52010SC0908

ES

(...PICT...)|COMISIÓN EUROPEA|

Bruselas, 20.7.2010 SEC(2010) 908

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN que acompaña a la

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLEMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa al derecho a la información en los procesos penales RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO {COM(2010) 392 final} {SEC(2010) 907}

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

1. Contexto y procedimento

Para incrementar la confianza recíproca y mejorar así el funcionamiento del reconocimiento mutuo, en noviembre de 2009 el Consejo Europeo aprobó el plan de trabajo sobre los derechos procesales 2009/C 295/01 en el que se establece un planteamiento gradual para reforzar los derechos de los sospechosos y acusados:[1]

2009/C 295/01

Medidas previstas actualmente en el plan de trabajo:|

Medida A : Traducción e interpretación|

Medida B : Información sobre los derechos y las acusaciones|

Medida C : Asesoramiento jurídico y asistencia jurídica gratuita|

Medida D : Comunicación con parientes, empleadores y autoridades consulares|

Medida E : Salvaguardias especiales para sospechosos o acusados que sean vulnerables |

La presente evaluación de impacto se refiere a la medida B, cuyo objetivo es mejorar la situación de los sospechosos garantizando que reciban información tanto sobre sus derechos como sobre la causa incoada contra ellos en los procesos penales.

La evaluación de impacto es empírica en sentido amplio: se consultó a las partes interesadas en diversas ocasiones, por ejemplo en las reuniones del Foro de la Justicia de 2008 y 2009. En la evaluación se han tenido también en cuenta las conclusiones de algunos estudios académicos recientes.

2. Problema

2.1. Información insuficiente en los procesos penales

El acceso a la información por parte de los sospechosos y acusados es un factor clave para asegurar un proceso justo. No se puede presuponer que los sospechosos tengan conocimiento suficiente de sus derechos (por ejemplo, del derecho a recibir asesoramiento jurídico) en el momento de la detención para que puedan acogerse efectivamente a ellos. Prever el suministro de información sobre los derechos es la vía que permite acceder a todos ellos. Los acusados también deben conocer en detalle la causa incoada contra ellos y qué pruebas existen con el fin de preparar su defensa.

Los sospechosos y acusados no siempre reciben esa información. Los Estados miembros tienen distintos sistemas para transmitir la información, y algunos datos no se comunican en algunos de ellos. Por ejemplo, en cuatro Estados miembros la legislación no obliga a informar a los sospechosos del derecho a recibir asesoramiento jurídico, y solo en diez Estados miembros se informa a los sospechosos de sus derechos mediante una notificación impresa (declaración de derechos). La legislación y las prácticas varían considerablemente de un Estado miembro a otro por lo que respecta a la información sobre el asunto: se puede entregar un resumen escrito o el abogado del acusado puede recibir acceso al expediente y hacer copias de las partes pertinentes. En tres Estados miembros no existe acceso al expediente e incluso en aquellos que prevén tal acceso, la fase del proceso en que se permite varía significativamente.

2.1.1. Efectos adversos sobre los procesos penales y cooperación judicial

Cuando no se informa adecuadamente a los sospechosos, los procesos penales pueden ser injustos y ello puede entrañar costes innecesarios debido a la prolongación de los procedimientos, los recursos y el abandono de los procesamientos en los Estados miembros en que tienen lugar los procesos.

La falta de información puede generar problemas y costes en otros Estados miembros cuando un tribunal del Estado miembro en el que tiene lugar un proceso penal original solicita la cooperación de otros Estados miembros. Los instrumentos de la UE para facilitar la cooperación judicial entre Estados miembros (como la orden de detención europea, ODE) se basan en el principio del reconocimiento mutuo, es decir, en la ejecución de las resoluciones judiciales de otros Estados miembros sin someterlas previamente a una revisión adicional. Para tal reconocimiento semiautomático es necesario que exista confianza entre los jueces y los órganos jurisdiccionales. Cuando la confianza sea insuficiente no funcionará el reconocimiento mutuo, los procesos se prolongarán, se retrasará la ejecución de las resoluciones judiciales extranjeras y se generarán costes. En un reciente caso británico, las alegaciones formuladas en el sentido de que al sospechoso no se le había proporcionado información suficiente durante el proceso en el Estado miembro que había dictado la orden de detención europea para su entrega, pueden haber contribuido a que el procedimiento de entrega durara más de un año, conllevara diversos recursos ante tribunales superiores y una instancia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con implicaciones significativas por lo que respecta a los costes.

2.1.2. Las disposiciones jurídicas vigentes no ofrecen una protección adecuada

Hoy por hoy no existen normas suficientemente rigurosas y que se apliquen adecuadamente. Si bien es cierto que el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) establece los derechos mínimos, las partes interesadas coinciden en señalar que ni el Convenio ni su mecanismo de aplicación ofrecen, en todos los casos, protección suficiente en relación con el suministro de información adecuada, en particular acerca de los derechos y las acusaciones. La razón es que los derechos a la información contemplados en los artículos 5 y 6 del CEDH no van lo suficientemente lejos, y pueden pasar años antes de que se resuelvan las peticiones elevadas al Tribunal de Derechos Humanos, dando lugar únicamente a una rectificación a posteriori de eficacia limitada.

2.2. Reajuste de la política de justicia de la UE y fomento de la libre circulación de ciudadanos mediante el fortalecimiento de los derechos fundamentales

Aunque a escala de la UE se han adoptado diversas medidas que garantizan a los ciudadanos un alto nivel de seguridad (como la introducción de la orden de detención europea), hasta la fecha no se había logrado acordar ninguna medida relativa a las normas necesarias para garantizar un juicio justo. Al adoptar el plan de trabajo sobre derechos procesales en noviembre de 2009, el Consejo reconoció la necesidad de adoptar medidas urgentes para fortalecer los derechos procesales de los sospechosos en la UE. Dicho plan sienta las bases para una actuación de la UE que garantice una protección de los derechos fundamentales superior a la que se contempla en el CEDH. Ello daría también una significación específica en la legislación de la Unión a las garantías sobre un juicio justo consagradas en los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y contribuiría a la eliminación de los obstáculos reales o imaginarios a la libre circulación de ciudadanos, como se garantiza en el artículo 21, apartado 2, del TFUE.

2.3. Alcance actual y futuro del problema

Aunque no se dispone de datos sobre el número de procesos en relación con los cuales se denuncia la falta de información, algunas partes interesadas señalan que el problema de la información insuficiente, si no es endémico, sí es agudo y no se limita a determinados Estados miembros. Se prevé que se mantenga el insuficiente nivel de confianza recíproca entre las autoridades judiciales de los Estados miembros, puesto que seguramente vuelvan a registrarse casos en que las autoridades de los Estados miembros no proporcionen información a los sospechosos o acusados . Dado que el aumento de la circulación de los ciudadanos entre los Estados miembros incrementará la necesidad de cooperación judicial y que en el futuro próximo se tendrán que ejecutar y aplicar otras medidas de cooperación judicial a escala de la UE, la necesidad de mejorar la confianza recíproca será todavía más acuciante.

2.4. Competencia de la UE para actuar

En virtud del artículo 82, apartado 2, letra b), del TFUE se pueden adoptar, mediante directivas, normas mínimas relativas a los derechos de los individuos en los procesos penales, en la medida necesaria para facilitar tanto el reconocimiento mutuo de las sentencias y las resoluciones judiciales como la cooperación judicial en asuntos penales que tengan una dimensión transnacional. Como hoy por hoy existen grandes diferencias entre los Estados miembros por lo que respecta al suministro de información, es poco probable que los Estados miembros, individualmente, sean capaces de establecer una norma suficientemente elevada de suministro de información en toda la UE. Este objetivo solo se puede lograr si se actúa a nivel de la UE.

3. Objetivos

General:|Mejorar la cooperación judicial restaurando la confianza recíproca entre los Estados miembros acerca del funcionamiento equitativo de los sistemas de justicia penal.Garantizar un nivel elevado de protección de los derechos fundamentales en los procedimientos penales, fomentando así la libre circulación de ciudadanos de la UE en todo su territorio.|

Específico:|Facilitar la ejecución y la aplicación de las resoluciones judiciales en asuntos penales velando por que los sospechosos reciban suficiente información sobre sus derechos , preferiblemente por escrito, para que puedan ejercitar eficazmente sus derechos de defensa.|Facilitar la ejecución y la aplicación de las resoluciones judiciales en asuntos penales velando por que los acusados reciban información detallada y suficiente sobre la causa incoada contra ellos para que puedan preparar adecuadamente su defensa o impugnar las resoluciones previas a la fase de enjuiciamiento.|

Operativo:|La información proporcionada a los sospechosos sobre su derecho a un juicio justo debería: ofrecerse en términos sencillos, fácilmente comprensibles por el sospechoso; suministrarse en el primer contacto con la policía;incluir los derechos básicos aplicables en virtud del CEDH y la CDFUE en caso de detención, primer interrogatorio y durante la privación de libertad;suministrarse de tal manera que sea posible verificar que la información se ha transmitido.|La información proporcionada a los acusados sobre la acusación o los cargos debería:ser lo suficientemente detallada para permitir la preparación adecuada de la defensa o impugnar las resoluciones de la fase previa al enjuiciamiento;suministrarse tempestivamente y de tal manera que el acusado comprenda la causa incoada contra él;suministrarse de tal manera que sea posible verificar que la información se ha transmitido.|

4. Opciones y su impacto

· Mantenimiento del statu quo : Esta opción implicaría no tomar medidas a nivel de la UE.

· Opciones A: Abordar el problema del suministro deficiente de información adecuada sobre los derechos a los sospechosos :

Actuación no legislativa:Opción A1 : Campaña de información en todo el territorio de la UE sobre los derechos de defensa mínimos.Opción A2 : Recomendación del Consejo sobre buenas prácticas en lo que hace al suministro de información a sospechosos y acusados sobre sus derechos.Actuación legislativa de la UE:Opción A3 : Deber, en todo el territorio de la UE, de informar a los sospechosos acerca de sus derechos mediante los medios que elijan los Estados miembros.Opción A4 : Deber, en todo el territorio de la UE, de informar acerca de sus derechos a los sospechosos detenidos mediante una declaración de derechos, redactada por los Estados miembros, que incluya una serie de derechos mínimos comunes (derechos del CEDH y Derecho de la UE), aparte de los derechos que añadan los Estados miembros ateniéndose a sus propias legislaciones.Opción A5 : Deber, en todo el territorio de la UE, de informar acerca de sus derechos a los sospechosos detenidos mediante una declaración de derechos que incluya una enumeración normalizada de los derechos mínimos en toda la UE según lo dispuesto en el anexo de la Directiva.|

Opciones B: Abordar el problema del suministro deficiente, a los acusados, de información adecuada sobre la causa incoada contra ellos (la información no siempre se suministra tempestivamente, en detalle y en términos que puedan comprender):

Actuación no legislativa:Opción B1 : Recomendación del Consejo sobre buenas prácticas y formación en materia de suministro de información a los acusados sobre la causa incoada contra ellos.Actuación legislativa de la UE:Opción B2 : Deber, en todo el territorio de la UE, de informar a los acusados sobre la causa incoada contra ellos mediante los medios que elijan los Estados miembros. Opción B3 : Deber, en todo el territorio de la UE, de informar a los acusados sobre la causa incoada contra ellos, y concesión de acceso al expediente (a ellos o a sus abogados) .|

5. Comparación de las opciones

En los cuadros siguientes se comparan las calificaciones relativas de las distintas opciones con los objetivos específicos y operativos. Las opciones se clasifican en función de su potencial de cumplir los objetivos definidos en la parte 3. En la suma final reciben idéntica ponderación las calificaciones relativas a la eficacia prevista a efectos de la consecución de los objetivos.

Las opciones A5 y B3 muestran el mayor potencial, por lo que son las preferidas.

Cuadro 5.1: Comparación de calificaciones de las opciones A :||

Objetivos/coste|statu quo| A1| A2 | A3| A4 | A5 |

Garantizar que los sospechosos reciban suficiente información para poder ejercer sus derechos eficazmente|0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Proporcionar información en términos sencillos, fácilmente comprensible por el sospechoso |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Proporcionar información en el primer contacto con la policía e incluir los derechos básicos aplicables en virtud del CEDH y la CDFUE en casos de detención, primer interrogatorio y durante la privación de libertad|0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

Garantizar que exista un medio para verificar que la información se ha transmitido|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Mejorar la confianza de los Estados miembros en el funcionamiento equitativo de los sistemas de justicia penal en todo el territorio de la UE|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Puntuación total:|0|5|8|12|20|25|

Carga financiera para los EM Banda basada en un modelo de cálculo para los Estados miembros que incurrirán con mayor probabilidad en gastos de aplicación debido a la divergencia entre la práctica actual y la contemplada en la opción. A raíz de la indisponibilidad de datos estadísticos, las cifras sobre los costes operativos no tienen en cuenta el nivel actual de los gastos operativos, de modo que la carga financiera adicional que conlleva la aplicación de la opción de que se trate no se puede calcular con precisión, pero cabe prever que sea una fracción de la cifra indicativa aquí presentada.Banda basada en un modelo de cálculo para los Estados miembros que incurrirán con mayor probabilidad en gastos de aplicación debido a la divergencia entre la práctica actual y la contemplada en la opción. A raíz de la indisponibilidad de datos estadísticos, las cifras sobre los costes operativos no tienen en cuenta el nivel actual de los gastos operativos, de modo que la carga financiera adicional que conlleva la aplicación de la opción de que se trate no se puede calcular con precisión, pero cabe prever que sea una fracción de la cifra indicativa aquí presentada.|-|100 000 € ­ 10 millones € (costes globales para la UE)|Gastos únicos de preparación: 0 € ­ 2,5 millones €Gastos operativos anuales: 0 € ­ 4,6 millones € |Gastos únicos de preparación: 0 € ­ 2,5 millones €Gastos operativos anuales: 5 000 € ­ 4,6 millones €|Gastos únicos de preparación: 15 000 € ­ 2,5 millones €Gastos operativos anuales: 5 000 € ­ 4,6 millones €|Gastos únicos de preparación: 5 000 € ­ 2,5 millones €Gastos operativos anuales: 5 000 € ­ 4,6 millones €|

Ahorro potencial de costes en los EM en los que tienen lugar procedimientos penales|-|bajo|bajo|bajo a medio |medio|medio a alto|

Cuadro 5.2: Comparación de calificaciones de las opciones B :||

Objetivos/coste|statu quo|B1 |B2 |B3 |||

Garantizar que los acusados reciban información detallada suficiente sobre la causa, de modo que puedan preparar adecuadamente su defensa o impugnar las resoluciones previas a la fase de enjuiciamiento |0|√√|√√√|√√√√√|||

Proporcionar información tempestivamente, de tal manera que el acusado comprenda la causa contra él|0|√|√√√|√√√√|||

Garantizar que exista un medio para verificar que la información se ha transmitido|0|√|√√|√√√|||

Mejorar la confianza de los Estados miembros en el funcionamiento equitativo de los sistemas de justicia penal en todo el territorio de la UE |0|√|√√√|√√√√√|||

Puntuación total:|0|5|11|17|||

Carga financiera para los EM Véase la advertencia de la nota a pie de página nº 2.Véase la advertencia de la nota a pie de página nº 2.|-|Gastos únicos : 0 € ­ 2,6 millones €Gastos operativos: 270 000 € ­ 21 millones €|Gastos únicos : 0 € ­ 2,6 millones €Gastos operativos: 10 00 000 € ­ 30 millones €|Gastos únicos : 9 000 € ­ 2,6 millones €Gastos operativos: 270 000 € ­ 21 millones €|||

Ahorro potencial de costes en los EM en los que tienen lugar procedimientos penales|-|bajo|bajo |medio|||

6. Opción preferida

La opción preferida es una combinación de las opciones A5 y B3 :

Adopción de una Directiva que obliga a los Estados miembros a garantizar:que los sospechosos y acusados objeto de detención sean informados acerca de sus derechos en los procesos penales mediante una declaración de derechos redactada por los Estados miembros en una lengua que comprendan, que incluya una enumeración normalizada, en toda la UE, de los derechos mínimos en materia de juicio justo, según lo dispuesto en el anexo de la Directiva, y, cuando proceda, los derechos adicionales en virtud de las legislaciones respectivas de los Estados miembros;que los sospechosos y acusados sean informados de la causa contra ellos, información que habrá de incluir la concesión de acceso gratuito al expediente, a ellos mismos o a sus abogados.|

6.1. Valor añadido de la actuación de la UE y proporcionalidad de la opción preferida

La opción preferida crea nuevos deberes uniformes, a escala de la UE (utilización de una declaración de derechos y acceso al expediente). Este efecto armonizador señala la eficacia de la opción preferida en lo que hace al suministro de información adecuada y al fomento de la confianza en la equidad de los procesos en otros Estados miembros. Si bien es cierto que las opciones A5 y B3 crean nuevos deberes, lo hacen únicamente en relación con el asunto básico de la medida que nos ocupa: el derecho a la información. No crean nuevos derechos desvinculados del suministro de formación.

Ambos aspectos de la opción preferida son proporcionados: aunque es probable que uno y otro obliguen a distintos Estados miembros a modificar sus leyes de enjuiciamiento penal, no existe ningún otro medio eficaz para asegurar que los sospechosos reciban amplia información.

6.2. Impacto financiero en los Estados miembros

El principal impacto financiero de la opción A5 lo constituyen los costes únicos de preparación/inicio incurridos para la introducción de los regímenes de declaraciones de derechos. Se trata, principalmente, de los costes de redactar y traducir las declaraciones y proporcionar formación a los agentes de policía y, en su caso, a los jueces y fiscales. Es probable que estos costes oscilen entre 10 000 y 2,5 millones EUR por Estado miembro (los modelos de cálculo ofrecen una banda de 10 600 a 70 000 EUR para Malta y de 655 000 a 2,5 millones EUR para Francia). Es probable que los costes reales tiendan a situarse en el extremo inferior de estas bandas. El efecto de la opción A5 sobre los costes operativos de cada Estado miembro depende fundamentalmente de la información que ya se proporcione a los sospechosos acerca de sus derechos y del tiempo que se consuma en la operación. Con toda probabilidad, las implicaciones presupuestarias serán mínimas en el caso de los Estados miembros que ya aplican regímenes de declaraciones de derechos. En relación con los Estados miembros que ya informan verbalmente a los sospechosos acerca de sus derechos, el efecto sobre los costes por caso dependerá del nivel de detalle de la información verbal que se esté proporcionando actualmente.

En cuanto a la opción B3, la mayoría de los Estados miembros incurrirán en costes únicos insignificantes al aplicar la Directiva, pues ya permiten tener acceso el expediente. Así pues, sólo se prevén este tipo de costes para la introducción de acceso al expediente en el caso de los tres Estados miembros que todavía no garantizan ese derecho. Los costes guardarán relación principalmente con el suministro de formación a los agentes de policía, jueces y fiscales, y oscilarán entre 9 000 y 2,6 millones EUR por Estado miembro. Aunque no se puede prever el impacto exacto de esta opción sobre los costes operativos , es probable que sea muy limitado incluso en el caso de los tres Estados miembros que tendrán que introducir este derecho.

7. Supervisión y evaluación

Prever un mecanismo sólido de supervisión y evaluación es crucial para garantizar que los derechos contemplados sean respetados, tanto en la práctica como en la legislación. La Comisión tiene previsto llevar a cabo un estudio empírico específico, en el que se hará énfasis en la recogida de datos, una vez hayan transcurrido 3-5 años desde la aplicación de la propuesta, para obtener información cuantitativa y cualitativa pormenorizada sobre la eficacia de la propuesta. Una vez establecidas todas las medidas del plan de trabajo será esencial evaluar cada una de ellas en su contexto, así como al eficiencia del plan de trabajo en su conjunto.

[1] 2009/C 295/01

[2] Banda basada en un modelo de cálculo para los Estados miembros que incurrirán con mayor probabilidad en gastos de aplicación debido a la divergencia entre la práctica actual y la contemplada en la opción. A raíz de la indisponibilidad de datos estadísticos, las cifras sobre los costes operativos no tienen en cuenta el nivel actual de los gastos operativos, de modo que la carga financiera adicional que conlleva la aplicación de la opción de que se trate no se puede calcular con precisión, pero cabe prever que sea una fracción de la cifra indicativa aquí presentada.

[3] Véase la advertencia de la nota a pie de página nº 2.

ET

(...PICT...)|EUROOPA KOMISJON|

Brüssel, 20.7.2010 SEK(2010) 908

KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT Lisatud dokumendile:

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet MÕJU HINDAMISE KOKKUVÕTE {KOM(2010) 392 lõplik} {SEK(2010) 907}

KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT

MÕJU HINDAMISE KOKKUVÕTE

1. Poliitika taust ja menetlus

Selleks et suurendada vastastikust usaldust ja tugevdada selle kaudu vastastikuse tunnustamise põhimõtte toimimist, võttis nõukogu 2009. aasta novembris vastu menetlusõiguste teekaardi, ELT C 295. mille kohaselt tuleks kahtlustatavate ja süüdistatavate õigusi tugevdada järkjärgulise lähenemisviisi kaudu.[1]

ELT C 295.

Teekaardis kavandatud meetmed:|

meede A: kirjalik ja suuline tõlge|

meede B: teave õiguste ja süüdistuse kohta|

meede C: õigusabi ja õigusnõustamine|

meede D: suhtlemine sugulaste, tööandjate ja konsulaarasutustega|

meede E: kaitsemeetmed selliste kahtlustatavate või süüdistatavate isikute jaoks, kes kuuluvad haavatavate isikute kategooriasse |

Käesolevas mõjuhinnangus analüüsitakse meedet B, mille eesmärk on parandada kahtlustatavate olukorda, tagades neile kriminaalmenetluses teabe nende õiguste ja nende vastu esitatud süüdistuste kohta.

Mõjuhinnang on suurel määral empiiriline, kuna korduvalt konsulteeriti sidusrühmadega, näiteks õigusfoorumi 2008. ja 2009. aasta koosolekutel. Mõjuhinnangus võeti arvesse ka hiljutiste teadusuuringute tulemusi.

2. Probleemi olemus

2.1. Puudulik teave kriminaalmenetluses

Selleks et tagada õiglane menetlus, on äärmiselt oluline anda kahtlustatavatele ja süüdistatavatele teavet. Ei saa eeldada, et kahtlustatavad on vahistamise ajal piisavalt teadlikud oma õigustest (näiteks õigusest saada õigusabi), mis võimaldaks neil oma õigusi tõhusalt kasutada. Selleks et kõiki õigusi saaks kasutada, tuleb nende kohta teavet anda. Süüdistatavad peavad teadma ka nende vastu algatatud süüdistuse üksikasju ja kogutud tõendeid, et valmistada ette oma kaitse.

Sageli sellist teavet kahtlustatavatele ja süüdistatavatele ei anta. Teabe edastamise tavad erinevad liikmesriigiti, kusjuures teatavates liikmesriikides ei anta teatavat liiki teavet üldse. Näiteks ei ole neljas liikmesriigis sätestatud kohustust teavitada kahtlustatavat õigusest saada õigusabi ja ainult kümnes liikmesriigis teavitatakse teda tema õigustest kirjalikult (õiguste deklaratsiooni abil). Süüdistust käsitlevat teavet reguleeriv õigus ja asjaomased tavad erinevad liikmesriigiti märkimisväärselt: mõnes liikmesriigis esitatakse süüdistuse kirjalik kokkuvõte, teises antakse süüdistatava kaitsjale õigus tutvuda toimikuga ja teha selle asjaomastest osadest koopiaid. Kolmes liikmesriigis ei ole õigust tutvuda toimikuga ette nähtud ja isegi liikmesriikides, kus selline õigus on ette nähtud, erineb selle õiguse kasutamise võimalus menetlusetapiti märkimisväärselt.

2.1.1. Kahjulik mõju kriminaalmenetlusele ja õigusalasele koostööle

Kui kahtlustatavat ei teavitata nõuetekohaselt, võib see kahjustada õiglast kriminaalmenetlust ning tuua pikaajaliste menetluste, edasikaebuste ja edutu süüdistamise tõttu menetlust teostavale liikmesriigile kaasa tarbetuid kulusid.

Kui kriminaalmenetlust teostava liikmesriigi kohus soovib teha koostööd teiste liikmesriikidega, võib puuduliku teabe andmine põhjustada probleeme ja kulusid ka teistele liikmesriikidele. ELi meetmed, millega hõlbustatakse liikmesriikide vahelist õigusalast koostööd (näiteks Euroopa vahistamismäärus), tuginevad vastastikuse tunnustamise põhimõttele, st et teises liikmesriigis tehtud kohtuotsus jõustatakse ilma selle läbivaatamiseta. Selline otsuste poolautomaatne tunnustamine eeldab kohtunike ja kohtute vahelist usaldust. Kui usaldus puudub, siis vastastikust tunnustamist ei toimu, ning pikaleveninud menetluste ja teise liikmesriigi kohtuotsuse jõustamise viibimise tõttu tekivad hoopis täiendavad kulud. Ühendkuningriigi hiljutise juhtumi alusel võib väita, et kuna kahtlustatavale anti tema üleandmiseks Euroopa vahistamismääruse koostanud liikmesriigis menetluse raames puudlikku teavet, kestis üleandmismenetlus tõenäoliselt just selle tõttu üle ühe aasta, sest menetluse raames esitati kõrgematele kohtutele mitu edasikaebust ja Euroopa Inimõiguste Kohtule apellatsioonikaebus. Selline menetlus põhjustas muu hulgas ka märkimisväärseid kulusid.

2.1.2. Kehtivate õiguslike nõuetega ei ole piisav kaitse tagatud

Praegu ei ole piisavalt kõrgeid ja nõuetekohaselt jõustatavaid nõudeid ette nähtud. Kuigi minimaalsed õigused on kehtestatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, on sidusrühmad seisukohal, et nimetatud konventsiooni ja selle jõustamismehhanismiga ei ole piisav kaitse, eelkõige piisav teave õiguste ja süüdistuse kohta sageli tagatud. See on tingitud asjaolust, et nimetatud konventsiooni artiklite 5 ja 6 kohane teave õiguste kohta ei ole piisavalt ulatuslik ning Euroopa Inimõiguste Kohtule esitatud apellatsioonikaebuse üle otsustamine võib võtta aastaid ja tuua endaga kaasa ainult piiratud tõhususega järelmeetmed.

2.2. ELi õiguspoliitika ja ELi kodanike vaba liikumise edendamise tasakaalustamine põhiõiguste tugevdamise kaudu

Kuigi ELi tasandil on kodanike turvalisuse kõrge taseme tagamiseks võetud mitmeid meetmeid (näiteks kehtestatud Euroopa vahistamismäärus), ei ole suudetud kokku leppida meetmetes, mis on seotud õiglasele kohtupidamisele esitatavate nõuetega. Nõukogu tunnistas 2009. aasta novembris menetlusõiguste teekaarti vastu võttes vajadust võtta kiiresti meetmeid, et tugevdada kahtlustatavate menetlusõigusi ELis. Teekaardiga pandi alus ELi meetmele, millega tagatakse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist kõrgem põhiõiguste kaitstuse tase. See annaks ELi põhiõiguste harta artiklites 47 ja 48 sätestatud õiglase kohtuliku arutamise tagamisele erilise ELi mõõtme ning aitaks kõrvaldada tõkked, mis piiravad tegelikult või tajutavalt ELi toimimise lepingu artikli 21 lõikega 2 ettenähtud kodanike vaba liikumist.

2.3. Probleemi praegune ja tulevane ulatus

Kuigi puuduvad andmed menetluste kohta, kus on antud puudulikku teavet, kinnitavad sidusrühmad, et kõnealune probleem ei ole küll veel juurdunud, kuid on terav ja iseloomulik rohkematele kui vaid üksikutele liikmesriikidele. Kuna on tõenäoline, et liikmesriikide ametiasutused ei hakka kahtlustatavatele ja süüdistatavatele senisest rohkem teavet andma, jääb eri liikmesriikide õigusasutuste vastastikune usaldus tõenäoliselt ka edaspidi ebapiisavaks. Kuna kodanike liikmesriikide vahelise liikumise suurenemise tõttu on õigusalast koostööd vaja teha senisest rohkem ning lähitulevikus on vaja rakendada ja kohaldada ELi õigusalase koostöö täiendavaid meetmeid, muutub vastastikuse usalduse tugevdamine veelgi olulisemaks.

2.4. ELi pädevus võtta meetmeid

ELi toimimise lepingu artikli 82 lõike 2 punkti b kohaselt tohib direktiividega kehtestada miinimumeeskirju isikute õiguste kohta kriminaalmenetluses määral, mil see on vajalik kohtuotsuste ja õigusasutuste otsuste vastastikuse tunnustamise ning samuti õiguskoostöö hõlbustamiseks piiriülese mõõtmega kriminaalasjades. Kuna antav teave erineb liikmesriigiti märkimisväärselt, on ebatõenäoline, et liikmesriigid saaksid ühepoolse tegutsemise kaudu kehtestada kogu ELis piisavalt kõrged nõuded antavale teabele. Seda on võimalik saavutada üksnes ELi tasandil.

3. Eesmärgid

Üldeesmärgid|Suurendada õigusalast koostööd, taastades selleks liikmesriikide vastastikuse usalduse üksteise kriminaalkohtusüsteemi õiglase toimimise vastu Tagada kriminaalmenetluses põhiõiguste kaitse kõrge tase, mille abil edendatakse ELi kodanike vaba liikumist kogu ELis|

Konkreetsed eesmärgid|Hõlbustada kriminaalasjades tehtud kohtuotsuste täitmist ja jõustamist, tagades selleks kahtlustatavatele piisava, võimaluse korral kirjaliku teabe nende õiguste kohta , et nad saaksid oma kaitseõigust tõhusalt kasutada |Hõlbustada kriminaalasjades tehtud kohtuotsuste täitmist ja jõustamist, tagades selleks süüdistatavatele piisavalt üksikasjaliku teabe nende vastu esitatud süüdistuse kohta , et neil oleks piisavalt võimalusi valmistada ette enda kaitse või vaidlustada kohtueelsed otsused |

Tegevus-eesmärgid|Kahtlustatavatele antavat teavet nende õiguse kohta õiglasele kohtulikule arutamisele tuleks: anda selgelt, et nad saaksid sellest hõlpsasti aru; anda neile nende esmasel kokkupuutel politseiga;anda ka seoses Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning ELi põhiõiguste harta kohaste põhiõigustega, mida saab kasutada vahistamise, esmase ülekuulamise ja kogu kinnipidamise aja jooksul;anda viisil, mis võimaldaks teabe edastamist hiljem kontrollida.|Süüdistatavatele antavat teavet süüdistuse kohta tuleks:anda piisavalt üksikasjalikult, et neil oleks piisavalt võimalusi valmistada ette enda kaitse või vaidlustada kohtueelsed otsused;anda õigeaegselt ning sellisel viisil, et nad saaksid aru nende vastu esitatud süüdistustest;anda viisil, mis võimaldaks teabe edastamist hiljem kontrollida.|

4. Poliitikavõimalused ja nende mõju

· Praeguse olukorra säilitamine: ELi tasandil meetmeid ei võetaks .

· Poliitikavõimalused A : lahendada probleem, mille kohaselt ei anta kahtlustatavatele sageli piisavat teavet nende õiguste kohta

Muud kui õiguslikud meetmed:poliitikavõimalus A1 : kogu ELi hõlmav teabekampaania minimaalsete kaitseõiguste kohtapoliitikavõimalus A2: nõukogu soovitus heade tavade kohta seoses kahtlustatavate ja süüdistatavate teavitamisega nende õigustestELi õiguslikud meetmed:poliitikavõimalus A3: kogu ELis kehtiv kohustus teavitada kahtlustatavaid nende õigustest liikmesriigi enda valitud vahendi abilpoliitikavõimalus A4: kogu ELis kehtiv kohustus teavitada vahi all olevaid kahtlustatavaid nende õigustest liikmesriigi koostatud õiguste deklaratsiooni abil, mis sisaldab ühiseid minimaalseid õigusi (Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ja ELi õiguse kohased õigused) ja millele liikmesriigid lisavad nende endi õigusest tulenevad täiendavad õigusedpoliitikavõimalus A5: kogu ELis kehtiv kohustus teavitada vahi all olevaid kahtlustatavaid nende õigustest õiguste deklaratsiooni abil, mille aluseks on kogu ELis kehtiv minimaalsete õiguste standardsõnastus, mis on esitatud direktiivi lisas|

Poliitikavõimalused B : lahendada probleem, mille kohaselt ei anta süüdistatavatele sageli neile arusaadavas keeles piisavat, õigeaegset ja üksikasjalikku teavet nende vastu esitatud süüdistuse kohta

Muud kui õiguslikud meetmed:poliitikavõimalus B1: nõukogu soovitus heade tavade ja koolituse kohta seoses süüdistatavate teavitamisega nende vastu esitatud süüdistustestELi õiguslikud meetmed:poliitikavõimalus B2: kogu ELis kehtiv kohustus teavitada süüdistatavaid nende vastu esitatud süüdistustest liikmesriigi enda valitud vahendi abilpoliitikavõimalus B3: kogu ELis kehtiv kohustus teavitada süüdistatavaid nende vastu esitatud süüdistustest, sealhulgas anda neile (või nende kaitsjale) õigus tutvuda toimikuga |

5. Poliitikavõimaluste võrdlus

Allpool olevas tabelis on esitatud erinevatele poliitikavõimalustele antud hindepunktid konkreetsete ja tegevuseesmärkide lõikes. Võimalused on rühmitatud vastavalt nende potentsiaalile saavutada 3. osas kindlaksmääratud eesmärgid. Kõikidel eesmärkide saavutamise tõhususele antud hindepunktidel on lõpptulemuses võrdne kaal.

Eesmärke on kõige parem saavutada võimalustega A5 ja B3 ning seega on need eelistatud võimalused.

Tabel 5.1 – poliitikavõimaluste A võrdlus||

Eesmärgid ja kulud|Praeguse olukorra säilitamine| A1| A2 | A3| A4 | A5 |

Tagada kahtlustatavatele piisav teave, et nad saaksid oma õigusi tõhusalt kasutada|0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Anda teavet selgelt, et kahtlustatavad saaksid sellest hõlpsasti aru |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Anda teavet esmasel kokku-puutel politseiga muu hulgas Euroopa inim-õiguste ja põhivabaduste kaitse konvent-siooni ning ELi põhiõiguste harta kohaste põhi-õiguste kohta, mida saab kasuta-da vahistamise, esmase ülekuula-mise ja kogu kinnipidamise aja jooksul|0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

Tagada mehhanismid, mis võimaldaksid teabe edastamist hiljem kontrollida|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Suurendada kogu ELis liikmes-riikide usaldust üksteise kriminaalkohtu-süsteemi õiglase toimimise vastu|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Hindepunktide kogusumma:|0|5|8|12|20|25|

Liikmesriigi finantskoormus Rakenduskulusid kannavad tõenäoliselt liikmesriigid, kelle praegused tavad erinevad esitatud võimalustest. Kulude vahemiku aluseks on mudelarvutus. Statistiliste andmete puudumise tõttu ei ole tegevuskulude arvutamisel arvestatud praeguseid tegevuskulusid, mistõttu ei ole ka konkreetse võimaluse rakendamisega kaasnevaid täiendavaid kulusid võimalik täpselt välja arvutada, kuid võib eeldada, et need moodustavad ainult murdosa tabelis esitatud arvatavatest kuludest.Rakenduskulusid kannavad tõenäoliselt liikmesriigid, kelle praegused tavad erinevad esitatud võimalustest. Kulude vahemiku aluseks on mudelarvutus. Statistiliste andmete puudumise tõttu ei ole tegevuskulude arvutamisel arvestatud praeguseid tegevuskulusid, mistõttu ei ole ka konkreetse võimaluse rakendamisega kaasnevaid täiendavaid kulusid võimalik täpselt välja arvutada, kuid võib eeldada, et need moodustavad ainult murdosa tabelis esitatud arvatavatest kuludest.|-|100 000 eurot –10 miljonit eurot (kogukulu ELis)|Ühekordne rakenduskulu: kuni 2,5 miljonit eurotTegevuskulu aastas: kuni 4,6 miljonit eurot |Ühekordne rakenduskulu: kuni 2,5 miljonit eurotTegevuskulu aastas: 5 000 eurot –4,6 miljonit eurot|Ühekordne rakenduskulu: 15 000 eurot – 2,5 miljonit eurotTegevuskulu aastas: 5 000 eurot – 4,6 miljonit eurot|Ühekordne rakenduskulu: 5 000 eurot – 2,5 miljonit eurotTegevuskulu aastas: 5 000 eurot – 4,6 miljonit eurot|

Võimalik kulude kokkuhoid kriminaalmenet-lust teostavas liikmesriigis|-|väike|väike |väike kuni keskmine|keskmine |keskmine kuni suur|

Tabel 5.2 – poliitikavõimaluste B võrdlus||

Eesmärgid ja kulud|Praeguse olukorra säilitamine|B1 |B2 |B3 |||

Tagada süüdistatavatele piisavalt üksik-asjalik teave nende vastu esitatud süüdis-tuste kohta, et nad saaksid ette valmistada enda kaitse või vaid-lustada kohtu-eelsed otsused |0|√√|√√√|√√√√√|||

Anda teavet õigeaegselt ja sellisel viisil, et süüdistatavad saaksid aru nende vastu esitatud süüdistustest|0|√|√√√|√√√√|||

Tagada mehhanismid, mis võimaldaksid teabe edastamist hiljem kontrollida|0|√|√√|√√√|||

Suurendada kogu ELis liikmes-riikide usaldust üksteise kriminaal-kohtusüsteemi õiglase toimimise vastu|0|√|√√√|√√√√√|||

Hindepunktide kogusumma:|0|5|11|17|||

Liikmesriigi finantskoormus Vt joonealune märkus 2.Vt joonealune märkus 2.|-|Ühekordne kulu: kuni 2,6 miljonit eurotTegevuskulu: 270 000 eurot –21 miljonit eurot|Ühekordne kulu: kuni 2,6 miljonit eurotTegevuskulu: 100 000 eurot – 30 miljonit eurot|Ühekordne kulu: 9 000 eurot – 2,6 miljonit eurotTegevuskulu: 270 000 eurot – 21 miljonit eurot|||

Võimalik kulude kokkuhoid kriminaalmenet-lust teostavas liikmesriigis|-|väike|väike |keskmine|||

6. Eelistatud võimalus

Eelistatud võimaluseks on võimaluste A5 ja B3 kombinatsioon .

Vastu võetakse direktiiv, mille kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et vahi all olevaid kahtlustatavaid ja süüdistatavaid teavitatakse kriminaalmenetluses neile arusaadavas keeles nende õigustest liikmesriigis koostatud õiguste deklaratsiooni abil, mille aluseks on kogu ELis kehtiv õiglase kohtuliku arutamisega seotud minimaalsete õiguste standardsõnastus, mis on esitatud direktiivi lisas, ning millesse on vajaduse korral lisatud asjaomase liikmesriigi õigusest tulenevad täiendavad õigused;et kahtlustatavaid ja süüdistatavaid teavitatakse nende vastu esitatud süüdistustest, sealhulgas antakse neile (või nende kaitsjale) õigus tasuta tutvuda toimikuga.|

6.1. Eelistatud võimalusega kaasnev ELi lisandväärtus ja selle proportsionaalsus

Eelistatud võimalusega nähakse kogu ELis ette uued ühtsed kohustused (kasutada õiguste deklaratsiooni ja näha ette õigus tutvuda toimikuga). Sellise ühtlustamisega saab eelistatud võimaluse raames tõhusalt tagada piisava teabe andmise ja suurendada usaldust teistes liikmesriikides toimuvate õiglaste menetluste vastu. Võimaluste A5 ja B3 raames kehtestatakse uusi kohustusi ainult seoses kõnealuse valdkonna peamise teemaga ehk õigusega saada teavet. Uusi õigusi, mis ei oleks seotud teabe andmisega, ette ei nähta.

Eelistatud võimaluse mõlemad aspektid on proportsionaalsed: kuigi mõlemate aspektide tõttu tuleb mitmes liikmesriigis kehtivat kriminaalmenetlusõigust tõenäoliselt muuta, ei ole muul moel võimalik tagada kahtlustatavatele ulatusliku teabe andmist.

6.2. Finantsmõju liikmesriikidele

Võimalusega A5 kaasneb peamiselt ühekordne rakenduskulu , mis tekib õiguste deklaratsiooni kasutuselevõtust. Selline kulu tekib eelkõige õiguste deklaratsiooni koostamisest, deklaratsioonide tõlkimisest ning politseiametnike ja vajaduse korral prokuröride ja kohtunike koolitamisest. Liikmesriigile tekkiv kulu ulatub tõenäoliselt 10 000 eurost 2,5 miljoni euroni (arvutuste kohaselt võib Maltale tekkiv kulu ulatuda 10 600 eurost 70 000 euroni ja Prantsusmaale tekkiv kulu 655 000 eurost 2,5 miljoni euroni). Tegelikud kulud jäävad tõenäoliselt siiski kulude alumisse vahemikku. Liikmesriikidele võimalusega A5 kaasnevad tegevuskulud sõltuvad peamiselt sellest, millist teavet juba praegu kahtlustatavatele antakse, ja sellele kuluvast ajast. Mõju selliste liikmesriikide eelarvele, kes juba kasutavad õiguste deklaratsiooni, peaks olema minimaalne. Ühe juhtumiga seotud kulu sõltub praegu kahtlustatavaid nende õigustest suuliselt teavitavate liikmesriikide puhul sellest, kui üksikasjalikku teavet praegu suuliselt antakse.

Enamik liikmesriike on õiguse tutvuda toimikuga juba ette näinud ja seega kaasnevad võimalusega B3 neile äärmiselt väikesed ühekordsed kulud , mis tekivad direktiivi rakendamisest. Seega peaksid toimikuga tutvumist käsitleva õiguse ettenägemisega seotud ühekordsed kulud tekkima ainult kolmele liikmesriigile, kes ei ole sellist õigust veel ette näinud. Sellised kulud tekivad tõenäoliselt peamiselt politseiametnike, prokuröride ja kohtunike koolitamisest ning võivad ulatuda 9 000 eurost 2,6 miljoni euroni. Kuigi võimaluse B3 täpset mõju tegevuskuludele ei ole võimalik prognoosida, on tõenäoline, et isegi eespool osutatud kolme liikmesriigi puhul, kes peavad ette nägema õiguse tutvuda toimikuga, on tegevuskulud äärmiselt väikesed.

7. Järelevalve ja hindamine

Selleks et tagada kavandatud õiguste kasutamine praktikas ja nende sätestamine õigusaktides, on vaja kehtestada jõuline järelevalve- ja hindamismehhanism. Komisjon kavatseb koostada empiirilise eriuuringu, mille raames kogutakse esimesel kolmel kuni viiel aastal andmeid ettepaneku rakendamise kohta, et saada täielikku kvantitatiivset ja kvalitatiivset teavet ettepaneku tõhususe kohta. Pärast kõikide teekaardis kirjeldatud meetmete võtmist on oluline hinnata iga meetme tõhusust ja analüüsida seda teekaardi kui terviku raames.

[1] ELT C 295.

[2] Rakenduskulusid kannavad tõenäoliselt liikmesriigid, kelle praegused tavad erinevad esitatud võimalustest. Kulude vahemiku aluseks on mudelarvutus. Statistiliste andmete puudumise tõttu ei ole tegevuskulude arvutamisel arvestatud praeguseid tegevuskulusid, mistõttu ei ole ka konkreetse võimaluse rakendamisega kaasnevaid täiendavaid kulusid võimalik täpselt välja arvutada, kuid võib eeldada, et need moodustavad ainult murdosa tabelis esitatud arvatavatest kuludest.

[3] Vt joonealune märkus 2.

FR

(...PICT...)|COMMISSION EUROPÉENNE|

Bruxelles, le 20.7.2010

SEC(2010) 908

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT accompagnant la

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales {COM(2010) 392 final} {SEC(2010) 907}

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION

RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT

1. Contexte politique et procédure

Pour accroître la confiance mutuelle, et ainsi améliorer le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle, le Conseil européen a adopté, en novembre 2009, la feuille de route relative aux droits procéduraux 2009/C 295/01 , qui expose une approche progressive visant à renforcer les droits des suspects et des personnes poursuivies:[1]

2009/C 295/01

Mesures actuellement prévues dans la feuille de route:|

Mesure A : traduction et interprétation|

Mesure B: informations relatives aux droits et à l'accusation|

Mesure C: assistance d’un conseiller juridique et aide juridictionnelle|

Mesure D: communication avec les proches, les employeurs et les autorités consulaires|

Mesure E: garanties particulières pour les suspects ou personnes poursuivies qui sont vulnérables |

La présente analyse d’impact porte sur la mesure B, qui vise à améliorer la situation des suspects en veillant à ce qu’ils reçoivent des informations sur leurs droits et sur les charges retenues contre eux dans le cadre des procédures pénales.

Elle est de nature essentiellement empirique: les parties intéressées ont été consultées à plusieurs occasions, comme lors des réunions du forum sur la justice en 2008 et en 2009. De récentes études universitaires ont également alimenté l’analyse d’impact.

2. Le problème

2.1. Insuffisance d’informations dans le cadre des procédures pénales

L’accès à l’information pour les suspects et les personnes poursuivies est un facteur essentiel de l’équité de la procédure. Au moment de leur arrestation, les suspects ne peuvent être censés avoir une connaissance suffisante de leurs droits (tel le droit à l’assistance d’un conseiller juridique) pour leur permettre de les exercer effectivement. Pour qu’ils aient accès à l’ensemble de leurs droits, il convient de leur fournir des informations à ce sujet. Une personne poursuivie doit également connaître en détail les charges retenues contre elle et les preuves existantes, afin de préparer sa défense.

Les suspects et les personnes poursuivies ne reçoivent pas toujours ces informations. Les États membres disposent de systèmes différents de communication des informations, certaines d’entre elles n’étant pas données du tout dans certains États membres. Par exemple, il n’existe aucune obligation légale d’informer un suspect de son droit à l’assistance d’un conseiller juridique dans quatre États membres, et les suspects sont informés de leurs droits au moyen d’une notification écrite (déclaration de droits) dans dix États membres seulement. Les législations et les pratiques varient considérablement d’un État membre à l’autre en ce qui concerne les informations sur les charges: soit un résumé écrit est donné, soit l’avocat de la personne poursuivie a accès au dossier et peut en copier les éléments principaux. Trois États membres ne donnent pas accès au dossier et, même dans ceux qui prévoient cet accès, le stade de la procédure auquel celui ci est accordé varie de manière significative.

2.1.1. Inconvénients pour les procédures pénales et la coopération judiciaire

Une absence d’information adéquate des suspects peut conférer un caractère inéquitable à la procédure pénale et, partant, occasionner des frais inutiles dus à de longues procédures, à des recours et à des poursuites infructueuses dans l’État membre où la procédure se déroule.

Une insuffisance d’informations peut causer des problèmes et des frais dans d’autres États membres lorsqu’une juridiction de l’État membre où se déroule la procédure pénale initiale sollicite la coopération de ces autres États membres. Les instruments du droit de l’Union destinés à faciliter la coopération judiciaire entre les États membres (comme le mandat d’arrêt européen – MAE) reposent sur le principe de la reconnaissance mutuelle, c’est à dire sur l’exécution d’une décision judiciaire dans un autre État membre sans aucun autre examen. Cette reconnaissance presque automatique nécessite de la confiance entre les juges et les juridictions. Si cette confiance fait défaut, la reconnaissance mutuelle ne fonctionnera pas; il en résultera de longues procédures et des retards dans l’exécution d’une décision judiciaire étrangère, ainsi que les frais y afférents. Dans une affaire britannique récente, c’est probablement en raison d’allégations selon lesquelles un suspect avait reçu des informations insuffisantes dans le cadre de la procédure dans l’État membre qui avait délivré un MAE en vue de la remise de cette personne, que la procédure de remise a duré plus d’un an, entraînant plusieurs recours devant des juridictions supérieures et devant la Cour européenne des droits de l’homme, avec d’importantes conséquences financières.

2.1.2. Les normes juridiques existantes n’offrent pas une protection adéquate

À l’heure actuelle, il n’existe pas de normes suffisamment élevées et adéquatement appliquées. S’il est vrai que la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) prévoit des droits minimaux, les parties intéressées s’accordent à dire que cette convention et son mécanisme d’application n’offrent pas une protection suffisante dans tous les cas, s’agissant en particulier de la fourniture d’informations adéquates sur les droits et les charges. La raison en est que les droits à l’information prévus par les articles 5 et 6 de la CEDH ne vont pas assez loin et que les recours devant la Cour européenne des droits de l’homme peuvent prendre des années avant de faire l’objet d’une décision et peuvent seulement conduire à une réparation ex post d’une efficacité limitée.

2.2. Rééquilibrer la politique de l’Union en matière de justice et promouvoir la libre circulation des citoyens de l’Union en renforçant les droits fondamentaux

Alors que différentes mesures ont été prises au niveau de l’Union pour garantir un niveau élevé de sécurité aux citoyens (comme l’introduction du MAE), aucun accord n’a encore pu être trouvé sur des normes relatives à un procès équitable. En adoptant la feuille de route relative aux droits procéduraux en novembre 2009, le Conseil a admis le besoin urgent d’agir en vue de renforcer les droits procéduraux des suspects dans l’Union. Cette feuille de route pose les jalons d’une action de l’Union visant à assurer une protection des droits fondamentaux allant au delà de celle prévue par la CEDH. Cela donnera également une signification spécifique en droit de l’Union aux garanties d’un procès équitable consacrées aux articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union et contribuera à l’élimination d’obstacles, réels ou perçus comme tels, à la libre circulation des citoyens garantie par l’article 21, paragraphe 2, TFUE.

2.3. Portée actuelle et future du problème

Bien qu’aucune donnée ne soit disponible au sujet du nombre de procédures dans lesquelles un manque d’informations est dénoncé, des parties intéressées rapportent que le problème de l’insuffisance des informations, s’il n’est pas endémique, est en tout état de cause épineux et n’est pas limité à certains États membres. La confiance mutuelle entre les autorités judiciaires des États membres restera sans doute au niveau insuffisant actuel, car il arrivera probablement encore que des autorités des États membres ne fournissent pas d’informations à des suspects ou à des personnes poursuivies. Étant donné que l’augmentation de la circulation des citoyens entre les États membres entraînera un besoin accru de coopération judiciaire et que d’autres mesures de coopération judiciaire prises au niveau de l’Union devront être mises en œuvre et appliquées dans un avenir proche, la nécessité d’améliorer la confiance mutuelle se fera encore davantage ressentir.

2.4. La compétence de l’Union pour agir

En vertu de l’article 82, paragraphe 2, point b), TFUE, des règles minimales concernant les droits des personnes dans la procédure pénale peuvent être adoptées par voie de directives, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière. Eu égard aux différences importantes existant à l’heure actuelle entre les États membres s’agissant de la fourniture d’informations, il est peu probable qu’une action individuelle des États membres soit en mesure d’établir une norme suffisamment élevée en ce qui concerne la fourniture d’informations dans l’ensemble de l’Union; cet objectif ne peut être atteint que par une action prise au niveau de l’Union.

3. Objectifs

Généraux:|Améliorer la coopération judiciaire en restaurant la confiance mutuelle entre les États membres dans le bon fonctionnement des systèmes de justice pénale Assurer un niveau élevé de protection des droits fondamentaux dans le cadre des procédures pénales, et ainsi favoriser la libre circulation des citoyens de l’Union sur tout le territoire de celle ci|

Spécifiques:|Faciliter l’exécution des décisions judiciaires en matière pénale en veillant à ce que les suspects reçoivent suffisamment d’ informations sur leurs droits , de préférence par écrit, afin qu’ils puissent exercer effectivement leurs droits de la défense |Faciliter l’exécution des décisions judiciaires en matière pénale en veillant à ce que les personnes poursuivies reçoivent des informations suffisamment détaillées sur les charges retenues contre elles , afin qu’elles puissent préparer convenablement leur défense ou contester des décisions préalables au procès |

Opérationnel:|Les informations fournies aux suspects sur leurs droits à un procès équitable doivent: être rédigées dans une langue claire, qui sera aisément comprise par le suspect être données lors du premier contact avec la policeinclure les droits fondamentaux prévus par la CEDH et la Charte applicables à l’arrestation et au premier interrogatoire, ainsi que pendant la détentionêtre données de manière telle qu’il soit possible de vérifier que les informations ont été communiquées|Les informations fournies aux personnes poursuivies sur les charges ou l’accusation doivent:être suffisamment détaillées pour permettre de préparer convenablement la défense ou de contester des décisions préalables au procèsêtre données en temps utile et de manière telle que la personne en question comprenne les charges retenues contre elleêtre données de manière telle qu’il soit possible de vérifier que les informations ont été communiquées|

4. Les options stratégiques et leurs effets

· Maintien du statu quo: cette option n’impliquerait aucune action au niveau de l’Union.

· Options stratégiques A , répondant au problème des suspects qui ne reçoivent pas toujours des informations adéquates sur leurs droits :

Action non législative:Option stratégique A1 : campagne d’information dans l’ensemble de l’Union sur les normes minimales en matière de droits de la défenseOption stratégique A2 : recommandation du Conseil sur les bonnes pratiques en matière d’information des suspects et des personnes poursuivies au sujet de leurs droitsAction législative de l’Union:Option stratégique A3 : obligation, dans toute l’Union, d’informer les suspects sur leurs droits, par des moyens laissés à la libre appréciation des États membresOption stratégique A4 : obligation, dans toute l’Union, d’informer les suspects en état d’arrestation sur leurs droits, au moyen d’une déclaration de droits dont l’élaboration est laissée aux États membres, contenant un nombre minimal de droits (ceux prévus par la CEDH et par la législation de l’Union), les États membres étant libres d’ajouter d’autres droits prévus par leur propre législationOption stratégique A5 : obligation, dans toute l’Union, d’informer les suspects en état d’arrestation sur leurs droits, au moyen d’une déclaration de droits contenant des formulations des droits minimaux uniformes pour toute l’Union, exposées dans une annexe de la directive|

Options stratégiques B , répondant au problème des personnes poursuivies qui ne reçoivent pas toujours des informations adéquates sur les charges retenues contre elles rapidement, en détail et dans une langue qu’elles comprennent

Action non législative:Option stratégique B1 : recommandation du Conseil sur les bonnes pratiques et la formation en matière d’information des personnes poursuivies au sujet des charges retenues contre ellesAction législative de l’Union:Option stratégique B2 : obligation, dans toute l’Union, d’informer les personnes poursuivies sur leurs charges retenues contre elles, par des moyens laissés à la libre appréciation des États membresOption stratégique B3 : obligation, dans toute l’Union, d’informer les personnes poursuivies des charges retenues contre elles, notamment en leur donnant accès au dossier de l'affaire (ou en donnant cet accès à leur avocat) |

5. Comparaison des options stratégiques

Les tableaux ci dessous présentent une comparaison de l’évaluation relative des options stratégiques au regard des objectifs spécifiques et opérationnels. Ces options sont classées selon leur potentiel pour atteindre les objectifs définis à la partie 3. Les évaluations de l’efficacité escomptée pour atteindre les objectifs se voient attribuer une importance égale dans la somme finale.

Les options A5 et B3 démontrent le potentiel le plus élevé et sont par conséquent les options privilégiées.

Tableau 5.1 – Comparaison des évaluations des options stratégiques A :||

Objectifs/coût|Statu quo| A1| A2 | A3| A4 | A5 |

Veiller à ce que les suspects reçoivent suffisamment d’informations sur leurs droits pour être en mesure de les exercer efficacement|0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Fournir des informations rédigées dans une langue claire, qui sera aisément comprise par le suspect |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Fournir des informations dès le premier contact avec la police, incluant les droits fondamentaux prévus par la CEDH et la Charte applicables à l’arrestation et au premier interrogatoire, ainsi que pendant la détention|0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

Mettre en place un moyen de vérifier que les informations ont été communiquées|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Améliorer la confiance des États membres dans le bon fonctionnement des systèmes de justice pénale dans l’ensemble de l’Union|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Note globale:|0|5|8|12|20|25|

Charge financière par EM Fourchette basée sur un modèle de calcul pour les EM qui sont les plus susceptibles d’exposer des coûts de mise en œuvre, en raison de pratiques actuelles divergeant de celle envisagée dans l’option. Du fait de l’indisponibilité de données statistiques, les chiffres relatifs aux coûts opérationnels ne tiennent pas compte du niveau actuel de ces coûts, de sorte que la charge financière supplémentaire due à la mise en œuvre de l’option ne peut être calculée avec précision, mais constituera vraisemblablement une fraction du chiffre indicatif présenté ici.Fourchette basée sur un modèle de calcul pour les EM qui sont les plus susceptibles d’exposer des coûts de mise en œuvre, en raison de pratiques actuelles divergeant de celle envisagée dans l’option. Du fait de l’indisponibilité de données statistiques, les chiffres relatifs aux coûts opérationnels ne tiennent pas compte du niveau actuel de ces coûts, de sorte que la charge financière supplémentaire due à la mise en œuvre de l’option ne peut être calculée avec précision, mais constituera vraisemblablement une fraction du chiffre indicatif présenté ici.|-|100 000 – 10 millions € (coût total pour l’UE)|Coûts uniques de mise en place: 0 – 2,5 millions €Coûts opérationnels annuels: 0 – 4,6 millions € |Coûts uniques de mise en place: 0 – 2,5 millions €Coûts opérationnels annuels: 5 000 – 4,6 millions €|Coûts uniques de mise en place: 15 000 – 2,5 millions €Coûts opérationnels annuels: 5 000 – 4,6 millions €|Coûts uniques de mise en place: 5 000 – 2,5 millions €Coûts opérationnels annuels: 5 000 – 4,6 millions €|

Économies potentielles dans l’EM où se déroule la procédure pénale|-|faibles|faibles |faibles à moyennes|moyennes |moyennes à élevées|

Tableau 5.2 – Comparaison des évaluations des options stratégiques B :||

Objectifs/coût|Statu quo|B1 |B2 |B3 |||

Veiller à ce que la personne poursuivie reçoive des informations suffisamment détaillées pour lui permettre de préparer convenablement sa défense ou de contester des décisions préalables au procès |0|√√|√√√|√√√√√|||

Fournir des informations en temps utile et de manière telle que la personne poursuivie comprenne les charges retenues contre elle|0|√|√√√|√√√√|||

Mettre en place un moyen de vérifier que les informations ont été communiquées|0|√|√√|√√√|||

Améliorer la confiance des États membres dans le bon fonctionnement des systèmes de justice pénale dans l’ensemble de l’Union|0|√|√√√|√√√√√|||

Note globale:|0|5|11|17|||

Charge financière par EM L’avertissement figurant à la note 2 s’applique également.L’avertissement figurant à la note 2 s’applique également.|-|Coûts uniques : 0 – 2,6 millions €Coûts opérationnels: 270 000 – 21 millions €|Coûts uniques : 0 – 2,6 millions €Coûts opérationnels: 100 000 – 30 millions €|Coûts uniques : 9 000 – 2,6 millions €Coûts opérationnels: 270 000 – 21 millions €|||

Économies potentielles dans l’EM où se déroule la procédure pénale|-|faibles|faibles |moyennes|||

6. L’option privilégiée

L’option privilégiée est constituée d’une combinaison des options A5 et B3 :

Adoption d’une directive obligeant les États membres à faire en sorte: que les suspects et personnes poursuivies en état d’arrestation soient informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales au moyen d’une déclaration de droits rédigée dans un langue qu’ils comprennent, élaborée par les États membres et contenant une formulation uniforme pour toute l’Union des droits minimaux en matière de procès équitable, figurant dans une annexe de la directive, et, le cas échéant, contenant également d’autres droits prévus par les législations respectives des États membres, etque les suspects et personnes poursuivies soient informés des charges retenues contre eux, ce qui doit impliquer de leur donner gratuitement accès au dossier (ou de donner cet accès à leur avocat).|

6.1. Valeur ajoutée de l’Union et proportionnalité de l’option privilégiée

L’option privilégiée crée de nouvelles obligations uniformes dans toute l’Union (utilisation d’une déclaration de droits et accès au dossier). Cet effet d’harmonisation caractérise l’efficacité de l’option privilégiée pour garantir la fourniture d’informations adéquates et favoriser la confiance dans l’équité des procédures dans les autres États membres. S’il est vrai que les options A5 et B3 créent de nouvelles obligations, elles ne le font qu’en rapport avec l’objet principal de la mesure: le droit à l’information. Elles ne créent pas de nouveaux droits sans rapport avec la fourniture d’informations.

Les deux aspects de l’option privilégiée sont proportionnés: même s’ils imposeront vraisemblablement à plusieurs États membres d’apporter des modifications à leurs règles de procédure pénale, il n’existe aucun autre moyen efficace de faire en sorte que les suspects reçoivent des informations complètes.

6.2. Incidences financières pour les États membres

La principale incidence financière de l’ option A5 est constituée par les coûts uniques de mise en place/lancement occasionnés par l’introduction des régimes de déclarations de droits. Il s’agit essentiellement des coûts liés à la rédaction des déclarations, à leur traduction et à la formation des policiers ainsi que, le cas échéant, des procureurs et des juges. Ces coûts devraient osciller entre 10 000 et 2,5 millions d’euros par État membre (les modèles de calcul donnent, pour Malte, une fourchette de 10 600 à 70 000 euros et, pour la France, une fourchette de 655 000 à 2,5 millions d’euros). Il est probable que les coûts réels tendront vers les valeurs inférieures de ces fourchettes. L’incidence de l’option A5 sur les coûts opérationnels par État membre dépend avant tout des informations sur les droits qui sont déjà communiquées aux suspects, ainsi que du temps que cela nécessite. Les implications budgétaires pour les États membres qui font déjà usage de régimes de déclarations de droits seront vraisemblablement minimes. Pour les États membres qui, à l’heure actuelle, informent oralement les suspects de leurs droits, l’incidence sur les coûts par affaire dépendra du niveau de détail des informations orales fournies actuellement.

En ce qui concerne l’ option B3 , la plupart des États membres ne supporteront des coûts uniques négligeables que lors de la mise en œuvre de la directive, car ils donnent déjà accès au dossier. Par conséquent, des coûts uniques pour la mise en place de l’accès au dossier ne sont attendus que pour les trois États membres qui n’accordent pas ce droit à l’heure actuelle. Ces coûts devraient résulter essentiellement de la formation des policiers, des procureurs et des juges et osciller entre 9 000 et 2,6 millions d’euros par État membre. Bien qu’elle ne puisse être prédite avec précision, il est probable que l’incidence de cette option sur les coûts opérationnels sera très limitée, même pour les trois États membres qui devront introduire le droit en question.

7. Suivi et évaluation

Pour s’assurer que les droits prévus soient respectés dans la pratique comme dans la législation, il importe de mettre en place un mécanisme solide de suivi et d’évaluation. La Commission prévoit d’effectuer une étude empirique spécifique centrée sur la collecte de données trois à cinq ans après la mise en œuvre de la proposition, afin d’obtenir une vision quantitative et qualitative approfondie de l’efficacité de la proposition. Lorsque toutes les mesures de la feuille de route auront été mises en place, il sera essentiel d’évaluer chaque mesure dans son contexte, ainsi que l’efficacité de la feuille de route dans son ensemble.

[1] 2009/C 295/01

[2] Fourchette basée sur un modèle de calcul pour les EM qui sont les plus susceptibles d’exposer des coûts de mise en œuvre, en raison de pratiques actuelles divergeant de celle envisagée dans l’option. Du fait de l’indisponibilité de données statistiques, les chiffres relatifs aux coûts opérationnels ne tiennent pas compte du niveau actuel de ces coûts, de sorte que la charge financière supplémentaire due à la mise en œuvre de l’option ne peut être calculée avec précision, mais constituera vraisemblablement une fraction du chiffre indicatif présenté ici.

[3] L’avertissement figurant à la note 2 s’applique également.

HU

(...PICT...)|EURÓPAI BIZOTTSÁG|

Brüsszel, 20.7.2010 SEC(2010) 908

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM amely a következő dokumentumot kíséri:

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA {COM(2010) 392 végleges} {SEC(2010) 907}

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

1. Politikai előzmények és eljárás

A kölcsönös bizalom erősítése és ezáltal a kölcsönös elismerés működésének javítása céljából az Európai Tanács 2009 novemberében elfogadta az eljárási jogokról szóló ütemtervet 2009/C 295/01 , és ebben lépésenkénti megközelítést határozott meg a gyanúsítottak és vádlottak jogainak megerősítésére:[1]

2009/C 295/01

Az ütemterv keretében jelenleg betervezett intézkedések:|

A. intézkedés : Fordítás és tolmácsolás|

B. intézkedés: A jogokról és a vádakról való tájékoztatás|

C. intézkedés: Jogi tanácsadás és költségmentesség|

D. intézkedés: Kapcsolattartás a családtagokkal, a munkaadókkal és a konzuli hatóságokkal|

E. intézkedés: A veszélyeztetett gyanúsítottakra vagy vádlottakra vonatkozó különleges biztosítékok |

Ez a hatásvizsgálat a B. intézkedésre vonatkozik, amely a gyanúsítottak helyzetét kívánja javítani annak biztosításával, hogy azok a büntetőeljárásban megkapják a jogaikra és az ellenük emelt vádra vonatkozó tájékoztatást.

A hatásvizsgálat jobbára empirikus: az érdekeltekkel több alkalommal – például az igazságszolgáltatás fórum 2008-as és 2009-es ülésein – is folyt konzultáció. A hatásvizsgálatban a közelmúlt tudományos kutatásait is figyelembe vették.

2. Problémameghatározás

2.1. Nem megfelelő tájékoztatás a büntetőeljárásban

A gyanúsítottak és vádlottak tájékoztatáshoz való hozzáférése a tisztességes eljárás biztosításának kulcstényezője. Nem lehet feltételezni, hogy a gyanúsítottak a letartóztatáskor elegendő ismerettel rendelkeznek jogaikról (például a jogi tanácsadáshoz való jogról) ahhoz, hogy e jogaikkal ténylegesen élhessenek. A jogokra vonatkozó tájékoztatás a feltétele valamennyi jog gyakorlásának. A vádlottnak a védekezésre való felkészüléshez részletesen ismernie kell az ellene emelt vádat, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat.

A gyanúsítottak és vádlottak ezeket az információkat nem mindig kapják meg. A tájékoztatás megadására vonatkozó tagállami rendszerek eltérőek, és egyes tagállamokban bizonyos információkat egyáltalán nem adnak meg. Például 4 tagállamban nincs jogszabályi kötelezettség arra vonatkozóan, hogy a gyanúsítottat tájékoztatni kell a jogi tanácsadáshoz való jogról, és csak tíz tagállamban kapnak a gyanúsítottak erről a jogukról írásbeli tájékoztatást (a jogokról szóló levél). Tagállamonként jelentősen eltérőek a jogszabályok és a gyakorlat az ügyre vonatkozó tájékoztatás tekintetében: írásbeli összefoglaló adható vagy a vádlott védőügyvédje számára iratbetekintés engedélyezhető, és az másolatot kaphat az érintett részekről. 3 tagállamban nincs iratbetekintés, és az ilyen jogot biztosító tagállamok között is jelentős az eltérés abban, hogy erre az eljárás mely szakaszában kerülhet sor.

2.1.1. A büntetőeljárásra és az igazságügyi együttműködésre gyakorolt kedvezőtlen hatások

Amennyiben a gyanúsítottak nem kapnak megfelelő tájékoztatást, ez meghiúsíthatja a tisztességes büntetőeljárást, és emiatt felesleges költségek merülhetnek fel a hosszan elhúzódó eljárások, a fellebbezések és az elejtett vádak miatt az eljárás helye szerinti tagállamban.

A nem megfelelő tájékoztatás problémákat és költségeket eredményezhet más tagállamokban is, amennyiben az eredeti büntetőeljárást lefolytató tagállam bírósága együttműködést kér egy másik tagállamtól. A tagállamok közötti igazságügyi együttműködést elősegítő uniós eszközök (például az európai elfogatóparancs) a kölcsönös elismerés elvére, azaz a bírósági határozatoknak más tagállamban a határozat további vizsgálata nélküli végrehajtására hagyatkoznak. Az ilyen kvázi automatikus elismerés feltétele a bírák és a bíróságok közötti bizalom. Ilyen bizalom hiányában a kölcsönös elismerés nem működik, az eljárások hosszan elhúzódnak, a külföldi bíróságok pedig késlekednek a határozatok végrehajtásával, és ez költségekkel jár. Egy, a közelmúltban az Egyesült Királyságban zajlott ügyben arra vonatkozóan tett állítások, hogy a gyanúsított átadására európai elfogatóparancsot kiadó tagállamban a gyanúsított nem kapott megfelelő tájékoztatást, valószínűleg hozzájárultak ahhoz, hogy az átadási eljárás egy évnél is tovább tartott, több felsőbb bírósághoz fellebbeztek, az Emberi Jogok Európai Bíróságához is benyújtottak kérelmet, továbbá hogy az jelentős költségvonzattal járt.

2.1.2. A meglévő jogi követelményszint nem kínál megfelelő védelmet

Jelenleg nincsenek kellően magas szintű és megfelelően érvényesített követelmények. Noha az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (EJEE) megállapítja a minimumjogokat, az érdekeltek egyetértenek abban, hogy a végrehajtási mechanizmus nem minden esetben kínál megfelelő védelmet a jogokra és különösen a vádra vonatkozó, megfelelő tájékoztatás megadásával kapcsolatban. Ez annak a ténynek tudható be, hogy a tájékoztatáshoz az EJEE 5. és 6. cikke alapján fennálló jog nem elég széles körű, és az Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtott kérelmekre vonatkozó döntés éveket is igénybe vehet, és csak kismértékben eredményes, utólagos jogorvoslatot adhat.

2.2. Az uniós igazságügyi szakpolitika egyensúlyának visszaállítása és az uniós polgárok szabad mozgásának az alapvető jogok megerősítése révén történő előmozdítása

Miközben uniós szinten különféle intézkedéseket hoztak a polgárok magas szintű biztonságának garantálására (ilyen az európai elfogatóparancs bevezetése is), a tisztességes eljárás mércéi tekintetében korábban nem lehetett megállapodásra jutni. A Tanács az eljárásjogi ütemterv 2009. novemberi elfogadásával elismerte, hogy sürgősen intézkedésre van szükség az EU-ban a gyanúsítottak eljárási jogainak a megerősítésére. Az ütemterv az alapjogok EJEE által kínált védelmen túlmutató védelmének biztosításával megalapozza az uniós fellépést. Ez a tisztességes eljárásra vonatkozóan az EU Alapjogi Chartájának 47. és 48. cikkében megállapított garanciáknak is külön uniós jelentést fog kölcsönözni, és hozzá fog járulni a polgárok szabad mozgásának valós vagy vélt akadályai megszüntetéséhez, az EUMSz. 21. cikkének (2) bekezdésében garantáltak szerint.

2.3. A probléma jelenlegi és várható terjedelme

Noha nem állnak adatok rendelkezésére azon eljárások számáról, amelyekben a tájékoztatás hiányát kifogásolták, az érdekeltek beszámolói szerint a nem megfelelő tájékoztatás égető, bár nem lokális jellegű probléma, és nem korlátozódik meghatározott tagállamokra. A tagállami igazságügyi hatóságok közötti kölcsönös bizalom várhatóan a jelenlegi, nem kielégítő szinten fog maradni, mint ahogy az is valószínű, hogy továbbra is lesznek olyan esetek, amelyekben a tagállami hatóságok nem adnak tájékoztatást a gyanúsítottaknak vagy vádlottaknak. A polgárok tagállamok közötti mozgásának fokozódása az igazságügyi együttműködés iránti igényt is fokozni fogja, és a további uniós igazságügyi együttműködési intézkedések közeljövőben történő bevezetésének és alkalmazásának szükségessége egyre sürgetőbbé fogja tenni a kölcsönös bizalom fejlesztésének szükségességét is.

2.4. Az EU fellépési hatásköre

Az EUMSz. 82. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében az egyének büntetőeljárási jogaira vonatkozó minimumszabályok irányelvek útján fogadhatók el, a határon átnyúló vonatkozású büntetőügyekben a bírósági ítéletek és határozatok kölcsönös elismerésének, valamint a rendőrségi és igazságügyi együttműködésnek a megkönnyítéséhez szükséges mértékig. Mivel a tagállamok között egyelőre jelentős eltérések vannak a tájékoztatás megadása tekintetében, valószínűtlen, hogy egy önálló tagállami fellépés képes lenne az egész EU-ban kellően magas szintű tájékoztatási színvonalat megteremteni; ez csak uniós szintű fellépéssel érhető el.

3. Célkitűzések

Általános célkitűzések:|Az igazságügyi együttműködés javítása a tagállamok közötti, a büntető igazságszolgáltatási rendszerek tisztességes működésébe vetett kölcsönös bizalom helyreállításával. Az alapjogok magas szintű büntetőeljárási védelme, és ezzel az uniós polgárok egész EU-ban történő szabad mozgásának támogatása.|

Egyedi célkitűzések:|A büntetőügyekben hozott bírósági határozatok végrehajtásának megkönnyítése annak biztosításával, hogy a gyanúsítottak jogaikról megfelelő tájékoztatást kapnak, lehetőleg írásban, annak érdekében, hogy védekezéshez való jogukat ténylegesen gyakorolhassák |A büntetőügyekben hozott bírósági határozatok végrehajtásának megkönnyítése annak biztosításával, hogy a vádlottak az ellenük emelt vádról megfelelő en részletes tájékoztatást kapnak, hogy védekezésükre megfelelően felkészülhessenek és/vagy vitathassák a tárgyalási szakot megelőzően hozott határozatokat. |

Operatív célkitűzések:|A gyanúsítottaknak a tisztességes eljárással kapcsolatos jogaikról adott tájékoztatásra vonatkozó követelmények:annak világosan megfogalmazottnak kell lennie, amit a gyanúsított könnyen megért azt a rendőrséggel való első kapcsolatba kerüléskor meg kell adniannak tartalmaznia kell az EJEE és az Európai Unió Alapjogi Chartája értelmében fennálló alapvető jogokat, amelyek a letartóztatáskor, az első vallomástételkor és a fogva tartás alatt érvényesülnekazt olyan módon kell megadni, hogy a tájékoztatás átadását ellenőrizni lehessen|A vádlottaknak a vádról adott tájékoztatásra vonatkozó követelmények:annak kellően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy a védekezésre megfelelően fel lehessen készülni vagy a tárgyalási szakot megelőzően hozott határozatokat vitatni lehessenazt időben és olyan módon kell megadni, hogy a vádlott megértse, hogy miért indult ellene eljárásazt olyan módon kell megadni, hogy a tájékoztatás átadását ellenőrizni lehessen|

4. Szakpolitikai lehetőségek és hatásaik

· A jelenlegi helyzet fenntartása: ez a lehetőség uniós szinten az intézkedés hiányát jelentené.

· A. szakpolitikai lehetőségek – a jogokról nem minden esetben megfelelő tájékoztatásban részesülő gyanúsítottak problémájának kezelése :

Nem jogalkotási fellépés:A1. szakpolitikai lehetőség : a védelemhez való minimumjogokra vonatkozó uniós szintű tájékoztatási kampányA2. szakpolitikai lehetőség : tanácsi ajánlás a gyanúsítottak és a vádlottak jogaikról való tájékoztatásának bevált gyakorlatárólUniós jogalkotási fellépés:A3. szakpolitikai lehetőség : az egész EU-ra kiterjedő kötelezettség a gyanúsítottak jogaikról történő tájékoztatására a tagállamok által választott módonA4. szakpolitikai lehetőség : az egész Unióra kiterjedő kötelezettség a letartóztatásban levő gyanúsítottak jogaikról való tájékoztatására a tagállamok által megszövegezendő, a jogokról szóló levél révén, amely tartalmazza a minimumjogokat (az EJEE és az uniós jog szerinti jogokat), és amelyet a tagállamok kiegészíthetnek a saját jogszabályaik értelmében biztosított egyéb jogokkalA5. szakpolitikai lehetőség : az egész Unióra kiterjedő kötelezettség a letartóztatásban levő gyanúsítottak jogaikról való tájékoztatására olyan, a jogokról szóló levél révén, amely az irányelv mellékletében meghatározottak szerint tartalmazza a minimumjogok egész Unióra kiterjedő, szabványos megfogalmazását|

B. szakpolitikai lehetőségek – azon vádlottak problémájának rendezése, akik nem minden esetben kapnak megfelelő, azonnali, részletes tájékoztatást az ellenük emelt vádról , az általuk értett nyelven:

Nem jogalkotási fellépés:B1. szakpolitikai lehetőség : tanácsi ajánlás a gyanúsítottak és vádlottak ellenük emelt vádról való tájékoztatásának bevált gyakorlatáról és a kapcsolódó képzésrőlUniós jogalkotási fellépés:B2. szakpolitikai lehetőség : az egész EU-ra kiterjedő kötelezettség a vádlottak ellenük emelt vádról történő tájékoztatására a tagállamok által választott módonB3. szakpolitikai lehetőség : az egész EU-ra kiterjedő kötelezettség a vádlottak ellenük emelt vádról történő tájékoztatására, ideértve a számukra (vagy védőügyvédjük számára) biztosított iratbetekintést is|

5. A szakpolitikai lehetőségek összevetése

Az alábbi táblázatokban a szakpolitikai lehetőségek egyedi és operatív célokhoz viszonyított besorolásának összevetése szerepel. A lehetőségeket aszerint osztályozták, hogy ezek mennyire képesek megvalósítani a 3. részben meghatározott célkitűzéseket. A végső összegzésben a célkitűzések elérésének várható eredményessége tekintetében adott besorolások azonos súllyal szerepelnek.

Az A5. és a B3. lehetőség mutatja a legnagyobb potenciált, ennélfogva ezek az előnyben részesített lehetőségek.

5.1. táblázat – Az A. szakpolitikai lehetőségek besorolásának az összehasonlítása:||

Célkitűzések/költségek|A jelenlegi helyzet|A1|A2 |A3|A4 |A5 |

Annak biztosítása, hogy a gyanúsítottak elegendő tájékoztatást kapjanak ahhoz, hogy jogaikat ténylegesen gyakorolhassák|0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

A tájékoztatás világosan megfogalmazott, a gyanúsított által könnyen megérthető formában történő nyújtása |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Tájékoztatás a rendőrséggel való első kapcsolatba kerüléskor, és a tájékoztatás tartalmazza az EJEE és az Európai Unió Alapjogi Chartája értelmében fennálló alapjogokat, amelyek a letartóztatáskor, első vallomástételkor és a fogva tartás alatt érvényesülnek|0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

A tájékoztatás átadására vonatkozó ellenőrzési eszközök biztosítása|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

A tagállamok büntető igazságszolgáltatási rendszerek tisztességes működésébe vetett bizalmának fokozása az egész EU-ban|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Összesített eredmény:|0|5|8|12|20|25|

Egy tagállamra jutó pénzügyi teher A lehetőségben felvázolttól eltérő jelenlegi gyakorlat miatt végrehajtási költségek viselésével legvalószínűbben szembesülő tagállamok vonatkozásában végzett modellszámításokon alapuló tartomány. A rendelkezésre álló statisztikai adatok hiánya miatt az üzemeltetési költségekre vonatkozó adatok nem veszik figyelembe e költségek jelenlegi szintjét, így nem számítható ki pontosan a lehetőség végrehajtásával járó többletköltség, de az lehet az itt megadott indikatív számadat töredéke is.A lehetőségben felvázolttól eltérő jelenlegi gyakorlat miatt végrehajtási költségek viselésével legvalószínűbben szembesülő tagállamok vonatkozásában végzett modellszámításokon alapuló tartomány. A rendelkezésre álló statisztikai adatok hiánya miatt az üzemeltetési költségekre vonatkozó adatok nem veszik figyelembe e költségek jelenlegi szintjét, így nem számítható ki pontosan a lehetőség végrehajtásával járó többletköltség, de az lehet az itt megadott indikatív számadat töredéke is.|-|100 000 EUR – 10 millió EUR (uniós teljes költség)|Egyszeri kialakítás: 0 – 2,5 millió EURÉves üzemeltetés: 0 – 4,6 millió EUR |Egyszeri kialakítás: 0 – 2,5 millió EURÉves üzemeltetés: 5 000 – 4,6 millió EUR|Egyszeri kialakítás: 15 000 – 2,5 millió EURÉves üzemeltetés: 5 000 – 4,6 millió EUR|Egyszeri kialakítás: 5 000 – 2,5 millió EURÉves üzemeltetés: 5 000 – 4,6 millió EUR|

A büntetőeljárás helye szerinti tagállam potenciális megtakarítása|-|alacsony|alacsony |alacsony és közepes közötti|közepes |közepes és jelentős közötti|

5.2. táblázat – A B. szakpolitikai lehetőségek besorolásának összehasonlítása:||

Célkitűzések / költségek|A jelenlegi helyzet|B1 |B2 |B3 |||

Annak biztosítása, hogy a vádlottak megfelelően részletes tájékoztatást kapnak az eljárásról annak érdekében, hogy védekezésükre megfelelően felkészülhessenek és/vagy vitathassák a tárgyalási szakot megelőzően hozott határozatokat |0|√√|√√√|√√√√√|||

A tájékoztatás időben és olyan módon történő megadása, hogy a vádlott megértse, hogy miért indult ellene eljárás|0|√|√√√|√√√√|||

A tájékoztatás átadására vonatkozó ellenőrzési eszközök biztosítása|0|√|√√|√√√|||

A tagállamok büntető igazságszolgáltatási rendszerek tisztességes működésébe vetett bizalmának fokozása az egész EU-ban|0|√|√√√|√√√√√|||

Összesített eredmény:|0|5|11|17|||

Egy tagállamra jutó pénzügyi teher A 2. lábjegyzetben szereplő fenntartás itt is érvényes.A 2. lábjegyzetben szereplő fenntartás itt is érvényes.|-|Egyszeri : 0 – 2,6 millió EURÜzemeltetési:: 270 000 – 21 millió EUR|Egyszeri : 0 – 2,6 millió EURÜzemeltetési:: 1 000 000 – 30 millió EUR|Egyszeri : 9 000 – 2,6 millió EURÜzemeltetési:: 270 000 – 21 millió EUR|||

A büntetőeljárás helye szerinti tagállam potenciális megtakarítása|-|alacsony|alacsony |közepes|||

6. Az előnyben részesített lehetőség

Az előnyben részesített lehetőség az A5. és B3. lehetőség kombinációja :

Irányelv elfogadása, amely a tagállamokat a következők biztosítására kötelezi: a letartóztatásban lévő gyanúsítottak és vádlottak a büntetőeljárási jogaikról egy olyan, a jogokról szóló levélben kapnak tájékoztatást, amelynek nyelvét értik és amelyet a tagállamok a minimumjogoknak az irányelv mellékletében meghatározott uniós szintű szabványos megfogalmazását átvéve készítenek el, adott esetben azt kiegészítve a tagállam joga szerinti további jogokkal, valaminta gyanúsítottak és vádlottak ellenük emelt vádról történő tájékoztatására, amelynek ki kell terjednie a számukra (vagy védőügyvédjük számára) biztosított ingyenes iratbetekintésre is.|

6.1. Az előnyben részesített lehetőség uniós hozzáadott értéke és arányossága

Az előnyben részesített lehetőség új, az egész EU-ra kiterjedő kötelezettségeket hoz létre (a jogokról szóló levél használata és az iratbetekintés). Ez a harmonizáló hatás az előnyben részesített lehetőség eredményességét jelzi a megfelelő tájékoztatás megadásának biztosítása és a más tagállamok eljárásának tisztességességébe vetett bizalom erősítése terén. Noha az A5. és a B3. lehetőség új kötelezettségeket hoz létre, ezt csak az intézkedés központi tárgyával kapcsolatban teszi, ami a tájékoztatáshoz v aló jog. Ezek azonban nem hoznak létre új, a tájékoztatás nyújtásához nem kapcsolódó jogokat.

Az előnyben részesített lehetőség mindkét vonatkozása arányos: bár valószínűleg mindkettő szükségessé teszi, hogy számos tagállam módosítsa büntetőeljárási jogszabályait, nincs más hathatós mód annak biztosítására, hogy a gyanúsítottak átfogó tájékoztatást kapjanak.

6.2. Pénzügyi hatás a tagállamokra

Az A5. lehetőség legfőbb pénzügyi kihatásai a jogokról szóló levél rendszerének bevezetésével felmerülő egyszeri kialakítási/kezdeti költségek . Ez elsősorban a levelek szövegezésének, lefordíttatásának, a rendőrök és szükség esetén az ügyészek és bírák képzésének költségeit foglalja magában. E költségek tagállamonként valószínűleg a 10   000 EUR és 2,5 millió EUR közötti tartományban lesznek (a Málta tekintetében végzett modellszámítások eredménye 10   600 és 70   000 EUR, a Franciaországra vonatkozóaké pedig 655   000 és 2,5 millió EUR). Valószínű, hogy a tényleges költségek a költségtartomány alsó felébe fognak esni. Az A5. lehetőség tagállamonkénti üzemeltetési költségekre gyakorolt hatása elsősorban attól fog függni, hogy a gyanúsítottak jelenleg milyen tájékoztatást kapnak, illetve a bevezetés időtartamától. A jogokról szóló levelet már jelenleg is használó tagállamok számára valószínűleg minimális lesz a költségvetési vonzat. A gyanúsítottakat jogaikról jelenleg szóban tájékoztató tagállamok esetében az ügyenként költség a jelenleg szóban adott tájékoztatás részletességének szintjétől függ.

A B3. lehetőséget illetően a legtöbb tagállamnál csak az irányelv végrehajtásakor fognak elhanyagolható egyszeri költségek felmerülni, mivel ezek már most is lehetővé teszik az iratbetekintést. Így az iratbetekintés bevezetésével kapcsolatban egyszeri költségek várhatóan csak a jelenleg ilyen jogot nem biztosító 3 tagállamnál merülnek fel. Ezek a költségek valószínűleg a rendőrök, ügyészek és bírák képzéséből fognak adódni, és tagállamonként 9   000 és 2,6 millió EUR között lesznek. Noha e lehetőség üzemeltetési költségekre gyakorolt hatása nem jelezhető előre, valószínű, hogy ezek még annál a 3 tagállamnál is mérsékeltek lesznek, amelyekben ezt a jogot be kell vezetni.

7. Nyomon követés és értékelés

Kulcsfontosságú, hogy erőteljes nyomon követési és értékelési mechanizmust alakítsunk ki annak biztosítására, hogy a jogokat a gyakorlatban és a jogszabályban is megfelelően érvényesítik. A Bizottság a javaslat végrehajtástól számított, 3–5 éves adatgyűjtésre összpontosító, külön empirikus vizsgálat lefolytatását tervezi annak érdekében, hogy mélyreható kvantitatív és kvalitatív rálátást nyerjen a javaslat eredményességére. Az ütemterv összes intézkedésének bevezetését követően alapvető lesz, hogy az ütemterv egészében történő értékelése mellett valamennyi intézkedés összefüggéseiben is értékelésre kerüljön.

[1] 2009/C 295/01

[2] A lehetőségben felvázolttól eltérő jelenlegi gyakorlat miatt végrehajtási költségek viselésével legvalószínűbben szembesülő tagállamok vonatkozásában végzett modellszámításokon alapuló tartomány. A rendelkezésre álló statisztikai adatok hiánya miatt az üzemeltetési költségekre vonatkozó adatok nem veszik figyelembe e költségek jelenlegi szintjét, így nem számítható ki pontosan a lehetőség végrehajtásával járó többletköltség, de az lehet az itt megadott indikatív számadat töredéke is.

[3] A 2. lábjegyzetben szereplő fenntartás itt is érvényes.

IT

(...PICT...)|COMMISSIONE EUROPEA|

Bruxelles, 20.7.2010 SEC(2010) 908

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE che accompagna la

proposta di DireTTIVA DEL ParlamentO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul diritto all’informazione nei procedimenti penali SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO {COM(2010) 392 definitivo} {SEC(2010) 907}

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO

1. Contesto politico e modo di procedere

Per rafforzare la fiducia reciproca e migliorare quindi l’operatività del riconoscimento reciproco, nel novembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato la tabella di marcia dei diritti procedurali 2009/C 295/01 basata su un approccio “per tappe” e volta a rafforzare i diritti di indagati o imputati:[1]

2009/C 295/01

Misure attualmente previste nella tabella di marcia:|

Misura A : traduzione e interpretazione |

Misura B : informazioni relative ai diritti e all'accusa|

Misura C : consulenza legale e assistenza legale gratuita|

Misura D : comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari|

Misura E : garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili|

La presente valutazione d’impatto riguarda la misura B che mira a migliorare la situazione degli indagati assicurando che ricevano informazioni in merito ai loro diritti e all’accusa formulata contro di loro nell’ambito di procedimenti penali.

La valutazione d’impatto è essenzialmente di natura empirica: le parti interessate sono state consultate in varie occasioni, per esempio nel corso delle riunioni del Justice Forum nel 2008 e 2009. La valutazione d’impatto è stata ulteriormente arricchita da recenti studi accademici.

2. Definizione del problema

2.1. Informazioni insufficienti nei procedimenti penali

Per garantire l’equità del procedimento è essenziale assicurare a indagati o imputati l’accesso all’informazione. Non si può presumere che al momento dell’arresto gli indagati conoscano i propri diritti (come il diritto alla consulenza legale) in misura sufficiente da poterne fruire appieno. Per accedervi è necessario disporre delle necessarie informazioni. Per preparare la propria difesa un imputato deve anche conoscere nei dettagli l’accusa formulata e le prove a suo carico.

Non sempre indagati e imputati ricevono tali informazioni. Gli Stati membri dispongono di sistemi d’informazione diversi e in certi Stati membri alcune informazioni non vengono nemmeno comunicate. Per esempio, in quattro Stati membri non vige alcun obbligo giuridico di informare l’indagato in merito al diritto alla consulenza legale, e soltanto in 10 Stati membri l’indagato è informato dei suoi diritti con notifica scritta (comunicazione dei diritti). Per quanto riguarda le informazioni sull’accusa, la giurisprudenza e le prassi variano sensibilmente da uno Stato membro all’altro: in alcuni casi si fornisce una sintesi scritta oppure l’avvocato dell’imputato può avere accesso al fascicolo e fare copie delle parti più significative. Tre Stati membri non danno accesso al fascicolo e, anche in quegli Stati membri che lo permettono, la fase del procedimento in cui ciò avviene varia sensibilmente.

2.1.1. Effetti negativi sui procedimenti penali e sulla cooperazione giudiziaria

Se gli indagati non ricevono informazioni adeguate, il processo può risultare iniquo e comportare costi inutili dovuti al protrarsi del procedimento, ad appelli e azioni infruttuose negli Stati membri in cui si svolge il procedimento.

La carenza di informazioni può causare problemi e costi in altri Stati membri qualora il giudice dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento originario chieda la cooperazione di altri Stati membri. Gli strumenti disponibili nell’Unione europea per favorire la cooperazione giudiziaria tra Stati membri (come il mandato d’arresto europeo – MAE) si basano sul principio del riconoscimento reciproco, ossia l’esecuzione diretta di una decisione giudiziaria in un altro Stato membro senza ulteriore esame. Perché questo riconoscimento sia quasi automatico, occorre la fiducia tra i giudici e i sistemi giudiziari. In mancanza di fiducia, il riconoscimento reciproco non può funzionare e ciò comporterà il protrarsi dei procedimenti e ritardi nell’esecuzione della decisione giudiziaria di un altro paese, con i costi che ne conseguono. In una recente causa nel Regno Unito, la presunta carenza di informazioni fornite all’indagato in un procedimento svoltosi nello Stato membro che aveva emesso il mandato d’arresto europeo per ottenerne la consegna, è la causa probabile del protrarsi della procedura di consegna per oltre un anno con i numerosi ricorsi in appello e ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché dei notevoli costi implicati.

2.1.2. La normativa vigente non garantisce una tutela adeguata

Le norme vigenti non sono di livello sufficiente, né vengono adeguatamente applicate. Benché la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) sancisca diritti minimi, le parti interessate convengono che la CEDU e i relativi meccanismi di attuazione non garantiscono sempre una tutela sufficiente quanto all’adeguatezza dell'informazione sui diritti e in particolare sull’accusa. Ciò è dovuto al fatto che il diritto all’informazione, sancito dagli articoli 5 e 6 della CEDU, non è sufficientemente ambizioso e i ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo possono durare anni prima che si raggiunga una decisione in materia e comportare soltanto una riparazione ex post di limitata efficacia.

2.2. Riequilibrare la politica dell’Unione europea nel settore della giustizia e promuovere la libera circolazione dei cittadini dell’UE consolidando i diritti fondamentali

Benché siano state prese varie misure a livello UE per assicurare un elevato livello di sicurezza ai cittadini (come il mandato d’arresto europeo), non si è riusciti in passato a concordare misure a garanzia di un processo equo. Con l’adozione della tabella di marcia dei diritti procedurali nel novembre 2009, il Consiglio ha riconosciuto la necessità di agire con urgenza per rafforzare i diritti processuali degli indagati nell’Unione europea. La tabella di marcia spiana il terreno per un’azione dell’Unione europea volta a garantire la tutela dei diritti fondamentali, al di là di quella già offerta dalla CEDU. Si attribuisce così una specifica valenza europea alle norme sul giudice imparziale sancite negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, contribuendo peraltro alla rimozione degli ostacoli, reali o percepiti, che si frappongono alla libera circolazione dei cittadini, in forza dell’articolo 21, paragrafo 2, del TFUE.

2.3. Portata attuale e futura del problema

Benché non siano disponibili dati sul numero dei procedimenti nei quali si lamenta carenza di informazioni, le parti interessate riferiscono che il problema delle informazioni insufficienti, ancorché non endemico, è acuto e non si limita a specifici Stati membri. Si prevede che la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie degli Stati membri si attesti sui livelli insoddisfacenti attuali, ed è ugualmente probabile che si ripetano casi di autorità degli Stati membri che omettono di trasmettere le necessarie informazioni a indagati o imputati . Dal momento che con l’aumento della circolazione dei cittadini tra gli Stati membri aumenterà la necessità di cooperazione giudiziaria e che quindi, nel prossimo futuro, dovranno essere introdotte e applicate nuove misure di cooperazione giudiziaria a livello di Unione europea, diventerà ancora più urgente consolidare la fiducia reciproca.

2.4. Il potere di agire dell’Unione europea

Ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, è possibile adottare norme minime riguardanti i diritti della persona nella procedura penale deliberando mediante direttive, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale . Poiché esistono ampie divergenze tra gli Stati membri in relazione alle informazioni da fornire, è improbabile che gli Stati membri, agendo individualmente, siano in grado di stabilire uno standard sufficientemente alto di offerta di informazioni in tutta l’Unione europea; tale obiettivo è raggiungibile soltanto con un’azione a livello di Unione europea.

3. Obiettivi

Generali:|Migliorare la cooperazione giudiziaria ripristinando la fiducia reciproca tra gli Stati membri nel buon funzionamento dei sistemi penali Garantire un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali nei procedimenti penali e favorire così la libera circolazione dei cittadini dell’UE in tutta l’Unione europea |

Specifici:|Agevolare l’esecuzione e l’attuazione delle decisioni giudiziarie in materia penale garantendo che gli indagati ricevano informazioni sufficienti sui propri diritti , preferibilmente per iscritto, in modo da esercitare efficacemente i diritti della difesa |Agevolare l’esecuzione e l’attuazione delle decisioni giudiziarie in materia penale garantendo che gli imputati ricevano informazioni sufficientemente dettagliate sull’accusa formulata contro di loro, in modo da preparare adeguatamente la difesa o contestare le decisioni della fase istruttoria |

Operativi:|Le informazioni agli indagati sui diritti a un processo equo devono: essere formulate con linguaggio semplice e facilmente comprensibile all’indagato essere fornite al primo contatto con la polizia comprendere i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dalla Carta UE applicabili all’arresto, al primo interrogatorio e durante la detenzione essere fornite in modo da poter verificare che l’informazione sia stata trasmessa |Le informazioni agli imputati sull’accusa formulata contro di loro devono :essere sufficientemente dettagliate da consentire di preparare la difesa, e se necessario di contestare le decisioni della fase istruttoria essere fornite tempestivamente in modo che l’imputato comprenda l’accusa formulata contro di lui essere fornite in modo da poter verificare che l’informazione sia stata trasmessa|

4. Opzioni strategiche e relativo impatto

· Mantenimento dello status quo: questa opzione prevede di non adottare alcuna azione a livello di Unione europea.

· Opzioni di tipo A, per affrontare il problema degli indagati che non ricevono sempre informazioni adeguate sui propri diritti :

Azione non legislativa:Opzione A1 : campagna informativa condotta su tutto il territorio dell’Unione europea sui diritti minimi della difesa Opzione A2 : raccomandazione del Consiglio sulle buone pratiche per informare indagati o imputati sui loro diritti Azione legislativa UE:Opzione A3 : obbligo esteso a tutta l’UE di informare gli indagati dei loro diritti con i mezzi a scelta degli Stati membriOpzione A4 : obbligo esteso a tutta l’UE di informare gli indagati in stato di arresto dei loro diritti mediante comunicazione dei diritti redatta dagli Stati membri, contenente diritti minimi (sanciti dalla CEDU e dalla legislazione dell’UE), con Stati membri liberi di aggiungere altri diritti ai sensi del proprio ordinamento Opzione A5 : obbligo esteso a tutta l’UE di informare gli indagati in stato di arresto dei loro diritti mediante una comunicazione dei diritti comprendente una formulazione standard di diritti minimi valida per tutta l’Unione, allegata alla direttiva|

Opzioni di tipo B, per affrontare il problema degli imputati che non ricevono sempre informazioni adeguate sull’accusa con tempestività, precisione e in una lingua a loro comprensibile:

Azione non legislativa:Opzione B1 : raccomandazione del Consiglio sulle buone pratiche e sulla formazione per informare gli imputati sull’accusa formulata contro di loroAzione legislativa a livello di Unione europea:Opzione B2 : obbligo esteso a tutta l’UE di informare gli imputati sull’accusa formulata contro di loro con i mezzi a scelta degli Stati membriOpzione B3 : obbligo esteso a tutta l’UE di informare gli imputati sull’accusa formulata contro di loro consentendo loro (o al loro avvocato) di accedere al fascicolo |

5. Opzioni a confronto

Le seguenti tabelle mettono a confronto la “quotazione” delle opzioni rispetto agli obiettivi specifici e operativi. Le opzioni sono classificate in base alla capacità di ciascuna di raggiungere gli obiettivi esposti nella sezione 3. Alla quotazione in ordine all’efficacia prevista nel conseguire gli obiettivi è attribuita uguale importanza nel risultato finale.

Le opzioni A5 e B3 hanno il potenziale più elevato e sono quindi le opzioni da preferire.

Tabella 5.1 – Analisi comparata delle opzioni di tipo A : ||

Obiettivi/costo|Status quo| A1| A2 | A3| A4 | A5 |

Garantire che gli indagati gli indagati ricevano informazioni sufficienti sui propri diritti in modo da esercitarli efficacemente |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Fornire informazioni con linguaggio semplice e facilmente comprensibile all’indagato|0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Fornire informazioni al primo contatto con la polizia, comprendenti i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dalla Carta UE applicabili all’arresto, al primo interrogatorio e durante la detenzione |0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

Predisporre modalità per verificare che l’informazione sia stata trasmessa |0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Consolidare la fiducia degli Stati membri nel buon funzionamento dei sistemi penali in tutta l’Unione europea|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Punteggio complessivo:|0|5|8|12|20|25|

Onere finanziario per Stato membro Campo di variazione basato su un modello di calcolo per Stati membri con maggiori probabilità di sostenere costi di attuazione dovuti al divergere della prassi attuale rispetto a quella prevista nell’opzione. Mancando i dati statistici, le cifre sui costi operativi non tengono conto del livello attuale dei costi operativi, quindi non è possibile calcolare con precisione l’onere finanziario aggiunto dovuto all’attuazione dell’opzione, che dovrebbe però costituire una frazione della cifra indicativa presentata.Campo di variazione basato su un modello di calcolo per Stati membri con maggiori probabilità di sostenere costi di attuazione dovuti al divergere della prassi attuale rispetto a quella prevista nell’opzione. Mancando i dati statistici, le cifre sui costi operativi non tengono conto del livello attuale dei costi operativi, quindi non è possibile calcolare con precisione l’onere finanziario aggiunto dovuto all’attuazione dell’opzione, che dovrebbe però costituire una frazione della cifra indicativa presentata.|-|100.000 € - 10 milioni € (costi complessivi per l’UE)|Costi di attuazione una tantum: 0 € - 2,5 milioni €Costi operativi annui: 0 € - 4,6 milioni € |Costi di attuazione una tantum: 0 € - 2,5 milioni €Costi operativi annui: 5.000 € - 4,6 milioni €|Costi di attuazione una tantum: 15.000 € - 2,5 milioni €Costi operativi annui: 5.000 € - 4,6 milioni €|Costi di attuazione una tantum: 5.000 € - 2,5 milioni €Costi operativi annui: 5.000 € - 4,6 milioni €|

Risparmi potenziali negli Stati membri in cui si svolgono i procedimenti penali|-|bassi|bassi|medio-bassi|medi |medio-alti|

Tabella 5.2 – Analisi comparata delle opzioni di tipo B :||

Obiettivi/costo|Status quo|B1 |B2 |B3 |||

Garantire che gli imputati ricevano informazioni sufficientemente dettagliate sull’accusa formulata contro di loro, in modo da preparare adeguatamente la difesa o contestare le decisioni della fase istruttoria |0|√√|√√√|√√√√√|||

Fornire informazioni tempestivamente in modo che l’imputato comprenda l’accusa formulata contro di lui |0|√|√√√|√√√√|||

Predisporre modalità per verificare che l’informazione sia stata trasmessa |0|√|√√|√√√|||

Consolidare la fiducia degli Stati membri nel buon funzionamento dei sistemi penali in tutta l’Unione europea|0|√|√√√|√√√√√|||

Punteggio complessivo:|0|5|11|17|||

Onere finanziario per Stato membro Si applica l’avvertenza della nota a piè di pagina 2.Si applica l’avvertenza della nota a piè di pagina 2.|-|Una tantum : 0 € - 2,6 milioni €Costi operativi: 270.000 € - 21 milioni €|Una tantum : 0 € - 2,6 milioni €Costi operativi: 10 00.000 € - 30 milioni €|Una tantum : 9.000 € - 2,6 milioni €Costi operativi: 270.000 € - 21 milioni €|||

Risparmi potenziali negli Stati membri in cui si svolgono i procedimenti penali|-|bassi|bassi |medi|||

6. Opzione prescelta

L’opzione prescelta è una combinazione delle opzioni A5 e B3 :

Adozione di una direttiva che obblighi gli Stati membri a garantire che indagati o imputati in stato di arresto siano informati dei diritti di cui godono nei procedimenti penali mediante una comunicazione dei diritti redatta in una lingua a loro comprensibile dagli Stati membri, che comprenda una formulazione standard, valida in tutta l’UE, di diritti minimi per un processo equo ripresa in allegato alla direttiva e, se del caso, ulteriori diritti sanciti dalle leggi rispettive degli Stati membri, eche indagati o imputati siano informati sull’accusa formulata contro di loro e che sia consentito loro (o al loro avvocato) l’accesso gratuito al fascicolo. |

6.1. Valore specifico dell’iniziativa UE e proporzionalità dell’opzione prescelta

L’opzione prescelta crea obblighi nuovi e uniformi, estesi a tutta l’Unione europea (uso della comunicazione dei diritti e accesso al fascicolo). Questo effetto di armonizzazione contraddistingue l’efficacia dell’opzione prescelta nel garantire l’offerta di adeguate informazioni e promuovere la fiducia nell’equità dei procedimenti svolti in altri Stati membri. Benché le opzioni A5 e B3 impongano nuovi obblighi, ciò avviene soltanto in relazione all’oggetto principale della misura: il diritto all’informazione. Esse infatti non creano nuovi diritti che non siano associati all’offerta di informazione.

Entrambi gli aspetti dell’opzione prescelta sono proporzionati: anche se probabilmente diversi Stati membri dovranno modificare di conseguenza il proprio diritto di procedura penale, non esiste modo altrettanto efficace per garantire che gli indagati ricevano informazioni esaustive.

6.2. Incidenza finanziaria per gli Stati membri

Il principale impatto finanziario dell’ opzione A5 riguarda i costi di attuazione/avvio una tantum sostenuti per l’introduzione del sistema di comunicazione dei diritti. Si tratta soprattutto dei costi derivanti dalla stesura delle comunicazioni, dalla loro traduzione nonché dalla formazione di funzionari di polizia e, se necessario, di pubblici ministeri e giudici. Tali costi oscilleranno probabilmente tra 10.000 e 2,5 milioni di euro per Stato membro (i modelli di calcolo per Malta prevedono un campo di variazione da 10.600 a 70.000 euro; per la Francia da 655.000 a 2,5 milioni di euro). Probabilmente i costi effettivi si collocheranno verso l’estremità inferiore del campo di variazione. L’effetto dell’opzione A5 sui costi operativi per Stato membro dipende soprattutto dalle informazioni sui diritti che vengono già comunicate agli indagati e dal tempo necessario a tale scopo. Per gli Stati membri che già dispongono di un sistema di comunicazione dei diritti, le ripercussioni sul bilancio saranno probabilmente minime; per quelli che informano oralmente gli indagati sui loro diritti, gli effetti sui costi per ogni singolo caso dipenderanno dal livello di dettaglio delle informazioni orali fornite attualmente.

Per quanto riguarda l’ opzione B3, gran parte degli Stati membri sosterrà costi una tantum trascurabili per l’attuazione della direttiva, in quanto già consentono l’accesso al fascicolo. Si prevedono quindi costi una tantum solo per i tre Stati membri che attualmente non prevedono il diritto di accesso al fascicolo. Probabilmente tali costi deriveranno soprattutto dalla formazione di funzionari di polizia, pubblici ministeri e giudici e varieranno da 9.000 a 2,6 milioni di euro per Stato membro. Benché non sia possibile prevedere l’impatto preciso di questa opzione sui costi operativi , anche per i tre Stati membri che dovranno introdurre tale diritto l’impatto sui costi operativi sarà probabilmente assai limitato.

7. monitoraggio e valutazione

Perché i diritti previsti siano rispettati non solo sul piano della legge ma anche nella pratica, è essenziale un robusto meccanismo di monitoraggio e valutazione. La Commissione intende svolgere uno specifico studio empirico incentrato sulla raccolta di dati nei 3-5 anni successivi all’attuazione della proposta, per avere una visione approfondita dell’efficacia in termini qualitativi e quantitativi della proposta. Quando tutte le misure della tabella di marcia saranno entrate in vigore, sarà essenziale valutare ogni misura nel contesto generale e l’efficienza della tabella di marcia nel suo complesso.

[1] 2009/C 295/01

[2] Campo di variazione basato su un modello di calcolo per Stati membri con maggiori probabilità di sostenere costi di attuazione dovuti al divergere della prassi attuale rispetto a quella prevista nell’opzione. Mancando i dati statistici, le cifre sui costi operativi non tengono conto del livello attuale dei costi operativi, quindi non è possibile calcolare con precisione l’onere finanziario aggiunto dovuto all’attuazione dell’opzione, che dovrebbe però costituire una frazione della cifra indicativa presentata.

[3] Si applica l’avvertenza della nota a piè di pagina 2.

NL

(...PICT...)|EUROPESE COMMISSIE|

Brussel, 20.7.2010 SEC(2010) 908

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE bij het

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het recht op informatie in strafprocedures SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING {COM(2010) 392 definitief} {SEC(2010) 907}

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING

1. Beleidscontext en procedure

Om het onderling vertrouwen te stimuleren en zo de werking van de wederzijdse erkenning te verbeteren, hechtte de Europese Raad in november 2009 zijn goedkeuring aan de routekaart ter versterking van de procedurele rechten 2009/C 295/01. , die voorziet in een stapsgewijze bevordering van de rechten van verdachten en beklaagden.[1]

2009/C 295/01.

Momenteel voorziet de routekaart in de volgende maatregelen:|

Maatregel A: Vertaling en vertolking|

Maatregel B: Informatie over rechten en informatie over de tenlastelegging|

Maatregel C: Juridisch advies en rechtsbijstand|

Maatregel D: Communicatie met familie, werkgever en consulaire autoriteiten|

Maatregel E: Bijzondere waarborgen voor kwetsbare verdachten of beklaagden |

Deze effectbeoordeling heeft betrekking op maatregel B, die de positie van verdachten moet verbeteren door te waarborgen dat zij informatie ontvangen over hun rechten en over de strafzaak tegen hen.

Deze effectbeoordeling berust grotendeels op empirische gegevens: bij verschillende gelegenheden, zoals de bijeenkomsten van het Forum Justitie in 2008 en 2009, zijn belanghebbende partijen geraadpleegd. Ook is er gebruik gemaakt van recent academisch onderzoek.

2. Het probleem

2.1. Onvoldoende informatie in strafprocedures

Voor een eerlijk proces is het van het grootste belang dat verdachten en beklaagden toegang tot informatie hebben. Er mag niet van worden uitgegaan dat verdachten bij aanhouding voldoende op de hoogte zijn van hun rechten (zoals het recht op juridisch advies) om daarvan doeltreffend gebruik te kunnen maken. Alleen als er voldoende informatie wordt verstrekt, kunnen alle rechten worden uitgeoefend. Wil een beklaagde zijn verdediging kunnen voorbereiden, dan moet hij bovendien grondige kennis hebben van de strafzaak tegen hem en weten welke bewijsmiddelen er zijn.

Verdachten en beklaagden ontvangen deze informatie niet altijd. De manier waarop de lidstaten deze informatie verstrekken verschilt en in sommige lidstaten wordt bepaalde informatie in het geheel niet verstrekt. Zo kennen vier lidstaten geen wettelijke verplichting om een verdachte te wijzen op het recht op juridisch advies en wordt een verdachte in slechts tien lidstaten schriftelijk in kennis gesteld van zijn rechten (verklaring van rechten). Ten aanzien van de informatie over de strafzaak bestaan er grote verschillen tussen het recht en de praktijk van de ene lidstaat en de andere: in sommige gevallen wordt een schriftelijke samenvatting verstrekt, in andere krijgt de advocaat van de beklaagde toegang tot het procesdossier en mag hij kopieën maken van de delen die van belang zijn. In drie lidstaten wordt geen toegang tot het procesdossier verleend en de lidstaten die wel toegang verlenen doen dit weer op zeer verschillende momenten in de procedure.

2.1.1. Nadelige gevolgen voor strafprocedures en justitiële samenwerking

Wanneer verdachten niet naar behoren worden geïnformeerd, kunnen strafzaken oneerlijk verlopen, hetgeen in de lidstaat waar de zaak wordt gevoerd tot onnodige kosten kan leiden wegens langdurige procedures, beroepszaken en staking van vervolging .

2.1.2. Onvoldoende informatie kan andere lidstaten voor problemen en kosten stellen, als een rechtbank in de lidstaat waar de oorspronkelijke strafprocedure wordt gevoerd met andere lidstaten wil samenwerken. EU-instrumenten voor juridische samenwerking tussen lidstaten (zoals het Europees aanhoudingsbevel) zijn gebaseerd op het beginsel van wederzijdse erkenning, namelijk de tenuitvoerlegging van een gerechtelijke beslissing in een andere lidstaat zonder nadere beoordeling van de beslissing. Een dergelijke nagenoeg automatische erkenning vereist vertrouwen tussen rechters en rechtbanken. Als het aan dit vertrouwen ontbreekt, komt de wederzijdse erkenning niet van de grond, met langdurige procedures, een vertraagde tenuitvoerlegging van buitenlandse gerechtelijke beslissingen en alle bijbehorende kosten tot gevolg. In een recente zaak in het Verenigd Koninkrijk heeft de klacht dat een verdachte onvoldoende was geïnformeerd in de procedure van de lidstaat die een Europees aanhoudingsbevel had uitgevaardigd er waarschijnlijk toe bijgedragen dat de uitleveringsprocedure meer dan een jaar duurde en gepaard ging met meerdere beroepszaken en een verzoekschrift aan het Europees Hof voor de rechten van de mens, met aanzienlijke kosten tot gevolg. Existing

2.1.3. Bestaande wettelijke normen bieden onvoldoende bescherming

Momenteel zijn er geen toereikende en op passende wijze gehandhaafde normen. Hoewel er minimumrechten zijn vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM), zijn belanghebbende partijen het erover eens dat het EVRM en het bijbehorende handhavingsmechanisme niet altijd voldoende bescherming bieden, met name wat de adequate informatieverstrekking over rechten en tenlasteleggingen betreft. Dit komt doordat de in de artikelen 5 en 6 EVRM vervatte rechten op informatie niet ver genoeg gaan en doordat verzoekschriften aan het Europees Hof voor de rechten van de mens jaren in behandeling kunnen zijn en slechts leiden tot een voorziening in rechte achteraf, waarvan de doeltreffendheid beperkt is.

2.2. Een evenwichtiger EU-beleid inzake justitie en bevordering van het vrij verkeer van EU-burgers door versterking van de grondrechten

Hoewel er op EU-niveau al verscheidene maatregelen zijn genomen om de burger een hoog niveau van veiligheid te garanderen (zoals de invoering van het Europees aanhoudingsbevel), kon er in het verleden geen overeenstemming worden bereikt over normen voor een eerlijke rechtsgang. Door in november 2009 de routekaart ter versterking van de procedurele rechten goed te keuren, erkende de Raad dat er dringend maatregelen moesten worden genomen om de procedurele rechten van verdachten in de EU te versterken. De routekaart geeft de aanzet tot EU-maatregelen die de grondrechten meer bescherming bieden dan het EVRM thans doet. Dit zou ook een specifieke EU-betekenis geven aan de in de artikelen 47 en 48 van het EU-Handvest van de grondrechten vervatte waarborgen inzake een eerlijk proces, en bijdragen tot het wegnemen van reële of vermeende belemmeringen voor het vrije verkeer van burgers, overeenkomstig artikel 21, lid 2, VWEU.

2.3. Huidige en toekomstige omvang van het probleem

Hoewel er geen gegevens bekend zijn over het aantal procedures waarin wordt geklaagd over een gebrek aan informatie, melden belanghebbenden dat het probleem van ontoereikende informatie niet structureel maar wel ernstig is, en dat het zich niet tot specifieke lidstaten beperkt. Verwacht wordt dat het wederzijds vertrouwen tussen de gerechtelijke autoriteiten van de lidstaten ontoereikend zal blijven, omdat het waarschijnlijk blijft voorkomen dat de autoriteiten van de lidstaten verdachten of beklaagden geen informatie verstrekken. Nu het verkeer van burgers tussen lidstaten toeneemt en de noodzaak van justitiële samenwerking groeit, zullen er in de nabije toekomst nadere EU-maatregelen inzake justitiële samenwerking moeten worden ingevoerd en toegepast. Het is derhalve meer dan ooit zaak het wederzijds vertrouwen te bevorderen.

2.4. Rechtsgrond voor EU-optreden

Krachtens artikel 82, lid 2, onder b), VWEU kunnen voor zover nodig ter bevordering van de wederzijdse erkenning van vonnissen en rechterlijke beslissingen en van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken met een grensoverschrijdende dimensie, bij richtlijnen minimumvoorschriften worden vastgesteld. Aangezien er momenteel tussen de lidstaten grote verschillen op het gebied van de informatievoorziening bestaan, is het onwaarschijnlijk dat de afzonderlijke lidstaten ter zake een toereikende norm kunnen stellen voor de hele EU; dit kan alleen worden bereikt door een optreden op EU-niveau.

3. Doelstellingen

Algemene doelstellingen|De justitiële samenwerking verbeteren door het vertrouwen van de lidstaten in de eerlijke werking van elkaars strafrechtstelsels te herstellen. Een hoog beschermingsniveau van de grondrechten in strafprocedures waarborgen en zo het vrij verkeer van EU-burgers in de EU bevorderen. |

Specifieke doelstellingen|De uitvoering en handhaving van rechterlijke beslissingen in strafzaken vereenvoudigen door te waarborgen dat verdachten (bij voorkeur schriftelijk) voldoende informatie over hun rechten ontvangen om hun rechten van verdediging daadwerkelijk te kunnen uitoefenen. |De uitvoering en handhaving van rechterlijke beslissingen in strafzaken vereenvoudigen door te waarborgen dat beklaagden voldoende gedetailleerde informatie over de strafzaak tegen hen ontvangen, zodat zij hun verdediging naar behoren kunnen voorbereiden of beslissingen voorafgaande aan de behandeling kunnen aanvechten. |

Operationele doelstellingen|De informatie die verdachten ontvangen over hun rechten inzake een eerlijke proces dient: duidelijk, op een voor de verdachte begrijpelijke wijze, te zijn verwoord; te worden verstrekt bij het eerste contact met de politie;de uit het EVRM en het Handvest voortvloeiende basisrechten betreffende aanhouding, eerste verhoor en voorlopige hechtenis te omvatten;te worden verstrekt op een wijze die zich voor verificatie leent. |De informatie die beklaagden ontvangen over de tenlastelegging of beschuldiging dient:voldoende gedetailleerd zijn om de verdediging behoorlijk te kunnen voorbereiden of beslissingen voorafgaande aan de behandeling aan te vechten;tijdig en zodanig te worden verstrekt dat de beklaagde de strafzaak tegen hem begrijpt;te worden verstrekt op een wijze die zich voor verificatie leent. |

4. Beleidsopties en hun impact

· Voortzetting van de huidige situatie: Voor deze optie is geen actie op EU-niveau vereist.

· Beleidsopties A om het probleem te verhelpen dat verdachten niet altijd adequaat worden geïnformeerd over hun rechten :

Niet-wetgevende maatregelen:Beleidsoptie A1: EU-brede voorlichtingscampagne over minimumrechten van verdediging.Beleidsoptie A2: Aanbeveling van de Raad inzake goede praktijken op het gebied van het informeren van verdachten en beklaagden over hun rechten.Wetgevende EU-maatregelen:Beleidsoptie A3: EU-brede verplichting om verdachten op een door de lidstaten te bepalen wijze over hun rechten te informeren . Beleidsoptie A4: EU-brede verplichting om aangehouden verdachten over hun rechten te informeren via een door de lidstaten op te stellen verklaring van rechten, met een gemeenschappelijk pakket van minimumrechten (EVRM-rechten en EU-wetgeving) dat is aan te vullen met aan de nationale wetgeving ontleende rechten.Beleidsoptie A5: EU-brede verplichting om aangehouden verdachten over hun rechten te informeren via een verklaring van rechten met vaste, voor alle lidstaten bestemde formuleringen van minimumrechten, op te nemen in een bijlage bij de richtlijn.|

· Beleidsopties B om het probleem te verhelpen dat beklaagden niet altijd adequaat (onverwijld, gedetailleerd en in begrijpelijke bewoordingen) worden geïnformeerd over de strafzaak tegen hen:

Niet-wetgevende maatregelen:Beleidsoptie B1: Aanbeveling van de Raad inzake goede praktijken en opleiding inzake het informeren van beklaagden over hun strafzaak.Wetgevende EU-maatregelen:Beleidsoptie B2: EU-brede verplichting om beklaagden op een door de lidstaten te kiezen wijze te informeren over hun rechten. Beleidsoptie B3: EU-brede verplichting om beklaagden te informeren over de strafzaak tegen hen, onder meer door hun (of hun advocaat) toegang tot het procesdossier te verlenen . |

5. Vergelijking van de beleidsopties

De onderstaande vergelijkende tabellen geven weer in hoeverre de verschillende beleidsopties bijdragen tot de verwezenlijking van de specifieke en operationele doelstellingen. De opties zijn gerangschikt op basis van hun potentieel om de in deel 3 beschreven doelstellingen te verwezenlijken. Bij de berekening van de totaalscore wordt gelijk gewicht toegekend aan de verwachte doeltreffendheid bij de verwezenlijking van elk van de doelstellingen.

Opties A5 en B3 vertonen het grootste potentieel en zijn derhalve het gunstigst.

Tabel 5.1 – Vergelijking van de merites van de beleidsopties A :||

Doelstellingen/ kosten|Status-quo| A1| A2 | A3| A4 | A5 |

Waarborgen dat verdachten voldoende informatie ontvangen om hun rechten daadwerkelijk te kunnen uitoefenen|0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Informatie verstrekken in duidelijke, voor de verdachte begrijpelijke bewoordingen |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Informatie verstrekken bij het eerste contact met de politie, o.m. over de uit het EVRM en het Handvest voortvloeiende basisrechten betreffende aanhouding, eerste verhoor en voorlopige hechtenis|0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

Waarborgen dat de informatie wordt verstrekt op een wijze die zich voor verificatie leent|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Het vertrouwen van de lidstaten in de eerlijke werking van strafrechtstelsels in de hele EU verbeteren |0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Totaalscore:|0|5|8|12|20|25|

Financiële lasten per lidstaat Marge gebaseerd op een modelberekening voor de lidstaten die hoogstwaarschijnlijk voor uitvoeringskosten zullen worden gesteld, omdat hun huidige praktijk afwijkt van de betrokken optie. Aangezien er geen statistische gegevens beschikbaar zijn, hebben de cijfers over operationele kosten geen betrekking op de huidige operationele kosten. De extra financiële last in verband met de uitvoering van de optie kan derhalve niet nauwkeurig worden berekend, maar zal een fractie bedragen van het hier vermelde indicatieve bedrag.Marge gebaseerd op een modelberekening voor de lidstaten die hoogstwaarschijnlijk voor uitvoeringskosten zullen worden gesteld, omdat hun huidige praktijk afwijkt van de betrokken optie. Aangezien er geen statistische gegevens beschikbaar zijn, hebben de cijfers over operationele kosten geen betrekking op de huidige operationele kosten. De extra financiële last in verband met de uitvoering van de optie kan derhalve niet nauwkeurig worden berekend, maar zal een fractie bedragen van het hier vermelde indicatieve bedrag.|-|100 000 euro - 10 miljoen euro (totale kosten voor hele EU)|Eenmalige kosten : 0 euro – 2,5 miljoen euroJaarlijkse operationele kosten : 0 euro – 4,6 miljoen euro |Eenmalige kosten : 0 euro – 2,5 miljoen euroJaarlijkse operationele kosten : 5 000 euro – 4,6 miljoen euro|Eenmalige kosten : 15 000 euro – 2,5 miljoen euroJaarlijkse operationele kosten : 5 000 euro – 4,6 miljoen euro|Eenmalige kosten : 5 000 euro – 2,5 miljoen euroJaarlijkse operationele kosten : 5 000 euro – 4,6 miljoen euro|

Potentiële kostenbesparing in de lidstaat waar de strafprocedure wordt gevoerd|-|gering|gering |gering tot middelmatig|middelmatig |middelmatig tot hoog|

Tabel 5.2 – Vergelijking van de merites van de beleidsopties B :||

Doelstellingen/ kosten|Status-quo|B1 |B2 |B3 |||

Waarborgen dat beklaagden voldoende gedetailleerde informatie over de strafprocedure tegen hen ontvangen, zodat zij hun verdediging naar behoren kunnen voorbereiden of beslissingen voorafgaande aan de behandeling kunnen aanvechten |0|√√|√√√|√√√√√|||

Informatie tijdig en zodanig verstrekken dat de beklaagde de strafzaak tegen hem begrijpt|0|√|√√√|√√√√|||

Waarborgen dat de informatie wordt verstrekt op een wijze die zich voor verificatie leent|0|√|√√|√√√|||

Het vertrouwen van de lidstaten in de eerlijke werking van strafrechtstelsels in de hele EU verbeteren |0|√|√√√|√√√√√|||

Totaalscore:|0|5|11|17|||

Financiële lasten per lidstaat De waarschuwing van voetnoot 2 geldt ook hier.De waarschuwing van voetnoot 2 geldt ook hier.|-|Eenmalige kosten : 0 euro – 2,6 miljoen euroOperationele kosten : 270 000 euro – 21 miljoen euro|Eenmalige kosten : 0 euro – 2,6 miljoen euroOperationele kosten : 1 miljoen euro – 30 miljoen euro|Eenmalige kosten : 9 000 euro – 2,6 miljoen euroOperationele kosten: 270 000 euro – 21 miljoen euro|||

Potentiële kostenbesparing in de lidstaat waar de strafprocedure wordt gevoerd|-|gering|gering |middelmatig|||

6. De gunstigste optie

De gunstigste optie is een combinatie van opties A5 en B3 :

Goedkeuring van een richtlijn op grond waarvan lidstaten moeten waarborgen: dat verdachten en beklaagden na aanhouding op hun rechten in de strafprocedure moeten worden gewezen door middel van een verklaring van rechten in een taal die zij verstaan. Deze verklaring wordt opgesteld door de lidstaten, maar bevat overal in de EU een vaste formulering van de minimumrechten inzake een eerlijk proces (opgenomen in bijlage bij de richtlijn), die eventueel wordt aangevuld met andere, aan de nationale wetgeving van de lidstaten ontleende rechten; endat verdachten en beklaagden worden geïnformeerd over de strafzaak tegen hen, onder meer door hun (of hun advocaat) kosteloos toegang tot het procesdossier te verlenen. |

6.1. Europese meerwaarde en evenredigheid van de gunstigste optie

De gunstigste optie leidt tot nieuwe, eenvormige verplichtingen in de hele EU (gebruik van een verklaring van rechten en toegang tot het procesdossier). Dit harmoniserende effect maakt de gunstigste optie doeltreffend wat betreft de verstrekking van adequate informatie en de bevordering van het vertrouwen in het eerlijke verloop van strafprocedures in andere lidstaten. Opties A5 en B3 leiden weliswaar tot nieuwe verplichtingen, maar alleen ten aanzien van de kern van deze maatregel: het recht op informatie. Zij scheppen geen nieuwe rechten die geen betrekking hebben op informatievoorziening.

Beide aspecten van de gunstigste optie zijn evenredig: hoewel in beide gevallen bepaalde lidstaten waarschijnlijk wijzigingen in hun strafprocesrecht moeten aanbrengen, zijn er geen andere doeltreffende middelen om te waarborgen dat verdachten begrijpelijke informatie ontvangen.

6.2. Financiële gevolgen voor de lidstaten

Het belangrijkste financiële gevolg van optie A5 bestaat uit de eenmalige aanvangskosten in verband met de invoering van de regelingen inzake de verklaring van rechten. Deze kosten bestrijken hoofdzakelijk het opstellen en vertalen van de verklaringen, en het opleiden van politieambtenaren en, zo nodig, openbare aanklagers en rechters. Deze kosten liggen waarschijnlijk tussen 10 000 euro tot 2,5 miljoen euro per lidstaat (modelberekeningen voor Malta wijzen op een marge van 10 600 euro tot 70 000 euro, die voor Frankrijk op een marge van 655 000 euro tot 2,5 miljoen euro). Waarschijnlijk zullen de werkelijke kosten eerder lager dan hoger uitvallen. Het effect van optie A5 op de operationele kosten per lidstaat is vooral afhankelijk van de aard van de informatie die verdachten nu al ontvangen over hun rechten, en van de tijd die hiermee is gemoeid. Waarschijnlijk zijn de gevolgen voor de begroting van de lidstaten die het gebruik van verklaringen van rechten al hebben geregeld miniem. Voor de lidstaten die verdachten momenteel mondeling op hun rechten wijzen, is het effect op de procedurekosten afhankelijk van het nauwkeurigheidsniveau van die mondelinge informatie.

Bij optie B3 zullen de meeste lidstaten alleen bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn onbeduidende en eenmalige kosten maken, aangezien zij reeds toegang tot het procesdossier verlenen. Waarschijnlijk zal de invoering van het recht op toegang tot het procesdossier alleen de drie lidstaten die hier momenteel niet in voorzien voor eenmalige kosten stellen. Deze kosten zullen hoofdzakelijk betrekking hebben op de opleiding van politieambtenaren, openbare aanklagers en rechters, en tussen de 9 000 euro en 2,6 miljoen euro per lidstaat liggen. Hoewel de precieze gevolgen van deze optie voor de operationele kosten niet kunnen worden geraamd, ligt het voor de hand dat zij zelfs voor de drie lidstaten die dit recht moeten invoeren, zeer beperkt zullen zijn.

7. toezicht en evaluatie

Om te waarborgen dat zowel in de wetgeving als in de praktijk met de betrokken rechten rekening wordt gehouden, is een solide toezicht- en evaluatiemechanisme van cruciaal belang. De Commissie is van plan om 3 tot 5 jaar na de tenuitvoerlegging van het voorstel een specifiek empirisch onderzoek te verrichten om grondige kwantitatieve en kwalitatieve kennis te verwerven over de doeltreffendheid van het voorstel. Wanneer alle maatregelen van de routekaart zijn ingevoerd, is het zaak om elke maatregel afzonderlijk en de doeltreffendheid van de routekaart als geheel te evalueren.

[1] 2009/C 295/01.

[2] Marge gebaseerd op een modelberekening voor de lidstaten die hoogstwaarschijnlijk voor uitvoeringskosten zullen worden gesteld, omdat hun huidige praktijk afwijkt van de betrokken optie. Aangezien er geen statistische gegevens beschikbaar zijn, hebben de cijfers over operationele kosten geen betrekking op de huidige operationele kosten. De extra financiële last in verband met de uitvoering van de optie kan derhalve niet nauwkeurig worden berekend, maar zal een fractie bedragen van het hier vermelde indicatieve bedrag.

[3] De waarschuwing van voetnoot 2 geldt ook hier.

DA

(...PICT...)|EUROPA-KOMMISSIONEN|

Bruxelles, den 20.7.2010 SEK(2010) 908

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ret til information under straffesager RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN {KOM(2010) 392 endelig} {SEK(2010) 907}

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN

RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN

1. Politisk baggrund og procedure

Med henblik på at øge den gensidige tillid, så den gensidige anerkendelse kan fungere bedre, vedtog Det Europæiske Råd i november 2009 køreplanen for proceduremæssige rettigheder EUT C 295 af 2009, s. 1. med henblik på at forbedre mistænktes og tiltaltes rettigheder ud fra en tilgang om at behandle de relevante spørgsmål ét ad gangen.[1]

EUT C 295 af 2009, s. 1.

Foranstaltninger, der nu er medtaget i køreplanen:|

Foranstaltning A : Oversættelse og tolkning|

Foranstaltning B : Oplysninger om rettigheder og om tiltalen|

Foranstaltning C : Juridisk rådgivning og retshjælp|

Foranstaltning D : Kommunikation med pårørende, arbejdsgivere og konsulære myndigheder|

Foranstaltning E : Særlig beskyttelse af mistænkte eller tiltalte, som er sårbare |

Denne konsekvensanalyse omfatter foranstaltning B, der har til formål at forbedre mistænktes situation ved at sikre, at de modtager information om deres rettigheder og om sagen imod dem under straffesager.

Konsekvensanalysen er i vidt omfang empirisk: Interesserede parter er blevet hørt ved flere lejligheder, såsom under møder i forummet for retsvæsen i 2008 og 2009. Nyere akademiske undersøgelser har også bidraget til konsekvensanalysen.

2. Problemet

2.1. Utilstrækkelig information under straffesager

Det er en væsentlig faktor ved sikring af en retfærdig rettergang, at mistænkte og tiltalte har adgang til oplysninger. Mistænkte kan ikke antages ved anholdelsen at have så stort et kendskab til deres rettigheder (såsom retten til juridisk rådgivning), at de er i stand til gøre effektiv brug af dem. For at kunne gøre brug af alle rettighederne kræver det, at man er blevet informeret om dem. En tiltalt har også brug for at kende sagen imod ham i detaljer og at vide, hvilke beviser der foreligger, for at kunne forberede sit forsvar.

Mistænkte og tiltalte modtager ikke altid denne information. Medlemsstaterne har forskellige ordninger til at informere, og noget bliver der slet ikke informeret om i visse medlemsstater. F.eks. er der i fire medlemsstater ingen retlig forpligtelse til at informere en mistænkt om retten til juridisk rådgivning, og kun i ti medlemsstater informeres mistænkte om deres rettigheder ved en skriftlig underretning (meddelelse om rettigheder). Lov og praksis er meget forskellig fra den ene medlemsstat til den anden, for så vidt angår oplysninger om sagen: Der gives måske et skriftligt resumé, eller den tiltaltes advokat kan få adgang til sagens akter og tage kopier af de relevante dele. I tre medlemsstater er der ingen adgang til sagens akter, og selv i de medlemsstater, der giver aktindsigt, er der betydelige forskelle på, på hvilket stadium af sagen dette sker.

2.1.1. Skadelige virkninger for straffesagen og det retlige samarbejde

Når de mistænkte ikke informeres tilstrækkeligt, kan behandlingen af straffesagen være i strid med reglerne om retfærdig rettergang, og dette kan føre til unødvendige omkostninger, fordi sagen trækker ud, eller på grund af appelsager og påtaleopgivelse i den medlemsstat, hvor sagen behandles.

Utilstrækkelig information kan føre til problemer og omkostninger i andre medlemsstater, når en domstol i den medlemsstat, hvor den oprindelige straffesag behandles, prøver at opnå et samarbejde fra andre medlemsstater. EU-retsakter, der har til formål at fremme retligt samarbejde mellem medlemsstaterne (såsom den europæiske arrestordre), bygger på princippet om gensidig anerkendelse, dvs. fuldbyrdelse af en domstolsafgørelse i en anden medlemsstat uden yderligere prøvelse af afgørelsen. En sådan halvautomatisk anerkendelse kræver tillid mellem dommere og retsinstanser. Hvis denne tillid mangler, vil gensidig anerkendelse ikke fungere, og det vil føre til lange sagsbehandlingstider og forsinkelse i fuldbyrdelsen af udenlandske retsafgørelser med de deraf følgende omkostninger. I en nyere sag fra Det Forenede Kongerige var det sandsynligvis anbringender om, at en mistænkt var blevet utilstrækkeligt informeret under sagen i den medlemsstat, der havde udstedt den europæiske arrestordre med henblik på den pågældendes overgivelse, som bidrog til, at overgivelsessagen tog over et år, at der blev iværksat appel flere gange til højere retsinstanser, og at der blev indgivet en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med betydelige konsekvenser for omkostningerne.

2.1.2. De gældende retlige standarder yder ikke tilstrækkelig beskyttelse

På nuværende tidspunkt er der ingen tilstrækkeligt høje standarder, der håndhæves i tilstrækkeligt omfang. Selvom Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) indeholder visse mindstekrav, er de interesserede parter enige om, at EMRK og dens håndhævelsesordning ikke i alle tilfælde yder tilstrækkelig beskyttelse med hensyn til tilstrækkelig informering om rettigheder og særligt om tiltalen. Det skyldes, at retten til information i henhold til artikel 5 og 6 i EMRK ikke er vidtgående nok, og at det kan tage årevis at få afgjort klager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og at det kun fører til et efterfølgende retsmiddel af begrænset virkning.

2.2. Afbalancering af EU's retspolitik og fremme af EU-borgernes ret til fri bevægelighed gennem en styrkelse af de grundlæggende rettigheder

Der er truffet en række foranstaltninger på EU-plan for at sikre et højt sikkerhedsniveau for borgerne (såsom indførelsen af den europæiske arrestordre), men hidtil har der ikke kunnet opnås enighed om foranstaltninger til at fastsætte standarder for en retfærdig rettergang. Ved vedtagelsen af køreplanen for proceduremæssige rettigheder i november 2009 anerkendte Rådet, at der var et presserende behov for at gribe til handling for at styrke mistænktes processuelle rettigheder i EU. Køreplanen baner vej for, at EU kan træffe foranstaltninger til at sikre en beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, der er mere vidtgående end beskyttelsen i EMRK. Det ville også tillægge garantierne for en retfærdig rettergang i artikel 47 og 48 i EU's charter om grundlæggende rettigheder en særlig EU-betydning og bidrage til at fjerne visse hindringer, som borgerne med rette eller urette føler at have oplevet med hensyn til fri bevægelighed, som er sikret ved artikel 21, stk. 2, i TEUF.

2.3. Problemets omfang nu og i fremtiden

Der findes ingen oplysninger om antallet af sager, hvor der er klaget over manglende information, men de interesserede parter har indberettet, at selvom problemet med utilstrækkelig information ikke er meget udbredt, er det dog alvorligt nok og ikke kun begrænset til visse medlemsstater. Den gensidige tillid mellem medlemsstaternes retlige myndigheder forventes ikke at blive bedre, da der sandsynligvis fortsat vil forekomme tilfælde, hvor medlemsstaternes myndigheder ikke informerer mistænkte eller tiltalte. Da den omstændighed, at borgerne i stadig større omfang flytter mellem medlemsstaterne, vil føre til et større behov for retligt samarbejde, og da yderligere foranstaltninger i forbindelse med EU's retlige samarbejde vil skulle gennemføres og anvendes i den nærmeste fremtid, vil behovet for at øge den gensidige tillid blive endnu mere presserende

2.4. EU's beføjelser til at handle

I henhold til artikel 82, stk. 2, litra b), i TEUF kan der ved direktiv fastsættes minimumsregler om enkeltpersoners rettigheder inden for strafferetsplejen i den udstrækning, det er nødvendigt for at lette den gensidige anerkendelse af domme og retsafgørelser samt det politimæssige og retlige samarbejde i straffesager med en grænseoverskridende dimension. Da der på nuværende tidspunkt er store forskelle mellem medlemsstaterne for så vidt angår information, er det usandsynligt, at medlemsstater ved at træffe foranstaltninger enkeltvis ville være i stand til skabe en tilstrækkelig høj standard for informering i hele EU. Det kan kun opnås ved, at der træffes foranstaltninger på EU-plan.

3. Mål

Generelt:|At forbedre det retlige samarbejde ved at genoprette den gensidige tillid mellem medlemsstaterne til, at deres strafferetssystemer fungerer på en retfærdig måde. At sikre et højt beskyttelsesniveau for de grundlæggende rettigheder i strafferetsplejen til fremme af EU-borgernes frie bevægelighed overalt i EU.|

Specifikt:|At fremme fuldbyrdelsen og håndhævelsen af retsafgørelser i straffesager ved at sikre, at mistænkte får tilstrækkelig information om deres rettigheder, helst skriftligt, så at de effektivt kan udnytte deres ret til forsvar. |At fremme fuldbyrdelsen og håndhævelsen af retsafgørelser i straffesager ved at sikre, at tiltalte får tilstrækkeligt detaljeret information om sagen mod dem , så de kan forberede deres forsvar på en ordentlig måde eller anfægte domsafgørelser truffet inden retssagen. |

Operationelt:|Information, der gives til mistænkte om deres rettigheder til en retfærdig rettergang, skal: affattes klart, så den er nem at forstå for mistænkte gives ved den første kontakt med politietomfatte centrale rettigheder i henhold til EMRK og EU's charter om grundlæggende rettigheder, der gælder ved anholdelse, første forhør og under varetægtsfængsling.gives på en sådan måde, at det er muligt at kontrollere, at informationen er videregivet.|Information, der gives til tiltalte om tiltalen eller anklageskriftet, skal:være tilstrækkeligt detaljeret til, at der kan forberedes et ordentligt forsvar, eller at afgørelser truffet inden retssagen kan anfægtes.gives i god tid og på en sådan måde, at den tiltalte forstår sagen mod ham.gives på en sådan måde, at det er muligt at kontrollere, at informationen er videregivet.|

4. Løsningsmodeller og deres virkninger

· Status quo bevares: Denne løsningsmodel ville indebære, at der ikke træffes nogen foranstaltninger på EU-plan.

· Løsningsmodel A til løsning af det problem, at mistænkte ikke altid får tilstrækkelig information om deres rettigheder

Ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger:Løsningsmodel A1: EU-omspændende informationskampagne om minimumsrettigheder til at kunne forsvare sig.Løsningsmodel A2 : Rådets henstilling om god praksis for informering af mistænkte og tiltalte om deres rettigheder.EU's lovgivningsmæssige foranstaltninger:Løsningsmodel A3 : Pligt i hele EU til at informere mistænkte om deres rettigheder gennem de af medlemsstaterne valgte midler.Løsningsmodel A4 : Pligt i hele EU til at informere anholdte mistænkte om deres rettigheder gennem en meddelelse om rettigheder, som udformes af medlemsstaterne, og som indeholder et fælles sæt af rettigheder (EMRK-rettigheder og EU-lovgivning), og hvor medlemsstaterne tilføjer yderligere rettigheder, som gælder ifølge deres egen lovgivning.Løsningsmodel A5 : Pligt i hele EU til at informere anholdte mistænkte om deres rettigheder gennem en meddelelse om rettigheder, som omfatter standardformuleringer om minimumsrettigheder gældende for hele EU, sådan som de fremgår af et bilag til direktivet.|

Løsningsmodellerne B til løsning af det problem, at tiltalte ikke altid straks får tilstrækkelig og detaljeret information om sagen mod dem på et sprog, som de forstår :

Ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger:Løsningsmodel B1 : Rådets henstilling om god praksis og oplæring i at informere tiltalte om den sag, der er rejst mod dem.EU's lovgivningsmæssige foranstaltninger:Løsningsmodel B2 : Pligt i hele EU til at informere tiltalte om den sag, der er rejst mod dem, gennem de af medlemsstaterne valgte midler.Løsningsmodel B3 : Pligt i hele EU til at informere tiltalte om den sag, der er rejst mod dem, herunder give dem (eller deres advokat) adgang til sagens akter . |

5. Sammenligning af løsningsmodellerne

I nedenstående tabeller er der givet en sammenlignende vurdering af løsningsmodellerne set i forhold til de specifikke og de operationelle mål. Løsningsmodellerne er klassificeret efter, i hvor høj grad de kan opfylde de i del 3 fastsatte mål. Vurderingerne af den forventede virkning af at nå målene får samme vægt i slutsummen.

Løsningsmodel A5 og B3 er dem, der har det højeste potentiale, og er derfor de foretrukne løsningsmodeller.

Tabel 5.1 – Sammenligning af vurderingerne af A-løsningsmodellerne :||

Mål/omkost-ninger|Status quo| A1| A2 | A3| A4 | A5 |

At sikre, at mistænkte får tilstrækkelig information til at kunne udøve rettighederne effektivt |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

At give oplysninger på et klart sprog, som let kan forstås af mistænkte |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

At give oplysninger ved første kontakt med politiet, herunder om centrale rettigheder i henhold til EMRK og EU's charter, som gælder ved anholdelse, første forhør og under varetægts-fængsling|0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

At sikre, at det kan kontrolleres, at oplysningerne er blevet givet|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

At øge medlemsstaters tillid til, at strafferetssyste-merne fungerer på en fair måde i hele EU|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Samlet antal point|0|5|8|12|20|25|

Finansiel byrde for hver medlemsstat Værdimængde baseret på beregningsmodel for de medlemsstater, som det er mest sandsynligt vil få omkostninger i forbindelse med gennemførelsen som følge af nuværende praksis, der afviger fra den i løsningsmodellen planlagte praksis. Da der mangler statistiske data, er der i tallene over operationelle omkostninger ikke taget hensyn til det nuværende niveau for operationelle omkostninger, således at den ekstra finansielle byrde i forbindelse med løsningsmodellen ikke kan beregnes præcist, men kan forventes at være en brøkdel af det her angivne indikative tal.Værdimængde baseret på beregningsmodel for de medlemsstater, som det er mest sandsynligt vil få omkostninger i forbindelse med gennemførelsen som følge af nuværende praksis, der afviger fra den i løsningsmodellen planlagte praksis. Da der mangler statistiske data, er der i tallene over operationelle omkostninger ikke taget hensyn til det nuværende niveau for operationelle omkostninger, således at den ekstra finansielle byrde i forbindelse med løsningsmodellen ikke kan beregnes præcist, men kan forventes at være en brøkdel af det her angivne indikative tal.|-|100.000 - 10 mio. EUR (samlede omkostninger for EU)|Engangs omkostninger ved start 0 – 2,5 mio. EUROperationelle omkostninger pr. år 0 – 4,6 mio. EUR |Engangs omkostninger ved start 0 – 2,5 mio. EUROperationelle omkostninger pr. år 5.000 – 4,6 mio. EUR|Engangs omkostninger ved start 15.000 – 2,5 mio. EUROperationelle omkostninger pr. år 5.000 – 4,6 mio. EUR|Engangs omkostninger ved start 5.000 – 2,5 mio. EUROperationelle omkostninger pr. år 5.000 – 4,6 mio. EUR|

Potentielle omkostnings-besparelser i den medlemsstat, hvor straffesagen foregår|-|lav|lav |lav til medium|medium |medium til høj|

Tabel 5.2 – Sammenligning af vurderingerne af B-løsningsmodellerne :||

Mål/omkost-ninger|Status quo|B1 |B2 |B3 |||

At sikre, at tiltalte får tilstrækkeligt detaljerede oplysninger om sagen, så de kan forberede deres forsvar på en ordentlig måde eller anfægte afgørelser truffet inden retssagen |0|√√|√√√|√√√√√|||

At give oplysninger i god tid på en måde, så tiltalte forstår sagen mod ham|0|√|√√√|√√√√|||

At sikre, at det kan kontrolleres, at oplysningerne er blevet givet|0|√|√√|√√√|||

At øge medlemsstaters tillid til, at strafferetssyste-merne fungerer på en fair måde i hele EU|0|√|√√√|√√√√√|||

Samlet antal point|0|5|11|17|||

Finansiel byrde for hver medlemsstat Jf. fodnote 2.Jf. fodnote 2.|-|Engangs omkostninger 0 - 2,6 mio. EUROperationelle omkostninger: 270.000 – 21 mio. EUR|Engangs omkostninger 0 – 2,6 mio. EUROperationelle omkostninger: 1 mio. – 30 mio. EUR|Engangs omkostninger 9.000 – 2,6 mio. EUROperationelle omkostninger: 270.000 – 21 mio. EUR|||

Potentielle omkostnings-besparelser i den medlemsstat, hvor straffesagen foregår|-|lav|lav |medium|||

6. Den foretrukne løsning

Den foretrukne løsning er en kombination af løsningsmodel A5 og B3:

Vedtagelse af et direktiv, som forpligter medlemsstaterne til at sikre at anholdte mistænkte og tiltalte informeres om deres rettigheder i straffesager gennem en meddelelse om rettigheder på et sprog, som de forstår, og som er udformet af medlemsstaterne og indeholder standardformuleringer om minimumsregler for en retfærdig rettergang, der fremgår af et bilag til direktivet, og i givet fald andre rettigheder i henhold til medlemsstaternes egne love, ogat mistænkte og tiltalte informeres om sagen mod dem, og at de (eller deres advokat) får adgang til sagens akter uden at skulle betale gebyr.|

6.1. EU-merværdi og proportionalitet for den foretrukne løsning

Med den foretrukne løsning skabes der nye ensartede forpligtelser i hele EU (anvendelse af en meddelelse om rettigheder og adgang til sagens akter). Denne harmonisering markerer, at den foretrukne løsning er effektiv med hensyn til at sikre, at der gives passende information, og til at øge tilliden til, at straffesagerne i andre medlemsstater er retfærdige. Når løsningsmodel A5 og B3 skaber nye forpligtelser, så er det kun i relation til kerneelementet i denne foranstaltning: retten til information. De skaber ikke nye rettigheder, men har kun relation til levering af oplysninger.

Begge aspekter i den foretrukne løsning er rimelige i forhold til målet: selv om de begge sandsynligvis vil betyde, at en række medlemsstater skal indføre ændringer i deres strafferetsplejelove, er der ikke andre midler, der er effektive nok til at sikre, at mistænkte får den fornødne information.

6.2. Finansielle virkninger for medlemsstaterne

Den vigtigste finansielle indvirkning af løsningsmodel A5 er engangsomkostningerne ved start , der opstår som følge af indførelsen af ordningen med meddelelse af rettigheder. Der er hovedsageligt tale om omkostninger til affattelse af meddelelser, oversættelse heraf og oplæring af politi og om nødvendigt af anklagere og dommere. Disse omkostninger vil sandsynligvis være i størrelsesordenen 10 000 til 2,5 mio. EUR pr. medlemsstat (modelberegninger for Malta giver omkostninger på 10 600 - 70 000 EUR og for Frankrig på 655 000 – 2,5 mio. EUR). De faktiske omkostninger vil sandsynligvis gå i retning af de laveste beløbsgrænser. Virkningen af løsningsmodel A5 på de operationelle omkostninger pr. medlemsstat afhænger primært af, hvilke oplysninger om rettigheder der allerede er givet til mistænkte, og hvor lang tid det tager. De budgetmæssige konsekvenser for medlemsstater, der allerede benytter ordningen om meddelelser om rettigheder, vil sandsynligvis være minimale. For dem, der allerede informerer mistænkte mundtligt om deres rettigheder, vil indvirkningen på omkostningerne for den enkelte sag afhænge af, hvor detaljerede de mundtlige oplysninger er, der gives nu.

Med hensyn til løsningsmodel B3 vil de fleste medlemsstater kun få minimale engangsomkostninger , når de gennemfører direktivet, da de allerede nu tillader adgang til sagsakterne. Der forventes således kun engangsomkostninger ved indførelse af adgang til sagsakter for de tre medlemsstater, som for øjeblikket ikke giver ret hertil. Disse omkostninger vil sandsynligvis hovedsageligt skyldes oplæring af politi, anklagere og dommere og vil ligge i størrelsesordenen 9 000 – 2,6 mio. EUR pr. medlemsstat. Den præcise indvirkning af denne løsningsmodel for de operationelle omkostninger kan ganske vist ikke forudsiges, med det er sandsynligt, at selv for de tre medlemsstater, som skal indføre denne ret, vil indvirkningen på de operationelle omkostninger være meget begrænset.

7. Kontrol og evaluering

Det er af afgørende betydning, at der er en solid mekanisme til kontrol og evaluering for at sikre, at de påtænkte rettigheder efterkommes i praksis såvel som i lovgivning. Kommissionen vil gennemføre en specifik empirisk undersøgelse, hvor der især vil blive set på data, som skal indsamles i 3-5 år efter gennemførelsen af forslaget, for dermed at få en indgående kvantitativ og kvalitativ indsigt i, hvordan forslaget fungerer. Når først alle foranstaltningerne i køreplanen er på plads, vil det være vigtigt at få evalueret hver enkelt foranstaltning i den konkrete kontekst samt køreplanens effektivitet som helhed.

[1] EUT C 295 af 2009, s. 1.

[2] Værdimængde baseret på beregningsmodel for de medlemsstater, som det er mest sandsynligt vil få omkostninger i forbindelse med gennemførelsen som følge af nuværende praksis, der afviger fra den i løsningsmodellen planlagte praksis. Da der mangler statistiske data, er der i tallene over operationelle omkostninger ikke taget hensyn til det nuværende niveau for operationelle omkostninger, således at den ekstra finansielle byrde i forbindelse med løsningsmodellen ikke kan beregnes præcist, men kan forventes at være en brøkdel af det her angivne indikative tal.

[3] Jf. fodnote 2.

BG

(...PICT...)|ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ|

Брюксел, 20.7.2010 SEC(2010) 908

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА придружаващ

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно правото на информация в наказателните производства РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО {COM(2010) 392 окончателен} {SEC(2010) 907}

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА

РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

1. Политически контекст и процедура

За повишаване на взаимното доверие и съответно за подобряване на функционирането на взаимното признаване през ноември 2009 г. Европейският съвет прие пътна карта за процесуалните права 2009/C 295/01 , която установява поетапен подход за укрепване на правата на заподозрените лица и обвиняемите:[1]

2009/C 295/01

Предвидени за момента мерки в пътната карта:|

Мярка А: Писмен и устен превод|

Мярка Б: Информация относно правата и информация относно обвинението|

Мярка В: Правни съвети и правна помощ|

Мярка Г: Общуване с роднини, работодатели и консулски власти|

Мярка Д: Специални гаранции за заподозрените лица или за обвиняемите, които са в уязвимо положение |

В настоящата оценка на въздействието се разглежда мярка Б, с която се цели подобряването на ситуацията на заподозрените лица, като предвижда гаранции, че те получават информация относно своите права и относно обвинението срещу тях в наказателното производство.

Оценката на въздействието е главно емпирична: бяха извършени няколко допитвания до заинтересованите страни по различни поводи, като например срещите на Форума за правосъдие през 2008 г. и 2009 г. Оценката на въздействието също взе предвид няколко неотдавнашни академични проучвания.

2. Проблемът

2.1. Недостатъчна информация в наказателните производства

Достъпът до информация на заподозрените лица и обвиняемите е ключов фактор за осигуряването на справедлив процес. Не може да се прави презумция, че заподозрените лица познават достатъчно добре своите права (като правото на правни съвети) по време на задържането си, за да могат да се възползват ефективно от тях. Предоставянето на информация относно правата е ключът към достигането до всички права. Обвиняемият трябва също да знае в подробности какво е обвинението срещу него и какви доказателства са събрани срещу него, за да може да подготви защитата си.

Заподозрените лица и обвиняемите не получават винаги тази информация. Държавите-членки имат различни системи за предаване на информация, а в някои държави-членки известна част от тази информация не се предава въобще. Например в четири държави-членки не съществува правно задължение заподозреният да бъде информиран, че има право на правни съвети, и само в десет държави-членки заподозрените лица биват информирани относно правата си посредством писмено уведомление (декларация за правата). Законовата уредба и практиката варират съществено в различните държави-членки по отношение на информацията по делото: може да бъде дадено писмено резюме или да се предостави достъп на адвоката на обвиняемия до преписката по делото и да се направят копия на важни документи. В 3 държави-членки не се предоставя достъп до преписката по делото, а дори в тези държави-членки, които предоставят такъв достъп, етапът на производството, в който той се предоставя, варира съществено.

2.1.1. Отрицателни ефекти върху наказателните производства и съдебното сътрудничество

Ако заподозрените лица не бъдат достатъчно добре информирани, наказателните производства могат да са несправедливи и това може да доведе до допълнителни разходи поради проточени производства, обжалвания и прекратени разследвания в държавата-членка, в която тече процесът.

Недостатъчната информация може да доведе до проблеми и разходи в други държави-членки, ако съд от държавата-членка, в която протича първоначалното наказателно производство, търси сътрудничество от други държави-членки. Инструментите на Европейския съюз за улесняване на съдебното сътрудничество между държавите-членки (като например европейската заповед за арест (ЕЗА)) се основават на принципа на взаимно признаване, т.е. изпълняването на дадено съдебно решение в друга държава-членка без по-нататъшно преразглеждане на решението. Подобно почти автоматично признаване изисква доверие между съдии и съдилища. Когато такова доверие липсва, взаимното признаване няма да функционира, което ще доведе до проточване на производствата, закъснения при изпълнението на чуждестранни съдебни решения и свързаните с това разходи. В скорошно дело в Обединеното кралство е много вероятно твърдения, че на заподозрения не е била дадена достатъчна информация в производството в държавата-членка, издала европейската заповед за арест за предаването на лицето, да са допринесли за проточването на процедурата по предаване до повече от година и за подаването на няколко жалби до въззивни съдилища, както и на молба до Европейския съд за правата на човека, свързани със значителни допълнителни разходи.

2.1.2. Съществуващите законови стандарти не предоставят адекватна защита

В момента не съществуват достатъчно високи и адекватно приложени стандарти. Въпреки че в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) са записани минимални права, заинтересованите страни са съгласни, че ЕКПЧ и механизмът ѝ за изпълнение не предоставят във всички случаи достатъчно ниво на защита по отношение на предоставянето на достатъчна информация относно правата и обвинението в частност. Това се дължи на факта, че правата на информация, записани в членове 5 и 6 от ЕКПЧ, не отиват достатъчно далеч, а за решения по молбите, подадени пред ЕСПЧ, може да са необходими години, което да доведе единствено до ex post правна защита с ограничена ефективност.

2.2. Намиране на равновесие между политиката на правосъдие на ЕС и насърчаването на свободното движение на граждани на ЕС посредством укрепване на основните права

Въпреки че на равнище ЕС са взети различни мерки за гарантиране на високо ниво на безопасност за гражданите (като например въвеждането на ЕЗА), в миналото не можа да бъде постигнато съгласие за приемането на мерки, установяващи стандарти за справедлив процес. С приемането на пътна карта за процесуалните права през ноември 2009 г. Съветът призна спешната нужда от вземане на мерки за укрепване на процесуалните права на заподозрените в ЕС. Пътната карта разчиства пътя за предприемането на действия на равнище ЕС, осигурявайки защита на основните права, която отива отвъд тази, предоставена от ЕКПЧ. Това ще даде конкретно европейско изражение на гаранциите за справедлив процес, установени в членове 47 и 48 от Хартата за основните права на ЕС и ще допринесе за премахването на реални или предполагаеми пречки за свободното движение на гражданите, гарантирано от член 21, параграф 2 от ДФЕС.

2.3. Обхват на проблема — положението днес и в перспектива

При все че липсват данни относно броя на оплакванията, свързани с производства, в които не е предоставена достатъчно информация, заинтересованите страни твърдят, че макар и проблемът с недостатъчната информация да не е всеобщ, той е остър и не е ограничен само до определени държави-членки. Очаква се взаимното доверие между съдебните органи на държавите-членки да остане на сегашното си незадоволително ниво, както и че случаите, в които държавите-членки не предоставят информация на заподозрените лица или обвиняемите, ще продължат. Тъй като по-интензивното движение на граждани между държавите-членки ще доведе до по-голяма нужда от съдебно сътрудничество и тъй като още мерки на ЕС в областта на съдебното сътрудничество ще трябва да се приложат и изпълнят в близко бъдеще, необходимостта от подобряване на взаимното доверие ще стане още по-належаща.

2.4. Правно основание за действие от страна на ЕС

В съответствие с член 82, параграф 2, буква б) минимални правила, засягащи правата на лицата в наказателните производства, могат да бъдат приемани чрез директиви, доколкото това е необходимо за улесняване на взаимното признаване на присъдите и съдебните решения, както и на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси с трансгранично измерение. Тъй като в момента съществуват големи разлики между държавите-членки по отношение на предоставянето на информация, не е вероятно държавите-членки, действащи самостоятелно, да успеят да установят достатъчно високи стандарти за предоставяне на информация в целия ЕС — това може да бъде постигнато единствено с действия на равнище ЕС.

3. Цели

Общи :|Подобряване на съдебното сътрудничество чрез възстановяване на взаимното доверие между държавите-членки в справедливото функциониране на системите за наказателно правосъдие. Осигуряване на високо равнище на защита на основните права в наказателните производства, като по този начин се насърчава свободното движение на граждани на ЕС в рамките на Съюза.|

Конкретни:|Улесняване на изпълнението на съдебни решения по наказателноправни въпроси чрез предоставянето на заподозрените лица на достатъчно информация относно правата им , за предпочитане в писмен вид, за да могат те ефективно да упражнят правата си на защита |Улесняване на изпълнението на съдебни решения по наказателноправни въпроси чрез предоставянето на обвиняемите на достатъчно подробна информация за делото, заведено срещу тях , за да могат те да подготвят адекватно своята защита или да оспорят решения от предварителното производство. |

Оперативни:|Информацията, предоставена на заподозрените относно правата им на справедлив процес, следва да: бъде на ясен език, лесно разбираем от заподозрения бъде предоставена при първия контакт с полициятавключва основните права по ЕКПЧ и ХОПЕС, които се прилагат при задържането, първия разпит и периода на задържанесе предостави по начин, който позволява да се провери, че информацията е била предадена|Информацията, предоставена на обвиняемите относно обвинението, повдигнато срещу тях, следва да:бъде достатъчно подробна, за да позволи адекватна подготовка на защитата или оспорване на решения от предварителното производствобъде предоставена своевременно по начин, по който обвиняемият да разбере в извършването на какво престъпление е обвиненсе предостави по начин, който позволява да се провери, че информацията е била предадена|

4. Варианти на политиката и тяхното въздействие

· Запазване на статуквото: Този вариант не включва действие на равнище ЕС.

· Вариант на политиката А за справяне с проблема на несистемното получаване от страна на заподозрените лица на достатъчно информация относно правата :

Незаконодателни действия:Вариант на политиката А1: информационна кампания на равнище ЕС относно правата, свързани със защитатаВариант на политиката А2 : препоръка на Съвета относно най-добрите практики при информирането на заподозрени лица и обвиняеми за техните праваЗаконодателни действия на ЕС:Вариант на политиката А3 : всеобщо задължение на равнище ЕС за информиране на заподозрените лица за техните права със средства по избор на държавите-членкиВариант на политиката А4 : всеобщо задължение на равнище ЕС за информиране на задържаните заподозрени лица за техните права посредством декларация за правата, съставена от държавите-членки, съдържаща общ минимален набор от права (права по ЕКПЧ и законодателството на ЕС), към които държавите-членки добавят и други права, съдържащи се в съответните им законодателстваВариант на политиката А5: всеобщо задължение на равнище ЕС за информиране на задържаните заподозрени лица за техните права посредством декларация за правата, включваща стандартни за ЕС формулировки на минималните права, установени в приложение към директивата|

Вариант на политиката Б за справяне с проблема на несистемното получаване от страна на обвиняемите на достатъчно информация относно обвинението, повдигнато срещу тях, своевременно, подробно и на език, който разбират:

Незаконодателни действия:Вариант на политиката Б1 : препоръка на Съвета за най-добрите практики и обучението относно предоставянето на информация на обвиняемите за обвинението срещу тях.Законодателни действия на ЕС:Вариант на политиката Б2 : всеобщо задължение на равнище ЕС за информиране на обвиняемите за обвинението срещу тях със средства по избор на държавите-членкиВариант на политиката Б3 : всеобщо задължение на равнище ЕС за информиране на обвиняемите за обвинението срещу тях, включително и с предоставянето им (или на техния адвокат) на достъп до преписката по делото |

5. Сравнение на вариантите на политика

Таблицата по-долу прави сравнение на относителното представяне на вариантите на политиката по отношение на покриването на конкретните и оперативните цели. Вариантите са подредени според потенциала им да изпълнят целите, посочени в част 3. На оценките за ефективност в изпълнението на целите е дадена еднаква тежест в крайната обща оценка.

Варианти А5 и Б3 показват най-висок потенциал и поради това са предпочитаните варианти.

Таблица 5.1 — Сравнение на оценките за варианти на политиката А:||

Цели/разходи|Статукво| A1| A2 | A3| A4 | A5 |

Осигуряване на това заподозрените лица да получат достатъчно информация, за да могат да упражняват правата си ефикасно|0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Предоставянето на информация на ясен език, лесно разбираем от заподозрения |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Предоставянето на информация при първия контакт с полицията и включването на основни права по ЕКПЧ и ХОПЕС, които се прилагат при задържане, първи разпит и по време на периода на задържането|0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

Осигуряването на средство за проверка на предаването на информацията|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Подобряването на доверието на държавите-членки в справедливото функциониране на системите за наказателно правосъдие в ЕС|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Обща оценка:|0|5|8|12|20|25|

Финансова тежест на държава-членка Оценката се основава на примерно изчисление за онези държави-членки, при които има най-голяма вероятност да се получат разходи по прилагането вследствие на настоящата им практика, която се различава от тази, предвидена във варианта на политиката. Поради липса на статистически данни, цифрите за оперативните разходи не вземат предвид настоящото ниво на оперативни разходи, така че допълнителната финансова тежест по прилагането на варианта на политиката не може да бъде изчислена точно, но може да се очаква, че ще е част от приблизителната сума, представена тук.Оценката се основава на примерно изчисление за онези държави-членки, при които има най-голяма вероятност да се получат разходи по прилагането вследствие на настоящата им практика, която се различава от тази, предвидена във варианта на политиката. Поради липса на статистически данни, цифрите за оперативните разходи не вземат предвид настоящото ниво на оперативни разходи, така че допълнителната финансова тежест по прилагането на варианта на политиката не може да бъде изчислена точно, но може да се очаква, че ще е част от приблизителната сума, представена тук.|-|100 000 € - 10 млн. € (общо разходи за ЕС)|Еднократни разходи: 0 € - 2,5 млн. €Годишни оперативни разходи 0 € - 4,6 млн. € |Еднократни разходи: 0 € - 2,5 млн. €Годишни оперативни разходи 5 000 € - 4,6 млн. €|Еднократни разходи: 15 000 € - 2,5 млн. €Годишни оперативни разходи 5 000 € - 4,6 млн. €|Еднократни разходи: 5 000 € - 2,5 млн. €Годишни оперативни разходи 5 000 € - 4,6 млн. €|

Потенциални спестени разходи в държавите-членки, в които протичат наказателните производства|-|ниски|ниски |ниски до средни|средни |средни до високи|

Таблица 5.2 — Сравнение на оценките за варианти на политиката Б:||

Цели/разходи|Статукво|Б1 |Б2 |Б3 |||

Осигуряване предоставянето на обвиняемите на достатъчно подробна информация за делото, заведено срещу тях, за да могат те да подготвят адекватно своята защита или да оспорят решения от предварителното производство |0|√√|√√√|√√√√√|||

Предоставянето на информация своевременно по начин, по който обвиняемият да разбере в извършването на какво престъпление е обвинен|0|√|√√√|√√√√|||

Осигуряването на средство за проверка на предаването на информацията|0|√|√√|√√√|||

Подобряването на доверието на държавите-членки в справедливото функциониране на системите за наказателно правосъдие в ЕС|0|√|√√√|√√√√√|||

Обща оценка:|0|5|11|17|||

Финансова тежест на държава-членка Прилага се забележката от бележка под линия № 2.Прилага се забележката от бележка под линия № 2.|-|Еднократни разходи: 0 € - 2,6 млн. €Оперативни разходи: 270 000 € - 21 млн. €|Еднократни разходи : 0 € - 2,6 млн. €Оперативни разходи: 1 000 000 € - 30 млн. €|Еднократни разходи : 9 000 € - 2,6 млн. €Оперативни разходи: 270 000 € - 21 млн. €|||

Потенциални спестени разходи в държавите-членки, в които протичат наказателните производства|-|ниски|ниски |средни|||

6. Предпочитаният вариант

Предпочитаният вариант е комбинация от варианти А5 и Б3 .

Приемане на директива, която задължава държавите-членки да осигурят, че задържаните заподозрени лица и обвиняеми са информирани относно своите права в наказателното производство посредством декларация за правата, изготвена от държавите-членки на език, който заподозрените лица и обвиняемите разбират, съдържаща стандартни за ЕС формулировки на минималните права за справедлив процес, установени в приложение към директивата, и в случаите, в които това е валидно, други права в съответствие със съответното законодателство на държавите-членки, и че заподозрените лица и обвиняемите са информирани за делото срещу тях, което трябва да включва предоставянето им (или на техния адвокат) на безплатен достъп до преписката по делото.|

6.1. Добавена на стойност на ЕС и пропорционалност на предпочитания вариант

Предпочитаният вариант създава нови, единни задължения на равнище ЕС (използване на декларация за правата и достъп до преписката по делото). Този хармонизиращ ефект подчертава ефективността на предпочитания вариант при осигуряването на достатъчно информация и насърчаването на доверието в справедливостта на производствата в други държави-членки. При все че варианти А5 и Б3 създават нови задължения, те са само по отношение на съществото на тази мярка: правото на информация. Те не създават нови права, които не са свързани с предоставянето на информация.

И двата аспекта на предпочитания варианти са пропорционални: въпреки че е възможно и двата да изискат редица държави-членки да въведат промени в наказателнопроцесуалните си закони, няма друг ефективен начин за това да се осигури, че заподозрените лица получават цялостна информация.

6.2. Финансово отражение върху държавите-членки

Основното финансово отражение на вариант А5 са еднократните първоначални разходи за въвеждането на схемите за декларация за правата. Те включват основно разходите за съставяне на декларациите, превода им и обучението на полицейски служители, както и при необходимост на прокурори и съдии. Вероятно е тези разходи да варират между 10 000 € и 2,5 млн. € на държава-членка (примерните изчисления за Малта са между 10 600 € — 70 000 €, за Франция — 655 000 € — 2,5 млн. €).) Вероятно е реалните разходи да клонят повече към долната граница на тези предвиждания. Отражението на вариант А5 върху оперативните разходи на държава-членка зависи основно от това каква информация вече се предоставя на заподозрените и колко време отнема това. Вероятно е бюджетното отражение за държави-членки, които вече са въвели схеми с декларации за правата, да бъде минимално. За онези държави-членки, които понастоящем информират заподозрените лица само устно относно техните права, отражението върху разходите за отделен случай ще зависи от това колко подробна е устната информация, която се предоставя в момента.

Що се отнася до вариант Б3 , повечето държави-членки ще понесат незначителни еднократни разходи само при изпълнение на директивата, тъй като те вече позволяват достъп до преписката по делото. Съответно се очакват еднократни разходи за въвеждане на право на достъп до преписката по делото само за тези 3 държави-членки, които все още не предвиждат подобно право. Тези разходи ще са резултат основно от обучението на полицейски служители, прокурори и съдии и ще са между 9 000 € и 2,6 млн. € на държава-членка. Въпреки че точното отражение на този вариант върху оперативните разходи не може да бъде предвидено, вероятно е това отражение да е много ограничено дори за тези 3 държави-членки, които ще трябва да въведат това право.

7. наблюдение и оценка

Предвиждането на стабилен механизъм за наблюдение и оценка е от съществено значение за осигуряването на това предвидените права да прилагат на практика, както и в законодателството. 3 до 5 години след започване на прилагането на предложението, Комисията предвижда да проведе специално емпирично проучване, наблягащо на събирането на данни, за да събере задълбочени качествени и количествени сведения за ефективността на предложението. След като всички мерки от пътната карта бъдат въведени, ще е от ключово значение всяка мярка да бъде оценена в своя контекст, както и да бъде оценена ефикасността на пътната карта като цяло.

[1] 2009/C 295/01

[2] Оценката се основава на примерно изчисление за онези държави-членки, при които има най-голяма вероятност да се получат разходи по прилагането вследствие на настоящата им практика, която се различава от тази, предвидена във варианта на политиката. Поради липса на статистически данни, цифрите за оперативните разходи не вземат предвид настоящото ниво на оперативни разходи, така че допълнителната финансова тежест по прилагането на варианта на политиката не може да бъде изчислена точно, но може да се очаква, че ще е част от приблизителната сума, представена тук.

[3] Прилага се забележката от бележка под линия № 2.

PL

(...PICT...)|KOMISJA EUROPEJSKA|

Bruksela, dnia 20.7.2010 SEK(2010) 908

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI uzupełniający

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW {KOM(2010) 392 wersja ostateczna} {SEK(2010) 907}

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW

1. Kontekst polityczny i procedura

Aby pogłębić wzajemne zaufanie, a tym samym poprawić funkcjonowanie wzajemnego uznawania, w listopadzie 2009 r. Rada Europejska przyjęła harmonogram w zakresie praw procesowych Dz.U. C 295 z 4.12.2009, s. 1. określający podejście zakładające stopniowe zwiększanie praw podejrzanych i oskarżonych:[1]

Dz.U. C 295 z 4.12.2009, s. 1.

Środki obecnie przewidziane w harmonogramie :|

Środek A : tłumaczenie ustne i pisemne|

Środek B : informacje o prawach oraz zarzutach|

Środek C : doradztwo prawne i pomoc prawna|

Środek D : kontakt z osobami bliskimi, pracodawcami i organami konsularnymi|

Środek E : specjalne gwarancje dla podejrzanych lub oskarżonych wymagających szczególnego traktowania |

Niniejsza ocena skutków dotyczy środka B, mającego poprawić sytuację podejrzanych poprzez zagwarantowanie im uzyskania informacji o przysługujących im prawach oraz zarzutach ciążących na nich w postępowaniu karnym.

Ocena skutków ma w dużym zakresie charakter empiryczny: konsultacje z zainteresowanymi podmiotami przeprowadzono przy licznych okazjach, takich jak posiedzenia Forum ds. Wymiaru Sprawiedliwości w 2008 i 2009 r. Uwzględniono w nim również najnowszy dorobek naukowców akademickich.

2. Problem

2.1. Niedostateczne informacje w postępowaniu karnym

Dostęp podejrzanych i oskarżonych do informacji ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania rzetelnego postępowania. Nie można z góry zakładać, że podejrzani znają swoje prawa (takie jak prawo do porady prawnej) w momencie zatrzymania i mogą z nich skutecznie korzystać. Udzielenie informacji o prawach jest przepustką do korzystania z wszystkich praw. Oskarżony musi również uzyskać szczegółowe informacje o oskarżeniu oraz dowodach na jego poparcie, by mógł przygotować swoją obronę.

Podejrzani i oskarżeni nie zawsze otrzymują takie informacje. Państwa członkowskie mają różne systemy przekazywania informacji: w części z nich niektóre informacje w ogóle nie są udzielane. Przykładowo w 4 państwach członkowskich nie ma prawnego obowiązku informowania podejrzanego o prawie do porady prawnej, a tylko w dziesięciu państwach członkowskich podejrzany jest informowany o przysługujących mu prawach na piśmie (pouczenie o prawach). Przepisy i praktyka w zakresie informowania o sprawie są w poszczególnych państwach członkowskich istotnie zróżnicowane: wydawane jest pisemne streszczenie lub też adwokat oskarżonego może uzyskać dostęp do akt sprawy i sporządzić odpisy właściwych fragmentów. W trzech państwach członkowskich nie zapewnia się dostępu do akt sprawy, a nawet w tych państwach członkowskich, gdzie taki dostęp jest zagwarantowany, ma to miejsce na bardzo różnych etapach postępowania.

2.1.1. Niekorzystny wpływ na postępowanie karne i współpracę wymiarów sprawiedliwości

Nieprzekazanie podejrzanym odpowiednich informacji może prowadzić do nierzetelnego postępowania, co z kolei może pociągać za sobą niepotrzebne koszty wynikające z przedłużenia postępowania, środków zaskarżenia oraz przerwania ścigania w państwach członkowskich, w których postępowanie się toczy.

Niedostateczne informacje mogą prowadzić do problemów i kosztów w innych państwach członkowskich, kiedy sąd w państwie członkowskim, w którym toczy się pierwotne postępowanie, występuje o współpracę innych państw członkowskich. Unijne instrumenty mające ułatwić współpracę wymiarów sprawiedliwości z różnych państw członkowskich (takie jak europejski nakaz aresztowania – ENA), opierają się na zasadzie wzajemnego uznawania, tzn. wykonywania orzeczenia sądu w innym państwie członkowskim bez poddawania go jakiejkolwiek dalszej kontroli. Takie, na wpół automatyczne uznawanie, wymaga zaufania między sędziami i sądami. W sytuacjach, w których go brakuje, zasada wzajemnego uznawania nie funkcjonuje, co prowadzi do przedłużenia postępowania i opóźnień w wykonaniu zagranicznych orzeczeń sądowych oraz związanych z tym kosztów. W niedawno rozpatrywanej sprawie w Zjednoczonym Królestwie zarzuty niedostarczenia podejrzanemu dostatecznych informacji w postępowaniu w państwie członkowskim, które wydało ENA w celu wydania mu tej osoby, przypuszczalnie przyczyniły się do tego, że procedura wydania zabrała ponad rok oraz wiązała się z wniesieniem szeregu środków zaskarżenia do sądów wyższej instancji oraz skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co spowodowało powstanie wysokich kosztów.

2.1.2. Obowiązujące normy prawne nie zapewniają właściwej ochrony

Obecnie brakuje wystarczająco wysokich i właściwie egzekwowanych norm. Choć w europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka (EKPCz) ustanowiono prawa minimalne, zainteresowane podmioty są zgodne, że EKPCz i mechanizm jej egzekwowania nie we wszystkich przypadkach zapewniają dostateczną ochronę, w szczególności w zakresie dostarczania odpowiednich informacji o prawach i zarzutach. Wynika to z faktu, że prawo do informacji wynikające z art. 5 i 6 EKPCz nie sięga dostatecznie daleko, a rozpatrywanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka może trwać latami i doprowadzić jedynie do wydania następczego środka zaradczego o ograniczonej skuteczności.

2.2. Nowa równowaga między unijną polityką wymiaru sprawiedliwości oraz wspieraniem swobodnego przepływu obywateli UE poprzez umocnienie praw podstawowych

Chociaż na szczeblu UE podjęto zróżnicowane środki na rzecz zagwarantowania obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa (takie jak wprowadzenie ENA), nie udało się w przeszłości uzgodnić żadnych środków dotyczących norm w dziedzinie rzetelnego procesu. Przyjmując w listopadzie 2009 r. harmonogram praw procesowych, Rada uznała potrzebę pilnego podjęcia działań na rzecz umocnienia praw procesowych podejrzanych w UE. Harmonogram toruje drogę dla działań UE zapewniających ochronę praw podstawowych w zakresie wykraczającym poza ten oferowany przez EKPCz. Dzięki temu gwarancje dotyczące rzetelnego procesu sądowego zapisane w art. 47 i 48 Karty praw podstawowych UE (KPPUE) zyskałyby także specyficzny unijny wymiar i przyczyniłyby się do usunięcia rzeczywistych oraz pozornych barier dla swobodnego przepływu obywateli gwarantowanego przez art. 21 ust. 2 TFUE.

2.3. Obecny i perspektywiczny zakres problemu

Chociaż brakuje danych na temat liczby postępowań, w których wniesiono skargę z powodu braku informacji, zainteresowane podmioty wskazują, że problem niedostatecznych informacji, chociaż nie występuje powszechnie, jest dotkliwy i nie ogranicza się do niektórych tylko państw członkowskich. Prognozuje się, że wzajemne zaufanie między organami sądowymi państw członkowskich pozostanie na obecnym, niedostatecznym poziomie, ponieważ przypuszczalnie powtarzać się będą przypadki, w których organy państw członkowskich nie dostarczą podejrzanym lub oskarżonym wymaganych informacji. Intensywniejszy przepływ obywateli między państwami członkowskimi zwiększy zapotrzebowanie na współpracę wymiarów sprawiedliwości i konieczne będzie wprowadzenie w życie oraz stosowanie dalszych unijnych środków w tej dziedzinie, przez co potrzeba zwiększenia wzajemnego zaufania stanie się jeszcze bardziej nagląca.

2.4. Uprawnienie UE do działania

Na mocy art. 82 ust. 2 lit. b) TFUE można w drodze dyrektyw przyjmować normy minimalne dotyczące praw jednostek w postępowaniu karnym, w zakresie niezbędnym dla ułatwienia wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych, jak również współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych o wymiarze transgranicznym. Ponieważ obecnie między państwami członkowskimi występują znaczne różnice w zakresie udzielania informacji, mało prawdopodobne jest, by państwa członkowskie zdołały indywidualnie ustanowić dostatecznie wysokie normy udzielania informacji w całej UE – cel ten można osiągnąć tylko przez działanie na szczeblu UE.

3. Cele

Ogólne:|Poprawa współpracy wymiarów sprawiedliwości poprzez przywrócenie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi w rzetelne zarządzanie systemami wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Zagwarantowanie wysokiej ochrony praw podstawowych w postępowaniu karnym, co sprzyja swobodnemu przepływowi obywateli UE po terytorium UE.|

Szczegółowe:|Ułatwienie wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach karnych poprzez zagwarantowanie uzyskiwania przez podejrzanych dostatecznych informacji o przysługujących im prawach , najlepiej na piśmie, by mogli skutecznie korzystać z prawa do obrony. |Ułatwienie wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach karnych poprzez zapewnienie uzyskiwania przez oskarżonych dostatecznie szczegółowych informacji o oskarżeniu , by umożliwić im odpowiednie przygotowanie obrony oraz zaskarżenie decyzji wydanych w postępowaniu przygotowawczym. |

Operacyjne:|Informacje udzielane podejrzanym na temat praw przysługujących im dla zapewnienia rzetelnego procesu powinny: być przedstawione w sposób przejrzysty, by podejrzany mógł je łatwo zrozumieć; zostać udzielone przy pierwszym kontakcie z policją;obejmować informacje o podstawowych prawach wynikających z EKPCz i KPPUE, mających zastosowanie do zatrzymania i pierwszego przesłuchania oraz w okresie zatrzymania;zostać udzielone w taki sposób, by można było sprawdzić, czy zostały przekazane.|Informacje udzielane oskarżonym na temat zarzutów lub oskarżenia powinny:być wystarczająco szczegółowe, by umożliwić odpowiednie przygotowanie obrony lub zaskarżenie decyzji wydanych w postępowaniu przygotowawczym;być udzielone odpowiednio szybko oraz w taki sposób, by oskarżony zrozumiał stawiane mu zarzuty;zostać udzielone w taki sposób, by można było sprawdzić, czy zostały przekazane.|

4. Warianty strategiczne i ich skutki

· Utrzymanie status quo : wariant ten nie pociągałby za sobą żadnych działań na szczeblu UE.

· Warianty strategiczne A dotyczące problemu podejrzanych nie zawsze otrzymujących odpowiednie informacje o przysługujących im prawach :

Działanie nielegislacyjne:Wariant strategiczny A1: ogólnounijna kampania na temat minimalnego zakresu prawa do obronyWariant strategiczny A2 : zalecenie Rady na temat dobrej praktyki w zakresie informowania podejrzanych i oskarżonych o ich prawachDziałania legislacyjne UEWariant strategiczny A3 : wprowadzenie na terytorium całej UE obowiązku informowania podejrzanych o przysługujących im prawach w sposób wybrany przez państwa członkowskieWariant strategiczny A4 : wprowadzenie na terytorium całej UE obowiązku informowania zatrzymanych podejrzanych o ich prawach w pouczeniu o prawach opracowanym przez państwa członkowskie, zawierającym wspólny minimalny zestaw praw (prawa z EKPCz i przepisów UE), do których państwa członkowskie mogłyby dodać dalsze prawa wynikające z ich własnych przepisówWariant strategiczny A5 : wprowadzenie na terytorium całej UE obowiązku informowania zatrzymanych podejrzanych o przysługujących im prawach w pouczeniu o prawach zawierającym standardowe, ogólnounijne formuły praw minimalnych i określonym w załączniku do dyrektywy|

Warianty strategiczne B dotyczące problemu oskarżonych nie zawsze otrzymujących odpowiednie informacje o oskarżeniu w sposób szybki i szczegółowy oraz w zrozumiałym dla nich języku

Działanie nielegislacyjne:Wariant strategiczny B1 : zalecenie Rady na temat dobrej praktyki i szkoleń w zakresie informowania oskarżonych o ciążących na nich zarzutachDziałania legislacyjne UEWariant strategiczny B2: wprowadzenie na terytorium całej UE obowiązku informowania oskarżonych o oskarżeniu w sposób wybrany przez państwa członkowskieWariant strategiczny B3: wprowadzenie na terytorium całej UE obowiązku informowania oskarżonych o oskarżeniu, w tym przyznanie im (lub ich adwokatowi) dostępu do akt sprawy |

5. Porównanie wariantów strategicznych

W poniższych tabelach przedstawiono porównanie relatywnej oceny wariantów strategicznych na tle konkretnych celów i celów operacyjnych. Warianty zostały sklasyfikowane według tego, w jakim stopniu pozwalają na osiągnięcie celów określonych w części 3. Oceny dotyczące spodziewanej skuteczności w realizacji celów mają równą wagę przy obliczaniu wyniku końcowego.

Warianty A5 i B3 wykazują największy potencjał i dlatego zostały uznane za warianty preferowane.

Tabela 5.1 – Porównanie ocen wariantów strategicznych A :||

Cel /koszt|Utrzymanie status quo| A1| A2 | A3| A4 | A5 |

Zapewnienie, by podejrzani otrzymywali dostateczne informacje, aby mogli skutecznie korzystać ze swoich praw|0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Udzielenie przejrzystych informacji, łatwych do zrozumienia przez podejrzanego |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Udzielenie informacji przy pierwszym kontakcie z policją, obejmujących informacje o podstawowych prawach wynikających z EKPCz i KPPUE, mających zastosowanie do zatrzymania i pierwszego przesłuchania oraz w okresie zatrzymania|0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

Zagwarantowanie środków umożliwiających sprawdzenie, czy informacje zostały przekazane|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Zwiększenie zaufania państw członkowskich co do rzetelnego funkcjonowania wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych w całej UE|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Łączny wynik:|0|5|8|12|20|25|

Obciążenie finansowe na każde państwo członkowskie Podany zakres obciążeń uzyskano w oparciu o model obliczeń dla tych państw członkowskich, które najprawdopodobniej zmuszone będą ponieść koszty realizacji wariantu ze względu na to, że ich obecna praktyka odbiega od tej przewidzianej w wariancie. Ze względu na brak danych statycznych, w kwotach kosztów operacyjnych nie uwzględniono obecnego poziomu kosztów operacyjnych, zatem dodatkowe obciążenie finansowe związane z realizacją wariantu nie mogą być precyzyjnie obliczone. Można jednak oczekiwać, że będą stanowić niewielki procent orientacyjnych kwot przedstawionych w tabeli. Podany zakres obciążeń uzyskano w oparciu o model obliczeń dla tych państw członkowskich, które najprawdopodobniej zmuszone będą ponieść koszty realizacji wariantu ze względu na to, że ich obecna praktyka odbiega od tej przewidzianej w wariancie. Ze względu na brak danych statycznych, w kwotach kosztów operacyjnych nie uwzględniono obecnego poziomu kosztów operacyjnych, zatem dodatkowe obciążenie finansowe związane z realizacją wariantu nie mogą być precyzyjnie obliczone. Można jednak oczekiwać, że będą stanowić niewielki procent orientacyjnych kwot przedstawionych w tabeli.|-|100 000 - 10 mln EUR (ogólne koszty dla UE)|Jednorazowo: 0 - 2,5 mln EURRoczne koszty operacyjne: 0 - 4,6 mln EUR |Jednorazowo: 0 - 2,5 mln EURRoczne koszty operacyjne: 5 000 - 4,6 mln EUR|Jednorazowo: 15 000 - 2,5 mln EURRoczne koszty operacyjne: 5 000 - 4,6 mln EUR|Jednorazowo: 5 000 - 2,5 mln EURRoczne koszty operacyjne: 5 000 - 4,6 mln EUR|

Potencjalne oszczędności w państwach członkowskich, w których toczy się postępowanie karne|-|niskie|niskie |niskie do średnich|średnie |średnie do wysokich|

Tabela 5.2 – Porównanie ocen wariantów strategicznych B :||

Cel /koszt|Utrzymanie status quo|B1 |B2 |B3 |||

Zapewnienie, by oskarżeni otrzymywali wystarczająco szczegółowe informacje na temat sprawy, aby mogli przygotować swoją obronę oraz zaskarżyć decyzje wydane w postępowaniu przygotowawczym |0|√√|√√√|√√√√√|||

Udzielanie informacji szybko i w taki sposób, by oskarżony zrozumiał stawiane mu zarzuty|0|√|√√√|√√√√|||

Zagwarantowanie środków umożliwiających sprawdzenie, czy informacje zostały przekazane|0|√|√√|√√√|||

Zwiększenie zaufania państw członkowskich co do rzetelnego funkcjonowania wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych w całej UE|0|√|√√√|√√√√√|||

Łączny wynik:|0|5|11|17|||

Obciążenie finansowe na każde państwo członkowskie Zob. zastrzeżenie w przypisie 2. Zob. zastrzeżenie w przypisie 2.|-|Jednorazowo: 0 - 2,6 mln EUROperacyjne: 270 000 - 21 mln EUR|Jednorazowo: 0 - 2,6 mln EUROperacyjne: 1 000 000 - 30 mln EUR|Jednorazowo: 9 000 - 2,6 mln EUROperacyjne: 270 000 - 21 mln EUR|||

Potencjalne oszczędności w państwach członkowskich, w których toczy się postępowanie karne|-|niskie|niskie |średnie|||

6. Wariant preferowany

Wariant preferowany to połączenie wariantów A5 i B3 :

Przyjęcie dyrektywy zobowiązującej państwa członkowskie do zagwarantowania, by: zatrzymani podejrzani i oskarżeni byli informowani o prawach przysługujących im w postępowaniu karnym w formie pouczenia o prawach w zrozumiałym dla nich języku, sporządzonego przez państwa członkowskie i zawierającego standardowe, ogólnounijne formuły minimalnych praw w zakresie rzetelnego procesu sądowego określonych w załączniku do dyrektywy oraz ewentualne dalsze prawa zgodnie z przepisami poszczególnych państw członkowskich, orazpodejrzani i oskarżeni byli informowani o stawianych im zarzutach, co musi obejmować przyznanie im (lub ich adwokatowi) bezpłatnego dostępu do akt sprawy.|

6.1. Wartość dodana na szczeblu UE oraz proporcjonalność wariantu preferowanego

Wariant preferowany wprowadza na terytorium całej UE nowe obowiązki (przekazywanie pouczenia o prawach i dostęp do akt sprawy). Ten efekt harmonizujący wyróżnia wariant preferowany pod kątem skuteczności w zapewnieniu właściwych informacji oraz sprzyjania zaufaniu w sprawiedliwość postępowań w innych państwach członkowskich. Chociaż warianty A5 i B3 prowadzą do powstania nowych obowiązków, dzieje się tak jedynie w odniesieniu do zasadniczego przedmiotu rozpatrywanego środka: prawa do informacji. Warianty te nie tworzą nowych praw niezwiązanych z udzielaniem informacji.

Oba aspekty wariantu preferowanego są proporcjonalne: chociaż każdy z nich przypuszczalnie wymagać będzie od licznych państw członkowskich wprowadzenia zmian w ich przepisach postępowania karnego, nie ma innych środków pozwalających skutecznie zapewnić uzyskiwanie przez podejrzanych kompleksowych informacji.

6.2. Wpływ finansowy na państwa członkowskie

Główne oddziaływanie finansowe wariantu A5 to jednorazowe koszty ustanowienia/uruchomienia związane z wprowadzeniem systemu pouczeń o prawach. Składają się na nie przede wszystkim koszty sporządzenia pouczeń, przetłumaczenia ich oraz wyszkolenia funkcjonariuszy policji, a także, w razie potrzeby, prokuratorów i sędziów. Koszty te przypuszczalnie wyniosą od 10 000 do 2,5 mln EUR na każde państwo członkowskie (modelowe obliczenia dla Malty dają wynik między 10 600 a 70 000 EUR, a dla Francji między 655 000 a 2,5 mln EUR). Przypuszczalnie rzeczywiste koszty będą się kształtować na poziomie bliższym początkowi podanych przedziałów. Wpływ wariantu A5 na koszty operacyjne ponoszone przez poszczególne państwa członkowskie zależeć będzie przede wszystkim od tego, jakie informacje o prawach są już obecnie udzielane podejrzanym oraz ile zajmuje to czasu. Skutki budżetowe dla państw członkowskich, w których już dziś funkcjonuje system pouczeń o prawach będą przypuszczalnie minimalne. W przypadku tych państw, gdzie obecnie ustnie informuje się podejrzanych o przysługujących im prawach koszty będą zależeć od tego, jak szczegółowe są informacje przekazywane w tej formie.

Jeżeli chodzi o wariant B3 , większość państw członkowskich poniesie nieznaczne jednorazowe koszty wyłącznie w toku wdrażania dyrektywy, ponieważ już obecnie zapewniają one dostęp do akt sprawy. Zatem konieczności poniesienia jednorazowych kosztów związanych z wprowadzeniem dostępu do akt sprawy spodziewać się można wyłącznie w przypadku tych 3 państw członkowskich, które nie przewidują obecnie takiego prawa. Będą one przypuszczalnie wynikać głównie ze szkolenia funkcjonariuszy policji, prokuratorów i sędziów i wyniosą od 9 000 do 2,6 mln EUR na państwo członkowskie. Chociaż nie można przewiedzieć precyzyjnie wpływu tego wariantu na koszty operacyjne , przypuszczalnie nawet w przypadku tych 3 państw członkowskich, które będą musiały wprowadzić omawiane prawo, wzrost kosztów operacyjnych będzie bardzo ograniczony.

7. monitoring i ocena

Zapewnienie solidnego mechanizmu monitorowania i oceny ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania przestrzegania przewidzianych praw zarówno w praktyce, jak i w przepisach. Komisja przewiduje przeprowadzenie specjalnej empirycznej analizy, która skoncentruje się na kwestii gromadzenia danych, po upływie 3-5 lat od daty wdrożenia dyrektywy, by zdobyć kompleksowe dane ilościowe i jakościowe na temat skuteczności wniosku. Po wprowadzeniu wszystkich środków przewidzianych w harmonogramie konieczne będzie ocenienie każdego środka w jego kontekście, jak również dokonanie oceny skuteczności harmonogramu jako całości.

[1] Dz.U. C 295 z 4.12.2009, s. 1.

[2] Podany zakres obciążeń uzyskano w oparciu o model obliczeń dla tych państw członkowskich, które najprawdopodobniej zmuszone będą ponieść koszty realizacji wariantu ze względu na to, że ich obecna praktyka odbiega od tej przewidzianej w wariancie. Ze względu na brak danych statycznych, w kwotach kosztów operacyjnych nie uwzględniono obecnego poziomu kosztów operacyjnych, zatem dodatkowe obciążenie finansowe związane z realizacją wariantu nie mogą być precyzyjnie obliczone. Można jednak oczekiwać, że będą stanowić niewielki procent orientacyjnych kwot przedstawionych w tabeli.

[3] Zob. zastrzeżenie w przypisie 2.

DE

(...PICT...)|EUROPÄISCHE KOMMISSION|

Brüssel, den 20.7.2010

SEK(2010) 908

ARBEITSDOKUMENT DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN ZUSAMMENFASSUNG DER FOLGENABSCHÄTZUNG

zum Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über das Recht auf Belehrung in Strafverfahren {KOM(2010) 392 endgültig} {SEK(2010) 907}

ARBEITSDOKUMENT DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN

ZUSAMMENFASSUNG DER FOLGENABSCHÄTZUNG

1. Kontext und Verfahren

Zur Vertiefung des gegenseitigen Vertrauens und damit zur wirksameren Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung nahm der Europäische Rat im November 2009 den Fahrplan zur Stärkung der Verfahrensrechte 2009/C 295/01. an, der auf eine schrittweise Stärkung der Rechte von Verdächtigen oder Beschuldigten abzielt:[1]

2009/C 295/01.

Derzeit im Fahrplan vorgesehene Maßnahmen:|

Maßnahme A: Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen|

Maßnahme B: Rechtsbelehrung und Belehrung über den Tatvorwurf|

Maßnahme C: Rechtsbeistand und Prozesskostenhilfe|

Maßnahme D: Kommunikation mit Angehörigen, Arbeitgebern und Konsularbehörden|

Maßnahme E: Besondere Garantien für schutzbedürftige Verdächtige oder Beschuldigte |

Diese Folgenabschätzung bezieht sich auf die Maßnahme B, mit der die Situation von Verdächtigen verbessert werden soll, indem sichergestellt wird, dass diese in Strafverfahren über ihre Rechte und den gegen sie erhobenen Tatvorwurf belehrt werden.

Die Folgenabschätzung stützt sich im Wesentlichen auf empirische Grundlagen: So wurden bei verschiedenen Gelegenheiten, zum Beispiel auf den Tagungen des Rechtsforums in den Jahren 2008 und 2009, interessierte Kreise konsultiert. Die Ergebnisse aktueller wissenschaftlicher Untersuchungen sind ebenfalls in die Folgenabschätzung eingeflossen.

2. Die Problematik

2.1. Unzureichende Information in Strafverfahren

Der Zugang von Verdächtigen und Beschuldigten zu Informationen trägt entscheidend zur Gewährleistung fairer Verfahren bei. Es ist nicht davon auszugehen, dass Verdächtige ihre Rechte (wie das Recht auf Rechtsbeistand) zum Zeitpunkt der Festnahme gut genug kennen, um diese Rechte auch tatsächlich wahrnehmen zu können. Die Rechtsbelehrung ist die Voraussetzung dafür, dass alle Rechte in Anspruch genommen werden können. Um seine Verteidigung vorzubereiten, muss ein Beschuldigter außerdem genau wissen, welche Tat ihm zur Last gelegt wird und welche Beweismittel vorliegen.

Verdächtige und Beschuldigte erhalten diese Informationen nicht in allen Fällen. Die Mitgliedstaaten verfügen über unterschiedliche Systeme für die Mitteilung der Informationen; in einigen Mitgliedstaaten werden manche Informationen überhaupt nicht mitgeteilt. So besteht in vier Mitgliedstaaten keine gesetzliche Verpflichtung, einen Verdächtigen von seinem Recht auf Rechtsbeistand in Kenntnis zu setzen, und nur in zehn Mitgliedstaaten wird ein Verdächtiger in Form einer schriftlichen Mitteilung (Erklärung der Rechte) über seine Rechte unterrichtet. Die Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten der einzelnen Mitgliedstaaten weichen in Bezug auf die Information über die Rechtssache erheblich voneinander ab. Es kann sein, dass eine schriftliche Zusammenfassung ausgehändigt wird oder dass dem Rechtsanwalt des Beschuldigten Akteneinsicht gewährt wird und er die maßgeblichen Teile der Akte kopieren darf. In drei Mitgliedstaaten gibt es die Möglichkeit der Akteneinsicht überhaupt nicht, und selbst in den Mitgliedstaaten, die eine Akteneinsicht vorsehen, gibt es große Unterschiede, was den Verfahrensabschnitt betrifft, in dem Akteneinsicht gewährt wird.

2.1.1. Negative Auswirkungen auf Strafverfahren und die justizielle Zusammenarbeit

In Ländern, in denen Verdächtige nicht angemessen informiert werden, können Strafverfahren unfair sein, was wiederum zu unnötigen Kosten aufgrund von langwierigen Verfahren, Rechtsmitteln und eingestellten Strafverfolgungen im Verfahrensmitgliedstaat führt.

Unzureichende Informationen können außerdem Probleme und Kosten in anderen Mitgliedstaaten verursachen, wenn ein Gericht des Mitgliedstaats, in dem das ursprüngliche Strafverfahren stattfindet, andere Mitgliedstaaten um Kooperation ersucht. EU-Instrumente zur Erleichterung der justiziellen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten (wie der Europäische Haftbefehl) stützen sich auf den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung, wonach Gerichtsentscheidungen ohne weitere Überprüfung in anderen Mitgliedstaaten zu vollstrecken sind. Eine solche quasi-automatische Anerkennung setzt Vertrauen zwischen Richtern und Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten voraus. Wo dieses Vertrauen fehlt, funktioniert die gegenseitige Anerkennung nicht; die Folgen sind langwierige Verfahren und Verzögerungen bei der Vollstreckung ausländischer Gerichtsentscheidungen sowie entsprechende Kosten. Der Umstand, dass ein Verdächtiger in einem Verfahren in dem Mitgliedstaat, der einen Europäischen Haftbefehl zwecks Übergabe des Betreffenden erlassen hatte, angeblich unzureichend informiert wurde, hat in einer Rechtssache im Vereinigten Königreich wahrscheinlich dazu beigetragen, dass sich das Übergabeverfahren länger als ein Jahr hinzog, mehrere Rechtsmittel bei höherinstanzlichen Gerichten eingelegt wurden und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte angerufen wurde, was mit erheblichen Kosten verbunden war.

2.1.2. Kein adäquater Schutz aufgrund der bestehenden Rechtsnormen

Derzeit gibt es keine ausreichend hohen Normen, die hinlänglich durchgesetzt werden. Obwohl in der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) Mindestrechte verankert sind, stimmen die beteiligten Akteure darin überein, dass die EMRK und die Mechanismen zu ihrer Durchsetzung nicht in allen Fällen einen ausreichenden Schutz bieten, insbesondere was eine angemessene Belehrung über die Rechte und den Tatvorwurf anbelangt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Recht auf Belehrung gemäß den Artikeln 5 und 6 EMRK nicht weit genug geht und dass es im Falle der Anrufung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte Jahre dauern kann, bis eine Entscheidung ergeht, und die nachträglich beschlossene Abhilfemaßnahme nur begrenzt Wirkung hat.

2.2. Neugewichtung der EU-Justizpolitik und Förderung des freien Personenverkehrs der Unionsbürger durch Stärkung der Grundrechte

Während auf EU-Ebene mehrere Maßnahmen getroffen wurden, um den Bürgern ein hohes Maß an Sicherheit zu garantieren (u. a. Einführung des Europäischen Haftbefehls), konnten bislang keine Maßnahmen im Zusammenhang mit Normen für ein faires Verfahren vereinbart werden. Mit der Annahme des Fahrplans zur Stärkung der Verfahrensrechte im November 2009 erkannte der Rat an, dass dringend Bedarf an Maßnahmen zur Stärkung der Verfahrensrechte von Verdächtigen in der EU besteht. Der Fahrplan ebnet den Weg für EU-Maßnahmen, die einen Grundrechtsschutz gewährleisten, der über den durch die EMRK gebotenen Schutz hinausgeht. Damit würden auch die in den Artikeln 47 und 48 der EU-Grundrechtecharta im Hinblick auf faire Gerichtsverfahren verankerten Garantien auf EU-Ebene besondere Bedeutung erlangen und ebenfalls dazu beitragen, die tatsächlichen und die empfundenen Hindernisse für das durch Artikel 21 Absatz 2 AEUV garantierte Recht der Unionsbürger, sich in der EU frei zu bewegen und aufzuhalten, abzubauen.

2.3. Gegenwärtige und künftige Tragweite des Problems

Auch wenn keine Daten zur Anzahl der Verfahren vorliegen, in denen eine unzureichende Belehrung beanstandet wurde, ist das Problem unzulänglicher Informationen laut Angaben der beteiligten Akteure zwar kein generelles Problem, aber dennoch schwerwiegend und nicht auf bestimmte Mitgliedstaaten beschränkt. Das Vertrauen zwischen den Justizbehörden der Mitgliedstaaten dürfte auf dem gegenwärtigen unzureichenden Stand bleiben, weil es aller Wahrscheinlichkeit immer wieder vorkommen wird, dass Behörden der Mitgliedstaaten Verdächtige oder Beschuldigte nicht entsprechend unterrichten. Da der zunehmende Personenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten den Bedarf an justizieller Zusammenarbeit erhöhen wird und da weitere EU-Maßnahmen zur justiziellen Zusammenarbeit umgesetzt und in naher Zukunft angewandt werden müssen, wird die Vertiefung des gegenseitigen Vertrauens zu einem noch dringlicheren Anliegen.

2.4. Handlungsbefugnis der EU

Nach Artikel 82 Absatz 2 Buchstabe b AEUV können durch Richtlinien Mindestvorschriften betreffend die Rechte des Einzelnen im Strafverfahren festgelegt werden, soweit dies zur Erleichterung der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Urteile und Entscheidungen und der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen mit grenzüberschreitender Dimension erforderlich ist. Da bei der Bereitstellung von Informationen derzeit große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bestehen, ist es unwahrscheinlich, dass durch einseitige Maßnahmen der Mitgliedstaaten unionsweit ein ausreichend hoher Standard für die Bereitstellung von Informationen erreicht werden kann; ein solcher Standard ist nur durch Maßnahmen auf EU-Ebene zu erreichen.

3. Ziele

Übergeord netes Ziel:|Verbesserung der justiziellen Zusammenarbeit durch Stärken des Vertrauens der Mitgliedstaaten in das ordnungsgemäße Funktionieren der Strafrechtssysteme Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Grundrechte in Strafverfahren und damit Förderung des freien Personenverkehrs der Unionsbürger in der gesamten EU|

Einzelziele:|Erleichterung der Vollstreckung und Durchsetzung gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen, indem sichergestellt wird, dass Verdächtige, vorzugsweise schriftlich, hinlänglich über ihre Rechte belehrt werden, damit sie ihre Verteidigungsrechte tatsächlich wahrnehmen können |Erleichterung der Vollstreckung und Durchsetzung gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen, indem sichergestellt wird, dass Beschuldigte hinlänglich detailliert über den gegen sie erhobenen Tatvorwurf belehrt werden, damit sie in der Lage sind, ihre Verteidigung angemessen vorzubereiten oder im Vorverfahren ergangene Entscheidungen anzufechten |

Operative Ziele:|Die Informationen, die Verdächtigen zu ihren Rechten im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines fairen Verfahrens erteilt werden, sollten in einer klaren Sprache abgefasst sein, die Verdächtige leicht verstehen, beim ersten Polizeikontakt bereitgestellt werden,auch die wichtigsten Rechte aufgrund der EMRK und der EU-Grundrechtecharta betreffen, die bei der Festnahme, der Erstvernehmung und während der Haft anwendbar sind,so vermittelt werden, dass überprüft werden kann, ob die Informationen mitgeteilt worden sind.|Die Informationen, die Beschuldigten zum Tatvorwurf erteilt werden, solltenso detailliert sein, dass die Betreffenden ihre Verteidigung angemessen vorbereiten oder im Vorverfahren ergangene Entscheidungen anfechten können,rechtzeitig und auf eine Weise bereitgestellt werden, dass die Beschuldigten den gegen sie erhobenen Tatvorwurf verstehen,so vermittelt werden, dass überprüft werden kann, ob die Informationen mitgeteilt worden sind.|

4. Optionen und ihre Auswirkungen

· Beibehaltung des Status quo: Diese Option würde bedeuten, dass auf EU-Ebene keine Maßnahmen getroffen werden.

· Optionen A zur Lösung des Problems, dass Verdächtige nicht immer angemessen über ihre Rechte belehrt werden:

Nichtlegislative Maßnahmen:Option A1: EU-weite Kampagne zur Aufklärung über die wichtigsten VerteidigungsrechteOption A2: Empfehlung des Rates zu bewährten Vorgehensweisen für die Belehrung Verdächtiger und Beschuldigter über ihre RechteRechtsetzungsmaßnahmen der EU:Option A3: EU-weite Verpflichtung zur Belehrung Verdächtiger über ihre Rechte durch von den Mitgliedstaaten zu wählende MittelOption A4: EU-weite Verpflichtung zur Belehrung inhaftierter Verdächtiger über ihre Rechte durch eine von den Mitgliedstaaten abzufassende Erklärung der Rechte, die ein gemeinsames Mindestmaß an Rechten (Rechte aufgrund der EMRK und des EU-Rechts) enthält und die die Mitgliedstaaten um weitere Rechte aufgrund der jeweiligen innerstaatlichen Rechtsvorschriften ergänzen könnenOption A5: EU-weite Verpflichtung zur Belehrung inhaftierter Verdächtiger über ihre Rechte durch eine Erklärung der Rechte, die EU-weit vorgegebene Standardformulierungen für die Mindestrechte gemäß einem Richtlinienanhang enthält|

Optionen B zur Lösung des Problems, dass Beschuldigte nicht immer unverzüglich, detailliert und in einer ihnen verständlichen Sprache angemessen über den gegen sie erhobenen Tatvorwurf belehrt werden:

Nichtlegislative Maßnahmen:Option B1: Empfehlung des Rates zu bewährten Vorgehensweisen und zu Schulungen im Hinblick auf die Belehrung Beschuldigter über den gegen sie erhobenen TatvorwurfRechtsetzungsmaßnahmen der EU:Option B2: EU-weite Verpflichtung zur Belehrung Beschuldigter über den gegen sie erhobenen Tatvorwurf durch von den Mitgliedstaaten zu wählende MittelOption B3: EU-weite Verpflichtung zur Belehrung Beschuldigter über den gegen sie erhobenen Tatvorwurf, einschließlich Gewährung von Akteneinsicht für die Betroffenen (oder ihren Rechtsanwalt) |

5. Vergleich der Optionen

Die nachstehenden Tabellen geben Aufschluss darüber, wie die Optionen unter Zugrundelegung der Einzelziele und der operativen Ziele im Verhältnis zueinander bewertet wurden. Die Optionen werden entsprechend ihren Möglichkeiten zur Erfüllung der in Abschnitt 3 genannten Zielvorgaben eingestuft. Die Bewertungen für die erwartete Wirksamkeit im Hinblick auf die Erreichung der Ziele werden in der Endsumme genauso gewichtet.

Die Optionen A5 und B3 weisen das beste Potenzial auf und sind daher vorzuziehen.

Tabelle 5.1 – Bewertung der Optionen A :||

Ziele/Kosten|Beibehaltung des Status quo| A1| A2 | A3| A4 | A5 |

Sicherstellen, dass Verdächtige hinlänglich über ihre Rechte belehrt werden, um diese tatsächlich wahrnehmen zu können|0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Bereitstellen von Informationen in einer klaren Sprache, die Verdächtige leicht verstehen |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Bereitstellen von Informationen beim ersten Polizeikontakt, einschließlich Belehrung über die wichtigsten Rechte aufgrund der EMRK und der EU-Grundrechte charta, die bei der Festnahme, der Erstvernehmung und während der Haft anwendbar sind|0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

Sicherstellen, dass überprüft werden kann, ob die Informationen mitgeteilt worden sind|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Stärken des Vertrauens der Mitgliedstaaten in das ordnungs gemäße Funktionieren der Strafrechts systeme in der gesamten EU|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Bewertungs ergebnis:|0|5|8|12|20|25|

Finanzielle Belastung je Mitgliedstaat Die angegebenen Kostenspannen basieren auf einer Modellberechnung für jene Mitgliedstaaten, in denen am ehesten Umsetzungskosten infolge gegenwärtiger Gepflogenheiten, die von der in der Option geplanten Vorgehensweise abweichen, anfallen. Aufgrund der unzureichenden verfügbaren Statistikangaben ist in den Zahlen zu den operativen Kosten nicht die gegenwärtige Höhe der operativen Kosten berücksichtigt, so dass die zusätzliche finanzielle Belastung durch die Umsetzung der Option nicht genau berechnet werden kann; sie dürfte aber einen Bruchteil der hier angegebenen indikativen Zahl ausmachen.Die angegebenen Kostenspannen basieren auf einer Modellberechnung für jene Mitgliedstaaten, in denen am ehesten Umsetzungskosten infolge gegenwärtiger Gepflogenheiten, die von der in der Option geplanten Vorgehensweise abweichen, anfallen. Aufgrund der unzureichenden verfügbaren Statistikangaben ist in den Zahlen zu den operativen Kosten nicht die gegenwärtige Höhe der operativen Kosten berücksichtigt, so dass die zusätzliche finanzielle Belastung durch die Umsetzung der Option nicht genau berechnet werden kann; sie dürfte aber einen Bruchteil der hier angegebenen indikativen Zahl ausmachen.|-|100 000 € - 10 Mio. € (Gesamtkosten für die EU)|Einmalige Anfangskosten: 0 € - 2,5 Mio. €Operative Kosten pro Jahr: 0 € - 4,6 Mio. € |Einmalige Anfangskosten: 0 € - 2,5 Mio. €Operative Kosten pro Jahr: 5 000 € - 4,6 Mio. €|Einmalige Anfangskosten: 15 000 € - 2,5 Mio. €Operative Kosten pro Jahr: 5 000 € - 4,6 Mio. €|Einmalige Anfangskosten: 5 000 € - 2,5 Mio. €Operative Kosten pro Jahr: 5 000 € - 4,6 Mio. €|

Etwaige Kosten ersparnisse in den Mitgliedstaaten, in denen die Strafverfahren stattfinden|-|gering|gering |gering bis mittel|mittel |mittel bis hoch|

Tabelle 5.2 – Bewertung der Optionen B :||

Ziele/Kosten|Beibehaltung des Status quo|B1 |B2 |B3 |||

Sicherstellen, dass Beschuldigte hinlänglich detailliert über die Rechtssache informiert werden, damit sie in der Lage sind, ihre Verteidigung angemessen vorzubereiten oder im Vorverfahren ergangene Entscheidungen anzufechten |0|√√|√√√|√√√√√|||

Rechtzeitig Informationen so bereitstellen, dass die Beschuldigten den gegen sie erhobenen Tatvorwurf verstehen|0|√|√√√|√√√√|||

Sicherstellen, dass überprüft werden kann, ob die Informationen mitgeteilt worden sind|0|√|√√|√√√|||

Stärken des Vertrauens der Mitgliedstaaten in das ordnungs gemäße Funktionieren der Strafrechts systeme in der gesamten EU|0|√|√√√|√√√√√|||

Bewertungs ergebnis:|0|5|11|17|||

Finanzielle Belastung je Mitgliedstaat Es gilt der in Fußnote 2 genannte Vorbehalt.Es gilt der in Fußnote 2 genannte Vorbehalt.|-|Einmalige Kosten : 0 € - 2,6 Mio. €Operative Kosten: 270 000 € - 21 Mio. €|Einmalige Kosten : 0 € - 2,6 Mio. €Operative Kosten: 100 000 € - 30 Mio. €|Einmalige Kosten : 9 000 € - 2,6 Mio. €Operative Kosten: 270 000 € - 21 Mio. €|||

Etwaige Kosten ersparnisse in den Mitgliedstaaten, in denen die Strafverfahren stattfinden|-|gering|gering |mittel|||

6. Vorzuziehende Option

Vorzuziehen ist eine Kombination der Optionen   A5 und B3 :

Erlass einer Richtlinie, die die Mitgliedstaaten verpflichtet sicherzustellen, dass inhaftierte Verdächtige und Beschuldigte belehrt werden über ihre Rechte in Strafverfahren durch eine Erklärung der Rechte in einer ihnen verständlichen Sprache, die von dem betreffenden Mitgliedstaat abgefasst wurde und EU-weit vorgegebene Standardformulierungen für die Mindestrechte zur Gewährleistung eines fairen Verfahrens gemäß einem Richtlinienanhang und gegebenenfalls weitere Rechte aufgrund der jeweiligen innerstaatlichen Rechtsvorschriften enthält unddass Verdächtige und Beschuldigte über den gegen sie erhobenen Tatvorwurf belehrt werden und ihnen (oder ihrem Rechtsanwalt) unentgeltlich Akteneinsicht gewährt wird.|

6.1. Mehrwert auf EU-Ebene und Verhältnismäßigkeit der vorzuziehenden Option

Mit der vorzuziehenden Option werden neue, unionsweit einheitliche Pflichten eingeführt (Verwendung einer Erklärung der Rechte und Gewährung von Akteneinsicht). Aufgrund dieser Harmonisierung stellt die vorzuziehende Option wirksam sicher, dass geeignete Informationen bereitgestellt werden und das Vertrauen in die Fairness der Verfahren in anderen Mitgliedstaaten wächst. Mit den Optionen A5 und B3 werden zwar neue Pflichten eingeführt, die allerdings ausschließlich den Kerngegenstand dieser Maßnahme betreffen, nämlich das Recht auf Belehrung. Es werden keine neuen Rechte eingeführt, die sich nicht auf die Bereitstellung von Informationen beziehen.

Beide Aspekte der vorzuziehenden Option entsprechen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: Zwar werden wahrscheinlich beide erfordern, dass einige Mitgliedstaaten ihre Strafprozessordnung ändern, doch kann auf andere Weise nicht wirksam gewährleistet werden, dass Verdächtige umfassende Informationen erhalten.

6.2. Finanzielle Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten

Die wichtigsten finanziellen Auswirkungen der Option   A5 ergeben sich durch einmalige Anfangskosten für die Einführung der Regelungen betreffend die Erklärung der Rechte. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Kosten für die Ausarbeitung und Übersetzung der Erklärung der Rechte sowie für die Schulung von Polizeibeamten und erforderlichenfalls von Richtern und Staatsanwälten. Diese Kosten dürften sich je Mitgliedstaat auf 10 000 EUR bis 2,5 Mio. EUR belaufen (Modellberechnungen haben für Malta eine Kostenspanne von 10 600 EUR bis 70 000 EUR und für Frankreich eine Kostenspanne von 655 000 EUR bis 2,5 Mio. EUR ergeben). Wahrscheinlich werden die tatsächlichen Kosten eher an den unteren Grenzen der Kostenspannen angesiedelt sein. Welche Auswirkungen die Option A5 auf die operativen Kosten je Mitgliedstaat hat, hängt in erster Linie davon ab, inwieweit und mit welchem Zeitaufwand Verdächtige bereits über ihre Rechte belehrt werden. Im Falle von Mitgliedstaaten, in denen es schon eine Regelung für die Erklärung der Rechte gibt, dürften sich lediglich minimale budgetäre Auswirkungen ergeben. Für Mitgliedstaaten, die derzeit Verdächtige mündlich über ihre Rechte belehren, hängen die Auswirkungen auf die Einzelfallkosten davon ab, wie detailliert die mündliche Belehrung erfolgt.

Was die Option   B3 anbelangt, so werden den meisten Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinie lediglich geringfügige Einmalkosten entstehen, da sie bereits Akteneinsicht gewähren. Einmalkosten für die Einführung einer Regelung zur Gewährung von Akteneinsicht werden voraussichtlich nur für drei Mitgliedstaaten anfallen, die ein solches Recht derzeit nicht vorsehen. Diese Kosten, die sich auf 9 000 EUR bis 2,6 Mio. EUR je Mitgliedstaat belaufen werden, dürften vor allem auf Schulungen für Polizeibeamte, Richter und Staatsanwälte zurückzuführen sein. Auch wenn sich die genauen Auswirkungen dieser Option auf die operativen Kosten nicht vorhersagen lassen, dürften sich diese Auswirkungen selbst für die drei Mitgliedstaaten, die das Recht auf Akteneinsicht noch einführen müssen, sehr in Grenzen halten.

7. Kontrolle und Bewertung

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ein solider Kontroll- und Bewertungsmechanismus geschaffen wird, damit gewährleistet ist, dass den vorgesehenen Rechten sowohl in der Praxis als auch in den Rechtsvorschriften Rechnung getragen wird. Die Kommission plant eine spezielle empirische Untersuchung, die sich schwerpunktmäßig auf eine drei- bis fünfjährige Datensammlung bezüglich der Umsetzung des Vorschlags stützen wird, um eingehende quantitative und qualitative Erkenntnisse zur Wirksamkeit des Vorschlags erlangen zu können. Sobald alle im Fahrplan vorgesehenen Maßnahmen verwirklicht worden sind, müssen die einzelnen Maßnahmen im jeweiligen Zusammenhang und die Wirkung des Fahrplans insgesamt beurteilt werden.

[1] 2009/C 295/01.

[2] Die angegebenen Kostenspannen basieren auf einer Modellberechnung für jene Mitgliedstaaten, in denen am ehesten Umsetzungskosten infolge gegenwärtiger Gepflogenheiten, die von der in der Option geplanten Vorgehensweise abweichen, anfallen. Aufgrund der unzureichenden verfügbaren Statistikangaben ist in den Zahlen zu den operativen Kosten nicht die gegenwärtige Höhe der operativen Kosten berücksichtigt, so dass die zusätzliche finanzielle Belastung durch die Umsetzung der Option nicht genau berechnet werden kann; sie dürfte aber einen Bruchteil der hier angegebenen indikativen Zahl ausmachen.

[3] Es gilt der in Fußnote 2 genannte Vorbehalt.

LT

(...PICT...)|EUROPOS KOMISIJA|

Briuselis, 20.7.2010 SEK(2010) 908

KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS pridedamas prie

Pasiūlymo EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese POVEIKIO VERTINIMO SANTRAUKA {KOM(2010) 392 galutinis} {SEK(2010) 907}

KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS

POVEIKIO VERTINIMO SANTRAUKA

1. Politinis kontekstas ir procedūra

Siekdama sustiprinti abipusį pasitikėjimą ir kartu pagerinti abipusio pripažinimo principo veikimą, Europos Vadovų Taryba 2009 m. lapkritį priėmė procesinių teisių veiksmų planą 2009/C 295/01. , kuriuo laipsniškai stiprinamos įtariamųjų ir kaltinamųjų teisės. [1]

2009/C 295/01.

Šiuo metu veiksmų plane numatytos priemonės|

A priemonė : Vertimas raštu ir žodžiu|

B priemonė : Informacija apie teises ir informacija apie kaltinimus|

C priemonė : Teisinė konsultacija ir teisinė pagalba|

D priemonė: Giminių, darbdavių ir konsulinių įstaigų informavimas|

E priemonė : Pažeidžiamų įtariamųjų ar kaltinamųjų specialios apsaugos priemonės |

Atliekamas B priemonės, kuria siekiama pagerinti įtariamųjų padėtį užtikrinant, kad jie gautų informaciją apie savo teises ir baudžiamajame procese jiems pareikštus įtarimus, poveikio vertinimas.

Poveikio vertinimas iš esmės grindžiamas empiriniais duomenimis: su suinteresuotosiomis šalimis konsultuotasi keletą kartų, pavyzdžiui, per 2008 ir 2009 m. vykusius teisingumo forumo susitikimus. Į poveikio vertinimą taip pat buvo įtraukti naujausių mokslinių tyrimų duomenys.

2. Problema

2.1. Informacijos stoka baudžiamajame procese

Įtariamųjų ir kaltinamųjų galimybė gauti informaciją yra pagrindinis teisingą teismo procesą užtikrinantis veiksnys. Negalima daryti prielaidos, kad įtariamieji sulaikymo momentu turi pakankamai žinių apie savo teises (pavyzdžiui, teisę į teisinę konsultaciją), kad galėtų jomis veiksmingai pasinaudoti. Informacijos apie teises pateikimas yra galimybės pasinaudoti visomis teisėmis prielaida. Kad galėtų pasiruošti savo gynybai, kaltinamasis taip pat turi tiksliai žinoti, kuo kaltinamas ir kokie įrodymai surinkti.

Įtariamieji ir kaltinamieji ne visada gauna šią informaciją. Valstybių narių informacijos pateikimo sistemos skiriasi, o kai kuriose valstybėse narėse informacija apskritai nepateikiama. Pavyzdžiui, 4 valstybėse narėse nėra teisinės pareigos informuoti įtariamąjį apie jo teisę į teisinę konsultaciją, ir tik dešimtyje valstybių narių įtariamasis apie savo teises informuojamas įteikiant rašytinį pranešimą (pranešimą apie teises). Labai skiriasi valstybių narių įstatymai ir praktika, kiek tai susiję su informacija apie bylą: gali būti pateikiama rašytinė santrauka arba kaltinamojo advokatui gali būti leidžiama susipažinti su bylos medžiaga ir daryti svarbių dokumento dalių kopijas. 3 valstybėse narėse neleidžiama susipažinti su bylos medžiaga ir net tose valstybėse narėse, kuriose tokia galimybė suteikiama, su bylos medžiaga leidžiama susipažinti labai skirtingose proceso stadijose.

2.1.1. Neigiamas poveikis baudžiamajam procesui ir teisminiam bendradarbiavimui

Jei įtariamieji nėra tinkamai informuojami, baudžiamasis procesas gali būti neteisingas, o dėl užsitęsusio teismo proceso, sprendimų apskundimo ir nutraukto baudžiamojo persekiojimo valstybėje narėje, kurioje vyksta teismo procesas, gali būti patiriamos bereikalingos sąnaudos.

Dėl informacijos stokos gali kilti problemų ir atsirasti sąnaudų kitose valstybėse narėse, kai valstybės narės, kurioje vyksta pradinis baudžiamasis procesas, teismas prašo kitų valstybių narių bendradarbiauti. ES priemonės, kuriomis sudaromos geresnės sąlygos valstybių narių teisminiam bendradarbiavimui (pavyzdžiui, Europos arešto orderis), grindžiamas abipusio pripažinimo principu, t. y. teismo sprendimas kitoje valstybėse narėje vykdomas jo neperžiūrint. Tokio beveik automatinio pripažinimo prielaida – teisėjų ir teismų pasitikėjimas. Kai tokio pasitikėjimo stokojama, abipusio pripažinimo principas neveikia; to pasekmės: užsitęsę teismo procesai, vėluojantis užsienio teismų sprendimų vykdymas ir su tuo susijusios sąnaudos. Aplinkybė, kad įtariamajam buvo pateikta nepakankamai informacijos valstybėje narėje, kuri išdavė Europos arešto orderį dėl to asmens perdavimo, vykstančiame teismo procese, vienoje iš neseniai JK nagrinėtų bylų veikiausiai lėmė tai, kad perdavimo procedūra užtruko ilgiau nei metus, sprendimai buvo keletą kartų apskųsti aukštesnės instancijos teismams, buvo pateikta peticija Europos Žmogaus Teisių Teismui, o tai susiję su didelėmis sąnaudomis.

2.1.2. Galiojantys teisiniai standartai neužtikrina tinkamos apsaugos

Šiuo metu nėra pakankamai aukštų ir tinkamai įgyvendinamų standartų. Europos žmogaus teisių konvencijoje (EŽTK) įtvirtintos būtiniausios teisės, tačiau suinteresuotosios šalys sutinka, kad EŽTK ir jos įgyvendinimo mechanizmas ne visada užtikrina pakakamą apsaugą, visų pirma kiek tai susiję su tinkamos informacijos apie teises ir kaltinimus pateikimu. Taip yra dėl to, kad teisės į informaciją pagal EŽTK 5 ir 6 straipsnius nėra pakankamai plačios, o kol Europos Žmogaus Teisių Teismas priima sprendimą, užtrunka metų metus ir ex post teisės gynimo priemonės turi tik ribotą poveikį.

2.2. ES teisingumo politikos pertvarka ir laisvo ES piliečių judėjimo skatinimas stiprinant pagrindines teises

ES lygmeniu buvo imtasi įvairių priemonių aukštam piliečių saugumo laipsniui užtikrinti (pavyzdžiui, įvestas Europos arešto orderis), tačiau iki šiol nepavyko susitarti dėl priemonių teisingo teismo proceso standartams nustatyti. 2009 m. lapkričio mėn. priimdama procesinių teisių veiksmų planą, Taryba pripažino esant skubią būtinybę imtis priemonių įtariamųjų procesinėms teisėms ES stiprinti. Veiksmų planu paruošiama dirva ES priemonėms, kuriomis užtikrinama didesnė pagrindinių teisių apsauga, nei numato EŽTK. Taip ES pagrindinių teisių chartijos 47 ir 48 straipsniuose įtvirtintoms teisingo teismo proceso garantijoms ES lygmeniu būtų suteikta ypatinga reikšmė, o šios priemonės padėtų pašalinti esamas ir numanomas laisvo piliečio judėjimo, užtikrinamo SESV 21 straipsnio 2 dalyje, kliūtis.

2.3. Dabartinis ir būsimas problemos mastas

Duomenų apie tai, kiek vyko teismo procesų, kuriuose buvo skundžiama informacijos stoka, nėra, vis dėlto nepakankamos informacijos problema, suinteresuotųjų šalių nuomone, nors ir nėra tipinė, tačiau opi ir aktuali ne vien tam tikroms valstybėms narėms. Valstybių narių teisėsaugos institucijų abipusis pasitikėjimas veikiausiai ir toliau bus nepatenkinamas, nes tikėtini atvejai, kai valstybių narių institucijos įtariamiesiems arba kaltinamiesiems informacijos nepateiks. Dėl didesnio piliečių judėjimo tarp valstybių narių išaugs teisminio bendradarbiavimo būtinybė, be to, artimiausiu metu turės būti įgyvendintos ir taikomos tolesnės ES teisminio bendradarbiavimo priemonės, todėl dar labiau išaugs poreikis gerinti abipusį pasitikėjimą.

2.4. ES įgaliojimas veikti

Remiantis SESV 82 straipsnio 2 dalies b punktu, priimant direktyvas gali būti nustatytos tokios minimalios taisyklės, kokių reikia nuosprendžių ir teismo sprendimų tarpusavio pripažinimui ir teisminiam bendradarbiavimui tarpvalstybinio pobūdžio baudžiamosiose bylose palengvinti. Kadangi informacijos pateikimo tvarka valstybėse narėse šiuo metu labai skiriasi, mažai tikėtina, kad vienašališkais veiksmais valstybės narės visoje ES galės užtikrinti pakankamai aukštą informacijos pateikimo standartą; tai gali būti pasiekta tik ES lygmens priemone.

3. Tikslai

Bendras tikslas|Gerinti teisminį bendradarbiavimą stiprinant valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą tinkamu baudžiamosios teisės sistemų veikimu Užtikrinti aukštą pagrindinių teisių baudžiamajame procese apsaugos lygį, kartu skatinant laisvą ES piliečių judėjimą visoje ES.|

Konkretūs tikslai|Palengvinti teismų sprendimų baudžiamosiose bylose vykdymą ir įgyvendinimą užtikrinant, kad įtariamiesiems (geriausiai raštu) būtų pateikta pakankamai informacijos apie jų teises , kad jie galėtų veiksmingai pasinaudoti savo gynybos teisėmis. |Palengvinti teismų sprendimų baudžiamosiose bylose vykdymą ir įgyvendinimą užtikrinant, kad kaltinamiesiems būtų pateikta pakankamai išsamios informacijos apie jiems pareikštus kaltinimus , kad jie galėtų tinkamai pasiruošti savo gynybai arba ginčyti per ikiteisminį tyrimą priimtus sprendimus. |

Veiklos tikslai|Informacija apie įtariamųjų teises, kuri jiems turi būti pateikta siekiant užtikrinti teisingą teismo procesą, turėtų būti: suformuluota aiškia, įtariamajam lengvai suprantama kalba, pateikta per pirmą policijos ir įtariamojo kontaktą,apimti svarbiausias EŽTK ir ES pagrindinių teisių chartijos teises, taikytinas sulaikymui, pirmajai apklausai ir suėmimui,pateikiama taip, kad būtų galima patikrinti, ar informacija buvo perduota.|Kaltinamajam apie pareikštus kaltinimus pateikta informacija turėtų būti:pakankamai išsami, kad būtų galima tinkamai pasiruošti gynybai arba ginčyti per ikiteisminį tyrimą priimtus sprendimus,pateikiama laiku ir tokia forma, kad kaltinamasis suprastų jam pareikštus kaltinimus,pateikiama taip, kad būtų galima patikrinti, ar informacija buvo perduota.|

4. Politikos priemonės ir jų poveikis

· Esamos padėties išlaikymas. Šiuo atveju ES lygmeniu nebūtų imamasi jokių priemonių .

· A politikos priemonės, kuriomis sprendžiama nepakankamai išsamaus įtariamųjų informavimo apie jų teises problema

Su teisėkūra nesusijusios priemonės:A1 politikos priemonė . ES masto informacinė kampanija apie būtinąsias gynybos teisesA2 politikos priemonė . Tarybos rekomendacija dėl gerosios patirties įtariamuosius ir kaltinamuosius informuojant apie jų teisesES teisėkūros priemonės:A3 politikos priemonė . ES masto pareiga valstybių narių pasirinktomis priemonėmis informuoti įtariamuosius apie jų teisesA4 politikos priemonė . ES masto pareiga informuoti sulaikytus įtariamuosius apie jų teises, jiems įteikiant valstybių narių parengtą pranešimą apie teises, kuriame būtų išvardytos bendros būtiniausios teisės (pagal EŽTK ir ES teisę) ir nurodytos papildomos pagal valstybių narių teisę suteikiamos teisėsA5 politikos priemonė . ES masto pareiga informuoti sulaikytus įtariamuosius apie jų teises, jiems įteikiant pranešimą apie teises, kuriame direktyvos priede pateiktomis standartinėmis ES formuluotėmis išvardijamos būtinosios teisės|

B politikos priemonės , kuriomis sprendžiama problema, kad kaltinamieji ne visada nedelsiant gauna tinkamą, išsamią ir jų mokama kalba suformuluotą informaciją apie pareikštus kaltinimus

Su teisėkūra nesusijusios priemonės:B1 politikos priemonė . Tarybos rekomendacija dėl gerosios praktikos ir mokymų, susijusių su kaltinamųjų informavimu apie jiems pareikštus kaltinimusES teisėkūros priemonės:B2 politikos priemonė . ES masto pareiga valstybių narių pasirinktomis priemonėmis informuoti kaltinamuosius apie jiems pareikštus kaltinimusB3 politikos priemonė . ES masto pareiga informuoti kaltinamuosius apie jiems pareikštus kaltinimus, įskaitant leidimą jiems (arba jų advokatams) susipažinti su bylos medžiaga |

5. Politikos priemonių palyginimas

Toliau pateiktoje lentelėje palyginamas politikos priemonių tarpusavio santykis įvertinus jų konkrečius ir veiklos tikslus. Priemonės suskirstytos pagal tai, kiek jomis galima pasiekti 3 dalyje apibrėžtus tikslus. Galutinis rezultatas gautas taip pat įvertinus tikimybę sėkmingai pasiekti tikslus.

A5 ir B3 priemonės veiksmingiausios, todėl laikomos tinkamiausiomis.

5.1 lentelė. A politikos priemonių įvertinimas||

Tikslai/sąnaudos|Esama padėtis| A1| A2 | A3| A4 | A5 |

Užtikrinti, kad įtariamieji gautų pakankamai informacijos apie savo teises, kad galėtų veiksmingai pasinaudoti savo teisėmis|0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Informaciją pateikti aiškia, įtariamajam lengvai suprantama kalba |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Informaciją pateikti nuo pirmo policijos ir įtariamojo kontakto ir įtraukti svarbiausias EŽTK ir ES chartijos teises, taikytinas, sulaikymui, pirmajai apklausai ir suėmimui|0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

Užtikrinti galimybes patikrinti, ar informacija buvo perduota|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Gerinti valstybių narių pasitikėjimą tinkamu baudžiamosios teisės sistemų veikimu visoje ES|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Bendras rezultatas|0|5|8|12|20|25|

Finansinė našta valstybei narei Sąnaudų skalė grindžiama skaičiavimo modeliu toms valstybėms narėms, kuriose dėl esamos praktikos, kuri skiriasi nuo numatytosios pasirinktąja priemone, labiausiai tikėtina patirti sąnaudas. Kadangi nėra pakankamai statistinių duomenų, veiklos sąnaudų duomenys neparodo dabartinio veiklos sąnaudų dydžio, todėl negalima tiksliai apskaičiuoti papildomos finansinės naštos, susijusios su priemonės įgyvendinimu, tačiau ji turėtų sudaryti nedidelę nurodytos sumos dalį.Sąnaudų skalė grindžiama skaičiavimo modeliu toms valstybėms narėms, kuriose dėl esamos praktikos, kuri skiriasi nuo numatytosios pasirinktąja priemone, labiausiai tikėtina patirti sąnaudas. Kadangi nėra pakankamai statistinių duomenų, veiklos sąnaudų duomenys neparodo dabartinio veiklos sąnaudų dydžio, todėl negalima tiksliai apskaičiuoti papildomos finansinės naštos, susijusios su priemonės įgyvendinimu, tačiau ji turėtų sudaryti nedidelę nurodytos sumos dalį.|-|100 000 € – 10 mln. € (bendros EU sąnaudos)|Vienkartinės pradinės sąnaudos: 0 € – 2,5 mln. €Metinės veiklos sąnaudos: 0 € – 4,6 mln. € |Vienkartinės pradinės sąnaudos: 0 € – 2,5 mln. €Metinės veiklos sąnaudos: 5 000 € – 4,6 mln. €|Vienkartinės pradinės sąnaudos: 15 000 € – 2,5 mln. €Metinės veiklos sąnaudos: 5 000 € – 4,6 mln. €|Vienkartinės pradinės sąnaudos: 5 000 € – 2,5 mln. €Metinės veiklos sąnaudos: 5 000 € – 4,6 mln. €|

Galimybės sutaupyti lėšų valstybėse narėse, kuriose vyksta baudžiamieji procesai|-|mažai|mažai |mažai–vidutiniškai|vidutiniškai |vidutiniškai–daug|

5.2 lentelė. B politikos priemonių įvertinimas||

Tikslai/sąnaudos|Esama padėtis|B1 |B2 |B3 |||

Užtikrinti, kad kaltinamiesiems būtų pateikta pakankamai išsamios informacijos apie jiems pareikštus kaltinimus, kad jie galėtų tinkamai pasiruošti savo gynybai arba ginčyti per ikiteisminį tyrimą priimtus sprendimus |0|√√|√√√|√√√√√|||

Pateikti informaciją laiku ir tokia forma, kad kaltinamasis suprastų jam pareikštus kaltinimus|0|√|√√√|√√√√|||

Užtikrinti galimybes patikrinti, ar informacija buvo perduota|0|√|√√|√√√|||

Gerinti valstybių narių pasitikėjimą tinkamu baudžiamosios teisės sistemų veikimu visoje ES|0|√|√√√|√√√√√|||

Bendras rezultatas|0|5|11|17|||

Finansinė našta valstybei narei Taikoma 2 išnašoje nurodyta sąlyga .Taikoma 2 išnašoje nurodyta sąlyga .|-|Vienkartinės sąnaudos : 0 € – 2,6 mln. €Veiklos sąnaudos: 270 000 € – 21 mln. €|Vienkartinės sąnaudos : 0 € – 2,6 mln. €Veiklos sąnaudos: 100 000 € – 30 mln. €|Vienkartinės sąnaudos : 9 000 € – 2,6 mln. €Veiklos sąnaudos: 270 000 € – 21 mln. €|||

Galimybės sutaupyti lėšų valstybėse narėse, kuriose vyksta baudžiamieji procesai|-|mažai|mažai |vidutiniškai|||

6. Tinkamiausia priemonė

Tinkamiausia priemonė – A5 ir B3 priemonių derinys .

Priimama direktyva, kuria valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, kad sulaikyti įtariamieji ir kaltinamieji būtų informuojami apie savo teises baudžiamajame procese, jiems įteikiant pranešimą apie teises, kurį jų mokama kalba parengtų valstybės narės ir kuriame būtų pateiktos direktyvos priede nurodytos standartinės ES būtiniausių teisių, reikalingų teisingam teismo procesui užtikrinti, formuluotės, taip pat prireikus nurodytos kitos teisės pagal atitinkamos valstybės narės teisę irįtariamieji ir kaltinamieji būtų informuojami apie jiems pareikštus įtarimus arba kaltinimus ir jiems (arba jų advokatams) būtų leidžiama nemokamai susipažinti su bylos medžiaga.|

6.1. Tinkamiausios priemonės pridėtinė vertė ES lygmeniu ir jos proporcingumas

Tinkamiausia priemone sukuriamos naujos visoje ES vienodos pareigos (naudoti pranešimą apie teises ir leisti susipažinti su bylos medžiaga). Suvienodinus taisykles, tinkamiausia priemone veiksmingai užtikrinama, kad bus pateikta tinkama informacija ir skatinamas pasitikėjimas kitose valstybėse narėse vykstančių teismo procesų teisingumu. A5 ir B3 priemonėmis sukuriamos naujos pareigos, tačiau jos susijusios tik su pagrindiniu šios priemonės elementu – teise į informaciją. Jomis nesukuriamos naujos teisės, nesusijusios su informacijos pateikimu.

Abu tinkamiausios priemonės aspektai proporcingi: dėl jų daugeliui valstybių narių veikiausiai reikės keisti savo baudžiamojo proceso normas, tačiau kitų veiksmingų priemonių užtikrinti, kad įtariamiesiems būtų pateikta išsami informacija, nėra.

6.2. Finansinis poveikis valstybėms narėms

Pagrindinis A5 priemonės finansinis poveikis yra vienkartinės pradinės sąnaudos , susijusios su pranešimą apie teises numatančių nuostatų įvedimu. Tai visų pirma pranešimo rengimo, jo vertimo ir policijos pareigūnų (prireikus prokurorų ir teisėjų) mokymo sąnaudos. Jos svyruoja nuo 10 000 iki 2,5 mln. eurų vienai valstybei narei (pagal Maltai skirtą skaičiavimo modelį sąnaudos svyruoja nuo 10 600 iki 70 000 eurų, Prancūzijai – nuo 655 000 iki 2,5 mln. eurų). Tikėtina, kad faktinės sąnaudos pagal skalę bus vienos iš mažesnių. A5 priemonės poveikis veiklos sąnaudoms vienai valstybei narei pirmiausia priklausys nuo to, kokia informacija apie teises įtariamiesiems suteikiama dabar ir kiek laiko tam skiriama. Poveikis valstybių narių, kuriose jau veikia pranešimą apie teises reglamentuojančios normos, biudžetui turėtų būti minimalus. Poveikis valstybių narių, kurios šiuo metu įtariamuosius apie jų teises informuoja žodžiu, sąnaudoms kiekvienu konkrečiu atveju priklausys nuo to, kaip išsamiai įtariamieji informuojami žodžiu.

Kiek tai susiję su B3 priemone , dauguma valstybių narių, įgyvendindamos direktyvą, patirs nedideles vienkartines sąnaudas , nes jos jau leidžia susipažinti su bylos medžiaga. Vienkartinių sąnaudų, susijusių su leidimo susipažinti su bylos medžiaga įvedimu, veikiausiai turės tik tos 3 valstybės narės, kurios šiuo metu tokios teisės nenumato. Šios sąnaudos daugiausia turėtų būti skirtos policijos pareigūnų, prokurorų ir teisėjų mokymui ir siekti 9 000–2,6 mln. eurų vienai valstybei narei. Tikslaus šios priemonės poveikio veiklos sąnaudoms numatyti neįmanoma, tačiau tikėtina, kad net tose 3 valstybėse narėse, kurios tą teisę turės numatyti, poveikis veiklos sąnaudoms bus labai ribotas.

7. stebėjimas ir vertinimas

Nepaprastai svarbu sukurti patikimą stebėjimo ir vertinimo mechanizmą siekiant užtikrinti, kad tiek praktikoje, tiek teisės aktuose būtų paisoma numatytų teisių. Komisija numato atlikti specialų empirinį tyrimą, skirtą 3–5 metų laikotarpiu rinktų pasiūlymo įgyvendinimo duomenų analizei, kad galėtų surinkti išsamios kiekybinės ir kokybinės informacijos apie pasiūlymo veiksmingumą. Įgyvendinus visas veiksmų plano priemones, bus labai svarbu įvertinti kiekvieną konkrečią priemonę ir viso veiksmų plano veiksmingumą.

[1] 2009/C 295/01.

[2] Sąnaudų skalė grindžiama skaičiavimo modeliu toms valstybėms narėms, kuriose dėl esamos praktikos, kuri skiriasi nuo numatytosios pasirinktąja priemone, labiausiai tikėtina patirti sąnaudas. Kadangi nėra pakankamai statistinių duomenų, veiklos sąnaudų duomenys neparodo dabartinio veiklos sąnaudų dydžio, todėl negalima tiksliai apskaičiuoti papildomos finansinės naštos, susijusios su priemonės įgyvendinimu, tačiau ji turėtų sudaryti nedidelę nurodytos sumos dalį.

[3] Taikoma 2 išnašoje nurodyta sąlyga .

MT

(...PICT...)|IL-KUMMISSJONI EWROPEA|

Brussell, 20.7.2010 SEG(2010) 908

DOKUMENT TA' ĦIDMA TAL-PERSUNAL TAL-KUMMISSJONI li jakkumpanja l-

Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar id-dritt għall-informazzjoni fi proċedimenti kriminali SOMMARJU TAL-VALUTAZZJONI TAL-IMPATT {KUMM(2010) 392 finali} {SEG(2010) 907}

DOKUMENT TA' ĦIDMA TAL-PERSUNAL TAL-KUMMISSJONI

SOMMARJU TAL-VALUTAZZJONI TAL-IMPATT

1. Kuntest tal-politika u Proċedura

Sabiex tiżdied il-fiduċja reċiproka, u għalhekk jittejjeb l-operat tar-rikonoxximent reċiproku, f'Novembru 2009 il-Kunsill Ewropew adotta l-Pjan Direzzjonali dwar id-Drittijiet Proċedurali 2009/C 295/01 li jistabbilixxi approċċ gradwali għat-tisħiħ tad-drittijiet ta' persuni suspettati u ta' persuni akkużati:[1]

2009/C 295/01

Miżuri attwalment previsti fil-Pjan Direzzjonali:|

Miżura A: Traduzzjoni u Interpretar|

Miżura B: Informazzjoni dwar id-Drittijiet u Informazzjoni dwar l-Akkużi|

Miżura C: Parir Legali u Assistenza Legali|

Miżura D: Komunikazzjoni mal-Qraba, ma' Min Iħaddem u mal-Awtoritajiet Konsolari|

Miżura E: Salvagwardji Speċjali għall-Persuni Suspettati jew Akkużati li huma Vulnerabbli |

Il-Valutazzjoni tal-Impatt tkopri l-Miżura B li għandha l-għan li ttejjeb is-sitwazzjoni tas-suspettati billi tiżgura li jirċievu informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom u dwar il-każ imressaq kontrihom fil-proċedimenti kriminali.

Il-Valutazzjoni tal-Impatt hija empirika b'mod ġenerali: il-partijiet interessati ġew ikkonsultati f'diversi okkażjonijiet, bħal fil-laqgħat tal-Justice Forum fl-2008 u fl-2009. Studji akkademiċi riċenti ddaħħlu wkoll fil-VI.

2. Il-Problema

2.1. Nuqqas ta' informazzjoni fi proċedimenti kriminali

L-aċċess għall-informazzjoni għal persuni suspettati u persuni akkużati huwa fattur importanti sabiex jiġu żgurati proċedimenti ġusti. Wieħed ma jistax jassumi li l-persuni suspettati jkollhom biżżejjed għarfien tad-drittijiet tagħhom (bħad-dritt għal parir legali) fil-mument tal-arrest li jgħinhom jagħmlu użu effettiv ta' dawn id-drittijiet. L-għoti ta' informazzjoni dwar id-drittijiet huwa l-passaġġ li jagħti aċċess għad-drittijiet kollha. Persuna akkużata teħtieġ tkun taf ukoll fid-dettall, il-każ mressaq kontriha u x'inhi l-evidenza li hemm sabiex tipprepara d-difiża tagħha.

Il-suspettati u l-persuni akkużati mhux dejjem jirċievu din l-informazzjoni. L-Istati Membri għandhom sistemi differenti għat-trażmissjoni ta' informazzjoni; u f'uħud mill-Istati Membri ċerta informazzjoni lanqas biss tiġi trażmessa. Per eżempju, f'4 Stati Membri m'hemm l-ebda obbligu legali li persuna suspettata tiġi informata bid-dritt għal parir legali filwaqt li f'għaxar Stati Membri biss persuna suspettata tiġi informata bid-drittijiet tagħha permezz ta' notifika bil-miktub (Ittra tad-Drittijiet). Il-liġi u l-prattika jvarjaw b'mod konsiderevoli minn Stat Membru għall-ieħor fir-rigward ta' informazzjoni dwar il-każ: jista' jingħata sommarju bil-miktub jew jingħata aċċess għall-fajl tal-każ lill-avukat tal-akkużat li jkun jista' jieħu kopji tal-partijiet relevanti. Fi 3 Stati Membri m'hemm l-ebda aċċess għall-fajl tal-każ u anke f'dawk l-Istati Membri li jagħtu tali aċċess, l-istadju fil-proċedimenti meta jingħata, ivarja b'mod sinifikanti.

2.1.1. Effetti negattivi fuq proċedimenti kriminali u kooperazzjoni ġudizzjarja

Meta suspettati ma jiġux informati kif xieraq, il-proċedimenti kriminali jistgħu jkunu inġusti u dan jista' jwassal għal spejjeż bla bżonn minħabba proċedimenti li jieħdu fit-tul, appelli u abbandun ta' prosekuzzjonijiet fl-Istati Membri fejn ikunu qed isiru l-proċedimenti.

In-nuqqas ta' informazzjoni jista' jwassal għal problemi u spejjeż fi Stati Membri oħrajn meta l-qorti fl-Istat Membru fejn ikunu saru oriġinarjament il-proċedimenti kriminali, tfittex kooperazzjoni mill-Istati Membri l-oħrajn. L-istrumenti tal-UE li jiffaċilitaw l-kooperazzjoni ġudizzjarja bejn l-Istati Membri (bħall-Mandat ta' Arrest Ewropew – MAE) iserrħu fuq il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku, jiġifieri l-infurzar ta' deċiżjoni tal-qorti fi Stat Membru ieħor mingħajr ma jsir skrutinju ulterjuri tad-deċiżjoni. Tali rikonoxximent kważi awtomatiku jeħtieġ fiduċja bejn l-imħallfin u l-qrati. Fejn din il-fiduċja tkun nieqsa, ir-rikonoxximent reċiproku ma jaħdimx; dan jirriżulta fi proċedimenti li jieħdu fit-tul u dewmien fl-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni ġudizzjarja barranija flimkien ma' spejjeż assoċjati. F'każ riċenti fir-Renju Unit, l-allegazzjonijiet li persuna suspettata kienet ingħatat nuqqas ta' informazzjoni fil-proċedimenti fl-Istat Membru minn fejn kien inħareġ il-MAE għaċ-ċediment ta' dik il-persuna, x'aktarx kkontribwew għall-fatt li l-proċeduri ta' ċediment damu aktar minn sena u inkludew diversi appelli lill-qrati superjuri u applikazzjoni lill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem b'implikazzjonijiet ta' spejjeż sinifikanti.

2.1.2. L-Istandards legali eżistenti ma joffrux protezzjoni adegwata

Attwalment, m'hemmx standards li huma għolja biżżejjed u li huma infurzati kif xieraq. Waqt li d-drittijiet minimi huma stabbiliti fil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB), il-partijiet interessati jaqblu li l-KEDB u l-mekkaniżmu ta' infurzar tagħha ma joffrux, fil-każijiet kollha, biżżejjed protezzjoni relatata mal-għoti ta' informazzjoni xierqa partikolarment dwar id-drittijiet u l-akkużi. Dan minħabba l-fatt li d-dritt għall-informazzjoni skont l-Artikoli 5 u 6 tal-KEDB mhux biżżejjed u l-applikazzjonijiet lill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem jistgħu jieħdu s-snin qabel ma tittieħed deċiżjoni dwarhom u jistgħu biss iwasslu għal soluzzjoni ex post b'effett limitat.

2.2. Ir-ribilanċjament tal-politika tal-ġustizzja tal-UE u l-promozzjoni tal-moviment ħieles taċ-ċittadini tal-UE permezz tat-tisħiħ tad-drittijiet fundamentali

Filwaqt li diversi miżuri ttieħdu fuq il-livell tal-UE sabiex jiġi ggarantit livell għoli ta' sigurtà għaċ-ċittadini (bħall-introduzzjoni tal-MAE), fil-passat ma seta' jsir l-ebda ftehim dwar miżuri għal standards ta' proċessi ġusti. Billi adotta l-Pjan Direzzjonali dwar id-Drittijiet Proċedurali f'Novembru 2009, il-Kunsill għaraf il-ħtieġa urġenti li tittieħed azzjoni biex jissaħħu d-drittijiet proċedurali tal-persuni suspettati fl-UE. Il-Pjan Direzzjonali jwitti t-triq għall-azzjoni tal-UE sabiex jassigura l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali lil hinn minn dik offerta mill-KEDB. Dan jista' jagħti wkoll tifsira tal-UE speċifika lis-salvagwardji tal-proċessi ġusti kif jinsab fl-Artikoli 47 u 48 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u jikkontribwixxi wkoll għat-tneħħija ta' ostakli reali jew ipperċepiti għall-moviment ħieles taċ-ċittadini kif iggarantit mill-Artikolu 21(2) tat-TFUE.

2.3. L-Ambitu attwali u prospettiv tal-problema

Filwaqt li d-dejta dwar in-numru ta' proċedimenti li joħolqu lmentar minħabba n-nuqqas ta' informazzjoni li jkun fihom mhijiex disponibbli, il-partijiet interessati jirrapportaw li l-problema ta' nuqqas ta' informazzjoni, għalkemm mhijiex endemika, hija waħda akuta u mhijiex limitata għal Stati Membri speċifiċi. Il-fiduċja reċiproka bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji tal-Istati Membri hija mistennija li tibqa' fuq il-livell attwali insuffiċjenti għaliex huwa probabbli li jerġgħu jiġru każijiet fejn l-awtorijiet tal-Istati Membri jonqsu milli jipprovdu l-informazzjoni lil persuni suspettati jew lil persuni akkużati. Billi moviment ikbar ta' ċittadini bejn l-Istati Membri se jwassal għal ħtieġa akbar ta' kooperazzjoni ġudizzjarja u billi l-miżuri tal-kooperazzjoni ġudizzjarja tal-UE għandhom jiġu implimentati u applikati fil-futur qarib, il-ħtieġa li tittejjeb il-fiduċja reċiproka se ssir aktar urġenti.

2.4. Is-setgħa tal-UE li taġixxi

Skont l-Artikolu 82(2)(b) tat-TFUE, ir-regoli minimi dwar id-drittijiet ta' individwi fi proċedimenti kriminali jistgħu jiġu adottati permezz ta' direttivi li huma neċessarji safejn possibbli għall-iffaċilitar tar-rikonoxximent reċiproku ta' ġudizzji kif ukoll ta' deċiżjonijiet ġudizzjarji u ta' kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali li jkollhom dimensjoni transkonfinali. Billi attwalment hemm differenzi kbar bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-għoti ta' informazzjoni, x'aktarx li l-Istati Membri li jaħdmu b'mod individwali ma jkunux jistgħu jistabbilixxu standard għoli biżżejjed ta' għoti ta' informazzjoni madwar l-UE; dan jista' jinkiseb biss permezz ta' azzjoni meħuda fuq livell tal-UE.

3. Għanijiet

Ġenerali:|Li tittejjeb il-kooperazzjoni ġudizzjarja billi terġa' tinkiseb il-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri fl-operat ġust tas-sistemi tal-ġustizzja kriminali Li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fil-proċedimenti kriminali, b'hekk jitħeġġeġ il-moviment ħieles ta' ċittadini tal-UE madwar l-UE kollha|

Speċifiċi:|Li jiġu ffaċilitati l-eżekuzzjoni u l-infurzar ta' deċiżjonijiet ġudizzjarji fi kwistjonijiet kriminali billi jiġi żgurat li persuni suspettati jirċievu biżżejjed informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom , preferibbilment bil-miktub, sabiex ikunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom għad-difiża b'mod effettiv. |Li jiġu ffaċilitati l-eżekuzzjoni u l-infurzar ta' deċiżjonijiet ġudizzjarji fi kwistjonijiet kriminali billi jiġi żgurat li l-persuni akkużati jirċievu informazzjoni dettaljata biżżejjed dwar il-każ mressaq kontrihom sabiex ikunu jistgħu jippreparaw id-difiża tagħhom kif xieraq jew jikkuntestaw id-deċiżjonijiet ta' qabel il-proċess |

Operattiv:|L-informazzjoni pprovduta lil persuni suspettati dwar id-dritt tagħhom għal proċess ġust għandha: tkun miktuba b'mod ċar li jinftiehem faċilment mis-suspettat tingħata mal-ewwel kuntatt mal-pulizijatinkludi d-drittijiet ewlenin skont il-KEDB u l-KDFUE li huma applikabbli waqt l-arrest, waqt l-ewwel interrogazzjoni u matul id-detenzjonitingħata b'tali mod li jkun possibbli li ssir verifika li l-informazzjoni ġiet trażmessa|L-informazzjoni pprovduta lilll-persuni akkużati meta jiġu imputati jew akkużati għandha:tkun dettaljata biżżejjed biex tippermetti preparazzjoni adegwata tad-difiża jew tal-isfida tad-deċiżjonijiet ta' qabel il-proċesstingħata fil-ħin u b'tali mod li l-akkużat jifhem il-kawża mressqa kontrihtingħata b'tali mod li jkun possibbli li ssir verifika li l-informazzjoni ġiet trażmessa|

4. Alternattivi ta' politika u l-impatt tagħhom

· Żamma tal-istatus quo: Din l-alternattiva tkun tinvolvi li ma tittieħed l-ebda azzjoni fuq livell tal-UE.

· L-alternattivi ta' Politika A li jindirizzaw il-problema li persuni suspettati mhux dejjem jirċievu informazzjoni xierqa dwar id-drittijiet tagħhom :

Azzjoni mhux leġiżlattiva:Alternattiva ta' Politika A1 : Il-kampanja ta' informazzjoni madwar l-UE kollha dwar id-drittijiet minimi ta' difiżaAlternattiva ta' Politika A2 : Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar prattika tajba biex il-persuni suspettati u l-persuni akkużati jiġu mgħarrfa bid-drittijiet tagħhomAzzjoni leġiżlattiva tal-UE:Alternattiva ta' Politika A3 : Id-dmir tal-UE kollha li tgħarraf lil persuni suspettati bid-drittijiet tagħhom permezz tal-alternattivi tal-Istati Membri Alternattiva ta' Politika A4 : Id-dmir tal-UE kollha li tgħarraf lil persuni suspettati li jinsabu arrestati bid-drittijiet tagħhom permezz ta' Ittra tad-Drittijiet li għandha tiġi abbozzata mill-Istati Membri, li tinkludi sett minimu komuni ta' drittijiet (id-drittijiet tal-KEDB u d-Dritt tal-UE), flimkien ma' drittijiet oħrajn li l-Istati Membri għandhom iżidu skont il-leġiżlazzjoni tagħhom stess.Alternattiva ta' Politika A5 : Id-dmir tal-UE kollha li tgħarraf lil persuni suspettati li jinsabu arrestati dwar id-drittijiet tagħhom permezz ta' Ittra tad-Drittijiet li tinkludi formulazzjonijiet standard għall-UE kollha tad-drittijiet minimi kif stabbiliti f'Anness mhemuż mad-Direttiva|

L-alternattivi ta' politika B li jindirizzaw il-problema li l-persuni akkużati mhux dejjem jirċievu informazzjoni xierqa dwar il-kawża mressqa kontrihom minnufih, fid-dettall u bil-lingwa li jifhmu:

Azzjoni mhux leġiżlattiva:Alternattiva ta' Politika B1 : Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar prattika tajba u taħriġ biex il-persuni akkużati jiġu mgħarrfa dwar il-kawża mressqa kontrihom.Azzjoni leġiżlattiva tal-UE:Alternattiva ta' Politika B2 : Id-dmir tal-UE kollha li tgħarraf lill-persuni akkużati dwar il-każ mressaq kontrihom permezz tal-alternattivi tal-Istati Membri Alternattiva ta' Politika B3 : Id-dmir tal-UE kollha li tgħarraf lill-persuni akkużati bil-każ mressaq kontrihom inkluż li ttihom (jew lill-avukat tagħhom) aċċess għall-fajl tal-każ . |

5. Paragun tal-alternattivi ta' politika

It-tabelli ta' hawn taħt jistabbilixxu paragun tal-klassifikazzjoni relattiva tal-alternattivi ta' politika meta mqabbla mal-għanijiet speċifiċi u operattivi. L-alternattivi huma kklassifikati skont il-potenzjal tagħhom li jilħqu l-għanijiet definiti fil-parti 3. Il-klassifikazzjonijiet għall-effikaċja mistennija fit-twettiq tal-għanijiet qed jingħataw l-istess importanza fis-somma finali.

L-alternattivi A5 u B3 juru l-ogħla potenzjal u għalhekk huma l-alternattivi ppreferuti.

Tabella 5.1 – Paragun tal-klassifikazzjonijiet tal- alternattivi ta' politika A :||

Għanijiet/spiża|Status quo| A1| A2 | A3| A4 | A5 |

Li tiżgura li l-persuni suspettati jirċievu biżżejjed informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom sabiex ikunu jistgħu jeżerċitawhom b'mod effiċjenti|0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Li tipprovdi informazzjoni miktuba b'mod ċar li jinftiehem faċilment mill-persuna suspettata |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Li tipprovdi informazzjoni mal-ewwel kuntatt mal-pulizija u li tinkludi d-drittijiet ewlenin skont il-KEDB u l-KDFUE li huma applikabbli waqt l-arrest, l-ewwel interrogazzjoni u matul id-detenzjoni|0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

Li jiġi żgurat mezz li jivverifika li l-informazzjoni ġiet trażmessa|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Li ttejjeb il-kunfidenza tal-Istati Membri fl-operat ġust tas- sistemi tal-ġustizzja kriminali madwar l-UE kollha|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Punteġġ totali:|0|5|8|12|20|25|

Piż finanzjarju għal kull Stat Membru Firxa bbażata fuq mudell ta' kalkolu għal dawk l-Istati Membri li l-aktar għandhom ċans li jġarrbu spejjeż ta' implimentazzjoni minħabba l-prattika attwali li tiddifferixxi minn dik prevista fl-alternattiva. Minħabba nuqqas ta' dejta statistika disponibbli, iċ-ċifri fuq spejjeż operattivi ma jikkunsidrawx il-livell attwali tal-ispejjeż operattivi biex b'hekk il-piż finanzjarju miżjud tal-implimentazzjoni tal-alternattiva ma jkunx jista' jiġi kkalkulat bi preċiżjoni iżda jkun mistenni li hu frazzjoni taċ-ċifra indikattiva ppreżentata hawnhekk.Firxa bbażata fuq mudell ta' kalkolu għal dawk l-Istati Membri li l-aktar għandhom ċans li jġarrbu spejjeż ta' implimentazzjoni minħabba l-prattika attwali li tiddifferixxi minn dik prevista fl-alternattiva. Minħabba nuqqas ta' dejta statistika disponibbli, iċ-ċifri fuq spejjeż operattivi ma jikkunsidrawx il-livell attwali tal-ispejjeż operattivi biex b'hekk il-piż finanzjarju miżjud tal-implimentazzjoni tal-alternattiva ma jkunx jista' jiġi kkalkulat bi preċiżjoni iżda jkun mistenni li hu frazzjoni taċ-ċifra indikattiva ppreżentata hawnhekk.|-|100 000 € - 10 miljun € (spejjeż ġenerali għall-UE)|Struttura ta' darba: 0 € - 2.5 miljun €Operattiv fis-sena: 0 € - 4.6 miljun € |Struttura ta' darba: 0 € - 2.5 miljun €Operattiv fis-sena: 5,000 € - 4.6 miljun €|Struttura ta' darba: 15,000 € - 2.5 miljun €Operattiv fis-sena: 5,000 € - 4.6 miljun €|Struttura ta' darba: 5,000 € - 2.5 miljun €Operattiv fis-sena: 5,000 € - 4.6 miljun €|

Tnaqqis potenzjali fl-ispejjeż fi Stati Membri fejn iseħħu proċedimenti kriminali|-|baxx|baxx |minn baxx sa medju|medju |minn medju sa għoli|

Tabella 5.2 – Paragun tal-klassifikazzjonijiet tal- alternattivi ta' politika B :||

Għanijiet/spiża|Status quo|B1 |B2 |B3 |||

Li tiżgura li l-persuni akkużati jirċievu informazzjoni dettaljata biżżejjed dwar il-każ mressaq kontrihom sabiex ikunu jistgħu jippreparaw id-difiża tagħhom kif xieraq jew jisfidaw id-deċiżjonijiet ta' qabel il-proċess |0|√√|√√√|√√√√√|||

Li tipprovdi informazzjoni fil-ħin, u b'tali mod li l-akkużat jifhem il-każ mressaq kontrih|0|√|√√√|√√√√|||

Li jiġi żgurat mezz li jivverifika li l-informazzjoni ġiet trażmessa|0|√|√√|√√√|||

Li ttejjeb il-kunfidenza tal-Istati Membri fl-operat ġust tas- sistemi tal-ġustizzja kriminali madwar l-UE kollha|0|√|√√√|√√√√√|||

Punteġġ totali:|0|5|11|17|||

Piż finanzjarju għal kull Stat Membru Għandha tapplika l- indikazzjoni ta' avvertenza fin-nota tal-qiegħ 2.Għandha tapplika l- indikazzjoni ta' avvertenza fin-nota tal-qiegħ 2.|-|Ta' darba : 0 € - 2.6 miljun €Operattiv: 270,000 € - 21 miljun €|Ta' darba : 0 € - 2.6 miljun €Operattiv: 100 000 € - 30 miljun €|Ta' darba : 9,000 € - 2.6 miljun €Operattiv: 270,000 € - 21 miljun €|||

Tnaqqis potenzjali fl-ispejjeż fi Stati Membri fejn iseħħu proċedimenti kriminali|-|baxx|baxx |medju|||

6. L-alternattiva ppreferuta

L-alternattiva ppreferuta hija għaqda tal-alternattivi A5 u B3:

Adozzjoni ta' Direttiva li tobbliga lill-Istati Membri jiżguraw li persuni suspettati u persuni akkużati li jinsabu arrestati jkunu informati bid-drittijiet tagħhom fil-proċedimenti kriminali permezz ta' Ittra tad-Drittijiet b'lingwa li jifhmu kif mfassla mill-Istati Membri, li tinkludi formulazzjoni standard għall-UE kollha tad-drittijiet minimi għal proċess ġust kif stabbiliti f'Anness mhemuż mad-Direttiva u, fejn disponibbli, ta' drittijiet oħrajn skont il-liġijiet rispettivi tal-Istati Membri, uli persuni suspettati u persuni akkużati jkunu informati bil-każ mressaq kontrihom inkluż li jingħatalhom (jew lill-avukat tagħhom) aċċess għall-fajl tal-każ mingħajr ħlas. |

6.1. Il-valur miżjud tal-UE u l-proporzjonalità tal-alternattiva ppreferuta

L-alternattiva ppreferuta toħloq dmirijiet ġodda, uniformi fl-UE kollha (l-użu tal-Ittra tad-Drittijiet u l-aċċess għall-fajl tal-każ). Dan l-effett armonizzanti jimmarka l-effikaċja tal-alternattiva ppreferuta billi jiżgura l-għoti ta' informazzjoni xierqa u billi jippromwovi fiduċja fi proċedimenti li jsiru b'mod ġust fi Stati Membri oħrajn. Filwaqt li l-alternattivi A5 u B3 joħolqu dmirijiet ġodda, dawn jagħmlu hekk biss fir-rigward tas-suġġett ewlieni ta' din il-miżura: id-dritt għall-informazzjoni. Ma joħolqux drittijiet ġodda li mhumiex relatati mal-għoti ta' informazzjoni.

Iż-żewġ aspetti tal-alternattiva ppreferuta huma proporzjonali: minkejja li x'aktarx it-tnejn li huma jkunu jeħtieġu li numru ta' Stati Membri jintroduċu tibdil fil-liġijiet dwar il-proċedura kriminali, m'hemm l-ebda mezz effettiv ieħor li jiżgura li persuni suspettati jirċievu informazzjoni komprensiva.

6.2. Impatt finanzjarju fuq l-Istati Membri

L-impatt finanzjarju ewlieni tal- alternattiva A5 huwa l-istruttura ta' darba/l-ispejjeż tal-bidu mġarrba minħabba l-introduzzjoni tal-iskemi tal-Ittra tad-Drittijiet. Dawn jikkonsistu prinċipalment fi spejjeż għall-abbozzar tal-Ittri, għat-traduzzjoni tagħhom u għat-taħriġ ta' uffiċjali tal-pulizija u, fejn neċessarju, ta' prosekuturi u mħallfin. Dawn l-ispejjeż x'aktarx jistgħu jvarjaw minn 10 000 € għal 2.5 miljuni € għal kull Stat Membru (il-mudell ta' kalkoli għal Malta jipprovdi firxa ta' 10 600 € - 70 000 € u għal Franza 655 000 € - 2.5 miljuni €). Huwa probabbli li l-ispejjeż reali jkollhom tendenza li jkunu fuq il-livell baxx tal-firxa tal-ispejjeż. L-effett tal-alternattiva A5 fuq l-ispejjeż operattivi għal kull Stat Membru jiddependi prinċipalment fuq x'inhi l-informazzjoni dwar id-drittijiet li diġà qiegħda tingħata lil persuni suspettati u fuq kemm tieħu żmien biex tingħata. L-implikazzjonijiet baġitarji fuq l-Istati Membri li diġà qed jużaw l-iskemi tal-Ittra tad-Drittijiet x'aktarx għandhom ikunu minimi. Għal dawk li attwalment qed jinfurmaw lil persuni suspettati dwar id-drittijiet tagħhom verbalment, l-effett fuq l-ispejjeż għal kull każ se jiddependi fuq il-livell ta' dettall li jkun fiha l-informazzjoni verbali li qed tingħata attwalment.

Fil-każ tal- alternattiva B3 , il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri se jġarrbu spejjeż ta' darba negliġibbli meta jimplimentaw id-Direttiva biss, billi dawn diġà jippermettu aċċess għall-fajl tal-każ. Għalhekk, l-ispejjeż ta' darba għall-introduzzjoni tal-aċċess għall-fajl tal-każ huma mistennija biss għal dawk it-3 Stati Membri li attwalment għadhom ma jipprovdux għal dan id-dritt. Dawn l-ispejjeż probabbilment se jirriżultaw prinċipalment mit-taħriġ tal-uffiċjali tal-pulizija, il-prosekuturi u l-imħallfin u se jvarjaw minn 9 000 € għal 2.6 miljuni € għal kull Stat Membru. Filwaqt li l-impatt preċiż ta' din l-alternattiva fuq l-ispejjeż operattivi ma jistax ikun previst, huwa probabbli li anke għal dawk it-3 Stati Membri li se jkollhom jintroduċu d-dritt, l-impatt fuq l-ispejjeż operattivi se jkun limitat ħafna.

7. monitoraġġ u evalwazzjoni

Li tipprovdi mekkaniżmu b'saħħtu ta' monitoraġġ u evalwazzjoni huwa kruċjali sabiex tiżgura li d-drittijiet previsti huma mħarsa kemm fil-prattika kif ukoll fil-leġiżlazzjoni. Il-Kummissjoni qed tippjana li twettaq studju empiriku speċifiku b'enfasi fuq il-ġabra ta' dejta wara 3-5 snin mill-implimentazzjoni tal-proposta sabiex takkwista għarfien kwantitattiv u kwalitattiv dettaljat dwar l-effikaċja tal-proposta. Hekk kif il-Miżuri tal-Pjan Direzzjonali jkunu fis-seħħ, se jkun essenzjali li tiġi evalwata kull Miżura fil-kuntest kif ukoll l-effiċjenza tal-Pjan Direzzjonali fit-totalità tiegħu.

[1] 2009/C 295/01

[2] Firxa bbażata fuq mudell ta' kalkolu għal dawk l-Istati Membri li l-aktar għandhom ċans li jġarrbu spejjeż ta' implimentazzjoni minħabba l-prattika attwali li tiddifferixxi minn dik prevista fl-alternattiva. Minħabba nuqqas ta' dejta statistika disponibbli, iċ-ċifri fuq spejjeż operattivi ma jikkunsidrawx il-livell attwali tal-ispejjeż operattivi biex b'hekk il-piż finanzjarju miżjud tal-implimentazzjoni tal-alternattiva ma jkunx jista' jiġi kkalkulat bi preċiżjoni iżda jkun mistenni li hu frazzjoni taċ-ċifra indikattiva ppreżentata hawnhekk.

[3] Għandha tapplika l- indikazzjoni ta' avvertenza fin-nota tal-qiegħ 2.

LV

(...PICT...)|EIROPAS KOMISIJA|

Briselē, 20.7.2010 SEC(2010) 908

KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS Pavaddokuments

priekšlikumam EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS {COM(2010) 392 galīgā redakcija} {SEC(2010) 907}

KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS

IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS

1. Politikas konteksts un procedūra

Lai palielinātu savstarpēju uzticēšanos, tādējādi uzlabojot savstarpējās atzīšanas principa darbību, Eiropas Padome 2009. gada novembrī pieņēma Procesuālo tiesību ceļvedi 2009/C 295/01. , kurā bija izklāstīta pakāpeniska pieeja aizdomās turētu un apsūdzētu personu tiesību nostiprināšanai.[1]

2009/C 295/01.

Ceļvedī pašlaik paredzētie pasākumi|

A pasākums . R akstiskā un mutiskā tulkošana|

B pasākums . I nformācija par tiesībām un informācija par apsūdzību|

C pasākums . Juridiskās konsultācijās un juridiskā palīdzība|

D pasākums . S aziņa ar radiniekiem, darba devējiem un konsulārām iestādē m|

E pasākums . Īpaši aizsargpasākumi aizdomās turētām vai apsūdzētām personām, kas ir neaizsargātas|

Šis ietekmes novērtējums attiecas uz B pasākumu, kura mērķis ir uzlabot aizdomās turētu personu stāvokli, nodrošinot šīm personām iespēju saņemt informāciju par viņu tiesībām un viņām izvirzīto apsūdzību kriminālprocesā.

Ietekmes novērtējums ir lielā mērā empīrisks — Komisijas dienesti vairākkārt konsultējās ar ieinteresētajām personām, piemēram, Tiesiskuma foruma sanāksmēs 2008. un 2009. gadā. Ietekmes novērtējumā izmantoti arī jaunākie akadēmiskie pētījumi.

2. Problēmas izklāsts

2.1. Nepietiekama informācija kriminālprocesā

Aizdomās turētu un apsūdzētu personu piekļuve informācijai ir viens no galvenajiem faktoriem, lai nodrošinātu lietas taisnīgu izskatīšanu. Nevar iepriekš pieņemt, ka aizdomās turētām personām aizturēšanas laikā ir pietiekama informācija par viņu tiesībām (piemēram, tiesībām uz juridiskām konsultācijām), kas ļauj šīs tiesības efektīvi izmantot. Nodrošinot informāciju par tiesībām, tiek radīta iespēja izmantot visas tiesības. Apsūdzētajām personām ir arī precīzi jāzina, kāda ir viņām izvirzītā apsūdzība un pierādījumi, lai varētu sagatavot savu aizstāvību.

Aizdomās turētas un apsūdzētas personas ne vienmēr saņem šo informāciju. Dalībvalstīm ir atšķirīgas informēšanas sistēmas, un dažās dalībvalstīs daļu informācijas vispār nesniedz. Piemēram, četrās dalībvalstīs nav juridiska pienākuma informēt aizdomās turētās personas par tiesībām uz juridiskām konsultācijām, un tikai desmit dalībvalstīs aizdomās turētās personas tiek informētas par viņu tiesībām, izsniedzot rakstisku paziņojumu (paziņojumu par tiesībām). Tiesību akti un prakse attiecībā uz informāciju par apsūdzību dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras: apsūdzētajam var izsniegt rakstisku kopsavilkumu vai apsūdzētā advokātam var atļaut iepazīties ar lietas materiāliem un pārkopēt attiecīgās daļas. Trīs dalībvalstīs piekļuve lietas materiāliem ir liegta, un arī tajās dalībvalstīs, kur piekļuves tiesības ir paredzētas, valda liela dažādība attiecībā uz procesa posmu, kurā piekļuve ir atļauta.

2.1.1. Negatīvā ietekme uz kriminālprocesu un tiesu iestāžu sadarbību

Ja aizdomās turētās personas netiek pienācīgi informētas, kriminālprocess var būt netaisnīgs, bet tas var radīt nevajadzīgas izmaksas, kas saistītas ar ilgstošu tiesvedību, pārsūdzībām un nesekmīgu kriminālvajāšanu tiesvedības dalībvalstī.

Nepietiekama informācija var radīt problēmas un izmaksas citās dalībvalstīs, ja tās dalībvalsts tiesa, kurā notiek sākotnējais kriminālprocess, vēlas sadarboties ar citām dalībvalstīm. ES juridiskie instrumenti dalībvalstu tiesu iestāžu sadarbības atvieglošanai (piemēram, Eiropas apcietināšanas orderis — EAO) pamatojas uz savstarpējās atzīšanas principu, t. i., tiesas lēmumus citās dalībvalstīs izpilda, tos vēlreiz nepārskatot. Šādas gandrīz automātiskas atzīšanas priekšnosacījums ir tiesnešu un tiesu savstarpēja uzticēšanās. Ja šādas uzticēšanās nav, savstarpējās atzīšanas princips nedarbojas un sekas ir ilgstoša tiesvedība un ārvalstu tiesas lēmumu aizkavēta izpilde, kas rada attiecīgas izmaksas. Nesen tiesas procesā Apvienotajā Karalistē aizdomās turētās personas apgalvojums, ka dalībvalsts, kas bija izdevusi EAO par šīs personas nodošanu, procesa gaitā nav sniegusi šai personai pietiekamu informāciju, iespējams, ir bijis viens no aizdomās turētās personas nodošanas procedūras ieilgšanas iemesliem — process ir turpinājies vairāk nekā gadu, un tā laikā ir iesniegtas vairākas pārsūdzības augstāku instanču tiesās un pieteikums Eiropas Cilvēktiesību tiesai, radot ievērojamas izmaksas.

2.1.2. Spēkā esošie juridiskie standarti nenodrošina pietiekamu aizsardzību

Pašlaik nav pietiekami augstu un atbilstoši īstenotu standartu. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā ( ECHR ) ir paredzēts tiesību minimums, tomēr ieinteresētās personas atzīst, ka ECHR un tās īstenošanas mehānisms ne vienmēr garantē personu pietiekamu aizsardzību un jo īpaši nenodrošina atbilstošu informāciju par personu tiesībām un viņām izvirzīto apsūdzību. Tas ir tāpēc, ka tiesības uz informāciju saskaņā ar ECHR 5. un 6. pantu nesniedzas pietiekami tālu un Eiropas Cilvēktiesību tiesa var izskatīt tai iesniegtos pieteikumus vairākus gadus, nodrošinot tikai ex post tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kuru efektivitāte ir ierobežota.

2.2. ES tiesiskuma politikas līdzsvarošana un ES pilsoņu brīvas pārvietošanās sekmēšana, nostiprinot pamattiesības

Lai gan ir veikti dažādi ES līmeņa pasākumi ar mērķi garantēt pilsoņiem augstu drošības līmeni (piemēram, EAO ieviešana), līdz šim nebija izdevies panākt vienošanos par pasākumiem lietas taisnīgas izskatīšanas standartu jomā. Padome, 2009. gada novembrī pieņemot Procesuālo tiesību ceļvedi, atzina, ka steidzami jārīkojas, lai ES nostiprinātu aizdomās turētu personu procesuālās tiesības. Ceļvedis sagatavo pamatu ES rīcībai, lai nodrošinātu augstāku pamattiesību aizsardzības līmeni, nekā to paredz ECHR . Tas piešķirtu arī īpašu ES nozīmi ES Pamattiesību hartas 47. un 48. pantā paredzētajām lietas taisn ī gas izskat ī šanas garantijām un palīdzētu novērst faktiskus un šķietamus pilsoņu brīvas pārvietošanās šķēršļus, kā garantēts LESD 21. panta 2. punktā.

2.3. Problēmas pašreizējais un paredzamais mērogs

Lai gan nav pieejami dati par to tiesas procesu skaitu, par kuriem ir saņemtas sūdzības sakarā ar nepietiekamu informāciju, ieinteresētās personas uzskata — lai arī nepietiekamas informācijas problēma nav endēmiska, tomēr tā ir aktuāla un neaprobežojas ar konkrētām dalībvalstīm. Paredzams, ka pašreizējais nepietiekamais dalībvalstu tiesu iestāžu savstarpējās uzticēšanās līmenis saglabāsies arī turpmāk, jo jādomā, ka atkārtosies gadījumi, kad dalībvalstu iestādes nebūs sniegušas aizdomās turētām un apsūdzētām personām informāciju . Tā kā intensīvāka pilsoņu pārvietošanās starp dalībvalstīm palielinās vajadzību pēc tiesu iestāžu sadarbības un tuvākajā nākotnē būs jāievieš un jāpiemēro turpmāki ES līmeņa tiesu iestāžu sadarbības pasākumi, vajadzība pēc lielākas savstarpējās uzticēšanās kļūs vēl aktuālāka.

2.4. ES kompetence

LESD 82. panta 2. punkta b) apakšpunkts paredz, ka, tikt ā l, cik tas nepieciešams, lai veicin ā tu tiesas spriedumu un l ē mumu savstarp ē ju atz ī šanu, k ā ar ī policijas un tiesu iest ā žu sadarb ī bu krimin ā lliet ā s, kam ir p ā rrobežu aspekts, pie ņ emot direkt ī vas, var noteikt obligātos noteikumus, kuri attiecas uz individuālajām tiesībām kriminālprocesā. Tā kā informācijas nodrošināšanas ziņā dalībvalstu starpā pašlaik pastāv ievērojamas atšķirības, ir maz ticams, ka dalībvalstis, rīkojoties vienas pašas, varētu ieviest pietiekami augstus informācijas nodrošināšanas standartus visā ES, tāpēc šis mērķis ir sasniedzams tikai ES līmenī.

3. Mērķi

Vispārējie mērķi|Uzlabot tiesu iestāžu sadarbību, atjaunojot dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos krimināltiesību sistēmu taisnīgai darbībai. Nodrošināt augstu pamattiesību aizsardzības līmeni kriminālprocesā, tādējādi sekmējot ES pilsoņu brīvu pārvietošanos ES teritorijā.|

Konkrētie mērķi|Atvieglot tiesas lēmumu izpildi kriminālprocesā, nodrošinot, ka aizdomās turētās personas saņem pietiekamu informāciju par savām tiesībām (vēlams, rakstveidā), lai varētu efektīvi īstenot savas aizstāvības tiesības. |Atvieglot tiesu lēmumu izpildi kriminālprocesā, nodrošinot, ka apsūdzētās personas saņem pietiekami sīki izklāstītu informāciju par viņām izvirzīto apsūdzību , lai dotu šīm personām iespēju atbilstoši sagatavot savu aizstāvību vai apstrīdēt pirmstiesas lēmumus. |

Darbības mērķi|Informācijai par tiesībām uz lietas taisnīgu izskatīšanu, ko sniedz aizdomās turētām personām: jābūt skaidrā, aizdomās turētajai personai viegli saprotamā valodā, tā jāsniedz, personai pirmo reizi nonākot saskarē ar policiju,tajā jāiekļauj ECHR un ES Pamattiesību hartā paredzētās pamattiesības, kas ir piemērojamas personas aizturēšanas, pirmās nopratināšanas un apcietināšanas laikā,tā jāsniedz tā, lai būtu iespējams pārliecināties, ka informācija ir nodota. |Informācijai par apsūdzību, ko sniedz apsūdzētām personām:jābūt pietiekami sīki izklāstītai, lai apsūdzētā persona varētu atbilstoši sagatavot savu aizstāvību vai apstrīdēt pirmstiesas lēmumus ,tā jāsniedz laicīgi un tā, lai apsūdzētā persona saprastu, kāda apsūdzība viņai izvirzīta,tā jāsniedz tā, lai būtu iespējams pārliecināties, ka informācija ir nodota .|

4. Politikas risinājumi un to ietekme

· Status quo saglabāšana: šajā risinājumā ES līmeņa pasākumi netiktu veikti .

· Politikas A risinājumi , kas risina problēmu saistībā ar to, ka aizdomās turētas personas ne vienmēr saņem atbilstošu informāciju par tiesībām

Neleģislatīvi pasākumi:politikas risinājums A1 : ES mēroga informatīva kampaņa par aizstāvības tiesību minimumu,politikas risinājums A2 : Padomes ieteikums par labu praksi attiecībā uz aizdomās turētu un apsūdzētu personu informēšanu par viņu tiesībām.ES mēroga leģislatīvi pasākumi:politikas risinājums A3 : ES mēroga pienākums informēt aizdomās turētas personas par viņu tiesībām, izmantojot dalībvalstu izvēlētus līdzekļus ,politikas risinājums A4 : ES mēroga pienākums informēt aizdomās turētās personas, kas ir aizturētas, par viņu tiesībām, izmantojot paziņojumu par tiesībām, kas jāsagatavo dalībvalstīm, iekļaujot vienotu tiesību minimumu ( ECHR un ES tiesību aktos paredzētās tiesības), un ko dalībvalstis var papildināt ar savos tiesību aktos paredzētām tiesībām,politikas risinājums A5 : ES mēroga pienākums informēt aizdomās turētās personas, kas ir aizturētas, par viņu tiesībām, izmantojot paziņojumu par tiesībām, kurā, izmantojot ES standarta frāzes, norāda minimuma tiesības, kā izklāstīts direktīvas pielikumā. |

Politikas B risinājumi , kas risina problēmu saistībā ar to, ka apsūdzētas personas ne vienmēr saņem atbilstošu informāciju par sev izvirzīto apsūdzību nekavējoties, sīkā izklāstā un sev saprotamā valodā

Neleģislatīvi pasākumi:politikas risinājums B1 : Padomes ieteikums par labu praksi un apmācību attiecībā uz apsūdzētu personu informēšanu par viņām izvirzīto apsūdzību.ES mēroga leģislatīvi pasākumi:politikas risinājums B2 : ES mēroga pienākums informēt apsūdzētās personas par viņām izvirzīto apsūdzību, izmantojot dalībvalstu izvēlētus līdzekļus ,politikas risinājums B3 : ES mēroga pienākums informēt apsūdzētās personas par viņām izvirzīto apsūdzību, tostarp atļaujot šīm personām (vai viņu advokātam) piekļūt lietas materiāliem.|

5. Politikas risinājumu salīdzinājums

Turpmākajās tabulās sniegts politikas risinājumu relatīvais novērtējums salīdzinājumā ar konkrētajiem un darbības mērķiem. Risinājumi ir klasificēti atkarībā no to potenciālās iespējas sasniegt 3. punktā noteiktos mērķus. Mērķu sasniegšanā paredzamās efektivitātes novērtējumam galīgajā summā ir dots līdzvērtīgs svars.

Piemērotākie risinājumi ir A5 un B3, jo izrādās, ka tiem ir vislielākās potenciālās iespējas.

5.1. tabula. Politikas A risinājumu novērtējuma salīdzinājums||

Mērķi/izmaksas|Status quo| A1| A2 | A3| A4 | A5 |

Nodrošināt, ka aizdomās turētās personas saņem pietiekamu informāciju par savām tiesībām, lai varētu tās efektīvi īstenot|0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Sniegt informāciju skaidrā, aizdomās turētajai personai viegli saprotamā valodā |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Sniegt informāciju, personai pirmo reizi nonākot saskarē ar policiju, un iekļaut tajā ECHR un ES Pamattiesību hartā paredzētās pamattiesības, kas ir piemērojamas personas aizturēšanas, pirmās nopratināšanas un apcietināšanas laikā|0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

Nodrošināt līdzekļus, kas ļauj pārliecināties, ka informācija ir nodota|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Uzlabot dalībvalstu pārliecinātību par krimināltiesību sistēmu taisnīgu darbību visā ES teritorijā|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Kopējais rezultāts|0|5|8|12|20|25|

Finanšu slogs vienai dalībvalstij Izmaksu diapazona pamatā ir paraugaprēķins, kas attiecas uz tām dalībvalstīm, kurās visticamāk radīsies īstenošanas izmaksas, jo to pašreizējā prakse atšķiras no attiecīgajā risinājumā paredzētās prakses. Ievērojot, ka statistikas dati nav pieejami, darbības izmaksās nav ņemts vērā pašreizējais darbības izmaksu līmenis, tāpēc ar attiecīgā risinājuma īstenošanu saistītās papildu izmaksas nevar aprēķināt precīzi, bet var pieņemt, ka tās būs daļa no šeit norādītās indikatīvās summas.Izmaksu diapazona pamatā ir paraugaprēķins, kas attiecas uz tām dalībvalstīm, kurās visticamāk radīsies īstenošanas izmaksas, jo to pašreizējā prakse atšķiras no attiecīgajā risinājumā paredzētās prakses. Ievērojot, ka statistikas dati nav pieejami, darbības izmaksās nav ņemts vērā pašreizējais darbības izmaksu līmenis, tāpēc ar attiecīgā risinājuma īstenošanu saistītās papildu izmaksas nevar aprēķināt precīzi, bet var pieņemt, ka tās būs daļa no šeit norādītās indikatīvās summas.|-|EUR 100 000–EUR 10  miljoni (kopējās ES izmaksas)|Vienreizējas sākuma izmaksas: EUR 0–EUR 2,5  miljoniDarbības izmaksas gadā: EUR 0–EUR 4,6  miljoni|Vienreizējas sākuma izmaksas: EUR 0–EUR 2,5  miljoniDarbības izmaksas gadā: EUR 5 000–EUR 4,6  miljoni|Vienreizējas sākuma izmaksas: EUR 15 000–EUR 2,5  miljoniDarbības izmaksas gadā: EUR 5 000–EUR 4,6  miljoni|Vienreizējas sākuma izmaksas: EUR 5 000–EUR 2,5  miljoniDarbības izmaksas gadā: EUR 5 000–EUR 4,6  miljoni|

Potenciālie izmaksu ietaupījumi kriminālprocesa norises dalībvalstīs|-|Nelieli|Nelieli|Nelieli/vidēji|Vidēji|Vidēji/lieli|

5.2. tabula. Politikas B risinājumu novērtējuma salīdzinājums||

Mērķi/izmaksas|Status quo|B1 |B2 |B3 |||

Nodrošināt, ka apsūdzētās personas saņem pietiekami sīki izklāstītu informāciju par tām izvirzīto apsūdzību, lai dotu šīm personām iespēju atbilstoši sagatavot savu aizstāvību vai apstrīdēt pirmstiesas lēmumus |0|√√|√√√|√√√√√|||

Sniegt informāciju laicīgi un tā, lai apsūdzētā persona saprastu, kāda apsūdzība viņai izvirzīta|0|√|√√√|√√√√|||

Nodrošināt līdzekļus, kas ļauj pārliecināties, ka informācija ir nodota|0|√|√√|√√√|||

Uzlabot dalībvalstu pārliecinātību par krimināltiesību sistēmu taisnīgu darbību visā ES teritorijā|0|√|√√√|√√√√√|||

Kopējais rezultāts|0|5|11|17|||

Finansiālais slogs vienai dalībvalstij Piemēro 2. zemsvītras piezīmē minēto piebildi .Piemēro 2. zemsvītras piezīmē minēto piebildi .|-|Vienreizējas sākuma izmaksas : EUR 0–EUR 2,6  miljoniDarbības izmaksas: EUR 270 000–EUR 21 miljons|Vienreizējas sākuma izmaksas : EUR 0–EUR 2,6  miljoniDarbības izmaksas: EUR 1 000 000–EUR 30  miljoni|Vienreizējas sākuma izmaksas : EUR 9000–EUR 2,6  miljoniDarbības izmaksas: EUR 270 000– EUR 21  miljons|||

Potenciālie izmaksu ietaupījumi kriminālprocesa norises dalībvalstīs|-|Nelieli|Nelieli|Vidēji|||

6. Piemērotākais risinājums

Piemērotākais risinājums ir risinājumu A5 un B3 apvienojums .

Jāpieņem direktīva, kas uzliek dalībvalstīm pienākumu nodrošināt, lai aizdomās turētās un apsūdzētas personas, kas ir aizturētas, tiktu informētas par viņu tiesībām kriminālprocesā, izmantojot paziņojumu par tiesībām šīm personām saprotamā valodā, kuru sagatavo dalībvalstis un kurā, izmantojot ES standarta frāzes, norāda tiesību minimumu attiecībā uz lietas taisnīgu izskatīšanu, kā izklāstīts direktīvas pielikumā, un attiecīgos gadījumos papildu tiesības saskaņā ar attiecīgajiem dalībvalstu tiesību aktiem, unaizdomās turētās un apsūdzētās personas tiktu informētas par viņām izvirzīto apsūdzību, tostarp šīm personām (vai viņu advokātam) ir jāatļauj bez maksas piekļūt lietas materiāliem.|

6.1. Piemērotākā risinājuma ES pievienotā vērtība un samērīgums

Piemērotākais risinājums rada jaunus, vienotus ES mēroga pienākumus (pienākumu izmantot paziņojumu par tiesībām un pienākumu nodrošināt piekļuvi lietas materiāliem). Šī saskaņošana apliecina piemērotākā risinājuma efektivitāti — tas nodrošina atbilstošas informācijas sniegšanu un veicina uzticēšanos lietas taisnīgai izskatīšanai citās dalībvalstīs. Lai gan risinājumi A5 un B3 rada jaunus pienākumus, tie attiecas tikai uz šā tiesību akta galveno priekšmetu, t. i., tiesībām uz informāciju. Tie nerada jaunas, ar informācijas nodrošināšanu nesaistītas tiesības.

Piemērotākā risinājuma abi elementi ir samērīgi: lai gan vairākām dalībvalstīm abos gadījumos visticamāk nāksies grozīt savus kriminālprocesa tiesību aktus, nav citu efektīvu līdzekļu, lai nodrošinātu, ka aizdomās turētās personas saņem pilnīgu informāciju.

6.2. Finansiālā ietekme uz dalībvalstu budžetu

Risinājuma A5 galvenā finansiālā ietekme ir saistīta ar vienreizējām sākuma izmaksām , ko rada paziņojumu par tiesībām sistēmu ieviešana. Pirmām kārtām tās ir ar paziņojumu sagatavošanu un tulkošanu, kā arī policijas ierēdņu un attiecīgos gadījumos prokuroru un tiesnešu apmācību saistītās izmaksas. Šīs izmaksas vienai dalībvalstij visticamāk svārstīsies no EUR 10 000 līdz EUR 2,5 miljoniem (saskaņā ar paraugaprēķinu Maltas izmaksas ir no EUR 10 600 līdz EUR 70 000, bet Francijas — no EUR 655 000 līdz EUR 2,5 miljoniem). Jādomā, ka faktiskās izmaksas vairāk tuvināsies izmaksu diapazona zemākajai robežai. Risinājuma A5 ietekme uz dalībvalstu darbības izmaksām pirmkārt ir atkarīga no tā, kādu informāciju par tiesībām attiecīgā dalībvalsts aizdomās turētajām personām jau sniedz un cik ilgu laiku tas prasa. Ietekme uz to dalībvalstu budžetu, kurās paziņojumu par tiesībām sistēmas jau darbojas, visticamāk būs minimāla. Ar vienu lietu saistītās izmaksas tajās dalībvalstīs, kas pašlaik informē aizdomās turētās personas mutiski, būs atkarīgas no tā, cik detalizēta ir pašlaik sniegtā informācija.

Tā kā tiesības uz piekļuvi lietas materiāliem vairākumā dalībvalstu jau pastāv, risinājums B3 radīs neievērojamas vienreizējas ar direktīvas īstenošanu saistītas izmaksas . Ieviešot tiesības uz piekļuvi lietas materiāliem, vienreizējas izmaksas var rasties tikai tām trim dalībvalstīm, kur šādas tiesības pašlaik nav paredzētas. Šīs izmaksas visticamāk būs saistītas galvenokārt ar policijas ierēdņu, prokuroru un tiesnešu mācībām un svārstīsies no EUR 9000 līdz EUR 2,6 miljoniem vienai dalībvalstij. Lai gan šā risinājuma ietekmi uz darbības izmaksām precīzi nevar paredzēt, jādomā, ka arī tajās trijās dalībvalstīs, kam šīs tiesības būs jāievieš, ietekme uz darbības izmaksām būs ļoti ierobežota.

7. uzraudzība un novērtēšana

Stabila uzraudzības un novērtēšanas mehānisma izveide ir īpaši svarīga, lai nodrošinātu, ka paredzētās tiesības tiek ievērotas praksē un ir iekļautas tiesību aktos. Komisija plāno trīs līdz piecus gadus no priekšlikuma īstenošanas sākuma veikt īpašu empīrisku pētījumu, pievēršot galveno uzmanību datu vākšanai, lai gūtu padziļinātu kvantitatīvu un kvalitatīvu izpratni par priekšlikuma efektivitāti. Kad būs īstenoti visi ceļvedī paredzētie pasākumi, būs svarīgi novērtēt katru pasākumu tā kontekstā, kā arī ceļveža kā vienota veseluma efektivitāti.

[1] 2009/C 295/01.

[2] Izmaksu diapazona pamatā ir paraugaprēķins, kas attiecas uz tām dalībvalstīm, kurās visticamāk radīsies īstenošanas izmaksas, jo to pašreizējā prakse atšķiras no attiecīgajā risinājumā paredzētās prakses. Ievērojot, ka statistikas dati nav pieejami, darbības izmaksās nav ņemts vērā pašreizējais darbības izmaksu līmenis, tāpēc ar attiecīgā risinājuma īstenošanu saistītās papildu izmaksas nevar aprēķināt precīzi, bet var pieņemt, ka tās būs daļa no šeit norādītās indikatīvās summas.

[3] Piemēro 2. zemsvītras piezīmē minēto piebildi .

SK

(...PICT...)|EURÓPSKA KOMISIA|

V Bruseli 20.7.2010 SEK(2010) 908

PRACOVNÝ DOKUMENT ZAMESTNANCOV KOMISIE ktorý je priložený k

návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o práve na informácie v trestnom konaní ZHRNUTIE POSÚDENIA VPLYVU {KOM(2010) 392 v konečnom znení} {SEK(2010) 907}

PRACOVNÝ DOKUMENT ZAMESTNANCOV KOMISIE

ZHRNUTIE POSÚDENIA VPLYVU

1. Politický kontext a postup

S cieľom zvýšiť vzájomnú dôveru a tak zlepšiť fungovanie vzájomného uznávania prijala Európska rada v novembri 2009 plán procesných práv 2009/C 295/01. , ktorým sa ustanovuje postupný prístup na posilnenie práv podozrivých a obvinených osôb:[1]

2009/C 295/01.

Opatrenia v súčasnosti predpokladané v pláne:|

opatrenie A: preklad a tlmočenie,|

opatrenie B: informácie o právach a informovanie o obvineniach,|

opatrenie C: právne poradenstvo a právna pomoc,|

opatrenie D: komunikácia s príbuznými, zamestnávateľmi a konzulárnymi orgánmi,|

opatrenie E: osobitné záruky podozrivých alebo obvinených osôb, ktoré sú ohrozené. |

Toto posúdenie vplyvu sa týka opatrenia B, ktorého cieľom je zlepšiť situáciu podozrivých osôb, a to zaručením, aby boli oboznámené so svojimi právami, ako aj s prípadom, ktorý sa proti nim vedie v rámci trestného konania.

Posúdenie vplyvu je do značnej miery empirické: vo viacerých prípadoch sa uskutočnili konzultácie so zainteresovanými stranami, a to napríklad na zasadnutiach Justičného fóra v rokoch 2008 a 2009. Pri posúdení vplyvu boli použité aj výsledky nedávnych akademických štúdií.

2. Problém

2.1. Nedostatočné informácie v trestnom konaní

Prístup k informáciám pre podozrivé a obvinené osoby je kľúčovým faktorom pri zabezpečovaní spravodlivého súdneho konania. Nemôže sa predpokladať, že podozrivé osoby majú v čase zatknutia dostatočné vedomosti o svojich právach (napr. o práve na právnu pomoc) na to, aby mohli tieto práva účinne využiť. Poskytovanie informácií o právach je vstupnou bránou ku všetkým právam. Obvinená osoba taktiež potrebuje podrobne poznať prípad vedený proti nej, ako aj dôkazy, aby mohla pripraviť svoju obhajobu.

Podozrivé a obvinené osoby však tieto informácie nie vždy dostávajú. Členské štáty používajú na odovzdávanie informácií rôzne systémy a určité informácie v niektorých členských štátoch nie sú odovzdávané vôbec. V 4 členských štátoch napríklad vôbec neexistuje zákonná povinnosť poučiť podozrivého o jeho práve na právnu pomoc a iba v desiatich členských štátoch je podozrivý oboznamovaný so svojimi právami formou písomného oznámenia (listina práv). Pokiaľ ide o informácie o prípade, zákony aj zaužívaná prax sa od členského štátu k členskému štátu výrazne líšia: môže sa poskytnúť písomné zhrnutie, alebo môže byť advokátovi obvinenej osoby zabezpečený prístup k procesnému spisu, pričom mu je umožnené urobiť si kópie príslušných častí. V 3 členských štátoch nie je možný prístup k procesnému spisu a dokonca aj medzi členskými štátmi, ktoré takýto prístup umožňujú, existujú výrazné rozdiely, pokiaľ ide o fázu konania, v ktorej sa tento prístup umožňuje.

2.1.1. Nepriaznivé účinky na trestné konanie a justičnú spoluprácu

Ak podozrivé osoby nie sú primerane informované, môže byť trestné konanie nespravodlivé, čo môže viesť k vzniku zbytočných trov z dôvodu dlhých lehôt konania, odvolaní a prerušených konaní v členskom štáte, v ktorom sa odohráva súdne konanie.

Nedostatočná informovanosť môže viesť k problémom a vzniku trov v ďalších členských štátoch, ak sa súd v členskom štáte, v ktorom sa odohráva súdne konanie, usiluje o spoluprácu s inými členskými štátmi. Nástroje EÚ na uľahčenie justičnej spolupráce medzi členskými štátmi (ako napríklad európsky zatýkací rozkaz – EZR) vychádzajú zo zásady vzájomného uznávania, t. j. výkonu súdneho rozhodnutia v inom členskom štáte bez ďalšieho preskúmania rozhodnutia. Takéto kvázi automatické uznávanie si vyžaduje dôveru medzi sudcami a súdmi. Ak táto dôvera chýba, vzájomné uznávanie fungovať nebude; konania sú zdĺhavé a dochádza v rámci nich k prieťahom pri výkone zahraničných súdnych rozhodnutí a v dôsledku toho aj ďalším súdnym trovám. V nedávno prerokúvanej právnej veci v Spojenom kráľovstve neboli podozrivému poskytnuté dostatočné informácie v súdnom konaní v členskom štáte, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz na vydanie osoby, čo podľa všetkého spôsobilo, že odovzdávacie konanie trvalo viac ako rok, zahŕňalo niekoľko odvolaní na vyššie súdy a žalobu na Európsky súd pre ľudské práva, pričom súdne trovy dosiahli značnú výšku.

2.1.2. Jestvujúce právne normy neposkytujú primeranú ochranu

V súčasnosti neexistujú dostatočne vysoké a primerane vykonávané normy. Hoci sú minimálne práva ustanovené v Európskom dohovore o ľudských právach (EDĽP), zainteresované strany súhlasia, že EDĽP a jeho vykonávací mechanizmus nie vo všetkých prípadoch zabezpečujú dostatočnú ochranu v súvislosti s poskytovaním primeraných informácií o právach a najmä o obvineniach. Je to z toho dôvodu, že práva na informácie v zmysle článkov 5 a 6 EDĽP nezachádzajú dostatočne ďaleko, a môže trvať roky, kým budú rozhodnuté žaloby podané na Európsky súd pre ľudské práva, pričom nakoniec bude ich výsledkom len ex post prostriedok nápravy s obmedzenou účinnosťou.

2.2. Obnovenie rovnováhy politiky spravodlivosti EÚ a podpora voľného pohybu pre občanov EÚ prostredníctvom posilnenia základných práv

Hoci boli na úrovni EÚ prijaté rôzne opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti pre občanov (ako napríklad zavedenie EZR), nebolo v minulosti možné odsúhlasiť žiadne opatrenia týkajúce sa noriem pre spravodlivý proces. Prijatím plánu procesných práv v novembri 2009 Rada uznala naliehavú potrebu prijať opatrenia na posilnenie procesných práv podozrivých osôb v EÚ. Plán pripravuje cestu pre opatrenia EÚ, ktorými sa zaručujú základné práva ochrany nad rámec práv zabezpečených EDĽP. Taktiež by to dodalo konkrétny význam zárukám spravodlivého procesu na úrovni EÚ, ktoré sú zakotvené v článkoch 47 a 48 Charty základných práv EÚ, a zároveň by to prispelo k odstráneniu skutočných alebo zdanlivých prekážok voľného pohybu pre občanov, ako ich zaručuje článok 21 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

2.3. Súčasný rozsah problému a jeho perspektívy

Napriek tomu, že počet konaní, v ktorých boli zaznamenané sťažnosti na nedostatok informácií, nie je k dispozícii, zainteresované strany v správe uviedli, že problém nedostatočnej informovanosti, hoci nie je endemický, je akútny a neobmedzuje sa na konkrétny členský štát. Očakáva sa, že vzájomná dôvera medzi justičnými orgánmi členských štátov ostane na súčasnej nedostatočnej úrovni, keďže sa zdá, že neposkytovanie informácií podozrivým alebo obvineným osobám zo strany inštancií orgánov členských štátov sa opakuje. Keďže zvýšený pohyb občanov medzi členskými štátmi bude mať za následok väčšiu potrebu justičnej spolupráce, a keďže bude treba zaviesť a v blízkej budúcnosti uplatňovať ďalšie opatrenia týkajúce sa justičnej spolupráce na úrovni EÚ, stane sa potreba zlepšiť vzájomnú dôveru ešte naliehavejšou.

2.4. Právomoc EÚ konať

V zmysle článku 82 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je možné prijať minimálne pravidlá týkajúce sa práv jednotlivcov v trestnom konaní prostredníctvom smerníc, a to do takej miery, aby bolo uľahčené vzájomné uznávanie rozsudkov a justičných rozhodnutí, ako aj justičná spolupráca v trestných veciach, ktoré majú cezhraničný rozmer. Keďže v súčasnosti existujú v členských štátoch veľké rozdiely v súvislosti s poskytovaním informácií, nie je možné, aby boli členské štáty samostatným konaním schopné zabezpečiť dostatočne vysoký štandard poskytovania informácií v celej EÚ; to je možné jedine opatrením prijatým na úrovni EÚ.

3. Ciele

Všeobecné:|Zlepšiť justičnú spoluprácu obnovením vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi v spravodlivé fungovanie trestných justičných systémov. Zabezpečiť vysokú úroveň ochrany základných práv v trestnom konaní a tým podporiť voľný pohyb občanov EÚ v celej EÚ.|

Špecifické:|Uľahčiť výkon justičných rozhodnutí v trestných veciach, a to zabezpečením, aby boli podozriví dostatočne poučení o  svojich právach , podľa možnosti písomne, a aby tak mohli účinne uplatňovať svoje práva na obhajobu. |Uľahčiť výkon justičných rozhodnutí v trestných veciach, a to zabezpečením, aby boli obvinené osoby dostatočne oboznámené s  prípadom vedeným proti nim a aby tak mohli primeraným spôsobom pripraviť svoju obhajobu alebo spochybniť rozhodnutia v prípravnom konaní. |

Prevádzkové:|Informácie poskytované podozrivým o ich právach na spravodlivý súdny proces by mali byť napísané zrozumiteľne, aby im podozrivý jednoducho porozumel byť poskytnuté pri prvom kontakte s políciouzahŕňať hlavné práva podľa EDĽP a Charty základných práv Európskej únie (CHZP EÚ), ktoré sa vzťahujú na zatknutie, prvé vypočúvanie a priebeh zadržania.byť poskytnuté tak, aby bolo možné skontrolovať, či boli informácie odovzdané|Informácie o obvineniach poskytované obvinenej osobe by mali:byť dostatočne podrobné, aby umožňovali primeranú prípravu obhajoby alebo napadnutie rozhodnutí v prípravnom konaníbyť poskytnuté načas a takým spôsobom, aby obvinený rozumel prípadu vedenému proti nemubyť poskytnuté tak, aby bolo možné skontrolovať, či boli informácie odovzdané|

4. Možné politiky a ich vplyv

· Zachovanie aktuálneho stavu: táto možnosť by zahŕňala neprijatie žiadnych opatrení na úrovni EÚ.

· Možná politika A: riešenie problému, že podozriví nie vždy dostávajú primerané informácie o svojich právach :

Nelegislatívne opatrenia:Možná politika A1: informačná kampaň v celej EÚ o minimálnych právach na obhajobu.Možná politika A2: odporúčanie Rady týkajúce sa dobrého postupu poučenia podozrivých a obvinených o ich právach.Legislatívne opatrenia EÚMožná politika A3: v celej EÚ zavedená povinnosť poučiť podozrivých o ich právach prostredníctvom postupu zvoleného zo strany členského štátu .Možná politika A4: v celej EÚ zavedená povinnosť poučiť zatknuté podozrivé osoby o ich právach prostredníctvom listiny práv, ktorú si musia pripraviť členské štáty a ktorá musí obsahovať spoločnú minimálnu skupinu práv (práva podľa EDĽP a zákonov EU), pričom do listiny členské štáty pridajú ďalšie práva v zmysle svojich právnych predpisov.Možná politika A5: v celej EÚ zavedená povinnosť poučiť zatknuté podozrivé osoby o ich právach prostredníctvom listiny práv, ktorá zahŕňa štandardné európske znenia základných práv, ako sú uvedené v prílohe smernice.|

Možné politiky B: riešenie problému, že obvinené osoby nie sú vždy bez meškania, primerane a podrobne oboznámené s prípadmi vedenými proti nim v jazyku, ktorému rozumejú:

Nelegislatívne opatrenia:Možná politika B1: odporúčanie Rady týkajúce sa dobrého postupu a odborného vzdelávania v súvislosti s oboznámením obvinených o prípadoch vedených proti nim.Legislatívne opatrenia EÚMožná politika B2: v celej EÚ zavedená povinnosť oboznámiť obvinené osoby s prípadom vedeným proti nim prostredníctvom postupu zvoleného zo strany členského štátu .Možná politika B3: v celej EÚ zavedená povinnosť oboznámiť obvinené osoby s prípadom vedeným proti nim vrátane zabezpečenia prístupu do procesného spisu pre nich (alebo pre ich advokáta). |

5. Porovnanie možných politík

V tabuľkách tu nižšie sa uvádza porovnanie relatívneho ratingu možných politík so špecifickými a operatívnymi cieľmi. Uvedené možnosti sú klasifikované podľa ich potenciálu splniť ciele vymedzené v časti 3. Ratingom očakávanej účinnosti pri dosahovaní cieľov bola v konečnom súčte pridelená rovnaká hodnota.

Možnosti A5 a B3 vykazujú najväčší potenciál, a sú preto považované za uprednostňované možnosti.

Tabuľka 5.1 – Porovnanie ratingov možných politík A:||

Ciele/náklady|Aktuálny stav| A1| A2 | A3| A4 | A5 |

Zabezpečiť, aby podozrivé osoby dostali postačujúce informácie a mohli ich účinne uplatniť|0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Poskytnúť informácie napísané zrozumiteľne, aby im podozrivý jednoducho porozumel |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Poskytnúť informácie pri prvom kontakte s políciou a zahrnúť hlavné práva podľa EDĽP a Charty základných práv Európskej únie (CHZP EÚ), ktoré sa vzťahujú na zatknutie, prvé vypočúvanie a priebeh zadržania|0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

Zabezpečiť možnosť skontrolovať, či boli informácie odovzdané|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Zlepšiť dôveru členských štátov v spravodlivé fungovanie trestných justičných systémov v celej EÚ|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Celkový počet bodov:|0|5|8|12|20|25|

Finančná záťaž na členský štát Rozsah založený na vzorovom výpočte pre tie členské štáty, ktorým môžu vzniknúť náklady pri zavádzaní, pretože ich aktuálny postup sa odlišuje od plánovanej možnosti. Z dôvodu nedostatku dostupných štatistických údajov, čísla v súvislosti s prevádzkovými nákladmi nezohľadňujú aktuálne prevádzkové náklady, čiže pridanú finančnú záťaž pri zavádzaní možnosti nie je možné vypočítať presne, ale očakáva sa, že pôjde o zlomok uvedeného informatívneho čísla.Rozsah založený na vzorovom výpočte pre tie členské štáty, ktorým môžu vzniknúť náklady pri zavádzaní, pretože ich aktuálny postup sa odlišuje od plánovanej možnosti. Z dôvodu nedostatku dostupných štatistických údajov, čísla v súvislosti s prevádzkovými nákladmi nezohľadňujú aktuálne prevádzkové náklady, čiže pridanú finančnú záťaž pri zavádzaní možnosti nie je možné vypočítať presne, ale očakáva sa, že pôjde o zlomok uvedeného informatívneho čísla.|-|100 000 EUR – 10 miliónov EUR (celkové náklady pre EÚ)|Jednorazové zriadenie: 0 EUR – 2,5 miliónov EURPrevádzkové za rok: 0 EUR – 4,6 miliónov EUR |Jednorazové zriadenie: 0 EUR – 2,5 miliónov EURPrevádzkové za rok: 5 000 EUR – 4,6 miliónov EUR|Jednorazové zriadenie: 15 000 EUR – 2,5 miliónov EURPrevádzkové za rok: 5 000 EUR – 4,6 miliónov EUR|Jednorazové zriadenie: 5 000 EUR – 2,5 miliónov EURPrevádzkové za rok: 5 000 EUR – 4,6 miliónov EUR|

Potenciálne úspory nákladov v členských štátoch, v ktorých sa odohráva súdne konanie|-|nízke|nízke |nízke až stredné|stredné |stredné až vysoké|

Tabuľka 5.2 – Porovnanie ratingov možných politík B:||

Ciele/náklady|Aktuálny stav|B1 |B2 |B3 |||

Zabezpečiť, aby bola obvinená osoba dostatočne oboznámená s prípadom a aby tak mohla primeraným spôsobom pripraviť svoju obhajobu alebo spochybniť rozhodnutia v prípravnom konaní |0|√√|√√√|√√√√√|||

Poskytnúť informácie načas a takým spôsobom, aby obvinený rozumel prípadu vedenému proti jeho osobe|0|√|√√√|√√√√|||

Zabezpečiť možnosť skontrolovať, či boli informácie odovzdané|0|√|√√|√√√|||

Zlepšiť dôveru členských štátov v spravodlivé fungovanie trestných justičných systémov v celej EÚ|0|√|√√√|√√√√√|||

Celkový počet bodov:|0|5|11|17|||

Finančná záťaž na členský štát Výhrada uvedená v poznámke pod čiarou 2 sa uplatní.Výhrada uvedená v poznámke pod čiarou 2 sa uplatní.|-|Jednorazové: 0 EUR – 2,6 miliónov EURPrevádzkové: 270 000 EUR – 21 miliónov EUR|Jednorazové: 0 EUR – 2,6 miliónov EURPrevádzkové: 10 00,000 EUR – 30 miliónov EUR|Jednorazové: 9 000 EUR – 2,6 miliónov EURPrevádzkové: 270 000 EUR – 21 miliónov EUR|||

Potenciálne úspory nákladov v členských štátoch, v ktorých sa odohráva súdne konanie|-|nízke|nízke |stredné|||

6. Uprednostňovaná možnosť

Uprednostňovaná možnosť je kombináciou možností A5 a B3:

Prijatie smernica, v ktorej sa členské štáty zaviažu, aby zabezpečili, že zatknuté podozrivé a obvinené osoby budú oboznámené so svojimi právami v trestnom konaní prostredníctvom listiny práv v jazyku, ktorému rozumejú, vypracovanej členskými štátmi, pričom táto bude obsahovať štandardné európske znenie minimálnych práv súvisiacich so spravodlivým procesom, ako je stanovené v prílohe smernice, a v prípade možnosti aj ďalšie práva podľa právnych predpisov členských štátov, apodozrivé a obvinené osoby budú oboznámené s prípadom vedeným proti nim vrátane zabezpečenia bezplatného prístupu do procesného spisu pre dotknutú osobu (alebo pre jej advokáta).|

6.1. Pridaná hodnota EÚ a proporcionalita uprednostňovanej možnosti

Uprednostňovaná možnosť zavádza nové, jednotné povinnosti v rámci celej EÚ (používanie listiny práv a prístup k procesnému spisu). Tento harmonizujúci účinok zdôrazňuje účinnosť uprednostňovanej možnosti pri zabezpečovaní primeraných informácií a pri zlepšovaní dôvery v spravodlivosť súdnych konaní v ostatných členských štátoch. Hoci možnosti A5 a B3 vytvárajú nové povinnosti, ide len o povinnosti súvisiace s hlavnou témou tohto opatrenia: právom na informácie. Nevytvárajú žiadne nové práva, ktoré by nesúviseli s poskytovaním informácií.

Oba aspekty uprednostňovanej možnosti sú proporcionálne: hoci majú tendenciu vyžadovať od viacerých členských štátov, aby zmenili a doplnili svoje právne predpisy týkajúce sa trestného konania, neexistuje žiaden iný účinný prostriedok, ako zabezpečiť, aby podozrivé osoby dostali komplexné informácie.

6.2. Finančné dôsledky pre členské štáty

Hlavným finančným dôsledkom možnosti A5 sú jednorazové zriaďovacie/počiatočné náklady , ktoré vzniknú pri zavádzaní režimov listiny práv. Tvoria ich primárne náklady na vypracovanie listín, na ich preklad a na školenie policajných úradníkov a v prípade potreby aj prokurátorov a sudcov. Tieto náklady sa pohybujú v rozmedzí od 10 000 EUR do 2,5 milióna EUR na členský štát (vzorové výpočty pre Maltu uvádzajú rozpätie 10 600 EUR – 70 000 EUR a pre Francúzsko 655 000 EUR – 2,5 milióna EUR). Skutočné náklady sa, podľa všetkého, budú pohybovať bližšie k spodnej hranici rozpätia. Účinok možnosti A5 na prevádzkové náklady na členský štát závisí najmä od toho, aké informácie o právach sa v súčasnosti už poskytujú podozrivým osobám. Rozpočtové dôsledky pre členské štáty, ktoré už v súčasnosti používajú listinu práv, budú pravdepodobne len minimálne. Pre tie štáty, ktoré v súčasnosti podozrivých o ich právach oboznamujú ústne, budú náklady na prípad závisieť od miery detailnosti aktuálne poskytovaných informácií.

Pokiaľ ide o  možnosť B3 , väčšine členských štátov vzniknú zanedbateľné jednorazové náklady pri zavádzaní smernice, keďže už v súčasnosti zabezpečujú prístup k procesnému spisu. To znamená, že jednorazové náklady na zavedenie poskytovania prístupu k procesnému spisu sa predpokladajú len pre tie 3 členské štáty, ktoré v súčasnosti toto právo neposkytujú. Náklady budú zrejme vznikať najmä v súvislosti s odborným vzdelávaním policajných úradníkov, prokurátorov a sudcov, pričom ich výška sa bude pohybovať od 9 000 EUR do 2,6 milióna EUR na členský štát. Hoci presné dôsledky tejto možnosti na prevádzkové náklady nie je možné predpokladať, zdá sa, že aj pre tie 3 členské štáty, ktoré budú musieť uvedené právo zaviesť, bude vplyv na prevádzkové náklady len minimálny.

7. Monitorovanie a hodnotenie

Zabezpečenie silného mechanizmu pre monitorovanie a hodnotenie má zásadný význam, a to najmä v súvislosti s potrebou zabezpečiť, aby boli uvažované práva dodržiavané v praxi aj v právnych predpisoch. Komisia plánuje uskutočniť špecifickú empirickú štúdiu s dôrazom na zber dát po 3 – 5 rokoch vykonávania tohto návrhu s cieľom získať hĺbkový kvalitatívny a kvantitatívny pohľad na účinnosť tohto návrhu. Po zavedení opatrení stanovených v pláne procesných práv bude veľmi dôležité, aby sa zhodnotilo každé opatrenie v kontexte, ako aj účinnosť plánu ako celku.

[1] 2009/C 295/01.

[2] Rozsah založený na vzorovom výpočte pre tie členské štáty, ktorým môžu vzniknúť náklady pri zavádzaní, pretože ich aktuálny postup sa odlišuje od plánovanej možnosti. Z dôvodu nedostatku dostupných štatistických údajov, čísla v súvislosti s prevádzkovými nákladmi nezohľadňujú aktuálne prevádzkové náklady, čiže pridanú finančnú záťaž pri zavádzaní možnosti nie je možné vypočítať presne, ale očakáva sa, že pôjde o zlomok uvedeného informatívneho čísla.

[3] Výhrada uvedená v poznámke pod čiarou 2 sa uplatní.

SL

(...PICT...)|EVROPSKA KOMISIJA|

Bruselj, 20.7.2010 SEC(2010) 908

DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE Spremni dokument k

Predlogu DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku POVZETEK OCENE UČINKA {COM(2010) 392 konč.} {SEC(2010) 907}

DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE

POVZETEK OCENE UČINKA

1. Politično ozadje in postopek

Evropski svet je z namenom okrepiti medsebojno zaupanje in tako izboljšati izvajanje vzajemnega priznavanja novembra 2009 sprejel načrt za krepitev procesnih pravic UL C 295, 4.12.2009, str. 1. , ki določa pristop korak za korakom na področju krepitve pravic osumljenih ali obtoženih oseb:[1]

UL C 295, 4.12.2009, str. 1.

Ukrepi, trenutno določeni z načrtom za krepitev procesnih pravic:|

Ukrep A : Prevajanje in tolmačenje|

Ukrep B : Informacije o pravicah in obtožnici|

Ukrep C : Pravni nasvet in pravna pomoč|

Ukrep D : Komuniciranje s sorodniki, delodajalci in konzularnimi organi|

Ukrep E : Posebno varstvo za osumljence ali obtožence, ki spadajo v skupino ranljivih oseb|

Ta ocena učinka zajema ukrep B, katerega namen je izboljšati položaj osumljencev z zagotavljanjem, da v kazenskem postopku prejmejo informacije o njihovih pravicah in zadevi zoper njih.

Ocena učinka je na splošno empirična: izvedenih je bilo več posvetovanj z zainteresiranimi stranmi, kot so bila srečanja foruma za pravosodje leta 2008 in leta 2009. Ocena učinka upošteva tudi sodobne akademske študije.

2. Problematika

2.1. Nezadostno obveščanje v kazenskem postopku

Dostop osumljencev in obtožencev do informacij je ključni dejavnik pri zagotavljanju poštenega sojenja. Domneva, da so osumljenci v času prijetja zadostno poučeni o svojih pravicah (kot je pravica do pravnega nasveta), da lahko učinkovito uporabljajo te pravice, ni dovoljena. Določba o obveščenosti o pravicah odpira dostop do vseh pravic. Obtoženec mora biti tudi podrobno seznanjen z zadevo proti njemu in obstoječimi dokazi, da lahko pripravi svojo obrambo.

Osumljenci in obtoženci ne prejmejo vedno teh informacij. Države članice imajo različne sisteme za zagotavljanje informacij; nekatere države članice določenih informacij sploh ne zagotavljajo. V štirih državah članicah na primer ni predpisana obveznost obvestiti osumljenca o pravici do pravnega nasveta in le v desetih državah članicah je osumljenec obveščen o svojih pravicah z uradnim pisnim obvestilom (obvestilo o pravicah). Med državami članicami se pravo in praksa glede obveščanja o stanju zadeve zelo razlikujeta: lahko se zagotovi pisni povzetek zadeve ali pa se lahko odvetniku obtoženca dovoli dostop do spisa zadeve in fotokopiranje pomembnih delov spisa. Tri države članice ne omogočajo dostopa do spisa zadeve, v tistih državah članicah, ki tak dostop zagotavljajo, pa so velike razlike glede stopnje postopka, na kateri se dostop dovoli.

2.1.1. Škodljivi vplivi na kazenski postopek in pravosodno sodelovanje

Če osumljenci niso ustrezno obveščeni, je lahko kazenski postopek nepošten in to lahko vodi do nepotrebnih stroškov zaradi dolgotrajnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in odstopa od pregona v državi članici, v kateri teče postopek.

Nezadostna obveščenost lahko vodi do težav in stroškov v drugih državah članicah, ki jih sodišče v državi članici, v kateri teče izvirni kazenski postopek, zaprosi za sodelovanje. Instrumenti EU za lajšanje pravosodnega sodelovanja med državami članicami (kot je evropski nalog za prijetje) temeljijo na načelu vzajemnega priznavanja, tj. izvršbe sodne odločbe v drugi državi članici brez nadaljnje presoje odločbe. Takšno na videz samodejno priznavanje zahteva zaupanje med sodniki in sodišči. Če medsebojnega zaupanja ni, vzajemno priznavanje ne bo mogoče; posledica bodo dolgotrajni postopki in zamude pri izvršbi tuje sodne odločbe ter z njimi povezani stroški. V novejši zadevi v Združenem kraljestvu so verjetno trditve, da osumljenec ni bil zadostno obveščen v postopku v državi članici, ki je izdala evropski nalog za prijetje za predajo te osebe, prispevale k temu, da je postopek trajal več kot eno leto, da je bilo vloženih več pravnih sredstev pri višjih sodiščih in pritožba pri Evropskem sodišču za človekove pravice ter da so bili stroški visoki.

2.1.2. Veljavni pravni standardi ne nudijo ustreznega varstva

Trenutno ni dovolj visokih standardov, ki bi se ustrezno izvrševali. Minimalne pravice so sicer določene v Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP), vendar pa zainteresirane strani soglašajo, da EKČP in njeni mehanizmi izvrševanja v vseh zadevah ne nudijo zadostnega varstva zlasti v zvezi z določbo o ustreznem obveščanju o pravicah in obtožbah. To pa zato, ker pravica do obveščenosti na podlagi členov 5 in 6 EKČP ni dovolj obsežna in ker lahko odločanje o posamezni zahtevi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice traja več let ter vodi do naknadnega sodnega varstva z omejeno učinkovitostjo.

2.2. Uravnoteženje pravosodne politike EU in spodbujanje prostega gibanja državljanov EU prek krepitve temeljnih pravic

Na ravni EU so bili sicer sprejeti različni ukrepi, ki jamčijo višjo raven varnosti za državljane (kot je uvedba evropskega naloga za prijetje), vendar pa do zdaj ni bilo soglasja o ukrepih v zvezi s standardi poštenega sojenja. S sprejetjem načrta za krepitev procesnih pravic novembra 2009 je Svet potrdil nujno potrebo po ukrepih za krepitev procesnih pravic osumljencev v EU. Načrt je podlaga za ukrep EU, ki zagotavlja varstvo temeljnih pravic v večjem obsegu kot EKČP. To bi jamstvom poštenega sojenja iz členov 47 in 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah dalo poseben EU pomen in tudi prispevalo k odpravi dejanskih ali zaznanih ovir za prosto gibanje državljanov, ki ga zagotavlja člen 21(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

2.3. Sedanji in predvideni obseg problematike

Medtem ko podatki o številu postopkov, v katerih je pomanjkanje informacij vzrok za težave, niso na voljo, zainteresirane strani poročajo, da težave zaradi nezadostnih informacij sicer niso endemične, vendar pa so hude in niso omejene na določene države članice. Pričakuje se, da bo medsebojno zaupanje med pravosodnimi organi držav članic ostalo na sedanji nezadostni ravni, saj je verjetno, da se bodo primeri, ko organi držav članic osumljencem ali obtožencem ne zagotovijo informacij, ponavljali. Povečan pretok državljanov med državami članicami bo botroval večji potrebi po pravosodnem sodelovanju in ker bo treba nadaljnje ukrepe pravosodnega sodelovanja v EU kmalu začeti izvajati in uporabljati, bo potreba po krepitvi medsebojnega zaupanja postala še nujnejša.

2.4. Pristojnost EU za ukrepanje

V skladu s členom 82(2)(b) Pogodbe o delovanju Evropske unije se lahko minimalna pravila v zvezi s pravicami posameznikov v kazenskem postopku sprejmejo v obliki direktiv, in sicer v obsegu, ki je potreben za lažje vzajemno priznavanje sodb in sodnih odločb ter pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah s čezmejnimi posledicami. Ker med državami članicami trenutno obstajajo velike razlike glede zagotavljanja informacij, države članice samostojno verjetno ne bodo mogle uvesti dovolj visokih standardov glede zagotavljanja informacij na ozemlju EU; ta cilj se lahko doseže le z ukrepom na ravni EU.

3. Cilji

Splošni:|Izboljšati pravosodno sodelovanje z obnovitvijo medsebojnega zaupanja med državami članicami glede poštenega delovanja sistemov kazenskega pravosodja.Zagotoviti visoko raven varstva temeljnih pravic v kazenskem postopku in tako omogočati prosto gibanje državljanov EU na ozemlju EU.|

Posebni:|Lajšati izvrševanje in uveljavljanje sodnih odločb v kazenskih zadevah z zagotavljanjem, da so osumljenci zadostno obveščeni o svojih pravicah , po možnosti na pisni način, da lahko učinkovito izvršujejo svoje pravice do obrambe. |Lajšati izvrševanje in uveljavljanje sodnih odločb v kazenskih zadevah z zagotavljanjem, da so obtoženci dovolj podrobno obveščeni o zadevi zoper njih , da se jim omogoči ustrezna priprava njihove obrambe ali izpodbijanje odločitev v predkazenskem postopku. |

Operativni:|Informacije, zagotovljene osumljencem v zvezi z njihovimi pravicami poštenega sojenja, bi:morale biti v jasnem jeziku, ki ga osumljenec brez težav razume,bilo treba zagotoviti ob prvem stiku s policijo,morale vključevati temeljne pravice iz EKČP in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (LEUTP), ki veljajo ob prijetju, prvem zaslišanju in med priporom,bilo treba zagotoviti na način, ki omogoča preverjanje, ali so bile informacije posredovane.|Informacije, zagotovljene obtožencem v zvezi z obtožnico, bi:morale biti dovolj podrobne, da bi omogočile ustrezno pripravo obrambe ali izpodbijanje odločitev v predkazenskem postopku,bilo treba zagotoviti pravočasno in na način, ki bi obtožencu omogočal razumevanje zadeve zoper njega,bilo treba zagotoviti na način, ki omogoča preverjanje, ali so bile informacije posredovane.|

4. Možnosti politike in njihov učinek

· Ohranitev trenutnega stanja: ta možnost na ravni EU ne predvideva nobenih ukrepov .

· Možnost politike A obravnava težavo osumljencev, ki ne prejmejo vedno ustreznih informacij o njihovih pravicah :

Nezakonodajni ukrep:možnost politike A1 : obveščevalna kampanja na ravni EU o minimalnih pravicah obrambe;možnost politike A2 : priporočilo Sveta o dobri praksi glede obveščanja osumljencev in obtožencev o njihovih pravicah.Zakonodajni ukrep EU:možnost politike A3 : obveznost držav članic EU, da osumljence obvestijo o njihovih pravicah na način, ki ga izberejo države članice ;možnost politike A4 : obveznost držav članic EU, da prijete osumljence obvestijo o njihovih pravicah z obvestilom o pravicah, ki ga pripravijo in ki vsebuje skupni minimalni niz pravic (pravice iz EKČP in prava EU), države članice pa dodajo pravice, ki veljajo v skladu z njihovo zakonodajo;možnost politike A5 : obveznost držav članic EU, da prijete osumljence obvestijo o njihovih pravicah z obvestilom o pravicah, ki vsebuje standardno opredelitev minimalnih pravic na ravni EU in je del priloge k direktivi.|

Možnost politike B obravnava težavo obtožencev, ki ne prejmejo vedno ustreznih, pravočasnih in podrobnih informacij o zadevi zoper njih, in sicer v jeziku, ki ga razumejo:

Nezakonodajni ukrep:možnost politike B1 : priporočilo Sveta o dobri praksi in usposabljanju o obveščanju obtožencev o zadevi zoper njih.Zakonodajni ukrep EU:možnost politike B2 : obveznost držav članic EU, da obtožence obvestijo o zadevi zoper njih na način, ki ga izberejo države članice ;možnost politike B3 : obveznost držav članic EU, da obtožence obvestijo o zadevi zoper njih, vključno z dovolitvijo dostopa do spisa njim (ali njihovemu odvetniku) .|

5. Primerjava možnosti politike

V preglednicah v nadaljevanju je primerjava relativne ocene možnosti politike glede posebnih in operativnih ciljev. Možnosti so razvrščene v skladu z njihovim potencialom izpolnjevanja ciljev iz točke 3. Ocene predvidene učinkovitosti pri doseganju ciljev imajo v končni vsoti enako vrednost.

Možnosti A5 in B3 kažeta največji potencial in sta zato najprimernejši možnosti.

Razpredelnica 5.1 – Primerjava ocen možnosti politike A :||

Cilji/stroški|Ohranitev trenutnega stanja| A1| A2| A3| A4| A5|

Zagotoviti, da so osumljenci zadostno obveščeni o svojih pravicah, da jih lahko učinkovito izvršujejo|0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Zagotoviti informacije v jasnem jeziku, ki ga osumljenec brez težav razume |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Ob prvem stiku s policijo zagotoviti informacije, ki vsebujejo tudi temeljne pravice iz EKČP in LEUTP, ki veljajo ob prijetju, prvem zaslišanju in med priporom|0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

Zagotoviti načine za preverjanje, ali so bile informacije posredovane|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Okrepiti zaupanje držav članic v pošteno delovanje sistemov kazenskega pravosodja vseh držav članic EU|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Skupna ocena|0|5|8|12|20|25|

Finančno breme na državo članico Razpon temelji na vzorčnem izračunu za tiste države članice, ki bodo najverjetneje imele stroške z izvajanjem v skladu s trenutno prakso, ki odstopa od v navedeni možnosti predvidene prakse. Zaradi pomanjkanja razpoložljivih statističnih podatkov zneski operativnih stroškov ne upoštevajo trenutne ravni operativnih stroškov, zato dodanega finančnega bremena izvajanja možnosti ni mogoče natančno izračunati, lahko pa se pričakuje, da bo del tu navedenega indikativnega zneska.Razpon temelji na vzorčnem izračunu za tiste države članice, ki bodo najverjetneje imele stroške z izvajanjem v skladu s trenutno prakso, ki odstopa od v navedeni možnosti predvidene prakse. Zaradi pomanjkanja razpoložljivih statističnih podatkov zneski operativnih stroškov ne upoštevajo trenutne ravni operativnih stroškov, zato dodanega finančnega bremena izvajanja možnosti ni mogoče natančno izračunati, lahko pa se pričakuje, da bo del tu navedenega indikativnega zneska.|–|100 000 EUR – 10 milijonov EUR (skupni stroški EU)|Enkratni stroški uvedbe: 0 EUR – 2,5 milijona EURLetni operativni stroški: 0 EUR – 4,6 milijona EUR |Enkratni stroški uvedbe: 0 EUR – 2,5 milijona EURLetni operativni stroški: 5 000 EUR – 4,6 milijona EUR|Enkratni stroški uvedbe: 15 000 EUR – 2,5 milijona EURLetni operativni stroški: 5 000 EUR – 4,6 milijona EUR|Enkratni stroški uvedbe: 5 000 EUR – 2,5 milijona EURLetni operativni stroški: 5 000 EUR – 4,6 milijona EUR|

Morebitni prihranek stroškov v državah članicah, v katerih teče postopek|–|majhen|majhen |majhen do srednji|srednji |srednji do velik|

Razpredelnica 5.2 – Primerjava ocen možnosti politike B :||

Cilji/stroški|Ohranitev trenutnega stanja|B1|B2|B3|||

Zagotoviti, da obtoženec prejme dovolj podrobne informacije o zadevi, ki mu ustrezno omogočajo pripravo njegove obrambe ali izpodbijanje odločitev v predkazenskem postopku |0|√√|√√√|√√√√√|||

Zagotoviti informacije pravočasno in na način, ki obtožencu omogoča razumevanje zadeve zoper njega|0|√|√√√|√√√√|||

Zagotoviti načine za preverjanje, ali so bile informacije posredovane|0|√|√√|√√√|||

Okrepiti zaupanje držav članic v pošteno delovanje sistemov kazenskega pravosodja vseh držav članic EU|0|√|√√√|√√√√√|||

Skupna ocena|0|5|11|17|||

Finančno breme na državo članico Velja opozorilo iz opombe 2.Velja opozorilo iz opombe 2.|–|Enkratni stroški : 0 EUR – 2,6 milijona EUROperativni stroški: 270 000 EUR – 21 milijonov EUR|Enkratni stroški : 0 EUR – 2,6 milijona EUROperativni stroški: 1 000 000 EUR – 30 milijonov EUR|Enkratni stroški : 9 000 EUR – 2,6 milijona EUROperativni stroški: 270 000 EUR – 21 milijonov EUR|||

Morebitni prihranek stroškov v državah članicah, v katerih teče postopek|–|majhen|majhen|srednji|||

6. Najprimernejša rešitev

Najprimernejša rešitev je kombinacija možnosti A5 in B3 :

Sprejetje direktive, ki države članice obvezuje k zagotovitvi,da so osumljenci in prijeti obtoženci z obvestilom o pravicah v jeziku, ki ga razumejo, obveščeni o svojih pravicah v kazenskem postopku. Obvestilo o pravicah, ki ga pripravijo države članice, vsebuje standardni seznam minimalnih pravic poštenega sojenja iz priloge k direktivi in, če obstajajo, dodatne pravice, ki veljajo v skladu z ustreznimi predpisi držav članic, terda so osumljenci in obtoženci obveščeni o zadevi zoper njih, ki mora vključevati tudi dovolitev brezplačnega dostopa do spisa zadeve njim (ali njihovemu odvetniku). |

6.1. Dodana vrednost EU in sorazmernost najprimernejše možnosti

Najprimernejša možnost ustvarja nove enotne obveznosti za vse države članice EU (uporaba obvestila o pravicah in dostop do spisa). Ta usklajevalni učinek označuje učinkovitost najprimernejše možnosti, tako da zagotavlja ustrezne informacije in spodbuja zaupanje v poštenost postopka v drugih državah članicah. Možnosti A5 in B3 ustvarjata nove obveznosti, in sicer le v zvezi s temeljno vsebino tega ukrepa: pravice do obveščenosti. Ne ustvarjata novih pravic, ki niso povezane z zagotavljanjem informacij.

Oba vidika najprimernejše možnosti sta sorazmerna: čeprav bosta verjetno oba od več držav članic zahtevala uvedbo sprememb v njihovo kazensko procesno pravo, pa ni drugih učinkovitih načinov, ki bi zagotovili, da osumljenci prejmejo izčrpne informacije.

6.2. Finančni vpliv na države članice

Glavni finančni vpliv možnosti A5 so enkratni stroški uvedbe / začetni stroški zaradi uvedbe sistema obvestila o pravicah. Te stroške sestavljajo v prvi vrsti stroški priprave obvestil o pravicah, njihovega prevoda in usposabljanja policistov ter po potrebi tožilcev in sodnikov. Ti stroški bodo verjetno imeli razpon od 10 000 EUR do 2,5 milijona EUR na državo članico (vzorčni izračun za Malto predvideva razpon od 10 600 EUR do 70 000 EUR, za Francijo pa od 655 000 EUR do 2,5 milijona EUR). Verjetno se bodo dejanski stroški nagibali k spodnji meji razpona stroškov. Vpliv možnosti A5 na operativne stroške na državo članico je odvisen predvsem od tega, katere informacije o pravicah so bile osumljencu že zagotovljene in od za to potrebnega časa. Proračunske posledice za države članice, ki že uporabljajo sistem obvestila o pravicah, bodo verjetno minimalne. Za države članice, ki trenutno osumljence ustno obveščajo o njihovih pravicah, bo vpliv na stroške posamezne zadeve odvisen od ravni podrobnosti ustnih informacij, ki se trenutno zagotavlja.

Kar zadeva možnost B3 , bo imela večina držav članic zanemarljive enkratne stroške le pri prenosu direktive, saj že zdaj omogočajo dostop do spisa. Zato se enkratni stroški uvedbe dostopa do spisa zadeve pričakujejo le v tistih treh državah članicah, ki takšne pravice trenutno ne omogočajo. Ti stroški bodo verjetno zlasti posledica usposabljanja policistov, tožilcev in sodnikov ter bodo znašali od 9 000 EUR do 2,6 milijona EUR na državo članico. Čeprav točnega obsega vpliva te možnosti na operativne stroške ni mogoče predvideti, pa bo verjetno tudi v tistih treh državah članicah, ki bodo morale uzakoniti pravico, vpliv na operativne stroške zelo omejen.

7. Spremljanje in ocenjevanje

Zagotovitev trajnega mehanizma spremljanja in ocenjevanja je ključna za zagotavljanje, da se bodo navedene pravice spoštovale v praksi in zakonodaji. Komisija predvideva izvedbo posebne empirične študije s poudarkom na zbiranju podatkov v roku tri do pet let od začetka izvajanja predloga za pridobivanje poglobljenih količinskih in kakovostnih vpogledov v učinkovitost predloga. Ko bo začel veljati načrt za krepitev procesnih pravic, bo nujno oceniti vsak ukrep v njegovem okviru in učinkovitost načrta kot celote.

[1] UL C 295, 4.12.2009, str. 1.

[2] Razpon temelji na vzorčnem izračunu za tiste države članice, ki bodo najverjetneje imele stroške z izvajanjem v skladu s trenutno prakso, ki odstopa od v navedeni možnosti predvidene prakse. Zaradi pomanjkanja razpoložljivih statističnih podatkov zneski operativnih stroškov ne upoštevajo trenutne ravni operativnih stroškov, zato dodanega finančnega bremena izvajanja možnosti ni mogoče natančno izračunati, lahko pa se pričakuje, da bo del tu navedenega indikativnega zneska.

[3] Velja opozorilo iz opombe 2.

RO

(...PICT...)|COMISIA EUROPEANĂ|

Bruxelles, 20.7.2010 SEC(2010) 908

DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI care însoțește

Propunerea de Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI {COM(2010) 392 final} {SEC(2010) 907}

DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI

REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI

1. contextul și procedura domeniului de politică

Pentru a spori încrederea reciprocă, în acest fel consolidând punerea în practică a recunoașterii reciproce, în noiembrie 2009 Consiliul European a adoptat Foaia de parcurs cu privire la drepturile procedurale 2009/C 295/01 , în care a stabilit o abordare graduală a consolidării drepturilor persoanelor suspectate și învinuite:[1]

2009/C 295/01

Măsuri vizate în prezent de Foaia de parcurs:|

Măsura A: Traducere și interpretariat|

Măsura B: Informare privind drepturile și informare privind învinuirile|

Măsura C: Consiliere juridică și asistență juridică|

Măsura D: Comunicare cu rude, angajatori și autorități consulare|

Măsura E: Măsuri referitoare la garanții speciale pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt vulnerabile |

Această evaluare a impactului se referă la măsura B care vizează să amelioreze situația persoanelor suspectate, asigurând că acestea primesc informații cu privire la drepturile lor și la cauza în care sunt parte încriminată în cadrul procedurilor penale.

Evaluarea impactului este empirică, în ansamblu: părțile interesate au fost consultate cu diferite ocazii, cum ar fi reuniunile din 2008 și 2009 ale Forumului pentru Justiție. Evaluarea impactului a valorificat, de asemenea, studiile universitare recente.

2. Problema

2.1. Informații insuficiente furnizate în cadrul procedurilor penale

Accesul la informații al persoanelor suspecte și învinuite reprezintă un factor cheie în asigurarea unor proceduri penale echitabile. Nu se poate presupune că persoanele suspecte au suficiente cunoștințe cu privire la drepturile de care beneficiază (cum ar fi dreptul la consiliere juridică) în momentul arestării, care să le permită valorificarea eficientă a drepturilor respective. Furnizarea de informații cu privire la drepturi reprezintă platforma de acces la toate drepturile. De asemenea, pentru a-și pregăti apărarea, o persoană învinuită trebuie să cunoască în detaliu cauza în care este parte încriminată, precum și dovezile existente.

Persoanele suspectate și persoanele învinuite nu primesc întotdeauna aceste informații. Statele membre au sisteme diferite de transmitere a informațiilor, iar în unele state membre, anumite informații nu sunt comunicate deloc. De exemplu, în patru state membre nu există obligația legală de a informa o persoană suspectată cu privire la dreptul la consiliere juridică și numai în zece state membre o persoană suspectată este informată cu privire la drepturile sale sub forma unei notificări scrise (Notă privind drepturile). Legislația și practica judiciară diferă considerabil de la un stat membru la altul în ceea ce privește informarea persoanei cu privire la cauza în care este încriminată: se poate furniza un rezumat scris sau avocatul persoanei învinuite poate primi dreptul de acces la dosarul cauzei și poate face copii după documentele relevante din dosar. În trei state membre nu există dreptul de acces la dosarul cauzei și chiar în statele membre care acordă accesul, etapa procedurii penale în care se acordă acest drept de acces diferă semnificativ.

2.1.1. Efectele negative asupra procedurilor penale și cooperării judiciare

În cazul în care persoanele suspectate nu sunt informate în mod corespunzător, procedurile penale pot fi inechitabile, ceea ce poate determina costuri inutile din cauza tergiversării procedurilor, a căilor de atac și eșuării cercetărilor penale în statele membre în care au loc procedurile.

Insuficienta informare poate da naștere la probleme și la costuri în alte state membre dacă instanța din statul membru în care au loc procedurile penale în primă instanță face apel la cooperarea altor state membre. Instrumentele UE care facilitează cooperarea judiciară între statele membre (cum ar fi mandatul european de arestare – European Arest Warant, EAW) se întemeiază pe principiul recunoașterii reciproce, cu alte cuvinte, pe executarea unei hotărâri judecătorești în alt stat membru, fără revizuirea ulterioară a hotărârii respective). Această recunoaștere semiautomată necesită existența încrederii reciproce între judecători și instanțe. În cazul în care această încredere nu există, recunoașterea reciprocă nu va funcționa; de aici rezultă tergiversarea procedurilor și executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate de o instanță străină, ceea ce antrenează costuri asociate. Într-o cauză recentă din Marea Britanie, afirmațiile conform cărora o persoană suspectată a primit informații insuficiente în cadrul procedurilor dintr-un stat membru care a emis un mandat european de arestare pentru predarea persoanei respective, au fost de natură să contribuie la tergiversarea cu mai mult de un an a procedurilor de predare și a implicat mai multe căi de atac introduse la instanțele superioare, precum și o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu implicații semnificative în materie de costuri.

2.1.2. Normele juridice existente nu oferă o protecție adecvată

În prezent nu există norme la un nivel suficient de înalt și puse în aplicare în mod corespunzător. Normele minime sunt stabilite în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, însă părțile interesate afirmă că nici convenția, nici mecanismul de aplicare a acesteia nu oferă în toate cazurile o protecție suficientă în ceea ce privește furnizarea de informații adecvate privind drepturile și învinuirile, în special. Cauza o reprezintă faptul că drepturile la informare prevăzute la articolele 5 și 6 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale nu acoperă un spectru suficient de larg și soluționarea plângerilor depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate dura ani de zile, rezultatul fiind numai o despăgubire ex-post cu eficacitate restrânsă.

2.2. Reechilibrarea politicii UE în domeniul justiției și promovarea liberei circulații a cetățenilor UE prin consolidarea drepturilor fundamentale

La nivelul UE au fost adoptate diferite măsuri care să garanteze un nivel ridicat de siguranță pentru cetățeni (cum ar fi introducerea mandatului european de arestare), însă în trecut nu s-a reușit convenirea unor măsuri privind normele referitoare la un proces echitabil. Prin adoptarea, în noiembrie 2009, a Foii de parcurs cu privire la drepturile procedurale, Consiliul a recunoscut că este nevoie să se acționeze urgent în UE pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate. Foaia de parcurs deschide calea către o acțiune a UE care să asigure protecția drepturilor fundamentale mai mult decât o asigură Convenția europeană a drepturilor omului. De asemenea, acest lucru ar da un înțeles specific la nivelul UE măsurilor menite să garanteze un proces echitabil, consacrate de articolele 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a UE și ar contribui, de asemenea, la eliminarea obstacolelor reale sau sesizate în legătură cu libera circulație a persoanelor, astfel cum sunt garantate de articolul 21 alineatul (2) din TFUE.

2.3. Dimensiunea actuală și de perspectivă a problemei

Cu toate că nu sunt disponibile datele privind numărul procedurilor în cadrul cărora sunt formulate plângeri cu privire la absența informațiilor, părțile interesate raportează că problema informării insuficiente deși nu este endemică, ea este acută și nu se limitează la anumite state membre. Se preconizează ca încrederea reciprocă între autoritățile judiciare ale statelor membre va rămâne la nivelul actual insuficient întrucât este posibil să persiste situația în care instanțele autorităților din statele membre să nu ofere persoanelor suspectate sau învinuite informații cu privire la drepturile lor. Având în vedere că intensificarea liberei circulații a cetățenilor între statele membre va atrage după sine o mai mare nevoie de cooperare judiciară și întrucât, în viitorul apropiat, vor trebui aplicate măsuri suplimentare de cooperare judiciară în UE, necesitatea de a ameliora încrederea reciprocă va deveni încă și mai urgentă.

2.4. Competența UE de a acționa

În conformitate cu articolul 82 alineatul (2) litera (b) din TFUE, se pot adopta norme minime privind drepturile persoanelor în cadrul procedurilor penale sub forma unor directive, în măsura necesară pentru facilitarea recunoașterii reciproce a hotărârilor judiciare și deciziilor preliminare și a cooperării judiciare în cauze penale cu dimensiune transfrontalieră. Întrucât în prezent există mari diferențe între statele membre în ceea ce privește furnizarea informațiilor, este puțin probabil ca statele membre care acționează în mod individual să aibă capacitatea de a institui norme cu un nivel suficient de ridicat privind furnizarea informațiilor pe teritoriul UE; acest lucru se poate obține numai prin acțiune adoptată la nivelul UE.

3. Obiective

Generale:|Îmbunătățirea cooperării judiciare prin restabilirea încrederii reciproce între statele membre privind funcționarea echitabilă a sistemelor de justiție penală Asigurarea unui nivel înalt de protecție a drepturilor fundamentale în cadrul procedurilor penale, în acest fel fiind promovată libera circulație a cetățenilor UE pe teritoriul UE|

Specifice:|Să se faciliteze punerea în aplicare și executarea hotărârilor judecătorești în cauze penale, asigurându-se că persoanele suspectate primesc informații suficiente cu privire la drepturile lor , de preferință în scris, pentru ca acestea să-și poată exercita în mod eficient dreptul la apărare |Să se faciliteze punerea în aplicare și executarea hotărârilor judecătorești în cauze penale, asigurându-se că persoanele învinuite primesc informații suficient de detaliate cu privire la învinuirile care li se aduc pentru ca acestea să-și poată pregăti în mod corespunzător apărarea sau să poată ataca hotărârile în etapa preliminară judecății |

Operaționale|Informațiile furnizate persoanelor suspectate cu privire la drepturile lor la un proces un echitabil trebuie: să fie redactate într-un limbaj clar, ușor de înțeles de către persoana suspectată să fie oferite la primul contact cu polițiasă includă drepturi esențiale prevăzute de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și de Carta drepturilor fundamentale a UE aplicabile în caz de arestare, primul interogatoriu și în timpul detențieisă fie furnizate în așa fel încât să existe posibilitatea de a se verifica transmiterea informațiilor |Informațiile furnizate persoanelor învinuite cu privire la învinuiri sau capete de acuzare trebuie:să fie suficient de detaliate pentru a permite pregătirea adecvată a apărării sau pentru atacarea hotărârilor în etapa preliminară judecățiisă fie furnizate la timp și în așa fel încât persoana învinuită să înțeleagă învinuirile care i se aducsă fie furnizate în așa fel încât să existe posibilitatea de a se verifica transmiterea informațiilor |

4. Opțiuni de politică și impactul acestora

· Menținerea situației de status quo: Această opțiune ar însemna să nu se acționeze la nivelul UE.

· Opțiunea A de politică care vizează problema persoanelor suspectate care nu primesc întotdeauna informații adecvate cu privire la drepturi :

Acțiune nelegislativă:Opțiunea de politică A1 : campanie de informare la nivelul UE privind drepturile minime la apărare Opțiunea de politică A2 : Recomandare a Consiliului privind bunele practici în domeniul informării persoanelor suspectate și învinuite cu privire la drepturile lorAcțiune legislativă la nivelul UE:Opțiunea de politică A3 : obligație la nivelul UE de a informa persoanele suspectate cu privire la drepturile lor, sub forma unei selecții de către fiecare stat membruOpțiunea de politică A4 : obligație la nivelul UE de a se informa persoanele suspectate aflate în stare de arest cu privire la drepturile lor, sub forma unui set de drepturi (cele prevăzute de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și de dreptul Uniunii), la care statele membre vor adăuga alte drepturi existente în dreptul intern al acestora) Opțiunea de politică A5 : obligație la nivelul UE de a se informa persoanele suspectate aflate în stare de arest cu privire la drepturile lor, sub forma unei Note privind drepturile care să includă formulări standard la nivelul UE cu privire la drepturile minime, conform anexei la prezenta directivă|

Opțiunile de politică B referitoare la problema persoanelor învinuite care nu primesc întotdeauna informații adecvate, prompte,detaliate și în limba pe care o înțeleg, cu privire la învinuirile care li se aduc :

Acțiune non-legislativă:Opțiunea de politică B1 : Recomandare a Consiliului privind bunele practici și instruire în domeniul informării persoanelor învinuite cu privire la învinuirile care li se aducAcțiune legislativă la nivelul UE:Opțiunea de politică B2 : obligație la nivelul UE de a se informa persoanele învinuite cu privire la învinuirile care li se aduc, sub forma unei selecții de către fiecare stat membruOpțiunea de politică B3 : obligație la nivelul UE de a se informa persoanele învinuite cu privire la învinuirile care li se aduc, inclusiv prin acordarea acestor persoane (sau avocaților acestora) a accesului la dosarul cauzei |

5. Compararea opțiunilor de politică

Tabelele de mai jos prezintă o comparație între punctajele relative acordate opțiunilor de politică și obiectivele specifice și operaționale. Opțiunile sunt clasificate în funcție de potențialul acestora de a îndeplini obiectivele prevăzute în partea 3. Punctajele acordate din punct de vedere al eficacității privind îndeplinirea obiectivelor au o pondere egală în suma finală.

Opțiunile A5 și B3 arată cel mai mare potențial, de aceea sunt opțiunile preferate.

Tabelul 5.1 – Comparația punctajelor opțiunilor de politică A :||

Obiective/cost|Statu-quo| A1| A2 | A3| A4 | A5 |

Să asigure că persoanele suspectate primesc informații suficiente, astfel încât să le poată utiliza în mod eficient|0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Să ofere informații redactate într-un limbaj clar, ușor de înțeles de către persoana suspectată |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Să ofere informații la primul contact cu poliția și să includă drepturi esențiale prevăzute de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și de Carta drepturilor fundamentale UE aplicabile în caz de arestare, primul interogatoriu și în timpul detenției|0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

Să asigure un mijloc de verificare a transmiterii informațiilor|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Să îmbunătățească încrederea statelor membre în funcționarea echitabilă a sistemelor de justiție penală pe teritoriul UE|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Punctaj total:|0|5|8|12|20|25|

Sarcina financiară pe stat membru Plajă a costurilor rezultată din modelul de calcul pentru acele state membre care, foarte probabil, vor suporta costuri de punere în aplicare din cauză că practicile curente diferă de cele prezentate în opțiune. Având în vedere că nu sunt disponibile date statistice, cifrele care reflectă costurile operaționale nu țin seama de nivelul actual al costurilor operaționale, astfel încât sarcina financiară suplimentară a punerii în aplicare a opțiunii nu poate fi calculată cu precizie, dar se prevede a fi o fracție din cifra orientativă prezentată aici.Plajă a costurilor rezultată din modelul de calcul pentru acele state membre care, foarte probabil, vor suporta costuri de punere în aplicare din cauză că practicile curente diferă de cele prezentate în opțiune. Având în vedere că nu sunt disponibile date statistice, cifrele care reflectă costurile operaționale nu țin seama de nivelul actual al costurilor operaționale, astfel încât sarcina financiară suplimentară a punerii în aplicare a opțiunii nu poate fi calculată cu precizie, dar se prevede a fi o fracție din cifra orientativă prezentată aici.|-|100 000 € - 10 milioane € (costuri globale pentru UE)|Costuri unice de pornire: 0 € - 2,5 milioane € Costuri operaționale anuale: 0 € - 4,6 milioane € |Costuri unice de pornire: 0 € - 2,5 milioane € Costuri operaționale anuale: 5 000 € - 4,6 milioane € |Costuri unice de pornire: 15 000 € - 2,5 milioane € Costuri operaționale anuale: 5 000 € - 4,6 milioane € |Costuri unice de pornire: 5 000 € - 2,5 milioane € Costuri operaționale anuale: 5 000 € - 4,6 milioane € |

Economii potențiale de cheltuieli în statele membre în care au loc procedurile penale|-|nivel scăzut|nivel scăzut |nivel scăzut până la mediu|nivel mediu |nivel mediu până la ridicat|

Tabelul 5.2 – Comparația punctajelor opțiunilor de politică B:||

Obiective/cost|Statu-quo|B1 |B2 |B3 |||

Să asigure că persoana învinuită primește informații suficient de detaliate cu privire la cauză, pe baza cărora să-și poată pregăti apărarea în mod corespunzător sau să atace hotărârile din etapa preliminară judecății |0|√√|√√√|√√√√√|||

Să ofere informații la timp și în așa fel încât persoana învinuită să înțeleagă învinuirile care i se aduc|0|√|√√√|√√√√|||

Să asigure un mijloc de verificare a transmiterii informațiilor|0|√|√√|√√√|||

Să îmbunătățească încrederea statelor membre în funcționarea echitabilă a sistemelor de justiție penală pe teritoriul UE|0|√|√√√|√√√√√|||

Punctaj total:|0|5|11|17|||

Sarcina financiară pe stat membru Se aplică principiul caveat de la nota de subsol nr. 2.Se aplică principiul caveat de la nota de subsol nr. 2.|-|Costuri unice de pornire : 0 € - 2,6 milioane € Costuri operaționale: 270 000 € - 21 milioane € |Costuri unice de pornire : 0 € - 2,6 milioane € Costuri operaționale: 100 000 € - 30 milioane € |Costuri unice de pornire : 9 000 € - 2,6 milioane € Costuri operaționale: 270 000 € - 21 milioane € |||

Economii potențiale de cheltuieli în statele membre în care au loc procedurile penale|-|nivel scăzut|nivel scăzut |nivel mediu|||

6. Opțiunea preferată

Opțiunea preferată este o combinație de opțiuni A5 și B3:

Adoptarea unei directive care obligă statele membre să asigure că persoanele suspectate și învinuite aflate în stare de arest sunt informate, într-o limbă pe care o înțeleg, cu privire la drepturile lor în cadrul procedurilor penale prin intermediul unei Note privind drepturile astfel cum este întocmită de statele membre și care conține o formulare standard la nivelul UE cu privire la drepturile minime la un proces echitabil, prevăzute în anexa la directivă și, atunci când există, la drepturi suplimentare în temeiul legilor interne ale statelor membre, șică persoanele suspectate și persoanele învinuite sunt informate cu privire la învinuirile care li se aduc, informare care trebuie să includă acordarea accesului la dosar, în mod gratuit, persoanei în cauză (sau avocatului acesteia).|

6.1. Valoarea adăugată a UE și proporționalitatea opțiunii preferate

Opțiunea preferată dă naștere la obligații noi și uniforme la nivelul UE (punerea în aplicare a Notei privind drepturile și accesul la dosarul cauzei). Acest efect de armonizare pune în evidență eficacitatea opțiunii preferate în ceea ce privește furnizarea informațiilor adecvate și promovarea încrederii în echitatea procedurilor în alte state membre. Opțiunile A5 și B3 dau naștere la noi obligații, însă acest lucru are loc numai în legătură cu obiectivul de fond al măsurii: dreptul la informare. Acestea nu creează drepturi noi care nu au legătură cu furnizarea de informații.

Ambele aspecte ale opțiunii preferate sunt proporționale: cu toate că ambele aspecte ar putea impune câtorva state membre să modifice legislația în domeniul procedurii penale, nu există alte mijloace eficiente de natură să asigure că persoanele suspectate primesc informații ample.

6.2. Impactul financiar asupra statelor membre

Principalul impact financiar al opțiunii A5 îl reprezintă costurile unice de pornire/costurile inițiale suportate pentru introducerea sistemului de Note privind drepturile. Acestea constau în primul rând din costul întocmirii Notelor privind drepturile, traducerea lor și instruirea ofițerilor de poliție și, dacă este necesar, a procurorilor și a judecătorilor. Este posibil ca aceste costuri să se situeze între 10 000 EUR – 2,5 milioane EUR pentru fiecare stat membru (din modelul de calcul pentru Malta rezultă o plajă a costurilor de 10 600 EUR – 70 000 EUR, iar în cazul Franței de 655 000 EUR – 2,5 milioane EUR). Există posibilitatea unei tendințe a costurilor reale către nivelul cel mai de jos al plajelor de cheltuieli. Efectul opțiunii A5 asupra cheltuielilor operaționale pentru fiecare stat membru depinde în primul rând de tipul de informații furnizate persoanelor suspectate cu privire la drepturile de care beneficiază, precum și de timpul alocat informării. Se preconizează că implicațiile bugetare asupra statelor membre care aplică deja sistemul de Note privind drepturile sunt minime. În cazul acelora care în prezent informează pe cale verbală persoanele suspecte cu privire la drepturile lor, efectul asupra costurilor pentru fiecare cauză în parte va depinde de nivelul de detaliere a informațiilor primite în prezent pe cale verbală.

În ceea ce privește opțiunea B3 , majoritatea statelor membre vor suporta costuri unice de pornire neglijabile numai atunci când pun în aplicare directiva, întrucât aceste state acordă deja accesul la dosarul cauzei. Astfel, costurile unice de pornire determinate de introducerea accesului la dosarul cauzei sunt preconizate numai pentru cele trei state membre care în prezent nu prevăd acest drept. Aceste cheltuieli pot rezulta, în principal, din acțiunile de instruire a ofițerilor de poliție, a procurorilor și a judecătorilor și se vor situa între 9 000 EUR – 2,6 milioane EUR pentru fiecare stat membru. Impactul exact al acestei opțiuni asupra costurilor operaționale nu poate fi estimat, însă este posibil ca și în cazul celor trei state membre care vor trebui să introducă acest drept, impactul asupra costurilor operaționale să fie foarte limitat.

7. monitorizare și evaluare

Crearea unui mecanism temeinic de monitorizare și evaluare este crucială pentru a se asigura respectarea, în practică și în legislație, a drepturilor menționate anterior. Comisia are în vedere întreprinderea un studiu empiric specific privind punerea în aplicare a propunerii astfel încât să se obțină o situație detaliată, calitativă și cantitativă, a eficacității propunerii, studiu care se va axa pe colectarea datelor într-un interval de timp de 3-5 ani. Odată cu aplicarea tuturor măsurilor din Foaia de parcurs, va fi esențial să se evalueze fiecare măsură în context, precum și eficiența Foii de parcurs în ansamblu.

[1] 2009/C 295/01

[2] Plajă a costurilor rezultată din modelul de calcul pentru acele state membre care, foarte probabil, vor suporta costuri de punere în aplicare din cauză că practicile curente diferă de cele prezentate în opțiune. Având în vedere că nu sunt disponibile date statistice, cifrele care reflectă costurile operaționale nu țin seama de nivelul actual al costurilor operaționale, astfel încât sarcina financiară suplimentară a punerii în aplicare a opțiunii nu poate fi calculată cu precizie, dar se prevede a fi o fracție din cifra orientativă prezentată aici.

[3] Se aplică principiul caveat de la nota de subsol nr. 2.

FI

(...PICT...)|EUROOPAN KOMISSIO|

Bryssel 20.7.2010 SEK(2010) 908

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Oheisasiakirja

ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA {KOM(2010) 392 lopullinen} {SEK(2010) 907}

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA

1. Poliittinen tausta ja menettely

Keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi ja sitä kautta vastavuoroisen tunnustamisen toimivuuden parantamiseksi Eurooppa-neuvosto hyväksyi marraskuussa 2009 prosessuaalisia oikeuksia koskevan etenemissuunnitelman 2009/C 295/01. , jossa esitettiin vaiheittainen lähestymistapa epäiltyjen ja syytettyjen henkilöiden oikeuksien vahvistamiseksi.[1]

2009/C 295/01.

Etenemissuunnitelmassa tällä hetkellä esitetyt toimenpiteet:|

Toimenpide A: Kääntäminen ja tulkkaus|

Toimenpide B: Tieto oikeuksista ja tieto syytteistä|

Toimenpide C: Oikeudellinen neuvonta ja oikeusapu|

Toimenpide D: Yhteydenpito sukulaisten, työnantajien ja konsulaatin kanssa|

Toimenpide E: Erityiset suojatoimet heikossa asemassa oleville epäillyille tai syytetyille henkilöille |

Tämä vaikutusten arviointi kattaa toimenpiteen B, jonka tarkoituksena on parantaa epäiltyjen tilannetta varmistamalla, että he saavat tietoa oikeuksistaan ja heitä koskevasta rikosoikeudellisesta menettelystä.

Vaikutusten arviointi on suurelta osaltaan empiirinen: sidosryhmiä kuultiin useaan otteeseen, esimerkiksi oikeusalan foorumin kokouksissa vuosina 2008 ja 2009. Viime aikoina tehdyt akateemiset tutkimukset otettiin niin ikään huomioon vaikutusten arvioinnissa.

2. Ongelma

2.1. Riittämättömät tiedot rikosoikeudellisissa menettelyissä

Epäiltyjen ja syytettyjen tiedonsaanti on olennaisen tärkeä tekijä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistamisessa. Ei voida olettaa, että epäillyillä on pidätyksen yhteydessä riittävästi tietoa oikeuksistaan (kuten oikeudesta oikeudelliseen neuvontaan), jotta he voisivat käyttää niitä tehokkaasti hyödykseen. Tiedonsaanti oikeuksista on perusta kaikkien oikeuksien käyttämiselle. Syytetyn on myös tunnettava yksityiskohtaisesti häntä vastaan nostetun syytteen sisältö ja olemassa olevat todisteet voidakseen valmistella puolustustaan.

Epäillyt ja syytetyt eivät aina saa kyseisiä tietoja. Jäsenvaltioilla on erilaisia järjestelmiä tietojen antamiseksi, ja joitain tietoja ei joissakin jäsenvaltioissa anneta lainkaan. Esimerkiksi neljässä jäsenvaltiossa ei ole laillista velvoitetta antaa epäillylle tietoja oikeudesta oikeudelliseen neuvontaan ja ainoastaan kymmenessä jäsenvaltiossa epäillylle annetaan tietoja oikeuksista erityisellä kirjallisella ilmoituksella. Laki ja käytäntö eroavat suuresti jäsenvaltiosta toiseen sen osalta, minkälaista tietoa rikosasiasta annetaan. Voidaan antaa kirjallinen tiivistelmä tai syytetyn asianajajalle voidaan myöntää mahdollisuus tutustua asiakirja-aineistoon ja kopioida sen oleellisia osia. Kolmessa jäsenvaltiossa asiakirja-aineistoon ei voi tutustua lainkaan, ja niissä jäsenvaltioissa, joissa se on mahdollista, tämä oikeus voidaan myöntää menettelyjen eri vaiheissa.

2.1.1. Kielteiset vaikutukset rikosoikeudellisiin menettelyihin ja oikeudelliseen yhteistyöhön

Jos epäillyille ei anneta tarpeeksi tietoja, rikosoikeudelliset menettelyt voivat olla epäoikeudenmukaisia ja tästä voi aiheutua tarpeettomia kustannuksia, jotka johtuvat menettelyjen pitkittymisestä, muutoksenhausta ja syytetoimien keskeyttämisestä siinä jäsenvaltiossa, jossa menettelyt suoritetaan.

Riittämättömät tiedot voivat aiheuttaa ongelmia ja kustannuksia muissa jäsenvaltioissa, jos tuomioistuin siinä jäsenvaltiossa, jossa alkuperäiset rikosoikeudelliset menettelyt suoritetaan, haluaa tehdä yhteistyötä toisen jäsenvaltion kanssa. EU:n välineet oikeudellisen yhteistyön helpottamiseksi jäsenvaltioiden välillä (kuten eurooppalainen pidätysmääräys) perustuvat vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen eli tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanoon toisessa jäsenvaltiossa ilman, että päätöstä tarkastellaan uudelleen. Tällainen melkein automaattinen tunnustaminen edellyttää tuomareiden ja tuomioistuinten välistä luottamusta. Jos luottamusta ei ole, vastavuoroinen tunnustaminen ei onnistu, menettelyt pitkittyvät ja ulkomaisen tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpano viivästyy, mistä seuraa lisäkustannuksia. Jokin aika sitten Yhdistyneessä kuningaskunnassa käsiteltiin asiaa, jossa väitettiin, että epäillylle oli annettu riittämättömät menettelyjä koskevat tiedot siinä jäsenvaltiossa, joka oli antanut kyseistä henkilöä koskevan eurooppalaisen pidätysmääräyksen. Kyseiset väitteet vaikuttivat todennäköisesti siihen, että luovuttamismenettelyt kestivät yli vuoden, minkä lisäksi tehtiin useita muutoksenhakuja ylempiin oikeusasteisiin ja kantelu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Tästä oli seurauksena huomattavat kustannukset.

2.1.2. Nykyiset oikeudelliset normit eivät anna riittävää suojaa

Tällä hetkellä sovellettavat normit eivät ole riittävän korkeatasoisia eikä niitä noudateta riittävän hyvin. Vaikka Euroopan ihmisoikeussopimuksessa on määrätty vähimmäisoikeuksista, sidosryhmät myöntävät, että ihmisoikeussopimus ja sen täytäntöönpanomekanismi eivät kaikissa tapauksissa anna riittävää suojaa oikeuksia ja syytettä koskevien riittävien tietojen saannin osalta. Tämä johtuu siitä, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 ja 6 artiklan mukainen tiedonsaantioikeus ei ole riittävän kattava ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle osoitettujen kantelujen käsittely vie vuosia ja johtaa ainoastaan tilanteen korjautumiseen jälkikäteen, mikä ei ole erityisen tehokasta.

2.2. EU:n oikeuspolitiikan tasapainottaminen ja EU:n kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistäminen perusoikeuksia vahvistamalla

EU:n tasolla on toteutettu useita toimenpiteitä kansalaisten korkeatasoisen suojan takaamiseksi (kuten eurooppalaisen pidätysmääräyksen käyttöönotto), mutta oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevista toimenpiteistä ei ole päästy sopimukseen. Hyväksyessään marraskuussa 2009 prosessuaalisia oikeuksia koskevan etenemissuunnitelman neuvosto tunnusti, että epäiltyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistamiseksi EU:ssa tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä. Etenemissuunnitelmassa viitoitetaan tie EU:n toimille, joilla taataan Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määrättyä suojelua parempi perusoikeuksien suojelu. Tämä antaisi EU:n perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklassa vahvistetuille oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeille erityisen EU:n tason merkityksen ja sillä edistettäisiin todellisten tai luultujen esteiden poistamista SEUT-sopimuksen 21 artiklan 2 kohdassa taatun kansalaisten vapaan liikkuvuuden tieltä.

2.3. Ongelman laajuus nyt ja tulevaisuudessa

Käytettävissä ei ole tietoja siitä, kuinka monessa menettelyssä on valitettu tiedonpuutteesta, mutta sidosryhmien mukaan riittämättömän tiedonsaannin ongelma, vaikkakaan se ei ole endeeminen, on akuutti eikä se rajoitu vain tiettyihin jäsenvaltioihin. Jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten välisen keskinäisen luottamuksen odotetaan jäävän tämänhetkiselle riittämättömälle tasolle, koska on todennäköistä, että jäsenvaltioiden viranomaiset eivät edelleenkään kaikissa tapauksissa anna epäillyille tai syytetyille henkilöille tarvittavia tietoja. Kansalaisten lisääntynyt liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä lisää myös oikeudellisen yhteistyön tarvetta, ja koska lähitulevaisuudessa on pantava täytäntöön ja sovellettava uusia EU:n oikeudellista yhteistyötä koskevia toimenpiteitä, on entistä tärkeämpää parantaa keskinäistä luottamusta.

2.4. EU:n toimivalta

SEUT-sopimuksen 82 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti yksilön oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä koskevat oikeudet voidaan vahvistaa direktiiveillä tuomioiden ja oikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen ja rikosoikeudellisen yhteistyön helpottamiseksi rajatylittävissä rikosasioissa. Koska jäsenvaltioiden välillä on tällä hetkellä suuria eroja tiedonsaannissa, on epätodennäköistä, että erikseen toimivat jäsenvaltiot voisivat tarjota riittävän korkeatasoiset tiedonsaantimahdollisuudet koko EU:ssa. Tämä voidaan saavuttaa ainoastaan EU:n tason toimilla.

3. Tavoitteet

Yleiset tavoitteet:|Oikeudellisen yhteistyön parantaminen palauttamalla jäsenvaltioiden välinen keskinäinen luottamus rikosoikeudellisten järjestelmien oikeudenmukaiseen toimintaan. Korkeatasoisen perusoikeuksien suojan takaaminen rikosoikeudellisissa menettelyissä ja siten EU:n kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistäminen EU:ssa. |

Erityiset tavoitteet:|Rikosoikeudellisten päätösten täytäntöönpanon ja soveltamisen helpottaminen varmistamalla, että epäillyillä on riittävästi tietoja oikeuksistaan mieluiten kirjallisena, jotta he pystyvät tehokkaasti käyttämään oikeuttaan puolustukseen. |Rikosoikeudellisten päätösten täytäntöönpanon ja soveltamisen helpottaminen varmistamalla, että syytetyillä on riittävästi yksityiskohtaisia tietoja heitä vastaan nostetusta syytteestä , jotta he voivat riittävästi valmistella puolustustaan tai riitauttaa tarvittaessa ennen oikeudenkäyntiä tehdyt päätökset. |

Toiminnalliset kustannukset:|Epäillyille heidän oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevista oikeuksistaan annettavien tietojen olisi oltava seuraavanlaisia: tiedot olisi annettava selkeässä muodossa, jotta epäilty pystyy helposti ymmärtämään ne tiedot olisi annettava heti, kun epäilty on ensi kertaa yhteydessä poliisiintietojen olisi sisällettävä Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaiset perusoikeudet, joita sovelletaan pidätyksen, ensimmäisen kuulustelun ja säilöönoton yhteydessätiedot olisi annettava siten, että niiden antaminen on mahdollista tarkistaa |Syytetyille annettavien syytettä koskevien tietojen olisi oltava seuraavanlaisia:tietojen olisi oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta syytetyt voivat riittävästi valmistella puolustustaan tai riitauttaa tarvittaessa ennen oikeudenkäyntiä tehdyt päätöksettiedot olisi annettava ajoissa ja siten, että syytetty ymmärtää häntä vastaan nostetun syytteen sisällöntiedot olisi annettava siten, että niiden antaminen on mahdollista tarkistaa |

4. Toimintavaihtoehdot ja niiden vaikutukset

· Vallitsevan tilanteen säilyttäminen: Tämä vaihtoehto ei edellytä EU:n tason toimia.

· Toimintavaihtoehdossa A pyritään saamaan ratkaisu siihen, että epäillyt eivät aina saa riittävästi tietoja oikeuksistaan :

Muut kuin lainsäädäntötoimet:Toimintavaihtoehto A1: EU:n laajuinen tiedotuskampanja puolustusta koskevista vähimmäisoikeuksista.Toimintavaihtoehto A2: Neuvoston suositus hyvästä käytännöstä, joka koskee epäiltyjen ja syytettyjen tiedonsaantia oikeuksistaan.EU:n lainsäädäntötoimet:Toimintavaihtoehto A3: Koko EU:ta koskeva velvollisuus antaa epäillyille tietoja heidän oikeuksistaan jäsenvaltioiden valitsemilla keinoilla.Toimintavaihtoehto A4: Koko EU:ta koskeva velvollisuus antaa pidätetyille tietoa heidän oikeuksistaan jäsenvaltioiden laatimalla oikeuksia koskevalla kirjallisella ilmoituksella, johon sisältyy yhteiset vähimmäisoikeudet (Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja EU:n lainsäädännön mukaiset oikeudet) ja jäsenvaltioiden oman lainsäädäntönsä mukaisesti lisäämät oikeudet.Toimintavaihtoehto A5: Koko EU:ta koskeva velvollisuus antaa pidätetyille tietoa heidän oikeuksistaan oikeuksia koskevalla kirjallisella ilmoituksella, johon sisältyy direktiivin liitteessä esitetyt EU:n laajuiset vähimmäisoikeudet.|

Toimintavaihtoehdossa B pyritään saamaan ratkaisu siihen, että syytetyt eivät aina saa viipymättä riittävää ja yksityiskohtaista tietoa heitä vastaan nostetusta syytteestä kielellä, jota he ymmärtävät:

Muut kuin lainsäädäntötoimet:Toimintavaihtoehto B1: Neuvoston suositus hyvästä käytännöstä, joka koskee syytettyjen tiedonsaantia heitä vastaan nostetusta syytteestä.EU:n lainsäädäntötoimet:Toimintavaihtoehto B2: Koko EU:ta koskeva velvollisuus antaa syytetyille tietoja heitä vastaan nostetusta syytteestä jäsenvaltioiden valitsemilla keinoilla.Toimintavaihtoehto B3: Koko EU:ta koskeva velvollisuus antaa syytetyille tietoja heitä vastaan nostetusta syytteestä sekä myöntää heille (tai heidän asianajajalleen) mahdollisuus tutustua asiakirja-aineistoon . |

5. Toimintavaihtoehtojen vertailu

Seuraavassa taulukossa vaihtoehtoja verrataan erityistavoitteiden ja toiminnallisten tavoitteiden osalta. Vaihtoehdot on luokiteltu sen mukaan, miten hyvin ne täyttävät 3 kohdassa määritellyt tavoitteet. Odotetusta tehokkuudesta tavoitteiden täyttämisessä annetuille pisteille annetaan loppusummassa sama painoarvo.

Toimintavaihtoehtojen A5 ja B3 onnistumismahdollisuudet ovat suurimmat ja sen vuoksi ne ovat etusijalla.

Taulukko 5.1 – A-toimintavaihtoehtojen vertailu: ||

Tavoitteet/kustan nukset|Vallitseva tilanne| A1| A2 | A3| A4 | A5 |

Varmistetaan, että epäillyt saavat riittävät tiedot oikeuksistaan, jotta he voivat käyttää niitä tehokkaasti. |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Annetaan tiedot selkeällä kielellä, jota epäilty pystyy helposti ymmärtämään. |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Annetaan tiedot heti, kun epäilty on ensi kertaa yhteydessä poliisiin. Tietojen olisi sisällettävä Euroopan ihmisoikeussopi muksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaiset perusoikeudet, joita sovelletaan pidätyksen, ensimmäisen kuulustelun ja säilöönoton yhteydessä.|0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

Varmistetaan, että tietojen antaminen voidaan tarkistaa|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Parannetaan jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta rikosoikeudellisten järjestelmien oikeudenmukaiseen toimintaan koko EU:ssa.|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Yhteensä:|0|5|8|12|20|25|

Jäsenvaltioiden kustannukset Laskelma perustuu malliin niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka todennäköisesti joutuvat maksamaan täytäntöönpanokustannuksia sen vuoksi, että niiden nykyinen käytäntö eroaa vaihtoehdossa esitetystä. Koska tilastotiedot puuttuvat, toiminnallisia kustannuksia koskevissa luvuissa ei oteta huomioon toiminnallisten kustannusten nykytasoa. Vaihtoehdon täytäntöönpanosta aiheutuvia lisäkustannuksia ei sen vuoksi voida laskea tarkasti, mutta niiden voidaan olettaa olevan vain hyvin pieni osa tässä esitetystä luvusta.Laskelma perustuu malliin niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka todennäköisesti joutuvat maksamaan täytäntöönpanokustannuksia sen vuoksi, että niiden nykyinen käytäntö eroaa vaihtoehdossa esitetystä. Koska tilastotiedot puuttuvat, toiminnallisia kustannuksia koskevissa luvuissa ei oteta huomioon toiminnallisten kustannusten nykytasoa. Vaihtoehdon täytäntöönpanosta aiheutuvia lisäkustannuksia ei sen vuoksi voida laskea tarkasti, mutta niiden voidaan olettaa olevan vain hyvin pieni osa tässä esitetystä luvusta.|-|100 000 – 10 milj. euroa (EU:n kokonais kustannukset)|Kertaluonteiset perustamis kustannukset: 0–2,5 milj. euroaToiminn. kustannukset vuodessa: 0–4,6 milj. euroa |Kertaluonteiset perustamis kustannukset: 0–2,5 milj. euroaToiminn. kustannukset vuodessa: 5 000–4,6 milj. euroa|Kertaluonteiset perustamis kustannukset: 15 000–2,5 milj. euroaToiminn. kustannukset vuodessa: 5 000–4,6 milj. euroa|Kertaluonteiset perustamis kustannukset: 5 000–2,5 milj. euroaToiminn. kustannukset vuodessa: 5 000–4,6 milj. euroa|

Mahdolliset kustannussäästöt siinä jäsenvaltiossa, jossa rikosoikeudelliset menettelyt suoritetaan.|-|vähäiset|vähäiset |vähäiset tai keskisuuret|keskisuuret |keskisuuret tai suuret|

Taulukko 5.2 – B-toimintavaihtoehtojen vertailu: ||

Tavoitteet/kustan nukset|Vallitseva tilanne|B1 |B2 |B3 |||

Varmistetaan, että syytetyt saavat riittävän yksityiskohtaiset tiedot heitä vastaan nostetusta syytteestä, jotta he voivat riittävästi valmistella puolustustaan tai riitauttaa tarvittaessa ennen oikeudenkäyntiä tehdyt päätökset |0|√√|√√√|√√√√√|||

Annetaan tiedot antaminen ajoissa ja siten, että syytetty ymmärtää häntä vastaan nostetun syytteen sisällön|0|√|√√√|√√√√|||

Varmistetaan, että tietojen antaminen voidaan tarkistaa|0|√|√√|√√√|||

Parannetaan jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta rikosoikeudellisten järjestelmien oikeudenmukaiseen toimintaan koko EU:ssa.|0|√|√√√|√√√√√|||

Yhteensä:|0|5|11|17|||

Jäsenvaltioiden kustannukset Ks. alaviitteen 2 huomautus.Ks. alaviitteen 2 huomautus.|-|Kertaluonteiset kustannukset : 0–2,6 milj. euroaToiminnalliset kustannukset: 270 000–21 milj. euroa|Kertaluonteiset kustannukset : 0–2,6 milj. euroaToiminnalliset kustannukset: 100 000–30 milj. euroa|Kertaluonteiset kustannukset : 9 000–2,6 milj. euroaToiminnalliset kustannukset: 270 000–21 milj. euroa|||

Mahdolliset kustannussäästöt siinä jäsenvaltiossa, jossa rikosoikeudelliset menettelyt suoritetaan.|-|vähäiset|vähäiset |keskisuuret|||

6. Paras vaihtoehto

Parhaana vaihtoehtona pidetään vaihtoehtojen A5 ja B3 yhdistelmää:

Annetaan direktiivi, jolla jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että epäillyille ja syytetyille annetaan tietoa heidän oikeuksistaan rikosoikeudellisissa menettelyissä oikeuksia koskevalla ilmoituksella, jonka jäsenvaltiot laativat epäiltyjen ja syytettyjen ymmärtämällä kielellä ja joka sisältää direktiivin liitteessä esitetyt EU:n laajuiset oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevat vähimmäisoikeudet sekä mahdolliset muut jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaiset oikeudet, ja epäillyille ja syytetyille annetaan tietoa heitä vastaan nostetusta syytteestä, jolloin tietoihin on sisällyttävä heille (tai heidän asianajajalleen) myönnettävä mahdollisuus tutustua asiakirja-aineistoon maksutta.|

6.1. EU:n lisäarvo ja parhaan vaihtoehdon oikeasuhteisuus

Parhaana pidetty vaihtoehto edellyttää uusia koko EU:ta koskevia velvollisuuksia (oikeuksia koskevan ilmoituksen käyttö ja tutustuminen asiakirja-aineistoon). Koska vaihtoehdolla on yhdenmukaistava vaikutus, sillä voidaan taata tehokkaasti riittävän tiedon saanti ja edistää luottamusta menettelyjen oikeudenmukaisuuteen muissa jäsenvaltioissa. Vaihtoehtojen A5 ja B3 mukaiset uudet velvollisuudet koskevat ainoastaan tämän toimenpiteen keskeisintä sisältöä: oikeutta tiedonsaantiin. Vaihtoehdoissa ei oteta käyttöön muita uusia velvollisuuksia, jotka eivät liity tiedonsaantiin.

Parhaana pidetyn vaihtoehdon molemmat osat ovat oikeasuhteisia: vaikka molemmat edellyttävät useilta jäsenvaltioilta muutoksia rikosoikeudellisia menettelyjä koskevaan lainsäädäntöön, ei ole muita tehokkaita keinoja varmistaa, että epäillyt saavat kattavat tiedot.

6.2. Talousvaikutukset jäsenvaltioihin

Toimintavaihtoehdon A5 tärkein talousvaikutus on kertaluonteiset perustamiskustannukset , jotka johtuvat oikeuksia koskevan ilmoituksen käyttöönottamisesta. Kustannukset koostuvat lähinnä ilmoitusten laatimisesta, niiden kääntämisestä ja poliisien ja tarvittaessa syyttäjien ja tuomareiden kouluttamisesta. Kustannukset ovat todennäköisesti 10 000 – 2,5 miljoonaa euroa jäsenvaltiota kohti (mallilaskelma Maltan osalta on 10 600 – 70 000 euroa ja Ranskan osalta 655 000 – 2,5 miljoonaa euroa). On todennäköistä, että tosiasialliset kustannukset ovat vähimmäiskustannusten luokkaa. Vaihtoehdon A5 vaikutus jäsenvaltiokohtaisiin toimintakustannuksiin riippuu pääasiassa siitä, mitä oikeuksia koskevia tietoja epäillyt jo saavat ja kuinka kauan tietojen saanti kestää. Talousarviovaikutukset niihin jäsenvaltioihin, joissa jo käytetään oikeuksia koskevaa ilmoitusta, ovat todennäköisesti vähäiset. Tapauskohtaiset vaikutukset kustannuksiin niiden jäsenvaltioiden osalta, joissa epäillyille annetaan tietoja oikeuksista suullisesti, riippuvat siitä, kuinka yksityiskohtaisia nykyään annettavat suulliset tiedot ovat.

Vaihtoehdon B3 osalta useimmille jäsenvaltioille aiheutuu vähäisiä kertaluonteisia kustannuksia ainoastaan direktiiviä täytäntöön pantaessa, koska ne sallivat jo tutustumisen asiakirja-aineistoon. Asiakirja-aineistoon tutustumisen sallimisesta odotetaan aiheutuvan kertaluonteisia kustannuksia ainoastaan niille kolmelle jäsenvaltiolle, joissa ei tällä hetkellä ole kyseistä oikeutta. Kustannukset syntyvät todennäköisesti poliisien, syyttäjien ja tuomareiden kouluttamisesta ja ne ovat 9 000 – 2,6 miljoonaa euroa jäsenvaltiota kohti. Vaikka tämän vaihtoehdon tarkkaa vaikutusta toimintakustannuksiin ei voida ennustaa, on todennäköistä, että vaikutus toimintakustannuksiin on hyvin vähäinen jopa niissä kolmessa jäsenvaltiossa, joiden on otettava kyseinen oikeus käyttöön.

7. Seuranta ja arviointi

Vahva seuranta- ja arviointimekanismi on oleellisen tärkeä sen varmistamiseksi, että oikeuksia noudatetaan sekä käytännössä että lainsäädännössä. Komissio suunnittelee toteuttavansa erityisen empiirisen, tietojenkeruuta painottavan tutkimuksen 3–5 vuotta ehdotuksen täytäntöönpanosta saadakseen syvällisiä määrällisiä ja laadullisia tietoja ehdotuksen vaikuttavuudesta. Kun kaikki etenemissuunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu, on tärkeää arvioida jokainen toimenpide sekä etenemissuunnitelman kokonaisvaikuttavuus.

[1] 2009/C 295/01.

[2] Laskelma perustuu malliin niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka todennäköisesti joutuvat maksamaan täytäntöönpanokustannuksia sen vuoksi, että niiden nykyinen käytäntö eroaa vaihtoehdossa esitetystä. Koska tilastotiedot puuttuvat, toiminnallisia kustannuksia koskevissa luvuissa ei oteta huomioon toiminnallisten kustannusten nykytasoa. Vaihtoehdon täytäntöönpanosta aiheutuvia lisäkustannuksia ei sen vuoksi voida laskea tarkasti, mutta niiden voidaan olettaa olevan vain hyvin pieni osa tässä esitetystä luvusta.

[3] Ks. alaviitteen 2 huomautus.

PT

(...PICT...)|COMISSÃO EUROPEIA|

Bruxelas, 20.7.2010 SEC(2010) 908

DOCUMENTO DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DA COMISSÃO que acompanha a

Proposta de DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO relativa ao direito à informação nos processos penais RESUMO DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO {COM(2010) 392 final} {SEC(2010) 907}

DOCUMENTO DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DA COMISSÃO

RESUMO DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO

1. Contexto e procedimento

Para reforçar a confiança mútua e melhorar assim o funcionamento do reconhecimento mútuo, o Conselho Europeu adoptou, em Novembro de 2009, o Roteiro relativo aos direitos processuais 2009/C 295/01 , nele sendo delineada uma abordagem progressiva destinada a reforçar os direitos dos suspeitos e acusados:[1]

2009/C 295/01

Medidas actualmente previstas no Roteiro:|

Medida A: Tradução e interpretação|

Medida B: Informação sobre os direitos e sobre a acusação|

Medida C: Patrocínio e apoio judiciários|

Medida D: Comunicação com familiares, empregadores e autoridades consulares|

Medida E: Garantias especiais para suspeitos ou acusados vulneráveis |

A presente avaliação de impacto incide sobre a Medida B, que visa melhorar a situação dos suspeitos, garantindo que recebam informações sobre os seus direitos e as acusações contra eles formuladas em processos penais.

Assume uma natureza essencialmente empírica: as partes interessadas foram consultadas em ocasiões diversas, tal como nas reuniões do Fórum da Justiça em 2008 e 2009. A avaliação de impacto teve igualmente em conta as conclusões de alguns estudos universitários recentes.

2. O Problema

2.1. Insuficiência da informação nos processos penais

O acesso à informação para os suspeitos e acusados é um factor essencial para assegurar a imparcialidade do processo. Aquando da sua detenção, não se pode presumir que os suspeitos têm um conhecimento suficiente dos seus direitos (tal como o direito à assistência jurídica) que lhes permita o seu exercício efectivo. O fornecimento de informações sobre estes direitos é a única via que lhes permitirá assegurar o acesso aos mesmos. Um acusado precisa igualmente de conhecer de forma pormenorizada as acusações contra ele formuladas e os elementos de prova existentes, a fim de preparar a sua defesa.

Os suspeitos e os acusados nem sempre recebem estas informações. Os Estados-Membros dispõem de sistemas diferentes para transmitir as informações, não sendo algumas destas sequer comunicadas nalguns Estados-Membros. Por exemplo, em quatro Estados-Membros não há qualquer obrigação jurídica de informar os suspeitos do seu direito à assistência jurídica e os suspeitos só são informados dos seus direitos através de uma notificação escrita (Carta de Direitos) em dez Estados-Membros. No que respeita à informação sobre o processo, a legislação e as práticas divergem significativamente consoante os Estados-Membros: nalguns casos, pode ser dado um resumo por escrito ou facultado o acesso ao processo ao advogado do acusado, que pode efectuar cópias dos documentos pertinentes. Três Estados-Membros não facultam o acesso ao processo e mesmo nos Estados-Membros em que esse acesso é previsto, a fase do processo em que tal é concedido difere significativamente.

2.1.1. Efeitos adversos sobre os processos penais e a cooperação judicial

A ausência de uma informação adequada dos suspeitos pode comprometer a imparcialidade dos processos penais e tal pode ser fonte de custos desnecessários, em consequência da duração excessiva dos processos, da interposição de recursos e do abandono das acções penais no Estado Membro em que decorre o processo.

Uma informação insuficiente pode ocasionar problemas e custos em outros Estados-Membros quando um tribunal no Estado-Membro em que decorre o processo penal inicial solicita a cooperação de outros Estados-Membros. Os instrumentos do direito da UE para facilitar a cooperação judiciária entre os Estados Membros (tal como o mandado de detenção europeu – MDE) baseiam-se no princípio do reconhecimento mútuo, ou seja, na execução de uma decisão judicial noutro Estado-Membro sem qualquer necessidade de exame posterior da decisão. Este reconhecimento praticamente automático requer um clima de confiança entre os juízes e os tribunais. Na ausência desta confiança, o reconhecimento mútuo não funcionará; tal traduzir-se-á em processos morosos e em atrasos na execução das decisões judiciais estrangeiras, com os custos concomitantes. Num processo britânico recente, é provável que as alegações quanto ao facto de um suspeito ter recebido informações insuficientes no âmbito do processo do Estado-Membro que havia emitido um mandado de detenção europeu com vista à entrega dessa pessoa tenham estado na origem da morosidade do processo de entrega (superior a um ano), que envolveu diversos recursos para um tribunal superior e perante o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, com implicações significativas em termos de custos.

2.1.2. As normas jurídicas em vigor não asseguram uma protecção adequada

Actualmente, não vigoram normas de nível suficientemente elevado que sejam objecto de uma aplicação adequada. Apesar de a Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) consagrar direitos mínimos, as partes interessadas concordam que esta Convenção e o seu mecanismo de aplicação nem sempre asseguram uma protecção suficiente, nomeadamente no que respeita ao fornecimento de informações adequadas sobre os direitos e as acusações formuladas. Tal deve-se ao facto de os direitos à informação previstos nos termos dos artigos 5.º e 6.º da CEDH ficarem aquém do necessário e de os recursos perante o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem poderem levar vários anos a ser objecto de uma decisão, conduzindo assim apenas a uma rectificação ex post de eficácia limitada.

2.2. Reequilibrar a política de justiça da UE e promover a livre circulação dos cidadãos da EU através do reforço dos direitos fundamentais

Muito embora tenham sido tomadas diversas medidas a nível da UE para garantir um elevado nível de segurança para os cidadãos (tal como a introdução do MDE), não foi ainda possível obter até à data qualquer acordo sobre normas relativas a um julgamento equitativo. Com a adopção do Roteiro relativos aos direitos processuais em Novembro de 2009, o Conselho reconheceu a necessidade premente de tomar medidas para reforçar os direitos processuais dos suspeitos na UE. O Roteiro lança os alicerces para uma acção da UE destinada a assegurar uma protecção dos direitos fundamentais para além da prevista pela CEDH. Tal conferirá igualmente um sentido específico no direito da UE às garantias quanto a um julgamento imparcial consagradas nos artigos 47.º e 48.º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE e contribuirá também para a supressão dos obstáculos, reais ou concebidos como tal, à livre circulação dos cidadãos, conforme garantido pelo artigo 21.º, n.º 2, do TFUE.

2.3. Alcance actual e futuro do problema

Apesar de não se disporem de quaisquer dados sobre o número de processos em que a falta de informação é denunciada, as partes interessadas indicam que o problema da informação insuficiente, muito embora não seja endémico, é grave e não se limita a determinados Estados-Membros. Prevê-se que a confiança mútua entre as autoridades judiciais dos Estados Membros continuará a ser insuficiente, tal como sucede actualmente, uma vez que é provável que voltem a ocorrer casos em que as autoridades dos Estados-Membros não fornecerão informações aos suspeitos ou aos acusados. Uma vez que a crescente circulação dos cidadãos entre os Estados-Membros implicará uma maior necessidade de cooperação judicial, à medida que estas novas medidas de cooperação judicial na EU venham a ser adoptadas e aplicadas na UE num futuro próximo, a necessidade de reforçar a confiança mútua tornar-se-á ainda mais premente.

2.4. Competência da EU para intervir

Nos termos do artigo 82.º, n.º 2, alínea b), do TFUE, U, podem ser adoptadas regras mínimas relativas aos direitos individuais em processo penal por meio de directivas na medida do necessário para facilitar o reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciais e a cooperação policial e judiciária nas matérias penais com dimensão transfronteiriça. Existem actualmente profundas divergências entre os Estados-Membros no que respeita ao fornecimento de informações, sendo pouco provável que a acção individual dos Estados Membros por si só contribua para estabelecer normas de nível suficientemente elevado neste domínio; este objectivo apenas pode ser alcançado através de medidas tomadas a nível da UE.

3. Objectivos

Geral:|Melhorar a cooperação judicial, restabelecendo a confiança mútua entre os Estados-Membros quanto ao bom funcionamento dos sistemas de justiça penal Assegurar um nível elevado de protecção dos direitos fundamentais nos processos penais, promovendo assim a livre circulação dos cidadãos comunitários em toda a UE|

Específicos:|Facilitar a execução e a aplicação das decisões judiciais no domínio penal, garantindo que os suspeitos recebam suficientes informações sobre os seus direitos , de preferência por escrito, para que possam exercer de forma eficaz os seus direitos de defesa |Facilitar a execução e a aplicação das decisões judiciais no domínio penal, garantindo que os suspeitos recebam suficientes informações sobre as acusações que sobre eles recaem , para que possam preparar de forma adequada a sua defesa ou contestar as decisões na fase instrutória |

Operacionais:|As informações facultadas aos suspeitos sobre os seus direitos a um julgamento imparcial devem: ser redigidos numa linguagem clara que seja facilmente compreensível para o suspeito ser prestadas aquando do primeiro contacto com a políciaincluir os direitos fundamentais previstos pela CEDH e Carta que sejam aplicáveis à detenção e ao primeiro interrogatório, bem como durante o período de detençãoser fornecidas de modo a ser possível verificar que a informação foi transmitida|As informações facultadas aos acusados sobre as acusações que sobre eles recaem devem:ser suficientemente pormenorizadas para permitir preparar a defesa de forma adequada ou contestar as decisões na fase instrutóriaser fornecidas atempadamente e de modo a que o acusado compreenda as acusações que sobre ele recaemser fornecidas de modo a permitir verificar se a informação foi transmitida|

4. Opções e respectivo impacto

· Manutenção do status quo : esta opção não implicaria qualquer acção a nível da UE.

· Opções A , destinadas a dar resposta ao problema de os suspeitos nem sempre receberem uma informação adequada sobre os seus direitos :

Medidas não legislativas:Opção A1: Campanha de informação em toda a UE sobre os direitos mínimos de defesaOpção A2 : Recomendação do Conselho relativa às boas práticas respeitantes ao fornecimento de informações aos suspeitos e acusados sobre os seus direitosMedidas legislativas a nível da EU:Opção A3: Obrigação, em toda a UE, de informar os suspeitos sobre os seus direitos através de um meio à escolha dos Estados-MembrosOpção A4: Obrigação, em toda a EU, de informar os suspeitos detidos sobre os seus direitos através de uma Carta de Direitos a redigir pelos Estados-Membros, contendo um conjunto mínimo de direitos comum (previstos pela CEDH e pela legislação da UE), podendo os Estados-Membros incorporar outros direitos previstos pela sua própria legislaçãoOpção A5 : Obrigação, em toda a EU, de informar os suspeitos detidos sobre os seus direitos através de uma Carta de Direitos, com uma enumeração normalizada dos seus direitos mínimos a nível da EU, conforme previsto num Anexo à directiva|

Opções B, destinadas a dar resposta ao problema de os acusados nem sempre receberem informações adequadas sobre as acusações contra eles formuladas de forma rápida e pormenorizada, numa língua que compreendam:

Medidas não legislativas:Opção B1: Recomendação do Conselho relativa às boas práticas e à formação em matéria de fornecimento de informações aos acusados sobre as acusações contra eles formuladas.Medidas legislativas da EU:Opção B2 : Obrigação, em toda a EU, de informar os acusados sobre as acusações contra eles formuladas através de um meio à escolha dos Estados-MembrosOpção B3 : Obrigação, em toda a EU, de informar os acusados sobre as acusações contra eles formuladas, facultando-lhes nomeadamente (ou ao seu advogado) o acesso ao processo |

5. Comparação das opções

Os quadros que se seguem apresentam uma aferição comparativa das opções à luz dos objectivos específicos e operacionais. As opções são classificadas segundo o seu potencial para alcançar os objectivos definidos na parte 3. As avaliações, em termos da eficácia prevista na prossecução dos objectivos, são objecto de uma ponderação idêntica na classificação final.

As opções A5 e B3 apresentam o potencial mais elevado, sendo assim as opções preferidas.

Quadro 5.1 - Comparação das avaliações das opções A :||

Objectivos/custos|Status quo| A1| A2 | A3| A4 | A5 |

Garantir que os suspeitos recebem informações suficientes sobre os seus direitos a fim de poderem exercê-los eficazmente|0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Facultar informações numa linguagem clara, facilmente compreensível para o suspeito |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Facultar informações desde o primeiro contacto com a polícia, nomeadamente sobre os direitos fundamentais previstos pela CEDH e pela Carta que sejam aplicáveis à detenção e ao primeiro interrogatório, bem como durante o período de detenção|0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

Assegurar um meio de verificar a transmissão da informação|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Melhorar a confiança dos Estados-Membros no bom funcionamento dos sistemas de justiça penal na UE|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Classificação total|0|5|8|12|20|25|

Encargo financeiro por EM Intervalo baseado num modelo de cálculo para os EM mais susceptíveis de incorrer custos em matéria de aplicação, em virtude de as suas práticas actuais divergirem das previstas na opção. Devido à falta de estatísticas disponíveis, os dados sobre os custos operacionais não têm em conta o nível actual destes custos, pelo que o encargo financeiro suplementar decorrente da aplicação da opção não pode ser calculado de forma precisa, mas é de prever que corresponda a uma fracção do valor indicativo apresentado.Intervalo baseado num modelo de cálculo para os EM mais susceptíveis de incorrer custos em matéria de aplicação, em virtude de as suas práticas actuais divergirem das previstas na opção. Devido à falta de estatísticas disponíveis, os dados sobre os custos operacionais não têm em conta o nível actual destes custos, pelo que o encargo financeiro suplementar decorrente da aplicação da opção não pode ser calculado de forma precisa, mas é de prever que corresponda a uma fracção do valor indicativo apresentado.|-|100 000 EUR   10 milhões de EUR (custo total para a UE)|Custos pontuais de arranque: 0 EUR - 2,5 milhões de EURCustos operacionais anuais: 0 EUR - 4,6 milhões de EUR |Custos pontuais de arranque: 0 EUR - 2,5 milhões de EURCustos operacionais anuais: 5 000 EUR - 4,6 milhões de EUR|Custos pontuais de arranque: 15 000 EUR - 2,5 milhões de EURCustos operacionais anuais: 5 000 EUR - 4,6 milhões de EUR|Custos pontuais de arranque: 5 000 EUR - 2,5 milhões de EURCustos operacionais anuais: 5 000 EUR - 4,6 milhões de EUR|

Potenciais reduções dos custos no EM em que decorre o processo penal|-|reduzidas|reduzidas |reduzidas a médias|médias |médias a elevadas|

Quadro 5.2 - Comparação das avaliações das opções B :||

Objectivos/custos|Status quo|B1 |B2 |B3 |||

Garantir que o acusado receba informações suficientemente pormenorizadas sobre o processo a fim de lhe permitir preparar adequadamente a sua defesa ou contestar as decisões na fase instrutória |0|√√|√√√|√√√√√|||

Facultar sem demora a informação, de modo a que o acusado compreenda as acusações contra ele formuladas|0|√|√√√|√√√√|||

Assegurar um meio de verificar a transmissão da informação|0|√|√√|√√√|||

Melhorar a confiança dos Estados-Membros no bom funcionamento dos sistemas de justiça penal na UE|0|√|√√√|√√√√√|||

Classificação total|0|5|11|17|||

Encargo financeiro por EM É aplicável a advertência contida na nota 2 .É aplicável a advertência contida na nota 2 .|-|Custos pontuais 0 EUR - 2,6 milhões de EURCustos operacionais: 270 000 EUR - 21 milhões de EUR|Custos pontuais 0 EUR - 2,6 milhões de EURCustos operacionais: 1 000 000 EUR - 30 milhões de EUR|Custos pontuais 9 000 EUR - 2,6 milhões de EURCustos operacionais: 270 000 EUR - 21 milhões de EUR|||

Potenciais reduções dos custos no EM em que decorre o processo penal|-|reduzidas|reduzidas |médias|||

6. Opção preferida

A opção preferida é uma combinação das opções A5 e B3 :

Adopção de uma directiva que obriga os Estados-Membros a garantir que: Os suspeitos e acusados detidos sejam informados dos seus direitos nos processos penais através de uma Carta de Direitos redigida numa língua que compreendam, elaborada pelos Estados-Membros, com uma enumeração normalizada dos seus direitos mínimos a nível da EU quanto a um julgamento imparcial, conforme previsto num Anexo à directiva e, se for caso disso, de outros direitos consagrados nas legislações respectivas dos Estados Membros, eos suspeitos e acusados sejam informados das acusações que sobre ele recaem, o que pressupõe facultar-lhes (ou ao seu advogado) o acesso gratuito ao processo.|

6.1. Valor acrescentado da UE e proporcionalidade da opção preferida

A opção preferida cria novas obrigações uniformes em toda a UE (utilização de uma Carta de Direitos e acesso ao processo). Este efeito de harmonização assinala a eficácia da opção preferida, uma vez que garante o fornecimento de informações adequadas e promove a confiança na imparcialidade dos processos noutros Estados-Membros. Apesar de as opções A5 e B3 imporem novas obrigações, apenas o fazem em relação ao objecto principal desta medida: o direito à informação. Não criam novos direitos não relacionados com o fornecimento de informações.

Ambos os aspectos da opção preferida são proporcionados: apesar de serem susceptíveis de exigir que alguns Estados-Membros introduzam alterações nas suas regras de procedimento penal, não existe outro meio eficaz para assegurar que os suspeitos recebam informações completas.

6.2. Impacto financeiro nos Estados-Membro s

A principal incidência financeira da opção A5 consiste nos custos pontuais de arranque/lançamento incorridos com a introdução dos regimes da Carta de Direitos. Trata-se essencialmente dos custos relacionados com a elaboração das Cartas, a respectiva tradução e a formação dos agentes policiais e, caso necessário, dos delegados do Ministério Público e dos juízes. Estes custos deverão oscilar entre 10 000 EUR e 2,5 milhões de EUR por Estado Membro (os modelos de cálculo apresentam um intervalo de 10 600 EUR – 70 000 EUR para Malta e de 655 000 EUR - 2,5 milhões de EUR para a França). É provável que a tendência seja para que os custos reais correspondam ao extremo inferior destes intervalos. O efeito da opção A5 a nível dos custos operacionais por Estado-Membro depende basicamente das informações sobre os direitos que já são prestadas aos suspeitos, bem como do prazo necessário para o efeito. As implicações orçamentais para os Estados-Membros que já recorrem a regimes de Carta de Direitos são susceptíveis de serem negligenciáveis. Para aqueles que, na fase actual, informam oralmente os suspeitos sobre os seus direitos, a incidência a nível dos custos por processo dependerá do nível de pormenor da informação oral actualmente prestada.

Quanto à opção B3 , a maioria dos Estados-Membros apenas incorrerá custos pontuais negligenciáveis aquando da aplicação da directiva, uma vez que já autorizam o acesso ao processo. Em consequência, só se prevêem custos pontuais no que respeita ao acesso ao processo em relação a três Estados-Membros, os únicos que não facultam actualmente qualquer direito desse tipo. Tais custos deverão resultar principalmente da formação de agentes policiais, dos delegados do Ministério Público e dos juízes e oscilarão entre 9 000 EUR e 2,6 milhões de EUR por Estado-Membro. Apesar de não ser possível prever o impacto exacto desta opção nos custos operacionais, é provável que tal seja muito limitado, mesmo para os três Estados-Membros que deverão introduzir o direito em causa.

7. acompanhamento e avaliação

Para assegurar que os direitos previstos sejam respeitados tanto na prática como a nível legislativo, é fundamental prever a criação de um mecanismo sólido de acompanhamento e de avaliação. A Comissão prevê realizar um estudo empírico específico centrado na recolha de dados, uma vez decorridos três a cinco anos após a transposição da proposta, a fim de obter uma análise quantitativa e qualitativa aprofundada quanto à eficácia da proposta. Uma vez adoptadas todas as medidas previstas no Roteiro, será essencial avaliar cada medida no seu contexto específico, bem como a eficiência do Roteiro no seu conjunto.

[1] 2009/C 295/01

[2] Intervalo baseado num modelo de cálculo para os EM mais susceptíveis de incorrer custos em matéria de aplicação, em virtude de as suas práticas actuais divergirem das previstas na opção. Devido à falta de estatísticas disponíveis, os dados sobre os custos operacionais não têm em conta o nível actual destes custos, pelo que o encargo financeiro suplementar decorrente da aplicação da opção não pode ser calculado de forma precisa, mas é de prever que corresponda a uma fracção do valor indicativo apresentado.

[3] É aplicável a advertência contida na nota 2 .

EL

(...PICT...)|ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ|

Βρυξέλλες, 20.7.2010 SEC(2010) 908

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ {COM(2010) 392 τελικό} {SEC(2010) 907}

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

1. Πλαίσιο πολιτικησ και Διαδικασία

Για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την επακόλουθη βελτίωση της λειτουργίας της αμοιβαίας αναγνώρισης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε τον Νοέμβριο του 2009 τον οδικό χάρτη για τα δικονομικά δικαιώματα ΕΕ C 295 του 2009, σ.1 με τον οποίο θεσπίστηκε μια βαθμιαία προσέγγιση για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των υπόπτων και κατηγορουμένων:[1]

ΕΕ C 295 του 2009, σ.1

Μέτρα που προβλέπονται επί του παρόντος από τον οδικό χάρτη:|

Μέτρο A : Μετάφραση και διερμηνεία|

Μέτρο B : Ενημέρωση για τα δικαιώματα και ενημέρωση για τις κατηγορίες|

Μέτρο Γ : Νομικές συμβουλές και ευεργέτημα πενίας|

Μέτρο Δ : Επικοινωνία με συγγενείς, εργοδότες και προξενικές αρχές|

Μέτρο E : Ειδικές διασφαλίσεις για ευάλωτους υπόπτους ή κατηγορουμένους |

Η παρούσα εκτίμηση επιπτώσεων καλύπτει το μέτρο B, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της κατάστασης των υπόπτων διασφαλίζοντας την ενημέρωσή τους σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις κατηγορίες που τους βαρύνουν στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

Η εκτίμηση επιπτώσεων είναι σε μεγάλο βαθμό εμπειρική: η γνώμη των ενδιαφερομένων ζητήθηκε σε διάφορες περιστάσεις, όπως στις συνεδριάσεις του Φόρουμ της Δικαιοσύνης το 2008 και το 2009, ενώ βασίστηκε επίσης σε πρόσφατες ακαδημαϊκές μελέτες.

2. Ορισμός του προβληματοσ

2.1. Ανεπαρκής ενημέρωση στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών

Η πρόσβαση των υπόπτων και κατηγορουμένων σε πληροφορίες αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση του δίκαιου χαρακτήρα των διαδικασιών. Κατά τεκμήριο οι ύποπτοι δεν γνωρίζουν επαρκώς τα δικαιώματά τους (όπως το δικαίωμά τους στην παροχή νομικών συμβουλών) κατά τη στιγμή της σύλληψης ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Η ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα αποτελεί τη δίοδο πρόσβασης στο σύνολο των δικαιωμάτων. Ένας κατηγορούμενος πρέπει επίσης να γνωρίζει λεπτομερώς την κατηγορία που τον βαρύνει και τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι δεν λαμβάνουν πάντα τις πληροφορίες αυτές. Τα κράτη μέλη διαθέτουν διαφορετικά συστήματα για τη διαβίβασή τους ενώ κάποιες από αυτές δεν διαβιβάζονται καθόλου σε ορισμένα κράτη μέλη. Για παράδειγμα, σε 4 κράτη μέλη δεν υφίσταται νομική υποχρέωση για την ενημέρωση του υπόπτου σχετικά με το δικαίωμά του στην παροχή νομικών συμβουλών και μόνο σε δέκα κράτη μέλη ο ύποπτος ενημερώνεται για τα δικαιώματά μέσω έγγραφης γνωστοποίησης (έγγραφο δικαιωμάτων). Ο νόμος και οι σχετικές πρακτικές διαφέρουν σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο όσον αφορά την ενημέρωση σχετικά με τις κατηγορίες: μπορεί να παρέχεται έγγραφη περίληψη ή πρόσβαση του συνηγόρου του κατηγορουμένου στη δικογραφία και δυνατότητα προμήθειας αντιγράφων των σχετικών εγγράφων. Σε 3 κράτη μέλη δεν προβλέπεται καμία πρόσβαση στη δικογραφία και, ακόμη και σε εκείνα που παρέχουν τέτοια πρόσβαση, το στάδιο της διαδικασίας κατά το οποίο επιτρέπεται η πρόσβαση αυτή διαφέρει επίσης σημαντικά.

2.1.1. Δυσμενείς επιπτώσεις στις ποινικές διαδικασίες και στη δικαστική συνεργασία

Όταν οι ύποπτοι δεν ενημερώνονται επαρκώς, οι ποινικές διαδικασίες ενδέχεται να μην είναι δίκαιες και αυτό μπορεί να οδηγεί σε περιττά έξοδα λόγω μακρόχρονων διαδικασιών, προσφυγών και αναστολών διώξεων στα κράτη μέλη όπου λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες.

Η ανεπαρκής ενημέρωση μπορεί επίσης να προκαλεί προβλήματα και περιττά έξοδα σε άλλα κράτη μέλη όταν δικαστήριο στο κράτος μέλος όπου λαμβάνουν χώρα οι αρχικές ποινικές διαδικασίες ζητά τη συνεργασία άλλων κρατών μελών. Τα μέσα της ΕΕ για τη διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών (όπως το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης – ΕΕΣ) βασίζονται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, δηλαδή της εκτέλεσης μιας δικαστικής απόφασης σε άλλο κράτος μέλος χωρίς περαιτέρω εξέτασή της. Αυτή η οιονεί αυτόματη αναγνώριση προϋποθέτει εμπιστοσύνη μεταξύ δικαστών και δικαστηρίων. Όσο η εμπιστοσύνη αυτή είναι ανεπαρκής, η αμοιβαία αναγνώριση δεν αποδίδει καρπούς. Απόρροια της κατάστασης αυτής είναι οι παρατεταμένες διαδικασίες και οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων της αλλοδαπής με το επακόλουθο οικονομικό κόστος. Σε πρόσφατη υπόθεση στο ΗΒ, ισχυρισμοί περί ανεπαρκούς ενημέρωσης υπόπτου στο πλαίσιο των διαδικασιών στο κράτος μέλος που είχε εκδώσει ΕΕΣ για την παράδοση του συγκεκριμένου προσώπου, ενδέχεται να είχαν ως αποτέλεσμα να διαρκέσουν οι διαδικασίες παράδοσης περισσότερο από έναν χρόνο και να κατατεθούν διάφορες προσφυγές σε ανώτερα δικαστήρια, καθώς και αίτηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με σημαντικές συνέπειες ως προς το κόστος.

2.1.2. Τα υφιστάμενα νομικά πρότυπα δεν προσφέρουν κατάλληλη προστασία

Τα υφιστάμενα πρότυπα δεν είναι επαρκώς υψηλά ούτε και εφαρμόζονται δεόντως. Ενώ η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) καθορίζει ελάχιστα δικαιώματα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς συμφωνούν ότι η ΕΣΔΑ και ο μηχανισμός εκτέλεσής της δεν προσφέρουν σε κάθε περίπτωση επαρκή προστασία σε ό,τι αφορά ειδικότερα την παροχή επαρκών πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις κατηγορίες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα δικαιώματα της ενημέρωσης δυνάμει των άρθρων 5 και 6 της ΕΣΔΑ δεν έχουν επαρκή εμβέλεια και οι αιτήσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου χρειάζονται ενίοτε χρόνια για να οδηγήσουν στη λήψη απόφασης και οδηγούν απλώς σε μια εκ των υστέρων αποκατάσταση με περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

2.2. Εκ νέου εξισορρόπηση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ μέσω της ενίσχυσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Ενώ έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τους πολίτες (όπως η θέσπιση του ΕΕΣ), δεν μπορούσε κατά το παρελθόν να συμφωνηθεί κανένα μέτρο για τη διασφάλιση των προτύπων δίκαιης δίκης. Με την έκδοση του οδικού χάρτη για τα δικονομικά δικαιώματα τον Νοέμβριο του 2009, το Συμβούλιο αναγνώρισε την επείγουσα ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων στην ΕΕ. Ο οδικός χάρτης ανοίγει τον δρόμο για τη λήψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία θα διασφαλίζουν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων πέραν εκείνης που προσφέρεται από την ΕΣΔΑ. Αυτό θα έδινε ένα συγκεκριμένο νόημα, από τη σκοπιά της ΕΕ, στις διασφαλίσεις περί δίκαιης δίκης που κατοχυρώνονται από τα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και θα συνέβαλε επίσης στην άρση των πραγματικών ή εικαζόμενων εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, όπως διασφαλίζεται από το άρθρο 21 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.

2.3. Υφιστάμενη και προβλεπόμενη εμβέλεια του προβλήματος

Ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες καταγγέλλεται η ανεπαρκής ενημέρωση, οι ενδιαφερόμενοι φορείς αναφέρουν ότι το πρόβλημα της ανεπαρκούς ενημέρωσης, παρότι όχι ενδημικό, είναι οξύ και δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα κράτη μέλη. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστικών αρχών των κρατών μελών αναμένεται να διατηρηθεί στο τρέχον ανεπαρκές επίπεδο καθώς ενδέχεται να προκύψουν εκ νέου περιπτώσεις αρχών των κρατών μελών που δεν παρέχουν στους υπόπτους ή τους κατηγορουμένους επαρκή ενημέρωση . Καθώς η αυξημένη κυκλοφορία των πολιτών μεταξύ των κρατών μελών θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανάγκη για δικαστική συνεργασία και καθώς στο εγγύς μέλλον θα πρέπει να υλοποιηθούν και να εφαρμοστούν περαιτέρω μέτρα δικαστικής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ, η ανάγκη βελτίωσης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης θα γίνει ακόμη πιο επείγουσα.

2.4. Η δυνατότητα δράσης της ΕΕ

Το άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ προβλέπει τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών μέσω οδηγιών κατά τον βαθμό που είναι απαραίτητο για να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών καθώς και η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις που έχουν διασυνοριακές διαστάσεις. Καθώς επί του παρόντος υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την παροχή πληροφοριών, είναι απίθανο να διασφαλιστούν υψηλά πρότυπα ως προς την παροχή των πληροφοριών αυτών σε ολόκληρη την ΕΕ με μονομερή δράση εκ μέρους των κρατών μελών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη λήψη μέτρων στο επίπεδο της ΕΕ.

3. Στόχοι

Γενικοί:|Βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας μέσω της αποκατάστασης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών στη δίκαιη λειτουργία των συστημάτων ποινικής δικαιοσύνηςΔιασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών, με επακόλουθη ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ|

Ειδικοί:|Διευκόλυνση της εκτέλεσης και εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις μέσω της διασφάλισης της επαρκούς ενημέρωσης των υπόπτων για τα δικαιώματά τους , κατά προτίμηση εγγράφως, ώστε να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματα υπεράσπισής τους|Διευκόλυνση της εκτέλεσης και εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις μέσω της διασφάλισης της επαρκούς και λεπτομερούς ενημέρωσης των κατηγορουμένων για τις εναντίον τους κατηγορίες ώστε να μπορούν να προετοιμάζουν δεόντως την υπεράσπισή τους ή να προσβάλλουν προδικαστικές αποφάσεις |

Λειτουργικοί:|Η ενημέρωση που παρέχεται στους υπόπτους σχετικά με τα δικαιώματά τους σε δίκαιη δίκη πρέπει:να παρέχεται σε απλή γλώσσα η οποία να γίνεται εύκολα κατανοητή από τον ύποπτο να παρέχεται κατά την πρώτη επαφή με την αστυνομίανα περιλαμβάνει τα βασικά δικαιώματα δυνάμει της ΕΣΔΑ και του ΧΘΔ της ΕΕ, τα οποία ισχύουν κατά τη σύλληψη, την πρώτη ανάκριση και την κράτησηνα παρέχεται με τρόπο που να επιτρέπει την επαλήθευση του ότι έχει πράγματι παρασχεθεί|Η ενημέρωση που παρέχεται στους κατηγορουμένους σχετικά με την κατηγορία ή το κατηγορητήριο πρέπει:να είναι επαρκώς λεπτομερής ώστε να επιτρέπει στον κατηγορούμενο να προετοιμάσει δεόντως την υπεράσπισή του ή να προσβάλει προδικαστικές αποφάσειςνα παρέχεται έγκαιρα και με τρόπο ώστε ο κατηγορούμενος να κατανοεί την εναντίον του κατηγορίανα παρέχεται με τρόπο που να επιτρέπει την επαλήθευση του ότι έχει πράγματι παρασχεθεί|

4. Επιλογές πολιτικησ και επιπτώσεισ τουσ

· Διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης: Η επιλογή αυτή θα σήμαινε τη μη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ.

· Επιλογές πολιτικής A για την αντιμετώπιση του προβλήματος των υπόπτων που δεν λαμβάνουν πάντα επαρκή ενημέρωση για τα δικαιώματά τους :

Μη νομοθετικά μέτρα:Επιλογή πολιτικής A1 : Εκστρατεία ενημέρωσης σε όλη την ΕΕ για τα ελάχιστα δικαιώματα υπεράσπισηςΕπιλογή πολιτικής A2 : Σύσταση του Συμβουλίου για τις ορθές πρακτικές σχετικά με την ενημέρωση των υπόπτων και των κατηγορουμένων για τα δικαιώματά τουςΝομοθετικά μέτρα ΕΕ:Επιλογή πολιτικής A3 : Υποχρέωση που ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ για ενημέρωση των υπόπτων σχετικά με τα δικαιώματά τους με μέσα της επιλογής των κρατών μελώνΕπιλογή πολιτικής A4 : Υποχρέωση που ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ για ενημέρωση των υπόπτων που συλλαμβάνονται σχετικά με τα δικαιώματά τους μέσω εγγράφου δικαιωμάτων που καταρτίζεται από τα κράτη μέλη και περιλαμβάνει κοινό ελάχιστο σύνολο δικαιωμάτων (δικαιώματα δυνάμει της ΕΣΔΑ και του δικαίου της ΕΕ), με προσθήκη τυχόν συμπληρωματικών μέτρων που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο των επιμέρους κρατών μελώνΕπιλογή πολιτικής A5 : Υποχρέωση που ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ για ενημέρωση των υπόπτων που συλλαμβάνονται σχετικά με τα δικαιώματά τους μέσω εγγράφου δικαιωμάτων που περιλαμβάνει τυποποιημένες διατυπώσεις που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ και αφορούν τα ελάχιστα δικαιώματα, όπως αυτό που παρατίθεται στο παράρτημα της οδηγίας|

Επιλογές πολιτικής B για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κατηγορουμένων που δεν λαμβάνουν πάντα επαρκή ενημέρωση για την εναντίον τους κατηγορία άμεσα, λεπτομερώς και σε γλώσσα που κατανοούν:

Μη νομοθετικά μέτρα:Επιλογή πολιτικής B1 : Σύσταση του Συμβουλίου για τις ορθές πρακτικές και την κατάρτιση σχετικά με την ενημέρωση των κατηγορουμένων για τις εναντίον τους κατηγορίες.Νομοθετικά μέτρα ΕΕ:Επιλογή πολιτικής B2 : Υποχρέωση που ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ για ενημέρωση των κατηγορουμένων σχετικά με τις εναντίον τους κατηγορίες με μέσα της επιλογής των κρατών μελών Επιλογή πολιτικής B3 : Υποχρέωση που ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ για ενημέρωση των κατηγορουμένων σχετικά με τις εναντίον τους κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης των ιδίων (ή του συνηγόρου τους) στη δικογραφία |

5. Σύγκριση των επιλογων πολιτικησ

Στους πίνακες που ακολουθούν γίνεται σύγκριση της σχετικής βαθμολογίας των επιλογών πολιτικής με βάση τους ειδικούς και λειτουργικούς στόχους. Οι επιλογές ταξινομούνται ανάλογα με τη δυνατότητά τους να πετύχουν τους στόχους που καθορίζονται στην ενότητα 3. Οι βαθμοί για την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων έχουν την ίδια βαρύτητα στο τελικό άθροισμα.

Οι επιλογές A5 και B3 εμφανίζουν τις υψηλότερες δυνατότητες και είναι επομένως οι προτιμότερες.

Πίνακας 5.1 – Σύγκριση των βαθμολογιών των επιλογών πολιτικής A :||

Στόχοι/κόστος|Διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης| A1| A2 | A3| A4 | A5 |

Διασφάλιση επαρκούς ενημέρωσης των υπόπτων για τα δικαιώματά τους ώστε να μπορούν να τα ασκούν αποτελεσματικά|0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Ενημέρωση σε απλή γλώσσα η οποία να γίνεται εύκολα κατανοητή από τον ύποπτο |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Ενημέρωση κατά την πρώτη επαφή με την αστυνομία, η οποία περιλαμβάνει τα βασικά δικαιώματα δυνάμει της ΕΣΔΑ και του ΧΘΔ της ΕΕ, τα οποία ισχύουν κατά τη σύλληψη, την πρώτη ανάκριση και την κράτηση |0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

Διασφάλιση μέσου επαλήθευσης του ότι οι πληροφορίες έχουν όντως παρασχεθεί|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Βελτίωση της εμπιστοσύνης των κρατών μελών στη δίκαιη λειτουργία των συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης σε ολόκληρη την ΕΕ|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Συνολική βαθμολογία:|0|5|8|12|20|25|

Οικονομική επιβάρυνση ανά κράτος μέλος Εύρος τιμών βάσει υποδείγματος υπολογισμού για τα κράτη μέλη που είναι πιθανότερο να επιβαρυνθούν με τις δαπάνες υλοποίησης λόγω της τρέχουσας πρακτικής που αποκλίνει από εκείνη που προβλέπει η επιλογή. Λόγω της έλλειψης διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων, τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες δεν λαμβάνουν υπόψη το τρέχον επίπεδο των λειτουργικών δαπανών με αποτέλεσμα να μη μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια η πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση από την εφαρμογή της επιλογής, η οποία ωστόσο αναμένεται να αντιστοιχεί σε κλάσμα των ενδεικτικών αριθμητικών στοιχείων που παρουσιάζονται εδώ.Εύρος τιμών βάσει υποδείγματος υπολογισμού για τα κράτη μέλη που είναι πιθανότερο να επιβαρυνθούν με τις δαπάνες υλοποίησης λόγω της τρέχουσας πρακτικής που αποκλίνει από εκείνη που προβλέπει η επιλογή. Λόγω της έλλειψης διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων, τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες δεν λαμβάνουν υπόψη το τρέχον επίπεδο των λειτουργικών δαπανών με αποτέλεσμα να μη μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια η πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση από την εφαρμογή της επιλογής, η οποία ωστόσο αναμένεται να αντιστοιχεί σε κλάσμα των ενδεικτικών αριθμητικών στοιχείων που παρουσιάζονται εδώ.|-|100.000 ευρώ - 10 εκατ. ευρώ (συνολικό κόστος για την ΕΕ)|Κατ’ αποκοπή αρχική δαπάνη: 0 ευρώ – 2,5 εκατ. ευρώΛειτουργικές δαπάνες ανά έτος: 0 ευρώ- 4,6 εκατ. ευρώ |Κατ’ αποκοπή αρχική δαπάνη: 0 ευρώ – 2,5 εκατ. ευρώΛειτουργικές δαπάνες ανά έτος: 5.000 ευρώ – 4,6 εκατ. ευρώ|Κατ’ αποκοπή αρχική δαπάνη: 15.000 ευρώ – 2,5 εκατ. ευρώΛειτουργικές δαπάνες ανά έτος: 5.000 ευρώ – 4,6 εκατ. ευρώ|Κατ’ αποκοπή αρχική δαπάνη: 5.000 ευρώ – 2,5 εκατ. ευρώΛειτουργικές δαπάνες ανά έτος: 5.000 ευρώ – 4,6 εκατ. ευρώ |

Εν δυνάμει εξοικονόμηση ως προς τις δαπάνες στα κράτη μέλη όπου λαμβάνουν χώρα οι ποινικές διαδικασίες|-|χαμηλή|χαμηλή |χαμηλή έως μέση|μέση|μέση έως υψηλή|

Πίνακας 5.2 – Σύγκριση των βαθμολογιών των επιλογών πολιτικής B :||

Στόχοι/κόστος|Διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης|B1 |B2 |B3 |||

Διασφάλιση της επαρκούς και λεπτομερούς ενημέρωσης του κατηγορουμένου σχετικά με την κατηγορία ώστε να μπορεί να προετοιμάσει δεόντως την υπεράσπισή του ή να προσβάλει προδικαστικές αποφάσεις |0|√√|√√√|√√√√√|||

Παροχή έγκαιρης ενημέρωσης και με τρόπο ώστε ο κατηγορούμενος να κατανοεί την εναντίον του κατηγορία|0|√|√√√|√√√√|||

Διασφάλιση μέσου που να επιτρέπει την επαλήθευση του ότι η ενημέρωση έχει πράγματι παρασχεθεί|0|√|√√|√√√|||

Βελτίωση της εμπιστοσύνης των κρατών μελών στη δίκαιη λειτουργία των συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης σε ολόκληρη την ΕΕ|0|√|√√√|√√√√√|||

Συνολική βαθμολογία:|0|5|11|17|||

Οικονομική επιβάρυνση ανά κράτος μέλος Ισχύει η υποσημείωση 2 .Ισχύει η υποσημείωση 2 .|-|Κατ’ αποκοπή : 0 ευρώ – 2,6 εκατ. ευρώΛειτουργικά: 270.000 ευρώ - 21 εκατ. ευρώ|Κατ’ αποκοπή : 0 ευρώ – 2,6 εκατ. ευρώΛειτουργικά: 10 00.000 ευρώ - 30 εκατ. ευρώ|Κατ’ αποκοπή : 9.000 ευρώ - 2,6 εκατ. ευρώΛειτουργικά: 270.000 ευρώ - 21 εκατ. ευρώ|||

Εν δυνάμει εξοικονόμηση ως προς τις δαπάνες στα κράτη μέλη όπου λαμβάνουν χώρα οι ποινικές διαδικασίες|-|χαμηλή|χαμηλή |μέση|||

6. Η προτιμωμενη επιλογη

Η προτιμώμενη επιλογή είναι ένας συνδυασμός των επιλογών A5 και B3 :

Έκδοση οδηγίας που υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουντην ενημέρωση των υπόπτων και κατηγορουμένων που συλλαμβάνονται για τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών μέσω εγγράφου δικαιωμάτων σε γλώσσα που κατανοούν, το οποίο καταρτίζεται από τα κράτη μέλη και περιλαμβάνει τυποποιημένη διατύπωση, για ολόκληρη την ΕΕ, των ελάχιστων δικαιωμάτων σε δίκαιη δίκη, όπως αυτό που παρατίθεται στο παράρτημα της οδηγίας και, κατά περίπτωση, για επιπλέον δικαιώματά τους βάσει του εθνικού δικαίου των επιμέρους κρατών μελών, καιτην ενημέρωση των υπόπτων και κατηγορουμένων για την εναντίον τους κατηγορία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής δωρεάν πρόσβασης των ιδίων (ή των συνηγόρων τους) στη δικογραφία.|

6.1. Προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και αναλογικότητα της προτιμώμενης επιλογής

Η προτιμώμενη επιλογή δημιουργεί νέες υποχρεώσεις που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ (χρήση εγγράφου δικαιωμάτων και πρόσβαση στη δικογραφία). Το εναρμονιστικό αυτό αποτέλεσμα σηματοδοτεί την αποτελεσματικότητα της προτιμώμενης επιλογής όσον αφορά τη διασφάλιση της επαρκούς ενημέρωσης και την προαγωγή της εμπιστοσύνης στον δίκαιο χαρακτήρα των διαδικασιών σε άλλα κράτη μέλη. Ενώ οι επιλογές A5 και B3 θεσπίζουν νέες υποχρεώσεις, αυτές αφορούν μόνο το βασικό αντικείμενο του μέτρου: το δικαίωμα της ενημέρωσης. Δεν δημιουργούν νέα δικαιώματα πέραν της ίδιας της ενημέρωσης.

Αμφότερες οι πτυχές της προτιμώμενης επιλογής είναι αναλογικές: παρότι ενδέχεται να απαιτούν και οι δύο από ορισμένο αριθμό κρατών μελών τη θέσπιση αλλαγών στους κώδικες ποινικής δικονομίας τους, δεν υπάρχει άλλο αποτελεσματικό μέσο που να διασφαλίζει την ολοκληρωμένη ενημέρωση των υπόπτων.

6.2. Δημοσιονομικός αντίκτυπος στα κράτη μέλη

Ο κύριος δημοσιονομικός αντίκτυπος της επιλογής A5 είναι οι κατ’ αποκοπή δαπάνες υλοποίησης/έναρξης που απαιτούνται για την εφαρμογή των προγραμμάτων σχετικά με τα έγγραφα δικαιωμάτων. Οι δαπάνες αυτές αφορούν κυρίως την κατάρτιση των εγγράφων δικαιωμάτων, τη μετάφρασή τους και την κατάρτιση των αστυνομικών και, εφόσον απαιτείται, των εισαγγελέων και δικαστών. Ενδέχεται να κυμαίνονται μεταξύ 10.000 ευρώ και 2,5 εκατ. ευρώ ανά κράτος μέλος (τα υποδείγματα υπολογισμού για τη Μάλτα δίνουν εύρος τιμών από 10.600 ευρώ έως 70.000 ευρώ και για τη Γαλλία από 655.000 ευρώ έως 2,5 εκατ. ευρώ). Είναι πιθανόν το πραγματικό κόστος να τείνει προς τις χαμηλότερες εκτιμώμενες τιμές. Η επίπτωση της επιλογής A5 στις λειτουργικές δαπάνες ανά κράτος μέλος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το τι είδους πληροφορίες παρέχονται ήδη στους υπόπτους σχετικά με τα δικαιώματά τους και τον χρόνο που απαιτείται γι’ αυτό. Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις για τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν ήδη προγράμματα σχετικά με τα έγγραφα δικαιωμάτων θα είναι πιθανότατα πολύ περιορισμένες. Για όσα κράτη μέλη ενημερώνουν τους υπόπτους προφορικά σχετικά με τα δικαιώματά τους, η επίπτωση ως προς τις ανά περίπτωση δαπάνες θα εξαρτηθεί από επίπεδο λεπτομέρειας των προφορικών πληροφοριών που παρέχονται υπό το υπάρχον καθεστώς.

Όσον αφορά την επιλογή B3 τα περισσότερα κράτη μέλη θα επιβαρυνθούν με αμελητέες κατ’ αποκοπή δαπάνες μόνο κατά την εφαρμογή της οδηγίας, καθώς επιτρέπουν ήδη πρόσβαση στη δικογραφία. Κατά συνέπεια, οι κατ’ αποκοπή δαπάνες για τη θέσπιση της πρόσβασης στη δικογραφία αναμένονται μόνο για τα 3 κράτη μέλη που δεν παρέχουν ακόμα τέτοιο δικαίωμα. Οι δαπάνες αυτές ενδέχεται να προκύψουν κυρίως από την κατάρτιση των αστυνομικών, των εισαγγελέων και των δικαστών και θα κυμαίνονται από 9.000 ευρώ έως 2,6 εκατ. ευρώ ανά κράτος μέλος. Παρότι δεν μπορεί να υπολογιστεί ο ακριβής αντίκτυπος της επιλογής αυτής στις λειτουργικές δαπάνες , το πιθανότερο είναι ότι ακόμη και για τα 3 κράτη μέλη που θα πρέπει να θεσπίσουν το δικαίωμα της πρόσβασης, ο αντίκτυπος στις λειτουργικές δαπάνες θα είναι πολύ περιορισμένος.

7. παρακολουθηση και αξιολογηση

Η πρόβλεψη ενός στιβαρού μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι καθοριστική για τη διασφάλιση της τήρησης των προβλεπόμενων δικαιωμάτων τόσο στην πράξη όσο και στη νομοθεσία. Η Επιτροπή προβλέπει τη διεξαγωγή εμπειρικής μελέτης με έμφαση στη συλλογή δεδομένων επί 3-5 χρόνια από την εφαρμογή της πρότασης ώστε να διαμορφώσει μια εμπεριστατωμένη εικόνα, από ποσοτική και ποιοτική σκοπιά, σχετικά με την αποτελεσματικότητά της. Όταν θα έχουν εφαρμοστεί όλα τα μέτρα του οδικού χάρτη, θα είναι σημαντικό να αξιολογηθεί το κάθε μέτρο στο πλαίσιό του, καθώς και η αποτελεσματικότητα του οδικού χάρτη συνολικά.

[1] ΕΕ C 295 του 2009, σ.1

[2] Εύρος τιμών βάσει υποδείγματος υπολογισμού για τα κράτη μέλη που είναι πιθανότερο να επιβαρυνθούν με τις δαπάνες υλοποίησης λόγω της τρέχουσας πρακτικής που αποκλίνει από εκείνη που προβλέπει η επιλογή. Λόγω της έλλειψης διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων, τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες δεν λαμβάνουν υπόψη το τρέχον επίπεδο των λειτουργικών δαπανών με αποτέλεσμα να μη μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια η πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση από την εφαρμογή της επιλογής, η οποία ωστόσο αναμένεται να αντιστοιχεί σε κλάσμα των ενδεικτικών αριθμητικών στοιχείων που παρουσιάζονται εδώ.

[3] Ισχύει η υποσημείωση 2 .

EN

(...PICT...)|EUROPEAN COMMISSION|

Brussels, 20.7.2010

SEC(2010) 908

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT accompanying the

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right to information in criminal proceedings {COM(2010) 392 final} {SEC(2010) 907}

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT

SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT

1. Policy context and Procedure

To increase mutual trust, and thus improve the operation of mutual recognition, in November 2009 the European Council adopted the Roadmap on Procedural Rights OJ C 295, 4.12.2009, p. 1. setting out a step-by-step approach to strengthening the rights of suspects and accused persons:[1]

OJ C 295, 4.12.2009, p. 1.

Measures currently envisaged in the Roadmap:|

Measure A : Translation and Interpretation|

Measure B : Information on Rights and Information about the Charges|

Measure C : Legal Advice and Legal Aid|

Measure D : Communication with Relatives, Employers and Consular Authorities|

Measure E : Special Safeguards for Suspected or Accused Persons who are Vulnerable |

This Impact Assessment covers Measure B which aims to improve the situation of suspects by ensuring that they receive information about their rights and the case against them in criminal proceedings.

The Impact Assessment is broadly empirical: stakeholders were consulted on several occasions, such as Justice Forum meetings in 2008 and 2009. Recent academic studies have also fed into the IA.

2. The Problem

2.1. Insufficient information in criminal proceedings

Access to information for suspects and accused persons is a key factor in ensuring fair proceedings. Suspects cannot be presumed to have enough knowledge of their rights (such as the right to legal advice) at the time of arrest to enable them to make effective use of these rights. Provision of information on rights is the gateway to accessing all rights. An accused person also needs to know in detail the case against him and what evidence there is in order to prepare his defence.

Suspects and accused persons do not always receive this information. Member States have different systems for transmitting information; and some is not transmitted at all in some Member States. For instance, in 4 Member States there is no legal obligation to inform a suspect of the right to legal advice and only in ten Member States is a suspect informed about his rights by means of written notification (Letter of Rights). Law and practice vary considerably from one Member State to another as regards information about the case: a written summary may be given or the accused's lawyer may be granted access to the case-file and may take copies of the relevant parts. In 3 Member States there is no access to the case file and even in those Member States that provide for such access the stage in proceedings at which this is granted varies significantly.

2.1.1. Adverse effects on criminal proceedings and judicial cooperation

Where suspects are not adequately informed, criminal proceedings may be unfair and this can lead to unnecessary costs owing to protracted proceedings, appeals and aborted prosecutions in the Member State where the proceedings take place.

Insufficient information can lead to problems and costs in other Member States where a court in the Member State in which the original criminal proceedings take place seeks cooperation from other Member States. EU instruments to facilitate judicial cooperation between Member States (such as European Arrest Warrant – EAW) rely on the principle of mutual recognition, i.e. the enforcement of a court decision in another Member State without any further review of the decision. Such quasi-automatic recognition requires trust between judges and courts. Where this trust is wanting, mutual recognition will not work; protracted proceedings and delays in the execution of a foreign judicial decision with associated costs will ensue. In a recent UK case allegations that a suspect had been given insufficient information in proceedings in the Member State which had issued an EAW for that person's surrender , are likely to have contributed to surrender proceedings taking more than a year and involving several appeals to higher courts and an application to the European Court of Human Rights with significant cost implications.

2.1.2. Existing legal standards do not offer adequate protection

Currently, there are no sufficiently high and adequately enforced standards. Whilst minimum rights are laid down in the European Convention on Human Rights (ECHR), stakeholders agree that the ECHR and its enforcement mechanism do not, in all cases, offer sufficient protection in relation to the provision of adequate information on rights and charges in particular. This is due to the fact that rights to information under Arts 5 and 6 ECHR does not go far enough and applications to the European Court of Human Rights may take years to be decided and only lead to an ex post remedy of limited effectiveness.

2.2. Rebalancing EU justice policy and promotion of free movement of EU citizens through strengthening of fundamental rights

Whilst various measures have been taken at EU level to guarantee a high level of safety for citizens (such as the introduction of the EAW), no measures on fair trial standards could be agreed in the past. By adopting the Procedural Rights Roadmap in November 2009, the Council acknowledged the urgent need to take action to strengthen suspects' procedural rights in the EU. The Roadmap paves the way for EU action ensuring fundamental rights protection beyond that offered by the ECHR. This would also give a specific EU meaning to the fair trial isafeguards enshrined in Arts 47 and 48 of the Charter of Fundamental Rights of the EU and also contribute towards removing real or perceived obstacles to free movement of citizens as guaranteed by Art 21(2) TFEU.

2.3. Current and prospective scope of the problem

Whilst data on the number of proceedings in which lack of information is complained about is not available, stakeholders report that the problem of insufficient information, whilst not endemic, is acute and not limited to specific Member States. Mutual trust between Member States' judicial authorities is expected to remain at the current insufficient level as it is likely that instances of Member States' authorities failing to provide suspects or accused persons with information recur. As increased movement of citizens between Member States will lead to a greater need for judicial cooperation and as further EU judicial cooperation measures will have to be implemented and applied in the near future, the need to improve mutual trust will become even more urgent.

2.4. The EU's power to act

Under Art 82(2)(b) TFEU, minimum rules concerning the rights of individuals in criminal proceedings may be adopted by means of directives to the extent necessary to facilitate mutual recognition of judgments and judicial decisions and judicial cooperation in criminal matters having a cross-border dimension. As there are currently wide differences between Member States in terms of the provision of information, it is unlikely that Member States acting individually would be able to establish a sufficiently high standard of provision of information across the EU; this can only be achieved by action taken at EU level.

3. Objectives

General:|To improve judicial cooperation by restoring mutual trust between Member States in the fair operation of the criminal justice systems To ensure a high level of protection of fundamental rights in criminal proceedings, thus fostering free movement of EU citizens throughout the EU|

Specific:|To facilitate execution and enforcement of judicial decisions in criminal matters by ensuring that suspects receive sufficient information on their rights , preferably in writing, for them to exercise effectively their defence rights |To facilitate execution and enforcement of judicial decisions in criminal matters by ensuring that accused persons receive sufficiently detailed information on the case against them in order to enable them adequately to prepare their defence or challenge pre-trial decisions |

Operational:|Information provided to suspects on their fair trial rights should: be in clear language which will be easily understood by the suspect be provided at first contact with the policeinclude core rights under the ECHR and CFREU which are applicable on arrest, first interrogation and during detentionbe provided in such a way that it is possible to verify that the information has been transmitted|Information provided to accused persons on the charge or accusation should:be sufficiently detailed to allow adequate preparation of the defence or challenge of pre-trial decisionsbe provided in a timely fashion and in such a way that the accused understands the case against himbe provided in such a way that it is possible to verify that the information has been transmitted|

4. Policy options and their impact

· Retention of the status quo: This option would involve taking no action at EU level.

· Policy options A addressing the problem of suspects not always receiving adequate information about rights :

Non-legislative action:Policy option A1 : EU-wide information campaign on minimum defence rightsPolicy option A2 : Council Recommendation on good practice on informing suspects and accused persons of their rightsEU legislative action:Policy option A3 : EU-wide duty to inform suspects about their rights by means of Member States' choosingPolicy option A4 : EU-wide duty to inform suspects under arrest about their rights by means of a Letter of Rights to be drafted by Member States, containing a common minimum set of rights (ECHR rights and EU law), with Member States to add further rights available under their own legislationPolicy option A5 : EU-wide duty to inform suspects under arrest about their rights by means of a Letter of Rights which includes standard EU-wide formulations of minimum rights as set out in an Annex to the Directive|

Policy options B addressing the problem of accused persons not always receiving adequate information about the case against them promptly, in detail and in a language they understand:

Non-legislative action:Policy option B1 : Council Recommendation on good practice and training on informing accused persons of the case against them.EU legislative action:Policy option B2 : EU-wide duty to inform accused persons about the case against them by means of Member States' choosingPolicy option B3 : EU-wide duty to inform accused persons of the case against them including granting them (or their lawyer) access to the case-file |

5. Comparison of policy options

The tables below set out a comparison of the relative rating of the policy options against the specific and operational objectives. The options are classified according to their potential to meet the objectives defined in part 3. Ratings for expected effectiveness in achieving the objectives are given equal weight in the final sum.

Options A5 and B3 demonstrate the highest potential and are therefore preferred options.

Table 5.1 - Comparison of ratings of policy options A :||

Objectives/cost|Status quo| A1| A2 | A3| A4 | A5 |

To ensure that suspects receive sufficient information to be able to exercise them efficiently|0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

To provide information in clear language which will be easily understood by the suspect |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

To provide information at first contact with the police and include core rights under the ECHR and the CFREU which are applicable on arrest, first interrogation and during detention|0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

To ensure a means of verifying that the information has been transmitted|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

To improve Member States' confidence in the fair operation of the criminal justice systems throughout the EU|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Total score:|0|5|8|12|20|25|

Financial burden per MS Range based on model calculation for those MS most likely to incur implementation costs due to current practice diverging from the one envisaged in the option. Due to lack of available statistical data, figures on operational costs do not take into account the current level of operational costs so that the added financial burden of implementation of the option cannot be calculated with precision but can expected to be a fraction of the indicative figure presented here.Range based on model calculation for those MS most likely to incur implementation costs due to current practice diverging from the one envisaged in the option. Due to lack of available statistical data, figures on operational costs do not take into account the current level of operational costs so that the added financial burden of implementation of the option cannot be calculated with precision but can expected to be a fraction of the indicative figure presented here.|-|100.000 € - 10 million € (overall costs for EU)|One-off set-up: 0 € - 2.5 million €Operational per year: 0 € - 4.6 million € |One-off set-up: 0 € - 2.5 million €Operational per year: 5,000 € - 4.6 million €|One-off set-up: 15,000 € - 2.5 million €Operational per year: 5,000 € - 4.6 million €|One-off set-up: 5,000 € - 2.5 million €Operational per year: 5,000 € - 4.6 million €|

Potential costs savings in MS in which criminal proceedings take place|-|low|low |low to medium|medium |medium to high|

Table 5.2 – Comparison of ratings of policy options B :||

Objectives/cost|Status quo|B1 |B2 |B3 |||

To ensure that the accused receives sufficiently detailed information on the case to enable them adequately to prepare their defence or challenge pre-trial decisions |0|√√|√√√|√√√√√|||

To provide information in a timely fashion, in such a way that the accused understands the case against him|0|√|√√√|√√√√|||

To ensure a means of verifying that the information has been transmitted|0|√|√√|√√√|||

To improve Member States' confidence in the fair operation of the criminal justice systems throughout the EU|0|√|√√√|√√√√√|||

Total score:|0|5|11|17|||

Financial burden per MS The caveat in footnote 2 applies.The caveat in footnote 2 applies.|-|One-off : 0 € - 2.6 million €Operational: 270,000 € - 21 million €|One-off : 0 € - 2.6 million €Operational: 10 00,000 € - 30 million €|One-off : 9,000 € - 2.6 million €Operational: 270,000 € - 21 million €|||

Potential costs savings in MS in which criminal proceedings take place|-|low|low |medium|||

6. The preferred option

The preferred option is a combination of options A5 and B3 :

Adoption of a Directive which obliges Member States to ensure that suspects and accused persons under arrest are informed of their rights in the criminal proceedings by means of a Letter of Rights in a language they understand as drawn up by Member States containing a standard EU-wide formulation of the minimum fair trial rights as set out in an Annex to the Directive and, where available, further rights pursuant to Member States' respective laws, andthat suspects and accused persons are informed of the case against them which has to include granting them (or their lawyer) access to the case file free of charge.|

6.1. EU added value and proportionality of the preferred option

The preferred option creates new, EU-wide uniform duties (use of a Letter of Rights and access to the case-file). This harmonising effect marks the preferred option's effectiveness in ensuring the provision of adequate information and in promoting trust in the fairness of proceedings in other Member States. Whilst options A5 and B3 create new duties they do so only in relation to the core subject-matter of this measure: the right to information. They do not create new rights unrelated to the provision of information.

Both aspects of the preferred option are proportionate: although both are likely to require a number of Member States to introduce changes to their criminal procedure laws, there is no other effective means of ensuring that suspects receive comprehensive information.

6.2. Financial impact on Member States

The main financial impact of option A5 is one-off set-up/inception costs incurred for the introduction of Letter of Rights schemes. These consist primarily of the costs of drafting the Letters, translating them and training police officers and, if necessary, prosecutors and judges. These costs are likely to range from 10,000 € to 2.5 million € per Member State (model calculations for Malta provide a range of 10,600 € - 70,000 € and for France of 655,000 € - 2.5 million €). It is likely that the actual costs will tend towards the bottom of the costs ranges. The effect of option A5 on operational costs per Member State depends primarily what information on rights is already provided to suspects and the time this takes. Budgetary implications on Member States already operating Letter of Rights schemes are likely to be minimal. For those that currently inform suspects orally about their rights, the effect on per case costs will depend on the level of detail of the oral information currently provided.

As for option B3 most Member States will incur negligible one-off costs only when implementing the Directive, as they already allow access to the case-file. Thus, one-off costs for introducing access to the case file are expected only for those 3 Member States that currently do not provide for such a right. These costs are likely to result mainly from training police officers, prosecutors and judges and will range from 9,000 € to 2.6 million € per Member State. Whilst the precise impact of this option on operational costs cannot be predicted, it is likely that even for those 3 Member States that will have to introduce the right, the impact on operational costs will very limited.

7. monitoring and evaluation

Providing for a robust monitoring and evaluation mechanism is crucial to ensure that the rights envisaged are complied with in practice as well as in legislation. The Commission envisages carrying out a specific empirical study with emphasis on data collection 3-5 years into the implementation of the proposal to gain in-depth quantitative and qualitative insights into the effectiveness of the proposal. Once all Roadmap Measures are in place, it will be essential to evaluate each Measure in context as well as the efficiency of the Roadmap as a whole.

[1] OJ C 295, 4.12.2009, p. 1.

[2] Range based on model calculation for those MS most likely to incur implementation costs due to current practice diverging from the one envisaged in the option. Due to lack of available statistical data, figures on operational costs do not take into account the current level of operational costs so that the added financial burden of implementation of the option cannot be calculated with precision but can expected to be a fraction of the indicative figure presented here.

[3] The caveat in footnote 2 applies.

CS

(...PICT...)|EVROPSKÁ KOMISE|

V Bruselu dne 20.7.2010 SEK(2010) 908

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k

návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na informace v trestním řízení SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ {KOM(2010) 392 v konečném znění} {SEK(2010) 907}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ

1. Politické souvislosti a postup

S cílem zvýšit vzájemnou důvěru a tak zlepšit fungování vzájemného uznávání přijala Evropská rada v listopadu 2009 Cestovní mapu k procesním právům 2009/C 295/01. , která stanovuje postupný přechod k posilování práv podezřelých a obviněných osob.[1]

2009/C 295/01.

Opatření předpokládaná v mapě :|

Opatření A: Překlady a tlumočení|

Opatření B: Informace o právech a informace o obvinění|

Opatření C: Právní poradenství a právní pomoc|

Opatření D: Komunikace s příbuznými, zaměstnavateli a konzulárními úřady|

Opatření E: Zvláštní ochrana pro podezřelé nebo obviněné osoby, které jsou zranitelné |

Toto posouzení dopadů se týká opatření B, jehož cílem je zlepšit situaci podezřelých osob tím, že zaručí, aby byly tyto osoby informovány o svých právech a o řízení, které je proti nim vedeno.

Posouzení dopadů je ve velké míře empirické: při několika příležitostech proběhly konzultace se zúčastněnými stranami, např. na zasedáních Fóra justice v letech 2008 a 2009. Pro posouzení dopadů byly použity také výsledky nedávných akademických studií.

2. Problém

2.1. Nedostatečné informace v trestním řízení

Přístup podezřelých a obviněných osob k informacím je klíčovým faktorem pro zajištění spravedlivého soudního řízení. Nelze předpokládat, že podezřelé osoby mají v době zatčení dostatečné vědomosti o svých právech (např. o právu na právní poradenství), aby mohly těchto práv účinně využít. Poskytování informací o právech je bránou ke všem právům. Také obviněná osoba potřebuje podrobně znát řízení, které je proti ní vedeno, a důkazy, aby mohla připravit svou obhajobu.

Podezřelé a obviněné osoby však tyto informace nedostávají vždy. Členské státy mají různé systémy předávaní informací a určité informace nejsou v některých členských státech předávány vůbec. Například ve čtyřech členských státech neexistuje právní povinnost poučit podezřelé o právu na právní poradenství a pouze v deseti členských státech je podezřelý poučen o svých právech formou písemného poučení (písemné poučení o právech). Pokud jde o informace o řízení, jsou zákony a praxe v jednotlivých členských státech značně odlišné: lze poskytnout písemné shrnutí nebo lze právnímu zástupci podezřelého zaručit nahlédnutí do spisu, přičemž má možnost pořizovat si kopie příslušných částí. Ve třech členských státech není možné nahlížet do spisu a v těch členských státech, které nahlížení umožňují, se dokonce značně liší fáze řízení, v nichž je nahlížení zaručeno.

2.1.1. Nepříznivé vlivy na trestní řízení a justiční spolupráce

Pokud nejsou podezřelé osoby dostatečně informovány, mohou být trestní řízení nespravedlivá, což může vést ke zbytečným nákladům v důsledku zdlouhavých řízení, odvolání a přerušeného stíhání v členském státě, kde probíhá řízení.

Nedostatečná informovanost může vést k problémům a nákladům v dalších členských státech, pokud soud v členském státě, v němž probíhá původní trestní řízení, usiluje o spolupráci s jinými členskými státy. Nástroje EU k usnadnění justiční spolupráce mezi členskými státy (např. evropský zatýkací rozkaz) vycházejí ze zásady vzájemného uznávání, tj. z výkonu soudního rozhodnutí v jiném členském státě bez dalšího přezkumu rozhodnutí. Takové téměř automatické uznávání vyžaduje důvěru mezi soudci a soudy. Pokud tato důvěra chybí, vzájemné uznávání nebude fungovat; výsledkem budou zdlouhavá řízení, průtahy ve výkonu zahraničních soudních rozhodnutí a náklady s tím spojené. V nedávném případu obvinění ve Spojeném království nebyly podezřelému poskytnuty dostatečné informace v řízení v členském státě, který vydal evropský zatýkací rozkaz na předání této osoby, což zřejmě přispělo k tomu, že předání trvalo více než rok a zahrnovalo několik odvolání k vyšším soudům a žalobu u Evropského soudu pro lidská práva, což se sebou neslo značné náklady.

2.1.2. Stávající právní normy neposkytují dostatečnou ochranu

V současné době neexistují dostatečně vysoké a přiměřeně prosazované normy. Ačkoli jsou v Evropské úmluvě o lidských právech (EÚLP) stanovena minimální práva, zúčastněné strany se shodují na tom, že EÚLP a mechanismus jejího prosazování nenabízí ve všech případech dostatečnou ochranu v souvislosti s poskytováním odpovídajících informací o právech a zejména o obviněních. Je to způsobeno skutečností, že práva na informace podle článku 5 a 6 EÚLP nezacházejí dostatečně daleko a může trvat roky, než bude o žalobách podaných k Evropskému soudu pro lidská práva rozhodnuto, což povede pouze k nápravě  ex post s omezenou účinností.

2.2. Nové uvážení politiky Unie v oblasti spravedlnosti a podpora volného pohybu občanů EU posílením základních práv

Ačkoli byla na úrovni EU přijata různá opatření k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti občanů (například zavedení evropského zatýkacího rozkazu), nebylo v minulosti možné se dohodnout na opatřeních týkajících se norem pro spravedlivé soudní řízení. Přijetím Cestovní mapy k procesním právům v listopadu 2009 Rada uznala naléhavou potřebu přijmout opatření na posílení procesních práv podezřelých osob v EU. Mapa otevírá cestu k opatřením EU, která by zaručovala ochranu základních práv nad rámec nabízený EÚLP. To by rovněž dodalo konkrétní význam zárukám spravedlivého procesu na úrovni EU zakotveným v článcích 47 a 48 listiny základních práv EU a zároveň přispělo k odstranění skutečných nebo předpokládaných překážek volného pohybu občanů, jak je zaručeno čl. 21 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

2.3. Stávající a budoucí rozsah problému

Ačkoli nejsou k dispozici údaje o počtu řízení, ve kterých si účastníci stěžovali na nedostatek informací, zúčastněné strany uvádějí, že problém nedostatečné informovanosti není endemický, avšak je naléhavý a neomezuje se na konkrétní členské státy. Vzájemná důvěra mezi soudními orgány členských států zůstane zřejmě na stávající nedostatečné úrovni, neboť je pravděpodobné, že se případy, kdy orgány členských států neposkytují podezřelým nebo obviněným osobám informace, budou opakovat. Jelikož zvýšený pohyb občanů mezi členskými státy povede k větší potřebě justiční spolupráce a jelikož bude třeba zavést a v blízké budoucnosti uplatňovat další opatření justiční spolupráce na úrovni EU, stane se potřeba zvýšit vzájemnou důvěru ještě naléhavější.

2.4. Pravomoc EU jednat

Podle čl. 82 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování EU mohou být formou směrnic přijata minimální pravidla týkající se práv osob v trestním řízení v rozsahu nezbytném pro usnadnění vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí a justiční spolupráce v trestních věcech s přeshraničním rozměrem. Jelikož v současné době existují v souvislosti s poskytováním informací mezi členskými státy velké rozdíly, není pravděpodobné, že by členské státy byly samostatným jednáním schopné zajistit dostatečně vysokou úroveň poskytování informací v celé EU; toho lze dosáhnout pouze opatřením přijatým na úrovni EU.

3. Cíle

Obecné:|Zlepšit justiční spolupráci obnovením vzájemné důvěry mezi členskými státy ve spravedlivé fungování systémů trestního soudnictví Zajistit vysokou úroveň ochrany základních práv v trestním řízení, a tím podpořit volný pohyb občanů Evropské unie v celé EU|

Specifické:|Usnadnit výkon soudních rozhodnutí v trestních věcech zajištěním toho, aby byly podezřelé osoby dostatečně informovány o svých právech , pokud možno písemně, aby mohly účinně uplatňovat svá práva na obhajobu |Usnadnit výkon soudních rozhodnutí v trestních věcech zajištěním toho, aby byly obviněné osoby dostatečně podrobně informovány o řízení, které je proti nim vedeno , aby mohly přiměřeně připravit svou obhajobu nebo napadnout rozhodnutí v přípravném řízení |

Operační:|Informace poskytované podezřelým osobám o jejich právech na spravedlivý proces by měly: být srozumitelné, aby jim podezřelá osoba snadno porozuměla být poskytovány při prvním kontaktu s policiízahrnovat nejdůležitější práva podle EÚLP a listiny základních práv EU, která lze uplatňovat při zatčení, prvním výslechu a během vazbybýt poskytovány takovým způsobem, aby bylo možné ověřit, zda byly informace předány|Informace poskytované obviněným osobám o obžalobě nebo obvinění by měly:Být dostatečně podrobné, aby umožnily přiměřenou přípravu obhajoby nebo napadnout rozhodnutí v přípravném řízeníbýt poskytovány včas a takovým způsobem, aby obviněný pochopil řízení, které je proti němu vedeno být poskytovány takovým způsobem, aby bylo možné ověřit, zda byly informace předány|

4. Možnosti politiky a jejich dopad

· Zachování současného stavu: tato možnost by znamenala nepřijímat opatření na úrovni EU.

· Možnosti politiky A: řešení problému, že podezřelé osoby nejsou vždy přiměřeně poučeny o svých právech :

Nelegislativní opatření:Možnost A1: informační kampaň v celé EU o minimálních právech na obhajobuMožnost A2: doporučení Rady o osvědčených postupech při poučování podezřelých a obviněných osob o jejich právechLegislativní opatření EU:Možnost A3: v celé EU zavedená povinnost poučit podezřelé osoby o jejich právech takovým způsobem, jaký si členské státy zvolíMožnost A4: v celé EU zavedená povinnost poučit zatčené podezřelé osoby o jejich právech prostřednictvím písemného poučení o právech, které si připraví členské státy a které obsahuje společný minimální soubor práv (práva EÚLP a právní předpisy EU), přičemž členské státy do písemného poučení přidají další práva ve smyslu svých právních předpisůMožnost A5: v celé EU zavedená povinnost poučit zatčené podezřelé osoby o jejich právech prostřednictvím písemného poučení o právech, které obsahuje standardní znění minimálních práv platných v EU, jak jsou uvedena v příloze směrnice|

Možnosti politiky B : řešení problému, že obviněné osoby nejsou vždy přiměřeně informovány o řízení, které je proti nim vedeno, neprodleně, podrobně a v jazyce, jemuž rozumí:

Nelegislativní opatření:Možnost B1: doporučení Rady o osvědčených postupech a školení v souvislosti s informováním obviněných osob o řízení, které je proti nim vedenoLegislativní opatření EU:Možnost B2: v celé EU zavedená povinnost informovat obviněné osoby o řízení, které je proti nim vedeno, takovým způsobem, jaký si členské státy zvolíMožnost B3: v celé EU zavedená povinnost informovat obviněné osoby o řízení, které je proti nim vedeno, včetně toho, že je jim (nebo jejich právnímu zástupci) zaručeno nahlédnout do spisu |

5. Porovnání možností politiky

V tabulkách níže se uvádějí srovnání relativního hodnocení možností politiky se specifickými a operačními cíli. Možnosti jsou klasifikovány podle svého potenciálu splnit cíle stanovené v části 3.

Možnosti A5 a B3 obsahují největší potenciál, a jsou proto upřednostňovány.

Tabulka 5.1 – Srovnání vyhodnocení možností politiky A :||

Cíle/náklady|status quo| A1| A2 | A3| A4 | A5 |

Zajistit, aby podezřelé osoby byly dostatečně informovány a mohly je účinně využívat|0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Poskytovat informace srozumitelné, aby jim podezřelá osoba snadno porozuměla |0|√|√√|√√√|√√√√|√√√√√|

Poskytovat informace při prvním kontaktu s policií a zahrnout nejdůležitější práva podle EÚLP a listiny základních práv EU, která lze uplatňovat při zatčení, prvním výslechu a během vazby|0|√|√√|√√|√√√√|√√√√√|

Zajistit možnost ověření, zda byly informace předány|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Zlepšit důvěru členských států ve spravedlivé fungování systémů trestního soudnictví v celé EU|0|√|√|√√|√√√√|√√√√√|

Celkové bodové hodnocení:|0|5|8|12|20|25|

Finanční zátěž na členský stát Rozsah vychází z modelového výpočtu pro ty členské státy, kterým mohou vzniknout prováděcí náklady v důsledku odlišnosti stávajícího postupu od postupu plánovaného v dané možnosti. Vzhledem k nedostatku dostupných statistických údajů nezohledňují čísla vztahující se k  operačním nákladům stávající operační náklady, tudíž nelze přesně vypočítat přidanou finanční zátěž při provádění dané možnosti, lze však očekávat, že se bude jednat o zlomek uvedené orientační částky.Rozsah vychází z modelového výpočtu pro ty členské státy, kterým mohou vzniknout prováděcí náklady v důsledku odlišnosti stávajícího postupu od postupu plánovaného v dané možnosti. Vzhledem k nedostatku dostupných statistických údajů nezohledňují čísla vztahující se k  operačním nákladům stávající operační náklady, tudíž nelze přesně vypočítat přidanou finanční zátěž při provádění dané možnosti, lze však očekávat, že se bude jednat o zlomek uvedené orientační částky.|-|100.000 EUR – 10 milionů EUR (celkové náklady EU)|Jednorázové náklady na zavedení: 0 EUR – 2,5 milionu EUROperační náklady za rok: 0 EUR – 4,6 milionu EUR |Jednorázové náklady na zavedení: 0 EUR – 2,5 milionu EUROperační náklady za rok: 5 000 EUR – 4,6 milionu EUR|Jednorázové náklady na zavedení: 15 000 EUR – 2,5 milionu EUROperační náklady za rok: 5 000 EUR – 4,6 milionu EUR|Jednorázové náklady na zavedení: 5 000 EUR – 2,5 milionu EUROperační náklady za rok: 5 000 EUR – 4,6 milionu EUR|

Případné úspory nákladů v členských státech, v nichž probíhá trestní řízení|-|malé|malé |malé / střední|střední |střední / vysoké|

Tabulka 5.2 – Srovnání vyhodnocení možností politiky B:||

Cíle/náklady|status quo|B1 |B2 |B3 |||

Zajistit, aby byly obviněné osoby dostatečně podrobně informovány o řízení, aby mohly přiměřeně připravit svou obhajobu nebo napadnout rozhodnutí v přípravném řízení |0|√√|√√√|√√√√√|||

Poskytovat informace včas a takovým způsobem, aby obviněný pochopil řízení, které je proti němu vedeno|0|√|√√√|√√√√|||

Zajistit možnost ověření, zda byly informace předány|0|√|√√|√√√|||

Zlepšit důvěru členských států ve spravedlivé fungování systémů trestního soudnictví v celé EU|0|√|√√√|√√√√√|||

Celkové bodové hodnocení:|0|5|11|17|||

Finanční zátěž na členský stát Použije se výhrada uvedená v poznámce pod čarou 2.Použije se výhrada uvedená v poznámce pod čarou 2.|-|Jednorázové : 0 EUR – 2,6 milionu EUROperační: 270 000 EUR – 21 milionů EUR|Jednorázové : 0 EUR – 2,6 milionu EUROperační: 1 000 000 EUR – 30 milionů EUR|Jednorázové : 9 000 EUR – 2,6 milionu EUROperační: 270 000 EUR – 21 milionů EUR|||

Případné úspory nákladů v členských státech, v nichž probíhá trestní řízení|-|malé|malé |střední|||

6. Upřednostňovaná možnost

Upřednostňovanou možností je kombinace možností A5 a B3.

Přijetí směrnice, která ukládá členským státům povinnost zajistit, aby byly podezřelé a obviněné osoby poučeny o svých právech v trestním řízení prostřednictvím písemného poučení o právech v jazyce, kterému rozumějí, vypracovaném členskými státy, které obsahuje standardní znění minimálních práv na spravedlivý proces platných v EU, jak jsou uvedena v příloze směrnice, a případně další práva podle příslušných právních předpisů členských států ainformovány o řízení, které je proti nim vedeno, jim (nebo jejich právnímu zástupci) musí být zaručeno bezplatné nahlížení do spisu.|

6.1. Přidaná hodnota EU a proporcionalita upřednostňované možnosti

Upřednostňovaná možnost zavádí nové povinnosti jednotné v celé EU (využití písemného poučení o právech a nahlížení do spisu). Tento harmonizující účinek zdůrazňuje účinnost upřednostňované možnosti při zajišťování poskytování odpovídajících informací a při zvyšování důvěry ve spravedlivé řízení v jiném členském státě. Ačkoli možnosti A5 a B3 zavádějí nové povinnosti, činí tak pouze v souvislosti s hlavním předmětem tohoto opatření: s právem na informace. Nezavádějí žádná nová práva, která by nesouvisela s poskytováním informací.

Obě hlediska upřednostňované možnosti jsou proporcionální: ačkoli obě budou pravděpodobně vyžadovat od řady členských států, aby do svých zákonů o trestním řízení zavedly změny, neexistuje žádný jiný účinný prostředek pro zajištění toho, aby podezřelé osoby obdržely úplné informace.

6.2. Finanční dopad na členské státy

Hlavní finančním dopadem možnosti A5 jsou jednorázové náklady na zavedení/počáteční náklady vzniklé zavedením režimů písemného poučení o právech. Tvoří je především náklady na vypracování písemných poučení, na jejich překlad a na školení policejních úředníků, případně stáních zástupců a soudců. Tyto náklady se pohybují v rozmezí od 10 000 EUR do 2,5 milionů EUR na členský stát (modelový výpočet pro Maltu udává rozmezí 10 600 EUR – 70 000 EUR a pro Francii 655 000 EUR – 2,5 milionů EUR). Skutečné náklady se pravděpodobně přiblíží dolní hranici rozmezí. Dopad možnosti A5 na operační náklady na členský stát závisí především na tom, jaké informace o právech se v současné době podezřelým osobám již poskytují. Dopady na rozpočty členských států, které již písemné poučení o právech používají, budou pravděpodobně minimální. Pro ty státy, které v současné době poučují podezřelé osoby o jejich právech ústně, bude dopad na náklady na jednotlivé případy záviset na tom, jak podrobné jsou nynější ústně poskytované informace.

Pokud jde o možnost B3 , většině členských států vzniknou zanedbatelné jednorázové náklady spojené pouze s provedením směrnice, pokud již umožňují nahlédnutí do spisu. To znamená, že jednorázové náklady na umožnění nahlédnout do spisu se předpokládají pouze pro tři členské státy, které toto právo dosud nezaručují. Tyto náklady budou zřejmě vznikat především v souvislosti se školením policejních úředníků, případně, státních zástupců a soudců a jejich výše se bude pohybovat v rozmezí 9 000 EUR – 2,6 milionu EUR na členský stát. Ačkoli přesný dopad této možnosti na operační náklady nelze předem odhadnout, je pravděpodobné, že i pro tyto tři členské státy, které budou muset dané právo zavést, bude dopad na operační náklady velmi omezený.

7. sledování a hodnocení

Vytvoření silného mechanismu pro sledování a hodnocení má zásadní význam pro zajištění toho, aby byla zamýšlená práva dodržována jak v praxi, tak v právních předpisech. Komise zvažuje vypracování specifické empirické studie s důrazem na sběr údajů během 3–5 let při provádění návrhu s cílem získat hluboké kvantitativní i kvalitativní poznatky o účinnosti návrhu. Po zavedení všech opatření uvedených v cestovní mapě bude velmi důležité zhodnotit každé opatření v těchto souvislostech, jakož i účinnost cestovní mapy jako celku.

[1] 2009/C 295/01.

[2] Rozsah vychází z modelového výpočtu pro ty členské státy, kterým mohou vzniknout prováděcí náklady v důsledku odlišnosti stávajícího postupu od postupu plánovaného v dané možnosti. Vzhledem k nedostatku dostupných statistických údajů nezohledňují čísla vztahující se k  operačním nákladům stávající operační náklady, tudíž nelze přesně vypočítat přidanou finanční zátěž při provádění dané možnosti, lze však očekávat, že se bude jednat o zlomek uvedené orientační částky.

[3] Použije se výhrada uvedená v poznámce pod čarou 2.