ECO/630
Impulsar el crecimiento integrador a largo plazo mediante reformas e inversiones
DICTAMEN
Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social
Impulsar el crecimiento integrador a largo plazo mediante reformas e inversiones
(Dictamen exploratorio a petición de la Presidencia belga)
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Contacto
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eco@eesc.europa.eu
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Administradoras
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Colombe GREGOIRE y Krisztina PERLAKY-TÓTH
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Fecha del documento
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05/03/2024
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Ponente: Javier DOZ ORRIT
Ponente: Luca JAHIER
Ponente: Wautier ROBYNS DE SCHNEIDAUER
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Consulta
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Representación permanente de Bélgica ante la UE / Gobierno Federal belga, 10/07/2023
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Base jurídica
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Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
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Sección competente
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Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social
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Aprobado en sección
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29/02/2024
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Resultado de la votación
(a favor/en contra/abstenciones)
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58/0/1
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Aprobado en el pleno
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DD/MM/YYYY
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Pleno n.º
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…
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Resultado de la votación
(a favor/en contra/abstenciones)
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…/…/…
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1.Conclusiones y recomendaciones
1.1El CESE acoge con satisfacción la iniciativa de la Presidencia belga sobre inversión social y sobre la manera de reforzar la dimensión social del Semestre Europeo, en particular a través del pilar europeo de derechos sociales, y espera que logre buenos resultados y sea un éxito. El presente Dictamen exploratorio, junto con otro Dictamen emitido anteriormente en el marco de la iniciativa de la Presidencia española sobre un posible procedimiento de desequilibrio social
, constituye la contribución del CESE a este proceso.
1.2El CESE espera que la reforma del Semestre Europeo mejore la coordinación entre los Estados miembros, aumente la transparencia y garantice un seguimiento adecuado de la aplicación de los planes estructurales nacionales de política presupuestaria. Con unos precios estables y unas finanzas públicas sólidas, estas reformas deben permitir realizar las transformaciones y las inversiones necesarias y prever medidas para aumentar la resiliencia de los sistemas de protección social existentes.
1.3El CESE pide que los recursos financieros disponibles se utilicen de manera eficiente y eficaz, a través, entre otros medios, de la colaboración público-privada y la movilización de instrumentos financieros mediante el Banco Europeo de Inversiones (BEI) e InvestEU, con la máxima flexibilidad y unos sistemas de evaluación rigurosos.
1.4El CESE considera que urge examinar si la UE podrá contar de aquí a 2026 con la capacidad financiera necesaria para satisfacer las necesidades de inversión que exigen las prioridades comunes. Los Estados miembros deben esforzarse por ofrecer un margen de maniobra presupuestario para las inversiones sociales, lo que permitirá promover la estabilización cíclica y el suministro de bienes públicos europeos, y garantizar un crecimiento sostenible a medio y largo plazo, con el apoyo de directrices comunes y ayudas financieras de la UE. Los retos económicos y sociales están interrelacionados, por lo que es necesario abordarlos de manera coherente y reconocer que el progreso económico es la base del bienestar social.
1.5Se requieren ingentes inversiones para generar un crecimiento integrador y reforzar la base social de Europa mediante la mejora del bienestar, la salud y las capacidades de las personas y su acceso a una vivienda accesible y eficiente desde el punto de vista energético, resolver los graves problemas demográficos y los crecientes desequilibrios entre la ciudadanía, y apoyar las innovaciones sociales en todos los sectores que se enfrentan a transiciones importantes. El mercado cada vez mayor de productos financieros certificados socialmente y el apoyo a las inversiones privadas en proyectos sociales pueden aumentar de manera significativa el efecto multiplicador de estas políticas. El CESE hace suya la opinión
de que unas políticas de inversión social bien diseñadas pueden tener un impacto positivo en el crecimiento económico, la productividad y la competitividad, lo que resulta fundamental para mantener empleos de calidad en Europa, tal como se afirma en la Declaración de Amberes, la cual constituye un llamamiento urgente para revitalizar el panorama industrial europeo. Al mismo tiempo, debe garantizarse un equilibrio suficiente entre la viabilidad financiera y la adecuación. Los gobiernos nacionales deben revisar sus sistemas de protección social y asegurarse de que los recursos disponibles se concentran en el apoyo social en los ámbitos en los que más se necesita. En definitiva, el objetivo consiste en mejorar la sostenibilidad competitiva de Europa y, al mismo tiempo, la vida de las personas de todas las edades.
1.6Las infraestructuras sociales suelen construirse y mantenerse a nivel nacional, regional y local, pero las lagunas y retos actuales implican que ni los organismos nacionales ni los subnacionales disponen de recursos financieros suficientes. Dado que ha de respetarse el principio de subsidiariedad, las necesidades de inversión en infraestructuras sociales deben ser coherentes, recibir apoyo financiero de la UE y planificarse con una visión a largo plazo.
1.7El CESE pide reformas e inversiones en ámbitos sociales clave (en particular, en aquellos que fomentan el capital humano), ya que las políticas sociales y la inversión social (incluidas las que aplican herramientas más innovadoras y promueven reformas adecuadas que integran a todas las partes interesadas) pueden convertirse en un factor productivo y aportar beneficios económicos significativos en términos de potencial de crecimiento y reducción de los principales costes en el futuro.
1.8El CESE recomienda seguir reforzando el seguimiento de la aplicación del pilar europeo de derechos sociales en el marco del Semestre Europeo, que constituye uno de los principales mecanismos para supervisar la elaboración de políticas económicas, presupuestarias y sociales en general. El Semestre Europeo debe utilizarse para mejorar la coordinación y supervisar los avances en toda la gama de objetivos de la UE. Las normas de financiación de la UE podrían flexibilizarse en mayor medida de modo que contribuyan a la consecución de estos objetivos.
1.9El CESE reitera su llamamiento en favor de una participación adecuada de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en todas las fases de este proceso, a través de procedimientos estructurados de consulta formal.
2.Antecedentes
2.1La Presidencia belga de la UE ha pedido al CESE que elabore un Dictamen exploratorio sobre el modo de fomentar la convergencia social al alza y la cohesión, en un marco de gobernanza económica definido en torno a la sostenibilidad de la deuda, las inversiones productivas y las reformas. El presente Dictamen también se centrará en las implicaciones de dicho marco para el Semestre Europeo y en seguir reforzando el seguimiento y la aplicación del pilar europeo de derechos sociales.
2.2Existen varias definiciones de inversión social. El presente Dictamen utilizará la definición más amplia, es decir, la que, además de englobar la inversión en sistemas y políticas destinados a proteger la salud, el bienestar y los derechos de las personas y los grupos, «incluye políticas destinadas a aumentar y mantener la calidad del “stock” de capital y capacidades humanos, así como a facilitar y mejorar el flujo de las transiciones contemporáneas en el mercado de trabajo y las transiciones a lo largo de toda la vida (con perspectiva de género)
».
2.3Tras un proceso de recuperación pospandemia que ha hecho uso de instrumentos presupuestarios europeos, como el mecanismo SURE o NextGenerationEU y su Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que han reforzado la integración política, la economía de la UE se enfrenta a una transición acelerada de una política monetaria altamente expansiva a una restrictiva, con un aumento muy rápido de los tipos de interés para hacer frente a la elevada inflación. Esto ha contribuido a las actuales previsiones de bajo crecimiento económico. En este contexto, el CESE considera fundamental que la reforma de las normas presupuestarias tenga en cuenta las particularidades nacionales y ofrezca a los Estados miembros que necesiten mejorar su ratio de deuda o de déficit, mediante reformas inteligentes y creíbles, más recursos para la inversión social, gracias a la reducción de los costes de endeudamiento que promueven estas reformas.
2.4La reforma del Semestre Europeo, que debería tener lugar en paralelo a la revisión de la gobernanza económica de la UE, también ha suscitado un gran interés del Comité, que ha aprobado dos Dictámenes sobre ambos temas
. El CESE, con arreglo a las posiciones que ya ha formulado respecto de la reforma de las normas de gobernanza económica de la UE, y sin entrar en el contenido del acuerdo político provisional sobre la reforma, reitera el llamamiento para que la aplicación de las nuevas normas, una vez que los colegisladores las aprueben de forma definitiva, además de garantizar la sostenibilidad a medio y largo plazo de la deuda pública de los Estados miembros, preserve las condiciones para el crecimiento sostenible de las economías de la UE y, en particular, la capacidad de realizar las inversiones sociales necesarias y las inversiones que requiere la doble transición.
2.5La UE y sus Estados miembros participan en proyectos importantes en un contexto geopolítico turbulento. Las políticas de defensa, seguridad y cooperación, sumadas a una nueva ampliación importante (que incluye Ucrania), plantean grandes retos políticos y financieros que se unen a las inversiones necesarias para que las transiciones ecológica y digital resulten justas y equitativas y para una política industrial más voluntaria que las actuales capacidades financieras de la UE tendrían dificultades para cubrir. El fortalecimiento de la cohesión social y territorial mediante la lucha contra la pobreza y las desigualdades, la aplicación efectiva del plan de acción sobre el pilar europeo de derechos sociales y el impulso de la inversión en infraestructuras sociales deben figurar entre las prioridades políticas de la UE.
2.6El CESE ha defendido en varios de sus Dictámenes el concepto de «sostenibilidad competitiva»
, propuesto en los tres últimos Estudios Prospectivos Anuales sobre el Crecimiento Sostenible de la Comisión, que engloba la sostenibilidad medioambiental, la productividad, la equidad y la estabilidad macroeconómica.
2.7Resulta extremadamente difícil obtener suficiente financiación europea y nacional para estos importantes programas y objetivos políticos de la UE en un contexto de políticas monetarias y presupuestarias restrictivas. El riesgo radica en que estas políticas restrictivas puedan impedir que se efectúen las inversiones estructurales que requieren las transiciones necesarias, que son productivas a medio y largo plazo y promoverán la prosperidad.
3.Observaciones generales
3.1Las sociedades resilientes dependen en gran medida de unos Estados del bienestar integradores y que funcionen correctamente, lo que a su vez depende de unas economías robustas. Las experiencias de la crisis financiera más reciente y el inicio de la pandemia de COVID-19 han puesto de manifiesto el valor fundamental de unos Estados del bienestar bien financiados y con capacidad de respuesta. Su existencia constituye un requisito previo esencial para absorber de forma eficaz las perturbaciones sistémicas, destacando la estrecha correlación entre unos sistemas de protección social sólidos (en forma de medidas integradoras y bien diseñadas, como prestaciones por desempleo o regímenes de reducción del tiempo de trabajo), los servicios públicos y sociales, y su resiliencia frente a desafíos imprevistos, así como el apoyo temporal a los sectores económicos afectados.
3.2La experiencia demuestra que las medidas de austeridad no conducen automáticamente a un aumento de la competitividad económica ni a la riqueza de las sociedades. Las disposiciones necesarias para la protección del Estado del bienestar se han considerado únicamente como factores de coste y no como inversiones necesarias en sociedades socialmente resilientes para que los Estados miembros puedan gestionar sus finanzas públicas de forma prudente pero equilibrada.
3.3El saneamiento presupuestario ha reducido de forma considerable los recursos disponibles para la inversión pública en algunas regiones y países. Ciertos países de la UE, en los que la inversión en obras públicas pequeñas y medianas para infraestructuras sociales se lleva a cabo a nivel subnacional, han experimentado una drástica disminución del gasto en ese tipo de infraestructuras. Conciliar la intervención estatal o el fortalecimiento de las disposiciones de protección social con la competitividad y el crecimiento sigue constituyendo un desafío.
3.4En un entorno con tamañas cortapisas, los Estados del bienestar europeos han sufrido fuertes presiones para adaptarse a las grandes tendencias, como los cambios demográficos (que han dado lugar al envejecimiento de la población y a una disminución de la población activa), la digitalización y los cambios tecnológicos, un mundo laboral cambiante y la evolución del mercado de trabajo, el cambio climático y las implicaciones sociales de la transición ecológica
. Estas grandes tendencias obligan a los Estados miembros a tomar medidas para adaptar sus políticas públicas en consecuencia.
3.5Si bien el MRR, dotado con 800 000 millones EUR, está destinado a ayudar a los países de la UE a mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia, en realidad tan solo se ha absorbido una pequeña parte de los fondos. La plena ejecución de los planes nacionales de recuperación y resiliencia avanza a un ritmo lento
, si bien es crucial que se lleve a cabo en todos los Estados miembros para colmar lagunas en ámbitos esenciales.
3.6La cohesión social y la solidez del Estado del bienestar desempeñan un papel fundamental a la hora de mejorar la productividad y la prosperidad e impulsar el crecimiento económico. Unas reformas e inversiones bien diseñadas basadas en un enfoque de inversión social, y en particular aquellas que fomentan el capital humano, pueden generar incrementos de productividad y un mayor crecimiento económico, al tiempo que permiten realizar los objetivos sociales
.
3.7Los Estados del bienestar resilientes equilibran la inversión social y las políticas de protección. Las políticas de protección social, por un lado, tienen por objeto mantener redes de seguridad universal sólidas para garantizar la estabilización macroeconómica y la protección contra las consecuencias financieras de los riesgos sociales (como la enfermedad y la discapacidad, la pobreza, los accidentes de trabajo y la pérdida del empleo). Las políticas de inversión social, por otro lado, persiguen aumentar y mantener la calidad del capital humano y las capacidades, al tiempo que mejoran el «flujo» de las transiciones en el mercado de trabajo y a lo largo de toda la vida. Esto también incluye la inversión necesaria en políticas destinadas a una sociedad europea que envejece y a integrar a los migrantes en un momento de cambio demográfico. Del mismo modo, crea entornos laborales integradores, en particular para las personas con discapacidad.
3.8De acuerdo con el enfoque de inversión social, la política social puede aportar un rendimiento económico significativo y a la vez conciliar los objetivos sociales y financieros, a través de las oportunidades de empleo, el bienestar, la igualdad de género y la mitigación de la pobreza intrageneracional e intergeneracional, mejorando los resultados de la mayoría de reacciones cortoplacistas en tiempos de crisis. La inversión social debe ayudar a evitar las divergencias sociales en la UE, que son el resultado de la lentitud del crecimiento y las transiciones urgentes. Además, es de suma importancia dar un nuevo impulso a las inversiones en pos de objetivos sociales, al tiempo que se mantienen y fomentan economías competitivas que apoyen esas políticas.
3.9Dos razones justifican un enfoque de inversión social en equilibrio con políticas económicas y de finanzas públicas saneadas. La primera atañe a los beneficios sociales y económicos reconocidos a medio y largo plazo que puede generar la inversión social. En el nivel microeconómico de las personas y los hogares, el «multiplicador del ciclo de vida» implica que la inversión social, a partir de la primera infancia, mejora el bienestar material de los hogares mediante oportunidades de empleo y de obtención de ingresos, y ayuda a mitigar los riesgos sociales en etapas posteriores de la vida mediante programas de mejora de las capacidades y reciclaje profesional, a la vez que facilita las transiciones en el mercado de trabajo. El desarrollo de productos financieros socialmente responsables (como los bonos) y el apoyo estatal a las inversiones privadas en proyectos sociales (como aquellas que se realizan en Francia para que las viviendas sociales sean eficientes desde el punto de vista energético) pueden reforzar de manera significativa el efecto multiplicador de estas políticas.
3.10La segunda razón es que el rendimiento económico de las inversiones de este tipo también ha demostrado atesorar un fuerte potencial favorable al crecimiento, ya que las infraestructuras sociales de alta calidad benefician a las personas y las comunidades y mejoran la cohesión social. Un acceso adecuado a infraestructuras sociales genera más personas «contratadas, alojadas, sanas y felices», lo que tiene efectos indirectos positivos en la sociedad y en las actividades económicas
, mientras que las infraestructuras sociales de baja calidad pueden limitar las oportunidades sociales y económicas, dar lugar a que los mercados funcionen de manera menos eficiente, marginar a algunos grupos, prolongar las desigualdades existentes y dar lugar a un menor crecimiento de los niveles de vida y a nuevas divisiones en nuestras sociedades.
3.11Invertir en políticas centradas en la infancia aporta importantes beneficios económicos y sociales. La educación de alta calidad en la primera infancia se correlaciona con un mejor desempeño educativo, una mayor participación en el mercado de trabajo y una reducción de la desigualdad, especialmente para los niños y niñas procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos. La tasa de empleo femenino es más elevada en los países donde el número de niños y niñas inscritos en servicios formales de guardería y servicios preescolares es igualmente alto, por lo que es necesario animar a los empleadores a que faciliten guarderías.
3.12Unos subsidios familiares y servicios de guardería adecuados desempeñan un papel crucial a la hora de mitigar las tendencias demográficas de la UE, puesto que ayudan a detener el descenso de las tasas de fertilidad y tienen un efecto indirecto positivo en las previsiones de crecimiento. Para reducir la brecha de fertilidad, resulta esencial fomentar un equilibrio entre la crianza de los hijos y el trabajo o formación para todos los géneros.
3.13Además, se reconoce que la educación y la formación son fundamentales para estimular el crecimiento económico. A nivel macroeconómico, una población activa bien formada es un factor clave para lograr una mayor productividad agregada y aumentar la innovación y el crecimiento económico a largo plazo.
3.14La mejora de la formación debe estar vinculada con la optimización de los procedimientos y servicios de integración en el mercado de trabajo. Con el acuerdo de los interlocutores sociales, debe facilitarse el acceso de los grupos infrarrepresentados (juventud, mujeres, migrantes, minorías) al mercado de trabajo, a fin de alentar la movilidad y la integración laborales, permitir a los trabajadores de más edad seguir trabajando en condiciones dignas y reconocer plenamente las cualificaciones a escala de la UE.
3.15El CESE considera que el valor de la inversión social para el crecimiento y la competitividad tiene una justificación suficiente, al igual que el coste económico y presupuestario de la falta de inversión social a medio y largo plazo. Sin embargo, los esfuerzos por garantizar los beneficios a largo plazo de la inversión social no deben chocar con la necesidad estructural de unas finanzas públicas saneadas. Como sus beneficios suelen obtenerse a largo plazo, estos esfuerzos no se priorizan cuando existe una necesidad urgente de alcanzar los objetivos de ajuste presupuestario. Las experiencias pasadas muestran que las medidas de austeridad impuestas por la Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional en los países de la zona del euro más expuestos a los desequilibrios de las finanzas públicas y a la crisis de la deuda soberana intensificaron la recesión en esos países.
3.16El déficit de inversión social se enmarca en un contexto de déficit general de inversión pública y privada en la UE. El CESE ya ha manifestado su preocupación
por las condiciones acordadas para la revisión del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027, la congelación del Fondo para la Soberanía Europea propuesto en el Plan Industrial del Pacto Verde y la insuficiente provisión de recursos para la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) que supuestamente debía sustituirlo. La propuesta de nuevos objetivos relacionados con la autonomía estratégica de la política industrial debería tener como objetivo mantener la igualdad de condiciones en el mercado único y evitar la fragmentación que propiciarían las ayudas estatales financiadas con fondos nacionales. Unas inversiones que aumenten la productividad son un factor esencial para la competitividad sostenible de la economía europea, que también requiere un marco de estabilidad de precios y finanzas públicas sostenibles a medio y largo plazo.
3.17El uso de los fondos de la UE en el ámbito de la política social debe atender cuidadosamente a los marcos vigentes de coordinación de políticas, como las recomendaciones específicas por país emitidas en el contexto del Semestre Europeo y los planes nacionales de recuperación y resiliencia.
3.18El CESE considera vital facilitar y promover las inversiones privadas. A tal efecto, deben completarse con carácter urgente la unión bancaria y la unión de los mercados de capitales e impulsarse las asociaciones público-privadas a través del BEI y otros instrumentos, en particular el capital riesgo. Es preciso revisar los requisitos de solvencia para liberar capital que pueda destinarse a inversiones productivas a largo plazo, lo que podría desalentarse si se diera prioridad a una visión a corto plazo de estos activos. La UE y sus Estados miembros deben abordar la planificación fiscal agresiva y desleal y promover la igualdad de condiciones entre los Estados miembros. El CESE acoge favorablemente las propuestas formuladas por la OCDE en este ámbito para garantizar la coherencia de las normas fiscales internacionales.
3.19Por otra parte, el CESE cree que la inversión sostenible en infraestructuras críticas para los servicios públicos, sanitarios y asistenciales, así como en viviendas sociales, es esencial para alinearse con el objetivo de la cohesión social. El desarrollo de productos financieros socialmente responsables (como los bonos) y el apoyo estatal a las inversiones privadas en proyectos sociales pueden reforzar de manera significativa el efecto multiplicador de estas políticas.
3.20Por consiguiente, la revisión de la gobernanza económica de la UE representa una oportunidad crucial para adecuar el marco presupuestario al futuro, abordar los importantes desafíos que han surgido en la última década y reforzar la integración europea y la autonomía estratégica. La revisión debería consolidar la credibilidad de las trayectorias presupuestarias de los Estados miembros, ya que los mercados financieros podrían sancionar compromisos irresponsables o vagos. Al mismo tiempo, la sostenibilidad de la deuda pública a medio y largo plazo debe compatibilizarse con el mantenimiento de unos niveles de inversión que garanticen el crecimiento y la consecución de transiciones justas, en especial a través de los planes estructurales nacionales de política presupuestaria.
3.21Los actuales instrumentos europeos no se centran lo suficiente en los resultados sociales positivos. Las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento relativas a la inversión y las infraestructuras sociales deben evolucionar hacia inversiones a largo plazo, y los instrumentos financieros deben estar menos fragmentados y más combinados y agrupados
. Resulta fundamental establecer sinergias efectivas entre todos los fondos europeos para reforzar el impacto y la eficacia generales de los esfuerzos de recuperación, a fin de mantener actualizado el cumplimiento de los objetivos de crecimiento sostenible.
3.22Además, dado el déficit de inversión (en especial pública) que experimentaron varios Estados miembros en la década de 2010 y la importancia de la inversión pública para acumular una reserva de capital productivo que apoye el crecimiento de la producción a medio plazo, algunos Estados miembros podrían acabar atrapados en un círculo vicioso en el que su gasto público neto, que incluye la inversión, crezca a un ritmo más lento como resultado de su déficit de inversión previo. Esta situación será motivo de mayor preocupación una vez que NextGenerationEU llegue a su fin. La experiencia pasada nos enseña que un Semestre Europeo reformado debe dar prioridad a los resultados sociales, junto con la reforma de las finanzas públicas y la administración. Para efectuar un seguimiento de este proceso, se requerirá un cuadro de indicadores plenamente integrado que tenga en cuenta los indicadores de resultados económicos, sociales y medioambientales, lo que también implica una reforma de la contabilidad del rendimiento de la inversión, que dé prioridad a las inversiones en infraestructuras sociales a más largo plazo y atraiga inversiones privadas.
3.23El Estado debe garantizar un acceso universal e igualitario a prestaciones sociales de alta calidad para toda la ciudadanía, en particular a través de los sistemas públicos de pensiones y de salud. No obstante, los sistemas complementarios basados en una asociación público-privada fructífera pueden mejorar esas prestaciones y repartir la carga financiera entre las generaciones. El CESE considera muy importante que las obligaciones y los derechos de los sistemas complementarios se regulen mediante el diálogo social y la negociación colectiva. Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia y a los trabajadores con un bajo nivel de prestaciones complementarias, se recomiendan medidas para facilitar los esfuerzos individuales que mejoren su nivel de protección, con prestaciones sanitarias garantizadas incluso después de la edad de jubilación.
3.24Igualmente, hay que tener en cuenta y fomentar la relevancia creciente de la economía social y los servicios sociales de interés general, que también pueden ofrecer respuestas eficaces a las demandas sociales y erigirse en catalizador clave para la innovación social y la creación de nuevos empleos y oportunidades para el crecimiento sostenible
.
4.Observaciones específicas
4.1El CESE reitera su llamamiento a las instituciones europeas para que ahonden en el debate sobre la creación de una capacidad fiscal propia y el aumento de los recursos presupuestarios más allá del actual 1,1 % del PIB, a fin de impulsar la inversión en ámbitos e infraestructuras sociales, fomentar un crecimiento económico integrador y reforzar los objetivos de las transiciones digital y ecológica, como bien se ha conceptualizado en los tres últimos Estudios Prospectivos Anuales sobre el Crecimiento Sostenible. El CESE considera que, a su debido tiempo (y a más tardar en 2026), debería alcanzarse un acuerdo sobre la posible creación de una capacidad financiera de la UE para satisfacer al menos una parte de las necesidades de inversión para las prioridades comunes.
4.2El informe sobre prospectiva estratégica de la Comisión Europea
determina cuáles son las principales intersecciones entre los desafíos de la sostenibilidad social y económica e indica claramente algunas tendencias y déficits clave que exigen una actuación firme y estructurada para conciliar el bienestar y la prosperidad. Entre ellos se encuentran las crecientes grietas en la cohesión social y territorial, que presentan efectos desproporcionados y riesgos importantes para los contratos sociales actuales y amenazan la democracia, o el hecho de que los sistemas de educación y formación aún no están adaptados a la escala y la velocidad de las transformaciones.
4.3Una capacidad financiera permanente a escala de la UE podría ser beneficiosa para fortalecer la inversión social y podría centrarse en tres funciones: la estabilización cíclica, el apoyo a la ejecución de los planes estructurales nacionales de política presupuestaria y el suministro de bienes públicos europeos
. Los bienes y servicios públicos deben beneficiar a terceros, a la ciudadanía, a los trabajadores, a las empresas y al medio ambiente. La producción de paquetes de bienes y servicios públicos integrados y adaptados a cada lugar puede tener un efecto indirecto positivo en los sistemas generales de bienestar de los Estados miembros y en el medio ambiente
.
4.4Dado que el coste de la protección social debería seguir recayendo, en esencia, en el presupuesto de los Estados miembros de la UE, cuando esté respaldado por recursos adecuados para la aplicación del marco revisado de gobernanza económica de la UE, cabe reflexionar sobre la creación de nuevas modalidades de apoyo europeo para las inversiones necesarias en infraestructuras sociales cruciales, que son esenciales para el éxito de las transiciones y pueden considerarse bienes públicos europeos.
4.5El informe del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre la Inversión en Infraestructura Social en Europa
hizo un claro llamamiento a impulsar la inversión para subsanar el déficit de inversión en infraestructuras sociales. El informe estimó que la brecha entre la inversión actual en infraestructuras sociales en la UE y el déficit mínimo de inversión en infraestructuras sociales se sitúa entre 100 000 y 150 000 millones EUR al año, lo que representa un déficit total de más de 1,5 billones EUR entre 2018 y 2030. A raíz de la crisis económica y financiera mundial, la UE ha venido padeciendo unos niveles de inversión bajos. En 2016, la inversión en infraestructuras se situó un 20 % por debajo del nivel registrado en 2007, y la inversión en infraestructuras sociales quedó aún más rezagada con respecto a la inversión en infraestructuras tradicionales. Además, la brecha varía considerablemente de una región a otra. Los entes locales, que deberían desempeñar un papel de liderazgo en la inversión en infraestructuras sociales, están sujetos en ocasiones a restricciones presupuestarias aún más estrictas. Por ello, los niveles regionales de desarrollo no convergen, ni tampoco lo hace la inversión en infraestructuras sociales. El informe examina varias propuestas concretas destinadas a subsanar esa brecha.
4.6Sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros y las regiones en la aplicación de una política coordinada a escala de la UE, el CESE propone las cinco prioridades siguientes:
-Sociedades envejecidas y tendencias demográficas claras: ya se trate de la escasez de mano de obra, de las presiones sobre las necesidades de inversión en los cuidados asistenciales y la adaptación de las infraestructuras de nuestras sociedades (espacios habitables, transporte, etc.), o de la demanda de bienes y servicios de una sociedad futura diferente, que engloba la oportunidad que brinda la economía plateada, todas requieren planes importantes y específicos, así como inversiones adecuadas para reducir los riesgos y la escasez (incluida una política de migración adecuada y bien diseñada). Estas inversiones deben convertirse en una fuerza impulsora de la futura competitividad y riqueza de la UE.
-Eficiencia energética: las cifras de pobreza energética y habitacional
son elevadas en muchos países (y afectan mayoritariamente a quienes residen en las zonas rurales y más desfavorecidas). La eficiencia energética es una prioridad fundamental para la UE y requerirá inversiones de gran magnitud durante los próximos años. Al menos una cuarta parte de los ciudadanos y ciudadanas de la UE no pueden permitírsela, y para otros muchos es muy difícil de alcanzar. Una financiación adecuada de la UE constituye una palanca para la financiación privada de esta prioridad. Dar acceso a viviendas asequibles, en particular a la juventud y las familias de bajos ingresos, supone una inversión social con un claro resultado económico en términos de crecimiento.
-La necesidad de adaptar nuestras infraestructuras sanitarias en toda Europa, como quedó de manifiesto durante la pandemia. El sector sanitario también debería convertirse en una prioridad clave en la planificación del próximo MFP, ya sea como parte de los fondos de cohesión y sociales ordinarios de la UE o mediante nuevos instrumentos específicos de la Unión. Las medidas deben centrarse en la prevención, tanto en lo que respecta a la salud general como en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo. Por ejemplo, distinguir entre los entornos de trabajo que son seguros y saludables y aquellos que no lo son tanto (según el historial de los empleadores), e incrementar las cotizaciones sociales de los entornos de trabajo menos saludables (mediante un sistema «bonus-malus»), podría reducir tanto las lesiones como el síndrome de desgaste profesional y los costes que generan.
-La importante necesidad de educación, formación y aprendizaje a todos los niveles: se trata de factores esenciales para garantizar que nuestra sociedad esté preparada para las transiciones necesarias, proporcionar una mano de obra adecuadamente cualificada a nuestras empresas y promover nuevos puestos de trabajo a través de profesionales y empresas emergentes. Deben considerarse una prioridad fundamental para las inversiones de la UE en calidad de bien público europeo crucial.
-Evaluar la viabilidad de convertir SURE en un instrumento permanente o de crear otro similar, ya que se mostró eficaz a la hora de proteger a los trabajadores durante la pandemia. El CESE propone que se estudie la posibilidad de crear un instrumento SURE (o similar) permanente para proteger a los trabajadores de todos los sectores económicos expuestos a los riesgos vinculados con las transiciones ecológica y digital, con el fin de reforzar la seguridad social y la confianza en estas enormes transformaciones de la economía de la UE y de garantizar el respaldo social a este respecto. Podría convertirse en un instrumento sólido para vincular el trabajo y las transiciones de manera positiva.
4.7El CESE propone que los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil participen a través de un procedimiento de consulta formal estructurado, a escala tanto europea como nacional, que abarque las fases de elaboración, toma de decisiones, ejecución, supervisión y evaluación. A fin de reforzar la dimensión social del Semestre Europeo, en consonancia con los objetivos de la política económica y presupuestaria de la UE, necesitamos la participación de la sociedad civil organizada, el uso eficaz de los indicadores sociales adecuados, una mayor implicación de los representantes de las instituciones políticas nacionales y europeas y una estrecha coordinación entre la Comisión, el Consejo EPSCO y el Consejo Ecofin, así como la conclusión de los trabajos sobre el marco de convergencia social propuesto por las Presidencias española y belga del Consejo.
4.8La revisión del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales en 2025 brinda la oportunidad de definir de manera más clara y concreta los resultados de la reforma, revisar los fondos actuales, racionalizar la inversión social y reforzar el seguimiento de la aplicación de dicho pilar dentro del Semestre Europeo, el principal mecanismo para supervisar la elaboración de políticas económicas y sociales generales. El Semestre Europeo debe utilizarse para mejorar la coordinación y supervisar los avances en toda la gama de objetivos de la UE. Las normas de financiación de la UE podrían flexibilizarse en mayor medida de modo que contribuyan a la consecución de estos objetivos, lo cual también garantizaría la coherencia de las políticas. Esta propuesta es coherente con la Comunicación de la Comisión Europea sobre un marco revisado de gobernanza económica de la UE y facilitará los procesos de asunción de responsabilidad a escala nacional y de participación de la sociedad civil organizada. El cumplimiento de las recomendaciones específicas por país posibilita evaluar la validez y eficacia del Semestre Europeo. Por tanto, el CESE considera que el incentivo más adecuado es vincular su aplicación al presupuesto de la UE y recibir parte de los fondos de este, siguiendo las mismas líneas que el MRR
. Dado que una parte significativa de las inversiones en sistemas de protección social y de la gestión de estos (así como de la aplicación de sus reformas) tiene lugar a escala local y regional, el Comité subraya la importancia de implicar a sus instituciones democráticas en la elaboración de los futuros planes estructurales nacionales de política presupuestaria y en los principales procesos del Semestre Europeo.
4.9La consecución de los objetivos sociales de la UE y los de la doble transición justa, así como la financiación de otros bienes públicos europeos, requiere el uso más eficaz posible de unos recursos financieros limitados. Por consiguiente, el CESE propone:
a)revisar los Fondos Estructurales y de Cohesión y coordinar sus objetivos, proyectos y flujos con los de la última fase de ejecución de los programas nacionales de reformas;
b)adaptar los instrumentos financieros y estratégicos de la política social con vistas a una reforma que permita reducir la fragmentación de los instrumentos existentes, de modo que aumenten las tasas de absorción;
c)ultimar los incentivos financieros vinculados a las reformas y establecer objetivos claros y una perspectiva plurianual, teniendo debidamente en cuenta la asunción de responsabilidad y la especificidad nacionales;
d)estudiar la posibilidad de utilizar fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad para financiar programas de inversión;
e)reforzar y optimizar los instrumentos actuales de asociación público-privada para la inversión, en particular los del BEI y de InvestEU; y
f)facilitar y atraer la inversión privada con valor social.
4.10El CESE considera que maximizar los procesos de rendimiento de la inversión debería ser un objetivo prioritario para todos los países, en particular mediante el establecimiento de un vínculo entre la financiación y las reformas estructurales, como ya se hizo con éxito en los planes nacionales de recuperación y resiliencia. Esto requiere la máxima flexibilidad y una ejecución simplificada de los programas, así como la aplicación de sistemas rigurosos de evaluación y seguimiento, a fin de garantizar la eficiencia en el gasto de los fondos de la UE existentes. La participación de la sociedad civil puede hacer que este proceso sea más transparente y eficaz. Optimizar el rendimiento de la inversión depende también de la calidad y la eficacia de los sistemas de protección social y de las reformas llevadas a cabo en ellos.
Bruselas, 29 de febrero de 2024
Ioannis VARDAKASTANIS
Presidente de la Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social
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