(1)

El Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) ha sido modificado sustancialmente (5). Dado que deben hacerse nuevas modificaciones y en aras de la claridad, conviene proceder a la refundición de dicho Reglamento.

(2)

El Reglamento (UE) 2015/847 fue adoptado para garantizar que los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) relativos a los proveedores de servicios de transferencias electrónicas —y, en particular, la obligación de los proveedores de servicios de pago de acompañar las transferencias de fondos de información sobre el ordenante y el beneficiario— se aplicasen de forma uniforme en toda la Unión. Las últimas modificaciones introducidas en junio de 2019 en las normas del GAFI sobre nuevas tecnologías, destinadas a regular los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales, han previsto obligaciones nuevas y similares para los proveedores de servicios de activos virtuales con el objeto de facilitar la trazabilidad de las transferencias de activos virtuales. Además de esas modificaciones, los proveedores de servicios de activos virtuales deben acompañar las transferencias de activos virtuales de información sobre los originantes y los beneficiarios de dichas transferencias de activos virtuales. Los proveedores de servicios de activos virtuales están también obligados a obtener, mantener y compartir esa información con su contraparte al otro extremo de la transferencia de activos virtuales y a ponerla a disposición de las autoridades competentes, previa solicitud.

(3)

Dado que, actualmente, el Reglamento (UE) 2015/847 solo se aplica a las transferencias de fondos, esto es, a los billetes y las monedas, el dinero escritural y el dinero electrónico, según la definición del artículo 2, punto 2, de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), procede ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2015/847 para abarcar también las transferencias de activos virtuales.

(4)

Los flujos de dinero ilícito a través de transferencias de fondos y activos virtuales pueden dañar la integridad, estabilidad y reputación del sector financiero y amenazar el mercado interior de la Unión y el desarrollo internacional. El blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada siguen siendo problemas importantes que deben abordarse a escala de la Unión. La solidez, la integridad y la estabilidad del sistema de transferencias de fondos y activos virtuales, y la confianza en el sistema financiero en su conjunto, podrían verse seriamente comprometidas por los esfuerzos de los delincuentes y de sus cómplices por encubrir el origen de sus ingresos delictivos o por transferir fondos o activos virtuales para actividades delictivas o con propósitos terroristas.

(5)

A falta de la adopción de ciertas medidas de coordinación a escala de la Unión, existe una alta probabilidad de que, para facilitar sus actividades delictivas, quienes se dedican a blanquear capitales y financiar el terrorismo aprovechen la libre circulación de capitales que trae consigo el espacio financiero integrado de la Unión. La cooperación internacional en el marco del GAFI y la aplicación general de sus recomendaciones persiguen prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con ocasión de la transferencia de fondos o de activos virtuales.

(6)

Dada la escala de la acción que se acomete, la Unión debe garantizar que las normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación adoptadas por el GAFI el 16 de febrero de 2012 y revisadas posteriormente el 21 de junio de 2019 (las «Recomendaciones revisadas del GAFI»), y, en particular, la Recomendación 15 del GAFI sobre nuevas tecnologías, la Recomendación 16 del GAFI sobre transferencias electrónicas y las notas revisadas interpretativas de dichas Recomendaciones, sean aplicadas de manera uniforme en toda la Unión y, en especial, que no haya ninguna discriminación ni discrepancia entre, por un lado, los pagos o las transferencias de activos virtuales nacionales dentro de un Estado miembro y, por otro, los pagos o las transferencias de activos virtuales transfronterizos entre Estados miembros. Una actuación no coordinada de los Estados miembros por sí solos en el ámbito de las transferencias transfronterizas de fondos y activos virtuales podría afectar significativamente al buen funcionamiento de los sistemas de pagos y de los servicios de activos virtuales a escala de la Unión y, por lo tanto, perjudicar al mercado interior en el ámbito de los servicios financieros.

(7)

Para estimular un planteamiento coherente en el contexto internacional y aumentar la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las nuevas medidas de la Unión deben tener en cuenta la evolución a escala internacional, en particular las Recomendaciones revisadas del GAFI.

(8)

Su alcance mundial, la velocidad a la que pueden llevarse a cabo las operaciones y el posible anonimato que ofrece su transferencia hacen que los activos virtuales sean especialmente susceptibles de uso delictivo, en particular en contextos transfronterizos. A fin de abordar eficazmente los riesgos que plantea el uso indebido de activos virtuales con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la Unión debe promover la aplicación a escala mundial de las normas que se ejecutan en el presente Reglamento y el desarrollo de las dimensiones internacional e interjurisdiccional del marco regulador y de supervisión de las transferencias de activos virtuales en relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

(9)

La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), como consecuencia de su modificación por la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) introdujo una definición de las monedas virtuales y reconoció que los proveedores que prestan servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias, así como los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos, figuran entre las entidades sujetas a los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con arreglo al Derecho de la Unión. La reciente evolución del contexto internacional, en particular en el marco del GAFI, ha propiciado la necesidad de regular categorías adicionales de proveedores de servicios de activos virtuales aún no cubiertos y de ampliar la actual definición de «moneda virtual».

(10)

La definición de «criptoactivos» del Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) corresponde a la definición de «activos virtuales» establecida en las Recomendaciones revisadas del GAFI, y la lista de servicios de criptoactivos y de proveedores de servicios de criptoactivos abarcados por dicho Reglamento también incluye a los proveedores de servicios de activos virtuales identificados como tales por el GAFI y considerados susceptibles de plantear problemas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. A fin de garantizar la coherencia del Derecho de la Unión en dicho ámbito, el presente Reglamento debe utilizar las mismas definiciones de criptoactivos, servicios de criptoactivos y proveedores de servicios de criptoactivos que en el Reglamento (UE) 2023/1114.

(11)

La aplicación y la ejecución del presente Reglamento constituyen medios pertinentes y eficaces para prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

(12)

El presente Reglamento no pretende imponer cargas o costes innecesarios a los proveedores de servicios de pago, a los proveedores de servicios de criptoactivos o a las personas que utilizan sus servicios. A este respecto, el enfoque preventivo debe ser específico y proporcionado, y respetar plenamente la libertad de circulación de capitales garantizada en toda la Unión.

(13)

La Estrategia revisada sobre financiación del terrorismo de la Unión, de 17 de julio de 2008 (en lo sucesivo, «Estrategia revisada»), indica que han de proseguir los esfuerzos dirigidos a impedir la financiación del terrorismo y el uso por las personas sospechosas de terrorismo de sus propios recursos financieros. Reconoce que el GAFI persigue constantemente la mejora de sus Recomendaciones y se esfuerza por llegar a una interpretación común de cómo deben aplicarse. La Estrategia revisada señala que la aplicación de esas Recomendaciones revisadas del GAFI por todos los miembros del GAFI y los miembros de organismos regionales similares al GAFI se evalúa periódicamente y que, por ello, es importante que los Estados miembros adopten un mismo enfoque.

(14)

Además, en su Comunicación de 7 de mayo de 2020 sobre un Plan de acción para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la Comisión detectó seis ámbitos prioritarios de actuación urgente para mejorar el régimen de la Unión en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluida la creación de un marco regulador coherente para dicho régimen en la Unión con el fin de lograr normas más detalladas y armonizadas, en particular para abordar las implicaciones de la innovación tecnológica y de la evolución de las normas internacionales y para evitar una aplicación divergente de las normas existentes. El trabajo a escala internacional apunta la necesidad de extender el ámbito de los sectores o entidades cubiertos por dicho régimen y evaluar cómo debe aplicarse a los proveedores de servicios de criptoactivos que no están regulados hasta la fecha.

(15)

Para prevenir la financiación del terrorismo, se han adoptado medidas dirigidas a la congelación de los fondos y recursos económicos de determinadas personas, grupos y entidades, entre las que figuran los Reglamentos (CE) n.o 2580/2001 (10), (CE) n.o 881/2002 (11) y (UE) n.o 356/2010 (12) del Consejo. Con ese mismo objeto, también se han adoptado medidas encaminadas a proteger el sistema financiero contra la canalización de fondos y recursos económicos con fines terroristas. La Directiva (UE) 2015/849 contiene varias de estas medidas. Sin embargo, dichas medidas no impiden del todo que los terroristas y otros delincuentes tengan acceso a los sistemas de pago para transferir sus fondos.

(16)

La capacidad de seguimiento de las transferencias de fondos y criptoactivos puede ser una herramienta particularmente importante y valiosa en la prevención, detección e investigación del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, así como en la aplicación de medidas restrictivas, en particular las que imponen los Reglamentos (CE) n.o 2580/2001, (CE) n.o 881/2002 y (UE) n.o 356/2010. Resulta, por lo tanto, pertinente para asegurar la transmisión de la información a lo largo de la cadena de pago o de transferencias de criptoactivos, establecer un sistema que imponga a los proveedores de servicios de pago la obligación de acompañar las transferencias de fondos de información sobre el ordenante y el beneficiario y la obligación para los proveedores de servicios de criptoactivos de acompañar las transferencias de criptoactivos de información sobre el originante y el beneficiario.

(17)

Ciertas transferencias de criptoactivos implican factores específicos de alto riesgo de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y otras actividades delictivas, en particular las transferencias relacionadas con productos, operaciones o tecnologías diseñadas para mejorar el anonimato, en particular los monederos privados y los mezcladores de criptoactivos. Para garantizar la capacidad de seguimiento de dichas transferencias, la Autoridad Europea de Supervisión [Autoridad Bancaria Europea (ABE), establecida por el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) debe aclarar, en particular, cómo deben tener en cuenta los factores de riesgo enumerados en el anexo III de la Directiva (UE) 2015/849 los proveedores de servicios de criptoactivos, en especial cuando efectúen transacciones con entidades no pertenecientes a la Unión que no estén reguladas, registradas ni autorizadas en ningún tercer país, o con direcciones autoalojadas. Cuando se detecten situaciones de mayor riesgo, la ABE debe publicar directrices en las que se especifiquen las medidas reforzadas de diligencia debida que deban plantearse aplicar las entidades obligadas para mitigar tales riesgos, incluida la adopción de procedimientos adecuados, como el uso de herramientas analíticas basadas en la tecnología de registro distribuido, para detectar el origen o el destino de los criptoactivos.

(18)

El presente Reglamento debe aplicarse sin perjuicio de las medidas restrictivas nacionales y de las medidas restrictivas de la Unión impuestas por los Reglamentos basados en el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como los Reglamentos (CE) n.o 2580/2001, (CE) n.o 881/2002 y (UE) n.o 356/2010, y los Reglamentos (UE) n.o 267/2012 (14), (UE) 2016/1686 (15) y (UE) 2017/1509 (16) del Consejo, que pueden exigir que los proveedores de servicios de pago de ordenantes y beneficiarios, los proveedores de servicios de criptoactivos de originantes y beneficiarios, los proveedores de servicios de pago intermediarios, así como los proveedores de servicios de criptoactivos intermediarios, tomen las medidas apropiadas para inmovilizar determinados fondos y criptoactivos, o que cumplan restricciones concretas con respecto a determinadas transferencias de fondos o de criptoactivos. Los proveedores de servicios de pago y los proveedores de servicios de criptoactivos deben disponer de políticas, procedimientos y controles internos para garantizar la aplicación de dichas medidas restrictivas, en particular medidas que detecten a las personas incluidas en las listas de la Unión y nacionales. La ABE debe emitir directrices en las que se especifiquen dichas políticas, procedimientos y controles internos. Se pretende que los requisitos del presente Reglamento sobre políticas, procedimientos y controles internos relacionados con las medidas restrictivas sean derogados en un futuro próximo por un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

(19)

El tratamiento de los datos personales en el marco del presente Reglamento debe cumplir plenamente el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (17). Debe prohibirse estrictamente el tratamiento posterior de datos de carácter personal con fines comerciales. Todos los Estados miembros reconocen que la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo constituye una cuestión importante de interés general. Al aplicar el presente Reglamento, la transferencia de datos personales a un tercer país ha de realizarse de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679. Es importante que no se impida que los proveedores de servicios de pago y los proveedores de servicios de criptoactivos que operen en varios países o territorios y que cuenten con sucursales o filiales situadas fuera de la Unión intercambien información sobre operaciones sospechosas dentro del grupo, a condición de que apliquen las salvaguardias adecuadas. Además, los proveedores de servicios de criptoactivos del originante y del beneficiario, los proveedores de servicios de pago del ordenante y del beneficiario, y los proveedores de servicios de pago intermediarios y los proveedores de servicios de criptoactivos intermediarios, deben contar con las medidas técnicas y de organización adecuadas para proteger los datos personales de la pérdida accidental, la alteración o la difusión o el acceso no autorizados.

(20)

Las personas que se limitan a convertir documentos en papel en datos electrónicos y que actúan con arreglo a un contrato celebrado con un proveedor de servicios de pago, así como las personas que solo proporcionan a los proveedores de servicios de pago un sistema de mensajería u otros sistemas de apoyo para la transmisión de fondos o sistemas de compensación y liquidación, no deben quedar incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(21)

Las personas que solo proporcionan infraestructuras auxiliares, como servicios de red e infraestructura de internet, servicios en la nube o desarrolladores de programas informáticos, que permitan a otra entidad prestar servicios de transferencia de criptoactivos, no deben quedar incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, a menos que realicen transferencias de criptoactivos.

(22)

El presente Reglamento no debe aplicarse a las transferencias de criptoactivos entre particulares realizadas sin la participación de un proveedor de servicios de criptoactivos, o a los casos en que tanto el originante como el beneficiario sean proveedores de servicios de transferencias de criptoactivos que actúan por cuenta propia.

(23)

Las transferencias de fondos correspondientes a los servicios mencionados en el artículo 3, letras a) a m) y letra o), de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo (18) no están incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Conviene también excluir del ámbito de aplicación del presente Reglamento las transferencias de fondos y de fichas de dinero electrónico, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 7, del Reglamento (UE) 2023/1114, que representen un bajo riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Estas exclusiones deben comprender las tarjetas de pago, los instrumentos de dinero electrónico, los teléfonos móviles u otros dispositivos digitales o informáticos de prepago o postpago con características similares cuando sean usados exclusivamente para la adquisición de bienes o servicios, y el número de la tarjeta, instrumento o dispositivo acompañe todas las transferencias. No obstante, el uso de una tarjeta de pago, un instrumento de dinero electrónico, un teléfono móvil u otro dispositivo digital o informático de prepago o postpago de características similares para efectuar una transferencia de fondos o de fichas de dinero electrónico entre personas físicas que actúen como consumidores con fines distintos de actividades comerciales, empresariales o profesionales, entra dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Además, las retiradas de efectivo en cajeros automáticos, los pagos en concepto de impuestos, multas u otros gravámenes, las transferencias de fondos realizadas mediante el intercambio de imágenes de cheques, incluidos los cheques truncados, o las letras de cambio, y las transferencias de fondos en las que tanto el ordenante como el beneficiario sean proveedores de servicios de pago que actúen en su propio nombre, deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(24)

Los criptoactivos únicos y no fungibles no están sujetos a los requisitos del presente Reglamento, a menos que estén clasificados como criptoactivos o fondos con arreglo al Reglamento (UE) 2023/1114.

(25)

Los criptocajeros automáticos pueden permitir a los usuarios realizar transferencias de criptoactivos a una dirección de criptoactivos haciendo un depósito en efectivo, a menudo sin ninguna forma de identificación ni verificación del cliente. Los criptocajeros automáticos están particularmente expuestos al riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo porque el anonimato que proporcionan y la posibilidad de operar con efectivo de origen desconocido los convierte en un vehículo ideal para actividades ilícitas. Habida cuenta del papel de los criptocajeros automáticos en la prestación o facilitación activa de las transferencias de criptoactivos, las transferencias de criptoactivos vinculadas a criptocajeros automáticos deben quedar comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(26)

A fin de tener en cuenta las características especiales de los sistemas nacionales de pago, y siempre que sea posible realizar un seguimiento de las transferencias de fondos hasta localizar al ordenante, los Estados miembros deben poder excluir del ámbito de aplicación del presente Reglamento determinadas transferencias nacionales de baja cuantía utilizadas para adquirir bienes o servicios, incluidos los pagos a través de giros electrónicos.

(27)

Debido a su naturaleza transfronteriza intrínseca y al alcance mundial de las transferencias de criptoactivos y la prestación de servicios de criptoactivos, no hay motivos objetivos para hacer distinción entre el tratamiento de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que presentan las transferencias nacionales de los que presentan las transferencias transfronterizas. A fin de reflejar estas características específicas, no debe concederse ninguna exención del ámbito de aplicación del presente Reglamento a las transferencias nacionales de criptoactivos de escaso valor, en consonancia con el requisito del GAFI de tratar todas las transferencias de criptoactivos como transfronterizas.

(28)

Los proveedores de servicios de pago y los proveedores de servicios de criptoactivos deben garantizar que la información sobre el ordenante y el beneficiario o sobre el originante y el beneficiario no falte ni sea incompleta.

(29)

Con el fin de no perjudicar la eficiencia de los sistemas de pago y para contrarrestar el riesgo de que se realicen operaciones fuera de los cauces reglamentarios como resultado de unas exigencias de identificación demasiado estrictas frente a la potencial amenaza del uso de pequeñas transferencias de fondos para fines terroristas, en el caso de las transferencias de fondos cuya verificación no se haya efectuado todavía, la obligación de verificar que la información sobre el ordenante o el beneficiario sea exacta debe aplicarse únicamente a transferencias individuales de fondos que superen los 1 000 EUR, salvo cuando dichas transferencias parezcan estar vinculadas a otras transferencias de fondos que en conjunto superen los 1 000 EUR, cuando los fondos se hayan recibido o pagado en efectivo, o mediante dinero electrónico anónimo o cuando existan motivos razonables para albergar sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

(30)

A diferencia de las transferencias de fondos, las transferencias de criptoactivos pueden llevarse a cabo en múltiples países o territorios a mayor escala y velocidad debido a su alcance mundial y sus características tecnológicas. Además del pseudoanonimato de los criptoactivos, estas características de las transferencias de criptoactivos brindan a los delincuentes la oportunidad de realizar grandes transferencias ilícitas a gran velocidad, eludiendo al mismo tiempo las obligaciones de trazabilidad y evitando la detección, mediante la estructuración de una gran transacción en cantidades más pequeñas, la utilización de múltiples direcciones basadas en la tecnología de registro distribuido aparentemente no relacionadas, especialmente direcciones basadas en la tecnología de registro distribuido de un solo uso, y el empleo de procesos automatizados. Por otra parte, la mayoría de los criptoactivos son muy volátiles y su valor puede fluctuar significativamente en un plazo muy breve, lo cual incrementa la incertidumbre en lo que respecta al cálculo de las transacciones relacionadas. A fin de reflejar esas características específicas, las transferencias de criptoactivos deben cumplir los mismos requisitos independientemente de su importe y de si son transferencias nacionales o transfronterizas.

(31)

En el caso de las transferencias de fondos o de las transferencias de criptoactivos cuya verificación se haya efectuado, no debe requerirse que los proveedores de servicios de pago y los proveedores de servicios de criptoactivos verifiquen la exactitud de la información sobre el ordenante o el beneficiario que acompañe a cada transferencia de fondos, o la información sobre el originante y el beneficiario que acompañe a cada transferencia de criptoactivos, a condición de que se cumplan las obligaciones que establece la Directiva (UE) 2015/849.

(32)

En vista de los actos legislativos de la Unión con respecto a los servicios de pago, en concreto el Reglamento (UE) n.o 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (19), la Directiva (UE) 2015/2366 y el Reglamento (UE) 2021/1230 del Parlamento Europeo y del Consejo (20), debe ser suficiente prever que las transferencias de fondos efectuadas dentro de la Unión vayan acompañadas únicamente de información simplificada, como el número de cuenta de pago o un identificador único de operación.

(33)

Con el fin de que las autoridades responsables de combatir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo en terceros países puedan localizar el origen de los fondos o criptoactivos utilizados para dichos propósitos, las transferencias de fondos o las transferencias de criptoactivos desde la Unión al exterior de la Unión deben llevar información completa sobre el ordenante y el beneficiario, en lo que respecta a las transferencias de fondos, y sobre el originante y el beneficiario, en lo que respecta a las transferencias de criptoactivos. La información completa sobre el ordenante y el beneficiario debe incluir el identificador de entidad jurídica (LEI, por sus siglas en inglés), o cualquier otro identificador oficial equivalente, cuando dicho identificador sea facilitado por el ordenante a su proveedor de servicios de pago, dado que ello haría posible una mejor identificación de las partes implicadas en las transferencias de fondos y podría incluirse fácilmente en el formato de mensajes de pago existente, como el desarrollado por la Organización Internacional de Normalización para el intercambio electrónico de datos entre instituciones financieras. Las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo en terceros países deben tener acceso a información completa sobre el ordenante y el beneficiario, o sobre el originante y el beneficiario, según proceda, solo a efectos de prevenir, detectar e investigar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

(34)

Los criptoactivos existen en una realidad virtual sin fronteras y pueden transferirse a cualquier proveedor de servicios de criptoactivos, esté dicho proveedor registrado o no en un país o territorio. Muchos países o territorios no pertenecientes a la Unión cuentan con normas relativas a la protección de datos y a su ejecución que difieren de las normas de la Unión. Al transferir criptoactivos por cuenta de un cliente a un proveedor de servicios de criptoactivos no registrado en la Unión, el proveedor de servicios de criptoactivos del originante debe evaluar la capacidad del proveedor de servicios de criptoactivos del beneficiario para recibir y conservar la información requerida con arreglo al presente Reglamento de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, empleando, cuando proceda, las opciones disponibles en el capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679. El Comité Europeo de Protección de Datos debe emitir, tras consultar a la ABE, directrices sobre la aplicación práctica de los requisitos de protección de datos en las transferencias de datos personales a terceros países en el contexto de las transferencias de criptoactivos. Pueden darse situaciones en las que los datos personales no puedan enviarse porque no puedan cumplirse los requisitos del Reglamento (UE) 2016/679. La ABE debe emitir directrices sobre los procedimientos adecuados para determinar si la transferencia de criptoactivos debe ejecutarse, rechazarse o suspenderse en tales casos.

(35)

Las autoridades de los Estados miembros responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como las autoridades judiciales y las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes de los Estados miembros y a nivel de la Unión, deben intensificar la cooperación entre sí y con las autoridades pertinentes de terceros países, incluidas las de países en desarrollo, con el fin de seguir reforzando la transparencia y el intercambio de información y de mejores prácticas.

(36)

El proveedor de servicios de criptoactivos del originante debe garantizar que las transferencias de criptoactivos vayan acompañadas del nombre del originante y de su dirección de registro distribuido, cuando una transferencia de criptoactivos haya sido registrada en una red que utilice tecnología de registro distribuido o una tecnología similar, del número de cuenta de criptoactivos del originante, cuando dicha cuenta exista y se utilice para tramitar la operación, de la dirección del originante, incluido el nombre del país, del número del documento oficial de identidad y del número de identificación de cliente o, alternativamente, de la fecha y lugar de nacimiento del originante y, cuando exista el campo necesario en el formato de mensaje pertinente y cuando el originante lo facilite a su proveedor de servicios de criptoactivos, del LEI actual o, en su defecto, de cualquier otro identificador oficial equivalente disponible del originante. La información debe presentarse de manera segura y previamente a la transferencia de criptoactivos o al mismo tiempo que esta.

(37)

El proveedor de servicios de criptoactivos del originante debe garantizar también que las transferencias de criptoactivos vayan acompañadas del nombre del beneficiario y de su dirección de registro distribuido, cuando una transferencia de criptoactivos haya sido registrada en una red que utilice tecnología de registro distribuido o una tecnología similar, del número de cuenta del beneficiario, cuando dicha cuenta exista y se utilice para tramitar la operación y, cuando exista el campo necesario en el formato de mensaje pertinente y cuando el originante lo facilite a su proveedor de servicios de criptoactivos, del LEI actual o, en su defecto, de cualquier otro identificador oficial equivalente disponible del beneficiario. La información debe presentarse de manera segura y previamente a la transferencia de criptoactivos o al mismo tiempo que esta.

(38)

En lo que respecta a las transferencias de criptoactivos, los requisitos del presente Reglamento deben aplicarse a todas las transferencias, incluidas las transferencias de criptoactivos hacia o desde una dirección autoalojada, siempre que participe un proveedor de servicios de criptoactivos.

(39)

En el caso de una transferencia hacia o desde una dirección autoalojada, el proveedor de servicios de criptoactivos debe obtener la información sobre el originante y sobre el beneficiario, generalmente de su cliente. Un proveedor de servicios de criptoactivos no debe estar obligado, en principio, a verificar la información sobre el usuario de la dirección autoalojada. No obstante, en el caso de una transferencia cuyo importe sea superior a 1 000 EUR que se envíe o reciba en nombre de un cliente de un proveedor de servicios de criptoactivos hacia o desde una dirección autoalojada, dicho proveedor de servicios de criptoactivos debe verificar si dicha dirección autoalojada es propiedad de ese cliente o está bajo su control efectivo.

(40)

Respecto a las transferencias de fondos de un solo ordenante a varios beneficiarios que se envíen en transferencias por lotes que contengan transferencias individuales desde la Unión al exterior de la Unión, las transferencias individuales deben poder llevar únicamente el número de cuenta de pago del ordenante o el identificador único de operación, así como la información completa sobre el beneficiario, a condición de que el fichero correspondiente al lote de transferencias contenga información completa sobre el ordenante cuya exactitud se haya verificado e información completa sobre el beneficiario que pueda rastrearse.

(41)

En cuanto a las transferencias por lotes de criptoactivos, debe aceptarse la presentación de información sobre el originante y el beneficiario por lotes, siempre que dicha presentación se efectúe de forma inmediata y segura. No debe permitirse presentar la información obligatoria después de la transferencia, ya que la presentación ha de tener lugar antes de que se complete la transacción o en el momento en que esto suceda, y los proveedores de servicios de criptoactivos u otras entidades obligadas deben presentar la información obligatoria de forma simultánea a la transferencia por lotes de criptoactivos.

(42)

Para comprobar si la información requerida sobre el ordenante y el beneficiario acompaña a las transferencias de fondos, y ayudar a identificar las operaciones sospechosas, el proveedor de servicios de pago del beneficiario y el proveedor de servicios de pago intermediario deben contar con procedimientos eficaces para detectar si falta o está incompleta la información sobre el ordenante y el beneficiario. Estos procedimientos deben incluir la supervisión después de las transferencias o durante estas, cuando sea procedente. Las autoridades competentes deben velar, por tanto, por que los proveedores de servicios de pago incluyan la información requerida sobre la operación en la transferencia electrónica o el mensaje de acompañamiento a lo largo de toda la cadena de pago.

(43)

En cuanto a las transferencias de criptoactivos, el proveedor de servicios de criptoactivos del beneficiario debe aplicar procedimientos eficaces para detectar si la información sobre el originante o el beneficiario falta o está incompleta. Esos procedimientos deben incluir, cuando proceda, la supervisión posterior a las transferencias o durante estas. No debe exigirse que la información se adjunte directamente a la propia transferencia de criptoactivos, siempre que se presente previamente a la transferencia de criptoactivos, o al mismo tiempo que esta, y se encuentre a disposición de las autoridades competentes previa solicitud.

(44)

Dado el riesgo potencial de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo que representan las transferencias anónimas, resulta oportuno exigir que los proveedores de servicios de pago soliciten información sobre el ordenante y el beneficiario y exigir que los proveedores de servicios de criptoactivos soliciten información sobre el originante y el beneficiario. En consonancia con el enfoque basado en el riesgo desarrollado por el GAFI, resulta oportuno determinar qué ámbitos presentan mayor y menor riesgo, al objeto de responder mejor a los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De este modo, el proveedor de servicios de criptoactivos del beneficiario, el proveedor de servicios de pago del beneficiario, el proveedor de servicios de pago intermediario y el proveedor de servicios de criptoactivos intermediario deben disponer de procedimientos eficaces, basados en el riesgo, para aquellos casos en que las transferencias de fondos no contengan la información requerida sobre el ordenante o el beneficiario, o en que las transferencias de criptoactivos no contengan la información requerida sobre el originante o el beneficiario, con el fin de permitir que dichos proveedores de servicios decidan si se ejecuta, se rechaza o se suspende la transferencia y determinar las medidas consiguientes oportunas.

(45)

Los proveedores de servicios de criptoactivos, al igual que todas las entidades obligadas, deben evaluar y supervisar los riesgos relacionados con sus clientes, productos y canales de entrega. Los proveedores de servicios de criptoactivos también deben evaluar el riesgo relacionado con sus operaciones, en particular cuando realicen transferencias hacia o desde direcciones autoalojadas. En caso de que el proveedor de servicios de criptoactivos sepa o constate que la información sobre el originante o el beneficiario que usa la dirección autoalojada es inexacta, o cuando observe patrones inusuales o sospechosos en las operaciones o se enfrente a situaciones que presenten un mayor riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo relacionado con transferencias que impliquen direcciones autoalojadas, dicho proveedor de servicios de criptoactivos debe aplicar, cuando proceda, medidas reforzadas de diligencia debida para gestionar y mitigar los riesgos adecuadamente. El proveedor de servicios de criptoactivos debe tener en cuenta dichas circunstancias a la hora de evaluar si una transferencia de criptoactivos, o cualquier operación conexa, es inusual y si debe informarse de ello a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849.

(46)

El presente Reglamento debe revisarse en el contexto de la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y por la que se deroga la Directiva (UE) 2015/849 y del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010, (UE) n.o 1094/2010 y (UE) n.o 1095/2010, a fin de garantizar la coherencia con las disposiciones pertinentes.

(47)

Al evaluar los riesgos, el proveedor de servicios de pago del beneficiario, el proveedor de servicios de pago intermediario, el proveedor de servicios de criptoactivos del beneficiario o el proveedor de servicios de criptoactivos intermediario deben ejercer una vigilancia especial cuando constaten que falta o está incompleta la información sobre el ordenante o el beneficiario, o sobre el originante o el beneficiario, según proceda, o cuando una transferencia de criptoactivos deba considerarse sospechosa en función de su origen o del destino de los criptoactivos en cuestión, y deben comunicar las operaciones sospechosas a las autoridades competentes, de acuerdo con las obligaciones en materia de información establecidas en la Directiva (UE) 2015/849.

(48)

De forma similar a las transferencias de fondos entre proveedores de servicios de pago, las transferencias de criptoactivos en las que participen proveedores de servicios de criptoactivos intermediarios podrían facilitar las transferencias como elemento intermedio en una cadena de transferencias de criptoactivos. En consonancia con las normas internacionales, dichos proveedores intermediarios también deben estar sujetos a los requisitos establecidos en el presente Reglamento, de forma análoga a las obligaciones que recaen sobre los proveedores de servicios de pago intermediarios.

(49)

Las disposiciones aplicables a las transferencias de fondos y a las transferencias de criptoactivos en las que falte información sobre el ordenante o el beneficiario o sobre el originante o el beneficiario o esta sea incompleta, y en relación con las cuales las transferencias de criptoactivos deban considerase sospechosas sobre la base del origen o del destino de los criptoactivos en cuestión, se deben aplicar sin perjuicio de las obligaciones de los proveedores de servicios de pago, los proveedores de servicios de pago intermediarios, los proveedores de servicios de criptoactivos y los proveedores de servicios de criptoactivos intermediarios de rechazar o suspender las transferencias de fondos y las transferencias de criptoactivos que incumplan disposiciones de Derecho civil, administrativo o penal.

(50)

A fin de garantizar la neutralidad tecnológica, el presente Reglamento no debe exigir el uso de una tecnología concreta para la transmisión de información sobre las operaciones por parte de los proveedores de servicios de criptoactivos. Para garantizar la aplicación eficaz de los requisitos aplicables a los proveedores de servicios de criptoactivos en virtud del presente Reglamento, serán esenciales las iniciativas destinadas a establecer normas que emprenda el sector de los criptoactivos o en las que este participe. Las soluciones que se obtengan deben ser interoperables mediante el uso de normas internacionales o de toda la Unión, a fin de permitir un intercambio rápido de información.

(51)

Con objeto de ayudar a los proveedores de servicios de pago y a los proveedores de servicios de criptoactivos a instaurar procedimientos eficaces para detectar casos en los que reciban transferencias de fondos o transferencias de criptoactivos sin información o con información incompleta sobre el ordenante, el beneficiario, el originante o el beneficiario y a tomar las medidas efectivas correspondientes, la ABE debe emitir directrices al respecto.

(52)

Para acelerar las intervenciones en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los proveedores de servicios de pago y los proveedores de servicios de criptoactivos deben responder rápidamente a las peticiones de información sobre el ordenante y el beneficiario o sobre el originante y el beneficiario de las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo en el Estado miembro donde dichos proveedores de servicios de pago estén establecidos o donde dichos proveedores de servicios de criptoactivos tengan su domicilio social.

(53)

El número de días hábiles transcurridos en el Estado miembro del proveedor de servicios de pago del ordenante determina el número de días de que dicho proveedor dispone para responder a las solicitudes de información sobre el ordenante.

(54)

Como en las investigaciones penales puede no ser posible determinar los datos requeridos o las personas implicadas en una transferencia hasta muchos meses o incluso años después de la transferencia original de fondos o de la transferencia de criptoactivos, y a fin de poder tener acceso a elementos de prueba esenciales en el contexto de las investigaciones, los proveedores de servicios de pago o los proveedores de servicios de criptoactivos deben guardar constancia durante un tiempo de la información sobre el ordenante y el beneficiario o sobre el originante y el beneficiario para prevenir, detectar e investigar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Ese plazo no debe exceder de cinco años y, una vez transcurrido, los datos personales deberán eliminarse salvo que la legislación nacional disponga lo contrario. Si resulta necesario a los efectos de prevenir, detectar o investigar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y tras llevar a cabo una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de la medida, los Estados miembros deben poder permitir o exigir que sigan conservándose registros por un plazo adicional de no más de cinco años, sin perjuicio de las disposiciones del Derecho penal nacional en materia de pruebas aplicables a las investigaciones penales y los procedimientos judiciales en curso y en pleno cumplimiento de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (21). Dichas medidas podrían revisarse a la luz de la adopción de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

(55)

A fin de mejorar el cumplimiento del presente Reglamento, y con arreglo a la Comunicación de la Comisión de 9 de diciembre de 2010 titulada «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros», se deben reforzar las facultades supervisoras y sancionadoras de las autoridades competentes. Resulta oportuno prever sanciones y medidas administrativas y, dada la importancia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los Estados miembros deben establecer sanciones y medidas que resulten eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros deben notificar las mismas a la Comisión y al comité interno permanente de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a que se refiere el artículo 9 bis, apartado 7, del Reglamento (UE) n.o 1093/2010.

(56)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (22).

(57)

Varios países y territorios que no forman parte del territorio de la Unión comparten una unión monetaria con un Estado miembro, forman parte de la zona monetaria de un Estado miembro o han firmado un convenio monetario con la Unión representada por un Estado miembro, y tienen proveedores de servicios de pago que intervienen, directa o indirectamente, en los sistemas de pagos y liquidación de ese Estado miembro. Para evitar un efecto negativo de importancia sobre las economías de esos países o territorios que pudieran resultar de la aplicación de este Reglamento a transferencias de fondos entre los Estados miembros de que se trate y esos países o territorios, resulta oportuno prever la posibilidad de que esas transferencias de fondos sean tratadas como transferencias de fondos dentro de los Estados miembros de que se trate.

(58)

Habida cuenta de los riesgos potenciales y de la complejidad tecnológica y normativa que plantean las direcciones autoalojadas, también en relación con la verificación de la información sobre la titularidad, a más tardar el 1 de julio de 2026, la Comisión debe evaluar la necesidad de adoptar más medidas específicas para reducir los riesgos que plantean las transferencias hacia o desde direcciones autoalojadas, o hacia o desde entidades no establecidas en la Unión, incluida la introducción de posibles restricciones, y debe evaluar la eficacia y proporcionalidad de los mecanismos utilizados para verificar la exactitud de la información sobre la titularidad de las direcciones autoalojadas.

(59)

En la actualidad, la Directiva (UE) 2015/849 solo se aplica a dos categorías de proveedores de servicios de criptoactivos, a saber, los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos y los proveedores que prestan servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias. Con el fin de colmar las lagunas existentes en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como adaptar el Derecho de la Unión a las recomendaciones internacionales, debe modificarse la Directiva (UE) 2015/849 para incluir todas las categorías de proveedores de servicios de criptoactivos tal como se definen en el Reglamento (UE) 2023/1114, que abarca una gama más amplia de proveedores de servicios de criptoactivos. En particular, con vistas a garantizar que los proveedores de servicios de criptoactivos estén sujetos a los mismos requisitos y el mismo nivel de supervisión que las entidades de crédito y financieras, procede actualizar la lista de entidades obligadas mediante la inclusión de los proveedores de servicios de criptoactivos en la categoría de entidades financieras a efectos de la Directiva (UE) 2015/849. Además, teniendo en cuenta que las entidades financieras tradicionales también entran en la definición de proveedores de servicios de criptoactivos cuando ofrecen dichos servicios, la identificación de los proveedores de servicios de criptoactivos como entidades financieras permite disponer de un conjunto único y coherente de normas que se aplica a las entidades que prestan tanto servicios financieros tradicionales como servicios de criptoactivos. La Directiva (UE) 2015/849 también debe modificarse para garantizar que los proveedores de servicios de criptoactivos puedan reducir adecuadamente los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a los que están expuestos.

(60)

Las relaciones establecidas entre los proveedores de servicios de criptoactivos y las entidades establecidas en terceros países a efectos de ejecutar transferencias de criptoactivos o la prestación de servicios similares de criptoactivos presentan similitudes con las relaciones de corresponsalía bancaria establecidas con una entidad corresponsal de un tercer país. Dado que esas relaciones se caracterizan por su naturaleza continua y repetitiva, deben considerarse un tipo de relación de corresponsalía y estar sujetas a medidas reforzadas de diligencia debida específicas similares, en principio, a las aplicadas en el contexto de los servicios bancarios y financieros. En particular, los proveedores de servicios de criptoactivos, al establecer una nueva relación de corresponsalía con una entidad corresponsal, deben aplicar medidas reforzadas de diligencia debida específicas para identificar y evaluar la exposición al riesgo de dicha entidad corresponsal, sobre la base de su reputación, la calidad de la supervisión y sus controles en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sobre la base de la información recopilada, los proveedores de servicios de criptoactivos corresponsales deben aplicar medidas adecuadas de reducción del riesgo, que deben tener en cuenta, en particular, el mayor riesgo potencial de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que plantean las entidades no registradas y no autorizadas. Ello es especialmente pertinente mientras no exista uniformidad en la aplicación de las normas del GAFI relativas a los proveedores de servicios de criptoactivos a escala mundial, lo que plantea riesgos y retos adicionales. La ABE debe proporcionar orientaciones sobre cómo deben llevar a cabo los proveedores de servicios de criptoactivos la diligencia debida reforzada y debe especificar las medidas adecuadas de reducción del riesgo, en especial las medidas mínimas que deben adoptarse cuando interactúen con entidades no registradas o no autorizadas que presten servicios de criptoactivos.

(61)

El Reglamento (UE) 2023/1114 ha establecido un marco regulador global para los proveedores de servicios de criptoactivos que armoniza las normas relativas a la autorización y el funcionamiento de los proveedores de servicios de criptoactivos en toda la Unión. A fin de evitar la duplicación de requisitos, debe modificarse la Directiva (UE) 2015/849 para suprimir los requisitos de registro en relación con las categorías de proveedores de servicios de criptoactivos que estarán sujetos a un único régimen de licencias con arreglo al Reglamento (UE) 2023/1114.

(62)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en particular aplicando las normas internacionales y garantizando la disponibilidad de información básica sobre los ordenantes y los beneficiarios de transferencias de fondos y sobre los originantes y los beneficiarios de transferencias de criptoactivos, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(63)

El presente Reglamento está sujeto al Reglamento (UE) 2016/679 y al Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (23). Respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7), el derecho a la protección de los datos de carácter personal (artículo 8), el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47), así como el principio non bis in idem.

(64)

A fin de garantizar la coherencia con el Reglamento (UE) 2023/1114, el presente Reglamento debe aplicarse a partir de la fecha de aplicación de dicho Reglamento. A más tardar en esa fecha, los Estados miembros también deben haber transpuesto las modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849.

(65)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su dictamen el 22 de septiembre de 2021 (24).

(1)

Es importante garantizar que la legislación de la Unión en materia de servicios financieros esté adaptada a la era digital y contribuya a una economía con visión de futuro al servicio de las personas, para lo cual es preciso, entre otros aspectos, posibilitar el uso de las tecnologías innovadoras. La Unión tiene un interés estratégico en desarrollar y promover la adopción de tecnologías transformadoras en el sector financiero, incluida la adopción de la tecnología de registro distribuido (TRD). Se espera que muchas aplicaciones de la tecnología de registro distribuido, incluida la tecnología de cadena de bloques, que aún no han sido estudiadas en su totalidad sigan creando nuevos tipos de actividad empresarial y modelos de negocio que, junto con el propio sector de los criptoactivos, generarán crecimiento económico y nuevas oportunidades de empleo para los ciudadanos de la Unión.

(2)

Los criptoactivos son una de las principales aplicaciones de la tecnología de registro distribuido. Consisten en representaciones digitales de valor o de derechos que pueden aportar grandes ventajas a los participantes en el mercado, incluidos los titulares minoristas de criptoactivos. Las representaciones de valor incluyen el valor externo no intrínseco que atribuyen a un criptoactivo las partes interesadas o los participantes en el mercado, por lo que es subjetivo y se basa únicamente en el interés del comprador del criptoactivo. Las ofertas de criptoactivos, al simplificar los procesos de captación de capital y favorecer la competencia, podrían constituir una forma de financiación innovadora e inclusiva, entre otras para las pequeñas y medianas empresas (pymes). En cuanto a los criptoactivos, cuando se usan como medio de pago, pueden brindar la oportunidad de realizar pagos más baratos, rápidos y eficientes, en especial a nivel transfronterizo, dado que se limita el número de intermediarios.

(3)

Algunos criptoactivos, en particular los que se consideran instrumentos financieros, tal como se definen en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), entran en el ámbito de aplicación de la legislación de la Unión vigente en materia de servicios financieros. Por tanto, ya se aplica un conjunto completo de normas de la Unión a los emisores de dichos criptoactivos y a las empresas que llevan a cabo actividades relacionadas con dichos criptoactivos.

(4)

No obstante, otros criptoactivos quedan fuera del ámbito de la legislación de la Unión en materia de servicios financieros. En la actualidad no existen normas, salvo las relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales, sobre la prestación de servicios relacionados con dichos criptoactivos no regulados, entre los que se incluyen la gestión de plataformas de negociación de criptoactivos, el canje de criptoactivos por fondos u otros criptoactivos, y la custodia y administración de criptoactivos por cuenta de clientes. Esa ausencia de normas deja a los titulares de dichos criptoactivos expuestos a riesgos, en particular en los ámbitos no contemplados por las normas de protección de los consumidores. Asimismo, esa ausencia de normas puede comportar importantes riesgos para la integridad del mercado, también en términos de abuso de mercado y de delitos financieros. Para hacer frente a esos riesgos, algunos Estados miembros han puesto en marcha normas específicas para todos los criptoactivos, o para un subconjunto de ellos, que recaen fuera del ámbito de aplicación de la legislación de la Unión en materia de servicios financieros, y otros Estados miembros están estudiando la posibilidad de establecer legislación en el ámbito de los criptoactivos.

(5)

Al no haber un marco general de la Unión para los mercados de criptoactivos, existe el riesgo de que los usuarios desconfíen de esos activos, lo que podría obstaculizar considerablemente el desarrollo de un mercado de criptoactivos y comportar la pérdida de oportunidades en lo que se refiere a servicios digitales innovadores, instrumentos de pago alternativos o nuevas fuentes de financiación para las empresas de la Unión. Además, las empresas que los utilicen no tendrían ninguna seguridad jurídica acerca del tratamiento de sus criptoactivos en los distintos Estados miembros, situación que socavaría sus esfuerzos por utilizar los criptoactivos en pro de la innovación digital. Asimismo, la falta de un marco general de la Unión para los mercados de criptoactivos podría llevar a una fragmentación de la normativa que falsearía la competencia en el mercado único, dificultaría la expansión transfronteriza de las actividades de los proveedores de servicios de criptoactivos y daría pie al arbitraje regulador. Los mercados de criptoactivos tienen todavía un tamaño modesto y actualmente no plantean ninguna amenaza para la estabilidad financiera. Sin embargo, es posible que los tipos de criptoactivos cuyo objetivo es que su precio se estabilice en relación con un activo específico o con una cesta de activos puedan, en el futuro, ser ampliamente adoptados por los titulares minoristas, y, de ocurrir así, podrían surgir nuevos desafíos para la estabilidad financiera, el buen funcionamiento de los sistemas de pago, la transmisión de la política monetaria o la soberanía monetaria.

(6)

Por consiguiente, se necesita un marco particular y armonizado, a nivel de la Unión, para los mercados de criptoactivos, a fin de establecer normas específicas en relación con los criptoactivos y los servicios y las actividades conexos que no queden cubiertos todavía por la legislación de la Unión en materia de servicios financieros. Ese marco ha de favorecer la innovación y la competencia leal, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los titulares minoristas y de integridad de los mercados de criptoactivos. Un marco claro debe permitir a los proveedores de servicios de criptoactivos expandir sus negocios a escala transfronteriza y facilitarles el acceso a los servicios bancarios con el objeto de que puedan ejercer sus actividades sin trabas. Un marco de la Unión para los mercados de criptoactivos debe dispensar un trato equilibrado a los emisores de criptoactivos y a los proveedores de servicios de criptoactivos, creando así una igualdad de oportunidades en lo que respecta a la entrada en el mercado y al desarrollo actual y futuro de los mercados de criptoactivos. Además, ha de promover la estabilidad financiera y el buen funcionamiento de los sistemas de pago, y abordar los riesgos relacionados con la política monetaria que puedan derivarse de aquellos criptoactivos cuyo objetivo es que su precio se estabilice en relación con un activo específico o con una cesta de activos. Una regulación adecuada mantiene la competitividad de los Estados miembros en los mercados financieros y tecnológicos internacionales y proporciona a los clientes importantes beneficios en términos de acceso a servicios financieros y de gestión de activos más baratos, rápidos y seguros. El marco de la Unión para los mercados de criptoactivos no ha de regular la tecnología subyacente. La legislación de la Unión debe evitar la imposición de cargas regulatorias innecesarias y desproporcionadas sobre el uso de la tecnología, ya que la Unión y los Estados miembros tratan de mantener su competitividad en un mercado global.

(7)

Los mecanismos de consenso utilizados para la validación de las operaciones con criptoactivos podrían tener efectos adversos importantes sobre el clima y otros efectos adversos relacionados con el medio ambiente. Por consiguiente, esos mecanismos de consenso deben desplegar soluciones más respetuosas con el medio ambiente y garantizar que los emisores de criptoactivos y los proveedores de servicios de criptoactivos detecten y divulguen adecuadamente cualquier efecto adverso importante que puedan tener sobre el clima y cualquier otro efecto adverso relacionado con el medio ambiente. A la hora de determinar si los efectos adversos son importantes, han de tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad y el tamaño y el volumen del criptoactivo emitido. Por tanto, debe encomendarse a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (AEVM), creada en virtud del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), en cooperación con la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (ABE), creada en virtud del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), que elabore proyectos de normas técnicas de regulación para especificar en mayor medida el contenido, las metodologías y la presentación de la información en relación con los indicadores de sostenibilidad respecto de los efectos adversos en el clima y otros efectos adversos relacionados con el medio ambiente, y que esboce indicadores de energía clave. Los proyectos de normas técnicas de regulación también deben garantizar la coherencia de la divulgación de información por parte de los emisores de criptoactivos y los proveedores de servicios de criptoactivos. Al elaborar los proyectos de normas técnicas de regulación, la AEVM debe tener en cuenta los diversos tipos de mecanismos de consenso utilizados para la validación de las operaciones con criptoactivos, sus características y las diferencias entre ellos. La AEVM también debe tener en cuenta los requisitos de divulgación existentes, garantizar la complementariedad y la coherencia y evitar aumentar la carga para las empresas.

(8)

Los mercados de criptoactivos son mundiales y, por tanto, intrínsecamente transfronterizos. Por consiguiente, la Unión debe seguir apoyando los esfuerzos internacionales para promover la convergencia en el tratamiento de los criptoactivos y los servicios de criptoactivos a través de organizaciones u organismos internacionales como el Consejo de Estabilidad Financiera, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Grupo de Acción Financiera Internacional.

(9)

La legislación de la Unión en materia de servicios financieros debe guiarse por los principios de «misma actividad, mismos riesgos, mismas normas» y de neutralidad tecnológica. Por tanto, los criptoactivos que entran en el ámbito de aplicación de la legislación de la Unión en materia de servicios financieros vigente deben seguir estando regulados por el marco normativo vigente, con independencia de la tecnología utilizada para su emisión o transferencia, en lugar de por el presente Reglamento. En consecuencia, el presente Reglamento excluye expresamente de su ámbito de aplicación los criptoactivos que se consideran instrumentos financieros, tal como se definen en la Directiva 2014/65/UE; los que se consideran depósitos, tal como se definen en la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (7), incluidos los depósitos estructurados, tal como se definen en la Directiva 2014/65/UE; los que se consideran fondos, tal como se definen en la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), excepto si se consideran fichas de dinero electrónico; los que se consideran posiciones de titulización, tal como se definen en el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo (9); y los que se consideran contratos de seguro de vida o distinto del seguro de vida, productos o planes de pensiones y sistemas de seguridad social. Teniendo en cuenta que el dinero electrónico y los fondos recibidos a cambio de dinero electrónico no deben tratarse como depósitos de conformidad con la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10), las fichas de dinero electrónico no pueden tratarse como depósitos que se excluyan del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(10)

El presente Reglamento no debe aplicarse a los criptoactivos que sean únicos y no fungibles con otros criptoactivos, incluidos las colecciones y el arte digitales. El valor de dichos criptoactivos únicos y no fungibles es atribuible a las características únicas de cada criptoactivo y a la utilidad que otorga al titular de las fichas. Tampoco debe aplicarse el presente Reglamento a los criptoactivos que representen servicios o activos físicos únicos y no fungibles, como las garantías de productos o los bienes inmuebles. Aunque los criptoactivos únicos y no fungibles podrían negociarse en los mercados y acumularse con fines especulativos, no son fácilmente canjeables, y el valor relativo de un criptoactivo de este tipo con respecto a otro, siendo cada uno de los cuales único, no puede determinarse por comparación con un mercado existente o con un activo equivalente. Tales características limitan la medida en que dichos criptoactivos pueden tener un uso financiero, acotando así los riesgos para los accionistas y el sistema financiero y justificando su exclusión del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(11)

Las partes fraccionarias de un criptoactivo único y no fungible no deben considerarse únicas y no fungibles. La emisión de criptoactivos como fichas no fungibles en una amplia serie o colección debe considerarse un indicador de su fungibilidad. La mera atribución de un identificador único a un criptoactivo no es suficiente, en sí o por sí misma, para clasificarlo como único y no fungible. Para que un criptoactivo se considere único y no fungible, también los activos o derechos representados han de ser únicos y no fungibles. La exclusión de los criptoactivos únicos y no fungibles del ámbito de aplicación del presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la consideración de dichos criptoactivos como instrumentos financieros. El presente Reglamento debe aplicarse también a los criptoactivos que parezcan únicos y no fungibles, pero cuyas características de facto o cuyas características vinculadas a sus usos de facto los harían fungibles o no únicos. A este respecto, al evaluar y clasificar los criptoactivos, las autoridades competentes deben adoptar un enfoque en el que predomine el fondo sobre la forma, según el cual las características del criptoactivo en cuestión determinen la clasificación y no su designación por el emisor.

(12)

Conviene excluir del ámbito de aplicación del presente Reglamento determinadas operaciones intragrupo y algunas entidades públicas, ya que no plantean riesgos para la protección de los inversores, la integridad del mercado, la estabilidad financiera, el buen funcionamiento de los sistemas de pago, la transmisión de la política monetaria o la soberanía monetaria. Entre las organizaciones internacionales públicas exentas se encuentran el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales.

(13)

Los activos digitales emitidos por bancos centrales que actúen en su calidad de autoridad monetaria, incluido el dinero de los bancos centrales en forma digital, o los criptoactivos emitidos por otras autoridades públicas, incluidas las administraciones centrales, regionales y locales, no han de estar sujetos al marco de la Unión sobre los mercados de criptoactivos. Tampoco los servicios conexos prestados por esos bancos centrales cuando actúan en su calidad de autoridad monetaria u otras autoridades públicas han de estar sujetos a ese marco de la Unión.

(14)

A fin de garantizar una delimitación clara entre, por una parte, los criptoactivos incluidos en ámbito de aplicación del presente Reglamento y, por otra, los instrumentos financieros, debe encomendarse a la AEVM que emita directrices sobre los criterios y las condiciones para la consideración de los criptoactivos como instrumentos financieros. Dichas directrices también deben permitir una mejor comprensión de los casos en que los criptoactivos que, de otro modo, se consideran únicos y no fungibles con otros criptoactivos podrían considerarse instrumentos financieros. A fin de promover un enfoque común para la clasificación de los criptoactivos, la ABE, la AEVM y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) (AESPJ), creada en virtud del Reglamento (UE) n.o 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) (en lo sucesivo, «Autoridades Europeas de Supervisión» o «AES»), deben impulsar los debates sobre dicha clasificación. Las autoridades competentes deben poder solicitar dictámenes a las AES sobre la clasificación de criptoactivos, incluidas las clasificaciones propuestas por oferentes o personas que soliciten la admisión a negociación. Los oferentes o las personas que solicitan la admisión a negociación son los principales responsables de la correcta clasificación de los criptoactivos, que podría ser cuestionada por las autoridades competentes, tanto antes de la fecha de publicación de la oferta como en cualquier momento posterior. Cuando la clasificación de un criptoactivo parezca ser incompatible con el presente Reglamento o con otros actos legislativos pertinentes de la Unión en materia de servicios financieros, las AES deben hacer uso de sus competencias en virtud de los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010, (UE) n.o 1094/2010 y (UE) n.o 1095/2010, a fin de garantizar un enfoque uniforme y coherente de dicha clasificación.

(15)

En virtud del artículo 127, apartado 2, cuarto guion, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), una de las funciones básicas que deben ejercerse a través del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) es promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago. En virtud del artículo 22 del Protocolo n.o 4 sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo adjunto a los Tratados, el Banco Central Europeo (BCE) podrá dictar reglamentos destinados a garantizar unos sistemas de compensación y liquidación eficientes y solventes dentro de la Unión, así como con otros países. A tal efecto, el BCE ha adoptado reglamentos sobre los requisitos aplicables a los sistemas de pago de importancia sistémica. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las responsabilidades del BCE y de los bancos centrales nacionales en el SEBC a la hora de garantizar unos sistemas de compensación y liquidación eficientes y solventes en la Unión Europea y con países terceros. En consecuencia, para evitar la posibilidad de que se creen conjuntos de normas paralelos, la ABE, la AEVM y el BCE deben cooperar estrechamente entre sí cuando preparen los correspondientes proyectos de normas técnicas con arreglo al presente Reglamento. Además, es fundamental que el BCE y los bancos centrales nacionales tengan acceso a la información en el desempeño de sus funciones de vigilancia de los sistemas de pago, incluida la compensación de pagos. Además, el presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo (12) e interpretarse de manera que no entre en conflicto con dicho Reglamento.

(16)

Es preciso que la legislación que se adopte en el ámbito de los criptoactivos sea específica, tenga visión de futuro, esté preparada para seguir el ritmo de la innovación y los avances tecnológicos, y se fundamente en un enfoque basado en incentivos. Por ello, los términos «criptoactivos» y la «tecnología de registro distribuido» deben definirse de la manera más amplia posible, a fin de abarcar todos los tipos de criptoactivos que actualmente quedan fuera del ámbito de aplicación de la legislación de la Unión en materia de servicios financieros. Cualquier legislación que se adopte en el ámbito de los criptoactivos ha de contribuir igualmente al objetivo de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por esta razón, las entidades que ofrezcan servicios incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento también deben cumplir las normas de la Unión aplicables en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que integran las normas internacionales.

(17)

Los activos digitales que no pueden transferirse a otros titulares no entran en la definición de criptoactivos. Por consiguiente, los activos digitales que solo sean aceptados por el emisor o el oferente y que sean técnicamente imposibles de transferir directamente a otros titulares deben quedar excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Entre los ejemplos de tales activos digitales cabe citar los programas de fidelización en los que los puntos por fidelidad pueden intercambiarse por beneficios solo con el emisor u oferente de dichos puntos.

(18)

El presente Reglamento clasifica los criptoactivos en tres tipos, que deben distinguirse entre sí y estar sujetos a requisitos diferentes en función de los riesgos que entrañen. La clasificación se basa en si los criptoactivos tratan de estabilizar su valor en relación con otros activos. El primer tipo consta de criptoactivos cuyo objetivo es estabilizar su valor haciendo referencia a una sola moneda oficial. Su función es muy similar a la del dinero electrónico, tal como se define en la Directiva 2009/110/CE. Al igual que el dinero electrónico, esos criptoactivos son un sustituto electrónico de las monedas y los billetes y se emplean normalmente para efectuar pagos. Esos criptoactivos deben definirse en el presente Reglamento como «fichas de dinero electrónico». El segundo tipo de criptoactivos se refiere a las «fichas referenciadas a activos», cuyo objetivo es estabilizar su valor haciendo referencia a otro valor o derecho, o a una combinación de estos, incluidas una o varias monedas oficiales. Este segundo tipo abarca todos los demás criptoactivos, distintos de las fichas de dinero electrónico, cuyo valor esté respaldado por activos, a fin de evitar que se eluda el presente Reglamento y hacer que tenga visión de futuro. Por último, el tercer tipo son los criptoactivos que no son ni «fichas referenciadas a activos» ni «fichas de dinero electrónico», y cubre una gran variedad de criptoactivos, incluidas las fichas de consumo.

(19)

Actualmente, a pesar de sus similitudes, el dinero electrónico y los criptoactivos referenciados a una moneda oficial difieren en algunos aspectos importantes. A los titulares de dinero electrónico, tal como se define en la Directiva 2009/110/CE, siempre se les reconoce un crédito frente al emisor de dinero electrónico y el derecho contractual a obtener, en todo momento y por su valor nominal, el valor monetario del dinero electrónico del que sean titulares. En cambio, algunos criptoactivos referenciados a una moneda oficial no reconocen a sus titulares ese crédito frente al emisor de tales criptoactivos y podrían quedar fuera del ámbito de aplicación de la Directiva 2009/110/CE. Otros criptoactivos referenciados a una moneda oficial no prevén un crédito por su valor nominal en la moneda a la que se referencian o limitan el período de reembolso. El hecho de que a los titulares de los mencionados criptoactivos no se les reconozca un crédito frente al emisor de dichos criptoactivos, o de que el crédito no sea por su valor nominal en la moneda referenciada por dichos criptoactivos, podría socavar la confianza de los titulares. En consecuencia, a fin de evitar la elusión de las normas establecidas en la Directiva 2009/110/CE, la definición de «fichas de dinero electrónico» debe ser lo más amplia posible para abarcar todos los tipos de criptoactivos que estén referenciados a una única moneda oficial. Además, es preciso establecer condiciones estrictas para la emisión de fichas de dinero electrónico, incluida la obligación de que las fichas sean emitidas por una entidad de crédito autorizada con arreglo a la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (13), o por una entidad de dinero electrónico autorizada con arreglo a la Directiva 2009/110/CE. Por el mismo motivo, los emisores de fichas de dinero electrónico deben asegurar que los titulares pueden ejercer su derecho al reembolso de sus fichas en todo momento y por su valor nominal en la moneda a la que estén referenciadas. Dado que las fichas de dinero electrónico son criptoactivos y pueden plantear nuevos retos en términos de protección de los titulares minoristas e integridad del mercado, es preciso que se sometan igualmente a normas establecidas en el presente Reglamento con el fin de hacer frente a dichos retos.

(20)

En vista de los distintos riesgos y oportunidades que presentan los criptoactivos, se hace necesario establecer normas para los oferentes o las personas que soliciten la admisión a negociación de criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico, así como para los emisores de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico. Los emisores de criptoactivos son las entidades que controlan la creación de criptoactivos.

(21)

Es preciso disponer normas específicas para las entidades que presten servicios relacionados con los criptoactivos. Una primera categoría de servicios consiste en asegurar el funcionamiento de una plataforma de negociación de criptoactivos, canjear criptoactivos por fondos o por otros criptoactivos, prestar servicios de custodia y administración de criptoactivos por cuenta de clientes y prestar servicios de transferencia de criptoactivos por cuenta de clientes. Una segunda categoría comprende los servicios de colocación de criptoactivos, recepción o transmisión de órdenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de clientes, ejecución de órdenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de clientes, asesoramiento en materia de criptoactivos y gestión de carteras de criptoactivos. Toda persona que preste profesionalmente servicios de criptoactivos de conformidad con el presente Reglamento debe considerarse un «proveedor de servicios de criptoactivos».

(22)

El presente Reglamento debe aplicarse a las personas físicas y jurídicas y a determinadas otras empresas, así como a los servicios y actividades de criptoactivos que realicen, presten o controlen, directa o indirectamente, también cuando parte de dichas actividades o servicios se lleven a cabo de forma descentralizada. Cuando los servicios de criptoactivos se presten de manera totalmente descentralizada sin recurrir a un intermediario, no deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. El presente Reglamento incluye los derechos y las obligaciones aplicables a los emisores de criptoactivos, los oferentes y las personas que soliciten la admisión a negociación de criptoactivos, así como a los proveedores de servicios de criptoactivos. Cuando los criptoactivos no tengan un emisor identificable no deben entrar en el ámbito de aplicación de los títulos II, III o IV del presente Reglamento. No obstante, los proveedores de servicios de criptoactivos que presten servicios en relación con tales criptoactivos deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(23)

Para garantizar que toda oferta pública de criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos o de fichas de dinero electrónico, que puedan tener un uso financiero y toda admisión a negociación de criptoactivos en una plataforma de negociación de criptoactivos (en lo sucesivo, «admisión a negociación») en la Unión sean objeto del seguimiento y la supervisión adecuados por parte de las autoridades competentes, se requiere que todos los oferentes o personas que soliciten la admisión a negociación sean personas jurídicas.

(24)

En aras de garantizar su protección, debe informarse a los potenciales titulares minoristas de criptoactivos de las características, las funciones y los riesgos de los criptoactivos que se propongan adquirir. A la hora de ofertar al público criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico o solicitar su admisión a negociación en la Unión, los oferentes o las personas que soliciten la admisión a negociación deben elaborar, notificar a su autoridad competente y publicar un documento que contenga la información de divulgación obligatoria (un «libro blanco de criptoactivos»). Todo libro blanco de criptoactivos ha de incluir información de carácter general acerca del emisor, el oferente o la persona que solicite la admisión a negociación, el proyecto que se pretenda llevar a cabo con el capital obtenido, la oferta pública de criptoactivos o su admisión a negociación, los derechos y obligaciones asociados a los criptoactivos, la tecnología subyacente empleada en relación con tales criptoactivos y los riesgos correspondientes. No obstante, el libro blanco de criptoactivos no debe contener una descripción de riesgos imprevisibles y con poca probabilidad de materializarse. La información recogida en el libro blanco de criptoactivos y las comunicaciones publicitarias correspondientes, incluidos los mensajes publicitarios y el material publicitario, también a través de nuevos canales como las plataformas de redes sociales, debe ser imparcial, clara y no engañosa. Los mensajes publicitarios y el material publicitario deben ser coherentes con la información que figure en el libro blanco de criptoactivos.

(25)

El libro blanco de criptoactivos, incluidos sus resúmenes, y las normas de funcionamiento de las plataformas de negociación de criptoactivos han de redactarse, como mínimo, en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de origen y de cualquier Estado miembro de acogida, o, como alternativa, en una lengua de uso habitual en el ámbito de las finanzas internacionales. En el momento de la adopción del presente Reglamento, la lengua inglesa es la lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales, pero esa circunstancia podría cambiar en el futuro.

(26)

Con el fin de garantizar un enfoque proporcionado, ningún requisito del presente Reglamento debe aplicarse a las ofertas públicas de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico, que se ofrezcan gratuitamente o que se creen automáticamente como recompensa por el mantenimiento de un registro distribuido o la validación de operaciones en el contexto de un mecanismo de consenso. Además, no debe aplicarse requisito alguno cuando las ofertas de fichas de consumo den acceso a un bien o servicio existente que permita al titular obtener el bien o utilizar el servicio, ni cuando el titular de los criptoactivos tenga derecho a utilizarlos a cambio de bienes y servicios en una red limitada de comerciantes con acuerdos contractuales con el oferente. Tales exenciones no deben incluir los criptoactivos que representen mercancías almacenadas que el comprador no tenga intención de recoger tras la compra. Tampoco debe aplicarse la exención de red limitada a los criptoactivos que suelen estar diseñados para una red de proveedores de servicios en continuo crecimiento. La autoridad competente debe evaluar la exención de red limitada cada vez que una oferta, o el valor agregado de más de una oferta, supere un determinado umbral, lo que significa que una nueva oferta no debe beneficiarse automáticamente de una exención de una oferta anterior. Dichas exenciones deben dejar de aplicarse cuando el oferente, u otra persona que actúe en su nombre, comunique la intención de solicitar la admisión a negociación o los criptoactivos exentos sean admitidos a negociación.

(27)

Con miras a garantizar un enfoque proporcionado, los requisitos del presente Reglamento de elaborar y publicar un libro blanco de criptoactivos no deben aplicarse a las ofertas de criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico dirigidas a menos de 150 personas por Estado miembro, o dirigidas exclusivamente a inversores cualificados que vayan a ser los únicos potenciales titulares de esos criptoactivos. Las pymes y las empresas emergentes no han de estar sujetas a cargas administrativas excesivas y desproporcionadas. En consecuencia, es preciso establecer una exención de la obligación de elaborar un libro blanco de criptoactivos cuando la contraprestación total de una oferta pública de criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico en la Unión no exceda de 1 000 000 EUR a lo largo de un período de 12 meses.

(28)

La mera admisión a negociación o la publicación de los precios de compra y venta no debe considerarse, en sí o por sí misma, una oferta pública de criptoactivos. Dicha admisión o publicación solo debe constituir una oferta pública de criptoactivos cuando incluya una comunicación que constituya una oferta pública con arreglo al presente Reglamento.

(29)

Aunque algunas ofertas de criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico están exentas de diversas obligaciones del presente Reglamento, la normativa de la Unión que garantiza la protección de los consumidores, como la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (14) o la Directiva 93/13/CEE del Consejo (15), incluida toda obligación de información que en ellos se recoja, sigue siendo aplicable a las ofertas públicas de criptoactivos cuando impliquen una relación entre empresa y consumidor.

(30)

Cuando una oferta pública se refiera a fichas de consumo relativas a un bien que aún no exista o a servicios que aún no estén disponibles, la duración de la oferta pública descrita en el libro blanco de criptoactivos no debe exceder de 12 meses. La limitación temporal de la oferta pública no guarda relación con el momento en el que el bien o servicio empiece a existir o pase a estar realmente disponible y pueda ser utilizado por el titular de una ficha de consumo tras el vencimiento de la oferta pública.

(31)

Con miras a la supervisión, antes de que un criptoactivo se oferte al público en la Unión o se admita a negociación, es preciso que los oferentes y las personas que soliciten la admisión a negociación de criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico notifiquen a la autoridad competente del Estado miembro en el que tengan su domicilio social o, si carecen de domicilio social en la Unión, del Estado miembro en el que cuenten con una sucursal, su libro blanco de criptoactivos y, a petición de la autoridad competente, sus comunicaciones publicitarias. Los oferentes establecidos en un tercer país deben notificar a la autoridad competente del Estado miembro en el que tengan la intención de ofrecer los criptoactivos su libro blanco de criptoactivos y, a petición de la autoridad competente, sus comunicaciones publicitarias.

(32)

El operador de una plataforma de negociación debe ser responsable del cumplimiento de los requisitos del título II del presente Reglamento cuando los criptoactivos se admitan a negociación por iniciativa propia y el libro blanco de criptoactivos no se haya publicado ya en los casos exigidos por el presente Reglamento. El operador de una plataforma de negociación también debe ser responsable del cumplimiento de dichos requisitos cuando haya celebrado un acuerdo por escrito a tal efecto con la persona que solicite la admisión a negociación. La persona que solicite la admisión a negociación debe seguir siendo responsable cuando facilite información engañosa al operador de la plataforma de negociación. La persona que solicite la admisión a negociación también debe seguir siendo responsable de las cuestiones no delegadas en el operador de la plataforma de negociación.

(33)

A fin de evitar cargas administrativas indebidas, no ha de exigirse a las autoridades competentes que aprueben los libros blancos de criptoactivos antes de su publicación. Ahora bien, las autoridades competentes deben estar facultadas para solicitar modificaciones del libro blanco de criptoactivos y de cualquier comunicación publicitaria y, en caso necesario, para solicitar la inclusión de información adicional en el libro blanco de criptoactivos.

(34)

Asimismo, las autoridades competentes han de estar autorizadas a suspender o prohibir una oferta pública de criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico o su admisión a negociación cuando en uno u otro caso no se cumplan los requisitos aplicables del presente Reglamento, en particular cuando el libro blanco de criptoactivos o las comunicaciones publicitarias no sean imparciales, claros y no engañosos. Por otra parte, las autoridades competentes deben estar facultadas para publicar advertencias sobre los oferentes o las personas que soliciten la admisión a negociación que no reúnan tales requisitos, ya sea en su sitio web o por medio de un comunicado de prensa.

(35)

Deben publicarse los libros blancos de criptoactivos que hayan sido debidamente notificados a una autoridad competente y las comunicaciones publicitarias. Tras dicha publicación, los oferentes y las personas que soliciten la admisión a negociación de criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico deben poder ofertar esos criptoactivos en toda la Unión y solicitar su admisión a negociación en la Unión.

(36)

Los oferentes de criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico dispondrán de mecanismos eficaces para controlar y salvaguardar los fondos u otros criptoactivos captados durante su oferta pública. Dichos mecanismos también deben garantizar que todos los fondos u otros criptoactivos captados de los titulares o potenciales titulares sean debidamente devueltos lo antes posible cuando se cancele una oferta pública por cualquier motivo. El oferente debe velar por que los fondos u otros criptoactivos captados durante la oferta pública sean salvaguardados por un tercero.

(37)

A fin de garantizar una mayor protección de los titulares minoristas de criptoactivos, ha de reconocerse a los titulares minoristas que adquieran criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico, directamente del oferente o de un proveedor de servicios de criptoactivos que los coloque por cuenta del oferente, un derecho de desistimiento durante un plazo de 14 días tras su adquisición. Con miras a asegurar el correcto desarrollo de una oferta pública de criptoactivos limitada en el tiempo, el titular minorista no ha de poder ejercer el derecho de desistimiento una vez finalizado el plazo de suscripción. Además, el derecho de desistimiento no debe aplicarse cuando los criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico, se admitan a negociación antes de su adquisición por el titular minorista, puesto que, en tal caso, el precio de esos criptoactivos depende de las fluctuaciones de los mercados de criptoactivos. Cuando el titular minorista tenga un derecho de desistimiento en aplicación del presente Reglamento no debe aplicarse el derecho de desistimiento previsto en la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (16).

(38)

Todos los oferentes y las personas que soliciten la admisión a negociación de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico, deben actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, comunicarse con los titulares y potenciales titulares de criptoactivos de manera imparcial, clara y no engañosa, detectar, prevenir, gestionar y comunicar los conflictos de intereses y adoptar medidas administrativas eficaces para garantizar que sus sistemas y protocolos de seguridad se atengan a los niveles de exigencia de la Unión. Para asistir a las autoridades competentes en sus tareas de supervisión, se hace necesario encomendar a la AEVM, en estrecha cooperación con la ABE, la emisión de directrices sobre dichos sistemas y protocolos de seguridad a fin de especificar con mayor detalle esos niveles de exigencia de la Unión.

(39)

Con la idea de brindar una mayor protección a los titulares de criptoactivos, conviene aplicar normas de responsabilidad civil a los oferentes y a las personas que soliciten la admisión a negociación, así como a los miembros de sus órganos de dirección, con respecto a la información facilitada al público a través del libro blanco de criptoactivos.

(40)

Las fichas referenciadas a activos tienen la capacidad de ser adoptadas de manera generalizada por los titulares para transferir valor o como medio de cambio y, por ende, plantean mayores riesgos que otros criptoactivos en términos de protección de los titulares de criptoactivos, en particular de los titulares minoristas, y de integridad del mercado. Es por ello necesario que los emisores de fichas referenciadas a activos estén sujetos a requisitos más estrictos que los emisores de otros criptoactivos.

(41)

Cuando un criptoactivo entre en la definición de ficha referenciada a activos o ficha de dinero electrónico, deben aplicarse los títulos III o IV del presente Reglamento, con independencia de cómo se proponga el emisor diseñar el criptoactivo, incluido el mecanismo para mantener un valor estable del criptoactivo. Esto mismo se aplica a las denominadas «criptomonedas estables» algorítmicas, que buscan mantener un valor estable en relación con una moneda oficial o uno o varios activos a través de protocolos que prevén el aumento o la disminución de la oferta de tales criptoactivos en respuesta a los cambios en la demanda. Los oferentes o las personas que soliciten la admisión a negociación de criptoactivos algorítmicos que no busquen estabilizar el valor de los criptoactivos haciendo referencia a uno o varios activos deben, en cualquier caso, cumplir lo dispuesto en el título II del presente Reglamento.

(42)

A fin de garantizar la supervisión y el seguimiento adecuados de las ofertas públicas de fichas referenciadas a activos, los correspondientes emisores han de tener su domicilio social en la Unión.

(43)

Únicamente deben permitirse las ofertas públicas de fichas referenciadas a activos en la Unión o la solicitud de su admisión a negociación cuando la autoridad competente haya autorizado al emisor de tales criptoactivos a hacerlo y haya aprobado el correspondiente libro blanco de criptoactivos. No obstante, el requisito de autorización no ha de aplicarse cuando las fichas referenciadas a activos se oferten solo a inversores cualificados o cuando la oferta pública de fichas referenciadas a activos no supere los 5 000 000 EUR. Ahora bien, sí debe exigirse a los emisores de dichas fichas referenciadas a activos que elaboren el libro blanco de criptoactivos, a fin de informar a los compradores de sus características y riesgos, y que notifiquen dicho libro blanco a la autoridad competente antes de su publicación.

(44)

Las entidades de crédito autorizadas con arreglo a la Directiva 2013/36/UE no deben necesitar otra autorización en el marco del presente Reglamento para ofertar o solicitar la admisión a negociación de fichas referenciadas a activos. Deben aplicarse los procedimientos nacionales establecidos con arreglo a dicha Directiva, pero deben complementarse con la obligación de notificar a la autoridad competente del Estado miembro de origen designada con arreglo al presente Reglamento los elementos que permitan a dicha autoridad verificar la capacidad del emisor para ofertar o solicitar la admisión a negociación de fichas referenciadas a activos. Las entidades de crédito que oferten o soliciten la admisión a negociación de fichas referenciadas a activos deben estar sujetas a todos los requisitos aplicables a los emisores de fichas referenciadas a activos, con excepción de los requisitos de autorización, los requisitos de fondos propios y el procedimiento de aprobación con respecto a los accionistas cualificados, ya que estas cuestiones están reguladas por la Directiva 2013/36/UE y por el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (17). Todo libro blanco de criptoactivos elaborado por una entidad de crédito de ese tipo debe ser aprobado por la autoridad competente del Estado miembro de origen antes de su publicación. Las entidades de crédito autorizadas con arreglo a las disposiciones de Derecho nacional por las que se transponga la Directiva 2013/36/UE y que oferten o soliciten la admisión a negociación de fichas referenciadas a activos deben estar sujetas a las competencias administrativas establecidas en dicha Directiva y también a aquellas previstas en el presente Reglamento, incluida una restricción o limitación de la actividad de una entidad de crédito y una suspensión o prohibición de una oferta pública de fichas referenciadas a activos. Cuando las obligaciones aplicables a dichas entidades de crédito con arreglo al presente Reglamento se solapen con las de la Directiva 2013/36/UE, las entidades de crédito deben cumplir los requisitos más específicos o más estrictos, garantizando así el cumplimiento de ambos conjuntos de normas. El procedimiento de notificación aplicable a las entidades de crédito que tengan la intención de ofertar o solicitar la admisión a negociación de fichas referenciadas a activos con arreglo al presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones de Derecho nacional por las que se transponga la Directiva 2013/36/UE que establezcan los procedimientos para la autorización de las entidades de crédito a prestar los servicios enumerados en el anexo I de dicha Directiva.

(45)

Las autoridades competentes deben denegar una autorización sobre la base de motivos objetivos y demostrables, en particular cuando el modelo de negocio del emisor de fichas referenciadas a activos solicitante pueda suponer una amenaza grave para la integridad del mercado, la estabilidad financiera o el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Antes de conceder una autorización o denegarla, es preciso que la autoridad competente consulte a la ABE, a la AEVM y al BCE y, cuando el emisor esté establecido en un Estado miembro cuya moneda oficial no sea el euro o cuando una moneda oficial de un Estado miembro distinta del euro esté referenciada por la ficha referenciada a activos, al banco central de ese Estado miembro. Los dictámenes no vinculantes de la ABE y la AEVM deben abordar la clasificación del criptoactivo, mientras que el BCE y, en su caso, el banco central del Estado miembro de que se trate deben proporcionar a la autoridad competente un dictamen sobre los riesgos para la estabilidad financiera, el buen funcionamiento de los sistemas de pago, la transmisión de la política monetaria o la soberanía monetaria. Las autoridades competentes deben denegar la autorización en los casos en que el BCE o el banco central de un Estado miembro emita un dictamen negativo sobre la base de un riesgo para el buen funcionamiento de los sistemas de pago, la transmisión de la política monetaria o la soberanía monetaria. Cuando se conceda la autorización a un emisor solicitante de fichas referenciadas a activos, el libro blanco de criptoactivos elaborado por dicho emisor también debe considerarse aprobado. La autorización de la autoridad competente debe tener validez en toda la Unión y permitir al emisor de las fichas referenciadas a activos ofertar dichos criptoactivos en el mercado interior, así como solicitar su admisión a negociación. Del mismo modo, también el libro blanco de criptoactivos debe tener validez en toda la Unión, sin que los Estados miembros puedan imponer requisitos adicionales.

(46)

En los casos en los que se consulte al BCE con arreglo al presente Reglamento, su dictamen debe ser vinculante en la medida en que obligue a una autoridad competente a denegar, revocar o limitar una autorización del emisor de fichas referenciadas a activos o a imponer medidas específicas al emisor de fichas referenciadas a activos. El artículo 263, párrafo primero, del TFUE dispone que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de Justicia») controlará la legalidad de los actos del BCE que no sean recomendaciones o dictámenes. No obstante, procede recordar que corresponde al Tribunal de Justicia interpretar dicha disposición a la luz del contenido y de los efectos de un dictamen del BCE.

(47)

A fin de garantizar la protección de los titulares minoristas, es necesario que los emisores de fichas referenciadas a activos proporcionen a sus titulares información completa, imparcial, clara y no engañosa. En los libros blancos de criptoactivos relativos a fichas referenciadas a activos ha de incluirse información sobre el mecanismo de estabilización, la política de inversión de los activos de reserva, las modalidades de custodia de los activos de reserva y los derechos que se reconocen a los titulares.

(48)

Además de la información proporcionada en el libro blanco de criptoactivos, es preciso que los emisores de fichas referenciadas a activos faciliten información de manera continua a los titulares de esas fichas. En particular, deben publicar en su sitio web la cantidad de fichas referenciadas a activos en circulación y el valor y la composición de los activos de reserva. Por otra parte, los emisores de fichas referenciadas a activos han de comunicar cualquier hecho que afecte o pueda afectar de manera significativa al valor de las fichas referenciadas a activos o a los activos de reserva, con independencia de que los criptoactivos en cuestión se hayan admitido o no a negociación.

(49)

Para garantizar la protección de los titulares minoristas, se requiere que los emisores de fichas referenciadas a activos actúen siempre con honestidad, imparcialidad y profesionalidad y atendiendo al mejor interés de los titulares de las fichas. Además, los emisores de fichas referenciadas a activos deben establecer un procedimiento claro para la tramitación de las reclamaciones que reciban de parte de los titulares de las fichas referenciadas a activos.

(50)

Es necesario que los emisores de fichas referenciadas a activos establezcan una política para detectar, prevenir, gestionar y comunicar los conflictos de intereses que puedan surgir de las relaciones con sus accionistas o socios, o con cualquier accionista o socio, ya sea directo o indirecto, que posea participaciones cualificadas en el emisor, o con los miembros de sus órganos de dirección, sus empleados, titulares de fichas referenciadas a activos o terceros proveedores de servicios.

(51)

Se requiere que los emisores de fichas referenciadas a activos dispongan de un sistema de gobernanza sólido, incluida una estructura organizativa clara, con áreas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes, y procesos eficaces para la detección, la gestión, el seguimiento y la comunicación de los riesgos a los que estén o puedan estar expuestos. Los miembros del órgano de dirección de dichos emisores deben ser aptos y adecuados para el puesto y, en particular, no deben haber sido condenados por ningún delito en el ámbito del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo o por cualquier otro delito que pueda afectar a su honorabilidad. Los accionistas o los socios, ya sean directos o indirectos, personas físicas o jurídicas, que posean participaciones cualificadas en dichos emisores, deben gozar de la honorabilidad suficiente y, en particular, no deben haber sido condenados por ningún delito en el ámbito del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo o por cualquier otro delito que pueda afectar a su honorabilidad. Asimismo, los emisores de fichas referenciadas a activos han de emplear recursos proporcionados a la magnitud de sus actividades y garantizar en todo momento la continuidad y la regularidad de sus actividades. Para ello, los emisores de fichas referenciadas a activos deben establecer una estrategia de continuidad de la actividad con el fin de asegurar, en caso de interrupción de sus sistemas y procedimientos, la realización de sus actividades fundamentales relacionadas con las fichas referenciadas a activos. Por otra parte, es preciso que los emisores de fichas referenciadas a activos cuenten con sólidos mecanismos de control interno y procedimientos eficaces de gestión del riesgo, así como con un sistema que garantice la integridad y la confidencialidad de la información recibida. Dichas obligaciones tienen por objeto garantizar la protección de los titulares de fichas referenciadas a activos, en particular los titulares minoristas, sin crear obstáculos innecesarios.

(52)

Los emisores de fichas referenciadas a activos suelen situarse en el centro de una red de entidades que se encargan de la emisión de esos criptoactivos, su transferencia y su distribución a los titulares. Por tanto, es necesario que los emisores de fichas referenciadas a activos celebren y mantengan acuerdos contractuales adecuados con entidades terceras por los que se garanticen el mecanismo de estabilización y la inversión de los activos de reserva que respalden el valor de las fichas, la custodia de esos activos de reserva y, en su caso, la distribución de las fichas al público.

(53)

A fin de afrontar los riesgos para la estabilidad financiera del sistema financiero en general, los emisores de fichas referenciadas a activos deben estar sujetos a requisitos de fondos propios. Esos requisitos han de ser proporcionados al volumen de la emisión de fichas referenciadas a activos y, por consiguiente, han de calcularse como un porcentaje de la reserva de activos que respalde el valor de las fichas. Ahora bien, es preciso que las autoridades competentes estén autorizadas a aumentar el importe de los fondos propios exigidos basándose, entre otros factores, en la valoración del proceso de gestión del riesgo y los mecanismos de control interno del emisor, la calidad y la volatilidad de los activos de reserva que respalden las fichas referenciadas a activos, o el valor agregado y el número de operaciones liquidadas en fichas referenciadas a activos.

(54)

Los emisores de fichas referenciadas a activos, a fin de cubrir su responsabilidad frente a los titulares de fichas referenciadas a activos, han de constituir y mantener una reserva de activos que se corresponda con los riesgos derivados de esa responsabilidad. La reserva de activos ha de utilizarse en beneficio de los titulares de las fichas referenciadas a activos cuando el emisor no pueda cumplir sus obligaciones frente a los titulares, por ejemplo, en caso de insolvencia. La reserva de activos debe estar compuesta y gestionada de manera que se cubran los riesgos de mercado y de tipo de cambio. Los emisores de fichas referenciadas a activos deben garantizar la gestión prudente de la reserva de activos y, en particular, que el valor de la reserva ascienda al menos al valor correspondiente de las fichas en circulación, y que las variaciones de la reserva se gestionen debidamente para evitar efectos adversos en los mercados de los activos de reserva. Por ese motivo, se requiere que los emisores de fichas referenciadas a activos cuenten con políticas claras y detalladas que describan, entre otros aspectos, la composición de la reserva de activos, la asignación de los activos incluidos en la misma, una valoración exhaustiva de los riesgos asociados a los activos de reserva, el procedimiento para la emisión y el reembolso de las fichas referenciadas a activos, el procedimiento para incrementar y reducir los activos de reserva y, en caso de invertirse los activos de reserva, la política de inversión que sigan los emisores. Los emisores de fichas referenciadas a activos que se comercialicen tanto en la Unión como en terceros países deben garantizar que sus reservas de activos estén disponibles para cubrir la responsabilidad de los emisores frente a los titulares de la Unión. Por consiguiente, el requisito de mantener la reserva de activos en empresas sujetas al Derecho de la Unión debe aplicarse en proporción al porcentaje de fichas referenciadas a activos que se prevé comercializar en la Unión.

(55)

Con el fin de prevenir el riesgo de pérdida en relación con las fichas referenciadas a activos y preservar su valor, los emisores deben adoptar una política adecuada para la custodia de sus activos de reserva. Dicha política ha de garantizar que los activos de reserva se mantengan totalmente separados de los activos propios del emisor en todo momento, que los activos de reserva estén libres de cargas y no se pignoren para servir de garantía, y que el emisor de las fichas referenciadas a activos pueda acceder con rapidez a los activos de reserva. Es necesario que, en función de su naturaleza, los activos de reserva estén custodiados por un proveedor de servicios de criptoactivos, por una entidad de crédito autorizada con arreglo a la Directiva 2013/36/UE o por una empresa de servicios de inversión autorizada con arreglo a la Directiva 2014/65/UE. Ello no debe excluir la posibilidad de delegar la titularidad de los activos físicos en otra entidad. Los proveedores de servicios de criptoactivos, las entidades de crédito o las empresas de servicios de inversión que actúen como custodios de los activos de reserva deben responder de la pérdida de esos activos de reserva ante el emisor o los titulares de las fichas referenciadas a activos, salvo que puedan demostrar que la pérdida se ha producido como resultado de un acontecimiento externo que escape a su control razonable. Deben evitarse las concentraciones de custodios de activos de reserva. Sin embargo, en determinadas situaciones, ello podría no ser posible debido a la falta de alternativas adecuadas. En tales casos, una concentración temporal debe considerarse aceptable.

(56)

Con miras a proteger a los titulares de fichas referenciadas a activos frente a la disminución del valor de los activos que respalden el valor de las fichas, los emisores de fichas referenciadas a activos han de invertir los activos de reserva únicamente en activos seguros y de bajo riesgo que presenten un mínimo riesgo de crédito, de concentración y de mercado. Dado que las fichas referenciadas a activos podrían usarse como medio de cambio, el emisor de las fichas debe asumir toda ganancia o pérdida resultante de la inversión de los activos de reserva.

(57)

Los titulares de las fichas referenciadas a activos deben tener un derecho permanente de reembolso, de modo que el emisor esté obligado a reembolsar las fichas referenciadas a activos en cualquier momento, a petición de los titulares de las fichas referenciadas a activos. El emisor de fichas referenciadas a activos debe efectuar el reembolso bien pagando en fondos distintos de dinero electrónico un importe equivalente al valor de mercado de los activos referenciados por dichas fichas, bien entregando los activos referenciados por las fichas. El emisor de fichas referenciadas a activos siempre debe proporcionar al titular la opción de reembolsar las fichas referenciadas a activos en fondos distintos de dinero electrónico denominado en la misma moneda oficial que el emisor aceptó al vender las fichas. El emisor debe facilitar información suficientemente detallada y fácilmente comprensible sobre las diferentes formas de reembolso disponibles.

(58)

A fin de reducir el riesgo de que las fichas referenciadas a activos se usen como depósito de valor, los emisores de fichas referenciadas a activos y los proveedores de servicios de criptoactivos, cuando presten servicios de criptoactivos relacionados con fichas referenciadas a activos, no deben conceder a los titulares de fichas referenciadas a activos intereses en función del tiempo durante el cual dichos titulares las mantengan.

(59)

Las fichas referenciadas a activos y las fichas de dinero electrónico han de considerarse significativas cuando cumplan o es probable que cumplan determinados criterios, entre ellos, contar con una amplia base de clientes, una elevada capitalización bursátil o un gran número de operaciones. Como tales, podrían ser usadas por un gran número de titulares y su uso podría plantear retos específicos en términos de estabilidad financiera, transmisión de la política monetaria o soberanía monetaria. Dichas fichas significativas referenciadas a activos y fichas de dinero electrónico deben, por tanto, estar sujetas a requisitos más estrictos que aquellas fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico que no se consideren significativas. En particular, los emisores de fichas significativas referenciadas a activos deben estar sometidos a requisitos de capital más elevados, a requisitos de interoperabilidad y a la exigencia de adoptar una política de gestión de la liquidez. La Comisión debe revisar la idoneidad de los umbrales para clasificar las fichas referenciadas a activos o las fichas de dinero electrónico como significativas en el marco de su revisión de la aplicación del presente Reglamento. Dicha revisión irá acompañada, si procede, de una propuesta legislativa.

(60)

Es importante efectuar un seguimiento exhaustivo de todo el ecosistema de los emisores de fichas referenciadas a activos para determinar el verdadero volumen y la incidencia real de esas fichas. A fin de plasmar todas las operaciones realizadas en relación con cualquier ficha referenciada a activos, el seguimiento de dichas fichas abarca, por tanto, el seguimiento de todas las operaciones que se liquidan, tanto si se liquidan en el registro distribuido («dentro de la cadena») como fuera del registro distribuido («fuera de la cadena»), incluidas las operaciones entre clientes del mismo proveedor de servicios de criptoactivos.

(61)

Reviste especial importancia que se estimen aquellas operaciones liquidadas mediante fichas referenciadas a activos que conllevan la utilización como medios de cambio en una misma zona monetaria, concretamente las relacionadas con el pago de deudas, también en el contexto de las operaciones con comerciantes. Dichas operaciones no han de incluir aquellas asociadas a funciones de inversión y servicios, como un medio de cambio por otros criptoactivos o por fondos, a menos que existan pruebas de que la ficha referenciada a activos se utiliza para la liquidación de operaciones en otros criptoactivos. Existiría un uso para la liquidación de operaciones en otros criptoactivos en los casos en que se liquide en las fichas referenciadas a activos una operación que implique dos componentes de criptoactivos distintos de las fichas referenciadas a activos. Además, cuando se haga un uso generalizado de las fichas referenciadas a activos como medio de cambio dentro de una misma zona monetaria, debe exigirse a los emisores que reduzcan el nivel de actividad. Debe considerarse que se hace un uso generalizado de una ficha referenciada a activos como medio de cambio cuando el número y el valor agregado medios de las operaciones diarias asociadas a este uso dentro de una misma zona monetaria sean superiores, respectivamente, a un millón de operaciones y a 200 000 000 EUR.

(62)

Cuando las fichas referenciadas a activos planteen una amenaza grave para el buen funcionamiento de los sistemas de pago, la transmisión de la política monetaria o la soberanía monetaria, los bancos centrales deben poder solicitar a la autoridad competente que revoque la autorización del emisor de dichas fichas referenciadas a activos. En caso de que las fichas referenciadas a activos planteen una amenaza para el buen funcionamiento de los sistemas de pago, la transmisión de política monetaria o la soberanía monetaria, los bancos centrales deben poder solicitar a la autoridad competente que limite la cantidad de dichas fichas referenciadas a activos que vayan a emitirse, o que imponga un valor nominal mínimo.

(63)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio del Derecho nacional que regule el uso de monedas nacionales y extranjeras en operaciones entre residentes, adoptado por Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro en el ejercicio de su prerrogativa de soberanía monetaria.

(64)

Los emisores de fichas referenciadas a activos deben elaborar un plan de recuperación en el que se prevean las medidas que deba adoptar el emisor para restablecer el cumplimiento de los requisitos aplicables a la reserva de activos, en particular en caso de que la ejecución de las solicitudes de reembolso genere desequilibrios temporales en la reserva de activos. La autoridad competente debe estar facultada para suspender temporalmente el reembolso de fichas referenciadas a activos con el fin de proteger los intereses de los titulares de las fichas referenciadas a activos y la estabilidad financiera.

(65)

Los emisores de fichas referenciadas a activos deben disponer de un plan de reembolso ordenado de las fichas para garantizar la protección de los derechos de los titulares de las fichas cuando los emisores no puedan cumplir sus obligaciones, también en caso de interrupción de la emisión de las fichas referenciadas a activos. Cuando el emisor de fichas referenciadas a activos sea una entidad de crédito o una entidad incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (18), la autoridad competente debe consultar a la autoridad de resolución responsable. Dicha autoridad de resolución debe estar autorizada a examinar el plan de reembolso con el fin de detectar cualquier elemento en el mismo que pudiera afectar negativamente a la resolubilidad del emisor, a la estrategia de resolución del emisor o a cualquier acción prevista en el plan de resolución del emisor, y a formular recomendaciones al respecto a la autoridad competente. Al hacerlo, la autoridad de resolución también debe estar facultada para considerar si es necesario introducir cambios en el plan de resolución o en la estrategia de resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2014/59/UE y en el Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (19), según proceda. Tal examen por parte de la autoridad de resolución no debe afectar a las competencias de la autoridad de supervisión prudencial o de la autoridad de resolución, según proceda, para adoptar medidas de prevención o gestión de crisis.

(66)

Los emisores de fichas de dinero electrónico deben estar autorizados como entidades de crédito con arreglo a la Directiva 2013/36/UE o como entidades de dinero electrónico con arreglo a la Directiva 2009/110/CE. Las fichas de dinero electrónico deben considerarse «dinero electrónico», tal como se define en la Directiva 2009/110/CE, y sus emisores, salvo disposición en contrario del presente Reglamento, deben cumplir los requisitos pertinentes establecidos en la Directiva 2009/110/CE para el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio y supervisión prudencial, así como los requisitos sobre la emisión y el reembolso de las fichas de dinero electrónico. Asimismo, dichos emisores deben elaborar un libro blanco de criptoactivos y notificarlo a su autoridad competente. También deben aplicarse a las fichas de dinero electrónico las exenciones relativas a redes limitadas, a determinadas operaciones realizadas por proveedores de redes de comunicaciones electrónicas y a las entidades de dinero electrónico que emitan solo una cantidad máxima limitada de dinero electrónico, sobre la base de las exenciones opcionales especificadas en la Directiva 2009/110/CE. Sin embargo, cabe exigir a dichos emisores que elaboren un libro blanco de criptoactivos a fin de informar a los compradores acerca de las características y de los riesgos de las fichas de dinero electrónico y cabe asimismo exigirles que notifiquen dicho libro blanco de criptoactivos a la autoridad competente antes de su publicación.

(67)

Debe reconocerse a los titulares de fichas de dinero electrónico un crédito frente al emisor de dichas fichas. Los titulares de fichas de dinero electrónico han de tener siempre el derecho a solicitar el reembolso por su valor nominal con fondos denominados en la moneda oficial a la que esté referenciada la ficha de dinero electrónico. Las disposiciones de la Directiva 2009/110/CE sobre la posibilidad de cobrar una comisión en relación con el reembolso no son pertinentes en el contexto de las fichas de dinero electrónico.

(68)

A fin de reducir el riesgo de que las fichas de dinero electrónico se usen como depósito de valor, los emisores de fichas de dinero electrónico y los proveedores de servicios de criptoactivos, cuando presten servicios de criptoactivos relacionados con fichas de dinero electrónico, no deben conceder intereses a los titulares de fichas de dinero electrónico, incluidos intereses que no sean en función del tiempo durante el cual las mantengan.

(69)

El libro blanco de criptoactivos elaborado por un emisor de fichas de dinero electrónico ha de contener toda la información acerca del emisor y la oferta de fichas de dinero electrónico, o su admisión a negociación, a fin de que los potenciales compradores puedan tomar una decisión de compra fundada y comprender los riesgos asociados a la oferta de las fichas. Asimismo, el libro blanco de criptoactivos debe indicar explícitamente que se reconoce a los titulares de fichas de dinero electrónico el derecho de reembolso de sus fichas en fondos denominados en la moneda oficial a la que se refieran las fichas de dinero electrónico, por su valor nominal y en todo momento.

(70)

Cuando un emisor de fichas de dinero electrónico invierta los fondos recibidos a cambio de las fichas, la inversión ha de hacerse en activos denominados en la misma moneda oficial que la que sirva de referencia a las fichas para evitar riesgos de cambio.

(71)

Las fichas significativas de dinero electrónico podrían plantear mayores riesgos para la estabilidad financiera que las fichas de dinero electrónico que no son significativas y el dinero electrónico tradicional. Por lo tanto, se requiere que los emisores de fichas significativas de dinero electrónico que sean entidades de dinero electrónico estén sujetos a requisitos adicionales. En particular, es preciso someterlos a requisitos de capital más elevados que los aplicables a otros emisores de fichas de dinero electrónico, a requisitos de interoperabilidad y a la exigencia de adoptar una política de gestión de la liquidez. También deben cumplir algunos de los mismos requisitos que se aplican a los emisores de fichas referenciadas a activos con respecto a la reserva de activos, como los que se refieren a la custodia y la inversión de la reserva de activos. Dichos requisitos para los emisores de fichas significativas de dinero electrónico deben aplicarse en lugar de los artículos 5 y 7 de la Directiva 2009/110/CE. Dado que dichas disposiciones no se aplican a las entidades de crédito cuando emiten dinero electrónico, tampoco deben aplicarse los requisitos adicionales aplicables a las fichas significativas de dinero electrónico con arreglo al presente Reglamento.

(72)

Los emisores de fichas de dinero electrónico deben disponer de un plan de recuperación y de un plan de reembolso a fin de garantizar la protección de los derechos de sus titulares en caso de que los emisores no puedan cumplir sus obligaciones.

(73)

En la mayoría de los Estados miembros, la prestación de servicios de criptoactivos aún no está regulada, a pesar de los riesgos potenciales que suponen para la protección de los inversores, la integridad del mercado y la estabilidad financiera. Para hacer frente a tales riesgos, el presente Reglamento establece requisitos operativos, organizativos y prudenciales a escala de la Unión aplicables a los proveedores de servicios de criptoactivos.

(74)

A fin de permitir una supervisión eficaz y eliminar la posibilidad de evitar o eludir la supervisión, los servicios de criptoactivos solo deben ser prestados por personas jurídicas que tengan un domicilio social en un Estado miembro en el que lleven a cabo actividades empresariales sustantivas, incluida la prestación de servicios de criptoactivos. Las empresas que no sean personas jurídicas, como las asociaciones comerciales, también deben estar autorizadas, en determinadas condiciones, a prestar servicios de criptoactivos. Es esencial que los proveedores de servicios de criptoactivos mantengan una gestión eficaz de sus actividades en la Unión a fin de evitar que se socave una supervisión prudencial eficaz y garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en el marco del presente Reglamento destinados a garantizar la protección de los inversores, la integridad del mercado y la estabilidad financiera. El contacto estrecho, directo y regular entre los supervisores y la dirección de los proveedores de criptoactivos debe ser un elemento esencial de dicha supervisión. Por consiguiente, los proveedores de servicios de criptoactivos deben llevar a cabo su gestión real en un lugar dentro de la Unión, y al menos uno de los directores debe ser residente en la Unión. El lugar donde se lleva a cabo la gestión real es aquel en el que se toman las principales decisiones de gestión y comerciales necesarias para el ejercicio de la actividad.

(75)

El presente Reglamento no ha de interferir en la posibilidad de que las personas establecidas en la Unión reciban, por iniciativa propia, servicios de criptoactivos prestados por empresas de terceros países. Cuando una empresa de un tercer país preste servicios de criptoactivos por iniciativa de una persona establecida en la Unión, debe considerarse que dichos servicios no se han prestado en la Unión. Cuando una empresa de un tercer país capte clientes o potenciales clientes en la Unión, o anuncie o promocione servicios o actividades relacionados con criptoactivos en la Unión, no ha de considerarse que se trata de servicios de criptoactivos prestados a iniciativa del cliente. En tal caso, es preciso que la empresa del tercer país esté autorizada como proveedora de servicios de criptoactivos.

(76)

Dado el alcance relativamente reducido de los proveedores de servicios de criptoactivos hasta la fecha, conviene conferir a las autoridades nacionales competentes la facultad para autorizarlos y supervisarlos. Toda autorización como proveedor de servicios de criptoactivos ha de ser concedida, denegada o revocada por la autoridad competente del Estado miembro en el que la entidad tenga su domicilio social. Cuando dicha autorización se conceda, esta debe indicar los servicios de criptoactivos que el proveedor esté autorizado a prestar y ser válida en toda la Unión.

(77)

A fin de garantizar la continuidad de la protección del sistema financiero de la Unión contra los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, es necesario garantizar que los proveedores de servicios de criptoactivos lleven a cabo controles reforzados de las operaciones financieras en las que participen clientes y entidades financieras de terceros países enumerados como terceros países de alto riesgo, al tratarse de países que tienen en sus sistemas nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo deficiencias estratégicas que plantean amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión, según lo contemplado en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (20).

(78)

Conviene que determinadas empresas sujetas a la legislación de la Unión en materia de servicios financieros puedan prestar todos o algunos de los servicios de criptoactivos sin que deban obtener una autorización como proveedor de servicios de criptoactivos con arreglo al presente Reglamento si notifican a sus autoridades competentes determinada información antes de prestar dichos servicios por primera vez. En tales casos, dichas empresas deben considerarse proveedores de servicios de criptoactivos y han de aplicárseles las competencias administrativas pertinentes previstas en el presente Reglamento, incluida la facultad de suspender o prohibir determinados servicios de criptoactivos. Dichas empresas deben estar sujetas a todos los requisitos aplicables a los proveedores de servicios de criptoactivos con arreglo al presente Reglamento, con excepción de los requisitos de autorización, los requisitos de fondos propios y el procedimiento de aprobación con respecto a los accionistas y los miembros que posean participaciones cualificadas, ya que estas cuestiones están previstas por los respectivos actos legislativos de la Unión con arreglo a los cuales fueron autorizadas. El procedimiento de notificación aplicable a las entidades de crédito que tengan la intención de prestar servicios de criptoactivos con arreglo al presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones de Derecho nacional por las que se transponga la Directiva 2013/36/UE que establezcan los procedimientos para la autorización de las entidades de crédito a prestar los servicios enumerados en el anexo I de dicha Directiva.

(79)

Con el fin de garantizar la protección de los consumidores, la integridad del mercado y la estabilidad financiera, se requiere que los proveedores de servicios de criptoactivos actúen siempre con honestidad, imparcialidad y profesionalidad y en el mejor interés de sus clientes. Los servicios de criptoactivos deben considerarse «servicios financieros» según la definición de la Directiva 2002/65/CE en caso de que se cumplan los criterios de dicha Directiva. Cuando se comercialicen a distancia, los contratos entre los proveedores de servicios de criptoactivos y los consumidores han de estar también sujetos a la Directiva 2002/65/CE, salvo disposición expresa en contrario del presente Reglamento. Es preciso que los proveedores de servicios de criptoactivos proporcionen a sus clientes información completa, imparcial, clara y no engañosa, y les adviertan de los riesgos asociados a los criptoactivos. Los proveedores de servicios de criptoactivos deben hacer públicas sus políticas de precios, establecer un procedimiento de tramitación de reclamaciones y adoptar una política sólida para detectar, prevenir, gestionar y comunicar los conflictos de intereses.

(80)

Para garantizar la protección de los consumidores, los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados con arreglo al presente Reglamento han de cumplir determinados requisitos prudenciales. Esos requisitos prudenciales deben establecerse como un importe fijo o en proporción a los gastos fijos generales del proveedor de servicios de criptoactivos durante el año anterior, en función de los tipos de servicios que presten.

(81)

Es necesario que los proveedores de servicios de criptoactivos estén sujetos a estrictos requisitos organizativos. Los miembros del órgano de dirección de los proveedores de servicios de criptoactivos deben ser aptos y adecuados para el puesto y, en particular, no deben haber sido condenados por ningún delito en el ámbito del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo o por cualquier otro delito que pueda afectar a su honorabilidad. Los accionistas o socios, ya sean directos o indirectos, sean personas físicas o jurídicas, que posean participaciones cualificadas en proveedores de servicios de criptoactivos deben gozar de la honorabilidad suficiente y, en particular, no deben haber sido condenados por ningún delito en el ámbito del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo o por cualquier otro delito que pueda afectar a su honorabilidad. Además, cuando la influencia ejercida por los accionistas y los socios que posean participaciones cualificadas en proveedores de servicios de criptoactivos pueda perjudicar la gestión sana y prudente del proveedor de servicios de criptoactivos, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, sus actividades anteriores, el riesgo de que participen en actividades ilícitas o la influencia o el control de un gobierno de un tercer país, las autoridades competentes deben estar facultadas para poder hacer frente a dichos riesgos. Los proveedores de servicios de criptoactivos han de contratar a directivos y personal con los conocimientos, las competencias y la experiencia adecuados, y tomar todas las medidas razonables para desempeñar sus funciones, en particular mediante la preparación de un plan de continuidad de la actividad. Deben disponer de mecanismos sólidos de control interno y evaluación de riesgos, así como de sistemas y procedimientos adecuados para garantizar la integridad y la confidencialidad de la información recibida. Es preciso que los proveedores de servicios de criptoactivos cuenten con mecanismos adecuados para llevar registros de todas las operaciones, todas las órdenes y todos los servicios relacionados con los servicios de criptoactivos que presten. Asimismo, deben disponer de sistemas para detectar posibles casos de abuso de mercado por parte de los clientes.

(82)

A fin de garantizar la protección de sus clientes, ha de requerirse que los proveedores de servicios de criptoactivos cuenten con mecanismos adecuados para proteger los derechos de propiedad de los clientes respecto de los criptoactivos que poseen. Cuando su modelo de negocio los obligue a tener fondos, tal como se definen en la Directiva (UE) 2015/2366, en forma de billetes, monedas, dinero escritural o dinero electrónico pertenecientes a sus clientes, los proveedores de servicios de criptoactivos han de depositar dichos fondos en una entidad de crédito o un banco central en el que se disponga de una cuenta. Los proveedores de servicios de criptoactivos únicamente deben estar autorizados a efectuar operaciones de pago en relación con los servicios de criptoactivos que ofrezcan cuando estén autorizados como entidades de pago de conformidad con esa Directiva.

(83)

En función de los servicios que presten y puesto que cada tipo de servicio plantea unos riesgos concretos, los proveedores de servicios de criptoactivos deben estar sujetos a requisitos específicos para esos servicios. Los proveedores de servicios de criptoactivos que presten servicios de custodia y administración de criptoactivos por cuenta de clientes han de celebrar un acuerdo con sus clientes, con determinadas cláusulas obligatorias, y establecer y aplicar una política de custodia, que debe ponerse a disposición de los clientes, a petición de estos, en formato electrónico. Dicho acuerdo debe especificar, entre otros puntos, la naturaleza del servicio prestado, que podría incluir la tenencia de criptoactivos pertenecientes a clientes o los medios de acceso a dichos criptoactivos, en cuyo caso el cliente podría mantener el control de los criptoactivos en custodia. De forma alternativa, los criptoactivos o los medios de acceso a ellos podrían transferirse al objeto de su pleno control por parte del proveedor de servicios de criptoactivos. Los proveedores de servicios de criptoactivos que posean criptoactivos pertenecientes a clientes, o los medios de acceso a dichos criptoactivos, deben garantizar que dichos criptoactivos no se utilicen por cuenta propia. Los proveedores de servicios de criptoactivos deben garantizar que todos los criptoactivos que mantengan estén siempre libres de cargas. Es necesario que dichos proveedores de servicios de criptoactivos sean responsables de todo daño que se produzca a raíz de un incidente relacionado con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), incluidos los incidentes derivados de ciberataques, robos o cualquier tipo de disfunción. Los proveedores de equipos o programas informáticos de monederos no custodiados por terceros no deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(84)

Para garantizar un funcionamiento ordenado de los mercados de criptoactivos, los proveedores de servicios de criptoactivos que exploten una plataforma de negociación de criptoactivos deben disponer de normas de funcionamiento detalladas, velar por que sus sistemas y procedimientos sean suficientemente resistentes, estar sujetos a requisitos de transparencia prenegociación y posnegociación adaptados al mercado de criptoactivos y establecer un conjunto de normas transparentes y no discriminatorias basadas en criterios objetivos que regulen el acceso a sus plataformas. Los proveedores de servicios de criptoactivos que exploten una plataforma de negociación de criptoactivos deben, asimismo, tener una estructura de comisiones transparente respecto de los servicios prestados, a fin de evitar la presentación de órdenes que pudieran contribuir al abuso de mercado o a anomalías en las condiciones de negociación. Los proveedores de servicios de criptoactivos que exploten una plataforma de negociación de criptoactivos deben poder liquidar operaciones ejecutadas en plataformas de negociación dentro y fuera de la cadena y deben garantizar una liquidación en tiempo oportuno. La liquidación de las operaciones debe iniciarse en un plazo de 24 horas a partir de la ejecución de una operación en la plataforma de negociación. En el caso de una liquidación fuera de la cadena, la liquidación debe iniciarse el mismo día hábil, mientras que en el caso de una liquidación dentro de la cadena, la liquidación podría extenderse por más tiempo, ya que no está controlada por el proveedor de servicios de criptoactivos que opera la plataforma de negociación.

(85)

A fin de garantizar la protección de los consumidores, los proveedores de servicios de criptoactivos que canjeen criptoactivos por fondos o por otros criptoactivos utilizando su propio capital han de formular una política comercial no discriminatoria. Deben publicar las cotizaciones en firme o la metodología que utilizan para determinar el precio de los criptoactivos que deseen canjear, y deben publicar los límites que deseen establecer al importe que haya de canjearse. Por otra parte, han de estar sujetos a requisitos de transparencia posnegociación.

(86)

Los proveedores de servicios de criptoactivos que ejecuten órdenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de clientes deben formular una política de ejecución y tratar siempre de obtener el mejor resultado posible para sus clientes, en particular cuando actúen como contraparte de estos. Han de tomar todas las medidas necesarias para evitar que sus empleados hagan un uso indebido de la información relacionada con las órdenes de los clientes. Los proveedores de servicios de criptoactivos que reciban órdenes y las transmitan a otros proveedores de servicios de criptoactivos han de adoptar procedimientos para el envío rápido y correcto de dichas órdenes. Por otra parte, los proveedores de servicios de criptoactivos no deben recibir ningún beneficio monetario o no monetario por transmitir las mencionadas órdenes a una plataforma de negociación de criptoactivos concreta o a otro proveedor de servicios de criptoactivos. Deben supervisar la eficacia de sus mecanismos de ejecución de órdenes y de su política de ejecución, comprobando si los centros de ejecución incluidos en la política de ejecución de órdenes proporcionan los mejores resultados posibles para el cliente o si es necesario cambiar sus mecanismos de ejecución, y deben notificar a los clientes con los que tengan una relación profesional estable cualquier cambio importante en sus mecanismos o en su política de ejecución de órdenes.

(87)

Cuando un proveedor de servicios de criptoactivos que ejecute órdenes relativas a criptoactivos por cuenta de clientes sea la contraparte del cliente, puede haber similitudes con los servicios de canje de criptoactivos por fondos u otros criptoactivos. No obstante, en los canjes de criptoactivos por fondos u otros criptoactivos, el precio de dichos canjes lo determina libremente el proveedor de servicios de criptoactivos como un cambio de divisas. Ahora bien, en la ejecución de órdenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de clientes, el proveedor de servicios de criptoactivos debe garantizar siempre que se obtengan los mejores resultados posibles para el cliente, en particular cuando actúe como contraparte del cliente, en consonancia con su política de ejecución óptima. El canje de criptoactivos por fondos u otros criptoactivos realizado por el emisor o el oferente no debe ser un servicio de criptoactivos.

(88)

Los proveedores de servicios de criptoactivos que coloquen criptoactivos para titulares potenciales han de transmitir a esas personas antes de celebrar un contrato información sobre el modo en el que se proponen prestar su servicio. A fin de garantizar la protección de sus clientes, los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados a colocar criptoactivos deben contar con procedimientos específicos y adecuados para prevenir, controlar, gestionar y comunicar cualquier conflicto de intereses originado por la colocación de criptoactivos entre sus propios clientes o cuando el precio propuesto para la colocación de criptoactivos se haya sobrestimado o subestimado. La colocación de criptoactivos por cuenta de un oferente no ha de considerarse una oferta separada.

(89)

A fin de garantizar la protección de los consumidores, los proveedores de servicios de criptoactivos que asesoren sobre criptoactivos, bien a petición de un cliente, bien a iniciativa propia, o que presten servicios de gestión de carteras de criptoactivos deben evaluar si dichos servicios de criptoactivos o criptoactivos son adecuados para los clientes, teniendo en cuenta la experiencia, los conocimientos, los objetivos y la capacidad de estos para soportar pérdidas. Cuando los clientes no faciliten a los proveedores de servicios de criptoactivos información sobre su experiencia, sus conocimientos, sus objetivos o su capacidad para soportar pérdidas, o sea evidente que los criptoactivos no son adecuados para los clientes, los proveedores de servicios de criptoactivos no deben recomendar dichos servicios de criptoactivos o criptoactivos a esos clientes, ni iniciar la prestación de servicios de gestión de carteras de criptoactivos. Al prestar asesoramiento en materia de criptoactivos, los proveedores de servicios de criptoactivos deben proporcionar a los clientes un informe, que debe incluir la evaluación de idoneidad en la que se especifique el asesoramiento prestado y la manera en que cumple las preferencias y los objetivos de los clientes. Al prestar servicios de gestión de carteras de criptoactivos, los proveedores de servicios de criptoactivos deben facilitar a sus clientes declaraciones periódicas, que deben incluir una revisión de sus actividades y del rendimiento de la cartera, así como una declaración actualizada sobre la evaluación de idoneidad.

(90)

Algunos servicios de criptoactivos, en particular la custodia y administración de criptoactivos por cuenta de clientes, la colocación de criptoactivos y la transferencia de servicios de criptoactivos por cuenta de clientes, podrían solaparse con los servicios de pago definidos en la Directiva (UE) 2015/2366.

(91)

Las herramientas proporcionadas por los emisores de dinero electrónico a sus clientes para gestionar una ficha de dinero electrónico podrían no distinguirse de los servicios de custodia y administración regulados por el presente Reglamento. Por tanto, las entidades de dinero electrónico deben poder prestar servicios de custodia, sin autorización previa con arreglo al presente Reglamento, a fin de prestar servicios de criptoactivos únicamente en relación con las fichas de dinero electrónico emitidas por ellas.

(92)

La actividad de los distribuidores de dinero electrónico tradicionales, a saber, la distribución de dinero electrónico por cuenta de los emisores, equivaldría a la actividad de colocación de criptoactivos a efectos del presente Reglamento. No obstante, las personas físicas o jurídicas autorizadas a distribuir dinero electrónico con arreglo a la Directiva 2009/110/CE también deben poder distribuir fichas de dinero electrónico en nombre de los emisores de fichas de dinero electrónico sin necesidad de obtener autorización previa con arreglo al presente Reglamento para prestar servicios de criptoactivos. Dichos distribuidores deben quedar por tanto exentos del requisito de solicitar una autorización como proveedor de servicios de criptoactivos para la actividad de colocación de criptoactivos.

(93)

Un proveedor de prestación de servicios de transferencia de criptoactivos ha de ser una entidad que transfiera, por cuenta de un cliente, criptoactivos de una dirección o cuenta de registro distribuido a otra. Tal servicio de transferencia no debe incluir a los validadores, nodos o mineros que puedan formar parte de la confirmación de una operación y la actualización del estado del registro distribuido subyacente. Muchos proveedores de servicios de criptoactivos también ofrecen algún tipo de servicio de transferencia de criptoactivos como parte de, por ejemplo, el servicio de custodia y administración de criptoactivos por cuenta de clientes, el canje de criptoactivos por fondos u otros criptoactivos, o la ejecución de órdenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de clientes. En función de las características precisas de los servicios asociados a la transferencia de fichas de dinero electrónico, tales servicios pueden incluirse en la definición de servicio de pago de la Directiva (UE) 2015/2366. En tal caso, dichas transferencias deben ser realizadas por una entidad autorizada para prestar servicios de pago de conformidad con dicha Directiva.

(94)

El presente Reglamento no se refiere a la concesión de financiación y préstamos de criptoactivos, incluidas las fichas de dinero electrónico, y, por tanto, no afecta al Derecho nacional aplicable. Es preciso seguir evaluando la viabilidad y la necesidad de regular dichas actividades.

(95)

Es importante garantizar la confianza en los mercados de criptoactivos y la integridad de esos mercados. Por consiguiente, se requiere establecer normas para prevenir el abuso de mercado en relación con los criptoactivos que se admitan a negociación. Ahora bien, dado que es muy habitual que los emisores de criptoactivos y los proveedores de servicios de criptoactivos sean pymes, sería desproporcionado aplicarles todas las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (21). Se hace, pues, necesario establecer normas específicas para prohibir determinadas conductas que podrían socavar la confianza de los usuarios en los mercados de criptoactivos y la integridad de estos mercados, como las operaciones con información privilegiada, la comunicación ilícita de información privilegiada y la manipulación de mercado relacionada con criptoactivos. Esas normas específicas sobre el abuso de mercado en relación con criptoactivos han de aplicarse cuando estos se admitan a negociación.

(96)

Debe reforzarse la seguridad jurídica de los participantes en el mercado de criptoactivos mediante una caracterización de dos de los elementos esenciales de la definición de información privilegiada, a saber, la naturaleza exacta de dicha información y la importancia de su incidencia potencial en los precios de los criptoactivos. Esos elementos también deben tenerse en cuenta para prevenir el abuso de mercado en el contexto de los mercados de criptoactivos y su funcionamiento, teniendo en cuenta, por ejemplo, el uso de las redes sociales, la utilización de contratos inteligentes para la ejecución de órdenes y la concentración de fondos de minería.

(97)

Los derivados que se consideren instrumentos financieros, tal como se definen en la Directiva 2014/65/UE, y cuyo activo subyacente sea un criptoactivo están sujetos al Reglamento (UE) n.o 596/2014 cuando se negocian en un mercado regulado, un sistema multilateral de negociación o un sistema organizado de contratación. Los criptoactivos incluidos en el ámbito del presente Reglamento que sean activos subyacentes de dichos derivados han de estar sujetos a las disposiciones sobre el abuso de mercado del presente Reglamento.

(98)

Deben otorgarse a las autoridades competentes facultades suficientes para supervisar la emisión, oferta pública y admisión a negociación de criptoactivos, incluidas las fichas referenciadas a activos o las fichas de dinero electrónico, así como para supervisar a los proveedores de servicios de criptoactivos. Esas facultades deben incluir el poder de suspender o prohibir una oferta pública o la admisión a negociación de criptoactivos o la prestación de un servicio de criptoactivos, y de investigar las infracciones de las normas relativas al abuso de mercado. Los emisores de criptoactivos, distintos de las fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico, no han de estar sujetos a supervisión con arreglo al presente Reglamento cuando no sean un oferente o una persona que solicite la admisión a negociación.

(99)

Además, las autoridades competentes deben estar facultadas para imponer sanciones a los emisores, los oferentes o las personas que soliciten la admisión a negociación de criptoactivos, incluidas las fichas referenciadas a activos o las fichas de dinero electrónico, así como a los proveedores de servicios de criptoactivos. A la hora de determinar el tipo y el nivel de una sanción administrativa u otra medida administrativa, las autoridades competentes deben tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes, incluidas la gravedad y la duración de la infracción y si se cometió intencionadamente.

(100)

En vista del carácter transfronterizo de los mercados de criptoactivos, es preciso que las autoridades competentes cooperen entre sí para detectar y prevenir toda infracción del presente Reglamento.

(101)

Para facilitar la transparencia en relación con los criptoactivos y los proveedores de servicios de criptoactivos, la AEVM debe establecer un registro de libros blancos de criptoactivos, emisores de fichas referenciadas a activos, emisores de fichas de dinero electrónico y proveedores de servicios de criptoactivos.

(102)

Las fichas significativas referenciadas a activos pueden usarse como medio de cambio y para efectuar grandes volúmenes de operaciones de pago. Puesto que volúmenes tan grandes pueden plantear riesgos específicos para los cauces de transmisión monetaria y la soberanía monetaria, conviene atribuir a la ABE la tarea de supervisar a los emisores de fichas referenciadas a activos, una vez que las fichas hayan sido clasificadas como tales. Dicha atribución debe abordar la naturaleza muy específica de los riesgos que plantean las fichas referenciadas a activos y no debe sentar un precedente para ningún otro acto legislativo de la Unión en materia de servicios financieros.

(103)

Es preciso que las autoridades competentes encargadas de la supervisión con arreglo a la Directiva 2009/110/CE supervisen a los emisores de fichas de dinero electrónico. No obstante, en vista del posible uso generalizado de las fichas significativas de dinero electrónico como medio de pago y los riesgos que pueden plantear para la estabilidad financiera, se necesita una doble supervisión de los emisores de tales fichas por parte tanto de las autoridades competentes como de la ABE. La ABE debe supervisar el cumplimiento, por parte de los emisores de fichas significativas de dinero electrónico, de los requisitos adicionales específicos que se establecen en el presente Reglamento respecto de tales fichas. Dado que los requisitos adicionales específicos deben aplicarse únicamente a las entidades de dinero electrónico que emitan fichas significativas de dinero electrónico, las entidades de crédito que emitan fichas significativas de dinero electrónico, a las que no se aplican tales requisitos, deben seguir siendo supervisadas por sus respectivas autoridades competentes. La doble supervisión debe abordar la naturaleza muy específica de los riesgos que plantean las fichas de dinero electrónico y no debe sentar un precedente para ningún otro acto legislativo de la Unión en materia de servicios financieros.

(104)

Las fichas significativas de dinero electrónico denominadas en una moneda oficial de un Estado miembro distinta del euro, que se utilizan como medio de cambio y para liquidar grandes volúmenes de operaciones de pago, pueden plantear, aunque sea improbable, riesgos específicos para la soberanía monetaria del Estado miembro en cuya moneda oficial estén denominadas. Cuando al menos el 80 % del número de titulares y del volumen de operaciones de esas fichas significativas de dinero electrónico se concentren en el Estado miembro de origen, las responsabilidades de supervisión no deben transferirse a la ABE.

(105)

La ABE debe crear un colegio de supervisores para cada emisor de fichas significativas referenciadas a activos y fichas significativas de dinero electrónico. Dado que los emisores de fichas significativas referenciadas a activos y fichas significativas de dinero electrónico suelen situarse en el centro de una red de entidades que se encargan de la emisión, transferencia y distribución de dichos criptoactivos, los miembros del colegio de supervisores de cada emisor deben incluir, por tanto, entre otras, a las autoridades competentes de las plataformas de negociación de criptoactivos más importantes, en los casos en que las fichas significativas referenciadas a activos y fichas significativas de dinero electrónico estén admitidas a negociación, y a las autoridades competentes de las entidades y proveedores de servicios de criptoactivos más pertinentes que garanticen la custodia y administración de las fichas significativas referenciadas a activos y fichas significativas de dinero electrónico en nombre de sus titulares. El colegio de supervisores de emisores de fichas significativas referenciadas a activos y de fichas significativas de dinero electrónico ha de facilitar la cooperación y el intercambio de información entre sus miembros, y emitir dictámenes no vinculantes sobre, entre otros aspectos, las modificaciones de la autorización o las medidas de supervisión en relación con esos emisores.

(106)

Con miras a la supervisión de los emisores de fichas significativas referenciadas a activos y fichas significativas de dinero electrónico, la ABE ha de estar facultada, entre otras cosas, para llevar a cabo inspecciones in situ, adoptar medidas de supervisión e imponer multas.

(107)

Es preciso que la ABE cobre tasas a los emisores de fichas significativas referenciadas a activos y de fichas significativas de dinero electrónico para cubrir sus costes, incluidos los gastos generales. En el caso de los emisores de fichas significativas referenciadas a activos, las tasas han de ser proporcionadas al volumen de su reserva de activos. En el caso de los emisores de fichas significativas de dinero electrónico, las tasas han de ser proporcionadas al importe de los fondos que reciban a cambio de las fichas.

(108)

A fin de garantizar la eficacia del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a especificar en mayor medida los elementos técnicos de las definiciones establecidas en el presente Reglamento con el fin de adaptarlos a la evolución del mercado y la tecnología, especificar en mayor medida determinados criterios para establecer si una ficha referenciada a activos o una ficha de dinero electrónico debe clasificarse como significativa, determinar cuándo existe un problema significativo de protección del inversor o una amenaza para el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados de criptoactivos o para la estabilidad de la totalidad o parte del sistema financiero de la Unión, especificar en mayor medida las normas de procedimiento para el ejercicio de la facultad de la ABE de imponer multas o multas coercitivas, incluidas disposiciones sobre los derechos de defensa, disposiciones temporales y disposiciones sobre el cobro de las multas o multas coercitivas, así como los plazos de prescripción para la imposición y ejecución de las multas y multas coercitivas, y especificar en mayor medida el tipo y el importe de las tasas de supervisión que la ABE puede cobrar a los emisores de fichas significativas referenciadas a activos o fichas significativas de dinero electrónico. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que estas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (22). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(109)

Con el fin de promover la aplicación coherente del presente Reglamento en toda la Unión, en particular una protección adecuada de los titulares de criptoactivos y los clientes de proveedores de servicios de criptoactivos, en especial cuando se trate de consumidores, deben elaborarse normas técnicas. Es eficiente y adecuado confiar a la ABE y a la AEVM, en cuanto que organismos con conocimientos altamente especializados, la elaboración de los proyectos de normas técnicas de regulación que no impliquen decisiones estratégicas, para su presentación a la Comisión.

(110)

La Comisión debe estar facultada para adoptar normas técnicas de regulación elaboradas por la ABE y la AEVM en relación con: el contenido, las metodologías y la presentación de la información en un libro blanco de criptoactivos acerca de los principales efectos adversos sobre el clima y otros efectos adversos relacionados con el medio ambiente del mecanismo de consenso utilizado para emitir el criptoactivo; el procedimiento de aprobación de los libros blancos de criptoactivos presentados por las entidades de crédito al emitir fichas referenciadas a activos; la información que debe contener una solicitud de autorización como emisor de fichas referenciadas a activos; la metodología para estimar el número y el valor agregado medios trimestrales de las operaciones diarias asociadas a los usos de fichas referenciadas a activos y fichas de dinero electrónico denominadas en una moneda que no sea una moneda oficial de un Estado miembro como medio de cambio en una misma zona monetaria; los requisitos, las plantillas y los procedimientos para tramitar las reclamaciones de los titulares de fichas referenciadas a activos y de los clientes de proveedores de servicios de criptoactivos; los requisitos aplicables a las políticas y procedimientos para detectar, prevenir, gestionar y comunicar los conflictos de intereses de los emisores de fichas referenciadas a activos y los detalles y la metodología aplicables al contenido de dicha comunicación; el procedimiento y el plazo para que un emisor de fichas referenciadas a activos y fichas significativas de dinero electrónico se ajuste a requisitos de fondos propios más elevados, los criterios para exigir fondos propios más elevados y los requisitos mínimos para el diseño de los programas de pruebas de resistencia; los requisitos de liquidez de la reserva de activos; los instrumentos financieros en los que puede invertirse la reserva de activos; el contenido detallado de la información necesaria para llevar a cabo la evaluación de la adquisición propuesta de la participación cualificada en un emisor de fichas referenciadas a activos; los requisitos relativos a las obligaciones adicionales para los emisores de fichas significativas referenciadas a activos; la información que las entidades de crédito, los depositarios centrales de valores, las empresas de servicios de inversión, los organismos rectores del mercado, las entidades de dinero electrónico, las sociedades de gestión de OICVM y los gestores de fondos de inversión alternativos que tengan la intención de prestar servicios de criptoactivos notifiquen a las autoridades competentes; la información que contiene una solicitud de autorización de un proveedor de servicios de criptoactivos; el contenido, las metodologías y la presentación de la información que el proveedor de servicios de criptoactivos pone a disposición del público y que guarda relación con los principales efectos adversos sobre el clima y otros efectos adversos relacionados con el medio ambiente del mecanismo de consenso utilizado para emitir cada criptoactivo en relación con el cual presta servicios; las medidas que garantizan la continuidad y regularidad de la prestación de los servicios de criptoactivos y de los registros que deben conservarse de todos los servicios, órdenes y operaciones de criptoactivos que realicen; los requisitos aplicables a las políticas para detectar, prevenir, gestionar y comunicar los conflictos de intereses de los proveedores de servicios de criptoactivos y los detalles y la metodología aplicables al contenido de dicha comunicación; la forma en que deben ofrecerse los datos de transparencia del operador de una plataforma de negociación y el contenido y el formato de los registros de los libros de órdenes relativos a la plataforma de negociación; el contenido detallado de la información necesaria para llevar a cabo la evaluación de la adquisición propuesta de la participación cualificada en un proveedor de servicios de criptoactivos; los mecanismos, sistemas y procedimientos adecuados para el seguimiento y la detección del abuso de mercado, el modelo de notificación para informar sobre sospechas de abuso de mercado y los procedimientos de coordinación entre las autoridades competentes pertinentes para la detección del abuso de mercado; la información que deban intercambiarse las autoridades competentes; una plantilla para el documento sobre los mecanismos de cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros y las autoridades de supervisión de terceros países; los datos necesarios para la clasificación de los libros blancos de criptoactivos en el registro de la AEVM y las disposiciones prácticas para garantizar que dichos datos puedan leerse en formato de lectura mecánica; y las condiciones en las que determinados miembros del colegio de supervisores para los emisores de fichas significativas referenciadas a activos y los emisores de fichas significativas de dinero electrónico deben considerarse más pertinentes en su categoría; y las condiciones en las que se considera que las fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico se utilizan a gran escala a efectos de la cualificación de determinados miembros de dicho colegio y los detalles de las modalidades prácticas de funcionamiento de dicho colegio. La Comisión debe adoptar las citadas normas técnicas de regulación mediante actos delegados en virtud del artículo 290 del TFUE y de conformidad con los artículos 10 a 14 de los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 1095/2010, según corresponda.

(111)

La Comisión debe estar facultada para adoptar normas técnicas de ejecución elaboradas por la ABE y la AEVM en lo que respecta: al establecimiento de formularios, formatos y plantillas normalizados para los libros blancos de criptoactivos; al establecimiento de formularios, plantillas y procedimientos normalizados para la transmisión de información a efectos de la solicitud de autorización como emisor de fichas referenciadas a activos; al establecimiento de formularios, formatos y plantillas normalizados a efectos de la información sobre fichas referenciadas a activos y fichas de dinero electrónico denominadas en una moneda que no sea una moneda oficial de un Estado miembro emitidas por un valor superior a 100 000 000 EUR; al establecimiento de formularios, plantillas y procedimientos normalizados para la notificación de información a las autoridades competentes por parte de las entidades de crédito, los depositarios centrales de valores, las empresas de servicios de inversión, los organismos rectores del mercado, las entidades de dinero electrónico, las sociedades de gestión de OICVM y los gestores de fondos de inversión alternativos que tengan la intención de prestar servicios de criptoactivos; el establecimiento de formularios, plantillas y procedimientos normalizados para la solicitud de autorización como proveedores de servicios de criptoactivos; la determinación de los medios técnicos para la divulgación pública de información privilegiada y para retrasar la divulgación pública de información privilegiada; y al establecimiento de formularios, plantillas y procedimientos normalizados para la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes y entre las autoridades competentes, la ABE y la AEVM. La Comisión ha de adoptar dichas normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución con arreglo al artículo 291 del TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 y el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010.

(112)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, poner remedio a la fragmentación del marco jurídico aplicable a los oferentes o a las personas que solicitan la admisión a negociación de criptoactivos distintos de las fichas referenciadas a activos y de las fichas de dinero electrónico, los emisores de fichas referenciadas a activos y fichas de dinero electrónico y los proveedores de servicios de criptoactivos, y asegurar el correcto funcionamiento de los mercados de criptoactivos, y, al mismo tiempo, la protección de los titulares de criptoactivos y de los clientes de proveedores de servicios de criptoactivos, en particular los titulares minoristas, así como la protección de la integridad del mercado y de la estabilidad financiera, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros sino que, creando un marco que propicie el desarrollo de un mercado transfronterizo más amplio para los criptoactivos y los proveedores de servicios de criptoactivos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(113)

A fin de no perturbar a los participantes en el mercado que presten servicios y lleven a cabo actividades en relación con criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico, emitidos antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento, conviene que los emisores de esos criptoactivos estén exentos de la obligación de publicar un libro blanco de criptoactivos y de otros requisitos aplicables del presente Reglamento. No obstante, deben aplicarse determinadas obligaciones cuando dichos criptoactivos fueran admitidos a negociación antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento. A fin de evitar perturbaciones a los participantes en el mercado ya existentes, son necesarias disposiciones transitorias para los emisores de fichas referenciadas a activos que ya operasen en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento.

(114)

Dado que los marcos reguladores nacionales aplicables a los proveedores de servicios de criptoactivos antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento difieren entre los Estados miembros, es esencial que aquellos Estados miembros que no dispongan de requisitos prudenciales estrictos para los proveedores de servicios de criptoactivos que operan actualmente con arreglo a sus marcos reguladores tengan la posibilidad de exigir a dichos proveedores de servicios de criptoactivos que estén sujetos a requisitos más estrictos que los previstos en los marcos reguladores nacionales. En tales casos, debe permitirse a los Estados miembros no aplicar o reducir el período transitorio de 18 meses que, de otro modo, permitiría a los proveedores de servicios de criptoactivos prestar servicios basándose en su marco regulador nacional vigente. Tal opción para los Estados miembros no debe sentar precedente para ningún otro acto legislativo de la Unión en materia de servicios financieros.

(115)

Los denunciantes deben poder poner en conocimiento de las autoridades competentes nueva información que las ayude a detectar infracciones del presente Reglamento e imponer multas. Por tanto, el presente Reglamento debe garantizar la existencia de mecanismos adecuados para alentar a los denunciantes a poner sobre alerta a las autoridades competentes acerca de infracciones reales o posibles infracciones del Reglamento, y para protegerlos frente a las represalias. Todo ello debe llevarse a cabo mediante la modificación de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (23), para que sea aplicable a infracciones del presente Reglamento.

(116)

Dado que debe encomendarse a la ABE la supervisión directa de los emisores de fichas significativas referenciadas a activos y fichas significativas de dinero electrónico y que la AEVM debe tener el mandato de hacer uso de sus competencias en relación con los proveedores significativos de servicios de criptoactivos, es necesario garantizar que la ABE y la AEVM puedan ejercer todas sus competencias y tareas a fin de cumplir sus objetivos de proteger el interés público contribuyendo a la estabilidad y eficacia del sistema financiero a corto, medio y largo plazo, en favor de la economía de la Unión, sus ciudadanos y sus empresas, y garantizar que a los emisores de criptoactivos y los proveedores de servicios de criptoactivos les sean aplicables los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 1095/2010. Procede, por tanto, modificar dichos Reglamentos en consecuencia.

(117)

La emisión, oferta o solicitud de admisión a negociación de criptoactivos y la prestación de servicios de criptoactivos podrían implicar el tratamiento de datos personales. Todo tratamiento de datos personales con arreglo al presente Reglamento debe llevarse a cabo de conformidad con el Derecho de la Unión aplicable en materia de protección de datos personales. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de los derechos y obligaciones con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (24) y del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (25).

(118)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su dictamen el 24 de junio de 2021 (26).

(119)

La fecha de aplicación del presente Reglamento debe aplazarse con el fin de que puedan adoptarse las normas técnicas de regulación, las normas técnicas de ejecución y los actos delegados necesarios para especificar determinados elementos del presente Reglamento.