CONVOCATORIA DE DATOS

PARA UNA INICIATIVA (sin evaluación de impacto)

Título de la iniciativa

Estrategia de Justicia Digital para 2025-2030 - «DigitalJustice@2030»

DG principal. Unidad responsable

DG Justicia y Consumidores. Unidad A1 (Transición Digital y Formación Judicial)

Tipo probable de iniciativa

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones

Calendario orientativo

Cuarto trimestre de 2025

Información complementaria

–

A. Contexto político, definición del problema y control de la subsidiariedad

Contexto político

En su carta de mandato se encomendó al comisario McGrath la formulación de una estrategia sobre el uso de las tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial, para que los sistemas de justicia civil y penal de la UE fueran más eficientes, resilientes y seguros. Esta estrategia está en consonancia con el Nuevo Pacto para la Competitividad Europea del Consejo Europeo, el informe Draghi, las orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyen 2024-2029, la Brújula de Competitividad para la UE y el Plan de Acción «Continente de IA», en todos los cuales se pide a las instituciones de la UE que adopten medidas para reformar la UE y, en particular, que sea más competitiva y digital, y contribuya en mayor medida al crecimiento.

Una justicia eficaz contribuye al crecimiento al mejorar la resiliencia y la competitividad de la economía de la UE. Es más probable que las empresas inviertan en países donde el sistema judicial sea muy eficiente. La crisis de la COVID-19 ha demostrado que los sistemas judiciales digitalizados son más resilientes frente a estas perturbaciones sistémicas, ya que las autoridades judiciales solo pudieron desempeñar tareas para las que disponían de herramientas digitales cuando se impusieron las medidas sanitarias.

Esta estrategia se adoptará junto con la nueva Estrategia de Formación Judicial (2025-2030). Los sistemas judiciales están cada vez más digitalizados, por lo que los profesionales de la justicia necesitan adquirir las cualificaciones y los conocimientos pertinentes para seguir el ritmo de esta tendencia. La nueva Estrategia de Formación Judicial creará un marco de apoyo a la digitalización de los sistemas judiciales y prestará especial atención a la digitalización con el fin de contribuir a hacer realidad la Estrategia DigitalJustice@2030.

Problema que la iniciativa se propone afrontar

El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2024 indica que los Estados miembros están avanzando de manera desigual en la digitalización de la justicia. Algunos Estados miembros han creado herramientas específicas para la digitalización parcial de sus sistemas judiciales (sistemas de gestión de asuntos, videoconferencias, etc.), pero muchos se están quedando rezagados. Las razones para ello varían según los Estados miembros, pero pueden señalarse la insuficiencia de recursos humanos, la falta de fondos y las diferentes prioridades políticas.

No existe una visión global de las iniciativas nacionales pertinentes en materia de digitalización de la justicia. Es probable que se necesiten herramientas informáticas idénticas o similares (también herramientas de inteligencia artificial) y normas en materia de datos para digitalizar las prácticas comunes a todos los sistemas judiciales. Sin embargo, no existe ningún mecanismo que permita compartir tales herramientas informáticas. También faltan datos y análisis de las ventajas de la digitalización en lo que respecta a la eficiencia, la calidad y la independencia de los sistemas judiciales, así como a su grado de interoperabilidad.

El Reglamento sobre digitalización no dispone la digitalización de todos los procesos judiciales desde su inicio hasta su conclusión, sino que establece una base jurídica para las videoconferencias transfronterizas, sin ofrecer apenas orientaciones sobre los requisitos técnicos y procesales. 

Las Directrices de la CEPEJ para la publicación en línea de las resoluciones judiciales insisten en que una mayor transparencia de la justicia contribuye a aumentar la confianza del público en el sistema judicial. El acceso a la justicia, a la jurisprudencia y a la interpretación judicial de las disposiciones jurídicas forma parte del derecho de acceso a la justicia, que es en sí mismo un principio fundamental de la democracia. Sin embargo, la legislación nacional y la jurisprudencia no suelen estar disponibles para su consulta pública. Además, no es fácil para los profesionales de la justicia en asuntos transfronterizos encontrar, interpretar y aplicar leyes extranjeras a los asuntos pendientes. Esto puede dar lugar a retrasos considerables en las resoluciones, lo que tiene efectos negativos en el crecimiento y la competitividad.

La información judicial y los datos de otros sectores pertinentes desde el punto de vista de los procesos judiciales no siempre son consultables en un formato legible electrónicamente, lo que dificulta la creación de bases de datos y herramientas de búsqueda para los profesionales de la justicia. La creación de herramientas de inteligencia artificial para la justicia en la UE también se ve obstaculizada por la falta de acceso a los datos judiciales pertinentes.

Base para la actuación de la UE (base jurídica y control de subsidiariedad)

Base jurídica

Instrumento no legislativo en forma de Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.

Necesidad práctica de la actuación de la UE

Los Estados miembros están tratando de promover el uso de herramientas digitales y de la inteligencia artificial en la justicia. Los gobiernos nacionales y los profesionales de la justicia están interesados en aprender unos de otros y en generar sinergias. La Comisión está bien situada para apoyar a los Estados miembros a este respecto.

La Comisión podría, por ejemplo, ofrecer una visión general de las normas y herramientas digitales existentes para facilitar las sinergias y fomentar su interoperabilidad. En tal caso, correspondería principalmente a los Estados miembros crear las herramientas necesarias para satisfacer sus necesidades.

La acción a escala de la UE abordaría las dificultades comunes a los Estados miembros. También sería más eficiente a la hora de crear un entorno favorable para los profesionales de la justicia, por ejemplo, a través de la política de financiación y formación judicial de la UE, así como facilitando asistencia y orientaciones sobre el uso de normas, herramientas e inteligencia artificial en materia de datos para garantizar un planteamiento común en todos los Estados miembros.

B. Qué se propone conseguir la iniciativa y de qué modo

La Estrategia DigitalJustice@2030 tiene por objeto una mayor digitalización de los sistemas judiciales de la UE de aquí a 2030. Con ello se pretende i) aumentar la eficiencia de los sistemas judiciales, salvaguardando y reforzando al mismo tiempo los derechos de todas las partes; ii) mejorar la calidad de la justicia; y iii) ampliar el acceso a la justicia.

La estrategia presentará medidas que puedan mejorar y estimular la creación y el uso de herramientas digitales en la justicia, centrándose en el potencial sin aprovechar de la digitalización. Así pues, los profesionales de la justicia deben poder utilizar tecnologías punteras para mejorar su trabajo diario, lo que se traducirá en vistas más rápidas, con la consiguiente disminución de la acumulación de asuntos y de los retrasos.

Entre las posibles líneas de trabajo con medidas para su ulterior elaboración figuran las siguientes:

Datos sobre la digitalización de los sistemas judiciales nacionales y el intercambio de mejores prácticas: Crear una visión general de las prácticas de digitalización en los sistemas judiciales nacionales, facilitando así un intercambio significativo de mejores prácticas. Los Estados miembros deben poder aprovechar las sinergias y poner en práctica los sistemas existentes que ya funcionan correctamente, con el objetivo de que sean interoperables, en vez de crear cada Estado miembro sus propias herramientas nacionales.

Caja de herramientas de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial para la justicia: Para acelerar la digitalización y generar ahorros de costes para los Estados miembros, el conjunto de herramientas podría mancomunar la información sobre las herramientas informáticas (incluida la inteligencia artificial) a escala de la UE.

La inteligencia artificial en la justicia: Garantizar el cumplimiento coherente de las normas con arreglo al Reglamento de la Inteligencia Artificial y ayudar a las autoridades nacionales a tomar decisiones fundadas sobre si deben emplearse herramientas de inteligencia artificial, con qué fin y de qué manera. Entre otras cosas se trataría de definir las oportunidades relacionadas con la creación y el uso de herramientas de inteligencia artificial en los procesos judiciales.

Espacio Europeo de Datos Jurídicos: Garantizar un acceso amplio y sistemático a la legislación y la jurisprudencia nacionales y de la UE y promover el uso de datos legislativos y judiciales para la formación, así como la creación de herramientas de inteligencia artificial adaptadas a la justicia.

Procesos judiciales digitales: Lograr la plena digitalización de los procesos judiciales transfronterizos en materia civil y mercantil. Entre los principales elementos que lo facilitarían figuran el uso de identidades digitales de confianza, tales como la cartera europea de identidad digital y la cartera europea de empresas, firmas y sellos cualificados, sellos de tiempo, entrega electrónica y archivo electrónico.

Fondos de la UE para la digitalización: Varias líneas de trabajo dependen del acceso a una financiación suficiente a escala nacional y de la UE. Debe velarse por que haya financiación de la UE en el actual marco financiero plurianual (MFP) y en los programas financieros existentes. Sin perjuicio de la propuesta de la Comisión y de las negociaciones con los colegisladores, se estudiará la necesidad de una financiación adecuada para el próximo MFP, que abarcará el período 2028-2034.

Repercusiones probables

Se espera que la Estrategia DigitalJustice@2030 permita a los sistemas judiciales aprovechar los beneficios de la digitalización de manera más rápida y eficiente. Las líneas de trabajo definidas pueden entrañar costes para las autoridades nacionales por las reformas, pero estas deben considerarse inversiones para agilizar la adopción de herramientas digitales. La mejora de la interoperabilidad, la reutilización y las inversiones conjuntas podrían hacer ahorrar dinero a largo plazo. También se espera que la mejora de la recogida de datos gracias a la digitalización mejore también en última instancia la formulación de medidas.

Junto con la nueva Estrategia de formación judicial, esta estrategia facilitará a las autoridades públicas (entre otras, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el poder judicial y los profesionales de la justicia) los medios, los conocimientos técnicos y los recursos necesarios para hacer que la justicia sea más eficiente, accesible y de mayor calidad. Se prevé que un sistema judicial eficaz y accesible que proteja y haga cumplir los derechos y obligaciones promueva el crecimiento económico y el aumento de las inversiones. Esto debería beneficiar a las empresas, incluidas las pequeñas y medianas, y reforzar en última instancia la economía de la UE.

Se prevé que un sistema judicial más digitalizado aumente el acceso a la justicia para los grupos vulnerables, los cuales pueden enfrentarse a obstáculos que, de otro modo, serían significativos, por ejemplo, debido a la distancia, discapacidades o costes. También se prevé que facilite un trato más apropiado a las víctimas de delitos. Las iniciativas pertinentes deben respetar el objetivo de no dejar atrás a quienes carecen de las cualificaciones y los conocimientos digitales apropiados.

Se prevé que los sistemas judiciales digitales tengan un menor impacto medioambiental debido a un menor uso de los recursos. También se prevé que sean más resilientes en tiempos de crisis como los de la COVID-19, en los que gran parte de los trabajadores, también del poder judicial, tuvo que trabajar desde casa. Ir abandonando la comunicación en papel debería de mejorar la seguridad de los datos, pero unos sistemas judiciales más digitalizados también pueden ser más vulnerables a otros tipos de riesgos, como los ciberataques y las violaciones de la seguridad de los datos personales.

No se prevén repercusiones importantes en la demanda de trabajadores. A medio plazo, podría producirse una posible redistribución de los puestos jurídicos y administrativos en favor de los puestos relacionados con la gestión y el desarrollo y los datos informáticos.

Esta iniciativa forma parte de la contribución de la UE a los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y, en particular, a los del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 16 de las Naciones Unidas (paz, justicia e instituciones sólidas).

Seguimiento futuro

El cuadro de indicadores de la justicia en la UE, que comprende datos sobre la digitalización de los sistemas judiciales, facilitará el seguimiento y los avances futuros de la digitalización de la justicia en la UE.

C. Mejora de la legislación

Evaluación de impacto 

La estrategia propuesta establecerá objetivos políticos generales y no es legislativa. Por lo tanto, en esta fase no es necesaria una evaluación de impacto.

Estrategia de consulta

La Comisión recaba información general sobre esta iniciativa del público, las partes interesadas y los Estados miembros a través de la presente convocatoria de datos. La Comisión se pondrá en contacto con las asociaciones empresariales pertinentes y las redes a escala de la UE, las organizaciones profesionales del Derecho y las partes interesadas en el ámbito de la justicia. Se mantendrán contactos con los Estados miembros por varios medios, entre otros en el seno del Grupo de Trabajo del Consejo de Justicia en Red.

Se llevarán a cabo consultas específicas sobre líneas de trabajo específicas de la estrategia en foros de alto nivel sobre Justicia para el Crecimiento y el Futuro de la Justicia Penal de la UE, con la participación de los Estados miembros, el Parlamento Europeo y las partes interesadas pertinentes. Estos foros de alto nivel se celebrarán entre marzo y noviembre de 2025 y las conclusiones se incorporarán a la estrategia.

Para mejorar las sinergias intersectoriales, la Comisión también colaborará con la Comunidad para la Europa Interoperable.

¿Por qué se realiza la consulta?

El objeto del proceso de consulta es recabar las opiniones de los Estados miembros, las partes interesadas y el público en general, y brindarles la oportunidad de ayudar a planear la Estrategia DigitalJustice@2030 de manera colaborativa, transparente e inclusiva. La consulta recabará opiniones, observaciones e impresiones sobre las diferentes líneas de trabajo posibles que podrían ayudar a los Estados miembros a digitalizar sus sistemas judiciales al efecto de mejorar la eficiencia, el acceso y la calidad de la justicia.

Público destinatario

Se han determinado las principales partes interesadas siguientes:

·autoridades públicas de los Estados miembros;

·organizaciones profesionales, especialmente de todas las categorías de profesionales de la justicia, así como asociaciones empresariales que tengan actividades transfronterizas;

·redes a escala de la UE;

·la comunidad de la Europa Interoperable;

·el Parlamento Europeo;

·las organizaciones de la sociedad civil que representan a partes en los procesos judiciales;

·el público en general.