tratado. Al basarse en la experiencia adquirida mediante la aplicación del TECG por parte de los Estados miembros, la reforma del marco de gobernanza económica mantiene la orientación a medio plazo del Pacto Presupuestario como instrumento para lograr la disciplina presupuestaria y el fomento del crecimiento. La reforma del marco de gobernanza económica incluye una dimensión específica por país reforzada destinada a reforzar la apropiación nacional, también manteniendo el papel consultivo de las instituciones fiscales independientes, que se basa en esencia en los principios comunes aplicables a los mecanismos de corrección presupuestaria del Pacto Presupuestario propuestos por la Comisión en su Comunicación de 20 de junio de 2012 de conformidad con el artículo 3, apartado 2, del TECG. El análisis del gasto neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos, para la evaluación global del cumplimiento exigida por el Pacto Presupuestario se establece en el presente Reglamento. Al igual que en el Pacto Presupuestario, solo se permiten desviaciones temporales respecto del plan a medio plazo en circunstancias excepcionales de conformidad con el presente Reglamento y en consonancia con las disposiciones relativas a la cuenta de control. También en la misma línea que el Pacto Presupuestario, en caso de desviaciones significativas respecto del plan a medio plazo, deben aplicarse medidas para corregir las desviaciones a lo largo de un período determinado. La reforma del marco de gobernanza económica hace más estricta la supervisión fiscal y los procedimientos de ejecución para cumplir el compromiso de promover unas finanzas públicas saneadas y sostenibles y un crecimiento sostenible e integrador. Así pues, la reforma del marco de gobernanza económica mantiene los objetivos fundamentales en materia de disciplina presupuestaria y sostenibilidad de la deuda establecidos en el Pacto Presupuestario.

(43)

Con el fin de garantizar una aplicación efectiva y un seguimiento adecuado del presente Reglamento, la Comisión debe proporcionar orientaciones oportunas, previa solicitud de un dictamen del Comité Económico y Financiero, sobre la información que deben facilitar los Estados miembros en sus planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo y en sus informes anuales de situación. Dichas orientaciones deben hacerse públicas.

(44)

La supervisión multilateral debe basarse en estadísticas independientes y de alta calidad elaboradas de conformidad con los principios establecidos en el Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (22).

(45)

Dado que los objetivos del presente Reglamento de garantizar la coordinación eficaz de las políticas económicas y la supervisión presupuestaria multilateral no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la coordinación y la supervisión, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(46)

Teniendo en cuenta el plazo vigente con arreglo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.