(1)

Mediante carta de 30 de noviembre de 2012, la Comisión recibió una denuncia en relación con presuntas ayudas estatales concedidas a Iberpotash. El denunciante complementó su denuncia con una serie de documentos suplementarios presentados el 28 de diciembre de 2012, el 14 y 24 de febrero de 2014, el 6 de mayo de 2014 y el 27 de enero de 2015.

(2)

La denuncia fue transmitida a España el 10 de enero de 2013 junto con una solicitud de información. España remitió su respuesta el 8 de marzo de 2013. Posteriormente, se enviaron nuevas solicitudes de información a España el 14 de marzo de 2013, el 16 de enero de 2014 y el 26 de marzo de 2014, a las que España respondió, respectivamente, el 13 de junio de 2013, el 14 de febrero de 2014 y el 15 de abril de 2014.

(3)

El 30 de enero de 2015, la Comisión remitió una evaluación preliminar por carta al denunciante. En respuesta a dicha evaluación preliminar, el denunciante presentó información complementaria el 5 de marzo de 2015 (en lo sucesivo denominada «respuesta preliminar») y el 21 de abril de 2015 (respuesta definitiva a la carta de evaluación preliminar, en lo sucesivo denominada «carta de evaluación preliminar»). Asimismo, el 9 de marzo de 2015 se celebró una reunión con el denunciante, que presentó información adicional el 4 de junio de 2015.

(4)

El 9 de junio de 2015 se envió a España la respuesta definitiva del denunciante a la carta de evaluación preliminar con objeto de recabar sus observaciones al respecto, así como de solicitar la aportación de información suplementaria. España remitió su respuesta el 8 de julio de 2015. A petición de España, el 31 de julio de 2015 se transmitió a dicho país una versión no confidencial de la carta de evaluación preliminar.

(5)

Por otra parte, el denunciante interpuso una denuncia distinta por incumplimiento del Derecho de la UE en materia de medio ambiente. Sobre la base de esta denuncia, en julio de 2014 la Comisión remitió a España un escrito de requerimiento por el que se incoaba un procedimiento de infracción por incumplimiento de las obligaciones de la Directiva 2006/21/CE sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas (3) (en lo sucesivo denominada «Directiva sobre los residuos de extracción»). En septiembre de 2015 un nuevo escrito de requerimiento amplió el procedimiento de infracción al incumplimiento de la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (4) (en lo sucesivo denominada «Directiva marco sobre el agua»). El procedimiento de infracción sigue en curso.

(6)

Iberpotash (que en 2014 adoptó la denominación de «ICL Iberia Súria & Sallent») es propietaria y explota dos minas de potasa situadas en la cuenca del río Llobregat, en la comarca catalana del Bages: una en el municipio de Súria y otra en los municipios de Sallent y Balsareny. La potasa se utiliza para la fabricación de fertilizantes. Además, Iberpotash se dedica también a la producción y venta de sal, principalmente con fines industriales.

(7)

Desde 1998, Iberpotash es filial de la multinacional israelí ICL Fertilizers, que es el mayor productor de fertilizantes del mundo. Anteriormente, las minas de potasa de la comarca, cuya actividad se remonta a los años veinte, habían sido propiedad del Estado.

(8)

Según el denunciante, las autoridades españolas acordaron en favor de Iberpotash una serie de presuntas medidas de ayuda estatal ilegales e incompatibles, todas ellas relativas a las obligaciones medioambientales de Iberpotash con respecto a sus explotaciones mineras en la cuenca del río Llobregat y a las escombreras salinas creadas en dichas explotaciones a lo largo de los decenios de actividad de las minas. Las medidas constitutivas de estas presuntas ayudas estatales comprenden:

(9)

El denunciante calcula que el importe de estas presuntas ayudas a Iberpotash asciende en total a entre 260 y 407 millones EUR.

(10)

El denunciante sostiene que las autoridades españolas no aplicaron debidamente el artículo 14 de la Directiva sobre los residuos de extracción con respecto a Iberpotash al exigir unas garantías financieras o fianzas de importe muy reducido.

(11)

El artículo 14 de la Directiva sobre los residuos de extracción dispone:

(21)

El colector de salmueras es una instalación que recoge la salmuera (agua con una elevada concentración de sal) de diversas empresas de la comarca, entre ellas Iberpotash, y la transporta hasta el mar a través de una larga tubería de 127,8 km (impidiendo así los vertidos salinos al río Llobregat). El actual colector de salmueras entró en funcionamiento en 1989 (primera fase) y 1995 (segunda fase). En 2008 se invirtieron 62 millones EUR adicionales con objeto de ampliar la capacidad del citado colector. Asimismo, se prevé efectuar nuevas inversiones en el futuro (por un valor estimado de 97 millones EUR) con el fin de renovar el colector y aumentar su capacidad, pero de momento no es segura su realización.

(22)

Según el denunciante, la inversión de 62 millones EUR en el nuevo colector de salmueras, la cual ha sido financiada en su totalidad por la Administración Pública (en particular, por la Agencia Catalana del Agua; en lo sucesivo denominada «ACA»), constituye una ayuda estatal ilegal a favor de Iberpotash, ya que, en contra del principio de «quien contamina paga», aborda la contaminación originada por las minas de la citada empresa. El denunciante sostiene que Iberpotash se beneficia del uso del colector en la medida en que este impide que el agua salinizada que generan sus minas se vierta al río Llobregat y, por tanto, debería haber contribuido a su financiación. Por último, el denunciante alega que no existe ningún fundamento de compatibilidad válido con respecto a esta ayuda estatal a Iberpotash.

(23)

El denunciante afirma que las autoridades españolas (en particular, la Secretaría de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, la ACA y la empresa pública de gestión Aguas de Barcelona, S. A.) comenzaron en 2008 a financiar dos proyectos específicos destinados a mejorar el tratamiento aguas en las depuradoras de Abrera y Sant Joan Despí, situadas aguas abajo del río Llobregat.

(24)

En la estación de tratamiento de agua potable (en lo sucesivo denominada «ETAP») de Abrera, la ACA financió un nuevo sistema de tratamiento por membranas de electrodiálisis reversible para eliminar la sal y otros contaminantes del agua y evitar la formación de trihalometanos durante el proceso de cloración. Estas inversiones ascendieron a 73,5 millones EUR.

(25)

De forma similar, en la ETAP de Sant Joan Despí, que abastece alrededor del 50 % de la demanda del área metropolitana de Barcelona, la ACA ha financiado una inversión en ósmosis inversa (tecnología que elimina del agua la sal y otras partículas contaminantes de mayor tamaño) por un importe de 49,2 millones EUR.

(26)

El denunciante sostiene que la contaminación del río Llobregat se debe a las actividades mineras de Iberpotash, cuya responsabilidad directa y exclusiva en dicha contaminación se desprende claramente de diversos documentos. El denunciante se remite a un informe de la ACA de 2 de marzo de 2012 (6) en el que se afirma que las actividades mineras de Iberpotash provocan una importante contaminación del río Llobregat debido al vertido de sal, lo que ocasiona problemas relacionados con la calidad del agua potable de la zona. El denunciante presentó asimismo un mapa del río Llobregat (y de su afluente el Cardener) en el que se muestra que la concentración de sal en los ríos aumenta de forma significativa nada más pasar las minas y escombreras de Iberpotash. Además, el denunciante alude a un informe de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat de Cataluña, de 29 de febrero de 2012, que parece confirmar también que la contaminación del agua es únicamente imputable a las actividades de Iberpotash (7).

(27)

Por otra parte, el denunciante se remite a dos sentencias dictadas por el Juzgado de lo Penal de Manresa en 2014 y 2015. La primera de ellas, de 18 de diciembre de 2014, condena a tres directivos de Iberpotash a dos años de cárcel por los daños medioambientales ocasionados a las aguas del río Llobregat y de sus afluentes a consecuencia de los vertidos de lixiviados procedentes de las escombreras de Iberpotash y por no haber tomado medidas para reparar estos daños. Posteriormente, en su sentencia de 25 de febrero de 2015, el Juzgado constató la responsabilidad civil de Iberpotash con respecto a la contaminación del agua generada por sus escombreras y ordenó a la empresa reembolsar los costes de la restauración del medio ambiente deteriorado por sus actividades. Estas sentencias confirman, por tanto, la responsabilidad de Iberpotash en lo concerniente a la contaminación del río Llobregat con sal, metales pesados y sustancias cancerígenas.

(28)

Así pues, el denunciante sostiene que las inversiones públicas en instalaciones de tratamiento de aguas tenían por objeto eliminar la contaminación causada por Iberpotash, de modo que, si dicha empresa hubiera financiado las medidas oportunas para evitar la contaminación, nunca se habrían realizado tales inversiones. Por consiguiente, a juicio del denunciante, Iberpotash disfruta de una ventaja económica selectiva gracias a las medidas medioambientales sufragadas por el Estado en contravención del principio de «quien contamina paga». Estas medidas afectan a la competencia y a los intercambios comerciales y, por ende, constituyen presuntamente una ayuda estatal ilegal e incompatible a favor de Iberpotash.

(29)

El denunciante alega que, en diciembre de 2007, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Medio Ambiente de España firmaron un convenio para la reducción del impacto medioambiental del vertedero inactivo de Vilafruns. El convenio se refería al cubrimiento de la escombrera con material impermeable y una capa vegetal con el fin de mantener los residuos aislados del agua de lluvia, así como a la adopción de medidas complementarias (en particular, un sistema de drenaje) para impedir la filtración del agua salinizada de la escombrera. Según el denunciante, el coste total de estas obras, llevadas a cabo entre 2009 y 2010, ascendieron a 7,5 millones EUR.

(30)

El denunciante sostiene que corresponde a Iberpotash financiar las medidas necesarias para limitar la contaminación ocasionada por las escombreras ubicadas en sus instalaciones. Por este motivo, considera que la financiación pública de tales medidas otorga a Iberpotash una ventaja económica en el sentido de que, en contra del principio de «quien contamina paga», la empresa queda exenta de la asunción de los gastos derivados de estas medidas medioambientales.

(31)

Puesto que dicha financiación pública procede de fondos públicos, es imputable al Estado, ha sido otorgada de forma selectiva a Iberpotash y es susceptible de alterar los intercambios comerciales y la competencia, el denunciante afirma que constituye una ayuda estatal concedida de manera ilegal.

(32)

Asimismo, el denunciante defiende que esta ayuda no puede considerarse compatible con el mercado interior, ya que las administraciones públicas tienen dificultades para justificar la financiación pública de este proyecto en las instalaciones de Iberpotash. En respuesta a las alegaciones de las autoridades españolas, el denunciante sostiene asimismo que el proyecto no puede ser calificado de proyecto piloto para el ensayo de una nueva tecnología porque el método de cubrir las escombreras salinas es bien conocido y utilizado por otras empresas mineras y lleva, al menos, quince años utilizándose también en el ámbito de las actividades de extracción de potasa, por ejemplo en Alsacia.

(33)

Por consiguiente, el denunciante considera que el cubrimiento de la escombrera de Vilafruns constituye una ayuda estatal ilegal a favor de Iberpotash que carece de un fundamento válido de compatibilidad.

(34)

El denunciante afirma que, al parecer, el Centro Internacional de Hidrología Subterránea ha puesto en marcha un estudio de urgencia sobre la escombrera del Cogulló (situada en la mina de Iberpotash en Sallent) con objeto de analizar la forma de detener la alta salinización del agua circundante. De acuerdo con el denunciante, el coste del estudio asciende a 3,9 millones EUR, de los que solo la mitad han sido aportados por Iberpotash y la otra mitad ha sido financiada por la ACA. Para fundamentar sus alegaciones, el denunciante se remite a tres documentos que hacen alusión a dicho estudio.

(35)

En primer lugar, un estudio realizado por la consultoría Estudi Ramon Folch i Associats en julio de 2012 contiene un cuadro de las inversiones efectuadas por la ACA para mitigar el impacto medioambiental de las escombreras, en el que figura, entre otros, un estudio (8) con un coste de 1,95 millones EUR para la mencionada Agencia y se indica que Iberpotash aporta otros 1,95 millones EUR.

(36)

En segundo lugar, el denunciante se remite a un artículo publicado por la asociación EcoConcern el 29 de diciembre de 2011, que entre las medidas llevadas a cabo por la ACA menciona también un «Convenio de colaboración entre la Agencia [la ACA] e Iberpotash para la minimización y recogida de surgencias salinizadas. Ámbito de actuación: escombrera activa del Cogulló (T. M. Sallent)» (9). Dicho artículo señala una inversión total de 3,9 millones EUR, de los que Iberpotash sufraga el 50 %.

(37)

En tercer lugar, el denunciante se refiere a un informe de la ACA, de marzo de 2009, en el que se vuelve a mencionar el convenio entre la ACA e Iberpotash relativo al Cogulló entre las diez medidas financiadas por las administraciones públicas. El informe indica una inversión total de 3,93 millones EUR cofinanciados al 50 % por la ACA e Iberpotash.

(38)

El denunciante considera que, con arreglo al principio de «quien contamina paga», corresponde a Iberpotash, en cuanto que entidad explotadora responsable de la contaminación ocasionada por la escombrera, evitar la contaminación del agua y del suelo y rehabilitar los terrenos afectados tras el cierre de las instalaciones de tratamiento de residuos. Así pues, a su juicio, la financiación pública de un estudio destinado a analizar tales medidas con respecto a la escombrera del Cogulló gestionada por Iberpotash constituye una ayuda estatal ilegal e incompatible.

(39)

Las autoridades españolas sostienen que esta medida no conlleva ninguna transferencia de recursos estatales. Las fianzas fueron constituidas por Iberpotash mediante aval bancario otorgado por la sucursal española de la Banque National de Paris (BNP Paribas). Por consiguiente, los fondos no forman parte del presupuesto de la Generalitat de Cataluña y solo pueden ser utilizados por el Estado para los fines estrictamente definidos en la legislación, en particular para financiar la eliminación de residuos, la restauración del emplazamiento y otras medidas medioambientales, en el supuesto de que Iberpotash incumpla sus obligaciones en materia de medio ambiente. La constitución de las fianzas no comporta para el Estado ningún tipo de interés ni ninguna otra ventaja financiera que se vea reducida en caso de disminuir el importe de aquellas.

(40)

Las autoridades españolas sostienen asimismo que los importes de las fianzas responden a la aplicación de los criterios establecidos en la legislación nacional y, en particular, a las medidas previstas en el plan de restauración. Añaden que, a raíz de la modificación de la autorización ambiental de Iberpotash, en 2015 se ha procedido a revisar los importes de las fianzas, que ascienden a 6 979 471,83 EUR para la explotación de Sallent y Balsareny y a 6 160 872,35 EUR para la de Súria. Si bien el incremento de la fianza relativa a Súria se hizo efectivo en mayo de 2015, la cuantía fijada para Sallent y Balsareny se sometió a la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el trámite de ejecución de la sentencia de 11 de octubre de 2011 (véase el considerando 16 anterior). El Tribunal no se ha pronunciado aún acerca del nuevo importe de la fianza, ya que se encontraba a la espera de la presentación de un nuevo plan de restauración para la explotación en cuestión.

(41)

Las autoridades españolas explican que, aunque el colector de salmueras haya sido, en efecto, financiado en su totalidad por un organismo público (la ACA), los usuarios del colector pagan una serie de cuotas en función del caudal autorizado.

(42)

Las autoridades españolas facilitaron una descripción detallada del cálculo de las cuotas pagadas por los usuarios individuales con el fin de contribuir a la amortización de la inversión (tanto de las inversiones iniciales como de cualesquiera ampliaciones y renovaciones posteriores) y a los gastos de explotación de la infraestructura. La cuota consta de dos elementos: una cuota fija establecida en función del uso del colector y destinada a amortizar la inversión, y una cuota variable destinada a hacer frente a los gastos de explotación y mantenimiento de la infraestructura.

(43)

Aparte de Iberpotash, hay otras empresas (como Ercros Industrial SA, o Solvin SL) que también utilizan el colector y abonan las cuotas correspondientes. Los pagos efectuados por Iberpotash por el uso del colector ascendieron a un total de cerca de […] (*) millones EUR entre 2004 y 2013.

(44)

Las autoridades españolas sostienen que las actividades de Iberpotash no son las únicas causantes del aumento de la salinidad del río Llobregat. Como también se indicaba en los documentos mencionados por el denunciante (en particular, en el informe de la ACA de 2 de marzo de 2012), la elevada salinidad del Llobregat tiene dos causas principales: i) una causa natural debida a la elevada salinidad natural de la zona, y ii) una causa antrópica constituida mayoritariamente por la tradicional actividad minera en la zona. Ambas causas dan lugar al aumento de la concentración de sal y de otros contaminantes conexos en el río Llobregat y a la necesidad de adaptar las instalaciones de tratamiento de aguas en consonancia.

(45)

Por consiguiente, si bien las autoridades españolas reconocen que las actividades mineras de Iberpotash contribuyen a la contaminación del río Llobregat, sostienen que dichas actividades no son las únicas y exclusivas causantes de esta última. Asimismo, en lo concerniente a la contaminación generada por Iberpotash, señalan que las autorizaciones medioambientales de sus actividades extractivas prevén una serie de medidas que la empresa debe adoptar con objeto de reducir al mínimo su repercusión en el medio ambiente. Las inversiones de las autoridades españolas destinadas a la mejora de las instalaciones de tratamiento de aguas de Abrera y Sant Joan Despí no exoneran en modo alguno a Iberpotash de tales obligaciones.

(46)

En cuanto a las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Penal de Manresa (que no son firmes, pues han sido recurridas ante la Audiencia Provincial de Barcelona), las autoridades españolas discrepan con que confirmen la existencia de una ayuda estatal a favor de Iberpotash derivada de las inversiones en las plantas de tratamiento de aguas. La finalidad de estas inversiones era garantizar la calidad del agua potable suministrada en el área metropolitana de Barcelona. La empresa pública suministradora se encarga de asegurar que el agua de consumo cumpla las condiciones de calidad exigidas por la normativa aplicable. Las inversiones en las instalaciones de tratamiento de aguas eran necesarias para incrementar la calidad del agua potable de modo que se adaptara a los parámetros previstos en el Real Decreto 140/2003 para el año 2009. Además, el respeto de estas normas de calidad se vio considerablemente comprometido también como consecuencia de las sequías que sufrió Cataluña durante los años 2007 y 2008.

(47)

Por todo ello, incumbía a la Administración Pública realizar las inversiones necesarias para garantizar que la calidad del agua potable en la zona se ajustara a la normativa aplicable.

(48)

Por último, las autoridades españolas destacan que estas inversiones no suponen que Iberpotash no deba adoptar las medidas ambientales que fijaron sus autorizaciones ambientales de 2006 y 2008. Tales medidas comportan la necesidad de que la empresa lleve a cabo una serie de inversiones específicas con objeto de reducir la contaminación del agua ocasionada por sus actividades mineras.

(49)

Las autoridades españolas argumentan que esta medida se refiere a la escombrera de una mina que había dejado de explotarse ya en 1973, es decir, mucho antes de su privatización a favor de Iberpotash en 1998. Por consiguiente, la escombrera se compone únicamente de los residuos procedentes de las anteriores actividades de explotación a los que Iberpotash no ha agregado nuevos depósitos.

(50)

España alega asimismo que el proyecto acordado entre la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Medio Ambiente en el convenio de 17 de diciembre de 2007 no tuvo en ningún momento la finalidad de conceder una ventaja económica a Iberpotash, sino la de abordar, en aras del interés general, las repercusiones medioambientales negativas de la escombrera de Vilafruns. Añade que, dada la pluralidad de causas que inciden en el aumento de la salinidad del agua en la comarca, era aparentemente difícil atribuir una responsabilidad concreta de la contaminación a Iberpotash y correspondía a las administraciones públicas garantizar la protección del medio ambiente.

(51)

Por otra parte, las autoridades españolas sostienen que las administraciones públicas asumieron únicamente los gastos de inversión, que ascendieron a 7 887 571 EUR: 4 millones EUR con cargo al Ministerio de Hacienda y el resto con cargo a la ACA. Sin embargo, los gastos de explotación y mantenimiento de la instalación han sido repercutidos a Iberpotash.

(52)

Además, las autoridades españolas afirman que el cubrimiento de la escombrera de Vilafruns era un proyecto piloto destinado al ensayo de este nuevo tipo de medidas, que en aquel momento eran novedosas y experimentales. Se decidió ejecutar el proyecto en la escombrera de Vilafruns por sus características específicas de volumen (pequeña magnitud), emplazamiento (primera aportación salina que recibe el Llobregat) y situación de abandono. Las autoridades españolas sostienen que la técnica empleada no es equiparable a la utilizada en otras minas, como las de Alsacia, puesto que el principal objetivo en ese caso es una restauración principalmente paisajística y se valora como positivo el hecho de que la sal disminuya paulatinamente por interacción con el agua de lluvia. Por el contrario, el principal objetivo del cubrimiento de Vilafruns era evitar que el agua de lluvia entrara en contacto con la sal de la escombrera. Por ello, la lámina impermeable se coloca debajo del terreno natural, a cuatro metros de profundidad. Así pues, el uso dado a la tecnología difiere de otras aplicaciones en otros emplazamientos y la necesidad de llevar a cabo un proyecto piloto era auténtica. El proyecto permitió a la Administración probar la metodología, recabar datos empíricos acerca de su eficacia y cuantificar los costes asociados de modo que, en caso de obtener resultados satisfactorios, se pudiera aplicar también dicha tecnología a otras escombreras con el fin de limitar sus efectos negativos en el medio ambiente.

(53)

Las autoridades españolas aclaran asimismo que el proyecto forma parte de un plan general para mejorar la gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña que integra diversas medidas, unas financiadas con recursos públicos y otras con recursos privados. Además, afirman que Iberpotash no tenía la obligación de construir tal instalación.

(54)

Por último, las autoridades españolas sostienen que esta medida no constituye una ayuda estatal porque, al tratarse de una actuación con un claro interés público, no tiene un efecto apreciable en el comercio ni en la competencia.

(55)

De manera alternativa, alegan que la medida podría constituir una ayuda estatal compatible, o bien como ayuda para el saneamiento de solares contaminados de conformidad con el apartado 3.1.10 de las Directrices comunitarias de 2008 sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, o bien directamente en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, como proyecto piloto para el ensayo de una nueva tecnología.

(56)

Las autoridades españolas aclararon que el montante de 3,9 millones EUR que se menciona en los documentos invocados por el denunciante no corresponde a los costes de ningún estudio, sino al importe estimado de las futuras medidas previstas que se acordaron entre las autoridades catalanas e Iberpotash en el convenio de 13 de diciembre de 2007.

(57)

Tales medidas tienen por objeto la captación de las surgencias salinas en la zona adyacente a las instalaciones de Iberpotash en el Cogulló. Dichas surgencias salinas contribuyen al aumento de la salinidad del río Llobregat y a otros problemas medioambientales relacionados. La adopción de medidas para evitar los efectos perjudiciales de estas surgencias forma parte del plan de restauración hidrológica y medioambiental de la cuenca del Llobregat elaborado por la ACA. Según España, no era posible determinar en qué medida estas surgencias se debían a las actividades de Iberpotash o eran de origen natural. Por ello, Iberpotash y las autoridades asumieron el compromiso de cofinanciar los costes correspondientes a partes iguales.

(58)

Por último, las autoridades españolas explicaron que estas medidas no se han llegado a ejecutar, ya que dependen de la prevista ampliación del colector de salmueras, necesaria para poder evacuar el agua salinizada recogida. Habida cuenta de la insuficiente capacidad actual del colector y de la incertidumbre existente en torno a su futura ampliación, se han ido formalizando diversas prórrogas del plazo de ejecución del convenio hasta que en la última de ellas se ha decidido supeditar la ejecución de las medidas acordadas en dicho convenio a la finalización de la ampliación del colector.

(59)

En virtud del artículo 107, apartado 1, del TFUE, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. El concepto de «ayuda estatal» se aplica, por tanto, a cualquier ventaja directa o indirecta, financiada con recursos estatales, concedida por el propio Estado o por organismos intermedios que actúen en virtud de los poderes conferidos por aquel.

(60)

Para ser considerada ayuda estatal, una medida debe proceder de fondos estatales y ser imputable al Estado. En principio, se entiende por «fondos o recursos estatales» los recursos de los Estados miembros y de sus administraciones públicas, así como los de las empresas públicas en las que dichas administraciones puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante.

(61)

A fin de determinar si las distintas medidas examinadas concedieron una ventaja económica a Iberpotash y si, por consiguiente, constituyeron ayudas estatales, la Comisión valorará si dicha empresa obtuvo una ventaja económica que no habría conseguido en circunstancias normales de mercado.

(62)

Por último, las medidas en cuestión han de falsear o amenazar falsear la competencia y ser susceptibles de afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros.

(63)

En tanto en cuanto las medidas objeto de evaluación constituyan ayudas estatales a efectos del artículo 107, apartado 1, del TFUE, será preciso evaluar su compatibilidad teniendo en cuenta las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del citado artículo.

(64)

En primer lugar, la Comisión analizó si el reducido importe de las fianzas podía suponer algún tipo de transferencia de fondos estatales.

(65)

Las fianzas constituidas por Iberpotash se otorgaron en forma de aval bancario del que el Estado no puede disponer libremente. Solo puede utilizarse para los fines estrictamente definidos en la legislación, en particular para financiar la eliminación de residuos, la restauración del emplazamiento y otras medidas medioambientales, en el supuesto de que Iberpotash incumpla sus obligaciones en materia de medio ambiente. La constitución de las fianzas no comporta para el Estado ningún tipo de interés ni ninguna otra ventaja financiera que se vea reducida en caso de disminuir el importe de aquellas. Además, el Estado no se ha encontrado hasta la fecha en situación de tener que hacer uso de las fianzas con ninguno de los fines mencionados.

(66)

Sin embargo, pese a que el Estado no puede disponer libremente de las fianzas, el hecho que de que su importe sea inferior al necesario para restaurar las zonas afectadas por la actividad de Iberpotash genera un riesgo para el Estado en el sentido de que, si Iberpotash no cumpliera o no pudiera cumplir sus obligaciones en el futuro, dicha restauración tendría que sufragarse con fondos públicos en lugar de ser financiada por la empresa.

(67)

Así pues, la Comisión no puede descartar por el momento que la fijación de unas fianzas demasiado reducidas pueda suponer, al menos, la posibilidad de una transferencia de recursos estatales. Se invita a España a que aporte pruebas y argumentos adicionales que aborden las repercusiones del importe de las garantías financieras en los recursos estatales.

(68)

En lo que se refiere a la existencia de una ventaja económica, en virtud del artículo 14 de la Directiva sobre los recursos de extracción, las autoridades nacionales competentes exigirán, «antes del comienzo de cualquier actividad de acumulación o depósito de residuos en una instalación de residuos, la constitución de una garantía financiera (por ejemplo en forma de depósito financiero, incluidos los fondos mutuos de garantía respaldados por la industria), o equivalente». Esta garantía financiara tiene por objeto que «se cumplan todas las obligaciones impuestas por la autorización con arreglo a la […] Directiva, incluidas las disposiciones relativas a la fase posterior al cierre» y que «existan fondos fácilmente disponibles en cualquier momento para la rehabilitación del terreno afectado por la instalación de residuos». El artículo 14, apartado 2, de la citada Directiva dispone que el cálculo de la garantía financiera debe realizarse teniendo en cuenta i) la repercusión medioambiental probable de la instalación de residuos, y ii) el supuesto de que terceros independientes y debidamente cualificados evaluarán y efectuarán cualquier trabajo de rehabilitación necesario. El importe de dicha garantía se ajustará periódicamente con arreglo al trabajo de rehabilitación necesario.

(69)

Por consiguiente, si bien la legislación de la UE establece una serie de criterios generales en este ámbito, deja un amplio margen de apreciación a las autoridades nacionales en cuanto a la determinación de la cuantía final de la garantía financiera. La Comisión señala a este respecto que sus escritos de requerimiento de julio de 2014 y septiembre de 2015 no contemplan la cuantía de las garantías financieras entre los presuntos incumplimientos de la Directiva sobre los residuos de extracción.

(70)

En lo concerniente a las disposiciones nacionales, la Directiva sobre los residuos de extracción ha sido transpuesta al Derecho español mediante el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. No obstante, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, las autorizaciones, los planes de restauración y las fianzas aplicables a las empresas mineras ya se habían regulado previamente mediante la Ley 12/1981, de 24 de diciembre, por la que se establecen normas adicionales de protección de los espacios de especial interés natural afectados por actividades extractivas, y el Decreto 202/1994, de 14 de junio, por el que se establecen los criterios para la determinación de las fianzas relativas a los programas de restauración de actividades extractivas. Con arreglo a estas normas jurídicas, la cuantía de la fianza debe fijarse en función de la superficie afectada por la restauración o el coste total de la restauración.

(71)

La Comisión observa que hay diversos elementos que parecen indicar que el montante de las garantías financieras podría ser, en efecto, inferior al exigido en la legislación nacional. En concreto, en su sentencia de 11 de octubre de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resolvió que el importe de la garantía financiera relativa a la escombrera del Cogulló que Iberpotash gestiona en sus instalaciones de Sallent y Balsareny es inferior al que se debería haber fijado en virtud de la legislación nacional aplicable. Esta sentencia fue confirmada en casación por la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2014. Asimismo, de unas manifestaciones efectuadas en octubre de 2013 por la directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat de Cataluña ante la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento catalán se desprende que, en el caso de Iberpotash, la fianza exigida debería ser mucho más elevada, pudiendo llegar a alcanzar los 200 millones EUR. Por último, el denunciante hace alusión a un estudio llevado a cabo por expertos medioambientales en el que se estima que los costes de restauración de las minas de Iberpotash ascienden a 71 millones EUR (en 2012) o incluso a 122 millones EUR (en 2035).

(72)

Las autoridades españolas sostienen que los importes de las fianzas responden a la aplicación de los criterios establecidos en la legislación nacional y, en particular, a las medidas previstas en el plan de restauración. Añaden que, a raíz de la modificación de la autorización medioambiental de Iberpotash, en 2015 se ha procedido a revisar los importes de las fianzas, que ascienden a 6,98 millones EUR para la explotación de Sallent y Balsareny y a 6,16 millones EUR para la de Súria. Si bien el incremento de la fianza relativa a Súria se hizo efectivo en mayo de 2015, la cuantía fijada para Sallent y Balsareny se sometió a la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el trámite de ejecución de la sentencia antes citada. El Tribunal no se ha pronunciado aún acerca del nuevo importe de la fianza, ya que se encontraba a la espera de la presentación de un nuevo plan de restauración para la explotación en cuestión.

(73)

Así pues, existen indicios que sugieren que el importe total inicial de menos de 2 millones EUR es bastante bajo en comparación con los costes de restauración estimados. Este hecho fue asimismo confirmado explícitamente por el mencionado Tribunal con respecto a la explotación de Sallent y Balsareny, pues falló que la cuantía de la fianza no se ajustaba a lo dispuesto en la legislación nacional. Por otra parte, en vista de la resolución judicial pendiente, no es posible discernir por el momento si la nueva cuantía propuesta de aproximadamente 13 millones EUR es o no adecuada. No obstante, al menos en lo que respecta al período comprendido entre 2006 y 2015, no se puede descartar por el momento que Iberpotash se haya beneficiado de una fianza inferior a la correspondiente en virtud de la legislación nacional y que, por tanto, haya disfrutado de cierta ventaja económica en forma de menores comisiones por constituir un aval bancario de un importe considerablemente más bajo.

(74)

Por otro lado, puede parecer discutible que la existencia de una ventaja económica a favor de Iberpotash pueda basarse en el hecho de que sus obligaciones en virtud de la legislación medioambiental hayan aumentado a raíz de una revisión de la resolución administrativa por el órgano jurisdiccional nacional. Parece tratarse de un proceso decisorio ordinario por el que una resolución de una instancia inferior puede ser revisada por una instancia superior (tribunal). Será necesario examinar más a fondo en el marco del procedimiento de investigación formal si dicha revisión conduce, en este caso, a la existencia de una ventaja económica.

(75)

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión alberga dudas acerca de si Iberpotash disfruta de algún tipo de ventaja derivada de la cuantía de la fianza exigida por las autoridades nacionales. Se invita a España a que aporte pruebas y argumentos adicionales sobre la existencia de una ventaja económica indebida a favor de Iberpotash en razón del importe de las garantías financieras.

(76)

En el supuesto de que unas reducidas garantías financieras otorguen una ventaja económica a Iberpotash, la medida podría falsear la competencia al disminuir los gastos asumidos por Iberpotash en perjuicio de sus competidores. Además, dado que tanto la potasa como la sal son objeto de intercambios comerciales entre todos los Estados miembros de la UE, la medida podría también afectar al comercio entre Estados miembros.

(77)

En resumen, la Comisión no puede descartar por el momento que la medida 1 (reducción de las garantías financieras) pueda constituir una ayuda estatal y seguirá analizando esta cuestión en el marco del procedimiento de investigación formal.

(78)

La construcción y explotación del colector han sido financiadas con fondos públicos (la ACA). Sin embargo, todas las empresas que utilizan el colector han de pagar una serie de cuotas. Las cuotas se calculan de forma que tanto la amortización de la inversión (incluidas las inversiones iniciales y cualesquiera ampliaciones y renovaciones posteriores) como los gastos de explotación del colector se repartan entre los usuarios individuales en función de la capacidad del colector que utilizan realmente.

(79)

Las cuotas impuestas a los usuarios del colector de salmueras se basan en el artículo 73, apartado 1, del Decreto Legislativo 3/2003 (10), que establece:

(80)

Así pues, de conformidad con el citado artículo 73, apartado 1, las cuotas impuestas a los usuarios del colector de salmueras se calculan con arreglo a los elementos anteriormente enumerados: volumen total de salmuera vertido, volumen total de las inversiones efectuadas en el colector, costes de explotación anuales (distribuidos entre los usuarios en función del caudal individual vertido) y vida útil del colector (25 o 30 años para los distintos componentes del colector).

(81)

La cuota fija anual destinada a la amortización de la inversión se establece en forma de tasa fija por caudal vertido por los usuarios individuales para el tramo superior del colector hasta Sant Boi de Llobregat (Iberpotash paga el 36,6 % y el 36,1 % del importe total de la cuota fija por sus explotaciones de Súria y Sallent, respectivamente) y en forma de un 8 % del total de las inversiones, teniendo en cuenta una tasa de amortización del 4 % y el índice de precios de consumo del año considerado, para el tramo inferior del colector entre Sant Boi de Llobregat y el mar (Iberpotash abona el 29,03 % y el 28,64 % del importe total de la cuota fija por sus explotaciones de Súria y Sallent, respectivamente). La cuota variable destinada a hacer frente a los gastos de explotación y mantenimiento de la infraestructura depende del caudal anual vertido al colector por los usuarios individuales. La ACA, que también es usuaria del colector para las surgencias salinas de origen natural, asume un 50 % de la cuota variable total relativa al tramo superior del colector y el 6,52 % de la cuota variable total relativa al tramo inferior.

(82)

El importe total de los pagos efectuados por Iberpotash por el uso del colector ha sido considerable, ya que superó los […] millones EUR entre 2004 y 2013.

(83)

Además de las cuotas específicas impuestas por el uso del colector de salmueras, Iberpotash y el resto de usuarios deben satisfacer también el gravamen general del canon del agua, que se establece en forma de tasa fija por metro cúbico y representa una aportación adicional a la infraestructura hidráulica gestionada por la ACA.

(84)

Por consiguiente, aunque el colector se haya construido con fondos públicos, todos los usuarios han de pagar cuotas por su utilización. El cálculo de las cuotas está fijado de antemano y, a primera vista, parece razonable, dado que abarca tanto los gastos de explotación como la amortización de todos los gastos de inversión del colector.

(85)

Pese a la afirmación general de que es muy probable que la cuota satisfecha por Iberpotash por el uso del colector de salmueras sea demasiado baja, el denunciante no ha aportado pruebas concretas que demuestren que estas cuotas puedan ser poco razonables o injustamente reducidas.

(86)

Así pues, de la investigación preliminar se desprende que Iberpotash abona una cuota por la utilización del colector de salmueras que abarca tanto la amortización de las inversiones públicas como los gastos de explotación y mantenimiento del colector. La Comisión no considera, por tanto, que la inversión de las autoridades españolas en el colector de salmueras otorgue ventaja económica alguna a Iberpotash.

(87)

Por consiguiente, la Comisión considera que la medida 2 (nuevo colector de salmueras) no constituye una ayuda estatal a favor de Iberpotash.

(88)

La Comisión examinó las alegaciones del denunciante acerca de que la contaminación del río Llobregat que ha hecho necesarias las inversiones en instalaciones de tratamiento de aguas se debe exclusivamente a las actividades de Iberpotash y, por ende, que dichas inversiones deberían correr a cargo de la citada empresa.

(89)

La investigación ha puesto de manifiesto que, en efecto, las actividades de Iberpotash contribuyen a la contaminación del agua de la cuenca del río Llobregat por sal y otras sustancias contaminantes. Sin embargo, incluso los documentos mencionados por el denunciante especifican claramente que Iberpotash no es el único y exclusivo responsable de la contaminación. El informe de la ACA de 2 de marzo de 2012 señala: «Geológicamente, la cuenca del Bages es una cuenca salina de forma natural. Por lo tanto se acepta que hay dos orígenes de la salinidad, origen natural y antrópico» (11). De forma similar, otro documento de la ACA de marzo de 2009 afirma: «La salinización del agua de la cuenca del Llobregat tiene un doble origen: natural y antrópico, debido a la existencia de una cuenca potásica natural y a la tradicional explotación minera de esta última (Cardona, Súria, Balsareny y Sallent)» (12).

(90)

Aunque dichos documentos se centran en las medidas que deben adoptarse para reducir el impacto de las surgencias salinas de origen antrópico, es decir, las derivadas de las actividades mineras de Iberpotash, ello no confirma que la contaminación se deba exclusivamente a causas antrópicas, sino que más bien es consecuencia del hecho de que es más difícil eliminar las causas naturales de la salinidad en la zona.

(91)

Estudios realizados por la ACA en colaboración con la Universidad de Barcelona constataron que las actividades mineras contribuyen efectivamente a la elevada salinidad del agua al identificar surgencias salinas originadas en las minas. Sin embargo, resulta difícil determinar con exactitud en qué medida contribuye cada una de estas dos causas a la elevada salinidad. Habida cuenta de las otras diversas razones esgrimidas por las autoridades españolas con respecto a las inversiones en plantas desalinizadoras (salinidad natural de la zona, aumento de las exigencias de calidad del agua potable, deterioro de la calidad del agua a raíz de las sequías de 2007 y 2008), es probable que estas mejoras de las plantas de tratamiento de aguas hubieran sido necesarias aun en ausencia de las actividades mineras de Iberpotash. Por consiguiente, las mejoras en las plantas de tratamiento de aguas (ubicadas a unos 50 km y 70 km aguas abajo de las explotaciones de Iberpotash) no pueden considerarse infraestructuras específicas destinadas exclusivamente a paliar las consecuencias de las actividades mineras de la citada empresa.

(92)

Así pues, no cabe esperar que Iberpotash esté obligada a financiar estas inversiones. En virtud de la legislación nacional, corresponde, de hecho, a las empresas suministradoras de agua competentes asegurar que el agua potable que producen y distribuyen se ajuste a los parámetros de calidad aplicables. Por otra parte, Iberpotash tiene la responsabilidad de cumplir las normas de protección medioambiental pertinentes y de adoptar todas las medidas necesarias para evitar la contaminación del agua de la cuenca del Llobregat a consecuencia de sus actividades. Ello se refleja en el hecho de que las correspondientes autorizaciones ambientales de 2006 y 2008 contienen medidas que Iberpotash ha de adoptar para alcanzar este objetivo. Se entiende que las actividades de explotación de Iberpotash son lícitas si se llevan a cabo dentro de los límites establecidos por sus autorizaciones ambientales.

(93)

Las inversiones públicas en este caso no están relacionadas con medidas para abordar la contaminación causada por Iberpotash, sino más bien con la existencia del deber público de abastecer de agua potable a la población, y, por tanto, no reducen los costes de inversión o de explotación asumidos por Iberpotash. Esta situación contrasta con anteriores casos de ayuda estatal en los que la Comisión detectó ayudas que suponían un incumplimiento del principio de «quien contamina paga». Estos casos se basaban en el hecho de que las administraciones públicas habían realizado inversiones dirigidas específicamente a eliminar las causas de la contaminación ocasionada por la empresa en cuestión, reduciendo de este modo los gastos directos asumidos por esta (la inversión en equipos de protección ambiental en centrales eléctricas (13), la eliminación ecológicamente aceptable de los abonos orgánicos en beneficio de los ganaderos (14), la eliminación de animales muertos y de desechos de matadero en beneficio de ganaderos y mataderos (15), la eliminación o reciclaje de los residuos ferrosos generados por las actividades de una planta siderúrgica (16)).

(94)

El hecho de que las actividades de Iberpotash contribuyen a la contaminación del agua de la zona no se pasa por alto, sino que se plasma en sus obligaciones medioambientales, incluidas tanto las basadas en las medidas correctoras previstas en las autorizaciones ambientales de sus actividades mineras como las dimanantes de la legislación general en la materia. Este hecho también queda constatado en las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Penal de Manresa en 2014 y 2015. Dichas sentencias condenaron a tres directivos de Iberpotash por delitos ecológicos relacionados con los daños al agua ocasionados por las actividades de Iberpotash, hallaron a la propia empresa responsable de estos daños y le ordenaron que asumiera el coste económico de la reparación de los daños derivados de la elevada salinización y que tomara las medidas necesarias para evitar la contaminación y permitir que la salinidad de los ríos afectados retornase a sus valores naturales. Esto demuestra que las inversiones públicas realizadas en las instalaciones de agua potable entre 2008 y 2009 no han afectado a la responsabilidad de Iberpotash de no contaminar y de tomar las medidas necesarias a este respecto. La responsabilidad de abordar la contaminación causada por las explotaciones mineras de Iberpotash en las aguas superficiales y subterráneas de la zona sigue incumbiendo a dicha empresa y no se ha extinguido con las mejoras introducidas en las plantas de tratamiento de agua, que se limitan a depurar el agua que se distribuye a través de la red de abastecimiento del área metropolitana de Barcelona y no tratan el agua del río Llobregat en sí misma.

(95)

Cabe señalar asimismo que la sentencia del Juzgado de lo Penal no obliga a Iberpotash a garantizar la plena eliminación de la salinidad de las aguas del río, sino a tomar medidas que permitan el retorno de los valores de salinidad a los que existían en condiciones naturales antes de que comenzaran las actividades mineras. Este hecho confirma asimismo la conclusión anteriormente señalada de que Iberpotash no es la único responsable de todo el aumento en la salinidad del agua de la cuenca del Llobregat y que, incluso en ausencia de sus actividades mineras, lo más probable es que las instalaciones de tratamiento de aguas se hubieran tenido que adaptar a la salinidad natural del agua de la zona con el fin de cumplir las mayores exigencias de calidad. De hecho, no hay indicios de que dichas instalaciones hayan sido concebidas para subsanar las deficiencias en el cumplimiento por Iberpotash de las obligaciones que le incumben en virtud de sus autorizaciones ambientales, de modo que, si Iberpotash cumpliera debidamente sus obligaciones, no sería necesario construir ninguna instalación.

(96)

Así pues, las pruebas disponibles indican que las inversiones públicas en las instalaciones de tratamiento de aguas no han eximido a Iberpotash de ninguna de sus obligaciones. Por consiguiente, la Comisión concluye que Iberpotash no ha obtenido ninguna ventaja económica indebida a consecuencia de tales inversiones y, por tanto, estas últimas no constituyen ayuda estatal.

(97)

Con arreglo a la información facilitada por las autoridades españolas, la inversión destinada al cubrimiento de la escombrera salina ha ascendido a cerca de 7,9 millones EUR. Esta inversión ha sido cofinanciada por dos administraciones públicas: el Ministerio de Medio Ambiente (4 millones EUR) y la ACA (aproximadamente 3,9 millones EUR). Así pues, la medida implica recursos estatales y es imputable al Estado.

(98)

La inversión realizada entre 2009 y 2010 se refiere a una escombrera ubicada en una antigua explotación minera que actualmente es propiedad de Iberpotash, por lo que se trata de una instalación claramente dependiente de dicha empresa.

(99)

Las autoridades españolas sostienen que la escombrera ya se había creado y las actividades mineras asociadas a esta ya habían cesado cuando Iberpotash entró en posesión de las instalaciones. Sin embargo, las autoridades españolas señalaron que los documentos de privatización relativos a la venta de las participaciones de las empresas mineras dedicadas a la extracción de potasa en la comarca del Bages no contienen disposiciones específicas que exoneren a Iberpotash de sus obligaciones medioambientales con respecto a la escombrera de Vilafruns adquirida como parte de la operación. Además, las autoridades españolas tampoco asumieron en dicho proceso de privatización ningún compromiso en materia de nuevas inversiones. Por consiguiente, por el momento,, , Iberpotash aparece como siendo plenamente responsable de la adopción de las medidas de protección medioambiental exigidas en la legislación aplicable, así como de cualquier daño medioambiental ocasionado por la escombrera de Vilafruns. Las autoridades españolas no han aportado ninguna prueba en sentido contrario.

(100)

La responsabilidad de Iberpotash de tomar las medidas necesarias para evitar los lixiviados salinos procedentes de sus escombreras de extracción de residuos también parece haber sido corroborada por las sentencias de 2014 y 2015 del Juzgado de lo Penal de Manresa. Dichas sentencias se referían únicamente a sus escombreras activas de Súria y Sallent. No obstante, el hecho de que parte de los residuos de estas dos últimas explotaciones procedan asimismo de las actividades mineras llevadas a cabo con anterioridad a la adquisición de las instalaciones por parte de Iberpotash aparentemente no ha afectado a su responsabilidad actual de proteger el medio ambiente. Así pues, el principio general de responsabilidad civil de Iberpotash con respecto a la contaminación generada por las escombreras situadas en sus explotaciones y de su propiedad es también parece ser aplicable a la escombrera de Vilafruns.

(101)

Por consiguiente, la Comisión considera en esta fase que, pese a la ausencia de una obligación explícita de invertir en el citado cubrimiento, Iberpotash podría haber tenido una obligación general en virtud de la legislación nacional y de la UE de tomar las medidas necesarias para reducir al mínimo la contaminación generada por su escombrera de Vilafruns.

(102)

A este respecto, el artículo 4, apartados 2 y 3, de la Directiva sobre los residuos de extracción dispone lo siguiente:

(103)

Estas obligaciones de la entidad explotadora están particularmente establecidas en la legislación española, en el artículo 3, apartado 1, del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras

(104)

La instalación de la cubierta de la escombrera y del sistema de drenaje asociado tenían por objeto reducir la contaminación causada por los lixiviados procedentes de la escombrera de Vilafruns. En consecuencia, la construcción de la instalación permitió a Iberpotash evitar mejor la contaminación sin tener que sufragar los gastos de inversión. Habida cuenta de esta circunstancia, lo más probable es que la financiación pública del cubrimiento de la escombrera supusiera una ventaja económica para Iberpotash, puesto que le permitió cumplir mejor su obligación medioambiental sin necesidad de financiar los gastos de inversión. Aunque las autoridades españolas sostienen que este proyecto no tuvo en ningún momento la finalidad de otorgar una ventaja económica, el concepto de «ayuda estatal» es un concepto objetivo y, por tanto, no procede tomar en consideración las intenciones de las autoridades.

(105)

La medida tiene un carácter claramente selectivo, ya que la escombrera de Vilafruns gestionada por Iberpotash es la única que ha recibido este tipo de ayuda. Por último, la medida es también susceptible de falsear la competencia y de afectar a los intercambios comerciales, ya que la financiación pública sufragó unos gastos de protección medioambiental que, de lo contrario, habrían tenido que ser asumidos por Iberpotash. Esto queda corroborado por el hecho de que, a la vista de los resultados satisfactorios del proyecto, las autoridades españolas han incluido los costes de un cubrimiento similar en el cálculo de la garantía financiera relativa a otra escombrera de Iberpotash situada en el Cogulló. Al disminuir los costes de las medidas medioambientales que Iberpotash debe adoptar con respecto a su escombrera de Vilafruns, la empresa ha adquirido una ventaja sobre sus competidores, que han de sufragar la totalidad de los costes de sus obligaciones medioambientales. Por consiguiente, es probable que la medida falsee la competencia en el mercado. Además, dado que tanto la potasa como la sal son objeto de intercambios comerciales entre los Estados miembros de la UE, la medida podría también afectar al comercio entre Estados miembros.

(106)

Así pues, la Comisión concluye que la medida 4 es, por ahora, susceptible de constituir una ayuda estatal e invita a las autoridades españolas a que aporten observaciones complementarias acerca de esta conclusión preliminar.

(107)

Mientras que el denunciante sostiene que las autoridades españolas financiaron la mitad de un estudio valorado en 3,9 millones EUR que tenía por objeto analizar la restauración de la escombrera del Cogulló, las autoridades interesadas afirman que no se ha financiado ningún estudio de este tipo, sino que dicho importe corresponde a unas futuras medidas previstas que aún no se han llevado a cabo.

(108)

La Comisión analizó los documentos en los que el denunciante fundamentaba sus alegaciones. Si bien el estudio realizado por la consultoría Estudi Ramon Folch i Associats en julio de 2012 parece, a primera vista, corresponderse con el estudio que costó 3,9 millones EUR, el documento describe la medida de forma muy breve y confusa. Los otros dos documentos señalados por el denunciante son más detallados, pero una atenta lectura de su contenido revela que no respaldan las afirmaciones del denunciante. El artículo publicado por la asociación EcoConcern el 29 de diciembre de 2011 indica claramente que, aunque el estudio ya había finalizado, las inversiones previstas de 3,9 millones EUR seguían pendientes y sin ejecutar. El informe de la ACA de marzo de 2009 ni siquiera menciona ningún estudio y se limita a describir el convenio firmado entre Iberpotash y la ACA en diciembre de 2007. De su descripción de las inversiones por valor de 3,93 millones EUR acordadas en el marco del convenio se desprende asimismo que estas dependen de la ampliación del colector de salmueras que aún no se ha ejecutado.

(109)

Por tanto, las pruebas aducidas por el denunciante no respaldan su alegación de que las administraciones públicas pagaron 1,95 millones EUR (es decir, 50 % del coste total que asciende a 3,9 millones EUR) por un estudio relativo a la escombrera del Cogulló. En cambio, los documentos corroboran en gran medida la explicación de las autoridades españolas de que la cantidad corresponde a las medidas previstas que, en cualquier caso, de momento permanecen en suspenso, supeditadas a la futura ampliación del colector de salmueras.

(110)

Por consiguiente, la Comisión concluye que la investigación preliminar no ha confirmado que se haya concedido ninguna ayuda estatal en relación con el estudio de la escombrera del Cogulló.

(111)

El artículo 108, apartado 3, del TFUE dispone que un Estado miembro no podrá ejecutar una medida de ayuda antes de que la Comisión haya adoptado una decisión definitiva que autorice dicha medida.

(112)

La Comisión observa que, si las medidas identificadas (a saber, las medidas 1 y 3) constituyeran ayudas estatales, se habrían concedido en incumplimiento de las obligaciones de notificación y de suspensión de la ejecución establecidas en el artículo 108, apartado 3, del TFUE. Por consiguiente, la Comisión considera en esta fase que las medidas 1 y 3 adoptadas con respecto a Iberpotash parecen constituir ayudas estatales ilegales.

(113)

En el anterior apartado 5.1, la Comisión ha llegado a la conclusión preliminar de que las medidas 1 (reducción de las garantías financieras) y 3 (cubrimiento de la escombrera de Vilafruns) podrían constituir ayudas estatales. Así pues, en el presente apartado la Comisión analizará la compatibilidad de estas dos medidas teniendo en cuenta las excepciones previstas en el artículo 107, apartados 2 y 3, del TFUE.

(114)

Las autoridades españolas no han esgrimido hasta la fecha ningún argumento con respecto a la compatibilidad de esta medida.

(115)

La Comisión observa que la medida constituiría una ayuda de funcionamiento a favor de Iberpotash a causa de la reducción de los costes que la empresa tendría que asumir por la garantía financiera. Es muy poco probable que esta ayuda sea considerada compatible con el mercado interior, ya que la Comisión no ha hallado ningún fundamento de compatibilidad adecuado.

(116)

Se invita a las autoridades españolas a que aporten sus puntos de vista y pruebas pertinentes acerca de la posible compatibilidad de la medida 1.

(117)

Las autoridades españolas alegaron que esta medida sería compatible con el mercado interior en calidad de ayuda para el saneamiento de solares contaminados, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.1.10 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (17) (en lo sucesivo denominadas «Directrices de 2008 sobre ayudas en favor del medio ambiente»).

(118)

Por otra parte, las autoridades españolas sostienen que la medida puede ser considerada compatible directamente en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE como proyecto piloto destinado al ensayo de una nueva tecnología para evitar los lixiviados de las escombreras salinas. Se decidió ejecutar el proyecto en la escombrera de Vilafruns por sus características singulares. Al proporcionar datos sobre resultados reales, permitiría a las autoridades abordar mejor el problema general de las escombreras salinas de la zona. A este respecto, se espera que el proyecto contribuya a la preservación, la protección y la restauración del medio ambiente en la cuenca del río Llobregat, por lo que persigue un interés público general.

(119)

La Comisión considera que no es posible aplicar el artículo 107, apartado 3, letra c), directamente porque es evidente que esta medida constituye una ayuda en favor del medio ambiente prestada a Iberpotash y, por tanto, debe examinarse en el contexto de las Directrices de 2008 sobre ayudas en favor del medio ambiente.

(120)

Por lo que se refiere al apartado 3.1.10 de las Directrices de 2008 sobre ayudas en favor del medio ambiente, relativo a la ayuda para el saneamiento de solares contaminados, una de las condiciones de compatibilidad que establecen dichas Directrices es que no se pueda identificar con claridad al contaminador. Por el contrario, en el supuesto de que sea posible identificarlo con claridad, este debe sufragar el saneamiento con arreglo al principio de que «quien contamina paga» y no se puede conceder ninguna ayuda. Sin embargo, en el presente caso el contaminador ha sido identificado, pues no hay duda de que la contaminación en cuestión tiene su origen en una escombrera situada en las instalaciones de Iberpotash y de su propiedad. Tal como se expone en el anterior apartado 5.1.4, Iberpotash tiene la obligación general de tomar las medidas necesarias para reducir al mínimo la contaminación procedente de sus escombreras. Por consiguiente, en este caso el contaminador ha sido claramente identificado y la medida no puede considerarse compatible como ayuda para el saneamiento de solares contaminados. Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que el contaminador específico (a saber, la mina de Vilafruns) haya cesado ya su actividad y haya cambiado de titular desde entonces. No hay duda de que la contaminación fue causada por la mina de Vilafruns, actualmente propiedad de Iberpotash.

(121)

En lo que respecta al apartado 3.1.1 de las Directrices de 2008 sobre ayudas en favor del medio ambiente, relativo a la ayuda para empresas que superan las normas comunitarias o que incrementan el nivel de protección ambiental en ausencia de normas comunitarias, la intensidad de la ayuda destinada a una gran empresa no podrá superar el 50 %, que podrá elevarse al 60 % en caso de ecoinnovación.

(122)

Sin embargo, en el presente caso todos los costes de inversión de la medida han sido financiados con recursos públicos. Así pues, la intensidad de ayuda correspondiente a la medida 5 asciende al 100 %, de modo que supera en gran medida los umbrales fijados en el apartado 3.1.1 de las mencionadas Directrices.

(123)

Asimismo, dada la existencia de tecnologías similares que llevan ya varios años utilizándose en similares depósitos de residuos mineros, la Comisión alberga dudas acerca del carácter de proyecto piloto de la inversión y, por ende, de si la ayuda incrementa el nivel de protección ambiental por encima de las normas comunitarias.

(124)

Por otra parte, tal como se ha expuesto en el anterior apartado 5.1.4, Iberpotash tenía la obligación general de tomar las medidas necesarias sobre la base de las mejores técnicas disponibles para evitar la contaminación medioambiental procedente de sus escombreras. Habida cuenta de dicha obligación, no queda claro por el momento que la ayuda haya contribuido a lograr un nivel de protección ambiental mayor del que habría existido en su ausencia.

(125)

En vista de lo anterior, la Comisión alberga dudas acerca de la compatibilidad de la medida a tenor de lo dispuesto en las Directrices de 2008 sobre ayudas en favor del medio ambiente e invita a las autoridades españolas a que presenten observaciones y pruebas complementarias que respalden sus alegaciones de compatibilidad con respecto a la medida 4.

(126)

Por un lado, la Comisión concluye, por tanto, que las medidas 2, 3 y 5 no constituyen ayudas estatales a efectos del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(127)

Por otro lado, la Comisión alberga dudas acerca del carácter de ayuda estatal de las medidas 1 y 4, así como de su posible compatibilidad con el mercado interior.

1)

In seguito a due denunce formali depositate l’11 e il 14 aprile 2014 da imprese concorrenti (che desiderano che la loro identità non venga divulgata), la Commissione ha avviato un’indagine preliminare sull’esistenza di possibili misure a favore dell’acciaieria Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria («l’Ilva»). Il 28 maggio 2014, la Commissione ha chiesto informazioni all’Italia, inviando le due versioni non riservate delle denunce. Il 27 giugno 2014 e il 29 agosto 2014 l’Italia ha richiesto due proroghe del termine per la risposta che sono state accettate, rispettivamente, il 30 giugno 2014 e il 29 agosto 2014. Il 9 luglio 2014 e il 2 settembre 2014, i denuncianti hanno inviato informazioni supplementari. Il 9 settembre 2014, l’Italia ha risposto alla richiesta di fornire informazioni, inviando i propri commenti relativi alle denunce. Il 28 ottobre 2014 anche un’organizzazione ambientale ha inviato informazioni supplementari.

2)

La Commissione ha chiesto informazioni supplementari il 24 ottobre 2014 e il 30 ottobre 2014 e l’Italia ha risposto a entrambe le richieste il 13 e il 21 novembre 2014. Il 9 gennaio 2015 e il 17 marzo 2015 la Commissione ha ricevuto informazioni supplementari da parte di un’associazione di concorrenti. La Wirtschaftsvereinigung Stahl (la federazione tedesca dell’acciaio) ed Eurofer (l’associazione europea della siderurgia) hanno depositato una denuncia formale, rispettivamente il 10 aprile 2015 e il 24 giugno 2015. Il 25 giugno 2015, la British Steel Association ha espresso il proprio sostegno ai due denuncianti.

3)

Con lettere del 20 marzo 2015 e del 6 maggio 2015, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, trasmettendo in concomitanza la denuncia della Wirtschaftsvereinigung Stahl, cui l’Italia ha risposto il 18 e il 19 maggio 2015. L’Italia ha altresì presentato spontaneamente informazioni l’8 giugno 2015. Il 18 settembre 2015, la Commissione ha trasmesso alle autorità italiane la denuncia di Eurofer e ha chiesto ulteriori informazioni. L’Italia ha fornito ulteriori informazioni nel corso di una riunione tenutasi il 22 settembre 2015 e nelle lettere del 5 e del 21 ottobre 2015, che ha aggiornato il 4 dicembre 2015 ed il 7 gennaio 2016.

4)

L’Ilva è uno dei più grandi produttori europei di acciaio. Di proprietà della famiglia Riva dal 1996, è stata precedentemente sotto il controllo dello Stato italiano tramite l’IRI, l’Istituto per la ricostruzione industriale. L’Ilva occupa oltre 15 000 persone, di cui quasi 12 000 presso il suo principale stabilimento produttivo che si trova a Taranto, in Puglia. L’Ilva possiede anche altre unità di produzione in Italia, Francia, Tunisia e Grecia.

5)

L’Ilva fabbrica prodotti di ferro e acciaio che figurano alle lettere a), b), c), d), ed e) dell’elenco dei prodotti che definiscono il settore siderurgico di cui all’allegato IV degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il 2014-2020 (4).

6)

Con i suoi […] di tonnellate di capacità di produzione di acciaio grezzo, lo stabilimento Ilva di Taranto rappresenta il […] circa della capacità di produzione complessiva dell’UE. Se si considera la capacità produttiva nell’UE, i principali produttori sono ArcelorMittal (19 % circa) e ThyssenKrupp (9 % circa) (5). Altri importanti concorrenti sono Tata Steel e VoestAlpine. Nell’ambito dell’attuale amministrazione straordinaria e dei vincoli ambientali in vigore, l’Ilva funziona al […] della sua capacità nominale (tre forni attivi su cinque). La produzione attuale rappresenta comunque il […] della produzione siderurgica italiana e il […] di quella dell’UE. Tra il 1o gennaio e il 31 luglio 2015, L’Ilva ha prodotto […] di tonnellate di acciaio. Le vendite dell’Ilva sono destinate principalmente all’Italia […], in seconda battuta ad altri paesi europei […] ed infine ai paesi terzi […].

7)

L’Ilva è attualmente oggetto di un’indagine penale per danni ambientali e i suoi principali azionisti ed ex dirigenti sono stati accusati di numerosi reati. Nel maggio 2013, il giudice nazionale ha sottoposto a sequestro preventivo […] di euro in attivi liquidi appartenenti ai principali azionisti ed ex dirigenti dell’Ilva, in attesa che si concludano i procedimenti penali avviati nei loro confronti.

8)

Dal giugno 2013 (6) l’Ilva è amministrata da un commissario straordinario (7) nominato dal governo, incaricato di garantire la continuazione dell’attività industriale e di investire le risorse dell’impresa per coprire i costi dei danni che l’Ilva ha arrecato alla salute umana e all’ambiente violando le disposizioni dell’autorizzazione ambientale. In tale contesto, il 14 marzo 2014 (8) il Consiglio dei ministri ha approvato un «piano ambientale» per la prevenzione dell’inquinamento e per l’adeguamento dello stabilimento ai requisiti dell’autorizzazione ambientale. Secondo le autorità italiane, i costi totali degli investimenti necessari per rendere lo stabilimento di Taranto conforme al diritto dell’UE ammontano a […] di euro.

9)

In base alle informazioni fornite dall’Italia, il piano ambientale riguarda tre principali categorie di investimenti: 1) le opere di decontaminazione o di bonifica del sito dell’Ilva, che sono urgenti e necessarie per garantire la salute pubblica nel territorio della città di Taranto; 2) la prevenzione dell’inquinamento mediante il miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti e dei macchinari, per assicurare la conformità con l’autorizzazione ambientale e 3) altri investimenti in attivi per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.

10)

Il 5 gennaio 2015, il governo ha varato il decreto-legge n. 1/2015 che prevede una procedura ad hoc per l’Ilva, modellata sulla normativa esistente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in difficoltà che forniscono servizi pubblici essenziali. Di conseguenza, il 31 gennaio 2015 l’Ilva è stata dichiarata insolvente e il governo ha nominato tre commissari straordinari incaricandoli di garantirne l’amministrazione. Il debito totale indicato nella dichiarazione di insolvenza risulta pari a […] di euro. Il decreto-legge n. 1/2015 è stato convertito in legge, con modifiche, il 3 marzo 2015 (9).

11)

Il 21 ottobre 2015 le autorità italiane hanno informato la Commissione in merito al progetto di adottare una nuova disposizione a favore dell’Ilva come anticipazione finanziaria del previsto esborso degli […] di euro provenienti dal sequestro giudiziario di cui al punto 7 (cfr. sezione 2.4.1), per ovviare all’eventualità che i fondi oggetto del sequestro non siano trasferiti in tempo per consentire l’attuazione del piano ambientale.

12)

La disposizione è stata inclusa nella previsione di cui all'articolo 1, comma 837, della Legge n. 208/2015, la cosiddetta legge di stabilità. La disposizione autorizza l’organo commissariale dell’Ilva a richiedere finanziamenti per un ammontare fino a 800 milioni di euro, che saranno assistiti da una garanzia dello Stato onerosa e concessa a condizioni orientate al mercato. Quando potrà accedere agli […] di euro oggetto del sequestro, l’Ilva si avvarrà di tali fondi per rimborsare i prestiti.

13)

Il 4 dicembre 2015, le autorità italiane hanno inoltre informato la Commissione in merito all’adozione, nella stessa data, del decreto-legge n. 191/2015 «Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo Ilva». L’articolo 1 del decreto-legge dispone la vendita, entro il 30 giugno 2016, tramite gara trasparente e non discriminatoria, degli attivi dell’Ilva, assicurando la discontinuità rispetto all’impresa attuale. Inoltre, lo Stato, adottando un decreto ministeriale, presterà all’Ilva 300 milioni di euro per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie dell’Ilva. L’acquirente prescelto rimborserà il prestito maggiorato degli interessi (Euribor a sei mesi, maggiorato di 300 punti base). Il decreto-legge modifica inoltre il termine ultimo per l’attuazione del piano ambientale, spostandolo dall’agosto 2016 al 31 dicembre 2016.

14)

Il 5 gennaio 2016 l'amministrazione straordinaria dell'Ilva ha pubblicato un invito a manifestare interesse in relazione all’operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva e ad altre società del medesimo gruppo. L'invito fa riferimento alle previsioni di cui al decreto-legge n. 191/2015 e in particolare all'articolo 1, comma 3, relativo al prestito di 300 milioni di euro. L'invito indica che lo scopo dell’operazione è di: i) preservare la continuità operativa dei complessi aziendali con idonee garanzie di mantenimento di adeguati livelli occupazionali; ii) sviluppare la produzione siderurgica in Italia; iii) consentire l’implementazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e degli altri investimenti necessari e/o opportuni per l’ottimizzazione degli impianti produttivi; iv) assicurare altresì la discontinuità, anche economica, della gestione dei medesimi complessi aziendali; v) la rapidità ed efficienza dell’intervento nonché il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dei Trattati sottoscritti dall’Italia. La scadenza per presentare la manifestazione di interesse è il 10 febbraio 2016.

15)

La zona di Taranto è gravemente inquinata. Gli esami di laboratorio evidenziano un forte inquinamento dell’aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, sia sul sito dell’Ilva, sia nelle zone abitate adiacenti della città di Taranto, con gravi conseguenze per la salute umana e per l’ambiente (10).

16)

L’Ilva, così come i suoi principali azionisti ed ex dirigenti, sono stati incriminati per presunto disastro ambientale (procedimento penale n. 938/2010 R.G.) ed hanno effettivamente lasciato la gestione dell’impresa nel giugno 2013. Come indicato al punto 8), da allora l’Ilva è amministrata da commissari nominati dal governo.

17)

In seguito a due lettere di notifica formale (11), il 16 ottobre 2014 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato per violazione della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (direttiva IPPC) e della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED), che stabiliscono le norme cui gli Stati membri devono attenersi nella concessione di autorizzazioni volte a garantire che il funzionamento degli impianti industriali sia conforme a determinate norme ambientali relative agli impianti (procedura di infrazione n. 2013/2177).

18)

Le autorità italiane hanno spiegato che, in seguito all’indagine amministrativa volta ad individuare il responsabile dell’inquinamento (procedimento di caratterizzazione) avviata nel 2003 e conclusasi nel 2011 (12), il ministero dell’Ambiente aveva già ordinato all’Ilva di effettuare interventi di decontaminazione sul suo sito. Tuttavia, l’Ilva ha impugnato con successo tale ordinanza (13). Tale procedura è ancora pendente, in seguito al ricorso presentato dalle autorità italiane dinanzi al Consiglio di Stato (procedimento R.G. n. 4057/2012). Tali procedimenti giudiziari permetteranno di individuare il responsabile dell’inquinamento, ai fini dell’applicazione del principio «chi inquina paga». Le autorità italiane hanno confermato che, se il responsabile dell’inquinamento sarà identificato, lo Stato chiederà il rimborso dei costi sostenuti.

19)

Le due denunce ricevute dalla Commissione nel 2014 facevano riferimento al trasferimento di […] di euro di fondi oggetto di sequestro (misura 1), che all’epoca erano destinati ad un aumento di capitale dell’Ilva (14). Il trasferimento e l’aumento di capitale, tuttavia, non sono mai stati completati. Il nuovo decreto-legge n. 1/2015 ha modificato la procedura, introducendo, in luogo del futuro aumento di capitale, l’emissione di obbligazioni descritta al punto 27). I denuncianti hanno anche sottolineato i rischi associati alla concessione all’Ilva di un prestito di 500 milioni di euro da parte della Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Tale prestito non è stato concesso dalla CDP nel 2014. Tuttavia, come descritto ai punti 29) e 30), dopo che nel settembre 2014 l’Italia ha modificato la legge relativa a prestiti prededucibili (15) a favore dell’Ilva, quest’ultima ha ricevuto un prestito prededucibile di […] di euro da tre banche private (misura 2). Inoltre, come indicato al punto 33), nel maggio 2015 l’Ilva ha ricevuto un prestito di 400 milioni di euro (da CDP, Intesa Sanpaolo e Banco Popolare), accompagnato da una garanzia statale (misura 3).

20)

Le denunce ricevute dalla Commissione nel 2015 facevano riferimento alla legge n. 20/2015 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 1/2015), indicando in particolare che:

21)

Nei confronti dell’Ilva, le autorità italiane hanno adottato e modificato varie misure, tra cui la decisione di annullare i provvedimenti giudiziari che imponevano di interrompere le attività per motivi di tutela dell’ambiente e della salute. Tali misure sono state adottate per garantire la continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico per il paese, soprattutto alla luce di considerazioni ambientali, sanitarie e occupazionali (16). Lo stabilimento Ilva di Taranto è stato sempre considerato di interesse strategico nazionale dal legislatore italiano (17).

22)

La presente decisione riguarda quattro misure:

23)

Poiché le autorità italiane hanno confermato che, in virtù dell’articolo 3, punto 5 ter, del decreto-legge n. 1/2015, all’Ilva non sono state concesse né versate altre risorse pubbliche provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, la presente decisione non riguarda tale disposizione. Fintantoché tali risorse non vengono concesse, la Commissione non è in grado di pronunciarsi sull’esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE né sulla compatibilità con il mercato interno.

24)

Le somme ([…] di euro) poste sotto sequestro dal giudice nazionale il 20 maggio 2013 (cfr. punto 7)) risultano nella disponibilità di trust statunitensi e svizzeri. L’11 maggio 2015, il giudice nazionale ha emanato un decreto con il quale ha disposto il trasferimento sui conti dell’Ilva degli importi oggetto di sequestro, a norma dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1/2015 (18). In cambio del trasferimento di tali fondi, l’Ilva emetterà obbligazioni. Il trasferimento non può essere eseguito fino a quando le somme oggetto di sequestro non saranno trasferite in Italia. Anche se le autorità giudiziarie svizzere hanno inizialmente autorizzato il trasferimento, contro la decisione è stato presentato ricorso che ha avuto esito favorevole. Essendo pendente la possibilità di impugnare, il procedimento è ancora in corso.

25)

Ai sensi delle regole generali di procedura, le somme dovrebbero essere trasferite al Fondo Unico Giustizia, che ha un ruolo di custode ex lege di tali importi fino al termine del procedimento penale. Il Fondo Unico Giustizia è un fondo del governo italiano (Ministero della Giustizia) gestito da Equitalia Giustizia SpA («Equitalia»). Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 143/2008, Equitalia gestisce a nome del fondo i conti bancari in cui affluiscono le somme e gli strumenti finanziari oggetto di sequestro. Equitalia è responsabile della gestione finanziaria delle somme di denaro, che possono soltanto essere depositate in un conto bancario o investite in titoli di Stato (19). Durante tutto il procedimento, le somme oggetto di sequestro rimangono di proprietà dei proprietari originari, che non possono però disporne liberamente.

26)

Tuttavia, adottando il decreto-legge n. 1/2015, le autorità italiane hanno introdotto una disposizione ad hoc che consente il trasferimento all’Ilva delle somme oggetto di sequestro prima della conclusione del procedimento penale. Tali somme trasferite dovranno essere utilizzate per finanziare il piano ambientale relativo all’Ilva. La legge si applica a tutte le somme sottoposte a sequestro nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai presunti reati commessi dalle persone e dagli enti responsabili dell’ottemperanza dell’Ilva alle disposizioni dell’autorizzazione ambientale, così come ai reati di natura non ambientale o non legati all’attuazione dell’autorizzazione ambientale.

27)

La suddetta disposizione permette al Fondo Unico Giustizia di sottoscrivere le obbligazioni emesse dall’Ilva a seguito del trasferimento delle somme oggetto di sequestro. I termini e le condizioni di tali obbligazioni non sono ancora definiti. Il credito corrispondente a dette obbligazioni sarà prededucibile in caso di fallimento dell’Ilva, ma sarà subordinato agli altri crediti prededucibili (cfr. sezione 2.4.2) e a determinati crediti privilegiati.

28)

Secondo la stampa, nel maggio 2014 l’Ilva ha incontrato problemi di liquidità che hanno comportato difficoltà di pagamento di stipendi e fornitori (20). La stampa ha riferito inoltre che all’epoca le banche apparivano poco propense a concedere un «prestito ponte» (21). Risulta inoltre che nel corso del 2014 le autorità italiane (in particolare rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e della Regione Puglia) siano state coinvolte in riunioni e discussioni con gli enti finanziari per il rilascio di tale «prestito ponte» (22).

29)

L’11 agosto 2014 (23), l’Italia ha modificato l’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013, qualificando eccezionalmente come prededucibili i prestiti concessi ad imprese di interesse strategico nazionale poste in amministrazione straordinaria per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (24). L’Ilva rientra nella categoria delle imprese di questo tipo (25).

30)

A seguito di tale modifica, un mese più tardi, l’11 settembre 2014, alcune banche private (Intesa Sanpaolo SpA, Unicredit SpA e Banco Popolare Società Cooperativa) hanno concesso all’Ilva un prestito di […] di euro. Alla scadenza prevista, il 28 febbraio 2015, Ilva non ha rimborsato il prestito.

31)

L’articolo 3, comma 1ter, del decreto-legge n. 1/2015 autorizza l’Ilva a negoziare con le banche interessate al fine di contrarre crediti prededucibili per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il prestito è destinato all’attuazione del piano ambientale dell’Ilva (26).

32)

Il 30 aprile 2015, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato la garanzia statale con un premio del […] (decreto ministeriale del 30 aprile 2015). In caso di attivazione della garanzia, lo Stato subentra agli enti finanziari per quanto riguarda il credito prededucibile.

33)

Grazie all’emissione della garanzia statale, il 27 maggio 2015 i seguenti tre istituti finanziari hanno firmato un contratto di finanziamento a favore dell’Ilva: […] di euro da Cassa Depositi e Prestiti (CDP, […] proprietà dello Stato), […] di euro da Intesa Sanpaolo e […] di euro da Banco Popolare. Gli ultimi due istituti sono le stesse banche private che nel 2014 hanno concesso prestiti prededucibili per un totale di […] di euro (misura 2) che l’Ilva non ha rimborsato nel febbraio 2015. Una prima quota di […] di euro è stata erogata il 10 giugno 2015 mentre una seconda quota dello stesso ordine di grandezza era prevista per ottobre 2015. Il prestito deve essere rimborsato in […] anni, con un periodo di grazia di […] anni che si concluderà a giugno 2020.

34)

Il 10 settembre 2015 l’Ilva ha versato al ministero dell’Economia e delle Finanze […] euro per la garanzia di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale del 30 aprile 2015.

35)

Durante la privatizzazione dell’Ilva nel 1995, lo Stato (IRI), ai sensi dell’articolo 17.7 del contratto di privatizzazione, ha accettato di prestare una manleva a copertura delle future richieste di risarcimento per i danni ambientali che hanno avuto luogo prima della privatizzazione, fino a […] di LIT, maggiorati di interessi (corrispondenti a circa […] di euro dell’epoca e a […] di euro, interessi esclusi, o a […] di euro, interessi inclusi, al 31 dicembre 2014). Il contratto di privatizzazione ha fissato al 31 dicembre 1996 il termine ultimo per la quantificazione dei danni ambientali. Il 16 aprile 1996, l’IRI ha iniziato un procedimento arbitrale relativo al prezzo di vendita, che si è concluso nel 2000 senza la risoluzione della controversia sulla responsabilità ambientale. Parallelamente, il 6 maggio 1996, l’Ilva ha promosso un ulteriore arbitrato sulla responsabilità ambientale, che non ha avuto seguito.

36)

Nel 2002, Fintecna è divenuta successore legale dell’IRI (cfr. punto 4)) con lo Stato come azionista unico. Dal 2012, Fintecna è controllata al 100 % dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP), detenuta a sua volta al […] dallo Stato. Fintecna è soggetta ai controlli sulla gestione del rendiconto d’esercizio e degli attivi da un magistrato della Corte dei Conti, che, ai sensi degli articoli 7 e 12 della legge n. 259/1958, assiste alle riunioni degli organi di gestione e di revisione.

37)

Nel contesto della transizione dall’IRI a Fintecna del 2002, i dirigenti dell’ex IRI hanno deciso di apportare un importo imputato all’Ilva di […] di euro, equivalente alla stima dei danni ambientali («cap» di […] di euro incrementato di oneri accessori per […] di euro).

38)

Il 12 giugno 2008, l’Ilva e Fintecna, hanno sottoscritto un «Verbale d’incontro», convenendo che le principali questioni ambientali riguardavano lo stabilimento di Taranto. In tale contesto, le parti hanno convenuto che la ripartizione dei relativi oneri economici sarebbe stata effettuata solo una volta che tali costi fossero stati quantificati. Nel frattempo, con una bozza di accordo di programma, il 3 dicembre 2008, il Ministero dell’Ambiente, di concerto con altri enti pubblici, ha individuato una soluzione sulla base di una stima dei costi relativi alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda e ai danni ambientali.

39)

I documenti di cui al punto 38) sono stati le principali fonti di riferimento per delimitare il perimetro del danno ambientale che Fintecna doveva indennizzare all’Ilva in conformità con l’articolo 17.7 del contratto di privatizzazione. Tale quantificazione escludeva esplicitamente il risarcimento dei danni derivati a terzi dall’inquinamento atmosferico.

40)

L’Ilva ha inviato a Fintecna diverse comunicazioni di messa in mora, da ultimo il 2 maggio 2011 e il 10 giugno 2013. Fintecna ha contestato ogni responsabilità, in particolare con riferimento ai danni arrecati a terzi in conseguenza dell’inquinamento atmosferico.

41)

Nel 2011, in sede di preparazione del bilancio, i competenti uffici di Fintecna hanno stimato i danni da indennizzare all’Ilva pari a […] di euro, aggiornati a […] di euro nel 2014.

42)

Il 19 dicembre 2013, il Ministero dell’Ambiente ha adottato un provvedimento con cui diffidava Fintecna a rimuovere i rifiuti interrati rinvenuti su un terreno di proprietà dell’Ilva. Il provvedimento ministeriale è stato impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, il quale, il 14 novembre 2014, ha sostanzialmente rilevato che l’attività inquinante non poteva che essere anteriore al 1995 e quindi imputabile a Fintecna. Il Tribunale ha tuttavia annullato il provvedimento per un vizio di natura procedimentale.

43)

Il 12 gennaio 2015, Fintecna ha incaricato un consulente legale indipendente di fornire assistenza durante i negoziati con l’Ilva per la risoluzione definitiva della vertenza relativa alla responsabilità ambientale dei danni intervenuti prima del 1995. Il parere reso dell’esperto indipendente il 3 marzo 2015 conferma che l’importo della transazione di 156 milioni di euro — che ha permesso di risolvere la vertenza — concordato con l’amministrazione straordinaria dell’Ilva nel contesto dei negoziati non eccede né il limite massimo fissato nel contratto di privatizzazione né le stime proprie di Fintecna.

44)

Fintecna ha inoltre chiesto un parere giuridico a un secondo consulente legale, rilasciato il 16 febbraio 2015, concernente: i) eventuali pagamenti precedenti già versati all’Ilva nel contesto del procedimento arbitrale precedente e ii) la data di inizio per il calcolo degli interessi sull’importo garantito. Tale parere esclude che, nel contesto di tale procedimento arbitrale, Fintecna abbia effettuato alcun versamento all’Ilva a valere sulla manleva per i danni ambientali di cui all’articolo 17.7 del contratto di privatizzazione. Il parere precisa altresì che la richiesta dell’Ilva basata sul contratto è ancora valida e che gli interessi sarebbero dovuti a partire dal 1996.

45)

L’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 1/2015 autorizza il commissario straordinario dell’Ilva a procedere con Fintecna alla liquidazione dell’obbligazione relativa ai danni ambientali di cui al contratto di privatizzazione del 1995. Lo stesso articolo quantifica in 156 milioni di euro l’importo della liquidazione che ha permesso di risolvere la vertenza, soluzione che è altresì dichiarata definitiva e irrevocabile (27).

46)

A seguito della conversione in legge del decreto-legge n. 1/2015, il consiglio di amministrazione di Fintecna, ha deciso, il 4 marzo 2015, di procedere alla transazione, tenendo conto dei pareri legali dei due consulenti (cfr. punti 43) e 44)). In particolare, il consiglio di amministrazione ha sottolineato il carattere definitivo della risoluzione della vertenza anche nei confronti di terzi (ad esempio i creditori dell’Ilva in caso di fallimento o qualsiasi pretesa di risarcimento per danni ambientali nei confronti di Fintecna) e il fatto che l’esposizione massima derivante dal contratto di privatizzazione corrisponderebbe a […] di euro, interessi esclusi, o a […] di euro, interessi inclusi. La decisione del consiglio di amministrazione prende atto del parere favorevole dell’azionista CDP, in conformità del punto 8.3.2 del Regolamento per l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento sulle società partecipate del gruppo CDP.

47)

Il 5 marzo 2015, Fintecna ha quindi sottoscritto con l’Ilva un accordo transattivo e il 6 marzo 2015 ha trasferito a quest’ultima 156 milioni di euro.

48)

Secondo il comunicato stampa congiunto n. 12/2015, rilasciato da CDP e Fintecna l’11 marzo 2015, la transazione è avvenuta è avvenuta «in esecuzione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015 n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 4 marzo 2015 n. 20 (decreto-legge ILVA)» (28).

49)

Il decreto-legge n. 1/2015 ha esteso le disposizioni previste per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese che forniscono servizi pubblici essenziali (decreto-legge n. 347/2003, la cosiddetta «legge Marzano») alle imprese di interesse strategico nazionale poste in amministrazione straordinaria per l’attuazione di piani di risanamento dell’ambiente e di protezione della salute.

50)

In particolare, le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 1/2015 prevedono che il commissario straordinario possa svolgere trattative private per selezionare un investitore disposto ad acquistare o affittare gli attivi dell’impresa (29).

51)

Come confermato dall'invito a manifestare interesse del 5 gennaio 2016 (cfr. punto 14)) l’investitore selezionato dovrebbe garantire la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali. Il canone di affitto o il prezzo di cessione degli attivi non sono inferiori al «prezzo di mercato» individuato da un esperto indipendente, selezionato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

52)

Secondo l’Italia, la misura non rappresenta un aiuto di Stato in quanto non coinvolge risorse statali, non concede alcun vantaggio e in ogni caso è in linea con il principio «chi inquina paga».

53)

Per quanto riguarda le risorse statali, l’Italia ha spiegato che le somme oggetto del sequestro appartengono all’Ilva, in quanto illegalmente sottratte alla società per uso personale dai principali azionisti e dagli ex dirigenti. L’Italia ha inoltre precisato che, secondo un principio generale di diritto (sancito dall’articolo 2497 del codice civile), gli enti e le persone che esercitano attività di direzione e coordinamento di società hanno una responsabilità patrimoniale rispetto alle attività svolte dalla società in caso di abuso di potere o uso distorto di potere. La disposizione speciale introdotta per l’Ilva comporterebbe semplicemente un inasprimento del regime di responsabilità (in quanto anticipa tale responsabilità prima della fine del procedimento). Pertanto, secondo l’Italia, si tratterebbe unicamente di risorse private.

54)

Le autorità italiane hanno inoltre spiegato che le somme oggetto del sequestro saranno trasferite su un conto speciale e destinate all’attuazione del piano ambientale dell’Ilva, finanziando in particolare gli investimenti necessari per porre rimedio all’asserita violazione del diritto dell’UE di cui al parere motivato della Commissione (cfr. sezione 2.2). Secondo l’Italia, la disposizione garantisce un corretto equilibrio tra una pluralità di interessi costituzionali (salute, occupazione, ambiente) in una situazione di obiettiva emergenza ambientale e occupazionale.

55)

Inoltre, l’Italia ha sottolineato che le somme che confluiscono nel Fondo Unico Giustizia non possono essere usate liberamente, in quanto il loro utilizzo è subordinato alle istruzioni del giudice. Tali somme non sarebbero pertanto a disposizione dello Stato.

56)

Per quanto concerne l’assenza di un vantaggio, l’Italia sostiene che la misura non conferisce alcun vantaggio (selettivo) all’Ilva, limitandosi a trasferire l’onere di finanziare gli investimenti necessari per conformarsi alle autorizzazioni ambientali ai responsabili della gestione dell’impresa al momento in cui le autorizzazioni sono state violate e il danno ambientale è stato originato. Secondo l’Italia, ciò è in linea con il principio «chi inquina paga».

57)

Secondo l’Italia, la misura non rappresenta un aiuto in quanto non si tratta di una misura selettiva e non è previsto alcun trasferimento di risorse statali.

58)

Per quanto riguarda l’assenza di selettività, le autorità italiane sostengono che la legge si applica a tutte le imprese poste in amministrazione straordinaria che sono tenute ad attuare un piano di risanamento ambientale e sanitario. L’Italia sostiene inoltre che la misura rispecchia le norme generali in materia di prestiti prededucibili previste dall’ordinamento italiano, in particolare dall’articolo 111 della legge fallimentare.

59)

Per quanto riguarda l’assenza di impatto sulle risorse dello Stato, l’Italia spiega che la misura non ha alcuna incidenza potenziale sul rimborso dei crediti dell’Ilva nei confronti dello Stato, in quanto l’attuazione del piano ambientale consentirà di salvaguardare il valore della società, per la quale l’Italia afferma che non sussiste alcun rischio di fallimento.

60)

Le autorità italiane sostengono che la misura non conferisce alcun vantaggio all’Ilva in quanto il premio annuo della garanzia ([…]) fissato dal Ministero è conforme alle condizioni di mercato. L’Italia ha spiegato che il prestito di 400 milioni di euro è prededucibile e avrà durata di […] anni e un tasso annuo pari a Euribor a […] mesi maggiorato di […] punti base.

61)

L’Italia sottolinea inoltre che lo scopo di tale misura è semplicemente quello di finanziare il piano ambientale, in particolare per porre rimedio all’asserita violazione del diritto dell’UE di cui al parere motivato della Commissione (cfr. sezione 2.2).

62)

L’Italia ha spiegato che nel 2008, nel corso di una riunione, l’Ilva e Fintecna hanno concordato i criteri di ridistribuzione delle richieste di risarcimento per i danni ambientali che hanno avuto luogo prima del 1995. Nel corso di tali negoziati, Fintecna ha sempre manifestato la propria disponibilità a trovare una soluzione relativa all’inquinamento ambientale presente sul sito dell’Ilva e sullo specchio marino circostante, rifiutando però di assumere gli oneri derivanti dall’inquinamento atmosferico (in quanto, secondo Fintecna, la maggior parte dell’inquinamento atmosferico è avvenuta dopo il 1996). L’Italia spiega che, con il decreto-legge n. 1/2015, Fintecna e l’Ilva hanno finalmente potuto comporre tale vertenza.

63)

Secondo le autorità italiane, il trasferimento di 156 milioni di euro non conferisce alcun aiuto all’Ilva, in quanto Fintecna agisce in generale come un investitore operante in un’economia di mercato. In tale contesto, l’Italia fa riferimento ad una precedente decisione della Commissione europea relativa all’Alitalia (causa C2/2005) (30).

64)

Come nel caso della misura 3, le autorità italiane sostengono che la disposizione in oggetto non contiene elementi di aiuto di Stato in quanto la garanzia sarà fornita a prezzo di mercato. Inoltre l’importo è destinato a finanziare il piano ambientale, in particolare per porre rimedio all’asserita violazione del diritto dell’UE di cui al parere motivato della Commissione (cfr. sezione 2.2).

65)

Le autorità italiane sottolineano che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale), l’autorità competente richiede che l’operatore adotti le misure di riparazione. Se l’operatore non si conforma agli obblighi previsti, se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della direttiva sulla responsabilità ambientale, l’autorità competente ha la facoltà di adottare essa stessa tali misure.

66)

A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sono «incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

67)

Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, una misura di sostegno costituisce aiuto se risultano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

68)

La decisione di utilizzare le somme oggetto di sequestro per la futura sottoscrizione di obbligazioni da parte dell’Ilva è stata adottata dallo Stato con il decreto-legge n. 1/2015. Il Fondo Unico Giustizia, gestito da Equitalia, agisce sulla base delle istruzioni impartite dall’autorità giudiziaria, la quale, essendo un organo di tale Stato, è quindi vincolata dall’obbligo di leale cooperazione (31). Alla luce di quanto precede, la misura sembra, in questa fase, imputabile allo Stato.

69)

Anche le somme oggetto del sequestro sembrano costituire risorse statali. Nella nozione di «intervento mediante risorse statali» rientrano, oltre ai vantaggi concessi direttamente dallo Stato, anche quelli concessi da enti pubblici o privati che lo Stato istituisce o designa al fine della gestione dell’aiuto (32). In linea di principio, l’origine delle risorse è irrilevante purché, prima che queste siano trasferite, direttamente o indirettamente, ai beneficiari, esse passino sotto il controllo pubblico e si trovino dunque a disposizione delle autorità nazionali (33), anche se non diventano proprietà delle pubbliche autorità (34).

70)

Nel caso in oggetto, una volta che il sequestro sarà completato, le somme risulteranno sotto il controllo dello Stato e potranno essere utilizzate per gli usi determinati dallo Stato mediante le disposizioni del decreto-legge n. 1/2015, vale a dire per sottoscrivere le obbligazioni emesse dall’Ilva. Le somme, pur se provenienti da un sequestro di beni operato nei confronti di privati (i principali azionisti e gli ex dirigenti dell’Ilva), passeranno attraverso il Fondo Unico Giustizia, che è l’organismo pubblico designato dalla legge per custodire le somme in sequestro per la durata del procedimento penale. Per tale ragione, i fondi oggetto di sequestro vanno considerati risorse statali.

71)

Inoltre, come indicato al punto 25), gli importi detenuti dal Fondo Unico Giustizia possono essere investiti non soltanto in depositi bancari ma anche in titoli di Stato. Pertanto, investendo i fondi oggetto di sequestro nelle obbligazioni emesse dall’Ilva piuttosto che in titoli di Stato, lo Stato potrebbe rinunciare a possibili entrate che avrebbero invece potuto soddisfare le proprie esigenze di finanziamento, tanto più che le obbligazioni sovrane italiane potrebbero rappresentare un investimento più sicuro rispetto alle obbligazioni dell’Ilva. Considerato che si tratta di un’impresa in amministrazione straordinaria, è ragionevole supporre che la decisione di investire nelle obbligazioni emesse dall’Ilva esponga a rischio tanto i rendimenti quanto le risorse detenute dal Fondo Unico Giustizia, a meno che nel corso del procedimento non emerga che, alla luce delle probabilità di default, il prezzo pagato per tali obbligazioni rispecchi adeguatamente il livello di rischio presumibilmente più elevato associato all’investimento. Anche per questa ragione, il trasferimento anticipato a favore dell’Ilva dei fondi oggetto di sequestro comporta risorse statali.

72)

Alla luce di quanto precede, la misura sembra, in questa fase, imputabile allo Stato e sembra che implichi il trasferimento di risorse statali.

73)

Benché il provvedimento controverso preveda la concessione di prestiti da parte di banche private, la Commissione ritiene in via provvisoria che la misura sia imputabile allo Stato italiano. La legge in questione è stata infatti approvata dallo Stato italiano e i prestiti sono stati concessi poco tempo dopo e, secondo la stampa, solo grazie all’adozione della disposizione che, in via eccezionale, ha attribuito natura prededucibile ai futuri prestiti concessi all’Ilva (cfr. punti da 28) a 30)).

74)

Inoltre, la Commissione è del parere che tale deroga alla normale disciplina fallimentare possa comportare un onere per le risorse statali, se tra i principali creditori dell’Ilva figurano enti pubblici. Se tale ipotesi venisse confermata, la misura 2, che concede un privilegio ai prestiti privati in caso di fallimento dell’Ilva, potrebbe costituire de facto una rinuncia ai crediti pubblici (35). Essendo altamente probabile che lo Stato o enti pubblici figurino tra i principali creditori dell’Ilva, la Commissione non può escludere in questa fase che un eventuale fallimento dell’Ilva inciderebbe sulle risorse statali. La Commissione invita pertanto l’Italia a fornire maggiori informazioni al riguardo, facendo in particolare riferimento all’elenco dei creditori dell’Ilva e all’entità dei crediti vantati dallo Stato, per dimostrare che la misura 2 non mette a rischio il rimborso dei creditori pubblici dell’Ilva.

75)

Per quanto riguarda l’origine statale della misura, la Commissione osserva che la misura in questione consiste in una garanzia sui prestiti concessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Considerato che la nozione di Stato membro include le autorità pubbliche di tutti i livelli, indipendentemente dal fatto che si tratti di autorità nazionali, regionali o locali (36), la Commissione conclude che la misura comporta l’utilizzo di risorse statali ed è imputabile allo Stato. Le garanzie statali comportano rischi per le risorse statali, poiché in caso di escussione il pagamento è a carico del bilancio statale. Inoltre, le garanzie non adeguatamente remunerate comportano una perdita di risorse finanziarie per lo Stato.

76)

L’imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un’impresa pubblica può essere dedotta da un insieme di indicatori risultanti dalle circostanze del caso di specie e dal contesto nel quale il provvedimento in questione è stato adottato (37). Per stabilire l’imputabilità allo Stato di una decisione di un’impresa pubblica, la Commissione può prendere in considerazione i seguenti indicatori (38):

77)

Tenendo conto degli indicatori di cui al punto 76) la Commissione ritiene in via provvisoria che la decisione Fintecna sia imputabile allo Stato italiano, considerato che:

78)

Per quanto riguarda le risorse statali, la Commissione osserva che le risorse delle imprese pubbliche costituiscono risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, in quanto lo Stato è in grado di orientare l’utilizzazione di tali risorse (40). Nel caso di specie, è pacifico che lo Stato italiano è socio unico di CDP e che nomina i membri del suo consiglio di amministrazione. Analogamente, CDP è l’unico azionista di Fintecna con il diritto di nomina del consiglio di amministrazione. Il fatto che l’azionista di Fintecna (CDP) abbia dovuto fornire un parere favorevole in merito alla soluzione definitiva della vertenza con l’Ilva (cfr. punto 46)) dimostra l’influenza che CDP esercita sul processo decisionale di Fintecna. Lo Stato italiano può pertanto esercitare un’influenza dominante, direttamente o indirettamente, sull’uso delle risorse finanziarie di Fintecna e CDP. Il fatto che Fintecna abbia utilizzato fondi propri è irrilevante a questo proposito, dato che i fondi di Fintecna sono, in ultima analisi, risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

79)

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione conclude in questa fase che la misura 4 è imputabile allo Stato italiano e comporta l’impiego di risorse statali.

80)

Per essere considerata un aiuto di Stato la misura deve essere specifica o selettiva nel senso di favorire solo determinate imprese e/o la produzione di determinati beni. Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per vantaggio si intende qualsiasi vantaggio economico che l’impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento statale.

81)

La misura sembra essere selettiva, in quanto le somme oggetto del sequestro saranno trasferite a beneficio esclusivo di un’impresa specifica, vale a dire l’Ilva. Il decreto-legge, emanato a tale scopo, nomina espressamente l’Ilva come beneficiario delle somme oggetto del sequestro (cfr. punto 26)).

82)

Per quanto riguarda l’esistenza di un vantaggio, la misura anticipa il risultato dei procedimenti penali pendenti. Potendo disporre di tali somme prima della conclusione del procedimento penale, l’Ilva si trova in una situazione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovata se fosse stata applicata la procedura ordinaria. La Commissione ritiene in via preliminare che, avendo a disposizione (41) le somme che sarebbero state altrimenti oggetto di sequestro fino alla conclusione dei procedimenti giudiziari — i quali potrebbero durare diversi anni nonché concludersi con esiti diversi — l’Ilva ha beneficiato di un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.

83)

Per quanto riguarda la quantificazione di tale vantaggio economico, essa dipende dall’esito del procedimento penale in corso. Se i principali azionisti e gli ex dirigenti dell’Ilva verranno condannati, si può desumere dalle osservazioni delle autorità italiane che le somme sotto sequestro verranno dichiarate appartenenti all’Ilva sin dall’inizio. In tal caso, la Commissione ritiene, in questa fase, che il vantaggio dovrebbe almeno consistere nella messa a disposizione dei fondi prima della data della condanna, a condizione che l’importo sia soggetto a tassazione.

84)

Se i principali azionisti e gli ex dirigenti dell’Ilva verranno invece assolti, essi si riapproprieranno del diritto di disporre delle somme oggetto di sequestro, che avranno nel frattempo preso la forma di obbligazioni emesse dall’Ilva. In tal caso, la Commissione ritiene, in questa fase, che il vantaggio ricevuto dall’Ilva corrisponderebbe all’importo completo.

85)

Come indicato in diversi articoli e comunicati stampa (42), prima dell’adozione della legge n. 116 dell’11 agosto 2014, l’Ilva non era stata in grado di ottenere prestiti presso le banche private. È pertanto estremamente dubbio, a maggior ragione successivamente alla dichiarazione di insolvenza, che un eventuale operatore di mercato avrebbe volontariamente sottoscritto le obbligazioni dell’Ilva al loro valore nominale, sempre che una società in stato di insolvenza possa emettere obbligazioni ai sensi del diritto italiano. L’Italia è invitata a fornire informazioni utili per chiarire se la capacità dell’Ilva di emettere obbligazioni sia prassi comune nell’ambito delle procedure d’insolvenza e/o di amministrazione straordinaria. Tuttavia, le condizioni e i termini delle obbligazioni, in particolare l’ammontare degli interessi che l’Ilva dovrà versare, non sono ancora stati fissati (cfr. il punto 27)). Non si può pertanto escludere che il pagamento di tali interessi possa almeno parzialmente compensare il vantaggio di cui l’Ilva ha beneficiato. La Commissione invita pertanto le autorità italiane a formulare osservazioni e ad inviare informazioni motivate e concrete sulle modalità di determinazione del tasso di interesse delle obbligazioni e del tasso di interesse — o il tasso di sconto rispetto al valore nominale — a cui gli operatori di mercato che agiscono per conto del Fondo Unico Giustizia accetteranno di sottoscrivere tali obbligazioni.

86)

Sebbene l’Italia sostenga che la misura si applichi a tutte le imprese che impieghino almeno mille dipendenti e gestiscano uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (43), la Commissione ritiene in via preliminare che la misura si applichi de facto soltanto all’Ilva. La misura è stata adottata ad hoc, con una tempistica strettamente connessa ai fatti del caso di specie descritti alla sezione 2.4.2, e finora solo l’Ilva risulta soddisfare tutte le condizioni per beneficiarne. Inoltre, la legge n. 116/2014 fa riferimento al decreto-legge n. 61/2013, nel cui preambolo viene espressamente menzionata la situazione dell’Ilva tra le ragioni dell’adozione del decreto-legge (44).

87)

Consentendo all’Ilva di soddisfare il proprio bisogno di liquidità, la misura sembra conferire all’impresa un vantaggio che non avrebbe potuto ottenere alle normali condizioni di mercato. Come indicato in diversi articoli e comunicati stampa (45), prima dell’adozione della legge n. 116 dell’11 agosto 2014, l’Ilva non era stata in grado di ottenere prestiti presso le banche private. Pertanto, la Legge n. 116/2014 ha conferito un vantaggio all’Ilva ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, poiché ha consentito alla società di consolidare i propri mezzi di finanziamento e di rassicurare le banche riguardo al rimborso del prestito, grazie alla sua natura prededucibile.

88)

A questo proposito, per la Commissione è sufficiente stabilire un nesso sufficientemente diretto tra il vantaggio concesso al beneficiario (il prestito di […] di euro) e un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti sul bilancio dello Stato (la rinuncia ai crediti pubblici implicita nella priorità riconosciuta ai prestiti privati). Come la Corte di giustizia ha concluso in circostanze relativamente simili, non è necessario che una siffatta riduzione del bilancio dello Stato, o un siffatto rischio, corrispondano o equivalgano a tale vantaggio, né che quest’ultimo trovi un corrispettivo in una siffatta riduzione o un siffatto rischio, né che sia della stessa natura dell’impegno di risorse statali da cui deriva (46).

89)

Pertanto, la Commissione conclude per ora in via preliminare che la misura conferisce un vantaggio selettivo all’Ilva e invita l’Italia a presentare l’elenco delle società che hanno beneficiato o avrebbero potuto beneficiare della misura in questione, così come qualsiasi altra informazione, in particolare per quanto riguarda la possibile selettività de facto e de iure della misura.

90)

In questa fase, la Commissione dubita che il tasso del […] corrisponda al livello dei premi effettivamente prevalenti sul mercato per una garanzia di questo tipo. La Commissione nutre inoltre dubbi sul fatto che un garante privato avrebbe assunto un rischio analogo, accettando di coprire con una garanzia un prestito di 400 milioni di euro per una società insolvente due mesi dopo che la stessa società si era trovata nell’impossibilità di onorare un precedente prestito di […] di euro. Inoltre, oltre l’[…] del nuovo prestito è stato concesso dalla CDP, un organismo interamente pubblico. A tale proposito, in applicazione della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, il margine per un prestito a favore di un’impresa tecnicamente insolvente con un rating inferiore a CCC varierebbe, a seconda della garanzie offerte, tra 400 e 1 000 punti base (47). Tale forbice si situa ben al di sopra del margine di […] punti base applicato dalla CDP e dalle altre banche, a fronte di un periodo di rimborso, piuttosto lungo, di […] anni e di un periodo di grazia di […] anni. Inoltre, conformemente al punto 4.1 della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (48): «[…] per le imprese in difficoltà, un (eventuale) garante di mercato, al momento di concedere la garanzia, addebiterebbe un premio elevato visto il tasso di inadempimento previsto; se la probabilità che il mutuatario non possa rimborsare il prestito diventa particolarmente elevata, tale tasso di mercato può non esistere ed in circostanze eccezionali l’elemento di aiuto della garanzia può rivelarsi elevato quanto l’importo effettivamente coperto da tale garanzia».

91)

La Commissione invita pertanto l’Italia a fornire ulteriori informazioni a tale riguardo e in particolare a descrivere in che modo la metodologia e la valutazione del rischio di credito utilizzate per fissare il tasso di garanzia e il tasso d’interesse del prestito, comprese eventuali garanzie reali, garantiscono la conformità al mercato.

92)

La Commissione osserva che, in base al contratto di privatizzazione, Fintecna era debitrice nei confronti dell’Ilva di un importo non precisato corrispondente ai danni ambientali verificatisi prima della vendita dell’Ilva agli attuali proprietari. La Commissione deve quindi verificare in primo luogo se tale esposizione sia stata concordata a condizioni di mercato. In altri termini, la Commissione dovrebbe verificare se la disposizione originariamente introdotta nel contratto di privatizzazione per garantire la copertura delle future richieste di risarcimento per danni ambientali verificatisi prima della privatizzazione sarebbe stata accettata da un eventuale operatore in economia di mercato che si fosse trovato in una situazione analoga.

93)

A tale proposito, la Commissione osserva che non è raro che nei contratti di vendita di grandi complessi industriali l’acquirente richieda che il venditore si impegni a pagare per i danni causati dalle attività dell’impresa prima del trasferimento. D’altro canto, è probabile che un venditore prudente acconsenta a sottoscrivere un impegno in tal senso, a condizione che venga previsto un limite («cap») alle sue responsabilità. Nella fattispecie, il fatto che lo Stato (IRI) abbia convenuto di concedere una manleva con un limite massimo di […] di ITL, maggiorata degli interessi, per i risarcimenti per danni ambientali verificatisi prima della privatizzazione non rappresenta un impegno contrattuale irragionevole che un venditore privato non avrebbe sottoscritto nel contesto della vendita di un grande impianto siderurgico.

94)

In secondo luogo, la Commissione dovrebbe valutare se la decisione di Fintecna di comporre la vertenza con l’Ilva pagando 156 milioni di euro nel marzo 2015 sia stata una decisione razionale che un operatore in economia di mercato avrebbe adottato in una situazione analoga. Risolvendosi a comporre la vertenza, Fintecna deve aver tenuto conto della situazione economica del momento, del livello di rischio e delle aspettative future (49).

95)

A tale riguardo, la Commissione rileva che, per quanto riguarda il livello della liquidazione (vale a dire 156 milioni di euro), Fintecna aveva stimato il potenziale di esposizione nei confronti dell’Ilva come pari a […] di euro nel 2011 e a […] di euro nel 2014 (cfr. punto 41)). Fintecna, inoltre, ha chiesto il parere di due consulenti legali, che hanno confermato che l’importo di 156 milioni di euro era un importo accettabile, essendo inferiore al limite massimo concordato nel contratto di privatizzazione ([…] di euro, interessi esclusi, o […] di euro, interessi inclusi) e all’esposizione potenziale stimata ([…] di euro nel 2014). Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene in via provvisoria che il pagamento di un prezzo inferiore rispetto alle proprie stime rappresenti in linea di principio una decisione ragionevole da parte di un operatore privato del mercato.

96)

La Commissione dubita tuttavia che in mancanza del decreto-legge dello Stato, Fintecna avrebbe adottato una decisione razionale liquidando l’obbligazione nei confronti dell’Ilva nel periodo in oggetto, dopo che per 20 anni aveva prorogato o evitato i pagamenti richiesti. Come osservato al punto 40), nonostante le richieste di pagamento da parte dell’Ilva, per anni Fintecna aveva contestato ogni responsabilità, in particolare per quanto riguarda il risarcimento dei danni da inquinamento atmosferico a terzi. Il fatto che Fintecna abbia deciso di pagare nel marzo 2015, poco dopo che l’Ilva era stata dichiarata insolvente, solleva dubbi in merito al fatto che Fintecna abbia effettuato una valutazione corretta del contesto economico e dei rischi associati ad un eventuale mancato pagamento o ad una dilazione del pagamento, in una situazione in cui si profilavano, al termine dell’amministrazione straordinaria, cambiamenti a livello di management e possibilmente di assetto proprietario nonché cambiamenti di altri aspetti della situazione dell’Ilva. La Commissione invita pertanto l’Italia a presentare un’analisi relativa ad una situazione controfattuale in assenza del decreto-legge (ipotizzando ad esempio che Fintecna avesse deciso di attendere il fallimento, la liquidazione o la rivendita dell’Ilva) e a dimostrare che il versamento di 156 milioni di euro nel marzo 2015 è stato il frutto di una decisione di Fintecna orientata al mercato che non ha conferito alcun vantaggio all’Ilva.

97)

Inoltre, la Commissione invita l’Italia a fornire informazioni dettagliate sugli effetti della risoluzione definitiva e irrevocabile che esclude ogni ulteriore pretesa risarcitoria per danni ambientali (cfr. punto 45)).

98)

Alla luce di quanto precede, la Commissione nutre dubbi sul fatto che, accettando di risolvere una lunga controversia nel marzo 2015, Fintecna abbia adottato una decisione razionale che un operatore in economia di mercato avrebbe adottato in una situazione analoga.

99)

La Commissione ha inoltre esaminato se le misure in oggetto falsino o minaccino di falsare la concorrenza e incidano sugli scambi all’interno dell’UE. Quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi all’interno dell’UE, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto (50).

100)

Concedendo all’Ilva l’accesso ai finanziamenti a condizioni che l’impresa non avrebbe altrimenti ottenuto nel suo stato di insolvenza, le misure sono atte a rafforzare la posizione concorrenziale dell’impresa rispetto ai suoi concorrenti sul mercato interno. L’Ilva è una delle principali imprese europee del settore siderurgico, il quale rappresenta, in Europa, un mercato aperto alla concorrenza in cui l’acciaio prodotto nei diversi Stati membri è oggetto di compravendita negli altri Stati membri. L’Ilva vende il […] circa dell’acciaio prodotto in Italia in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, in regime di concorrenza con altri produttori (cfr. punti 5) e 6)). Pertanto, in questa fase, la Commissione conclude che le misure oggetto di esame sono potenzialmente atte a falsare o minacciare di falsare la concorrenza sui mercati UE dell’acciaio e ad incidere sugli scambi di acciaio tra Stati membri.

101)

La Commissione osserva che le misure 1, 2, 3 e 4 sono state concesse nel 2014 e nel 2015, in violazione degli obblighi di sospensione di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Nonostante il trasferimento dell’importo di cui alla misura 1 non sia ancora stato completato, la misura concede già all’Ilva il diritto legale a ricevere l’importo e può quindi essere interpretata come già attuata.

102)

La Commissione giunge pertanto alla conclusione che, se dovessero essere considerate aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, le misure in questione costituirebbero aiuti di Stato illegali.

103)

In questa fase, la Commissione ritiene che le misure 1, 2, 3 e 4 costituiscono probabilmente aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ma invita le parti interessate a comunicare le proprie osservazioni relative a tali conclusioni preliminari.

104)

La Commissione ritiene che non vi sia alcuna base per ritenere gli eventuali aiuti di Stato all’Ilva compatibili con il mercato interno in virtù delle deroghe di cui all’articolo 107 del trattato, che sono approfonditamente trattate negli orientamenti e nei regolamenti della Commissione attualmente in vigore. Gli aiuti a finalità regionale e gli aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione al settore siderurgico, così come definito negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (cfr. punto 5), non sono permessi ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato applicabili (51). Inoltre, l’Ilva non risulta ammissibile agli aiuti ambientali ai sensi degli orientamenti in vigore (52), configurandosi come impresa in difficoltà ai sensi del punto 20, lettera c), degli orientamenti al salvataggio e alla ristrutturazione del 2014.

105)

Secondo una giurisprudenza costante, lo Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme del trattato è soggetto ad un obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione in forza del quale esso è tenuto in particolare a fornire tutti gli elementi atti a consentire alla Commissione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta (53). Nel caso in oggetto, le autorità italiane non invocano alcuna base giuridica utile alla valutazione della compatibilità.

106)

La Commissione invita pertanto l’Italia ad indicare la base giuridica adeguata, ai fini di una sua valutazione, e a dimostrare la fondatezza dei motivi per cui un eventuale aiuto di Stato a favore dell’Ilva potrebbe essere considerato compatibile con il mercato interno.

107)

La prassi decisionale della Commissione, confermata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, indica che, in determinate circostanze, l’acquirente dei beni e degli attivi di un’impresa che ha ricevuto aiuti di Stato ritenuti incompatibili con il mercato interno può essere chiamato a restituire tali aiuti nella misura in cui i tentativi di recupero presso il beneficiario iniziale non abbiano avuto esito positivo. In tali casi, si può stabilire una continuità economica tra il beneficiario iniziale degli aiuti incompatibili e l’impresa acquisita. La valutazione della continuità economica tra due entità si basa su una serie di indicatori. Ad esempio, si possono considerare i seguenti elementi: l’entità degli attivi venduti (attivi e passivi, mantenimento della forza lavoro, attivi aggregati), il prezzo di vendita (pari, ad esempio, al prezzo di mercato determinato in esito ad una procedura di gara aperta, pubblica, non soggetta a condizioni e non discriminatoria, che offra agli offerenti la scelta della modalità di vendita degli attivi, ad esempio, individualmente, a gruppi o in blocco), l’identità degli acquirenti, il momento della vendita e la logica economica dell’operazione (54).

108)

Come indicato ai punti da 49) a 51), l’attuale amministrazione straordinaria dell’Ilva dovrebbe in prospettiva portare alla locazione o alla vendita dell’impresa. Gli elementi di cui al punto 107) dovrebbero permettere, in linea di principio, di determinare se vi sia una continuità economica e quindi se eventuali vantaggi indebiti a favore dell’Ilva potrebbero essere trasferiti all’impresa che diventerà di proprietà del futuro acquirente. A tale proposito, il fatto di ottenere il prezzo di mercato più alto possibile per mezzo di una procedura di gara aperta, pubblica, non soggetta a condizioni e non discriminatoria rappresenterebbe una prova significativa di discontinuità economica, sempre che non vi siano condizioni suscettibili di ridurre il prezzo di vendita.

109)

Tuttavia, in questa fase, la Commissione ritiene che l’inclusione nel decreto-legge n. 1/2015 e nell'invito a manifestare interesse delle due condizioni di cui al punto 51), ossia la necessità di garantire la continuazione dell’attività di produzione e di un numero adeguato di posti di lavoro, aumenti il rischio di continuità economica tra l’Ilva e la potenziale futura impresa acquisita che gestirebbe in futuro i suoi attivi. Alla luce di quanto precede, esiste il rischio che gli attivi possano essere venduti ad un prezzo diverso dall’effettivo prezzo di mercato (che si potrebbe invece ottenere in una gara non soggetta a condizioni), cioè ad un prezzo ridotto che sarebbe giustificato dall’obbligo dell’acquirente di rispettare le due condizioni. Nel caso in cui gli attivi non venissero venduti al loro effettivo prezzo di mercato, le distorsioni del mercato indotte dagli aiuti presumibilmente incompatibili continuerebbero a essere presenti.

110)

Inoltre, in applicazione delle due condizioni previste dalla legge e nell'invito a manifestare interesse, l’Ilva può essere di preferenza venduta «in blocco» ad un acquirente in grado di garantire la massima continuità in termini di produzione complessiva e occupazione, rispetto, ad esempio, ad un acquirente che intendesse produrre meno acciaio (o meno tipi di acciaio, ad esempio prodotti a basso valore aggiunto) e ridurre il numero di dipendenti, o rispetto ad acquirenti diversi interessati ad attivi diversi o a diversi gruppi di attivi dell’Ilva. Se così fosse, il «prezzo di mercato» stabilito dall’esperto selezionato o il prezzo dell’operazione potrebbe essere un indicatore inadeguato del prezzo di mercato potenzialmente più elevato che sarebbe possibile ottenere nel quadro di una gara non soggetta a condizioni, che permetterebbe agli offerenti di scegliere quali attivi dell’Ilva acquistare. In effetti, quanto più la vendita è organizzata come una vendita degli attivi dell’Ilva, minori risultano le probabilità di continuità economica, mentre quanto più gli acquirenti sono obbligati o incoraggiati ad acquisire l’Ilva nel suo complesso, maggiori risultano le probabilità di continuità economica.

111)

Inoltre, la locazione degli attivi dell’Ilva ad un’altra entità per un periodo prolungato comporterebbe con buona probabilità la continuità economica tra l’Ilva e tale entità, considerato che gli attivi risulterebbero più prossimi allo scopo originario e alla logica economica originaria rispetto all’eventualità dell’acquisto da parte dell’entità. Pertanto, per poter concludere che viene effettivamente garantita la discontinuità economica, l’eventuale locazione degli attivi dell’Ilva dovrebbe essere temporanea e di breve durata, in attesa della vendita definitiva ad un’entità non collegata all’Ilva e ai suoi proprietari.

112)

Oltre al citato rischio che l’entità che procede all’acquisto o alla locazione degli attivi dell’Ilva possa essere chiamata a restituire gli eventuali aiuti incompatibili concessi all’Ilva in precedenza (ovverosia, prima dell’acquisto o della locazione delle attività), esiste anche il rischio che essa possa beneficiare di nuovi aiuti. Fintantoché tra i principali creditori dell’Ilva figureranno enti pubblici, le eventuali riduzioni del prezzo di affitto o di vendita imputabili alla condizione che prevede il mantenimento dei livelli di produzione ed occupazione possono essere pregiudizievoli per gli interessi finanziari di tali enti pubblici, oltre che per quelli degli altri creditori. Tali eventuali perdite subite dagli enti pubblici rappresenterebbero, rispetto ad una situazione in cui, non essendovi condizioni da rispettare, il prezzo di affitto o di vendita potrebbe essere fissato ad un livello più elevato, una perdita di risorse dello Stato e quindi, potenzialmente, nuovi aiuti a favore dell’entità che procede all’acquisto o alla locazione.

113)

Alla luce di quanto precede, la Commissione invita a presentare osservazioni in merito all’applicazione nei confronti dell’Ilva della procedura di cui al decreto-legge n. 1/2015 per l’affitto e/o la vendita dei suoi attivi.

114)

Alla luce dell’emergenza ambientale e sanitaria di cui ai punti da 15) a 18), che, come riconoscono le autorità, caratterizza la città di Taranto, la Commissione non intende opporsi ad eventuali azioni immediate che le autorità italiane ritengano necessarie per tutelare la salute dei cittadini. Pertanto, la presente decisione non osta all’eventuale sovvenzionamento pubblico delle spese per gli interventi di decontaminazione del sito dell’Ilva e delle aree circostanti, nella misura in cui tali interventi siano urgenti e necessari per porre rimedio all’inquinamento esistente e per garantire la salute pubblica nella città di Taranto, in attesa che venga individuato il responsabile dell’inquinamento, secondo gli standard previsti dalla normativa in vigore.

115)

A tale proposito, la Commissione rileva che le autorità italiane hanno adottato tutte le misure necessarie per individuare il responsabile dell’inquinamento (cfr. punto 18)). In attesa dell’esito del procedimento giudiziario, lo Stato italiano si sta giustamente attivando per garantire che l’inquinamento accumulato non nuoccia alla salute dei cittadini e all’ambiente della zona di Taranto. Qualora il procedimento giudiziario in corso permettesse di individuare il responsabile dell’inquinamento, quest’ultimo dovrebbe, conformemente al principio «chi inquina paga», rimborsare con gli interessi gli importi già spesi dallo Stato per gli interventi di decontaminazione.

116)

Sebbene le misure che si prevedono di inserire, rappresentate dalla garanzia statale inclusa nella legge di stabilità e dal prestito previsto di 300 milioni di euro non siano oggetto della presente decisione di avvio del procedimento di indagine formale, in quanto non ancora concesse ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, non si può escludere, in ragione della loro natura, che, se attuate nella forma attualmente prevista, esse possano costituire aiuti di Stato.

117)

Per quanto concerne la misura prevista dalla legge di stabilità, la Commissione nutre dubbi, in particolare, sul fatto che un operatore privato si accollerebbe il rischio di garantire l’assunzione di prestiti fino a 800 milioni di euro per un’impresa insolvente che versasse in una situazione simile a quella dell’Ilva, considerando che tale impresa non ha onorato un prestito di […] di euro (misura 2) e non ha ancora rimborsato un prestito di 400 milioni di euro (misura 3).

118)

Per quanto riguarda invece la misura prevista dal decreto-legge n. 191/2015, risulta dubbio, per le stesse ragioni addotte relativamente alla garanzia statale, che un investitore privato che opera in un’economia di mercato avrebbe accettato di prestare all’Ilva 300 milioni di euro, anche a condizioni diverse da quelle previste dal decreto-legge, alla luce delle difficoltà finanziarie in cui versa l’impresa.

119)

A questo proposito, la Commissione desidera richiamare all’attenzione dell’Italia il fatto che l’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ha effetto sospensivo. Qualora si dovesse concludere che le misure previste costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, l’Italia è tenuta a rispettare l’obbligo di non adottare tali misure senza averne ottenuto preventiva autorizzazione dalla Commissione.