1)

En diciembre de 2011, la Comisión recibió una denuncia según la cual la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (en lo sucesivo, «la JCCM») concedió una ayuda estatal a la empresa de telecomunicaciones Telecom CLM, el operador tradicional de telecomunicaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (3), mediante la adjudicación de un contrato para la construcción y explotación de una red inalámbrica de banda ancha básica por un importe total de 15,85 millones EUR.

2)

El 16 de enero de 2012, se pidió a España que formulara observaciones sobre dicha denuncia. España envió información a la Comisión el 12 de marzo de 2012. La Comisión planteó otras preguntas el 21 de junio de 2012, a las que España respondió el 25 de julio de 2012. España envió información adicional el 3 de abril de 2013, el 24 de junio de 2014, el 4 de julio de 2016 y el 18 de julio de 2016. La Comisión presentó una solicitud de información adicional el 17 de enero de 2017, a la que las autoridades españolas respondieron el 3 de febrero de 2017.

3)

En mayo de 2010, la JCCM publicó un concurso para el suministro de banda ancha básica en 461 municipios en zonas rurales, a saber, la construcción de la correspondiente infraestructura y su explotación durante cinco años con la opción de renovación bienal, por un importe total de 15,85 millones EUR. El concurso incluía varios criterios de adjudicación con distinta valoración, que en total ascendía a 100 puntos. Estos criterios se dividieron en dos subgrupos de criterios «objetivos» y «subjetivos», de los cuales el primer subgrupo totalizaba una valoración de 64 puntos (64 % del total de los criterios de adjudicación) y el segundo, 36 puntos, (36 % del total de los criterios de adjudicación). El criterio de mejor oferta económica dentro del subgrupo de criterios «objetivos» tenía una valoración de 10 puntos (10 % del total de los criterios de adjudicación). Lo anterior se describe en el cuadro 1 que figura a continuación:

Cuadro 1

Criterios de adjudicación del concurso del proyecto de banda ancha de la JCCM

4)

La propietaria de la red debía seguir siendo la JCCM. El contrato se adjudicó en agosto de 2010 a Telecom CLM. En septiembre de 2012, tras la finalización del despliegue de la red y la aprobación de los certificados de todas las instalaciones, que era un requisito previo para la facturación del importe, Telecom CLM empezó a explotar la red de banda ancha.

5)

Según el denunciante, la medida en cuestión dio lugar a ayuda estatal incompatible en favor de Telecom CLM debido a los siguientes elementos:

6)

España confirmó que la financiación concedida por la JCCM al adjudicatario implicaba una transferencia de fondos estatales, a través de los acuerdos de colaboración firmados el 12 de noviembre de 2009 entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la JCCM para el desarrollo de un programa piloto para el desarrollo rural sostenible de las zonas rurales de Castilla-La Mancha.

7)

España alegó asimismo que el contrato en cuestión fue adjudicado a la oferta económicamente más ventajosa según una serie de criterios bien definidos, mediante una licitación abierta, transparente y no discriminatoria y sobre la base de las normas de contratación pública de la UE, y que, por lo tanto, no suponía una ventaja para Telecom CLM. Según las autoridades españolas, Telecom CLM no recibió más que el precio de mercado por la gestión y explotación de la red en cuestión. España también adujo que, sobre la base de la jurisprudencia y de la práctica de la Comisión, si el gestor de una infraestructura es seleccionado mediante un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio que se ajuste a las normas de contratación pública de la UE, las ayudas públicas concedidas a dicho gestor para la construcción y el mantenimiento de la infraestructura representan el precio de mercado y no entran en el ámbito del artículo 107, apartado 1, del TFUE (6).

8)

Además, España sostenía que, aunque la construcción de la red de banda ancha en cuestión no se habría producido sin la intervención de la JCCM, Telecom CLM no desplazó a ningún otro operador ni obtuvo una ventaja injustificada en relación con sus competidores.

9)

Por otra parte, las autoridades españolas alegaron que la infraestructura de banda ancha era una infraestructura general y que, por lo tanto, su financiación pública no confería una ventaja a una empresa concreta, aun cuando la gestión de la infraestructura se asigne a Telecom CLM. En concreto, las autoridades españolas hacían referencia a la práctica de la Comisión (7) que, según dichas autoridades, considera una red de banda ancha como infraestructura general si se cumplen las siguientes condiciones, teniendo en cuenta que la red en cuestión es necesaria para prestar un servicio que se considera forma parte de las responsabilidades del Estado para con los ciudadanos: a) que la red de banda ancha esté abierta a todos; b) que la red de banda ancha se facilite en condiciones no discriminatorias; y c) que el mercado no pueda prestar el servicio en cuestión, ya que no sería económicamente viable.

10)

Además, España declaró que la JCCM no actuó como un inversor privado, que persigue obtener un rendimiento de su inversión, y que la financiación de la JCCM efectivamente permitió a Telecom CLM entrar en un mercado geográfico no rentable en zonas rurales de Castilla-La Mancha sin conferir una ventaja a Telecom CLM.

11)

España también indicó que la JCCM no confió el proyecto en cuestión a Telecom CLM como un servicio de interés económico general (SIEG). No obstante, de conformidad con la Directiva 2002/22/CE (Directiva de Servicio Universal) (8) podía adoptar medidas para garantizar la prestación de servicios distintos de los cubiertos por el concepto de servicio universal, tales como los servicios de banda ancha. Según las autoridades españolas, en este caso concreto, el objetivo de la JCCM era permitir el acceso a servicios tecnológicamente avanzados en zonas rurales en las que, por razones económicas, no existía oferta de tales servicios.

12)

En caso de que la medida en cuestión constituyese ayuda estatal, España también adujo argumentos con respecto a su compatibilidad con arreglo al artículo 107, apartado 3, del TFUE y, más específicamente, las Directrices de banda ancha de 2009. En particular, las autoridades españolas alegan lo siguiente por lo que se refiere a los requisitos de dichas Directrices:

13)

Por otra parte, España sostenía que la medida examinada cumple los criterios de compatibilidad del artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE. En particular, las autoridades españolas alegaron que el proyecto se inscribe en la estrategia nacional para ampliar la cobertura de banda ancha a todo el territorio de España, en consonancia con las políticas de la UE en este ámbito (Estrategia Europa 2020 y la Agenda Digital para Europa). España estimó también que los fondos públicos en cuestión se concedieron debido a una deficiencia de mercado y que el proyecto cumplía un objetivo de cohesión económica y social. Según las autoridades españolas, la JCCM perseguía objetivos de cohesión económica y social, aportando por primera vez, operadores capaces de facilitar el acceso a internet y servicios de telefonía IP en zonas blancas o, alternativamente, una considerable mejora en la prestación de estos servicios en «zonas grises» con una considerable mejora en la calidad del servicio y en la eficacia de la competencia.

14)

Por último, España afirmó también que la medida en cuestión cumple los criterios del Reglamento de Exención por Categorías de 2014 (RGEC) (11) y, por lo tanto, está exenta de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del TFUE. En particular, España alegó que la medida estaba por debajo del umbral de notificación del artículo 4, letra y), del RGEC (70 millones EUR de coste total por proyecto). Además, España consideró que la medida reúne los criterios generales del capítulo I del RGEC, que deben definirse sobre la base de un conjunto de principios comunes que garanticen que la ayuda persigue un objetivo de interés común, tiene un efecto incentivador claro, es adecuada y proporcionada, se concede con plena transparencia y está sujetas a un mecanismo de control y a una evaluación periódica y no altera las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común. Por último, España alegó que la medida cumple las condiciones de los criterios específicos del artículo 52 del RGEC, que requiere que una inversión esté localizada en una zona en la que no exista infraestructura de la misma categoría (zona blanca), la ayuda se asigne sobre la base de un procedimiento de selección competitiva abierto, transparente y no discriminatorio, el operador de red ofrezca el acceso mayorista activo y pasivo más amplio posible en condiciones equitativas y no discriminatorias a un precio mayorista basado en los principios de fijación de precios establecidos por las autoridades nacionales de reglamentación, ya que estas últimas deben ser consultadas sobre las condiciones de acceso y un mecanismo de supervisión y de devolución que se pondrá en marcha en caso de que el importe de la ayuda concedida sea superior a 10 millones EUR.

15)

Según el artículo 107, apartado 1, del TFUE, «serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

16)

Para ser calificado de ayuda estatal, la medida notificada debe reunir las siguientes condiciones acumulativas: 1) la medida se ha otorgado mediante fondos estatales; 2) debe otorgar una ventaja económica a las empresas; 3) dicha ventaja ha de ser selectiva y falsear o amenazar con falsear la competencia; y 4) debe afectar a los intercambios entre Estados miembros.

17)

La Comisión observa que la sección 2.2 de las Directrices de banda ancha de 2009 establece las condiciones en las que las medidas de apoyo a las inversiones en banda ancha constituyen ayuda estatal. En particular, el considerando 14 establece que, aunque el recurso a una licitación garantiza que cualquier ayuda se limita al importe mínimo necesario para el proyecto concreto, el apoyo financiero podría permitir al licitador elegido realizar una actividad comercial en unas condiciones que de otra manera no encontraría en el mercado. De manera similar, el considerando 12 de las Directrices de la UE para la aplicación de las normas sobre ayuda estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha de 2013  (12) (Directrices de banda ancha de 2013) establece que, si bien el recurso a una selección competitiva garantiza que cualquier ayuda se limite al importe mínimo necesario para el proyecto concreto, no elimina la ayuda puesto que la autoridad pública aún facilitará una subvención al adjudicatario y la finalidad de dicho procedimiento es precisamente la selección del beneficiario de la ayuda. Por consiguiente, es posible que la financiación pública de proyectos de banda ancha confiera una ventaja a los promotores de dichos proyectos.

18)

A este respecto, la Comisión también toma nota de que, en opinión de las autoridades españolas, la construcción de la red de banda ancha en cuestión no se habría producido sin la intervención de la JCCM. En este contexto, la JCCM admitía en sus escritos (véase el considerando 10) que no se comportó como un inversor privado que persigue obtener un rendimiento de su inversión. La JCCM señalaba también que su financiación efectivamente permitió a Telecom CLM entrar en un mercado geográfico no rentable en zonas rurales de Castilla-La Mancha.

19)

Por otra parte, las autoridades españolas alegaron que la infraestructura de banda ancha es una infraestructura general y que, por tanto, su financiación pública no confiere una ventaja a una empresa concreta, aun cuando la gestión de la infraestructura se asigne a Telecom CLM. No obstante, la Comisión observa que la infraestructura de banda ancha en cuestión se utiliza para permitir la prestación de conectividad de telecomunicaciones a los usuarios finales a título oneroso, lo que constituye una actividad económica y, por lo tanto, no puede considerarse como una infraestructura general excluida del ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, del TFUE. En efecto, como se indica en el considerando 13 de las Directrices de banda ancha de 2009 y se confirma en el considerando 11 de las Directrices de banda ancha de 2013, la construcción de una infraestructura de red de banda ancha de cara a su futura explotación comercial por parte del Estado o terceros operadores generalmente constituirá una actividad económica. Por consiguiente, la financiación pública de la infraestructura de banda ancha para la prestación de conectividad a los usuarios finales puede conferir una ventaja al promotor de estas infraestructuras.

20)

Por último, España sostenía que, aunque la JCCM no encomendó el proyecto en cuestión a Telecom CLM como SIEG, sin embargo, de conformidad con la Directiva de Servicio Universal, la JCCM podía adoptar medidas para permitir el acceso a servicios tecnológicamente avanzados en zonas rurales cuando, por razones económicas, no existiera oferta de tales servicios. No obstante, la Comisión observa que la JCCM no parece haber designado a Telecom CL para la prestación del servicio universal en su territorio en consonancia con las condiciones del artículo 8 de la Directiva de Servicio Universal (13), es decir, mediante el recurso a un mecanismo de designación eficiente, objetivo, transparente y no discriminatorio, por el que ninguna empresa quede excluida de su designación a priori. La Comisión observa que el procedimiento de licitación estaba basado en gran medida (36 % de la puntuación total asignada) en criterios de evaluación subjetivos no evaluados en función de fórmulas matemáticas sino en la asignación arbitraria de puntos por subcriterio [véanse el considerando 12, letra c) y los cuadros 2-4], lo que pondría en tela de juicio el grado de objetividad, transparencia y no discriminación del procedimiento de adjudicación.

21)

Por consiguiente, habida cuenta de que la financiación pública de los proyectos de banda ancha con vistas a su futura explotación comercial es susceptible de conferir una ventaja al beneficiario de dicha financiación, incluso en caso de que se arbitren procesos competitivos para su selección, la Comisión considera en esta fase que la adjudicación del contrato de 15,85 millones EUR de la red de banda ancha en cuestión puede haber otorgado una ventaja a Telecom CLM a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

22)

Para que una medida se considere ayuda a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado, debe ser concedida directa o indirectamente mediante fondos estatales y debe ser imputable al Estado. La Comisión observa que España ha reconocido que la medida en cuestión implica fondos estatales (véase el considerando 6). Asimismo, la Comisión señala que la medida que está siendo examinada fue adoptada por la JCCM, es decir, el Gobierno Autonómico de Castilla-La Mancha. A este respecto, las ayudas concedidas por entes regionales y locales de los Estados miembros, cualesquiera que sean el estatuto y la designación de estos, están sujetas a examen con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE (14). Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, la Comisión opina que la medida en cuestión consiste en fondos estatales y, por tanto, es imputable al Estado.

23)

Además, la medida en cuestión parece selectiva puesto que redundó en beneficio de una única empresa, a saber, Telecom CLM. De hecho, las medidas estatales en cuestión permitieron que se adjudicara a Telecom CLM un contrato para el despliegue y el funcionamiento de una red de banda ancha en zonas rurales de Castilla-La Mancha.

24)

Por último, Telecom CLM opera en un sector abierto a la competencia. Según jurisprudencia reiterada (15), cuando las ayudas concedidas por un Estado miembro refuerzan la posición de una empresa en relación con la de otras empresas que compiten con ella en el comercio entre Estados miembros, se ha de considerar que dichas empresas se ven afectadas por las ayudas. Como se ha señalado anteriormente, la medida que nos ocupa confirió a Telecom CLM una ventaja sobre sus competidores (véanse los considerando 17a 21). Por lo tanto, se cumple el criterio de falseamiento de la competencia y de repercusión en los intercambios comerciales entre Estados miembros.

25)

Por consiguiente, la Comisión considera en esta fase que el apoyo financiero estatal en cuestión a Telecom CLM constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

26)

La medida identificada se adoptó infringiendo las obligaciones de notificación y de suspensión establecidas en el artículo 108, apartado 3, del TFUE. Por tanto, la Comisión considera en esta fase que la medida concedida a Telecom CLM constituye ayuda estatal ilegal.

27)

La Comisión debe evaluar si la medida de ayuda identificada puede considerarse compatible con el mercado interior. A este respecto, la Comisión ha promulgado diversos reglamentos, marcos, directrices y comunicaciones al amparo del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE relativas a las formas de ayuda y a las finalidades horizontales o sectoriales para las que se concede la ayuda. Habida cuenta de la naturaleza de la medida controvertida, la Comisión cree que procede evaluar si pueden ser aplicables los criterios establecidos en las Directrices de banda ancha de 2009, en vigor en el momento en que la medida en cuestión fue concedida a Telecom CLM. En esta fase, la Comisión no ve ningún otro instrumento que pueda justificar la ayuda con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.

28)

Por lo que respecta a las disposiciones sustantivas aplicables de las Directrices de banda ancha de 2009, la Comisión ha de analizar fundamentalmente la medida teniendo en cuenta los criterios desarrollados en particular en los puntos 31 a 51. Como se describe en los puntos 34 y 35 de las Directrices de banda ancha de 2009, para que la ayuda se considere compatible con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, deben cumplirse las siguientes condiciones:

29)

En esta fase, la Comisión duda de que la medida de ayuda examinada pueda ser declarada compatible con las Directrices de banda ancha de 2009. En particular, se constata que la medida no se concibió de tal forma que se sopesaran sus efectos positivos de cara a alcanzar el objetivo de interés común con sus posibles efectos negativos sobre la competencia.

30)

En primer lugar, parece que la JCCM no consultó públicamente a las partes interesadas respecto a esta inversión pública específica para identificar los planes de inversión privada existentes o futuros en la zona objetivo, sino que solo llevó a cabo un análisis de mercado para determinar cuáles eran las redes de banda ancha utilizando datos ya disponibles véase el considerando 12, letra b)] (16). A este respecto y como un ejemplo de falta de consulta, se señala que, al parecer, el denunciante no fue consultado. Por esta razón, la Comisión no puede aceptar el argumento de España según el cual los operadores de telecomunicaciones existentes no manifestaron reservas ni presentaron planes de inversión [véase el considerando 12, letra b)], puesto que esto no sería posible si no había habido una consulta pública. Además, a raíz de la adjudicación del proyecto a Telecom CLM, la CMT señaló «zonas grises» en la zona objetivo del proyecto seleccionado [véase el considerando 12, letra b)], lo que plantearía dudas en cuanto a si el estudio de mercado elaborado por la JCCM para identificar el mapa de la zona objetivo era efectivamente el adecuado según lo previsto en las Directrices de banda ancha de 2009 en cuanto a mapa detallado y análisis de la cobertura.

31)

En segundo lugar, la Comisión duda de que el proceso de licitación llevado a cabo por la JCCM fuera conforme con las disposiciones de las Directrices sobre banda ancha de 2009 en materia de transparencia y oferta económicamente más ventajosa (17). De hecho, como se ha señalado anteriormente, resulta que el procedimiento de licitación estaba en gran medida (36 % de la puntuación total otorgada) basado en criterios de evaluación subjetiva no sustentados en fórmulas matemáticas, sino en una asignación arbitraria de puntos por subcriterio [véase el considerando 12, letra c) y los cuadros 2 a 4], lo que podría poner en tela de juicio el grado de objetividad, transparencia y no discriminación del procedimiento de adjudicación. Además, sobre la base de la información remitida por España, el criterio del procedimiento de licitación relativo a las ofertas económicas de los licitadores solo tenía una puntuación de 10 puntos de un total de 100, lo que representa únicamente el 10 % del total de los criterios de adjudicación. Un porcentaje tan bajo no permitiría que las ofertas igualaran el valor del mercado, ya que no darían peso suficiente al componente «precio» de la oferta (véase el considerando 3 y el cuadro 1).

32)

En tercer lugar, la Comisión duda de que la medida en cuestión cumpla la condición de las Directrices de banda ancha de 2009 relativas a la neutralidad tecnológica. Aun cuando las ofertas no estaban supeditadas al despliegue de una solución técnica específica, parece que la JCCM centró el proyecto en una tecnología específica (inalámbrica), ya que calculó el presupuesto sobre la base de su coste de despliegue [véase el considerando 12 e)] e indirectamente fomentó el uso de la infraestructura existente de una tecnología determinada (TDT) [véanse los considerandos 12 e) y 21] (18).

33)

En cuarto lugar, la Comisión duda de que la medida en cuestión cumpla lo dispuesto en las Directrices de banda ancha de 2009 en cuanto al acceso mayorista y la cláusula de devolución para evitar la compensación excesiva (19). En efecto, la CMT no pidió a Telecom CLM que bajara sus precios mayoristas hasta que el proyecto se adjudicó a dicha empresa para que operadores terceros tuvieran acceso mayorista a la red de banda ancha en cuestión y que introdujera una cláusula de devolución para evitar beneficios excesivos [véase el considerando 12 i)]. Esto suscita dudas sobre si la medida fue correctamente preconcebida con el fin de cumplir plenamente los requisitos pertinentes de las c.

34)

Habida cuenta de lo que antedece, la Comisión estima que la medida en cuestión no puede ser considerada compatible con las Directrices de banda ancha de 2009.

35)

Por otra parte, las autoridades españolas alegaron que, si la medida en cuestión fuese considerada ayuda estatal, cumpliría los criterios del RGEC (véase el considerando 14). La Comisión señala, sobre la base del artículo 1, apartado 4, letra a), del RGEC, que las entidades que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior no pueden quedar exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del TFUE. Además, la Comisión señala que los criterios del artículo 52, apartados 2, 3, 4 y 8, del RGEC coinciden con las disposiciones del punto 51 de las Directrices de banda ancha de 2009 (que exigen que las ayudas se asignen mediante un proceso de selección competitiva abierto, transparente y no discriminatorio, que respete el principio de neutralidad tecnológica). Por tanto, por las razones explicadas en los considerandos 30 a 34, la Comisión también duda de que la medida en cuestión cumpla los criterios de exención del RGEC.

36)

En otro orden de cosas, las autoridades españolas alegan que la compatibilidad de la ayuda debe evaluarse con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE (véase el considerando 13). No obstante, la Comisión considera que la medida analizada era sectorial, puesto que su objetivo principal consistía en desarrollar una red de telecomunicaciones ante la ausencia de tal infraestructura en determinadas zonas de Castilla-La Mancha. Por tanto, en lugar de aspirar a desarrollar una región determinada [que permitiría realizar una evaluación de la compatibilidad con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE], da la impresión, por el momento, de que la medida se destinaba a favorecer una determinada actividad económica (el despliegue de la banda ancha), lo que apunta en la dirección de examinar la compatibilidad de la medida al amparo del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. Parece que la medida analizada no se adoptó con la finalidad contemplada en el artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE, a saber, ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, habida cuenta de su situación estructural, económica y social. Además, los criterios planteados por las autoridades españolas (política de la UE y deficiencia del mercado — véase el considerando 13) son aquellos en los que se basa la excepción contemplada en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. Por tanto, en la fase actual la Comisión considera que la medida en cuestión ha de ser evaluada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.

37)

Por último, la Comisión señala que la oferta ganadora de Telecom CLM contemplaba la utilización de una red de TDT ya existente, que, no obstante, había sido desplegada con ayudas estatales, como concluyó la Comisión en su Decisión de 1 de octubre de 2014 en el asunto SA.27408 «Despliegue de la TDT en Castilla-La Mancha» (20). En dicha Decisión, la Comisión constató que las subvenciones por valor de 46 millones EUR concedidas a Telecom CLM para financiar la digitalización y extensión de la red de televisión terrestre en zonas remotas de Castilla-La Mancha eran incompatibles con el mercado interior. La Decisión fue respaldada por el Tribunal General el 15 de diciembre de 2016 (21). Sobre esta base, la Comisión señala que Telecom CLM se benefició de ayudas ilegales e incompatibles que probablemente fueron un factor determinante de cara a ganar la licitación para la red de banda ancha objeto de escrutinio y, en cualquier caso, contribuyeron a ello y, por lo tanto, recibió una nueva ayuda estatal para dicha red. Por otra parte, según la información de que dispone la Comisión, Telecom CLM no ha devuelto la ayuda que la Comisión declaró incompatible en el asunto SA.27408 antes mencionado. Por consiguiente, en consonancia con el principio establecido en el asunto Deggendorf (22), este hecho ha de ser tomado en consideración al evaluar la compatibilidad de la medida que nos ocupa.

38)

Sobre la base de lo anterior, en esta fase la Comisión alberga dudas sobre la compatibilidad de la medida examinada con el mercado interior.