I. Introducción

II. Antecedentes del litigio y sentencia recurrida

III. Pretensiones de las partes y procedimiento seguido ante el Tribunal de Justicia

IV. Sobre el fundamento del control de legalidad de las normas de Derecho derivado en relación con el Derecho internacional convencional (primer motivo de los recursos de casación)

A. Alegaciones de las partes

B. Sobre los efectos del Derecho internacional en el Derecho de la Unión

V. Sobre una solución alternativa al objeto de realizar el control de legalidad — justificación de la devolución del asunto al Tribunal General

A. Sobre la posibilidad de invocar directamente las normas convencionales a efectos del control de legalidad del Derecho derivado de la Unión

1. Sobre el «efecto directo» como filtro del control de legalidad

2. Sobre la adaptación de los requisitos exigidos para la invocación directa

B. El artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus como norma de referencia a efectos del control de legalidad

VI. Análisis subsidiario del control de legalidad

A. Observaciones preliminares

B. Alegaciones expuestas por la Comisión en su segundo motivo casacional

C. Sobre la existencia de un control de las infracciones del Derecho medioambiental en el contexto del Convenio de Aarhus

D. Sobre la amplitud del control de las infracciones del Derecho medioambiental en el Reglamento de Aarhus

E. Reflexiones complementarias

VII. Sobre la adhesión a la casación

VIII. Conclusión

1.

El presente conjunto de recursos de casación suscita cuestiones fundamentales para el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Efectivamente, planteando una problemática de naturaleza constitucional, refleja la tensión que existe entre la necesidad de preservar la autonomía del Derecho de la Unión y la voluntad de cumplir compromisos que se derivan de acuerdos de los que la Unión es parte.

2.

La singularidad de los presentes asuntos estriba en que el acuerdo internacional en cuestión, cual es Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»), aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, ( 2 ) tiene por objeto, en particular, conceder a las organizaciones de defensa del medio ambiente derechos especiales en los procedimientos con el fin de proteger, en pro del interés general, el medio ambiente, entendiendo éste como bien común. Así pues, este supuesto rompe la dicotomía entre actores públicos y privados que ha sido el prisma utilizado tradicionalmente para analizar los efectos internos de las obligaciones derivadas de convenios internacionales. ( 3 )

3.

Así pues, el Tribunal de Justicia está llamado a volver a analizar, en el contexto concreto del Convenio de Aarhus, las condiciones en las que se pueden invocar ( 4 ) las disposiciones del Derecho internacional convencional, en los procedimientos de anulación cuyo fin es el control de legalidad del Derecho derivado de la Unión, ante los órganos jurisdiccionales de ésta.

4.

El presente conjunto de asuntos tiene su origen en la existencia de dos disposiciones independientes, una primera de Derecho internacional convencional y otra segunda de Derecho derivado de la Unión y cuyo objetivo es la aplicación de la primera.

5.

Efectivamente, el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus, relativo al «acceso a la justicia», establece que, «sin perjuicio de los procedimientos de recurso a que se refieren los apartados 1 y 2 supra, cada Parte velará por que los miembros del público que reúnan los eventuales criterios previstos por su derecho interno puedan entablar procedimientos administrativos o judiciales para impugnar las acciones u omisiones de particulares o de autoridades públicas que vulneren las disposiciones del derecho medioambiental nacional». El alcance de dicha disposición queda precisado por el apartado 4 del mismo artículo, que exige, concretamente, que los procedimientos a que se refiere el apartado 3 ofrezcan recursos suficientes y efectivos, en particular una orden de reparación, si procede, y que sean objetivos, equitativos y rápidos, sin que su costo sea prohibitivo.

6.

La aplicación de las disposiciones del Convenio de Aarhus a las instituciones y organismos de la Unión está regulada por el Reglamento (CE) no 1367/2006 ( 5 ) (en lo sucesivo, «Reglamento de Aarhus»). De conformidad con el artículo 10, apartado 1, de dicho Reglamento, relativo al procedimiento de «revisión interna de actos administrativos», «cualquier organización no gubernamental que cumpla los criterios enunciados en el artículo 11 [ ( 6 ) ] podrá efectuar una solicitud de revisión interna ante la institución u organismo comunitario que haya adoptado un acto administrativo con arreglo al Derecho medioambiental o, en caso de supuesta omisión administrativa, que hubiera debido adoptar dicho acto». En cambio, el concepto de «acto administrativo», en la acepción de dicho Reglamento, se define en su artículo 2, apartado 1, letra g), como «cualquier medida de alcance individual conforme al Derecho medioambiental, adoptada por una institución u organismo comunitario y que surta efecto jurídicamente vinculante y externo». Así pues, el legislador de la Unión ha excluido del ámbito del control que pueden poner en marcha las organizaciones de defensa del medio ambiente los actos de alcance general.

7.

En su sentencia Vereniging Milieudefensie y Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Comisión, T‑396/09, EU:T:2012:301 (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), el Tribunal General procedió a realizar un control de legalidad del Reglamento de Aarhus en relación con el Convenio de Aarhus, basándose en la jurisprudencia establecida por las sentencias Fediol/Comisión y Nakajima/Consejo respecto de las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en lo sucesivo, «GATT») y del Acuerdo por el que se establece la OMC. ( 7 )

8.

Aun cuando me parece que, por el referido motivo, la sentencia del Tribunal General adolece de un error de Derecho que debe conllevar su anulación, no es menos cierto que el aspecto esencial de dicho error está relacionado con las condiciones establecidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para la invocación de las normas convencionales, condiciones que no se diría que constituyan un conjunto plenamente coherente. Según dicha jurisprudencia, para ser criterio de validez de un acto del Derecho de la Unión, la norma convencional debe ser incondicional y suficientemente precisa, y, por lo tanto, debe estar dotada de efecto directo. ( 8 ) Pues bien, al buscar, acertadamente, una solución que le permitiera comprobar si el Reglamento de Aarhus es conforme al Convenio de Aarhus, el Tribunal General intentó claramente eludir dicho requisito. ( 9 ) A mi entender, debe prestarse atención a lo que, con ello, quiso transmitir el Tribunal General.

9.

Por consiguiente, si se compartiera mi análisis sobre el error en que incurrió el Tribunal General, el Tribunal de Justicia se encontraría ante la disyuntiva siguiente: si no albergara duda alguna, cabría la posibilidad de que diera continuidad a la jurisprudencia plasmada en la sentencia Intertanko y otros, ( 10 ) que supedita el control de validez al criterio del efecto directo, cerrando así pues de manera definitiva, tanto en el ámbito de la Unión como en el de los Estados miembros, las vías de control de legalidad del Derecho interno adoptadas en aplicación del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus.

10.

Sin embargo, por los motivos que después expondré, me parece preferible que el Tribunal de Justicia opte por adaptar las condiciones en las que se pueden invocar las disposiciones en cuestión, siguiendo en particular el enfoque adoptado en la sentencia denominada «Biotech», ( 11 ) que descartó explícitamente que el efecto útil fuera un requisito universal para poder invocar dichas disposiciones en el contexto del control de legalidad.

11.

Por consiguiente, incluso en el supuesto de que se devolviera el asunto al Tribunal General, la relajación de las condiciones en las que pueden invocarse las disposiciones en cuestión permitiría que el Tribunal General se asegurara, basándose para ello en el fundamento apropiado, de si, al adoptar el Reglamento de Aarhus, el legislador comunitario concedió a los justiciables, a la luz del Convenio de Aarhus, un nivel de tutela judicial suficiente.

12.

Los asuntos tienen su origen en una Decisión de 7 de abril de 2009 ( 12 ) mediante la que la Comisión Europea concedió al Reino de los Países Bajos una excepción temporal a las obligaciones establecidas en la Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa ( 13 ) (en lo sucesivo, «Decisión de la excepción»).

13.

Mediante carta de 18 de mayo de 2009, Vereniging Milieudefensie y Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (en lo sucesivo, «organizaciones de defensa del medio ambiente») efectuaron ante la Comisión una solicitud de revisión interna de la Decisión de la excepción, al amparo del artículo 10, apartado 1, del Reglamento de Aarhus. Mediante la Decisión C(2009) 6121, de 28 de julio de 2009 (en lo sucesivo, «Decisión de inadmisibilidad»), la Comisión desestimó por inadmisible dicha solicitud, alegando que la Decisión de la excepción no era una medida de alcance individual, por lo que no podía ser objeto del procedimiento de revisión interna previsto en el Reglamento de Aarhus. Ante ello, las organizaciones de defensa del medio ambiente interpusieron recurso ante el Tribunal General.

14.

En la sentencia impugnada, tras haber desestimado el motivo invocado por las organizaciones de defensa del medio ambiente al objeto de que se declarara que la Decisión de la excepción era una medida individual, el Tribunal General estimó una excepción de ilegalidad formulada por dichas organizaciones contra el artículo 10, apartado 1, del Reglamento de Aarhus, en relación con el artículo 2, apartado 1, letra g), de la misma norma, y basada en la incompatibilidad de dichas disposiciones con el Convenio de Aarhus. En consecuencia, y a solicitud de las organizaciones de defensa del medio ambiente, el Tribunal General anuló la Decisión de inadmisibilidad.

15.

La descripción detallada de los hechos y del procedimiento que dio lugar al litigio se encuentra en la sentencia impugnada.

16.

Mediante el recurso de casación que interpuso el 3 de septiembre de 2012 (asunto C‑401/12 P), el Consejo de la Unión Europea solicita que el Tribunal de Justicia anule la sentencia impugnada, desestime en su totalidad la demanda de las organizaciones de defensa del medio ambiente y condene a éstas solidariamente en costas.

17.

Mediante el recurso de casación que interpuso el 24 de agosto de 2012 (asunto C‑402/12 P), el Parlamento Europeo solicita que el Tribunal de Justicia anule la sentencia impugnada, desestime en cuanto al fondo la demanda interpuesta en primera instancia por las organizaciones de defensa del medio ambiente y condene a éstas a cargar con las costas causadas en dicho recurso de casación.

18.

Mediante el recurso de casación que interpuso el 27 de agosto de 2012 (asunto C‑403/12 P), la Comisión solicita que el Tribunal de Justicia anule la sentencia impugnada, se pronuncie sobre el fondo del asunto y desestime el recurso de anulación interpuesto para obtener la anulación de la Decisión de inadmisibilidad, así como que el Tribunal de Justicia condene a las que eran demandantes en primera instancia a cargar con las costas causadas por la Comisión en primera instancia y en dicho recurso de casación.

19.

Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 21 de noviembre de 2012, se ordenó la acumulación de los asuntos C‑401/12 P, C‑402/12 P y C‑403/12 P a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.

20.

Con fecha 25 de febrero de 2013, las organizaciones de defensa del medio ambiente presentaron escrito de contestación a los recursos de casación. Tras la solicitud de la subsanación de determinados defectos, dichas partes interpusieron con fecha de 1 de marzo de 2013 recurso de casación adhesivo, con arreglo al artículo 176, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.

21.

El Consejo, el Parlamento, la Comisión, las organizaciones de defensa del medio ambiente y el Gobierno checo ( 14 ) fueron oídos en la vista celebrada el 10 de diciembre de 2013.

22.

Mediante sus primeros motivos de casación, el Consejo, el Parlamento y la Comisión sostienen, en lo esencial, que en el presente asunto no cabe control alguno de validez del Reglamento de Aarhus, habida cuenta de que el Tribunal de Justicia reconoció en la sentencia Lesoochranárske zoskupenie ( 15 ) la falta de efecto directo del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus y de que las condiciones fijadas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para la admisión del control de legalidad de los actos de Derecho derivado revestían un carácter excepcional. Por consiguiente, dichas partes entienden que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al apartarse del enfoque que se deriva de la sentencia Lesoochranárske zoskupenie y al basarse en la jurisprudencia establecida por las sentencias Fediol/Comisión y Nakajima/Consejo, ( 16 ) que abre una puerta al control de la legalidad de los actos de Derecho derivado en casos excepcionales.

23.

A este respecto, las referidas partes recurrentes en casación coinciden en considerar que, dado que las excepciones deben interpretarse restrictivamente, ( 17 ) las disposiciones del Reglamento de Aarhus no cumplen en ningún caso los requisitos fijados en la jurisprudencia Fediol/Comisión y Nakajima/Consejo.

24.

Para el Consejo, la sentencia Fediol/Comisión tiene por objeto los supuestos en que un acto de la Unión remite explícitamente a disposiciones determinadas de un acuerdo internacional. Según el Consejo, no es ése el caso del Reglamento de Aarhus, ya que entiende que la mera referencia a un instrumento internacional en un acto de Derecho derivado no basta para justificar que éste último pueda ser sometido a control jurisdiccional en relación con dicho instrumento. Del mismo modo, a juicio del Consejo, el Tribunal General no puede basarse en la sentencia Nakajima/Consejo, puesto que la misma se ocupa de una situación distinta, en la que el acto de Derecho de la Unión pretende cumplir una obligación «concreta» del acuerdo internacional.

25.

El Parlamento comparte el referido análisis de la sentencia Fediol/Comisión. Por lo que se refiere a la sentencia Nakajima/Consejo, el Parlamento destaca que el ámbito de aplicación de dicha jurisprudencia es muy limitado ( 18 ) y que se refiere a los casos en que la Unión pretende «cumplir» una «obligación concreta». Por tanto, según el Parlamento, no se trata de supuestos en que la Unión se atenga a sus obligaciones internacionales en general pero disponga de un margen de discrecionalidad sobre cómo atenerse a las obligaciones que le incumben en virtud de un acuerdo internacional determinado, ( 19 ) sino de cumplir un acuerdo que impone a la Unión la obligación positiva de actuar de una cierta forma y que no le deja ningún margen de discrecionalidad. ( 20 )

26.

Por su parte, la Comisión añade que la sentencia Nakajima/Consejo tiene su origen en los asuntos antidumping y que su aplicación práctica en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se ha limitado casi en exclusiva a supuestos de control, por vía incidental, de la conformidad de los reglamentos antidumping de la Unión con las disposiciones de los Códigos antidumping del GATT de 1979 y 1994. Según la Comisión, no es posible interpretar que dicha sentencia tenga por objeto todos los casos en los que la Unión adopte una medida para cumplir con las obligaciones que recaen sobre ella en el contexto de los convenios internacionales.

27.

En el escrito de contestación a los recursos de casación, las organizaciones de defensa del medio ambiente solicitan que el Tribunal de Justicia «valide la sentencia impugnada, corrigiendo o no los motivos en que se basó [y] desestime en todos sus puntos los recursos de casación interpuestos por la Comisión, el Consejo y el Parlamento». Dichas organizaciones estiman que la naturaleza y el objeto del Convenio de Aarhus no obstan al control de validez y que en el presente asunto se cumplen los requisitos de la sentencia Fediol/Comisión, puesto que el Reglamento de Aarhus recoge varias referencias a dicho Convenio.

28.

Se ha dicho que para entender y apreciar las actitudes de los jueces nacionales frente a los acuerdos internacionales es necesario llegar hasta las bases constitucionales del Estado. ( 21 ) Tal exigencia resulta aún más imperiosa en los presentes asuntos, puesto que el Tribunal de Justicia debe precisar las normas de referencia aplicables al control de legalidad de los efectos internos del Convenio de Aarhus en el ordenamiento jurídico de la Unión, mientras que durante décadas la jurisprudencia relativa a las relaciones que existen entre el Derecho internacional y el Derecho de la Unión ha dado lugar a principios cuya aplicación no siempre ha estado libre de dudas.

29.

Como ya he indicado, mi opinión es que, al aplicar al presente asunto la jurisprudencia derivada de las sentencias Fediol/Comisión y Nakajima/Consejo, el Tribunal General incurrió en error de Derecho, puesto que dichas sentencias consagran una excepción limitada que se estableció en el marco de la jurisprudencia relativa a los Acuerdos GATT y de la OMC, y no un enfoque general en cuanto al control de legalidad del Derecho de la Unión. Sin embargo, para ilustrar esta tesis es necesario analizar el desarrollo de la jurisprudencia que se refiere a los efectos internos de las obligaciones de Derecho internacional en el Derecho de la Unión. De dicho análisis resultará que la jurisprudencia ha evolucionado con el transcurso de los años, igual que un árbol, siguiendo varias ramas que, no obstante, están unidas por un «tronco común», encarnado en el principio del monismo.

30.

Desde un punto de vista general, parece pacífico desde la sentencia Haegeman, dictada en 1974, ( 22 ) que el artículo 216 TFUE (antiguo artículo 300 CE, apartado 7) se basa en un enfoque monista; a tenor del artículo 216 TFUE, «los acuerdos celebrados por la Unión vincularán a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros», ( 23 ) lo cual supone su «incorporación automática», ( 24 ) de tal manera que los acuerdos internacionales formarán parte, como tales, de las fuentes del Derecho de la Unión.

31.

Con la sentencia Kupferberg, dictada en 1982, ( 25 ) el Tribunal de Justicia confirmó la incorporación de los acuerdos internacionales al ordenamiento jurídico comunitario, no sin destacar al mismo tiempo que «los efectos en la Comunidad de las disposiciones de un Acuerdo internacional no pueden determinarse sin tener en cuenta el origen internacional de las disposiciones de que se trate», y que, «conforme a los principios del Derecho internacional, las partes contratantes pueden convenir los efectos que las disposiciones del Acuerdo deban desplegar en sus ordenamientos internos». El Tribunal de Justicia precisó que las instituciones competentes para negociar y celebrar un acuerdo con un país tercero gozan de libertad para concertar los efectos que las disposiciones deban surtir en el ordenamiento interno. Sólo cuando dicha cuestión no haya sido regulada en el acuerdo, corresponderá al Tribunal de Justicia dirimirla. ( 26 )

32.

Por lo tanto, de conformidad con el enfoque monista, las disposiciones convencionales despliegan efectos en el ordenamiento jurídico de la Unión incluso sin que medie la adopción de un acto legislativo o reglamentario para su aplicación. ( 27 ) Tal como resumió la cuestión la Abogada General Rozès en el asunto Polydor, el reglamento que aprueba el acuerdo internacional tiene sólo valor instrumental. ( 28 ) Desde entonces, se ha dictado una jurisprudencia copiosa que confirma que las disposiciones de los acuerdos internacionales forman parte del Derecho de la Unión incluso cuando dichas disposiciones no constituyan normas de referencia a efectos del control de legalidad del Derecho derivado. ( 29 )

33.

A este respecto, procede destacar que el problema de la posibilidad de invocar el Derecho internacional se ha planteado precisamente a causa del principio del monismo y, muy particularmente, en relación con el principio del Derecho de la Unión que indica que los acuerdos internacionales tienen una jerarquía superior a todos los actos de Derecho derivado. ( 30 ) Efectivamente, la jurisprudencia acepta que el artículo 216 TFUE, apartado 2, pueda fundamentar la invalidación de una disposición de Derecho derivado que sea incompatible con el Derecho internacional. En el Derecho de la Unión, esta primacía no se extiende al Derecho primario ni, en particular, a los principios generales y al respeto de los derechos fundamentales. ( 31 )

34.

Por lo que se refiere a los supuestos de control de legalidad de un acto de Derecho de la Unión en relación con una disposición de Derecho internacional, el Tribunal de Justicia indicó en la sentencia International Fruit Company y otros de 1972 que su competencia para el control de validez en los procedimientos prejudiciales se extendía a la totalidad de los motivos de invalidez de los actos de Derecho derivado y que tenía la obligación de examinar si la validez de dichos actos podía verse afectada por su discrepancia con alguna norma de Derecho internacional, ( 32 ) no sin exigir al mismo tiempo el cumplimiento ante el juez nacional del requisito del efecto directo.

35.

Por último, la primacía de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión sobre las disposiciones de Derecho derivado impone asimismo interpretar éstas, en la medida de lo posible, de conformidad con dichos acuerdos. ( 33 )

36.

A efectos del presente asunto, es importante destacar que el enfoque monista, que supone la incorporación automática de las disposiciones de Derecho internacional, es la norma básica que permite comprender la relación que existe entre el Derecho de la Unión y el Derecho internacional. ( 34 ) Sin embargo, esta estrecha relación requiere, en aras de la autonomía del Derecho de la Unión, una actitud prudente, cuyo ejemplo más significativo es la negativa del Tribunal de Justicia a reconocer efecto directo a las disposiciones de los Acuerdos GATT y de la OMC, ( 35 ) efecto directo que habría permitido que pudieran ser invocadas.

37.

Aun reconociendo que la distinción entre el monismo y el dualismo es una simplificación que enmascara diferencias importantes entre los sistemas que forman parte de una u otra tendencia, ( 36 ) no deja de ser cierto que es característico del dualismo que las disposiciones del Derecho internacional convencional no son directamente aplicables en el ámbito nacional, porque sus efectos jurídicos en el ordenamiento jurídico interno dependen de actos legislativos o reglamentarios internos mediante los que darles aplicación (transformación). Ahora bien, debido a la existencia de una fuente internacional, la interpretación de las disposiciones internas en cuestión se rige por el principio de «treaty friendly interpretation», al objeto de evitar, en la medida de lo posible, que puedan surgir conflictos entre la disposición nacional y una obligación convencional. Éste es el enfoque aplicado por el Tribunal de Justicia, en lo esencial, en la jurisprudencia relativa a los Acuerdos GATT y de la OMC, ( 37 ) sin que, no obstante, la misma reconozca que acaso se separa del monismo como principio fundamental.

38.

Así pues, siguiendo lo propuesto por el Abogado General Mayras, que había preconizado la coherencia entre los acuerdos internacionales y los actos de las instituciones, el Tribunal de Justicia declaró en el asunto International Fruit Company y otros que la validez de los referidos actos podía apreciarse «con respecto a una disposición de Derecho internacional […] cuando dicha disposición vincule a la Comunidad y pueda otorgar a favor de los justiciables el derecho a acogerse a ella ante los órganos jurisdiccionales». ( 38 ) No obstante, en ese asunto el Tribunal de Justicia acabó declarando que el artículo XI del Acuerdo GATT no surtía dicho efecto.

39.

La jurisprudencia dictada en consecuencia confirma la naturaleza particular de los Acuerdos GATT y de la OMC, ( 39 ) atendiendo, por una parte, a que éstos se fundamentan en el principio de negociaciones emprendidas «a base de reciprocidad y de ventajas mutuas» y, por otra parte, a la posición de la Comunidad en el momento de su adopción. ( 40 )

40.

Efectivamente, resulta patente que los Acuerdos de la OMC no incluyen referencia alguna al estatuto que los mismos tendrán en el ordenamiento jurídico interno de los Estados firmantes. A diferencia de la situación que existe en el Derecho de la Unión desde la afirmación del principio recogido en la sentencia Van Gend en Loos, los Acuerdos GATT y de la OMC no han creado ningún ordenamiento jurídico nuevo que se aplique tanto a las partes contratantes o Estados miembros como a sus ciudadanos. ( 41 ) Por consiguiente, el sistema de los Acuerdos de la OMC reconoce derechos a los particulares únicamente a través de las soluciones adoptadas por los miembros de la OMC, y no obliga en lo más mínimo a los órganos jurisdiccionales nacionales a dejar de aplicar una disposición que sea contraria a las normas de la OMC. ( 42 )

41.

Por lo que se refiere al GATT, el Tribunal de Justicia ha indicado claramente que los particulares no podían invocar dicho Acuerdo ante los tribunales de la Comunidad para impugnar la validez de medidas comunitarias. ( 43 ) El Acuerdo GATT se caracterizaba por la flexibilidad de sus disposiciones, habida cuenta del sistema de solución de diferencias no vinculante y de la posibilidad de eludir las obligaciones del Acuerdo cuando se producía o existía el peligro de que se produjera un daño como consecuencia de los compromisos asumidos en el marco del mismo.

42.

Por lo que se refiere a los Acuerdos de la OMC, el Tribunal de Justicia ha precisado, en primer lugar, que no determinan los procedimientos jurídicos adecuados para garantizar su ejecución de buena fe en los ordenamientos jurídicos internos de los miembros de la OMC. ( 44 ) El Tribunal de Justicia ha subrayado que el sistema de solución de diferencias daba un margen importante a la negociación entre las partes. Por lo tanto, según el Tribunal de Justicia, ello permite que, en lugar de retirar las medidas controvertidas, un miembro que haya adoptado medidas incompatibles con las normas de la OMC recurra a una compensación mutua. Según dicha jurisprudencia, la invalidación de una medida contraria a las obligaciones que se derivan de los Acuerdos de la OMC equivale a privar a los órganos legislativos o ejecutivos de las partes contratantes de la posibilidad de hallar soluciones negociadas. Asimismo, el Tribunal de Justicia se ha basado en consideraciones de reciprocidad, relativas a la negativa de los socios comerciales de la Comunidad a someterse a un control de legalidad de su Derecho interno con arreglo a los Acuerdos de la OMC. ( 45 )

43.

El Tribunal de Justicia se ha ceñido estrictamente a su enfoque, descartando que un particular pudiera invocar la infracción de las normas de la OMC en el marco de una pretensión indemnizatoria incluso cuando el acto impugnado hubiera sido objeto de reproche por parte del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. ( 46 ) Dicha jurisprudencia también supone que ni siquiera los demandantes privilegiados pueden reclamar ese control de legalidad. ( 47 ) Sin embargo, dicho enfoque no impidió que el Tribunal de Justicia constatara la existencia de incumplimiento por la infracción de disposiciones del Acuerdo GATT. ( 48 )

44.

Con todo, ello no desvirtúa la norma fundamental, cual es que el Acuerdo GATT y los Acuerdos de la OMC forman parte del Derecho comunitario, por lo que, en principio, son vinculantes para la Comunidad. ( 49 ) Así pues, según el Tribunal de Justicia, las normas de la OMC (en el caso del que se trataba, los Acuerdos ADPIC) son, como parte integrante del ordenamiento jurídico comunitario, normas de referencia en la interpretación de los actos del Derecho de la Unión. ( 50 )

45.

A la vista del carácter restrictivo de la jurisprudencia general relativa a los efectos de los Acuerdos GATT y de la OMC, el Tribunal de Justicia ha consagrado una excepción, ( 51 ) conocida también con la denominación de «principio de implementación», ( 52 ) en virtud de la que los órganos jurisdiccionales comunitarios pueden controlar la legalidad de un acto de Derecho derivado a la luz de las normas de la OMC, incluido el GATT, cuando «la Comunidad tenga el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC o cuando el acto comunitario se remita expresamente a disposiciones precisas de la OMC». ( 53 )

46.

En el asunto Fediol/Comisión, la demandante impugnaba la legalidad de la Decisión de la Comisión por la que se desestimaba una denuncia con la que buscaba la apertura de un procedimiento de investigación contra prácticas comerciales de Argentina. La demandante se basaba, al efecto, en el Reglamento (CEE) no 2641/84 del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, relativo al fortalecimiento de la política comercial común, en particular en materia de defensa contra las prácticas comerciales ilícitas, ( 54 ) y añadía que dichas prácticas también eran contrarias a varias disposiciones del GATT. ( 55 ) En el asunto Nakajima/Consejo, la demandante se acogía, basándose en el artículo 184 CEE, a la inaplicabilidad de disposiciones de un Reglamento antidumping alegando, en particular, que dicho Reglamento era contrario a determinadas disposiciones del Código antidumping del GATT.

47.

Tal como se desprende de la sentencia Van Parys, ( 56 ) las sentencias referidas en el apartado anterior son las dos únicas excepciones a la norma general, y son específicas del ámbito de los Acuerdos GATT y de la OMC, teniendo en cuenta la naturaleza y el espíritu de éstos, que se basan en los principios de negociación y reciprocidad, y teniendo también en cuenta la necesidad de preservar un margen de maniobra para las instituciones de la Unión.

48.

Procede analizar el primer motivo de los recursos de casación a la luz de todo lo que antecede.

49.

Antes que nada, señalaré que el razonamiento del Tribunal General que se recoge en los apartados 55 a 57 de la sentencia impugnada se sustenta principalmente en una de las excepciones desarrolladas en el marco de los Acuerdos GATT y de la OMC, cual es la jurisprudencia Nakajima/Consejo, puesto que la referencia a la sentencia Fediol/Comisión sólo es subsidiaria, por no decir simplemente formal. ( 57 ) Efectivamente, considero que el apartado 58 de la sentencia impugnada es la exposición de la justificación de la afirmación que se recoge en la primera frase del mismo, esto eso, que el Reglamento de Aarhus se adoptó para cumplir las obligaciones de la Unión derivadas del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus.

50.

En consecuencia, ante la negativa expresada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Lesoochranárske zoskupenie, EU:C:2011:125, a reconocer efecto directo alguno al artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus, y dado que dicha negativa parecía descartar cualquier posibilidad de control de legalidad del Derecho derivado en relación con las disposiciones convencionales, el Tribunal General optó por valerse de una excepción relativa a la «aplicación» de los acuerdos internacionales y basada en la sentencia Nakajima/Consejo.

51.

Al hacerlo, el Tribunal General incurrió, a mi juicio, en un error de Derecho que se manifiesta a dos niveles.

52.

En un primer nivel, el error en cuestión consiste en atribuir alcance universal a una jurisprudencia que se refiere a los Acuerdos GATT y de la OMC. Así pues, el error reside en la extrapolación de jurisprudencia que se refiere a esos Acuerdos concretos, que están caracterizados, como se desprende de las observaciones anteriores, por una lógica y un sistema jurídico propios, a un ámbito radicalmente diferente, que es el del Convenio de Aarhus, con el fin de realizar un control de legalidad del Derecho derivado de la Unión en relación con dicho Convenio. Pues bien, en mi opinión no cabe aplicar en otros ámbitos del Derecho el razonamiento que está en la base de esa jurisprudencia. ( 58 )

53.

El Tribunal de Justicia ya ha tenido oportunidad de poner de relieve la naturaleza particular que distingue a las normas aplicables en el contexto de los Acuerdos GATT y de la OMC de las normas que resultan de otros convenios internacionales, como el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques ( 59 ) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ( 60 ) al objeto de deducir de ello que es imposible extrapolar dichas normas fuera de tal contexto. De ese modo, el Tribunal de Justicia ha precisado que la exclusión del control de legalidad de un acto comunitario en relación con los Acuerdos OMC/ADPIC/OTC no puede aplicarse a convenios que, a diferencia del Acuerdo de la OMC, no se basan estrictamente en el principio de reciprocidad y mutuas ventajas. ( 61 )

54.

Al mismo tiempo, a otro nivel, el Tribunal General erró al intentar justificar el control de legalidad apoyándose en una excepción consagrada por la sentencia Nakajima/Consejo, mientras que en realidad dicha sentencia es una ramificación jurisprudencial dentro de la jurisprudencia relativa a los Acuerdos GATT y de la OMC y es específica de dicho ámbito jurídico.

55.

Efectivamente, tal como recordó el Tribunal General en la sentencia Chiquita Brands y otros/Comisión, la regla que se desprende de la sentencia Nakajima/Consejo tiene como finalidad permitir al justiciable, con carácter excepcional, alegar incidentalmente la infracción por parte de la Comunidad o de sus instituciones de las normas del GATT o de los Acuerdos de la OMC. Al tratarse de una excepción al principio de que los particulares no pueden invocar directamente las disposiciones de los Acuerdos de la OMC ante los órganos jurisdiccionales comunitarios, esta regla se interpretará de forma restrictiva. ( 62 ) Considero que tal definición de su alcance impide cualquier posibilidad de alegarla fuera del espacio de las normas de los Acuerdos GATT y de la OMC. Por lo tanto, no procede siquiera analizar si en el presente asunto las excepciones en cuestión se aplicaron correctamente.

56.

Por consiguiente, propongo estimar el primer motivo de los recursos de casación y anular la sentencia impugnada en la medida en que ésta aceptó el segundo motivo invocado en primera instancia y procedió a realizar un control de legalidad basándose en la jurisprudencia establecida por las sentencias Fediol/Comisión y Nakajima/Consejo.

57.

Por las razones que siguen y que no han podido ser debatidas por las partes, no me parece que el estado del asunto permita que el Tribunal de Justicia resuelva él mismo definitivamente el litigio, en el sentido del artículo 61, primer párrafo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, sino que debería ser devuelto al Tribunal General. Si, por el contrario, el Tribunal de Justicia decidiera resolver el asunto basándose en la sentencia Intertanko y otros, EU:C:2008:312, en la que se apoyan los recursos de casación, ya no sería necesario devolver el asunto al Tribunal General.

58.

Resulta patente que la validez de un acto de la Unión puede ser afectada por su incompatibilidad con las reglas de Derecho internacional que se han mencionado. ( 63 ) Por ello, en su jurisprudencia clásica, el Tribunal de Justicia busca dicha incompatibilidad procediendo por etapas sucesivas. De ese modo, es preciso, antes que nada, que las reglas en cuestión sean vinculantes para la Unión. ( 64 ) A continuación, el Tribunal de Justicia sólo puede examinar la validez de un acto de Derecho de la Unión en relación con un acuerdo internacional si la naturaleza y el sistema de éste no se oponen a ello. ( 65 ) Por último, cuando la naturaleza y el sistema ( 66 ) del acuerdo en cuestión permiten contemplar la posibilidad de analizar la validez del acto de Derecho de la Unión en relación con las disposiciones de dicho acuerdo, es aún necesario que las disposiciones del acuerdo que se invocan a efectos del examen de la validez del acto de la Unión parezcan, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas, esto es, dotadas de efecto directo. ( 67 )

59.

El requisito del efecto directo se cumple cuando la disposición invocada contiene una obligación clara y precisa, cuya ejecución y cuyos efectos no se subordinan a la adopción de acto ulterior alguno. ( 68 )

60.

Sin embargo, en el estado actual del Derecho de la Unión, es difícil afirmar que exista un único enfoque uniforme en materia de control de legalidad del Derecho derivado en relación con los instrumentos del Derecho convencional. Efectivamente, la jurisprudencia relativa a dicho control no es un bloque consolidado, sino que, muy al contrario, parece marcada por cierta diversidad que en ocasiones raya con lo incoherente.

61.

Antes que nada, por lo que se refiere al propio reconocimiento del efecto directo de las disposiciones de los acuerdos internacionales, el juez de la Unión se muestra abiertamente flexible en cuanto a la posibilidad de que se invoquen directamente los acuerdos celebrados con Estados terceros, y en particular los acuerdos de asociación. ( 69 ) Dicho enfoque permite que los particulares se acojan a las disposiciones en cuestión ante los órganos jurisdiccionales cuando un convenio internacional pueda afectar directamente a su situación. ( 70 ) En cambio, como ya he señalado, en el ámbito concreto de los Acuerdos de la OMC y de los Acuerdos ADPIC y sobre OTC, que se caracterizan por una naturaleza y sistema específicos, las disposiciones de los mismos no se incluyen entre las normas en relación con las cuales el Tribunal de Justicia controla la legalidad de los actos de las instituciones comunitarias. ( 71 )

62.

El enfoque «clásico» al que me vengo refiriendo se enfrenta a una realidad en la que se da una diversidad creciente de acuerdos de los que forma parte la Unión, lo cual conlleva la diversidad de los efectos que dichos acuerdos surten en el Derecho de la Unión. Efectivamente, resulta patente que los acuerdos de cooperación comercial no surten en el ordenamiento interno efectos comparables a los de los convenios multilaterales que crean regímenes de alcance general que incluyen objetivos «políticos» ambiciosos, lo cual es a menudo el caso, en particular, en materia de protección del medio ambiente y de Derecho de transportes. ( 72 ) Por otra parte, los convenios de los diferentes tipos de asociación presentan una particularidad importante, al establecer la aproximación de los principios de las libertades fundamentales. ( 73 )

63.

Por lo que se refiere al control de legalidad, si bien es cierto que, en determinados supuestos, el Tribunal de Justicia realiza un control en relación con disposiciones de Derecho convencional, sin que ello suponga aportar una motivación extensa, tal como se da en la sentencia dictada en el asunto IATA y ELFAA, ( 74 ) en otros supuestos el Tribunal de Justicia asume una postura más estricta, como es el caso del enfoque adoptado en el asunto Intertanko y otros.

64.

En las conclusiones que presentó en el asunto Intertanko y otros, la Abogado General Kokott consideró que la Convención sobre el Derecho del Mar podía ser un «criterio de apreciación» para controlar la legalidad de actos de Derecho derivado. ( 75 ) Sin embargo, el Tribunal de Justicia no siguió el razonamiento propuesto por la Abogado General, apoyándose en la falta de reglas destinadas a aplicarse directa e inmediatamente a los particulares o a conferir a éstos derechos o libertades que pudieran ser invocados frente a los Estados. ( 76 )

65.

La solución adoptada en el asunto Intertanko y otros suscitó dudas, porque rompe con la sentencia dictada previamente en el asunto Poulsen y Diva Navigation, ( 77 ) en la que el Tribunal de Justicia había reconocido a los particulares el derecho a invocar la propia Convención sobre el Derecho del Mar como expresión del Derecho internacional consuetudinario. ( 78 )

66.

En la sentencia ATA y otros, EU:C:2011:864, el Tribunal de Justicia aportó ciertas precisiones sobre la posibilidad de invocar el Derecho internacional consuetudinario, al declarar que «los principios de Derecho consuetudinario internacional [...] pueden ser invocados por un justiciable para que el Tribunal de Justicia examine la validez de un acto de la Unión siempre que, por un lado, estos principios puedan cuestionar la competencia de la Unión para adoptar dicho acto […] [ ( 79 ) ] y por otro lado, el acto controvertido pueda afectar a los derechos que atribuye al justiciable el Derecho de la Unión o crear a cargo de éste obligaciones en relación con dicho Derecho». ( 80 )

67.

Por último, el asunto que más claramente renuncia al enfoque «clásico» al que me vengo refiriendo es, a todas luces, el que dio lugar a la sentencia denominada «Biotech», EU:C:2001:523. ( 81 ) Efectivamente, el Tribunal de Justicia consideró que el hecho de que un acuerdo internacional contenga disposiciones carentes de efecto directo, en el sentido de que no crean derechos que los particulares puedan invocar directamente ante los órganos jurisdiccionales, no impide que el juez controle el cumplimiento de las obligaciones que incumben a la Comunidad en su calidad de parte de dicho acuerdo. ( 82 )

68.

Pues bien, la adopción de una solución de las referidas características me parece determinante para los presentes asuntos.

69.

Además, debe señalarse la tensión que existe entre la negativa a reconocer la posibilidad de invocar directamente el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus, que se justifica en la necesidad de que se adopten medidas para su aplicación, y la voluntad de garantizar la tutela judicial efectiva conforme con las exigencias del Convenio, según quedó expresada en la sentencia Lesoochranárske zoskupenie. ( 83 ) De ese modo, el Tribunal de Justicia destacó que las estipulaciones de dicho Convenio, «aunque [estén] redactadas en términos generales, persiguen el objetivo de lograr la protección efectiva del medio ambiente». Por lo tanto, el Tribunal de Justicia instó a los órganos jurisdiccionales nacionales a «interpretar [el Derecho nacional], en la medida de lo posible, […] conforme […] a los objetivos del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus». ( 84 ) Pues bien, resulta indudable que, en su condición de institución, también el Tribunal de Justicia está obligado a cumplir con lo dispuesto en el Convenio de Aarhus. ( 85 )

70.

Recordaré aquí que, según jurisprudencia reiterada, ( 86 ) la Comunidad es una comunidad de Derecho, en la medida en que ni sus Estados miembros ni sus instituciones pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con la carta constitucional fundamental que constituye el Tratado. El concepto de comunidad de Derecho tiene dos dimensiones: antes que nada, una dimensión normativa, que conlleva la obligación de encontrarse en conformidad con el Tratado, y a continuación una dimensión jurisdiccional, que supone la tutela judicial de los particulares ante los actos ilegales de Derecho derivado. ( 87 )

71.

Por otra parte, cada vez con más frecuencia, al Tribunal de Justicia le resulta difícil garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales que recaen sobre la Unión y al mismo tiempo preservar la autonomía del Derecho de la Unión, muy especialmente en el Derecho internacional del medio ambiente. ( 88 ) Efectivamente, el Derecho medioambiental es uno de los ejemplos de multiplicación de los lugares de creación y aplicación del Derecho, lo que sin duda produce fenómenos de interacción, internacionalización e incluso globalización de dicho Derecho. ( 89 ) Tal estratificación del contexto jurídico exige, a mi entender, un enfoque matizado.

72.

Cierto es que el efecto directo constituye un principio que autoriza al juez nacional a aplicar una norma de Derecho internacional como fundamento autónomo de su resolución cuando dicha norma no haya sido transpuesta al Derecho nacional o lo haya sido de manera inadecuada. ( 90 ) En el Derecho de la Unión, la teoría del efecto directo que se aplica a las relaciones entre dicho Derecho y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros se limita a las normas que cumplen el requisito de la exhaustividad. ( 91 ) Resulta patente que, por lo tanto, el concepto del efecto directo corresponde a la situación de un particular que, en el marco jurídico nacional, desea acogerse al Derecho de la Unión, incluidos los convenios internacionales que vinculan a ésta. Sin embargo, en el momento actual de desarrollo del Derecho de la Unión, la teoría del efecto directo, que pudo calificarse en su día de «enfermedad infantil», ( 92 ) no protege ya la autonomía de dicho Derecho en el marco internacional.

73.

Además, a la vista de la jurisprudencia expuesta anteriormente, la teoría del efecto directo no es un principio universal y obligatorio en el contexto del control de los actos de las instituciones de la Unión por parte del juez de la Unión.

74.

Pues bien, en el marco de los presentes recursos de casación es importante mencionar que la aplicación automática y sin reservas de la jurisprudencia establecida por la sentencia Intertanko y otros y por la sentencia Lesoochranárske zoskupenie llevaría al Tribunal de Justicia a excluir la posibilidad de cualquier control judicial, tanto por el juez nacional como por el juez de la Unión, del cumplimiento de los compromisos que para la Unión Europea se derivan del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus. Por consiguiente, existe el peligro de que resulte afectado de una manera sustancial el concepto de tutela judicial en el ordenamiento jurídico de la Unión, entendiendo ésta, en su sentido más amplio, como referida no sólo a los recursos directos sino también al mecanismo de la remisión prejudicial.

75.

Habida cuenta de todas las consideraciones expuestas hasta este momento, es legítimo plantearse cómo debería evolucionar el requisito del efecto directo en la invocación directa de las disposiciones convencionales.

76.

A la luz del razonamiento seguido por el Tribunal de Justicia en el asunto Air Transport Association of America y otros, EU:C:2011:864, la posibilidad de invocar directamente un acto de Derecho internacional supone, antes que nada, analizar el acto en cuestión a través de la óptica de su naturaleza, de su sistema y de sus objetivos, siempre que se haya comprobado que es efectivamente vinculante para la Unión. Por lo que se refiere, ya en un segundo momento, a si una disposición convencional en concreto puede servir como criterio de referencia para el control de legalidad del Derecho derivado de la Unión, procede atender a las características de dicha disposición.

77.

Mi opinión es que, conceptualmente, procede distinguir con claridad entre los supuestos en que un particular desea invocar directamente un acto de Derecho internacional, acogiéndose a un derecho que entiende que dicho acto le confiere, y los supuestos de control de la discrecionalidad de las instituciones de la Unión en el proceso de ajuste ( 93 ) de un acto de Derecho de la Unión con un acto de Derecho internacional. Habitualmente son los actores privilegiados quienes ponen en marcha dicho control ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, pero en el contexto del Convenio de Aarhus también se ha dado esa posibilidad a las organizaciones de defensa del medio ambiente que cumplan los criterios previstos al respecto.

78.

Al objeto de evitar que surja un espacio que eluda cualquier tipo de control judicial, me parece legítimo sostener que, en el contexto del control de la conformidad de un acto del Derecho de la Unión con el Derecho internacional, la falta de efecto directo de una disposición, entendiendo por tal una norma exhaustiva y que sea fuente de derechos, no debería obstar al análisis de legalidad, con tal de que las características del convenio en cuestión no se opongan a ello.

79.

En cambio, la disposición de Derecho internacional que pueda servir como criterio de referencia a efectos del control de legalidad debe siempre incluir elementos suficientemente claros, inteligibles y precisos. Ahora bien, es importante destacar que una disposición de esas características puede ser de naturaleza mixta. Si es posible aislar en su contenido partes que respondan a dicha exigencia, debe poderse realizar dicho control de legalidad.

80.

Efectivamente, una disposición de Derecho internacional, incluso si concede a las partes contratantes un margen importante de maniobra en determinados aspectos, puede, en paralelo, conllevar normas precisas e incondicionales. ( 94 ) Observaré aquí que tales disposiciones mixtas son frecuentes en el Derecho medioambiental.

81.

Por lo demás, la adaptación de las condiciones de invocación que defiendo no contradice la postura del Tribunal de Justicia en el sentido de que, ante normas carentes de efecto directo, como lo son los Acuerdos de la OMC, tampoco los demandantes privilegiados pueden instar el control de legalidad en virtud del artículo 263 TFUE. Muy al contrario, considero que el enfoque adoptado en la sentencia Alemania/Consejo, ( 95 ) que fue confirmado por la sentencia Portugal/Consejo, EU:C:1999:574, precisamente refleja la idea de que son sobre todo las particularidades del acuerdo internacional en cuestión las que justifican que un particular pueda invocarlo directamente y que el Tribunal de Justicia ejerza el control de legalidad o, por el contrario, las que se oponen a ello. ( 96 )

82.

Por otra parte, la necesidad de que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia diferencie entre la problemática de la invocación directa de una disposición convencional y la posibilidad de que se controle la validez de una norma de Derecho derivado en relación con el Derecho internacional se ha planteado en numerosos análisis doctrinales ( 97 ) y ha sido señalada por distintos abogados generales. ( 98 ) También se ha defendido, acertadamente, que la teoría de la invocación directa debería reformularse de manera autónoma. ( 99 )

83.

En concreto, determinados autores han considerado que la cuestión de si un acuerdo internacional otorga derechos a los particulares carecía de relevancia a la hora de apreciar si una disposición controvertida se incluye entre las normas a las que se refiere el Tribunal de Justicia a efectos del control de legalidad de los actos del Derecho de la Unión. ( 100 )

84.

Por lo tanto, es preciso comprobar si el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus cumple los requisitos que se han exigido a efectos de poder ser invocado.

85.

Es preciso recordar, antes que nada, que el Convenio de Aarhus, considerado «pilar de la democracia medioambiental», ( 101 ) fue primero firmado por la Comunidad y después aprobado mediante la Decisión 2005/370. Como acuerdo mixto celebrado simultáneamente por la Unión y sus Estados miembros, el Convenio forma parte desde ese momento del ordenamiento jurídico de la Unión. ( 102 ) Por lo tanto, la Unión está vinculada por dicho Convenio, al igual que sus instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales.

86.

El Tribunal de Justicia ya ha confirmado su competencia para interpretar las disposiciones del Convenio de Aarhus ( 103 ) y ha dictado a este respecto una cantidad importante de sentencias en el contexto de cuestiones prejudiciales interpretativas y de procedimientos por incumplimiento. ( 104 )

87.

Al mismo tiempo que confiere a los ciudadanos tres derechos procedimentales distintos en materia medioambiental, ( 105 ) el Convenio de Aarhus incluye deberes. De ese modo, establece que corresponde a todos los individuos «proteger y mejorar el medio ambiente en interés de las generaciones presentes y futuras». En la medida en que reconoce derechos en relación con los objetivos de la defensa del medio ambiente, el Convenio de Aarhus tiene carácter de instrumento procedimental. Efectivamente, la defensa del medio ambiente únicamente es posible si los interesados disponen de verdaderos instrumentos para actuar en el ámbito amplísimo que abarca el Convenio. Por lo tanto, el Convenio de Aarhus es fuente de «derechos de participación cívica», a través de la codificación de derechos procedimentales en materia de medio ambiente.

88.

Por lo tanto, a diferencia de, por ejemplo, el Acuerdo de la OMC, el Convenio de Aarhus no se basa en el principio de reciprocidad y mutuas ventajas de las partes contratantes. ( 106 )

89.

Al contrario que el Acuerdo de la OMC, el Convenio de Aarhus permite que las autoridades públicas y los ciudadanos asuman su responsabilidad individual y colectiva de protección y mejora del medio ambiente para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. ( 107 ) No es un ejemplo de acuerdo técnico en materia medioambiental, sino la expresión clara del derecho humano al medio ambiente en su dimensión más formal. Así pues, no cabe ninguna duda de que algunas de sus disposiciones no serán inmediatamente aplicables («self-executing»). Ello explica la importancia de las disposiciones nacionales adoptadas para garantizar la efectividad de dichos preceptos internacionales en el Derecho interno y, en consecuencia, la necesidad del control de la legalidad de esas normas.

90.

Por lo que se refiere, más en concreto, al artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus, esta disposición instaura la posibilidad de reaccionar jurídicamente ante la infracción de disposiciones del Derecho medioambiental nacional.

91.

Cierto es que en la sentencia Lesoochranárske zoskupenie el Tribunal de Justicia declaró que las disposiciones del referido artículo «no contienen ninguna obligación clara y precisa que determine directamente la situación jurídica de los particulares». ( 108 ) Bajo este prisma, dicha disposición se subordina evidentemente a la adopción de un acto ulterior y los particulares no pueden acogerse a ella. Efectivamente, el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus da a las partes contratantes la posibilidad de definir los criterios en virtud de los que se puede otorgar capacidad procesal a la ciudadanía.

92.

Sin embargo, entiendo que el artículo 9, apartado 3, es una «disposición mixta», puesto que impone asimismo a las partes contratantes una obligación de resultado claramente identificable.

93.

El propio Tribunal de Justicia ha señalado que, «aunque [estén] redactadas en términos generales, [las disposiciones del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus] persiguen el objetivo de lograr la protección efectiva del medio ambiente». ( 109 ) Dicha protección se refleja en el artículo 9 del Convenio a través el establecimiento de mecanismos procedimentales aplicables a los recursos mediante los que se garantiza la salvaguardia de los «derechos de participación cívica» que se derivan del propio Convenio. Además, el artículo 9, apartado 3, del Convenio debe interpretarse en relación con su artículo 1, que impone a todas las partes contratantes la obligación de garantizar los derechos de acceso a la justicia en materia medioambiental.

94.

En cualquiera de los casos, el carácter mixto de la norma prevista en el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus se refleja en el ámbito nacional en la discrecionalidad que se concede al legislador a la hora de fijar determinados criterios que debe reunir una organización para poder reaccionar jurídicamente ante una infracción del Derecho medioambiental. Ahora bien, me parece que es indudable que la obligación de garantizar el acceso a la justicia es suficientemente clara como para impedir que exista una norma cuyo objeto o efecto sean excluir del ámbito de control que deben ejercer los órganos jurisdiccionales nacionales determinadas categorías de resoluciones no legislativas adoptadas por las autoridades públicas.

95.

Por lo tanto, a mi juicio, habida cuenta de su objetivo y de su sistema, el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus es, en parte, una norma lo suficientemente clara como para que pueda basarse en ella un control de legalidad por lo que se refiere al acceso a la justicia de las organizaciones que gozan de legitimidad activa en virtud de la legislación nacional o incluso de la legislación de la Unión. Por consiguiente, el artículo 9, apartado 3, del Convenio puede servir como criterio de referencia a efectos de la apreciación de la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión.

96.

Tanto en el caso de que se devuelva el asunto al Tribunal General como en el caso de que el Tribunal de Justicia considere que está en condiciones de resolver él mismo sobre el fondo, me parece imprescindible realizar con carácter subsidiario determinadas observaciones sobre el análisis de la legalidad del Reglamento de Aarhus en relación con el Convenio de Aarhus.

97.

A este respecto, procede precisar que el presente conjunto de asuntos no afecta a las condiciones generales de acceso a la justicia, en el sentido del artículo 263 TFUE, en el ámbito del Derecho medioambiental, sino que su objeto es analizar si, al restringir el concepto de «actos», el legislador de la Unión completó de manera correcta las vías de recurso en relación con lo exigido por el Convenio de Aarhus y, más en concreto, si, en este contexto, dicho legislador excluyó el obligado acceso a la justicia respecto de los actos no legislativos de aplicación general que hayan sido adoptados por las instituciones de la Unión. Efectivamente, tal como se desprende de los trabajos preparatorios del Reglamento de Aarhus, al firmar el Convenio de Aarhus la Comunidad Europea se comprometió a ajustar su legislación a lo exigido por el Convenio en materia de acceso a la justicia.

98.

En su recurso, la Comisión invoca un segundo motivo casacional basado en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus. La Comisión alega que esta disposición ofrece a las partes contratantes una alternativa, al obligarlas a garantizar procedimientos de revisión a través de recursos administrativos o judiciales. Así pues, para la Comisión, como mínimo, antes de declarar que existía incompatibilidad entre el artículo 10, apartado 1, del Reglamento de Aarhus y el artículo 9, apartado 3, del Convenio, el Tribunal General debería haber comprobado si las entonces demandantes estaban en condiciones de recurrir a un procedimiento judicial contra la medida de alcance individual en cuestión, ya fuera en los Países Bajos, ya fuera en el marco de la Unión. La Comisión recuerda que, conforme al artículo 33 de la Directiva 2008/50, el Reino de los Países Bajos transpuso mediante Decreto de 19 de agosto de 2009 ( 110 ) la excepción temporal a las obligaciones impuestas por dicha Directiva. Por lo tanto, según la Comisión, las organizaciones de defensa del medio ambiente tenían la posibilidad de recurrir a los órganos jurisdiccionales nacionales contra las medidas de adaptación del ordenamiento jurídico interno a la Directiva. El análisis de la validez de la Decisión de la excepción podría haber sido objeto de una cuestión prejudicial.

99.

En cualquiera de los casos, para la Comisión, el artículo 10, apartado 1, del Reglamento de Aarhus no es la única disposición que pone en práctica lo establecido en el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus: según esa institución, la circunstancia de que dicho artículo limite el procedimiento de revisión a los actos de alcance individual demuestra que, a juicio del legislador de la Unión, en el caso de los actos de alcance general los mecanismos jurídicos disponibles bastan para cumplir con lo exigido por el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus.

100.

Según jurisprudencia reiterada, un tratado internacional ha de interpretarse en función de los términos en que está redactado, así como a la luz de sus objetivos. Los artículos 31 de los Convenios de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969, y sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, de 21 de marzo de 1986, que son la expresión en esta materia del Derecho internacional consuetudinario de carácter general, establecen, a este respecto, que un tratado debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en su contexto y teniendo en cuenta el objeto y fin del mismo. ( 111 )

101.

Con arreglo al preámbulo del Convenio de Aarhus, habida cuenta de la necesidad de proteger, preservar y mejorar el estado del medio ambiente, las partes contratantes admitieron la importancia de que los ciudadanos tuvieran acceso a la justicia en materia medioambiental, y reconocieron a este respecto que los ciudadanos podían necesitar asistencia para ejercer sus derechos. En el preámbulo figura asimismo que las partes compartieron el deseo de que el público —incluidas las organizaciones— tuviera acceso a mecanismos judiciales eficaces para que sus intereses legítimos estuvieran protegidos. ( 112 ) Por lo tanto, el alcance que los autores del Convenio de Aarhus quisieron dar a las disposiciones de su artículo 9, apartado 3, debe apreciarse a la luz de dichos objetivos.

102.

En el artículo 9 está previsto el acceso a la justicia para los tres supuestos desarrollados en los apartados 1 (recurso sobre el acceso a la información), 2 (recurso contra cualquier decisión relativa a actividades específicas que afecten al medio ambiente) y 3 (acceso a procedimientos administrativos o judiciales al objeto de impugnar las acciones u omisiones de particulares o de autoridades públicas ( 113 ) que constituyan infracciones del Derecho medioambiental). Desde un punto de vista más general, me gustaría recordar el papel específico que desempeña el artículo 9 del Convenio de Aarhus al constituir, por una parte, garantía del derecho a la información y el derecho de participación en la toma de decisiones que otorgan el propio Convenio y el Derecho nacional y, por otra parte, vía de protección objetiva de un ordenamiento jurídico. ( 114 )

103.

Por lo que se refiere al ámbito de aplicación personal del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus, procede realizar la observación de que esta disposición permite que el Derecho interno fije los criterios concretos que deberá reunir la ciudadanía para poder reaccionar jurídicamente ante las infracciones del Derecho medioambiental. Por lo tanto, está claro que la manera de la que las partes del Convenio pueden ejercer la facultad de apreciación que tienen reconocida es mediante la habilitación de dichos sujetos. Por consiguiente, está justificado defender que con el artículo 9, apartado 3, no se pretende instituir una actio popularis en Derecho medioambiental. ( 115 )

104.

En cambio, por lo que se refiere al ámbito de aplicación material del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus, me gustaría destacar que esta disposición debe interpretarse a la luz de los objetivos, antes citados, que persiguen garantizar mecanismos eficaces para proteger los intereses del público. ( 116 )

105.

Además, procede realizar una interpretación conjunta del artículo 9, apartado 3, del Convenio y de lo exigido por los apartados 4 y 5 de la misma disposición. Efectivamente, conforme a dichos apartados, los procedimientos referidos deberán ofrecer recursos suficientes y efectivos; y deberán ser objetivos, equitativos y rápidos, sin que su costo sea prohibitivo. La necesidad de la publicidad se desprende con claridad del apartado 5 de ese mismo artículo.

106.

Por consiguiente, las partes contratantes deben adoptar un mecanismo que sea sobre todo eficaz, y no sólo elegir entre distintas clases de procedimientos. Así pues, procede considerar que los firmantes del Convenio disponen de margen de maniobra por lo que se refiere a los procedimientos que deben establecer, pero que la obligación de establecer vías administrativas o judiciales de recurso debe cumplirse de conformidad con lo exigido por el Convenio para garantizar la posibilidad de reacción jurídica ante infracciones del Derecho medioambiental de conformidad con su artículo 9, apartado 3. De ello se deduce que la unidad de medida que deberá usarse para evaluar el cumplimiento de dicha obligación es la exigencia del acceso efectivo a la justicia. Tal interpretación se ve asimismo corroborada por el encabezamiento del artículo 9 del Convenio de Aarhus, que es «Acceso a la justicia».

107.

Ello me lleva al concepto clave del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus, cual es el de las acciones que pueden someterse a control.

108.

Es cierto que en el Convenio de Aarhus no se define el referido término. Una interpretación gramatical del artículo 9, apartado 3, del Convenio tampoco permite considerar que se esté dejando dicho concepto a la discrecionalidad de la que gozan las partes contratantes. Además, esa misma disposición ni siquiera exige que las acciones en cuestión tengan un carácter jurídicamente vinculante. Por lo tanto, la doctrina coincide en entender que dicha disposición abarca cualquier supuesto de infracción de las disposiciones del Derecho medioambiental ( 117 ) nacional. ( 118 )

109.

El alcance del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus, que es amplísimo a primera vista, y más aún en comparación con el alcance de los apartados 1 y 2 del mismo artículo, en realidad no lo es tanto. Efectivamente, el ámbito de aplicación material del artículo 9, apartado 3, queda delimitado por el artículo 2, apartado 2, segundo párrafo, del que se desprende que el Convenio no se aplicará a las acciones de carácter legislativo. De conformidad con dicha disposición, el concepto de «autoridad pública» cuyas acciones adoptadas en vulneración del Derecho medioambiental pueden ser objeto de impugnación excluye a las instituciones que actúan en ejercicio de poderes judiciales y legislativos.

110.

Por lo tanto, está claro que las partes firmantes del Convenio de Aarhus pretendían incluir únicamente medidas no legislativas en su ámbito de aplicación.

111.

En otras palabras, están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus toda clase de acciones adoptadas por particulares y por autoridades públicas, de alcance general o de alcance individual, con la excepción de las correspondientes a la legislación.

112.

Otros puntos contribuyen a confirmar este análisis.

113.

Antes que nada, resulta esencial mencionar que la interpretación del concepto de acto legislativo que ha realizado el Tribunal de Justicia en el marco de la aplicación del Convenio de Aarhus tiende a preservar el efecto útil del artículo 9 del Convenio. ( 119 ) El Tribunal de Justicia interpreta las distintas disposiciones del Derecho de la Unión a la luz de los objetivos del Convenio de Aarhus y habida cuenta de éstos, puesto que la legislación de la Unión debe «ajustarse» a dicho Convenio. ( 120 ) Este enfoque resulta fundamental a la hora de interpretar el Reglamento de Aarhus en relación con el Convenio.

114.

Procede, asimismo, referirse a la postura adoptada por el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus, según el cual las partes contratantes no pueden incorporar o mantener criterios tan estrictos que surtan el efecto de impedir que las organizaciones no gubernamentales impugnen acciones u omisiones que infrinjan disposiciones nacionales relativas a la defensa del medio ambiente. ( 121 ) Ello coincide claramente con la postura adoptada por el Tribunal de Justicia en la jurisprudencia que se ha citado anteriormente. ( 122 ) Por otra parte, el Comité ha expresado dudas sobre el cumplimiento por parte de la Unión de los requisitos recogidos en el artículo 9, apartado 3, del Convenio. ( 123 )

115.

Por último, si bien, según la jurisprudencia, la Guía de Aplicación del Convenio de Aarhus carece de fuerza vinculante, ( 124 ) puede, no obstante, servir como punto de referencia en el contexto de la interpretación de las disposiciones relevantes del Convenio. ( 125 ) En la sentencia del asunto Fish Legal y Shirley, ( 126 ) dictada recientemente, el Tribunal de Justicia se ha referido incluso de forma sistemática a dicha Guía al interpretar la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, ( 127 ) en relación con el Convenio de Aarhus. Pues bien, la Guía explica y recomienda una interpretación amplia de los requisitos de acceso a la justicia de conformidad con la letra y el espíritu del Convenio de Aarhus. Efectivamente, por lo que se refiere a las acciones que pueden someterse a control, de la Guía se desprende que la ciudadanía tiene derecho a reaccionar jurídicamente ante las infracciones del Derecho medioambiental nacional incluso «con independencia de que estén o no vinculadas con la información al público y el derecho a la participación que garantiza el Convenio». ( 128 ) De la Guía se desprende asimismo que el control establecido en el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus ( 129 ) se basa en la idea de «citizen enforcement» (aplicación de la ley por los ciudadanos), en sentido directo e indirecto. ( 130 )

116.

A la hora de interpretar una disposición de Derecho de la Unión, procede tener en cuenta no sólo sus términos y los objetivos que persigue, sino también su contexto y el conjunto de las disposiciones del Derecho de la Unión. ( 131 )

117.

Antes que nada, para apreciar el cumplimiento de las obligaciones concretas que se derivan del Convenio de Aarhus en el Derecho de la Unión, es conveniente tener presente que los efectos del Convenio, que es de carácter mixto, fueron precisados mediante la Declaración de la Comunidad Europea anexa a la Decisión 2005/370. De dicha Declaración se desprende con claridad que los instrumentos legales que estaban en vigor en el momento de la firma del Convenio no bastaban para garantizar totalmente la puesta en práctica de las obligaciones derivadas de su artículo 9, apartado 3, por cuanto se referían a los procedimientos de impugnación de acciones u omisiones de personas privadas y de autoridades públicas distintas de las instituciones a que se refiere el artículo 2, apartado 2, segundo párrafo, del Convenio. Por lo tanto, los Estados miembros seguían siendo responsables de poner en práctica esas obligaciones hasta que la Comunidad adoptara disposiciones que garantizaran dicha puesta en práctica.

118.

Pues bien, como ya he recordado, de los trabajos preparatorios de la adopción del Reglamento de Aarhus se desprende que el objetivo de éste era ajustar plenamente el Derecho comunitario a las disposiciones del Convenio de Aarhus. ( 132 ) Ciertamente, la aplicación del Convenio conllevaba, a escala de la Unión, que se adoptaran otros actos de Derecho derivado. ( 133 ) Sin embargo, sin dejar de contribuir a los objetivos perseguidos en política medioambiental, el Reglamento de Aarhus se propuso en primer término completar aspectos concretos relativos al acceso a la justicia en el marco de un sistema comunitario preestablecido mediante los artículos 9 a 13 del Reglamento de Aarhus. ( 134 ) Ello es tanto más importante cuanto que el proyecto de Directiva sobre el acceso a la justicia aún no ha llegado a buen puerto en el Derecho de la Unión. ( 135 )

119.

En consecuencia, el control de la legalidad del Reglamento de Aarhus en relación con el Convenio del mismo nombre es tanto más necesario, en el estado actual del Derecho de la Unión, cuanto que la Unión está obligada a respetar plenamente sus compromisos mediante el cumplimiento de las obligaciones que para ella se derivan del Convenio de Aarhus.

120.

En este contexto, propongo desestimar la alegación de la Comisión de que es necesario efectuar un análisis global del sistema de tutela judicial efectiva vigente en el Derecho de la Unión. Resulta patente que la tutela judicial de los particulares está garantizada en el sistema contencioso de la Unión no sólo por distintas vías directas de recurso, sino también gracias al mecanismo de la remisión prejudicial. Sin embargo, el mecanismo de la remisión prejudicial no puede remediar e integrar las lagunas que se derivan del enfoque restrictivo adoptado por el legislador de la Unión al aplicar una disposición determinada de un convenio del que es parte la Unión.

121.

A diferencia de la Comisión, considero que la instauración, principalmente a escala nacional, de vías de recurso contra las medidas «que vulneren el Derecho medioambiental» sería tanto como realizar otra transferencia más a los Estados miembros de las responsabilidades que corresponden a la Unión. Pues bien, la Unión no puede exigir que los Estados miembros garanticen un nivel determinado de control para integrar las lagunas del Derecho derivado. De hecho, al haber adoptado el Reglamento de Aarhus, la Unión es plenamente responsable del cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Convenio de Aarhus.

122.

En cambio, he de reconocer que la apreciación de si es adecuado el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio de Aarhus debería ser distinta cuando dicho cumplimiento pasara por la adopción de directivas, puesto que, entonces, se produciría en dos etapas, esto es, la adopción de dichas directivas y la adaptación del Derecho de los Estados miembros a las mismas. ( 136 )

123.

Después, por lo que se refiere al alcance del acceso a la justicia en el Reglamento de Aarhus, procede afirmar que el artículo 10, apartado 1, de éste refleja dicho objetivo al conceder a las entidades habilitadas, esto es, a grupos que representan al público, la posibilidad de efectuar la solicitud de revisión interna de un acto contrario al Derecho medioambiental. De los trabajos preparatorios se desprende con claridad que la introducción de la revisión responde a la necesidad de no interferir con el derecho de acceso a la justicia con arreglo al Tratado, en virtud del cual toda persona puede interponer recurso ante el Tribunal de Justicia contra las decisiones que la afecten directa e individualmente. ( 137 )

124.

Bajo el prisma del ámbito de aplicación personal, al instaurar el procedimiento de revisión, el artículo 10 del Reglamento de Aarhus ha facilitado el acceso a la justicia a las organizaciones no gubernamentales, puesto que no están obligadas a invocar la vulneración de un derecho ni un interés suficiente para poder ejercer tal derecho de conformidad con el artículo 263 TFUE. Por lo tanto, las disposiciones del Reglamento suponen reconocer a dichos grupos la condición de destinatarios. ( 138 )

125.

En cambio, bajo el prisma del ámbito de aplicación material, el ámbito de aplicación de las impugnaciones que se puedan presentar mediante el denominado «procedimiento de revisión» es, a la luz del artículo 10, en relación con el artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento de Aarhus, cualquier medida de alcance individual conforme al Derecho medioambiental, adoptada por una institución u organismo comunitario y que surta efecto jurídicamente vinculante y externo. Además, se define que las medidas que pueden ser objeto de impugnación en el marco de dicha «revisión» excluyen, de conformidad con el artículo 2, apartado 2, del propio Reglamento, los actos administrativos adoptados por esa institución u organismo de la Unión «en calidad de instancia de revisión administrativa».

126.

Observaré a este respecto que en su redacción inicial la propuesta de Reglamento definía el concepto de acto como «cualquier medida administrativa adoptada por una institución u organismo comunitario con arreglo al Derecho medioambiental que sea jurídicamente vinculante y surta un efecto externo». ( 139 ) El concepto de actos «administrativos de alcance individual» no apareció hasta la fase de la Posición Común adoptada por el Consejo ( 140 ) y fue retomado por el Parlamento en segunda lectura, ( 141 ) sin que se aportara motivación alguna al respecto.

127.

A falta de cualquier definición del concepto de acto administrativo en otras fuentes de Derecho de la Unión, la recogida en el Reglamento de Aarhus es una definición ad hoc y resulta difícil delimitar su alcance. ( 142 ) Sin embargo, en mi opinión está claro que la voluntad del legislador fue restringir el alcance del procedimiento de revisión.

128.

Ciertamente, el artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento de Aarhus define los actos como medidas adoptadas «conforme al Derecho medioambiental». Por lo tanto, se está concibiendo ampliamente esta condición si comparamos con los objetivos que se derivan del artículo 191 TFUE. ( 143 ) También es cierto que, según la jurisprudencia, el carácter general ( 144 ) o individual de una decisión se aprecia a la vista de su contenido, al objeto de dilucidar si sus disposiciones pueden afectar de manera individual y directa a la situación de los interesados. ( 145 ) En el contexto del Reglamento de Aarhus, esta distinción depende fundamentalmente de la interpretación que se dé al concepto de «legislación», en el sentido en que figura en el Convenio de Aarhus y que retoma el Reglamento de Aarhus, y que es objeto de las conclusiones paralelas que presento en los asuntos Consejo y Comisión/Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe, C‑404/12 P y C‑405/12 P. ( 146 )

129.

Sin embargo, ha quedado acreditado que el procedimiento de revisión ( 147 ) se aplica únicamente a decisiones individuales que surten efectos jurídicos que pueden afectar a los intereses de sus destinatarios. Justamente, el alcance limitadísimo de las impugnaciones relativas a infracciones del Derecho medioambiental que se presentan en virtud del artículo 10 del Reglamento de Aarhus fue confirmado en la vista por la Comisión, que sólo pudo aportar, y no sin dificultad, un ejemplo de aplicación concreta del procedimiento de revisión, cual es el de la autorización de la comercialización de un OMG. Por lo demás, ha de señalarse que el ámbito de los OMG y la comercialización de productos químicos conforme al Reglamento REACH ( 148 ) parecen ser los principales a los que se aplica de manera efectiva el procedimiento de revisión. ( 149 ) Así pues, la práctica de la Comisión confirma la interpretación restrictiva que supone el Reglamento de Aarhus. ( 150 )

130.

Por último, es preciso recordar que, según el Reglamento de Aarhus, los recursos interpuestos ante el Tribunal de Justicia de conformidad con el artículo 12 del propio Reglamento no tienen por objeto el acto administrativo litigioso, sino la respuesta que den la institución o el organismo a los que se haya efectuado la solicitud de revisión interna. Por lo tanto, las organizaciones no gubernamentales únicamente pueden solicitar que se examine el fondo del asunto mediante una excepción de ilegalidad como la que dio origen a los presentes asuntos.

131.

Por consiguiente, no hay lugar a dudas de que el artículo 10 del Reglamento de Aarhus no cumple plenamente con las obligaciones que se derivan del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus. ( 151 )

132.

Por los motivos que se han expuesto anteriormente en relación con la interpretación del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus, la referida conclusión no se ve desvirtuada por la amplitud del margen de maniobra conferido a los firmantes del Convenio de Aarhus. Efectivamente, sin dejar de reconocer que existe dicho margen de maniobra en la aplicación del artículo 9 del Convenio de Aarhus (y, por ejemplo, también del artículo 15 bis de la Directiva 96/61 ( 152 )), ( 153 ) el Tribunal de Justicia ha mantenido un enfoque muy protector para con el efecto útil y los objetivos del Convenio por lo que respecta a las obligaciones de aplicación que incumben a los Estados miembros. ( 154 ) Por consiguiente, no me parece que pueda contemplarse un enfoque distinto para la propia Unión. ( 155 )

133.

Habida cuenta de todas las consideraciones expuestas hasta este momento, considero que fue acertada la conclusión que alcanzó el Tribunal General en la sentencia impugnada en el sentido de que procede estimar la excepción de ilegalidad propuesta contra el artículo 10 del Reglamento de Aarhus, en relación con el artículo 2, apartado 1, letra g), de la misma norma. Si el Tribunal de Justicia decidiera analizar esta problemática, propongo que desestime el segundo motivo casacional de la Comisión.

134.

En el supuesto de falta de efecto directo de un acuerdo internacional, entendido como fuente de Derecho para los particulares, puede ser útil invocar el principio de la interpretación conforme como instrumento que permita que dicho acuerdo despliegue sus efectos.

135.

Efectivamente, se impone que el propio juez de la Unión interprete el Derecho derivado en conformidad con los acuerdos internacionales que vinculan a la Comunidad. ( 156 ) Según jurisprudencia reiterada, las disposiciones del Derecho de la Unión deben interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz del tenor literal y la finalidad de los acuerdos internacionales de los que forma parte la Unión. ( 157 ) En el caso del Derecho internacional, dicha «lectura conciliatoria» ( 158 ) se topa con un límite: el mencionado principio «sólo se aplica en el supuesto de que el acuerdo internacional de que se trate tenga primacía sobre la correspondiente norma de Derecho comunitario». ( 159 ) Por ello, tal interpretación sí resultaría admisible, en principio, en el presente asunto.

136.

Sin embargo, el método de la interpretación conforme puede utilizarse únicamente cuando la disposición litigiosa no es lo suficientemente clara o cuando se presta a varias interpretaciones en relación con el contexto, la naturaleza o el sistema de la propia disposición o del acto de base del que la misma forma parte. Pues bien, a la vista de las observaciones realizadas anteriormente, no es ése el caso del artículo 10 del Reglamento de Aarhus, del que se desprende con claridad la voluntad de excluir de su campo de aplicación los actos de alcance general.

137.

Además, al igual que sucede con las normas aplicables a la interpretación del Derecho nacional, la interpretación conforme está limitada por los principios generales del Derecho y por la exclusión de toda interpretación contra legem. ( 160 ) Pues bien, dado que, a mi entender, el ámbito de aplicación del Reglamento de Aarhus restringe el acceso a la justicia al hacer una interpretación excesivamente restrictiva, en relación con el ámbito de aplicación del Convenio de Aarhus, de los actos sometidos al procedimiento de revisión, me parece que en el presente asunto no cabe realizar una interpretación conforme.

138.

Las organizaciones de defensa del medio ambiente interpusieron un recurso de casación adhesivo en los asuntos C‑401/12 P a C‑403/12 P, que calificaron de «condicional», afirmando que fue presentado únicamente «para el supuesto de que el Tribunal de Justicia no estimara los motivos invocados en el escrito de contestación a los recursos de casación». Dichas organizaciones invocan a este respecto un único motivo casacional, basado en que el Tribunal General incurrió en error al no reconocer efecto directo al concepto de «acciones» que figura en el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus.

139.

El Consejo, la Comisión y el Parlamento coinciden en considerar inadmisible dicha adhesión «condicional» a la casación. ( 161 ) En lo que atañe al fondo del asunto, proponen que se desestimen por infundadas las alegaciones de las organizaciones de defensa del medio ambiente. Por otra parte, las tres instituciones realizan la observación de que dichas organizaciones no pretenden la anulación del fallo de la sentencia impugnada, sino que en realidad solicitan que se dicte otra sentencia que confirme la impugnada, sólo que por razones distintas.

140.

Antes que nada, observaré a este respecto que, en sus pretensiones, las referidas organizaciones solicitan «que se anulen la sentencia impugnada así como la Decisión de inadmisibilidad adoptada por la Comisión». Al solicitar que el Tribunal de Justicia declare que el concepto de «acción» está dotado de efecto directo, lo cual permitiría que se analizara la validez del Reglamento de Aarhus, las organizaciones de defensa del medio ambiente no pretenden que se «complete» la sentencia impugnada. Efectivamente, si fuera aceptada la imputación basada en la falta de declaración de efecto directo, ello supondría anular en su totalidad el razonamiento del Tribunal General, que basó su análisis de legalidad en la jurisprudencia Fediol/Comisión y Nakajima/Consejo. Por lo tanto, dichas organizaciones ponen en cuestión la sentencia Lesoochranárske zoskupenie sin presentar argumentos jurídicos que sustenten concretamente su solicitud. Efectivamente, no se desprende en absoluto de los escritos procesales en qué podría basarse la declaración de efecto directo con la que se pretende abrir la puerta al control de legalidad del Reglamento de Aarhus.

141.

Pues bien, debe considerarse inadmisible el recurso de casación que no incluya ninguna argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho en el que haya incurrido la sentencia del Tribunal General. ( 162 ) Es ése el caso del presente recurso de casación adhesivo, en el que las partes imputan al Tribunal General, en lo esencial, que no se pronunció sobre un aspecto determinado, y no determinan error de Derecho alguno que de ello derivara. Efectivamente, ante un recurso de casación de estas características, siquiera cuando tenga carácter adhesivo, no es posible realizar una apreciación jurídica que permita al Tribunal de Justicia ejercer la misión que le corresponde en el ámbito considerado y efectuar así su control de legalidad. ( 163 )

142.

Por consiguiente, propongo que se declare la inadmisibilidad de la adhesión a la casación.

143.

Propongo al Tribunal de Justicia que: