(1)

El Reglamento (UE) n.o 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) establece un marco común para la creación en la Unión de redes interoperables de vanguardia al servicio de sus ciudadanos, con el fin de reforzar la cohesión social, económica y territorial de la Unión, así como de contribuir a la creación de un espacio único europeo de transporte y movilidad, de modo que se potencie el mercado interior. La red transeuropea de transporte (RTE-T) tiene una estructura de doble nivel, consistente en una red global y una red básica. La red global garantiza la conectividad de todas las regiones de la Unión, mientras que la red básica comprende únicamente aquellos elementos de la red global que son de máxima importancia estratégica para la Unión. El Reglamento (UE) n.o 1315/2013 fija objetivos obligatorios de compleción, con arreglo a los cuales la red básica debe haberse completado para 2030 y la red global para 2050, en particular dando prioridad a las conexiones transfronterizas, mejorando la interoperabilidad y contribuyendo a la integración multimodal de la infraestructura de transporte de la Unión.

(2)

Pese a la necesidad de completar la RTE-T y al carácter obligatorio de los plazos para hacerlo, en la práctica se ha puesto de manifiesto que muchas inversiones destinadas a completar la RTE-T se enfrentan, entre otros procedimientos, a buen número de procedimientos de concesión de autorizaciones y de contratación pública transfronteriza distintos y complejos. Esta situación pone en peligro el cumplimiento de los plazos de ejecución de los proyectos y, en muchos casos, da lugar a retrasos considerables y a un aumento de los costes. Además, puede surgir incertidumbre entre los promotores de los proyectos y los posibles inversores privados que, en algunos casos, podría incluso dar lugar a que los proyectos no se lleven a cabo tal y como se habían planeado inicialmente. La presente Directiva se propone abordar esas cuestiones y hacer posible la compleción sincronizada de la RTE-T dentro de plazo, mediante una actuación armonizada a escala de la Unión. De conformidad con el artículo 49, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1315/2013, los Estados miembros deben tener en cuenta el desarrollo de la RTE-T a la hora de proyectar sus planes y programas nacionales.

(3)

La presente Directiva debe aplicarse a los procedimientos relacionados con los proyectos, incluidos los relacionados con la evaluación de impacto ambiental. No obstante, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la ordenación urbanística o territorial, de los procedimientos relacionados con la adjudicación de contratos públicos, y de las medidas adoptadas a nivel estratégico que no estén relacionadas con los proyectos, como las evaluaciones ambientales estratégicas, la planificación presupuestaria pública y los planes nacionales o regionales de transporte. Los promotores de los proyectos deben realizar la labor preparatoria, como estudios preliminares e informes, antes del inicio del procedimiento de concesión de autorizaciones, con el fin de aumentar su eficiencia y asegurar que la documentación de los proyectos sea de calidad. La presente Directiva no debe aplicarse a los procedimientos ante autoridades competentes en materia de recursos administrativos o ante órganos jurisdiccionales.

(4)

La presente Directiva debe aplicarse a los proyectos que formen parte de las secciones predeterminadas de la red básica que figuran en el anexo de la presente Directiva y a otros proyectos de corredores de la red básica con un coste total superior a 300 000 000 EUR. Los proyectos que superan dicho importe tienen a menudo una importancia estratégica con respecto al cumplimiento de la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y contribuyen a la consecución de los objetivos del Reglamento (UE) n.o 1315/2013. Los corredores de la red básica se determinan mediante las adaptaciones que se recogen en el Reglamento (UE) n.o 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y los mapas de la red básica que se recogen en el Reglamento (UE) n.o 1315/2013. La base técnica de esos mapas la proporciona el sistema interactivo de información geográfica y técnica de la RTE-T (TENtec), que contiene un mayor nivel de detalle en relación con las infraestructuras transeuropeas de transporte.

(5)

Deben excluirse del ámbito de aplicación de la presente Directiva los proyectos relacionados exclusivamente con aplicaciones telemáticas, nuevas tecnologías e innovación, por cuanto su despliegue no está limitado a la red básica.

(6)

No obstante, los Estados miembros pueden aplicar la presente Directiva a otros proyectos de la red básica y de la red global, incluidos aquellos proyectos que estén relacionados exclusivamente con aplicaciones telemáticas, nuevas tecnologías e innovación, al objeto de lograr un enfoque armonizado de los proyectos de infraestructuras de transporte. La publicación, por parte de las autoridades nacionales, de listas de proyectos individuales que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva podría propiciar que los promotores de los proyectos dispongan de mayor transparencia en relación con obras futuras o en curso de la RTE-T.

(7)

Dadas las distintas evaluaciones ambientales que se prevén en la correspondiente normativa de la Unión y nacional, que son necesarias para la concesión de las autorizaciones de los proyectos de la red básica, los Estados miembros deben establecer, cuando sea viable y adecuado, un procedimiento simplificado que cumpla los requisitos de dicha normativa de la Unión y nacional, con el fin de contribuir a lograr los objetivos establecidos en la presente Directiva de incrementar la racionalización de las medidas.

(8)

Los proyectos que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva deben recibir tratamiento prioritario, cuando corresponda. Dicho tratamiento puede incluir plazos más cortos, procedimientos simultáneos o plazos más limitados para los recursos, garantizando al mismo tiempo que también se alcancen los objetivos de otras políticas horizontales, como las medioambientales destinadas a evitar, prevenir, reducir o compensar los efectos adversos en el medio ambiente de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional. En los marcos jurídicos de numerosos Estados miembros se da tratamiento prioritario a determinadas categorías de proyectos en función de su importancia estratégica para la economía. Cuando exista ese tratamiento prioritario dentro de un marco jurídico nacional, debe aplicarse automáticamente a los proyectos que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. No obstante, se debe permitir a los Estados miembros probar procedimientos específicos de concesión de autorizaciones en un número limitado de proyectos, con el fin de evaluar su posible extensión a otros proyectos. Durante este período de prueba, el Estado miembro en cuestión no debe estar obligado a aplicar dichos procedimientos a otros proyectos que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(9)

A fin de hacer posible una gestión clara del procedimiento general y de proporcionar un punto de contacto para los promotores de los proyectos, los proyectos relativos a los corredores de la red básica deben ir acompañados de procedimientos eficientes de concesión de autorizaciones. Con ese fin, los Estados miembros deben designar a una o más autoridades en función de sus marcos jurídicos y estructuras administrativas nacionales y del tipo de proyecto de que se trate. Cuando un Estado miembro designe varias autoridades, debe velar por que solo haya una autoridad designada para un proyecto determinado y un procedimiento determinado de concesión de autorizaciones.

(10)

La designación de una autoridad que sirva de punto de contacto para el promotor del proyecto debe reducir la complejidad, mejorar la eficiencia y aumentar la transparencia de los procedimientos. También debe mejorar, cuando sea conveniente, la cooperación entre los Estados miembros. Los procedimientos deben fomentar una cooperación real entre los promotores de los proyectos y la autoridad designada.

(11)

Se pueden atribuir a la autoridad designada, entre otras tareas, las relacionadas con la coordinación y la autorización, conforme al Derecho de la Unión y nacional, de proyectos específicos de reconstrucción de infraestructuras en la red básica en caso de catástrofes naturales o provocadas por el hombre.

(12)

El procedimiento que establece la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos del Derecho internacional y de la Unión, incluidos los requisitos de protección del medio ambiente y la salud humana. La presente Directiva no debe conducir a una rebaja del nivel de exigencia de las normas destinadas a evitar, prevenir, reducir o compensar los efectos adversos en el medio ambiente.

(13)

Habida cuenta de la urgencia por completar la red básica, la simplificación de los procedimientos de concesión de autorizaciones debe ir acompañada de un plazo de duración máxima para los procedimientos de adopción de decisiones de autorización para la construcción de la infraestructura de transporte. Dicho plazo debe favorecer una mayor eficiencia en la tramitación de los procedimientos y bajo ninguna circunstancia debe ir en detrimento de los elevados niveles de exigencia de la Unión en protección del medio ambiente y participación del público. El plazo de duración máxima para los procedimientos de concesión de autorizaciones debe poder prorrogarse en casos debidamente justificados, en particular cuando surjan circunstancias imprevisibles o cuando sea necesario a efectos de protección ambiental. La prórroga podría expresarse, por ejemplo, por referencia a un período de tiempo o a una fecha o a algún acontecimiento cierto en el futuro. El plazo prorrogado no debe incluir, en particular, el tiempo necesario para iniciar procedimientos de recurso administrativos o judiciales o para solicitar medidas correctivas ante los órganos jurisdiccionales. Los Estados miembros no deben ser tenidos por responsables cuando el incumplimiento de dicho plazo de duración máxima se deba al promotor del proyecto, por ejemplo cuando el promotor del proyecto no haya cumplido los plazos establecidos en el Derecho nacional o los plazos indicativos establecidos por la autoridad designada, o cuando el promotor del proyecto haya incurrido en un retraso injustificado.

(14)

Los Estados miembros deben hacer todo lo posible para que los recursos que cuestionen la legalidad material o procedimental de una decisión de autorización sean tramitados de la forma más eficiente posible.

(15)

Los proyectos de infraestructura de la RTE-T que afectan a dos o más Estados miembros se enfrentan a dificultades específicas en lo que respecta a la coordinación de los procedimientos de concesión de autorizaciones. Por consiguiente, las autoridades designadas de los Estados miembros de que se trate deben cooperar para coordinar sus plazos y decidir un programa conjunto relativo al procedimiento de concesión de autorizaciones, en la medida en que la coordinación de sus calendarios y el establecimiento de un programa conjunto sean posibles y adecuados habida cuenta del estado de preparación o de madurez del proyecto, que depende principalmente del promotor del proyecto, en particular, de la fecha en que el promotor del proyecto haya notificado el proyecto a la autoridad designada de cada uno de esos Estados miembros.

(16)

Los coordinadores europeos designados de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1315/2013 deben estar informados de los procedimientos aplicables, de modo que se facilite su sincronización y su conclusión con vistas a la ejecución de la red básica dentro de plazo hasta el año 2030.

(17)

Cuando la RTE-T se haga extensiva a terceros países, de conformidad con los mapas indicativos que figuran en el Reglamento (UE) n.o 1315/2013, debe invitarse a esos terceros países a aplicar, cuando sea pertinente, normas similares a las establecidas en la presente Directiva.

(18)

La contratación pública en los proyectos transfronterizos debe efectuarse de conformidad con los Tratados y, en su caso, con las Directivas 2014/24/UE (6) o 2014/25/UE (7) del Parlamento Europeo y del Consejo. A fin de asegurar la compleción eficiente de los proyectos transfronterizos de la red básica, la contratación pública realizada por una entidad común debe estar sujeta al Derecho nacional de un Estado miembro. Como excepción a lo dispuesto en el Derecho de la Unión en materia de contratación pública, las normas nacionales aplicables deben ser, en principio, las del Estado miembro en el que tenga su domicilio social la entidad común. Debe seguir siendo posible determinar en un acuerdo intergubernamental cuál será la ley nacional aplicable. En caso de contratación pública efectuada por una filial de una entidad común, dicha filial debe aplicar la normativa nacional de uno de los Estados miembros de que se trate, que podría ser la normativa nacional aplicable a la entidad común. Por motivos de seguridad jurídica, las estrategias de contratación actuales deben seguir siendo aplicables a las entidades comunes creadas antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

(19)

La Comisión no participa sistemáticamente en la autorización de proyectos individuales. No obstante, en algunos casos, determinados aspectos de la preparación de los proyectos son objeto de autorización a escala de la Unión. Cuando la Comisión participe en los procedimientos, dará prioridad a los proyectos de la Unión y proporcionará certidumbre a los promotores de proyectos. En algunos casos, podría ser necesaria la aprobación de ayudas públicas. Sin perjuicio de los plazos fijados en la presente Directiva y en consonancia con el Código de Buenas Prácticas para los procedimientos de control de las ayudas estatales, los Estados miembros deben poder pedir a la Comisión que se ocupe de los proyectos de la red básica que consideren prioritarios, para lo cual se deben aplicar unos plazos más predecibles en el marco del planteamiento por carteras de asuntos o la planificación pactada.

(20)

La ejecución de proyectos de infraestructura de la red básica debe verse también respaldada por directrices de la Comisión que aporten más claridad en lo que respecta a la ejecución de determinados tipos de proyectos, al mismo tiempo que se respeta el acervo de la Unión. A este respecto, la Comunicación de la Comisión de 27 de abril de 2017, titulada «Plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía» proporciona orientación y aporta mayor claridad sobre cómo cumplir la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8) y la Directiva 92/43/CEE del Consejo (9). A fin de garantizar la mejor relación calidad-precio para el erario público, deben ponerse a disposición para los proyectos ayudas directas relacionadas con la contratación pública.

(21)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, racionalizar las medidas para avanzar en la realización de la RTE-T, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la necesidad de reforzar el marco de los procedimientos de concesión de autorizaciones para los proyectos de la RTE-T mediante una actuación armonizada a escala de la Unión, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(22)

Por razones de seguridad jurídica, la presente Directiva no debe aplicarse a los procedimientos de concesión de autorizaciones iniciados antes de la fecha de transposición de la presente Directiva.