1.

El presente asunto tiene su origen en una petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia), que tiene por objeto la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes. ( 2 )

2.

El artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 establece que el agente comercial tendrá derecho a la comisión por una operación que se haya concluido mientras dure el contrato de agencia cuando la operación se haya concluido con un tercero obtenido anteriormente como cliente por el agente comercial para operaciones del mismo tipo. Me referiré a este supuesto como «comisión por operaciones repetidas». ( 3 )

3.

El principal problema suscitado por el presente asunto es si el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 se ha de interpretar como una norma imperativa o dispositiva y, por lo tanto, si las partes del contrato de agencia pueden o no excluir el derecho del agente comercial a la comisión por operaciones repetidas.

4.

El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 86/653 dispone lo siguiente:

«El agente comercial, tendrá derecho a la comisión por una operación que se haya concluido mientras dure el contrato de agencia:

5.

El artículo 761, apartado 1, del Código Civil, ( 4 ) que transpone al Derecho polaco el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 86/653 establece lo siguiente:

«El agente podrá percibir una comisión por los contratos celebrados durante la vigencia del contrato de agencia, si se han celebrado como consecuencia de sus actividades o si se han celebrado con clientes previamente obtenidos por el agente para operaciones del mismo tipo.»

6.

Según la resolución de remisión, Rigall Arteria Management sp. z o.o. sp.k. (en lo sucesivo, «Rigall Arteria Management») celebró una serie de contratos de agencia con Bank Handlowy w Warszawie S.A. (en lo sucesivo, «Bank Handlowy») que vincularon a ambas desde el 1 de junio de 1999 hasta el 30 de junio de 2015 y en los que Rigall Arteria Management y Bank Handlowy actuaban, respectivamente, en calidad de agente y empresario.

7.

Los contratos de agencia versaban sobre la actividad de intermediación financiera, que comprendía la intermediación en el ejercicio de operaciones auxiliares y de promoción relativas a la gestión y adquisición de tarjetas de crédito, así como de otros servicios financieros ofrecidos por Bank Handlowy.

8.

En dichos contratos se determinaba también la forma de remuneración del agente, que debía calcularse con referencia al número de contratos celebrados. En la mayoría de los casos se trataba de un determinado importe pagado por cada tarjeta de crédito emitida o por cada solicitud de préstamo evaluada favorablemente. No se estipulaba ningún tipo de remuneración por comisión distinta a la comisión por los contratos celebrados con la participación directa del agente.

9.

El 17 de diciembre de 2014, Bank Handlowy rescindió el contrato de agencia. A raíz de ello, Rigall Arteria Management solicitó a Bank Handlowy información sobre la comisión devengada desde el 1 de junio de 1999 hasta el 31 de enero de 2015.

10.

Bank Handlowy no accedió, alegando, en particular, que la información proporcionada hasta aquel momento al agente había permitido calcular la totalidad de la remuneración devengada con arreglo al contrato de agencia y que, en consecuencia, no existía ningún motivo para proporcionar más información. Rigall Arteria Management interpuso una demanda ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia) en la que solicitaba que se proporcionase la información sobre los contratos celebrados por Bank Handlowy con los clientes adquiridos previamente gracias a la intermediación del agente.

11.

Mediante sentencia de 20 de junio de 2016, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia) desestimó la demanda. Dicho órgano jurisdiccional constató, en particular, que del contenido de los contratos que vinculaban a las partes no resultaba que el agente tuviera derecho a reclamar comisiones por operaciones repetidas.

12.

Mediante sentencia de 28 de febrero de 2018, el Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia, Polonia) desestimó el recurso de apelación de Rigall Arteria Management. En particular, dicho tribunal consideró que la comisión por operaciones repetidas a la que se refiere el artículo 761, apartado 1, del Código Civil, que transpone el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653, es una norma de carácter dispositivo, lo que permitía que las partes del contrato de agencia definiesen esta cuestión en un sentido distinto. Según el Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia), a este respecto, las circunstancias del litigio ponían de manifiesto que las partes habían excluido tácitamente el derecho del agente a la citada comisión, como se deducía tanto del hecho de que no se hacía referencia a tal forma de comisión en el contrato como de la conducta de las partes durante su ejecución.

13.

Rigall Arteria Management recurrió en casación la sentencia ante el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), que es el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto. En apoyo de dicho recurso, Rigall Arteria Management alega la infracción del artículo 761, apartado 1, del Código Civil, interpretado a la luz del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653, en la medida en que se había considerado que dicha disposición era de carácter dispositivo.

14.

El órgano jurisdiccional remitente precisa que no se ha aclarado hasta la fecha si es posible, en virtud del Derecho polaco, modificar o excluir contractualmente el derecho a comisión del agente comercial por operaciones repetidas. Dado que la Ley polaca aplicable ha adaptado el Derecho interno a la Directiva 86/653, el órgano jurisdiccional remitente es de la opinión de que su interpretación depende de si el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicha Directiva se considera una norma de carácter imperativo o dispositivo.

15.

En esas circunstancias, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento principal y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:

«¿A la luz de su tenor y su finalidad, debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva [86/653] en el sentido de que reconoce al agente comercial independiente un derecho absoluto a la comisión por un contrato concluido con un tercero mientras dure el contrato de agencia, al que hubiera aportado anteriormente como cliente para operaciones del mismo tipo, o puede excluirse dicho derecho en el contrato?»

16.

Rigall Arteria Management, Bank Handlowy, los Gobiernos alemán, italiano y polaco y la Comisión Europea han formulado observaciones escritas al Tribunal de Justicia. En la vista ante el Tribunal de Justicia, que se celebró el 23 de marzo de 2022, Rigall Arteria Management, Bank Handlowy, los Gobiernos alemán y polaco y la Comisión expusieron sus alegaciones orales.

17.

La Directiva 86/653 es un acto legislativo excepcional de la Unión Europea en tanto que regula los contratos entre empresas. Se aplica a los contratos de agencia ( 5 ) celebrados entre el agente comercial y el empresario que actúan ambos como empresarios independientes. ( 6 ) La Directiva 86/653 se aplica exclusivamente a aquellos contratos en los que las actividades del agente se realizan a cambio de una remuneración. ( 7 ) Armoniza únicamente determinados aspectos de las relaciones entre el agente comercial y el empresario y, más en concreto, los derechos y obligaciones mutuas básicas de las partes (capítulo II), la remuneración de los agentes comerciales (capítulo III) y la celebración y terminación de los contratos de agencia (capítulo IV). El artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 forma parte de su capítulo III (artículos 6 a 12).

18.

Hay que tener en cuenta que la Directiva 86/653 se adoptó en la década de los ochenta con arreglo a las bases jurídicas del mercado interior que exigían unanimidad, ( 8 ) tras largas y complejas negociaciones en las que algunos Estados miembros se opusieron por completo a la necesidad de una Directiva. ( 9 ) Así pues, finalmente, fue el resultado de compromisos entre Estados miembros con filosofías muy diferentes en cuanto a la regulación de los contratos en general y de los contratos de agencia en particular.

19.

No debe extrañar, por lo tanto, que se haya pedido al Tribunal de Justicia que interprete en múltiples ocasiones distintas disposiciones de la Directiva 86/653. ( 10 ) Sin embargo, esta es la primera vez en la que se solicita que se pronuncie sobre la naturaleza de su artículo 7, apartado 1, letra b).

20.

Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende fundamentalmente que se dilucide si las partes del contrato de agencia pueden modificar o excluir el derecho del agente comercial a la comisión por operaciones repetidas previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653.

21.

Con el fin de responder a esta cuestión, comenzaré por abordar el problema previo de la competencia del Tribunal de Justicia para pronunciarse con carácter prejudicial en las circunstancias del presente asunto (A). A continuación, pasaré a la apreciación material del contenido de la cuestión prejudicial (B), formulando en primer lugar unas observaciones preliminares sobre la distinción entre las normas imperativas y dispositivas que rigen los contratos en general (B.1), antes de proceder con la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 (B.2).

22.

A partir de dicho análisis, podré concluir que el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse con carácter prejudicial en el presente asunto y que el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 debe interpretarse como una norma no imperativa, de modo que permite a las partes del contrato de agencia modificar o excluir su aplicación.

23.

De acuerdo con su artículo 1, apartado 2, la Directiva 86/653 se aplica a aquellos agentes comerciales cuya actividad consiste, en particular, en negociar o concluir «la venta o la compra de mercancías». Sin embargo, como se ha visto en el punto 7 de las presentes conclusiones, resulta que la situación de que se trata en el procedimiento principal no se refiere a la venta de bienes, sino a la de servicios (financieros). Por lo tanto, surge la duda de si el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse con carácter prejudicial en el caso de autos, ( 11 ) habida cuenta de que la Directiva 86/653 no se aplica a los hechos que dieron lugar al litigio en el procedimiento principal. ( 12 )

24.

No obstante, como han señalado Rigall Arteria Management, el Gobierno alemán y la Comisión, la competencia del Tribunal de Justicia para responder a la cuestión planteada en el presente asunto se establecería con fundamento en la jurisprudencia Dzodzi. ( 13 )

25.

En aplicación de esta jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, cuando una normativa nacional que transpone la Directiva 86/653 adopta una solución única para todos los tipos de contratos de agencia, se considera competente para interpretarla aun cuando el asunto se derive de una situación que afecta a los servicios y no a los bienes. Se considera que establecer la competencia en tales supuestos redunda en el interés del ordenamiento jurídico de la Unión, con el fin de evitar futuras divergencias de interpretación. ( 14 )

26.

Por otra parte, como ha subrayado el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia reciente ajena al marco de la Directiva 86/653, la interpretación por el Tribunal de Justicia de disposiciones del Derecho de la Unión en situaciones que no están comprendidas en el ámbito de aplicación de estas se justifica cuando el Derecho nacional las haya hecho directa e incondicionalmente aplicables a tales situaciones, con el fin de garantizar un tratamiento idéntico de esas situaciones y las equivalentes comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. ( 15 )

27.

En el presente asunto, de la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente en respuesta a una solicitud de información del Tribunal de Justicia se desprende que, al transponer la Directiva 86/653 al Derecho interno (su Código Civil), el legislador polaco ha manifestado su intención de tratar los contratos de agencia relativos a bienes y servicios de manera uniforme en lo que respecta a la aplicación de las disposiciones derivadas del Derecho de la Unión.

28.

Cabe considerar, por tanto, que la legislación polaca hace directa e incondicionalmente aplicable el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 a la situación del litigio principal, y que redunda en el interés del ordenamiento jurídico de la Unión que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la petición de decisión prejudicial presentada por el órgano jurisdiccional remitente.

29.

Así pues, en mi opinión, el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse con carácter prejudicial en el presente asunto.

30.

El Derecho contractual de los Estados miembros distingue entre normas de carácter imperativo o no imperativo en relación con los derechos y obligaciones esenciales de las partes del contrato. ( 16 ) En esencia, las normas imperativas no permiten establecer excepciones y, por tanto, no pueden ser excluidas por las partes del contrato, en tanto que las normas no imperativas no precisan formar parte del contrato en el supuesto de que las partes deseen organizar su relación de forma diferente.

31.

Por otra parte, muchos sistemas jurídicos reconocen distintos tipos de normas imperativas y no imperativas. ( 17 )

32.

Las normas imperativas pueden ser plenamente obligatorias, lo que significa que las partes no pueden excluirlas, o también pueden ser de carácter semiimperativo, en cuyo caso sí pueden ser objeto de excepciones, aunque solo con arreglo a determinadas condiciones. Por ejemplo, las normas de carácter semiimperativo permiten establecer excepciones que redunden en beneficio de la parte más débil, o que preserven el núcleo de la norma, o ciertos mínimos impuestos por el legislador.

33.

Del mismo modo, tampoco existe un único tipo de norma no imperativa; en la mayor parte de los casos nos referimos con esta expresión a las normas denominadas de carácter dispositivo o normas clásicas por defecto, cuya finalidad es cubrir las lagunas que han dejado abiertas las partes en el contrato al no regular, intencionadamente o no, determinados aspectos de su relación contractual. No obstante, existen también otros tipos de normas de carácter no imperativo, entre las que se encuentran las reglas modelo que sirven de ayuda en la redacción del contrato, indicando posibles soluciones para que las partes puedan resolver determinadas cuestiones. Dichas reglas modelo pertenecen, al menos, a dos categorías: en primer lugar, pueden ofrecer a las partes una serie de opciones, sin excluir otras (a lo que me referiré como regla modelo abierta no impositiva) y, en segundo lugar, pueden limitar a las partes a las opciones específicamente establecidas en ellas, exclusivamente.

34.

Por último, es importante señalar que las legislaciones nacionales en materia contractual emplean diferentes técnicas para indicar si determinadas normas son imperativas o no y de qué tipo. Muchas veces estas legislaciones no indican expresamente la naturaleza jurídica de una norma concreta y trasladan la aclaración de esta cuestión a los órganos jurisdiccionales.

35.

La Directiva 86/653 no es una excepción a la descripción anterior. Recoge diferentes tipos de normas imperativas y no imperativas, y emplea diversas técnicas para describir su naturaleza. ( 18 )

36.

En el caso de las normas imperativas, determinadas disposiciones de la Directiva 86/653 establecen expresamente que no se permite a las partes establecer excepción alguna, ( 19 ) en tanto que otras son de carácter semiimperativo y, bien imponen normas mínimas que las partes no pueden excluir, ( 20 ) bien permiten establecer excepciones, aunque únicamente si ello no es en perjuicio del agente comercial. ( 21 ) Ciertas excepciones se permiten únicamente tras la resolución del contrato y, por tanto, no pueden estipularse con anterioridad. ( 22 )

37.

En el caso de las normas no imperativas, ciertas disposiciones de la Directiva 86/653 indican de forma inequívoca que las normas establecidas en la disposición correspondiente son normas dispositivas, que deben aplicarse en ausencia de cualquier acuerdo entre las partes al respecto. ( 23 )

38.

Por último, algunas disposiciones de la Directiva 86/653 no mencionan su carácter imperativo o no imperativo, ( 24 ) como es el caso de su artículo 7, apartado 1, letra b), cuya interpretación se discute en el presente asunto. En realidad, la Directiva 86/653 no dice nada sobre la naturaleza de ninguna de las disposiciones de su artículo 7.

39.

Debo recordar aquí que la cuestión que se plantea en el caso de autos es si las partes del contrato de agencia pueden o no excluir la norma recogida en el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653, que otorga al agente comercial el derecho a percibir una comisión por operaciones repetidas.

40.

En mi opinión, y a pesar de la falta de indicación expresa sobre el carácter imperativo o no imperativo del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653, el presente asunto es uno de los escasos supuestos en los que la respuesta a la pregunta del órgano jurisdiccional remitente puede deducirse del tenor de la disposición cuya interpretación se solicita.

41.

Como ya se ha visto en el punto 4 de las presentes conclusiones, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 86/653 establece que, mientras dure el contrato de agencia, el agente comercial tendrá derecho a la comisión:

42.

Del empleo de la disyuntiva «o» en la mencionada disposición cabe inferir que un agente comercial puede tener derecho a uno u otro de los tipos de comisión a los que se refieren las letras a) y b) del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 86/653. ( 26 )

43.

Yo entiendo que las palabras tienen sentido dentro del contexto en el que se usan. El tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653, que, por lo tanto, no puede interpretarse por separado de la letra a) del mismo, sugiere que esta disposición contiene una norma modelo abierta no imperativa (véase el punto 33 de las presentes conclusiones).

44.

Así pues, a mi juicio, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 86/653 propone a las partes posibilidades entre las que pueden elegir al celebrar el contrato. El legislador de la Unión podría haber optado por las dos soluciones que se han expuesto como las formas más comunes de estipular la comisión en los contratos de agencia. ( 27 ) Poder escoger entre estas opciones ahorra a las partes costes de transacción, que surgen en la fase de negociación de los contratos. ( 28 ) No obstante, las partes no están obligadas a seguir estas normas modelo, sino que pueden optar libremente por opciones diferentes.

45.

Visto que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 86/653 se limita a ofrecer posibilidades a las partes, dicha disposición no solo no puede considerarse una norma de carácter imperativo, sino que tampoco puede interpretarse como una norma dispositiva no imperativa. La razón de ello es que no establece una norma única que regule el derecho del agente comercial a la comisión que pueda servir para colmar la laguna del contrato si las partes lo dejan abierto, ( 29 ) sino que ofrece una elección. La separación de las letras a) y b) del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 86/653 por la disyuntiva «o» hace imposible que las partes del contrato de agencia, o el tribunal que resuelva los litigios que pudieran enfrentarlas, recurran a esta disposición sin hacer previamente dicha elección en cuanto a las posibilidades que ofrece.

46.

Es cierto que la disyuntiva «o» puede interpretarse en ocasiones en el sentido de «y»; ( 30 ) sin embargo, esto no tendría sentido en el caso del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 86/653. El tenor de la letra b) implica que lo que se describe en la letra a) ya se ha producido: se ha llevado a cabo una transacción como resultado de la acción directa del agente comercial. Aunque sería posible que el agente comercial percibiese solo la comisión prevista en la letra a), resulta difícil (aunque no imposible) imaginar que perciba únicamente la prevista en la letra b) por la clientela que «haya obtenido anteriormente» el agente para el empresario sin presumir que la comisión por las operaciones celebradas con esa clientela es el resultado de la intervención directa del agente, prevista en la letra a). De haber sido la intención del legislador de la Unión crear el derecho a la comisión en la letra b), que también conlleva la comisión prevista en la letra a), formular dos oraciones separadas por la disyuntiva «o» sería una forma extraña de expresarla.

47.

Una interpretación que permitiese entender el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 86/653 como una sola frase, otorgando al agente comercial derecho a percibir la comisión tanto por las operaciones directas como por las repetidas, exigiría, en efecto, convertir la disyuntiva «o» en una «y», además de pasar por alto que la letra b) conlleva la letra a). Sin embargo, aun en ese caso, tal interpretación tendría como sola consecuencia hacer del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 86/653 una única norma, sin resolver el problema de su carácter imperativo o no imperativo.

48.

Una interpretación tan rebuscada de la disposición de que se trata no se justifica, como pretendo demostrar, por razones sistemáticas relativas a la libertad contractual, ni por los objetivos de la Directiva 86/653, o sus antecedentes, y el contexto en el que se sitúa su artículo 7, apartado 1, letra b). ( 31 ) Dicho de otro modo, estas otras razones interpretativas, de las que me ocuparé a continuación, respaldan también la postura de que el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 debe interpretarse en el sentido de una norma no imperativa.

49.

Tal como ha declarado el Tribunal de Justicia en repetidas ocasiones, las disposiciones del Derecho de la Unión deben interpretarse a la luz de los derechos fundamentales que forman parte integrante de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia y que están actualmente recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). ( 32 ) Habida cuenta de este requisito de interpretación sistemática, debe señalarse, en primer lugar, que considerar el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 una norma no imperativa es compatible con el principio de libertad contractual.

50.

La libertad contractual que invocan Bank Handlowy y el Gobierno alemán constituye un principio fundamental de los ordenamientos jurídicos nacionales y de la Unión. Está reconocida en el artículo 16 de la Carta como parte de la libertad de empresa. ( 33 )

51.

Los contratos de agencia son contratos mercantiles (entre empresas) en el sentido de que tanto los agentes comerciales como los poderdantes son empresarios. ( 34 ) Por lo tanto, las relaciones de agencia comercial se rigen, en principio, por la libertad contractual que protege el derecho de ambas partes a la libertad de empresa. Esta libertad, que abarca la autonomía de las partes para establecer los términos de los contratos, no es absoluta, pudiendo estar supeditada a limitaciones justificadas que, en particular, deben estar previstas por ley y ser proporcionadas, conforme exige el artículo 52, apartado 1, de la Carta. ( 35 )

52.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa no existe ninguna disposición de la Directiva 86/653 que indique claramente que su artículo 7, apartado 1, letra b) tenga por objeto limitar la libertad contractual.

53.

Aunque la Comisión adujo en la vista que los objetivos de interés público, a saber, la protección de los agentes comerciales como parte más débil del contrato de agencia, respaldan la restricción de la autonomía contractual de las partes en relación con el derecho a la comisión que prevé el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653, lo cierto es que no se contempla tal justificación en el Derecho de la Unión aplicable en virtud del artículo 52, apartado 1, de la Carta. Por otro lado, tal restricción no parece necesaria ni apropiada para proteger a los agentes comerciales en todas las situaciones posibles, como se explicará después (véanse los puntos 63 y 65 de las presentes conclusiones).

54.

En tales circunstancias, no existe ningún fundamento jurídico en la Directiva 86/653 que permita interpretar su artículo 7, apartado 1, letra b), como una norma de carácter imperativo o semiimperativo a falta de una limitación debidamente justificada que opere, en consonancia con los artículos 16 y 52, apartado 1, de la Carta, sobre la libertad contractual de las partes relativa a la libre elección del tipo de comisión.

55.

La interpretación del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 como norma no imperativa no es contraria al objetivo que persigue dicha Directiva.

56.

Pudiera ser que la consideración de los agentes comerciales como la parte más débil de los contratos de agencia haya influido en la elección del legislador de la Unión de incluir disposiciones de carácter imperativo en la Directiva 86/653. No obstante, la protección de los agentes comerciales no es el único objetivo, ni siquiera el principal, de dicha Directiva. ( 36 ) Sea como fuere, el hecho de que la posición más débil de los agentes comerciales haya podido influir en la elección de determinadas soluciones durante su génesis legislativa no puede llevar a la conclusión, como sugiere la Comisión, de que la Directiva 86/653 contiene únicamente normas imperativas cuyo objetivo es la protección de los agentes comerciales.

57.

De los considerandos segundo y tercero de la Directiva 86/653 resulta claramente que su finalidad principal es la creación de un mercado interior para la representación comercial y la eliminación de los obstáculos a las actividades transfronterizas de los agentes comerciales y de los empresarios. ( 37 ) A este respecto, como mencioné en unas conclusiones anteriores, ( 38 ) un posible indicio de la voluntad del legislador, objetivamente constatable en el Derecho de la Unión, es la elección de la base jurídica de un acto normativo. La Directiva 86/653 se adoptó sobre una doble base jurídica relacionada con el mercado interior (véase el punto 18 de las presentes conclusiones). Esto indica que la idea principal de dicha Directiva es eliminar las trabas a los contratos de agencia transfronterizos. ( 39 )

58.

Tal objetivo se consigue mediante la eliminación de «las diferencias entre las legislaciones nacionales», que son, como enuncia el segundo considerando de la Directiva 86/653, el principal obstáculo. Por lo tanto, ofrecer a las partes de los contratos de agencia un conjunto de normas armonizadas (sean estas imperativas, semiimperativas, dispositivas o reglas modelo) en toda la Unión constituye la técnica de armonización elegida, en este caso, por el legislador de la Unión para facilitar la celebración de contratos de agencia transfronterizos entre empresarios y agentes comerciales. ( 40 )

59.

A la hora de decidir el contenido más adecuado de las normas armonizadas, el legislador de la Unión puede y debe tener en cuenta la protección de los agentes comerciales como parte más débil de los contratos de agencia. ( 41 ) Sin embargo, esto no significa que dicha protección sea, ni pueda ser, con arreglo al reparto de competencias entre la Unión y sus Estados miembros ahora vigente, un objetivo autónomo de la Directiva 86/653. ( 42 )

60.

Dicho esto, la protección del agente comercial ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia como un interés legítimo. ( 43 ) Por consiguiente, la protección de los agentes comerciales es uno de los objetivos integrados en el sistema de la Directiva 86/653.

61.

Abordar la posición más débil de los agentes es un medio para restablecer el equilibrio económico en la relación jurídica entre los agentes comerciales y los empresarios. ( 44 ) La intervención legislativa es pues necesaria en aquellas situaciones en las que el legislador considera que existe una deficiencia grave del mercado. ( 45 )

62.

El Gobierno polaco y el órgano jurisdiccional remitente han planteado que en el mercado de la agencia comercial en Polonia existe esa deficiencia. Según han señalado, el mercado polaco se caracteriza por una asimetría en la que los empresarios gozan de una posición que les permite ofrecer contratos tipo a los agentes sin dejarles la posibilidad de negociar las condiciones contractuales.

63.

De ser esto característico del mercado polaco de la representación comercial o, al menos, de serlo en el ámbito de los servicios financieros, no es posible interpretar la Directiva 86/653 de modo que se adapte al mercado concreto de un Estado miembro. Por lo tanto, cabe considerar que, de haber percibido el legislador de la Unión tal asimetría en la capacidad de negociación entre los agentes comerciales y los empresarios en toda la Unión, la habría abordado de la manera adecuada. Viene aquí a colación, por ejemplo, la nulidad de las cláusulas contractuales no negociadas que provoquen un desequilibrio significativo. Esta solución, como podrían ser otras, limitaría en menor medida la libertad contractual de lo que lo haría una norma imperativa que privase a las partes de la posibilidad de negociar el tipo de comisión.

64.

Además, como ha expuesto el Gobierno alemán, los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros establecen principios que prevén una protección general de las partes de los contratos cuando el equilibrio entre ellas es marcadamente desigual. Estas normas se aplican a los agentes comerciales en situaciones en las que, por ejemplo, se les haya privado de un importe considerable de su comisión.

65.

No debe, por otra parte, olvidarse que la Directiva 86/653 regula una amplia gama de posibles realidades comerciales, en las que los intereses de los agentes comerciales y de los empresarios pueden no coincidir. ( 46 ) Cabe la posibilidad de que interpretar el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 como una norma imperativa no protegiese a los agentes comerciales en determinados tipos de relaciones de agencia. Sin embargo, de interpretarse dicha disposición como imperativa, impediría a los agentes comerciales y a los empresarios buscar la solución que mejor se adaptase a su contrato.

66.

Así pues, interpretar el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 en el sentido de que es una norma de carácter imperativo no favorece necesariamente la protección de los agentes comerciales y puede ser, además, tal como indica Bank Handlowy, susceptible de perturbar el funcionamiento del mercado de la agencia comercial. Los empresarios que no hayan tenido en cuenta en sus cálculos la necesidad de abonar la comisión correspondiente podrán valerse de otras soluciones, como, por ejemplo, reducir el importe del porcentaje de la comisión básica, limitar o excluir los gastos que contraigan los agentes comerciales que son reembolsados por el empresario u otros componentes de la remuneración, o bien no contar con los servicios de agentes comerciales.

67.

Por último, y sobre todo, debe señalarse que los agentes comerciales están protegidos no solo por las normas imperativas, sino también por la seguridad jurídica ( 47 ) que aportan las normas armonizadas. ( 48 ) La aclaración de la naturaleza del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 contribuirá, por lo tanto, a los objetivos perseguidos por dicha Directiva, independientemente de que esta disposición se interprete como una norma imperativa o no imperativa.

68.

Los antecedentes legislativos del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 también son favorables a la interpretación de esta disposición como norma no imperativa.

69.

Como ilustra la jurisprudencia relativa a la Directiva 86/653, ( 49 ) el Tribunal de Justicia ha considerado que los antecedentes legislativos de las normas de la Unión son una referencia útil para discernir la intención del legislador de la Unión que subyace a dicho acto o a una disposición concreta del mismo. Ello es así sobre todo cuando se ha introducido una modificación a la disposición en cuestión del Derecho de la Unión durante los trabajos preparatorios de la cual se puede inferir la intención del legislador de la Unión, como sucede en el caso de autos.

70.

En la propuesta inicial de la Comisión, ( 50 ) el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 86/653 figuraba como proyecto de artículo 12, apartado 1. ( 51 ) Esta última disposición se incluyó en una lista específica de disposiciones imperativas de la propuesta de Directiva que figuraba en el proyecto de artículo 35, en el que se establecía que «será nula toda estipulación por la que las partes alteren mediante pactos, en detrimento del agente, las disposiciones que se mencionan a continuación». ( 52 )

71.

En su dictamen sobre la propuesta, ( 53 ) el Comité Económico y Social Europeo subraya, en particular, que el proyecto de artículo 35 era fundamental para el conjunto de la Directiva, ya que especifica el alcance y los límites de la libertad de maniobra de las partes en la relación de agencia y, por tanto, debía permanecer en la propuesta de Directiva.

72.

Por el contrario, en su primera lectura de la propuesta, ( 54 ) el Parlamento Europeo consideró que la larga lista de disposiciones imperativas que se establece en el proyecto de artículo 35 hace que la propuesta de Directiva sea demasiado inflexible y, por tanto, solicitó que se redactara de nuevo esa disposición.

73.

Por consiguiente, en la propuesta de la Comisión revisada, ( 55 ) el proyecto de artículo 35 se «acortó para permitir una mayor flexibilidad», siendo suprimidas varias disposiciones. Así, la lista de disposiciones imperativas que figuraba en la versión revisada de dicha disposición se refería, en particular, a la comisión mencionada en la letra a) del proyecto de artículo 12, apartado 1, y ya no a las demás letras, incluida la comisión por operaciones repetidas mencionada en la letra b) de dicha disposición. ( 56 )

74.

Durante los trabajos preparatorios se acordó suprimir la referencia a la letra a) del proyecto de artículo 12, apartado 1, de la lista de disposiciones imperativas del proyecto de artículo 35. ( 57 ) En última instancia se optó por suprimir por completo el proyecto de artículo 35 y, en su lugar, especificar el carácter imperativo de las disposiciones de la Directiva propuesta en los artículos en concreto. ( 58 ) Este planteamiento se conservó en la versión final de la Directiva 86/653. ( 59 )

75.

Por lo tanto, cabe deducir de la supresión de la disposición correspondiente al artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 de la lista de disposiciones imperativas del proyecto de artículo 35 y del acuerdo para delimitar el carácter imperativo de las disposiciones de la Directiva por artículo que, a falta de una indicación expresa en ese sentido, el legislador de la Unión no tuvo intención de que el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 fuese una norma imperativa. ( 60 )

76.

A este respecto, no me convencen las alegaciones formuladas por Rigall Arteria Management, el Gobierno polaco y la Comisión que, en esencia, cuestionan la pertinencia de los antecedentes legislativos de la Directiva 86/653 debido a las modificaciones sustanciales que culminaron en el texto final de dicha Directiva, en contraste con las propuestas de la Comisión, y al hecho de que el legislador de la Unión adoptase un planteamiento diferente en el artículo 6 de la Directiva 86/653, que, a su juicio, apoya la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra b), de dicha Directiva como norma imperativa.

77.

Cierto es que muchas disposiciones de las propuestas original y revisada de la Comisión no figuran en la Directiva 86/653. Sin embargo, las disposiciones correspondientes al artículo 6 de la Directiva 86/653 aparecían en ambas propuestas. ( 61 ) Por otra parte, el hecho de que el tenor del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 86/653 no se incluyese en esas propuestas, sino que se añadiera posteriormente en el proceso decisorio, ( 62 ) no suplanta ni invalida la opción adoptada por el legislador de la Unión de delimitar el carácter imperativo de las disposiciones de esa Directiva en el artículo concreto, lo cual no se hizo en el caso del artículo 7, apartado 1, letra b), de la misma.

78.

La interpretación propuesta del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 como norma no imperativa es coherente con otras disposiciones de esta.

79.

De los antecedentes legislativos de la Directiva 86/653, y tal como han señalado Bank Handlowy y los Gobiernos alemán e italiano, la estructura general de la citada Directiva indica que las disposiciones que no permiten excepciones por las partes del contrato se establecen de manera precisa y detallada, y su carácter imperativo se indica expresamente en el artículo concreto. Tal es el caso, especialmente, de las disposiciones de la Directiva 86/653 contenidas en su capítulo III, relativas a la remuneración, tal como se desprende de sus artículos 10, apartado 4, 11, apartado 3, y 12, apartado 3. También existen disposiciones similares que recogen otros capítulos de la Directiva 86/653. ( 63 )

80.

De ello se desprende de manera inequívoca que las normas definidas en la Directiva 86/653 que no están expresamente previstas como imperativas son, en principio, normas de carácter dispositivo. ( 64 ) De ello resulta que, a falta de tales indicaciones expresas en la Directiva 86/653, su artículo 7, apartado 1, letra b), debe considerarse una norma de carácter no imperativo. Tal como ha subrayado Bank Handlowy, no sería lógico que el legislador de la Unión estableciese un conjunto de normas identificadas de manera expresa en la Directiva 86/653 como imperativas si todas las disposiciones de dicha Directiva fueran de carácter imperativo.

81.

Rigall Arteria Management, el Gobierno polaco y la Comisión han planteado, en defensa de la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 como norma de carácter imperativo, un argumento que dimana de su artículo 6, apartado 3. La citada disposición establece que «los artículos 7 a 12 no se aplicarán cuando el agente comercial no sea remunerado, en todo o en parte, mediante comisión». De ello concluyen que, a sensu contrario, los artículos 7 a 12 de la Directiva 86/653 se aplican con carácter imperativo si las partes eligen la comisión como forma de remuneración del agente comercial (incluso si se elige la comisión solo como parte de la remuneración). Esto significa que el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 es una norma imperativa en los casos en los que los agentes comerciales son remunerados mediante una comisión.

82.

En mi opinión, este argumento no es convincente. Puedo coincidir con que el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 86/653 hace aplicable el artículo 7 de la misma si las partes han acordado una remuneración por comisión. Sin embargo, el hecho de que esta última disposición sea aplicable no la convierte en una norma imperativa.

83.

Además, como ha señalado Bank Handlowy, si el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 86/653 permite expresamente a las partes excluir totalmente la comisión como forma de remuneración del agente comercial, también parece permitirse la exclusión de un tipo de comisión como la prevista en su artículo 7, apartado 1, letra b).

84.

Por lo tanto, el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 86/653 sugiere que las partes del contrato de agencia pueden decidir libremente la forma de remuneración del agente comercial y que, si optan por la comisión, pueden recurrir a las normas de sus artículos 7 a 12. Ello incluye las reglas modelo relativas a los posibles tipos de comisión que figuran en el artículo 7, apartado 1, de la misma Directiva.

85.

Así pues, interpretar el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 como norma no imperativa no contradice su artículo 6, apartado 3.

86.

Por otra parte, en apoyo del carácter imperativo del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653, Rigall Arteria Management ha formulado una alegación basada en sus artículos 17 a 19, según la cual si el derecho a la comisión por operaciones repetidas no es de carácter imperativo, ello podría influir en el importe de la indemnización o compensación a la que tienen derecho los agentes comerciales sobre la base del artículo 17 de la misma al finalizar el contrato de agencia. Dado que el artículo 19 de la Directiva 86/653 no permite a las partes establecer excepciones a los artículos 17 y 18 de la misma en detrimento del agente comercial, argumenta esencialmente que interpretar el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicha Directiva como norma no imperativa afectaría al carácter semiimperativo de sus artículos 17 y 18. ( 65 )

87.

No resulta convincente este argumento. En primer lugar, como reconoce la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ( 66 ) la determinación de la indemnización y la compensación previstas en los artículos 17 y 18 de la Directiva 86/653 se evalúa teniendo en cuenta todas las circunstancias propias del caso de que se trate, y no depende exclusivamente de la comisión perdida del agente comercial. En segundo lugar, aun cuando el importe de la comisión media percibida por el agente pudiera influir en el importe de la indemnización a la que tiene derecho al terminar el contrato, esta circunstancia no incidiría sobre la naturaleza semiimperativa de los artículos 17 y 18 de la Directiva 86/653, ni respaldaría la naturaleza imperativa del artículo 1, apartado 1, letra b), de la misma Directiva.

88.

Así pues, la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 como norma no imperativa no está en contradicción con sus artículos 17 a 19.

89.

Por último, Rigall Arteria Management, el Gobierno polaco y la Comisión afirman que sería ilógico que el legislador de la Unión supeditara al acuerdo de las partes determinadas condiciones relativas al derecho a la comisión, pero no otras, como las normas relativas a la extinción del derecho del agente comercial a la comisión establecidas en el artículo 11 de la Directiva 86/653.

90.

Es necesario explicar, en primer lugar, que la cuestión del momento en el que surge, o se extingue, el derecho a percibir la comisión es relevante solo si tal derecho ha existido alguna vez. No hay ninguna razón para hacer obligatorio un tipo de comisión por el mero hecho de que existan normas imperativas sobre la extinción del derecho a la comisión, una vez estipulado tal derecho.

91.

En segundo lugar, en la jurisprudencia ( 67 ) el Tribunal de Justicia ha considerado que el artículo 7 de la Directiva 86/653 debe ser interpretado en relación con los artículos 10 y 11 de la misma, que establecen normas relativas, en general, al momento en que se devenga el derecho del agente comercial a la comisión y a su extinción. No obstante, conviene precisar que en dicha jurisprudencia no se cuestionaba el carácter imperativo del artículo 7 de la Directiva 86/653. Además, estas últimas disposiciones recogen indicaciones expresas en los artículos 10, apartado 4, y 11, apartado 3, de dicha Directiva que prohíben a las partes establecer excepciones a las normas aplicables en detrimento del agente comercial. No sucede así en el caso de su artículo 7, apartado 1, letra b).

92.

Por lo tanto, interpretar el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 como norma no imperativa no es contrario a los artículos 10 ni 11 de esta.

93.

Es preciso añadir, antes de concluir, que, según consta en los autos, la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 como norma no imperativa coincide con el enfoque adoptado en la legislación y la jurisprudencia de varios Estados miembros, entre los que se encuentran Alemania, ( 68 ) Italia, Austria y Polonia, ( 69 ) entre otros. ( 70 ) Esta interpretación se ve además corroborada por una serie de escritos de la doctrina, ( 71 ) entre ellos, de algunos grupos de investigación dedicados al Derecho privado europeo. ( 72 )

94.

En consecuencia, habida cuenta de los motivos anteriormente expuestos, considero que el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653 debe interpretarse como una norma no imperativa y, por tanto, puede ser modificada o excluida por las partes del contrato de agencia.

95.

A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) en los siguientes términos:

«El artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes,

debe interpretarse en el sentido de que

el derecho del agente comercial a la comisión mencionada en dicha disposición puede modificarse o excluirse contractualmente.»