—

en nombre de CM Eurologistik GmbH y Grünwald Logistik Service GmbH (GLS), por el Sr. K. Landry, Rechtsanwalt;

—

en nombre del Consejo de la Unión Europea, por la Sra. S. Boelaert, en calidad de agente, asistida por los Sres. B. O’Connor y S. Crosby, Solicitors, y por el Sr. S. Gubel, avocat;

—

en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. T. Maxian Rusche y R. Sauer, en calidad de agentes;

1

Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la validez del Reglamento de Ejecución (UE) no 158/2013 del Consejo, de 18 de febrero de 2013, por el que se reestablece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados cítricos preparados o conservados (principalmente mandarinas, etc.) originarios de la República Popular China (DO L 49, p. 29).

2

Dichas peticiones se han planteado en el marco de los litigios entre CM Eurologistik GmbH (en lo sucesivo, «Eurologistik») y el Hauptzollamt Duisburg (Oficina principal de aduanas de Duisburg, Alemania), por un lado, y entre Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) (en lo sucesivo, «GLS») y el Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Oficina principal de aduanas de la ciudad de Hamburgo, Alemania), por otro, en relación con la percepción por las citadas autoridades aduaneras de un derecho antidumping sobre las conservas de mandarinas procedentes de la República Popular China importadas por las mencionadas sociedades.

3

El Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51; en lo sucesivo, «Reglamento de base»), que entró en vigor el 11 de enero de 2010, sustituyó, derogándolo, al Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 2117/2005 del Consejo, de 21 de diciembre de 2005 (DO L 340, p. 17) (en lo sucesivo, «Reglamento no 384/96»). El Reglamento de base reproduce, en versión codificada, las disposiciones del Reglamento no 384/96 con idéntico contenido.

4

El artículo 1 del Reglamento de base, titulado «Principios», dispone:

«1.   Podrá aplicarse un derecho antidumping a todo producto objeto de dumping cuyo despacho a libre práctica en la Comunidad cause un perjuicio.

2.   Se considerará que un producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación a la Comunidad sea inferior, en el curso de operaciones comerciales normales, al precio comparable establecido para el producto similar en el país de exportación.

[...]»

5

El artículo 2 del Reglamento de base, titulado «Determinación de la existencia del dumping», es del siguiente tenor:

«A. Valor normal.

1.   El valor normal se basará en principio en los precios pagados o por pagar, en el curso de operaciones comerciales normales, por clientes independientes en el país de exportación.

[...]

7.   

[...]»

6

El artículo 5 del Reglamento de base, titulado «Apertura del procedimiento», establece en su apartado 9:

«Cuando al término de las consultas resulte que existen elementos de prueba suficientes para justificar la apertura de un procedimiento, la Comisión deberá incoarlo en el plazo de cuarenta y cinco días a partir de la presentación de la denuncia y anunciarlo a tal efecto en el Diario Oficial de la Unión Europea. Cuando los elementos de prueba presentados sean insuficientes, se informará al denunciante, previas consultas, en el plazo de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de presentación de la denuncia ante la Comisión.»

7

El artículo 6 del Reglamento de base, titulado «Investigación», dispone:

«1.   Tras la apertura del procedimiento, la Comisión, en cooperación con los Estados miembros, dará comienzo a una investigación en toda la Comunidad. Esta investigación se centrará tanto en el dumping como en el perjuicio, que serán examinados simultáneamente. A efectos de llegar a unas conclusiones representativas, se elegirá un período de investigación que, en el caso del dumping, no deberá ser normalmente inferior a los seis meses inmediatamente anteriores a la apertura del procedimiento. Normalmente no se tendrá en cuenta la información relativa a un período posterior al de investigación.

[...]

9.   Respecto de los procedimientos iniciados en virtud del apartado 9 del artículo 5, la investigación concluirá, siempre que ello sea posible, dentro del plazo de un año. En todo caso la investigación deberá haberse concluido a los quince meses de su inicio, con arreglo a las conclusiones formuladas de conformidad con los artículos 8, en materia de compromisos, o 9, en materia de acción definitiva.»

8

El artículo 11 del Reglamento de base, titulado «Duración, reconsideración y devoluciones» establece lo siguiente:

«1.   Las medidas antidumping sólo tendrán vigencia durante el tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar los efectos perjudiciales del dumping.

2.   Las medidas antidumping definitivas expirarán cinco años después de su imposición o en un plazo de cinco años a partir de la fecha de conclusión de la última reconsideración del dumping y del perjuicio, salvo que durante la reconsideración se determine que la expiración podría conducir a una continuación o a una reaparición del dumping y del perjuicio. [...]

[...]

3.   La necesidad de proseguir con la imposición de medidas también podrá ser reconsiderada por iniciativa de la Comisión [...]

Podrá abrirse una reconsideración provisional cuando la solicitud incluya pruebas suficientes en el sentido de que ya no es necesario seguir imponiendo la medida para contrarrestar el dumping y no parezca probable que el perjuicio continúe o reaparezca en caso de supresión o modificación de las medidas o de que la medida existente ya no sea suficiente para contrarrestar el dumping y sus efectos perjudiciales.

[...]»

9

El artículo 23 del Reglamento de base, titulado «Derogación», dispone lo siguiente:

«Queda derogado el Reglamento (CE) no 384/96.

No obstante, la derogación del Reglamento (CE) no 384/96 se entenderá sin perjuicio de la validez de los procedimientos iniciados con arreglo al mismo.

[...]»

10

Mediante el Reglamento (CE) no 1964/2003 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2003, por el que se imponen medidas provisionales de salvaguardia a las importaciones de determinados cítricos preparados o conservados (principalmente mandarinas, etc.) (DO L 290, p. 3), la Comisión dictó una serie de medidas de protección provisionales frente a las importaciones de mandarinas preparadas o en conserva. Este Reglamento entró en vigor el 9 de noviembre de 2003 y surtió efectos hasta el 10 de abril de 2004.

11

En virtud del Reglamento (CE) no 3285/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, sobre el régimen común aplicable a las importaciones y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 518/94 (DO L 349, p. 53), y del Reglamento (CE) no 519/94 del Consejo, de 7 de marzo de 1994, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de determinados países terceros y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nos 1765/82, 1766/82 y 3420/83 (DO L 67, p. 89), la Comisión adoptó, el 7 de abril de 2004, el Reglamento (CE) no 658/2004, de 7 de abril de 2004, por el que se imponen medidas definitivas de salvaguardia a las importaciones de determinados cítricos preparados o conservados (principalmente mandarinas, etc.) (DO L 104, p. 67), que estuvo en vigor del 11 de abril de 2004 al 8 de noviembre de 2007.

12

Antes de que expirasen estas medidas de salvaguardia, la Federación Española de la Industria Transformadora de Frutas y Legumbres solicitó formalmente que se prorrogaran, petición que fue denegada por la Comisión.

13

El 6 de septiembre de 2007, dicha Federación presentó una denuncia ante la Comisión por un supuesto dumping en las importaciones de diversos cítricos preparados o conservados procedentes de China.

14

Al estimar que la referida denuncia iba acompañada de pruebas suficientes, la Comisión publicó, el 20 de octubre de 2007, el anuncio de inicio de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de determinados cítricos preparados o conservados (principalmente mandarinas, etc.) originarios de la República Popular China (DO C 246, p. 15).

15

En el anuncio se indicaba que el procedimiento concernía a las mandarinas preparadas o conservadas (incluidas las tangerinas y satsumas), clementinas, wilkings y otros híbridos similares de cítricos, sin alcohol añadido, con o sin azúcar añadido u otro edulcorante, según se define en el apartado 2008 de la Nomenclatura Combinada publicada como anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 1549/2006 de la Comisión, de 17 de octubre de 2006 (DO L 301, p. 1; en lo sucesivo, «NC»), originarias de China, normalmente declaradas con los códigos NC 2008 30 55, 2008 30 75 y ex 2008 30 90, si bien el anuncio precisaba que estos códigos NC se indicaban a título meramente informativo. En cuanto a la base para determinar el valor normal de los referidos cítricos, la Comisión exponía en su anuncio que, salvo para los productores y exportadores que aportaran pruebas suficientes de que desarrollaban sus actividades en condiciones de economía de mercado, el denunciante había determinado el valor normal para China, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, ante la ausencia de producción del producto afectado fuera de la Comunidad y del citado país, con arreglo a «otra base razonable», a saber, los precios realmente pagados o pagaderos en la Comunidad por un producto similar, «debidamente ajustados».

16

El 4 de julio de 2008, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) no 642/2008, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de determinados cítricos preparados o conservados (principalmente mandarinas, etc.) originarios de la República Popular China (DO L 178, p. 19). Como se desprende del considerando 12 de dicho Reglamento, el período de la investigación de los hechos relativos al dumping fue el comprendido entre el 1 de octubre de 2006 y el 30 de septiembre de 2007, mientras que el período en que se basó el análisis pertinente para la evaluación del perjuicio abarcó desde el 1 de octubre de 2002 hasta el final del período de investigación. En cuanto a la determinación del valor normal del producto afectado, de los considerandos 38 a 45 se desprende que, al no conseguir que los productores de terceros países cooperaran, se determinó el valor normal, para todos los productores exportadores de la muestra, con arreglo a otra base razonable, a saber, los precios realmente pagados o pagaderos en la Comunidad por un producto similar.

17

El 18 de diciembre de 2008, el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento (CE) no 1355/2008, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados cítricos preparados o conservados (principalmente mandarinas, etc.) originarios de la República Popular China (DO L 350, p. 35), que entró en vigor el 31 de diciembre de 2008. Según el considerando 17 de dicho Reglamento, ninguna de las alegaciones presentadas fue suficiente para poner en entredicho el método utilizado para la determinación del valor normal. En particular, la Comisión argumentó que basarse en datos sobre precios procedentes de otro país importador o en información publicada no habría sido una solución razonable, puesto que la falta de cooperación del «país análogo» habría impedido efectuar las comprobaciones sobre la exactitud de dicha información que prescribe el artículo 6, apartado 8, del Reglamento de base. Además, según el considerando 18 del Reglamento no 1355/2008, se confirmaron los hechos plasmados en los considerandos 38 a 45 del Reglamento no 642/2008.

18

Mediante demanda presentada el 23 de marzo de 2009 en la Secretaría del Tribunal de la Unión Europea, dos empresas afectadas por el derecho antidumping establecido en el Reglamento no 1355/2008 interpusieron un recurso de anulación contra éste.

19

En el asunto Zhejiang Xinshiji Foods y Hubei Xinshiji Foods/Consejo (T‑122/09, EU:T:2011:46), el Tribunal General, mediante sentencia de 17 de febrero de 2011, estimó el recurso, por considerar que el Reglamento no 1355/2008 vulneraba el derecho de defensa y adolecía de falta de motivación y, en consecuencia, lo anuló, en la medida en que afectaba a las dos empresas demandantes en dicho asunto.

20

Mientras se sustanciaba ese procedimiento, el Finanzgericht Hamburg (Tribunal Tributario de Hamburgo), con motivo de un contencioso entre GLS y la Oficina principal de aduanas de la ciudad de Hamburgo relativo a la percepción por esta autoridad tributaria del derecho antidumping establecido en el Reglamento no 1355/2008, planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 11 de mayo de 2010, una cuestión prejudicial sobre la validez de este Reglamento.

21

En su sentencia GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), el Tribunal de Justicia declaró que el Reglamento no 1355/2008 carecía de validez.

22

En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia señaló que, de acuerdo con el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, en el caso de importaciones procedentes de los países sin economía de mercado, tanto la Comisión, que debe llevar a cabo la investigación y adoptar los reglamentos antidumping provisionales, como el Consejo, al que corresponde adoptar los reglamentos antidumping definitivos, deben analizar si es posible determinar el valor normal del producto afectado sobre la base del precio o del valor calculado en un país tercero de economía de mercado o del precio que aplica dicho tercer país a otros países. Sólo si no fuera posible ninguna de tales opciones podrá determinarse el valor normal con arreglo a otra base razonable. Por consiguiente, en la investigación que llevó a la adopción del Reglamento no 1355/2008, y con el fin de buscar un «país análogo» entre los países de economía de mercado, la Comisión habría debido examinar la información de que disponía con la diligencia debida. Pues bien, el Tribunal de Justicia declaró que las estadísticas de Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea) pusieron de manifiesto la existencia, durante los años 2002/2003 a 2006/2007, de importaciones de un volumen notable, en la Unión Europea, de productos clasificados con los códigos NC 2008 30 55, 2008 30 75 y ex 2008 30 90, procedentes de terceros países de economía de mercado, en particular, de Israel, Suazilandia, Tailandia y Turquía. En efecto, las estadísticas en cuestión mostraban los siguientes datos relativos a las importaciones de los referidos productos (en toneladas):

23

En tales circunstancias, el Consejo y la Comisión deberían haber procedido de oficio a examinar si alguno de estos países de economía de mercado podía ser considerado «país análogo» en el sentido del artículo 2, apartado 7, letra a) del Reglamento de base. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia estimó que ambas instituciones incumplieron las exigencias resultantes de dicha disposición, puesto que fijaron el valor normal del producto afectado con arreglo a los precios efectivamente pagados o pagaderos en la Unión por un producto similar, sin haber actuado con la diligencia debida para fijar dicho valor a partir de los precios de ese mismo producto en un país tercero de economía de mercado.

24

En el asunto de referencia, el Tribunal de Justicia señaló, en el apartado 35 de la sentencia GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), en respuesta a una argumentación que negaba la pertinencia de las estadísticas de Eurostat, por un lado, que las estadísticas que solicitó se referían al producto afectado, y, por otro, que, si se comparaban las estadísticas reproducidas en el Reglamento no 642/2008 relativas a las importaciones del producto afectado procedentes de China con las facilitadas al Tribunal de Justicia, podía apreciarse claramente que estas últimas se referían exclusivamente a importaciones de ese mismo producto.

25

El 19 de junio de 2012, la Comisión publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea un Aviso relativo a las medidas antidumping sobre la importación de determinados cítricos preparados o conservados (mandarinas, etc.) originarios de la República Popular China y a la reapertura parcial de la investigación antidumping relativa a la importación de determinados cítricos preparados o conservados (mandarinas, etc.) originarios de la República Popular de China (DO C 175, p. 19), en el que anunciaba su decisión de reabrir la investigación antidumping e indicaba que «la reapertura de la investigación se limitará a la ejecución de las conclusiones del Tribunal de Justicia [que figuran en la sentencia GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158)]». En dicho aviso se informaba también a las autoridades aduaneras de que, a la vista de la mencionada sentencia, la importación en la Unión del producto afectado dejaba de estar sujeta al derecho antidumping, y de que el ya recaudado por tal concepto en virtud del Reglamento no 1355/2008 debía ser reembolsado.

26

El 18 de febrero de 2013, el Consejo adoptó el Reglamento no 158/2013, que entró en vigor el 23 de febrero de 2013 y expiró el 31 de diciembre del mismo año.

27

Los considerandos 32, 33, 43, 47, 48, 54 y 86 del Reglamento no 158/2013 rezan del siguiente modo:

[...]

[...]

[...]

[...]

28

CM Eurologistik se dedica a la prestación de servicios de almacenamiento y distribución. El 20 de marzo de 2013, CM Eurologistik almacenó en régimen de depósito aduanero debidamente autorizado 48000 cajas de 24 latas de mandarinas en conserva sin alcohol añadido y con adición de azúcar (13,95 %), de 312 gramos (g) cada una, correspondientes a la subpartida 2008 30 75 90 del TARIC (Arancel Integrado Comunitario) procedentes de China. El 25 de marzo de 2013 procedió a efectuar un segundo depósito de igual cantidad de mercancías en el mismo régimen.

29

En abril de 2013, CM Eurologistik retiró del depósito aduanero el equivalente en las mencionadas latas a cerca de 19296 kilogramos (kg), en tres partidas, y, a continuación, presentó una declaración de despacho a libre práctica para estas mercancías.

30

El 7 de mayo de 2013, la Oficina principal de aduanas de Duisburg practicó a CM Eurologistik una liquidación de derechos antidumping por un importe de 9657,99 euros.

31

CM Eurologistik interpuso una reclamación contra dicha liquidación por entender que el Reglamento no 158/2013 carecía de validez.

32

La citada Oficina, al considerar que actuaba obligada por el Reglamento no 158/2013, y que en la aplicación que hizo de éste no había incurrido en ningún error, desestimó la reclamación, por resolución de 9 de septiembre de 2013.

33

CM Eurologistik formuló un recurso contra dicha resolución ante el Finanzgericht Düsseldorf (Tribunal Tributario de Düsseldorf), invocando el mismo motivo que alegó en su reclamación.

34

El Finanzgericht Düsseldorf (Tribunal Tributario de Düsseldorf) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Es válido el Reglamento no 158/2013?»

35

GLS se dedica a importar en la Unión Europea mandarinas en conserva procedentes de China.

36

La Oficina principal de aduanas de Hamburgo practicó a GLS, el 3 de abril de 2013, una liquidación de derechos de importación de la que resultaba, entre otros conceptos, el importe de 62983,52 euros por derechos antidumping exigidos en virtud del Reglamento no 158/2013.

37

El 30 de abril de 2013, GLS interpuso una reclamación ante dicha Oficina contra la liquidación de derechos antidumping por entender que el Reglamento no 158/2013 carecía de validez.

38

Mediante resolución de 24 de mayo de 2013, la reclamación fue desestimada por infundada. En este caso, la autoridad aduanera declaró no ser competente para examinar la validez de los Reglamentos adoptados por las instituciones europeas.

39

El 26 de junio de 2013, GLS formuló un recurso contra dicha resolución ante el Finanzgericht Hamburg (Tribunal Tributario de Hamburgo).

40

El Finanzgericht Hamburg (Tribunal Tributario de Hamburgo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Es válido el Reglamento no 158/2013, a pesar de no haberse llevado a cabo una investigación antidumping autónoma inmediatamente antes de su adopción, sino que únicamente se reabrió la investigación antidumping ya emprendida en su momento para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2006 y el 30 de septiembre de 2007, la cual, sin embargo, había sido realizada incumpliendo las obligaciones derivadas del Reglamento no 384/96, según las conclusiones a que llegó el Tribunal de Justicia en su sentencia GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), y por cuya razón este Tribunal, en la indicada sentencia, [declaró la invalidez del] Reglamento no 1355/2008 adoptado a raíz de dicha investigación?»

41

Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2014, se ordenó la acumulación de los asuntos C‑283/14 y C‑284/14 a efectos de las fases escrita y oral, así como de la sentencia.

42

De la fundamentación de las peticiones de decisión prejudicial se deduce que las dudas expresadas por ambos órganos jurisdiccionales remitentes sobre la validez del Reglamento no 158/2013 se basan, en algunos casos, en idénticas consideraciones. Teniendo en cuenta el objeto de éstas, procede estimar que, mediante sus respectivas cuestiones, que deben ser examinadas, para cada parte, conjuntamente, los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan, en esencia, si el Reglamento no 158/2013 carece de validez por los siguientes motivos:

43

Las recurrentes en los litigios principales alegan en sus observaciones dos motivos más de invalidez del Reglamento no 158/2013, basados, en esencia, en que no se tuvo en cuenta el ámbito de aplicación temporal del Reglamento de base, y en que se infringió el artículo 2, apartado 7, letra a), de dicho Reglamento.

44

Ahora bien, según reiterada jurisprudencia, el procedimiento regulado en el artículo 267 TFUE se basa en una nítida separación de funciones entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia, de manera que corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión judicial que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia (sentencia Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, apartado 26).

45

De una jurisprudencia bien asentada resulta asimismo que el artículo 267 TFUE no abre una vía de recurso para las partes en un litigio suscitado ante el juez nacional, de modo que el Tribunal de Justicia no puede, en principio, entrar a valorar la validez de un acto de la Unión por la mera razón de que tal cuestión haya sido invocada ante él mismo por una de las partes en sus observaciones escritas (véase, en este sentido, la sentencia Simon, Evers & Co., EU:C:2014:2154, apartado 27 y jurisprudencia citada).

46

Tales circunstancias determinan que no proceda ampliar el examen de la validez del Reglamento no 158/2013 para incluir en el mismo motivos a los que los órganos jurisdiccionales remitentes no han hecho referencia.

47

Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente en el asunto C‑284/14 solicita que se dilucide, en esencia, si el Reglamento no 158/2013 carece de validez por el hecho de que el Consejo y la Comisión decidieran reabrir el procedimiento pese a que ni el Reglamento no 384/96 ni el Reglamento de base que lo sucedió les facultaban para ello.

48

A este respecto, procede recordar que, cuando el Tribunal de Justicia declara, en el marco de un procedimiento iniciado con arreglo al artículo 267 TFUE, la invalidez de un acto de la Unión, se aplica por analogía la obligación impuesta por el artículo 266 TFUE para los casos de sentencias de anulación, es decir, que su resolución produce la consecuencia jurídica de obligar a las instituciones afectadas a adoptar las medidas necesarias para suprimir la ilegalidad declarada (véase, en este sentido, la sentencia Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, apartado 124 y jurisprudencia citada).

49

Para satisfacer dicha obligación, las instituciones afectadas deberán respetar no sólo el fallo de la sentencia de anulación o de declaración de invalidez, sino también los motivos que han conducido a aquél y que constituyen su sustento necesario, en el sentido de que son indispensables para determinar el significado exacto de lo que ha sido resuelto en el fallo. Tales motivos, en efecto, identifican, por una parte, la disposición considerada ilegal, y revelan, por otra parte, las causas de la ilegalidad declarada en el fallo, que la institución de que se trate habrá de tener en cuenta a la hora de adoptar el acto que sustituya al anulado o declarado inválido (véanse, en este sentido, las sentencias Asteris y otros/Comisión, 97/86, 99/86, 193/86 y 215/86, EU:C:1988:199, apartado 27; España/Comisión, C‑415/96, EU:C:1998:533, apartado 31, así como Italia/Comisión,C‑417/06 P, EU:C:2007:733, apartado 50).

50

Dicho esto, es preciso recordar, por un lado, que el artículo 266 TFUE sólo obliga a las instituciones de las que emane el acto anulado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de anulación (sentencia Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros, C‑310/97 P, EU:C:1999:407, apartado 50), y, por otro, que la anulación de un acto de la Unión no afecta necesariamente a los actos preparatorios de éste (sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, EU:C:2002:582, apartado 73).

51

Por lo tanto, si la irregularidad constatada no conlleva la nulidad de todo el procedimiento, dichas instituciones podrán reabrir éste, con el fin de sustituir un acto anterior anulado o declarado inválido, en el punto en el que se cometió la infracción (véase, en este sentido, la sentencia Italia/Comisión, C‑417/06 P, EU:C:2007:733, apartado 52 y jurisprudencia citada).

52

A la vista de las anteriores consideraciones, no es necesario que la normativa aplicable haya autorizado expresamente a que se opte por reabrir el procedimiento para que las instituciones que adoptaron un acto anulado o declarado inválido puedan recurrir a dicha posibilidad. El Tribunal de Justicia, por otra parte, ya tuvo ocasión de reconocerles tal facultad, sin referirse a una base jurídica concreta, a raíz de una sentencia por la que se anuló un reglamento que establecía derechos antidumping (véase, en este sentido, la sentencia Industrie des poudres sphériques/Consejo, C‑458/98 P, EU:C:2000:531, apartados 82 y 94).

53

En los litigios principales, la irregularidad declarada por el Tribunal de Justicia en la sentencia GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158) consistía en que la Comisión no había examinado de oficio si alguno de los países mencionados en las estadísticas de Eurostat de que disponía al tiempo de la investigación podía ser considerado un país análogo en el sentido del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base y, por tanto, ni ella ni el Consejo habían actuado con la diligencia debida para fijar el valor normal del producto afectado con arreglo al precio de ese mismo producto en un país tercero de economía de mercado.

54

Dado que tal infracción no afectó a todo el procedimiento, sino únicamente a la fase de determinación de dicho valor normal, el Consejo y la Comisión podían decidir reanudarlo, con el fin de ejecutar la sentencia GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), precisamente en la indicada fase, pese a que ni el Reglamento no 384/96 ni el Reglamento de base que lo sucedió les facultaban expresamente para ello.

55

En consecuencia, el hecho de que ni el Reglamento no 384/96 ni el Reglamento de base que lo sucedió hayan autorizado al Consejo ni a la Comisión a reanudar el procedimiento después de que un reglamento antidumping fuera declarado inválido no conlleva la invalidez del Reglamento no 158/2013.

56

Los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan, en esencia, si el hecho de que la investigación haya concluido más de quince meses después de haber sido iniciada, lo que, a su juicio, vulnera el artículo 6, apartado 9, del Reglamento de base, determina, por tal motivo, la invalidez del Reglamento no 158/2013.

57

A este respecto, como se ha recordado en el apartado 54 de la presente sentencia, cuando la infracción se produce durante la investigación, como ocurrió en los litigios principales, debe permitirse a las instituciones afectadas que procedan a reabrir el procedimiento en el punto de la investigación en el que se cometió la infracción.

58

Es cierto que, con arreglo al artículo 6, apartado 9, la investigación consiguiente a la apertura de un procedimiento antidumping deberá, en todo caso, haber concluido a los quince meses de su inicio.

59

Ahora bien, hay que señalar que dicho artículo está haciendo referencia únicamente al procedimiento incoado en virtud del artículo 5, apartado 9, del Reglamento de base, es decir, al procedimiento inicial, y, por tanto, su mandato no es aplicable al procedimiento que ha sido reanudado tras una sentencia de anulación o de declaración de invalidez.

60

Por lo demás, contrariamente al objetivo que persigue la norma de referencia al imponer una duración máxima de quince meses, a saber, garantizar que los procedimientos regulados en el Reglamento de base se instruyan con la diligencia debida, la interpretación del artículo 6, apartado 9, que propugnan los órganos jurisdiccionales remitentes llevaría, en la práctica, a prolongar más de lo necesario tales procedimientos, por cuanto las instituciones, ante sentencias de la clase indicada, se verían en la obligación de reiniciarlos completamente, demorando, con ello, la conclusión de los mismos.

61

De cuanto antecede resulta que la norma que impone el plazo máximo de los quince meses no es aplicable al procedimiento en cuestión, por tratarse de un procedimiento que ha sido reanudado, de manera que no ha lugar a declarar que el Reglamento no 158/2013 carece de validez por el motivo alegado por los órganos jurisdiccionales remitentes.

62

Los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan, en esencia, si el hecho de que el Consejo y la Comisión no decidieran iniciar una nueva investigación de los hechos relativos al dumping que abarcara un período de referencia más reciente, lo que, a su juicio, vulnera el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de base, determina, por tal motivo, la invalidez del Reglamento no 158/2013.

63

A este respecto, debe recordarse que, a tenor del citado artículo 6, apartado 1, el período de referencia de la investigación no deberá ser normalmente inferior a los seis meses inmediatamente anteriores a la apertura del procedimiento.

64

A pesar de ello, a efectos de la ejecución de la sentencia GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), el Consejo y la Comisión optaron por reabrir el procedimiento en la fase de la investigación de los hechos relativos al dumping basándose en el mismo período de referencia inicial.

65

Ahora bien, el Tribunal de Justicia ya tuvo ocasión de declarar, con relación al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CEE) no 2423/88 del Consejo, de 11 de julio de 1988, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (DO L 209, p. 1), que contiene disposiciones idénticas a las del artículo 6, apartado 1, del Reglamento de base, que las reglas para la determinación del período de referencia que debe tomarse en consideración para las investigaciones antidumping mencionadas en dicha disposición no son normas de Derecho necesario, sino meramente indicativas (sentencia Industrie des poudres sphériques/Consejo, C‑458/98 P, EU:C:2000:531, apartado 88).

66

Es cierto que, como han observado los órganos jurisdiccionales remitentes, de acuerdo con el apartado 92 de la sentencia Industrie des poudres sphériques/Consejo (C‑458/98 P, EU:C:2000:531), a fin de poder determinar los derechos antidumping que resultan adecuados para proteger la industria comunitaria contra las prácticas de dumping, la investigación debe realizarse sobre la base de informaciones tan actuales como sea posible.

67

Pero también es cierto que, en virtud del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, las instituciones podrán mantener otros cinco años, basándose en datos relativos a un mismo período de referencia, derechos antidumping que resulten adecuados para proteger la industria comunitaria contra las prácticas de dumping.

68

Pues bien, en el caso de autos, si bien las instituciones fundaron la adopción del Reglamento no 158/2013 en datos relativos al período de referencia que fue utilizado para adoptar el Reglamento no 1355/2008, debe observarse que aquel reglamento se limitó a reestablecer derechos antidumping con los mismos efectos temporales que los previstos en éste, que fue declarado inválido en la sentencia GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158).

69

En tales circunstancias, habida cuenta de que en los presentes asuntos las instituciones tenían la obligación de deducir las consecuencias de una sentencia de invalidación subsanando una irregularidad que sólo había afectado parcialmente al procedimiento ya instruido, la información recabada en la investigación era lo bastante actual, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 66 de la presente sentencia, como para justificar el establecimiento de derechos antidumping con efectos limitados a la vigencia del Reglamento no 158/2013.

70

En consecuencia, una vez reabierto el procedimiento, el Consejo y la Comisión podían decidir, sin riesgo de conculcar el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de base, determinar el valor normal del producto afectado sin utilizar un período de referencia más reciente. Por lo tanto, no ha lugar a declarar la invalidez del Reglamento no 158/2013 por la ausencia de una investigación nueva.

71

El órgano jurisdiccional remitente en el asunto C‑283/14 pregunta, en esencia, si el Reglamento no 158/2013 es inválido en la medida en que, para justificar la decisión del Consejo y de la Comisión de utilizar de nuevo el período de referencia inicial, hace valer, en los considerandos 43 y 86, unas razones que, a su juicio, carecen de fundamento, a saber, que cualquier investigación relativa a un período más reciente habría resultado distorsionada por la existencia de los derechos antidumping establecidos, primero, por el Reglamento no 642/2008, y después, por el Reglamento no 1355/2008, y que, como consecuencia de lo anterior, el instrumento más adecuado para analizar datos más actuales es la reconsideración provisional conforme al artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base.

72

Dicho órgano jurisdiccional afirma, por un lado, que en el período de investigación inicial, comprendido entre el 1 de octubre de 2006 y el 30 de septiembre de 2007, también estaban vigentes las medidas de salvaguardia establecidas en virtud de los Reglamentos no 1964/2003 y no 658/2004. Pero ello no impidió a las citadas instituciones utilizar el referido ámbito temporal como período de referencia. Por otro lado, la posibilidad prevista por el artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base, de que una reconsideración provisional utilice como período de referencia un momento en el que ya rige otro derecho antidumping, es igualmente aplicable a los casos de reapertura del procedimiento antidumping.

73

Sin embargo, en los apartados 54 y 70 de la presente sentencia se ha concluido que el Consejo y la Comisión, a los efectos de la ejecución de la sentencia GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), podían decidir legalmente reabrir el procedimiento en la fase de la investigación destinada a determinar el valor normal del producto afectado sin recurrir a un período de referencia más actual. En tales circunstancias, aun reconociendo que las razones expuestas en los considerandos 43 y 86 del Reglamento no 158/2013 para justificar la decisión del Consejo y de la Comisión de utilizar de nuevo el período de referencia inicial fueran infundadas, la conclusión anterior no quedaría, por ello, desvirtuada. Por consiguiente, no ha lugar a declarar la invalidez del Reglamento no 158/2013 por el motivo aquí invocado.

74

Los órganos jurisdiccionales remitentes solicitan que se dilucide si el Reglamento no 158/2013 carece de validez por el hecho de que el Consejo y la Comisión hayan estimado, en los considerandos 32 y 33 de aquél, en contra de la posición adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), que el código 2008 30 90 de la NC incluía productos distintos del producto afectado y, consecuentemente, se hayan basado en volúmenes de importación de ese producto distintos de los que figuran en dicha sentencia.

75

A este respecto, debe recordarse que, en los casos en los que un acto ha sido anulado o declarado inválido, el artículo 266 TFUE no impone a las instituciones de las que emanó más obligación que la de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de la Unión.

76

Las instituciones disponen, por tanto, de un amplio margen de apreciación a la hora de decidir qué medios utilizar para hacer efectivas las consecuencias de una sentencia de anulación o de declaración de invalidez, siempre y cuando los medios elegidos sean compatibles con el fallo de la correspondiente sentencia y con los motivos que constituyen su sustento necesario, como se ha recordado en el apartado 49 de la presente sentencia.

77

Es cierto que para ejecutar la sentencia GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158) del presente caso, el Consejo y la Comisión llevaron a cabo un examen en profundidad de diversos datos estadísticos de Eurostat relativos a los volúmenes de importaciones que se mencionaban en ella. Ahora bien, al llegar a conclusiones diferentes sobre qué clase de productos pertenecen al código 2008 30 90 de la NC, las citadas instituciones declararon, como resultado de tal examen, que algunos volúmenes de importación eran distintos de los mencionados por el Tribunal de Justicia.

78

No obstante, en la sentencia GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), el Tribunal de Justicia no estimó necesario proceder a un análisis en profundidad del contenido de esos datos para declarar la invalidez del Reglamento no 1355/2008. Dicho Tribunal declaró que, puesto que las estadísticas aportaban indicios de que el producto afectado se fabricaba en cantidades considerables en Israel, Suazilandia, Tailandia y Turquía, que eran países de economía de mercado, la Comisión incumplió su deber de examinar de oficio si alguno de los países mencionados en las estadísticas de Eurostat de que disponía en la investigación podía constituir un país análogo en el sentido del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base.

79

De este modo, las conclusiones del Tribunal de Justicia acerca de los productos pertenecientes, según las estadísticas de Eurostat, al código 2008 30 90 de la NC, o acerca de los volúmenes de importaciones del producto afectado que se mencionan en tales estadísticas, eran vinculantes para las instituciones por cuanto que, como señaló el Tribunal de Justicia en el apartado 34 de la sentencia GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), obligaban a la Comisión a examinar de oficio si alguno de los países relacionados en las estadísticas podía constituir un país análogo en el sentido del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base.

80

Pues bien, a pesar de la interpretación de las referidas estadísticas plasmada en los considerandos 31 a 33 del Reglamento no 158/2013, de los considerandos 47 y 48 de éste se desprende que las instituciones sí que tuvieron en cuenta las conclusiones del Tribunal de Justicia al respecto, al proceder a las comprobaciones requeridas en relación con cada uno de los países mencionados en las mismas estadísticas que había analizado el Tribunal de Justicia en la sentencia GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158).

81

En tales circunstancias, al estimar, en contra de la posición adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), que el código 2008 30 90 de la NC incluía productos distintos del producto afectado y, consecuentemente, basarse en volúmenes de importaciones de éste distintos de los que figuran en dicha sentencia, el Consejo y la Comisión no vulneraron el artículo 266 TFUE.

82

En consecuencia, no ha lugar a declarar que el Reglamento no 158/2013 carece de validez por vulnerar el artículo 266 TFUE.

83

Habida cuenta del conjunto de consideraciones anteriores, procede declarar que el examen de las cuestiones planteadas no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez del Reglamento no 158/2013.

84

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

El examen de las cuestiones planteadas no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez del Reglamento de Ejecución (UE) no 158/2013 del Consejo, de 18 de febrero de 2013, por el que se reestablece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados cítricos preparados o conservados (principalmente mandarinas, etc.) originarios de la República Popular China.