(1)

El Acuerdo de París (4), adoptado el 12 de diciembre de 2015 en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»), entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Las Partes en el Acuerdo de París han acordado mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C en relación con los niveles preindustriales y perseverar en los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de dichos niveles. Dicho compromiso se ha visto reforzado con la adopción, en el marco de la CMNUCC, del Pacto por el Clima de Glasgow el 13 de noviembre de 2021, en el que la Conferencia de las Partes en la CMNUCC, en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París, reconoce que los efectos del cambio climático serían mucho menores con un aumento de la temperatura de 1,5 °C que con un aumento de 2 °C, y resuelve proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C.

(2)

La Comunicación de la Comisión de 11 de diciembre de 2019 sobre «El Pacto Verde Europeo» (en lo sucesivo, «Pacto Verde Europeo») establece una nueva estrategia de crecimiento centrada en transformar la Unión en una sociedad sostenible, equitativa y próspera, con una economía moderna, que utiliza eficientemente los recursos y competitiva, en la que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero a más tardar para 2050 y el crecimiento económico esté disociado del uso de los recursos. El Pacto Verde Europeo aspira también a recuperar, proteger, mantener y mejorar el capital natural de la Unión, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales. Por último, considera que esta transición ha de ser justa e integradora, sin dejar a nadie atrás.

(3)

Mediante la adopción del Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Unión ha consagrado en su legislación el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en toda la economía a más tardar en 2050 y el objetivo de lograr unas emisiones negativas a partir de esa fecha. Dicho Reglamento establece también un objetivo vinculante para la Unión de una reducción interna las emisiones netas de gases de efecto invernadero (emisiones una vez deducidas las absorciones) de, al menos, un 55 % con respecto a los niveles de 1990, de aquí a 2030. Se espera que todos los sectores de la economía contribuyan a lograr este objetivo.

(4)

Las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 2020 refrendaron el objetivo vinculante para la Unión de reducción interna de las emisiones netas de gases de efecto invernadero, subrayando al mismo tiempo la importancia de las consideraciones de equidad y solidaridad y de no dejar a nadie atrás. Dichas Conclusiones se reafirmaron en las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de mayo de 2021, cuando el Consejo Europeo invitó a la Comisión a que presentara con prontitud su paquete de medidas legislativas junto con un examen en profundidad de las repercusiones medioambientales, económicas y sociales a escala de los Estados miembros.

(5)

El Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, refrendado por las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de junio de 2021, pone de relieve la necesidad de reforzar los derechos sociales y la dimensión social europea en todas las políticas de la Unión. El principio 20 del pilar europeo de derechos sociales establece que «toda persona tiene derecho a acceder a servicios esenciales de alta calidad, incluidos el agua, el saneamiento, la energía, el transporte, los servicios financieros y las comunicaciones digitales. Deberá prestarse a las personas necesitadas apoyo para el acceso a estos servicios».

(6)

La Declaración de Oporto, de 8 de mayo de 2021, reafirmó el compromiso del Consejo Europeo de trabajar en pos de una Europa social, reforzando una transición justa, así como su determinación de seguir profundizando en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales a escala nacional y de la Unión, teniendo debidamente en cuenta las competencias respectivas y los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

(7)

Para cumplir el compromiso de avanzar hacia la neutralidad climática, se ha revisado y modificado la legislación de la Unión en materia de clima y energía con el fin de acelerar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

(8)

Dichas modificaciones tienen diferentes repercusiones económicas y sociales en los distintos sectores de la economía, en los ciudadanos y en los Estados miembros. En particular, la inclusión de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los edificios, del transporte por carretera y de otros sectores que corresponden a actividades industriales que no sean objeto del anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), en el ámbito de aplicación de dicha Directiva debe proporcionar un incentivo económico adicional para invertir en la reducción del consumo de combustibles fósiles y acelerar así la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto, junto con otras medidas, debería contribuir a medio y largo plazo a la reducción de la pobreza energética y la pobreza de transporte, reducir los costes de los edificios y del transporte por carretera y, cuando proceda, ofrecer nuevas oportunidades de creación de empleo de calidad y de inversión sostenible, plenamente en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo.

(9)

Sin embargo, para financiar estas inversiones se necesitan recursos. Además, antes de que se realicen tales inversiones, es probable que aumente el coste de calefacción, refrigeración, cocina y transporte por carretera que soportan los hogares y los usuarios del transporte, ya que los proveedores de combustible sujetos a las obligaciones en virtud del régimen de comercio de derechos de emisión para los edificios y el transporte por carretera repercuten los costes del carbono a los consumidores.

(10)

La transición climática va a tener una repercusión económica y social difícil de evaluar ex ante. A fin de alcanzar los objetivos climáticos más ambiciosos va a ser necesario destinar un volumen sustancial de recursos públicos y privados. Las inversiones en medidas de eficiencia energética, así como en sistemas de calefacción basados en energía renovable, como la calefacción con bombas de calor eléctricas, la calefacción y la refrigeración a nivel local y la participación en comunidades de energías renovables, son un método eficaz para reducir la dependencia de las importaciones y las emisiones, al tiempo que se aumenta la resiliencia de la Unión. Es necesaria una financiación específica para apoyar a los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios del transporte vulnerables.

(11)

El aumento del precio de los combustibles fósiles puede afectar de forma desproporcionada a los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios del transporte vulnerables, que gastan una mayor parte de sus ingresos en energía y transporte y que, en determinadas regiones, no tienen acceso a soluciones de movilidad y transporte alternativas y asequibles y que pueden carecer de capacidad financiera para invertir en la reducción del consumo de combustibles fósiles. En el contexto de la pobreza del transporte, las particularidades geográficas, como las islas, las regiones y territorios ultraperiféricos, las zonas rurales o remotas, las periferias menos accesibles, las zonas montañosas o las zonas rezagadas, pueden verse afectadas por repercusiones específicas en la vulnerabilidad de los hogares, las microempresas y los usuarios del transporte. Por consiguiente, estas particularidades geográficas deben tenerse en cuenta a la hora de preparar medidas e inversiones de apoyo a los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios del transporte vulnerables, cuando proceda y sea pertinente.

(12)

Por consiguiente, una parte de los ingresos generados por la inclusión de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE debe utilizarse para abordar la repercusión social derivada de esta inclusión, con el fin de que la transición sea justa e inclusiva, sin dejar a nadie atrás. El importe general del Fondo Social para el Clima establecido en virtud del presente Reglamento (en lo sucesivo, «Fondo») debe reflejar el nivel de ambición en materia de descarbonización que implica la inclusión de las emisiones de gases de efecto invernadero de los edificios, del transporte por carretera y de otros sectores en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE.

(13)

Utilizar una parte de los ingresos para abordar la repercusión social derivada de la inclusión de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE es aún más pertinente en vista de los niveles actuales de pobreza energética. La pobreza energética es una situación en la que los hogares no pueden acceder a servicios energéticos esenciales para preservar unos niveles de vida y salud dignos, como un nivel de calor adecuado a través de la calefacción, la refrigeración, cuando suben las temperaturas, la iluminación y la energía para los aparatos eléctricos. En una encuesta realizada en 2021 a escala de la Unión, alrededor de 34 millones de europeos, casi el 6,9 % de la población de la Unión, declararon que no podían permitirse calentar suficientemente su hogar. La pobreza energética es, por tanto, un reto importante para la Unión. Aunque los bonos sociales o la ayuda temporal y directa a la renta pueden proporcionar a corto plazo un alivio inmediato a los hogares que se encuentran en situación de pobreza energética, únicamente unas medidas estructurales específicas, en particular las renovaciones de edificios, también mediante el acceso a energía procedente de fuentes de renovables y el fomento activo de fuentes de energía renovables a través de medidas de información y concienciación dirigidas a los hogares, y las renovaciones de edificios que contribuyan a los objetivos establecidos en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) pueden aportar soluciones duraderas y ayudar eficazmente a combatir la pobreza energética. Debe poder actualizarse la definición de pobreza energética que figura en el presente Reglamento de modo que refleje el resultado de las negociaciones sobre una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia energética (refundición).

(14)

Una enfoque global de las renovaciones de edificios que tenga en cuenta de una forma más eficiente a las personas en riesgo de exclusión, es decir, aquellas que más sufren de pobreza energética en la Unión, podría dar lugar a una menor demanda de energía. Por lo tanto, el apoyo a cargo del Fondo al sector de los edificios debe orientarse a mejorar la eficiencia energética, lo que daría lugar a una disminución en el consumo energético de cada núcleo familiar que se vería reflejada en sus ahorros y que, por consiguiente, sería una de las vías para luchar contra la pobreza energética. La revisión de la Directiva 2010/31/UE sentaría las bases para la consecución de esos objetivos, por lo que debe tenerse en cuenta a la hora de aplicar el presente Reglamento.

(15)

Dado que la pobreza de transporte aún no se ha definido a escala de la Unión, tal definición debe introducirse a efectos del presente Reglamento. La pobreza de transporte podría convertirse en una cuestión aún más acuciante, como se reconoce en la Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2022 para garantizar una transición justa hacia la neutralidad climática (8), y dar lugar a una disminución del acceso a actividades y servicios socioeconómicos esenciales, como el empleo, la educación o la asistencia sanitaria, en particular para las personas y los hogares vulnerables. La pobreza de transporte suele deberse a un solo factor o a una combinación de varios factores como los bajos ingresos, los elevados gastos de combustible o la falta de transporte público o privado asequible o accesible. La pobreza de transporte puede afectar especialmente a las personas y los hogares de las zonas rurales, insulares, periféricas, montañosas, remotas y menos accesibles o de las regiones o territorios menos desarrollados, incluidas las zonas periurbanas menos desarrolladas y las regiones ultraperiféricas.

(16)

El Fondo debe establecerse para proporcionar fondos a los Estados miembros con el fin de apoyar sus políticas para abordar la repercusión social de la introducción del régimen de comercio de derechos de emisión para los edificios y el transporte por carretera en los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios del transporte vulnerables. Esto debe lograrse sobre todo a través de ayudas temporales y directas a la renta y de medidas e inversiones orientadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles mediante una mayor eficiencia energética de los edificios, la descarbonización de la calefacción y la refrigeración de los edificios, independientemente de la titularidad de dichos edificios, incluida la integración de la energía procedente de fuentes renovables, y a través de la garantía de un mejor acceso a la movilidad y el transporte de emisión cero y de bajas emisiones en beneficio de los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios del transporte vulnerables. Es necesario prestar atención a las diferentes formas de vivienda de alquiler, incluidas aquellas que se encuentran en el mercado privado de alquiler. A fin de tener en cuenta a los arrendatarios y a las personas que residen en viviendas sociales, las medidas pueden incluir la ayuda financiera o incentivos fiscales como la deducibilidad de los costes de renovación del alquiler.

(17)

Cada Estado miembro debe presentar a la Comisión un plan social para el clima (en lo sucesivo, «plan»). Dichos planes deben presentarse a más tardar el 30 de junio de 2025 a fin de que puedan ser examinados de manera exhaustiva y oportuna. Los planes deben incluir un componente de inversión que promueva la solución a largo plazo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y podrían contemplar otras medidas, como una ayuda temporal y directa a la renta, para mitigar los efectos negativos sobre la renta a corto plazo. Los planes deben perseguir dos objetivos. En primer lugar, deben proporcionar a los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios del transporte vulnerables los recursos necesarios para financiar y llevar a cabo inversiones en eficiencia energética, descarbonización de la calefacción y refrigeración, vehículos y movilidad de emisión cero y de baja emisión, en particular a través de bonos, subvenciones o préstamos sin intereses. En segundo lugar, deben mitigar el impacto del aumento del coste de los combustibles fósiles en los más vulnerables y, de este modo, evitar la pobreza energética y la pobreza de transporte durante el período transitorio hasta que se lleven a cabo dichas inversiones. Los planes podrían apoyar el acceso a viviendas asequibles y eficientes desde el punto de vista energético, incluidas las viviendas sociales. Al aplicar medidas de apoyo a los usuarios del transporte vulnerables, los Estados miembros deben poder dar prioridad en sus planes al apoyo a los vehículos de emisión cero, siempre que se trate de una solución asequible y factible.

(18)

Los Estados miembros, en consulta con las autoridades locales y regionales, los interlocutores económicos y sociales y las organizaciones de la sociedad civil pertinentes, son los más indicados para diseñar, ejecutar y, cuando proceda, modificar planes adaptados y orientados a sus circunstancias locales, regionales y nacionales, sus políticas existentes en los ámbitos correspondientes y el uso previsto de otros fondos pertinentes de la Unión. Cada vez que la Comisión deba evaluar un plan, ha de realizarse una consulta pública de las partes interesadas. De este modo, la gran diversidad de situaciones, los conocimientos específicos de los gobiernos locales y regionales, los interlocutores económicos y sociales, las organizaciones de la sociedad civil pertinentes, las instituciones de investigación e innovación, las partes interesadas industriales y los representantes del diálogo social, así como las circunstancias nacionales, pueden verse mejor reflejados y contribuir a la eficacia y la eficiencia del apoyo general a aquellos en situación de vulnerabilidad.

(19)

Los planes deben diseñarse en estrecha colaboración con la Comisión y elaborarse de conformidad con el modelo facilitado. A fin de evitar cargas administrativas excesivas, los Estados miembros deben poder efectuar ajustes menores o corregir errores materiales en los planes, mediante una mera notificación de dichos cambios a la Comisión. Un ajuste menor debe suponer un aumento o una disminución de menos del 5 % de una meta contemplada en el plan.

(20)

Garantizar que las medidas e inversiones se orienten en particular hacia los hogares en situación de pobreza energética o vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios del transporte vulnerables es fundamental para una transición justa hacia la neutralidad climática. Las medidas de apoyo para promover la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero deben ayudar a los Estados miembros a abordar la repercusión social derivada del comercio de derechos de emisión en los sectores de los edificios y el transporte por carretera.

(21)

A la espera de que se produzcan los efectos de estas inversiones en la reducción de los costes y las emisiones, una ayuda directa a la renta con criterios de selección bien definidos para los hogares vulnerables y los usuarios del transporte vulnerables contribuiría a reducir los costes de la energía y de la movilidad y apoyaría una transición justa. La ayuda directa a la renta debe entenderse como una medida temporal que acompaña a la descarbonización de los sectores de la vivienda y el transporte. No sería permanente, ya que no aborda las causas profundas de la pobreza energética y la pobreza de transporte. Dicha ayuda solo debe utilizarse para abordar las repercusiones directas de la inclusión de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los edificios y del transporte por carretera en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE, y no debe utilizarse para abordar los costes de electricidad o calefacción relacionados con la inclusión de la producción de electricidad y calor en el ámbito de aplicación de dicha Directiva. La posibilidad de acogerse a esta ayuda directa a la renta debe limitarse en el tiempo. Los perceptores de la ayuda directa a la renta, como miembros de un grupo general de perceptores, deben ser objeto de medidas e inversiones destinadas a sacarlos efectivamente de la pobreza energética y la pobreza de transporte. Por consiguiente, los planes deben incluir una ayuda directa a la renta siempre y cuando también recojan medidas o inversiones con repercusiones duraderas dirigidas a los hogares vulnerables y a los usuarios del transporte vulnerables que reciben la ayuda directa a la renta.

(22)

Los Estados miembros deben concienciar a los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios del transporte vulnerables facilitando información, educación y asesoramiento selectivos, accesibles y asequibles sobre medidas e inversiones rentables y sobre ayudas disponibles, entre otros medios a través de auditorías energéticas de edificios, así como consultas adaptadas sobre energía o servicios de gestión de la movilidad adaptados.

(23)

Teniendo en cuenta la importancia de combatir el cambio climático de conformidad con los compromisos del Acuerdo de París y con el compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, las medidas e inversiones adoptadas en virtud del presente Reglamento tienen la finalidad de ajustarse al objetivo de que al menos el 30 % de la cuantía total del presupuesto de la Unión en el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 que establece el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo (9) (en lo sucesivo, «marco financiero plurianual 2021-2027») y de la cuantía total del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea que establece el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo (10), y al menos el 37 % de la cuantía total del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que establece el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), debe destinarse a la generalización de los objetivos climáticos. Las medidas e inversiones adoptadas en virtud del presente Reglamento también tienen la finalidad de ajustarse a la aspiración de destinar el 7,5 % del gasto anual en virtud del marco financiero plurianual 2021-2027 a objetivos de biodiversidad en 2024 y el 10 % del gasto anual en virtud del marco financiero plurianual 2021-2027 a objetivos de biodiversidad en 2026 y 2027, teniendo en cuenta al mismo tiempo los solapamientos existentes entre los objetivos climáticos y los de biodiversidad.

A tal efecto, debe utilizarse la metodología establecida en el anexo I del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) para el seguimiento de los gastos del Fondo. El Fondo debe financiar medidas e inversiones que respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión en materia de clima y medio ambiente y cumplan el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo (13). Únicamente deben incluirse en los planes tales medidas e inversiones. Por norma general, debe considerarse que las medidas de ayuda directa a la renta tienen un efecto previsible insignificante en los objetivos medioambientales y que, por lo tanto, debe considerarse que cumplen el principio de «no causar un perjuicio significativo». La Comisión debe publicar orientaciones técnicas para los Estados miembros con bastante antelación a la preparación de los planes. Las orientaciones deben explicar cómo las medidas e inversiones han de cumplir el principio de «no causar un perjuicio significativo».

(24)

La pobreza energética y la pobreza de transporte afectan de manera desproporcionada a las mujeres, en particular a las madres solteras —que representan el 85 % de las familias monoparentales—, así como a las mujeres solteras, las mujeres con discapacidad y las mujeres mayores que viven solas. Además, los patrones de movilidad de las mujeres son diferentes y más complejos. En las familias monoparentales con hijos a cargo el riesgo de pobreza infantil es especialmente elevado. La igualdad de género y de oportunidades para todos, y la integración de estos objetivos, así como los derechos de accesibilidad de las personas con discapacidad, se deben mantener y promover a lo largo de la preparación y ejecución de los planes para garantizar que no se deje a nadie atrás.

(25)

Los clientes activos, las comunidades ciudadanas de energía y el comercio entre pares de energías renovables pueden ayudar a los Estados miembros a alcanzar los objetivos del presente Reglamento mediante un planteamiento ascendente iniciado por los ciudadanos. Empoderan e involucran a los consumidores y propician que determinados grupos de clientes domésticos participen en medidas e inversiones de eficiencia energética, al tiempo que apoyan el uso de energías renovables en los hogares y contribuyen a la lucha contra la pobreza energética. Por consiguiente, los Estados miembros deben promover el papel de las comunidades ciudadanas de energía y las comunidades de energías renovables y considerarlas beneficiarios admisibles del Fondo.

(26)

Los Estados miembros deben incluir en los planes las medidas e inversiones que vayan a financiarse, los costes estimados de dichas medidas e inversiones y la contribución nacional. Al presentar sus planes, los Estados miembros deben indicar los costes totales estimados sin el impuesto sobre el valor añadido (IVA), a fin de permitir la comparación entre los planes. Los planes también deben incluir los principales hitos y metas para poder evaluar la aplicación efectiva de las medidas e inversiones.

(27)

El Fondo y los planes deben ser coherentes con las reformas previstas y los compromisos asumidos por los Estados miembros en el marco de sus planes nacionales integrados de energía y clima actualizados con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), en el marco de una directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la eficiencia energética (refundición), en el marco del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, en el marco de los programas de la política de cohesión de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/1060, en el marco de los planes territoriales de transición justa de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), en el marco de los planes de recuperación y resiliencia de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/241, en el marco del Fondo de Modernización tal como se establece en el artículo 10 quinquies de la Directiva 2003/87/CE, y en el marco de las estrategias de renovación de edificios a largo plazo establecidas por los Estados miembros de conformidad con la Directiva 2010/31/UE. Con el fin de garantizar la eficiencia administrativa, cuando proceda, la información incluida en los planes debe ser coherente con dichos planes y actos legislativos.

(28)

Para efectuar una planificación más eficiente, los Estados miembros deben indicar en sus planes las consecuencias del aplazamiento del régimen de comercio de derechos de emisión establecido de conformidad con el capítulo IV bis de la Directiva 2003/87/CE, con arreglo al artículo 30 duodecies de dicha Directiva. A tal fin, debe destacarse exhaustivamente toda la información pertinente que ha de incluirse en el plan dividiéndola en dos escenarios, a saber, describiendo y cuantificando los ajustes que es preciso introducir en las medidas, las inversiones, los hitos, las metas, el importe de la contribución nacional y cualquier otro elemento pertinente del plan.

(29)

La Unión debe apoyar con medios financieros a los Estados miembros para ejecutar sus planes a través del Fondo. Los pagos del Fondo deben condicionarse a la consecución de los hitos y metas incluidos en los planes. De este modo se podrán tener en cuenta las circunstancias y prioridades nacionales, y al mismo tiempo simplificar la financiación y facilitar la integración de la financiación con cargo al Fondo con otros programas de gasto nacionales, además de garantizar los efectos y la integridad del gasto de la Unión.

(30)

El Fondo debe financiarse de forma excepcional y temporal con los ingresos generados por la subasta de 50 millones de derechos de emisión en virtud del artículo 10 bis, apartado 8 ter, de la Directiva 2003/87/CE, 150 millones de derechos de emisión en virtud del artículo 30 quinquies, apartado 3, de dicha Directiva, y un volumen de derechos de emisión adicionales en virtud del artículo 30 quinquies, apartado 4, de dicha Directiva, que deben constituir ingresos afectados externos. En principio, debe liberarse un importe máximo de 65 000 000 000 EUR para la ejecución del Fondo durante el período 2026-2032. La Comisión debe garantizar la subasta de los derechos de emisión del capítulo IV bis de dicha Directiva. Cuando el régimen de comercio de derechos de emisión establecido de conformidad con dicho capítulo se aplace hasta 2028 en virtud del artículo 30 duodecies de dicha Directiva, el importe máximo disponible para la ejecución del Fondo debe ser de 54 600 000 000 EUR. Este importe y los importes anuales reflejan una mayor necesidad de financiación a la apertura del Fondo. La asignación financiera máxima debe calcularse para cada Estado miembro de conformidad con una metodología de asignación que aporte, en particular, apoyo adicional a aquellos Estados miembros a los que más afecte la inclusión de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los edificios y el transporte por carretera en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE. Teniendo en cuenta que los ingresos afectados externos han de liberarse tras la subasta de los derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis, apartado 8 ter, y al artículo 30 quinquies, apartados 3 y 4, de la Directiva 2003/87/CE, es necesario establecer una excepción a lo dispuesto en el artículo 22, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (16) para que la Unión pueda comprometer cada año los importes necesarios para los pagos que hayan de efectuarse a los Estados miembros de conformidad con el presente Reglamento para la consignación de los créditos correspondientes a los ingresos afectados.

(31)

Los Estados miembros deben contribuir con al menos el 25 % de los costes totales estimados de sus planes.

(32)

Los compromisos presupuestarios deben poder, en su caso, desglosarse en tramos anuales. Los acuerdos con los Estados miembros que constituyan compromisos jurídicos individuales deben tener en cuenta, entre otras cosas, la eventualidad a que se refiere el artículo 30 duodecies de la Directiva 2003/87/CE, que podría provocar una demora de un año en el inicio del comercio de derechos de emisión de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores. Estos acuerdos también deben tener en cuenta cualquier riesgo financiero potencial para la Unión que pueda requerir una modificación de los compromisos jurídicos individuales debido a las especificidades de la financiación temporal y excepcional del Fondo con ingresos afectados externos generados por los derechos de emisión del régimen de comercio de derechos de emisión.

(33)

A fin de garantizar recursos adicionales para el Fondo, los Estados miembros deben poder solicitar una transferencia de recursos al Fondo a partir de los programas de la política de cohesión en régimen de gestión compartida establecidos por el Reglamento (UE) 2021/1060, en las condiciones fijadas en dicho Reglamento. A fin de ofrecer a los Estados miembros suficiente flexibilidad en la ejecución de sus asignaciones con cargo al Fondo, debe ser posible transferir recursos de su asignación financiera anual a los fondos en régimen de gestión compartida previstos en el Reglamento (UE) 2021/1060, hasta un límite máximo del 15 %. Al objeto de aliviar la carga administrativa resultante de las sucesivas transferencias de recursos de su asignación financiera anual del Fondo a los fondos en régimen de gestión compartida que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2021/1060, la modificación correspondiente de uno o varios programas debe exigirse, en principio, una sola vez, siempre que se cumplan determinadas condiciones para garantizar un control financiero efectivo. Debe ser posible efectuar nuevas transferencias en los años posteriores mediante la notificación a la Comisión de los cuadros financieros, siempre que los cambios se refieran exclusivamente a un aumento de los recursos financieros, sin más modificaciones del programa de que se trate.

(34)

El Fondo debe apoyar las medidas que respeten el principio de adicionalidad de la financiación de la Unión. El Fondo no debe sustituir el gasto nacional recurrente, excepto en casos debidamente justificados, ni siquiera los pagos de los costes de las acciones de asistencia técnica indicados en los planes.

(35)

Con el fin de garantizar una asignación eficiente, transparente y coherente de los fondos, y de respetar el principio de buena gestión financiera, las acciones previstas en el marco del presente Reglamento deben ser coherentes con los programas de la Unión, los programas nacionales y, cuando proceda, regionales, que estén en curso y complementarlos, así como evitar la doble financiación procedente del Fondo y de otros programas de la Unión de los mismos gastos. En particular, la Comisión y los Estados miembros deben garantizar una coordinación efectiva en todas las etapas del proceso para salvaguardar la consistencia, la coherencia, la complementariedad y la sinergia entre las distintas fuentes de financiación. A tal efecto, debe exigirse a los Estados miembros que, cuando presenten sus planes a la Comisión, aporten la información pertinente sobre la financiación de la Unión ya existente o prevista. La ayuda financiera concedida con cargo al Fondo se sumará al proporcionado con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión. Las medidas y las inversiones financiadas con cargo al Fondo deben poder recibir financiación de otros programas e instrumentos de la Unión, siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.

(36)

Los pagos deben efectuarse sobre la base de una decisión de la Comisión por la que se autorice el desembolso al Estado miembro de que se trate. Por consiguiente, es necesario establecer una excepción a lo dispuesto en el artículo 116, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, de modo que el plazo de pago pueda comenzar a contar a partir de la fecha de la comunicación de dicha Decisión por parte de la Comisión al Estado miembro de que se trate, y no a partir de la fecha de recepción de la solicitud de pago.

(37)

Tras analizar todas las solicitudes de pago recibidas en una ronda determinada, y si los ingresos asignados al Fondo con arreglo al artículo 30 quinquies, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE son insuficientes para cubrir las solicitudes de pago presentadas por los Estados miembros, la Comisión debe pagar a prorrata a los Estados miembros al objeto de dispensarles un trato igualitario. En la siguiente ronda de solicitudes de pago, la Comisión debe dar prioridad a aquellos Estados miembros cuyos pagos correspondientes a la ronda anterior hayan sufrido retraso, y pagar únicamente después las últimas solicitudes de pago presentadas.

(38)

A fin de facilitar la preparación de los planes y garantizar la transparencia de las normas de seguimiento y evaluación, deben incluirse en los anexos del presente Reglamento la lista de indicadores comunes y el modelo para los planes. Los Estados miembros deben poder utilizar indicadores comunes pertinentes para establecer los hitos y metas de sus planes. La lista de indicadores comunes debe contener los indicadores comunes para informar sobre los avances y los relativos al seguimiento y la evaluación de la ejecución de los planes y del Fondo.

(39)

El Fondo debe ejecutarse en consonancia con el principio de buena gestión financiera, en particular en cuanto a la prevención y la persecución efectivas del fraude, del fraude fiscal, de la evasión fiscal, de la corrupción y de los conflictos de intereses. El Fondo está sujeto a un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión en caso de vulneración en los Estados miembros de los principios del Estado de Derecho establecido por el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

(40)

A los efectos de una buena gestión financiera, teniendo en cuenta el carácter orientado a los resultados que tiene el Fondo, deben establecerse normas específicas relativas a los compromisos presupuestarios, los pagos, la suspensión y la recuperación de fondos, así como a la resolución de los acuerdos relacionados con la ayuda financiera. Los Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar que el uso de fondos en relación con las medidas financiadas por el Fondo se ajuste al Derecho de la Unión y nacional aplicable. Los Estados miembros deben velar por que dicha financiación se conceda de conformidad con las normas sobre ayudas estatales de la Unión, cuando proceda. En particular, deben velar por que se prevengan, detecten y corrijan el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, y por que se evite la doble financiación procedente del Fondo y de otros programas de la Unión. Debe existir la posibilidad de suspender o resolver los acuerdos relacionados con la ayuda financiera, así como de reducir y recuperar la contribución financiera, cuando el Estado miembro de que se trate no haya ejecutado satisfactoriamente el plan, o en caso de irregularidades graves, a saber, el fraude, la corrupción o los conflictos de intereses relacionadas con las medidas financiadas por el Fondo, o de grave incumplimiento de alguna obligación derivada de los acuerdos conexos a la ayuda financiera. En caso de resolución de un acuerdo relacionado con la ayuda financiera o de reducción y recuperación de una asignación financiera, dichas cuantías deben asignarse a los Estados miembros a más tardar el 31 de diciembre de 2033 de conformidad con las normas de distribución de derechos de emisión establecidas en el artículo 30 quinquies, apartado 5, de la Directiva 2003/87/CE. Deben establecerse los procedimientos contradictorios adecuados para garantizar que las decisiones de la Comisión relativas a la suspensión y recuperación de los importes pagados o a la resolución de los acuerdos relacionados con la ayuda financiera respeten el derecho de los Estados miembros a presentar observaciones.

(41)

La Comisión debe velar por que los intereses financieros de la Unión se protejan de manera efectiva. Si bien es principalmente responsabilidad del propio Estado miembro garantizar que el Fondo se ejecute de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional pertinente, la Comisión debe recibir garantías suficientes de los Estados miembros en ese sentido. A tal fin, a la hora de ejecutar el Fondo, los Estados miembros deben garantizar el funcionamiento de un sistema de control interno eficaz y eficiente y deben recuperar los importes pagados o utilizados indebidamente. A ese respecto, los Estados miembros deben poder recurrir a sus sistemas nacionales habituales de gestión presupuestaria. Los Estados miembros deben recopilar, registrar y almacenar en un sistema electrónico categorías normalizadas de datos e información que propicien la prevención, detección y corrección de irregularidades graves respecto a las medidas y las inversiones financiadas por el Fondo, a saber, el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. La Comisión debe proporcionar un sistema de información y seguimiento que incluya una herramienta única de extracción de datos y puntuación de riesgos para acceder a dichos datos e información y analizarlos. La Comisión debe fomentar el uso de dicho sistema de información y seguimiento con vistas a una aplicación generalizada por parte de los Estados miembros.

(42)

La Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas y, en su caso, la Fiscalía Europea deben poder utilizar el sistema de información y seguimiento dentro de sus competencias y derechos.

(43)

Los Estados miembros y la Comisión deben estar autorizados a tratar datos personales únicamente cuando sea necesario para garantizar la aprobación de la gestión, la auditoría y el control, la información, la comunicación y la visibilidad de la utilización de los fondos en relación con las medidas para la ejecución con cargo al Fondo. Los datos personales deben tratarse de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (18) o con el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (19), según cuál sea aplicable.

(44)

De conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (20) y los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (21), (Euratom, CE) n.o 2185/96 (22) y (UE) 2017/1939 (23) del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, y, en su caso, para la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.o 2185/96 y (UE, Euratom) n.o 883/2013, la OLAF está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea está facultada para investigar actos de fraude, corrupción, conflictos de intereses y otros delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (24). De conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión ha de cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de la Unión, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada, a la Fiscalía Europea en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(45)

Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y por el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Dichas normas se establecen en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 y determinan, en particular, el procedimiento de establecimiento y ejecución del presupuesto de la Unión mediante subvenciones, contratos públicos, premios y gestión indirecta, y prevén comprobaciones de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(46)

El Reglamento (UE) 2021/1060 debe modificarse en consecuencia.

(47)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, contribuir a una transición socialmente justa hacia la neutralidad climática atendiendo a las repercusiones sociales de la inclusión de las emisiones de gases de efecto invernadero de los edificios y el transporte por carretera en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(1)

En su Comunicación de 11 de diciembre de 2019 titulada «El Pacto Verde Europeo» (en lo sucesivo, «Pacto Verde Europeo»), la Comisión estableció una nueva estrategia de crecimiento. Dicha estrategia está destinada a transformar la Unión en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no existan emisiones netas (emisiones una vez deducidas las absorciones) de gases de efecto invernadero (en lo sucesivo, «emisiones de gases de efecto invernadero») a más tardar en 2050 y el crecimiento económico esté disociado del uso de los recursos. La finalidad del Pacto Verde Europeo consiste en proteger, mantener y mejorar el capital natural de la Unión, así como proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales. Al mismo tiempo, esa transformación debe ser justa e integradora, sin dejar a nadie atrás. La Comisión también anunció en su Comunicación de 12 de mayo de 2021 titulada «La senda hacia un planeta sano para todos, Plan de acción de la UE: “Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo”», la promoción de los instrumentos e incentivos pertinentes para aplicar mejor el principio de «quien contamina paga» establecido en el artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y poner fin así a la era de la «contaminación gratuita», con miras a maximizar las sinergias entre la descarbonización y la ambición de contaminación cero.

(2)

El Acuerdo de París (4), adoptado el 12 de diciembre de 2015 en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»), entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Las Partes en el Acuerdo de París han acordado mantener el aumento de la temperatura media del planeta muy por debajo de los 2 °C en relación con los niveles preindustriales, y perseverar en los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de dichos niveles. En el marco del Pacto por el Clima de Glasgow, adoptado el 13 de noviembre de 2021, la Conferencia de las Partes en la CMNUCC, en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París, también reconoció que limitar el aumento de la temperatura media del planeta a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales reduciría de manera significativa los riesgos y los efectos del cambio climático y se comprometió a reforzar, hasta finales de 2022, los objetivos de 2030, para subsanar esa falta de ambición.

(3)

Abordar los retos relacionados con el clima y el medio ambiente y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París constituyen el núcleo del Pacto Verde Europeo. El valor del Pacto Verde Europeo no ha hecho sino aumentar a la luz de las gravísimas repercusiones de la pandemia de COVID-19 en la salud y el bienestar económico de los ciudadanos de la Unión.

(4)

La Unión se comprometió a reducir, a más tardar en 2030, sus emisiones netas de gases de efecto invernadero en el conjunto de su economía en al menos un 55 % en comparación con los niveles de 1990, como se recoge en la presentación a la CMNUCC, en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, relativa a la actualización de la contribución determinada a nivel nacional de la Unión Europea y sus Estados miembros.

(5)

El Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) ha consagrado en la legislación el objetivo de neutralidad climática para el conjunto de la economía a más tardar en 2050. Dicho Reglamento establece también un objetivo vinculante de la Unión de reducción interna de las emisiones netas de gases de efecto invernadero (emisiones una vez deducidas las absorciones) de, al menos, un 55 % con respecto a los niveles de 1990, de aquí a 2030.

(6)

El Informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 2018 relativo a los impactos del calentamiento global de 1,5 oC con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero ofrece una base científica sólida para hacer frente al cambio climático e ilustra la necesidad de intensificar la acción por el clima. Dicho informe confirma que, para reducir la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos, es necesario reducir urgentemente las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el cambio climático a un aumento de la temperatura mundial de 1,5 °C. Además, si no se activan rápidamente vías de mitigación coherentes con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, se van a tener que adoptar medidas de adaptación mucho más costosas y complejas para evitar los efectos de mayores niveles de calentamiento global. La contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del IPCC titulada «Climate Change 2021: The Physical Science Basis» (Cambio climático 2021: Bases físicas) recuerda que el cambio climático ya está afectando a todas las regiones de la Tierra y prevé que en las próximas décadas el cambio climático va a aumentar en todas las regiones. En dicho informe se pone de relieve que, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5 oC o incluso a 2 oC va a ser un objetivo inalcanzable.

(7)

La Unión ha desarrollado una ambiciosa política de acción por el clima y ha establecido un marco reglamentario para alcanzar su objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. La legislación para conseguir dicho objetivo comprende, entre otros actos, la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), que establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión (RCDE de la UE) y un sistema armonizado de fijación del precio de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala de la Unión para los sectores y subsectores intensivos en energía, el Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), que fija objetivos nacionales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, y el Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), que exige a los Estados miembros compensar las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del uso de la tierra con la absorción de gases de efecto invernadero de la atmósfera.

(8)

Aunque la Unión ha reducido considerablemente sus emisiones internas de gases de efecto invernadero, las emisiones de gases de efecto invernadero implícitas en las importaciones a la Unión han seguido aumentando, lo que socava los esfuerzos de la Unión por reducir su huella de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. La Unión tiene la responsabilidad de seguir desempeñando un papel de liderazgo en la acción mundial por el clima.

(9)

Mientras siga habiendo un número significativo de socios internacionales de la Unión con planteamientos políticos que no alcanzan el mismo nivel de ambición climática, existe un riesgo de fuga de carbono. La fuga de carbono se produce cuando, por razón de costes derivados de políticas climáticas, las empresas de determinados sectores o subsectores industriales trasladan su producción a otros países, o cuando las importaciones procedentes de estos países sustituyen a productos equivalentes que son menos intensivos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Tales situaciones podrían dar lugar a un aumento de las emisiones mundiales totales, lo que haría peligrar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se necesita urgentemente si el mundo quiere mantener el incremento de la temperatura media global muy por debajo de los 2 °C respecto de los niveles preindustriales y perseverar en los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales. A medida que la Unión aumenta su ambición climática, ese riesgo de fuga de carbono podría socavar la eficacia de las políticas de reducción de emisiones de la Unión.

(10)

La iniciativa de un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) forma parte del conjunto de medidas legislativas conocido como «Objetivo 55». El MAFC ha de ser un elemento esencial del conjunto de instrumentos de la Unión para cumplir el objetivo de neutralidad climática de la Unión a más tardar en 2050, en consonancia con el Acuerdo de París, ya que aborda el riesgo de fuga de carbono derivado del mayor nivel de ambición climática de la Unión. Se espera que el MAFC también contribuya a promover la descarbonización en terceros países.

(11)

Los mecanismos existentes para hacer frente al riesgo de fuga de carbono en sectores o subsectores expuestos a ese riesgo son la asignación gratuita transitoria de derechos de emisión del RCDE de la UE y las medidas financieras para compensar los costes de las emisiones indirectas derivados de los costes de las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad. Esos mecanismos se establecen respectivamente en el artículo 10 bis, apartado 6, y el artículo 10 ter de la Directiva 2003/87/CE. La asignación gratuita de derechos de emisión del RCDE de la UE a las instalaciones con mejor rendimiento ha sido un instrumento estratégico para que determinados sectores industriales aborden el riesgo de fuga de carbono. Sin embargo, en comparación con la venta completa en subasta, dicha asignación gratuita debilita la señal de precios que el sistema transmite a las instalaciones beneficiarias, por lo que afecta a los incentivos de inversión en una mayor reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

(12)

El objetivo del MAFC es sustituir esos mecanismos existentes abordando el riesgo de fuga de carbono de una manera diferente, a saber, garantizando un sistema de fijación del precio del carbono equivalente para las importaciones y los productos nacionales. Para garantizar una transición progresiva del actual sistema de derechos gratuitos al MAFC, este debe implantarse paulatinamente, a medida que se vayan eliminando los derechos de emisión gratuitos en los sectores cubiertos por el MAFC. La aplicación combinada y transitoria de los derechos de emisión del RCDE de la UE gratuitos y del MAFC no debe en ningún caso dar lugar a un trato más favorable a las mercancías de la Unión en comparación con las mercancías importadas en el territorio aduanero de la Unión.

(13)

El precio del carbono está aumentando y las empresas necesitan visibilidad, previsibilidad y seguridad jurídica a largo plazo para tomar sus decisiones sobre la inversión en la descarbonización de los procesos industriales. Por consiguiente, con el fin de reforzar el marco jurídico para combatir la fuga de carbono, debe establecerse una vía clara para ampliar gradualmente el ámbito de aplicación del MAFC a los productos, sectores y subsectores en riesgo de fuga de carbono.

(14)

Aunque el objetivo del MAFC es prevenir el riesgo de fuga de carbono, el presente Reglamento también puede alentar a los productores de terceros países a utilizar tecnologías que sean más eficientes en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de modo que se generen menos emisiones. Por este motivo, se espera que el MAFC apoye de manera efectiva la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en terceros países.

(15)

Al ser un instrumento para prevenir la fuga de carbono y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el MAFC debe garantizar que los productos importados estén sujetos a un régimen regulador que aplique costes del carbono equivalentes a los soportados en el marco del RCDE de la UE, dando lugar a un precio del carbono equivalente entre los productos importados y los nacionales. El MAFC es una medida en favor del clima que debe apoyar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales y prevenir el riesgo de fuga de carbono, garantizando al mismo tiempo la compatibilidad con la normativa de la Organización Mundial del Comercio.

(16)

El presente Reglamento debe aplicarse a las mercancías importadas en el territorio aduanero de la Unión procedentes de terceros países, excepto cuando su producción ya esté sujeta al RCDE de la UE mediante su aplicación a terceros países o territorios, o a un sistema de fijación del precio del carbono que esté totalmente vinculado al RCDE de la UE.

(17)

Con el fin de garantizar que la transición a una economía neutra en carbono vaya acompañada continuamente de cohesión económica y social, en la futura revisión del presente Reglamento deben tenerse en cuenta las características y limitaciones especiales de las regiones ultraperiféricas a las que se refiere el artículo 349 del TFUE, así como de los Estados insulares que forman parte del territorio aduanero de la Unión, sin socavar la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, incluidos el mercado interior y las políticas comunes.

(18)

Con el fin de evitar el riesgo de fuga de carbono en las instalaciones en alta mar, el presente Reglamento debe aplicarse a las mercancías, o los productos transformados a partir de dichas mercancías como resultado del régimen de perfeccionamiento activo, que se introduzcan en una isla artificial, una estructura fija o flotante, o cualquier otra estructura en la plataforma continental o en la zona económica exclusiva de un Estado miembro cuando dicha plataforma continental o dicha zona económica exclusiva sea adyacente al territorio aduanero de la Unión. A fin de establecer condiciones detalladas para la aplicación del MAFC a dichas mercancías, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución.

(19)

Las emisiones de gases de efecto invernadero que deben estar sujetas al MAFC deben coincidir con las emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE, a saber, el dióxido de carbono (CO2) y, en su caso, el óxido nitroso y los perfluorocarburos. El MAFC debe aplicarse en un principio a las emisiones directas de dichos gases de efecto invernadero desde la producción de las mercancías hasta el momento de su importación en el territorio aduanero de la Unión, como un reflejo del ámbito de aplicación del RCDE de la UE para garantizar la coherencia. El MAFC también debe aplicarse a las emisiones indirectas. Dichas emisiones indirectas son las emisiones derivadas de la generación de electricidad utilizada para producir las mercancías a las que se aplica el presente Reglamento. La inclusión de las emisiones indirectas mejoraría aún más la eficacia medioambiental del MAFC y su ambición de contribuir a la lucha contra el cambio climático. No obstante, las emisiones indirectas no deben tenerse en cuenta inicialmente para las mercancías a las que se aplican en la Unión medidas financieras que compensen los costes de las emisiones indirectas derivados de los costes de las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad. Dichas mercancías figuran en el anexo II del presente Reglamento. Las futuras revisiones del RCDE de la UE de la Directiva 2003/87/CE y, en particular, las revisiones de las medidas de compensación de los costes indirectos deben reflejarse adecuadamente en lo que respecta al ámbito de aplicación del MAFC. Durante el período transitorio, deben recogerse datos con el fin de especificar en mayor medida la metodología para el cálculo de las emisiones indirectas. Esa metodología debe tener en cuenta la cantidad de electricidad utilizada para la producción de las mercancías enumeradas en el anexo I del presente Reglamento, así como el país de origen, la fuente de generación y los factores de emisión relacionados con dicha electricidad. La metodología específica debe precisarse aún más a fin de lograr la manera más adecuada de evitar la fuga de carbono y garantizar la integridad medioambiental del MAFC.

(20)

El RCDE de la UE y el MAFC comparten el objetivo común de fijar el precio de las emisiones implícitas de gases de efecto invernadero en los mismos sectores y mercancías mediante el uso de derechos o certificados específicos. Ambos sistemas son de naturaleza reguladora y se justifican por la necesidad de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, en consonancia con el objetivo medioambiental vinculante del Derecho de la Unión, que establece el Reglamento (UE) 2021/1119, consistente en reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero de la Unión en al menos un 55 % en comparación con los niveles de 1990 de aquí a 2030 y con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en toda la economía a más tardar en 2050.

(21)

Mientras que el RCDE de la UE establece el número total de derechos de emisión expedidos (en lo sucesivo, «límite máximo») para las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades incluidas en su ámbito de aplicación y permite negociar con los derechos de emisión (en lo sucesivo, «sistema de limitación y comercio»), el MAFC no debe fijar límites cuantitativos a las importaciones, para que no se restrinjan los flujos comerciales. Además, mientras que el RCDE de la UE se aplica a las instalaciones de la Unión, el MAFC debe aplicarse a determinadas mercancías importadas en el territorio aduanero de la Unión.

(22)

El sistema MAFC presenta algunas características específicas cuando se compara con el RCDE de la UE, también en lo que respecta al cálculo del precio de los certificados MAFC, las posibilidades de negociar certificados MAFC y su período de validez. Esas características se deben a la necesidad de preservar la eficacia del MAFC como medida de prevención de la fuga de carbono a largo plazo. También garantizan que la gestión del sistema MAFC no resulte excesivamente gravosa, tanto en términos de obligaciones para los titulares como de recursos administrativos, manteniendo a la vez para los titulares un nivel de flexibilidad equivalente al que ofrece el RCDE de la UE. Garantizar este equilibrio reviste especial importancia para las pequeñas y medianas empresas (pymes) afectadas.

(23)

Para preservar su eficacia como medida de prevención de la fuga de carbono, el MAFC debe reflejar fielmente el precio del RCDE de la UE. Mientras que en el mercado del RCDE de la UE el precio de los derechos de emisión comercializados se fija por subastas, el precio de los certificados MAFC debe reflejar razonablemente el precio de tales subastas mediante medias calculadas semanalmente. Dichos precios medios semanales reflejan fielmente las fluctuaciones de los precios del RCDE de la UE y ofrecen a los importadores un margen razonable para aprovechar las variaciones de precios del RCDE de la UE, permitiendo también que el sistema siga siendo manejable para las autoridades administrativas.

(24)

En el RCDE de la UE, el límite máximo determina la oferta de derechos de emisión y ofrece certidumbre sobre el nivel máximo de emisiones de gases de efecto invernadero. El precio del carbono viene determinado por el equilibrio entre esa oferta y la demanda del mercado. La escasez es necesaria para que el precio sea un incentivo. El presente Reglamento no pretende imponer un límite máximo al número de certificados MAFC disponibles para los importadores; si los importadores pudieran prorrogar y negociar los certificados MAFC, esa capacidad podría generar situaciones en las que el precio de los certificados MAFC ya no reflejara la evolución del precio del RCDE de la UE. Tal situación debilitaría el incentivo a la descarbonización, favoreciendo la fuga de carbono y menoscabando el objetivo climático general del MAFC. También podría dar lugar a divergencias de precios entre los titulares de distintos países. Las limitaciones a las posibilidades de negociar certificados MAFC y de prorrogarlos se justifican, por lo tanto, por la necesidad de no comprometer la eficacia y el objetivo climático del MAFC y de garantizar la igualdad de trato de los titulares de diferentes países. No obstante, para que los importadores tengan la posibilidad de optimizar sus costes, el presente Reglamento debe ofrecer un sistema por el que las autoridades puedan recomprarles una cantidad determinada de certificados remanentes. Esa cantidad debe fijarse a un nivel que deje a los importadores un margen razonable para optimizar sus costes durante el período de validez de los certificados, preservando al mismo tiempo el efecto global de transmisión de precios y garantizando que se preserve el objetivo medioambiental del MAFC.

(25)

Dado que el MAFC se aplicaría a las importaciones de mercancías en el territorio aduanero de la Unión y no a instalaciones, también convendría realizar algunas adaptaciones y simplificaciones en el MAFC. Una de esas simplificaciones debe ser la introducción de un sistema declarativo sencillo y accesible por el que los importadores notifiquen el total de las emisiones de gases de efecto invernadero verificadas implícitas en las mercancías importadas en un año natural determinado. También procede aplicar un calendario diferente al ciclo de cumplimiento del RCDE de la UE para evitar cualquier posible estrangulamiento que pudiera derivarse de las obligaciones de los verificadores acreditados en virtud del presente Reglamento y de la Directiva 2003/87/CE.

(26)

Los Estados miembros deben imponer sanciones por las infracciones al presente Reglamento y velar por la ejecución de dichas sanciones. Más concretamente, el importe de la sanción por la no entrega de certificados MAFC por parte de un declarante autorizado a los efectos del MAFC debe ser el mismo que el de las sanciones que se imponen en virtud del artículo 16, apartados 3 y 4 de la Directiva 2003/87/CE. No obstante, cuando las mercancías hayan sido introducidas en la Unión por una persona distinta de un declarante autorizado a los efectos del MAFC sin cumplir las obligaciones derivadas del presente Reglamento, el importe de dichas sanciones debe ser más elevado para que resulten eficaces, proporcionadas y disuasorias, teniendo también en cuenta el hecho de que dicha persona no está obligada a entregar certificados MAFC. La imposición de sanciones en virtud del presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las posibles sanciones en virtud del Derecho de la Unión o nacional por el incumplimiento de otras obligaciones pertinentes, en particular las relacionadas con la normativa aduanera.

(27)

Si el RCDE de la UE se aplica a determinados procesos y actividades de producción, el MAFC se debe aplicar a las correspondientes importaciones de mercancías. Por eso es preciso identificar claramente las mercancías importadas mediante su clasificación en la nomenclatura combinada (NC) establecida en el Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo (9) y vincularlas a emisiones implícitas.

(28)

Las mercancías o productos transformados que son objeto del MAFC deben reflejar las actividades comprendidas en el RCDE de la UE, ya que dicho régimen se basa en criterios cuantitativos y cualitativos ligados al objetivo medioambiental de la Directiva 2003/87/CE y es el régimen regulador de emisiones de gases de efecto invernadero más completo de la Unión.

(29)

La delimitación del ámbito de aplicación del MAFC de forma que refleje las actividades cubiertas por el RCDE de la UE también contribuiría a garantizar que los productos importados gocen de un trato no menos favorable que el otorgado a los productos similares de origen nacional.

(30)

Aunque el objetivo último del MAFC es abarcar un amplio abanico de productos, sería prudente empezar con un número reducido de sectores con mercancías relativamente homogéneas que presentan riesgo de fuga de carbono. Los sectores de la Unión que se consideran expuestos a riesgo de fuga de carbono están recogidos en la Decisión Delegada (UE) 2019/708 de la Comisión (10).

(31)

Las mercancías a las que debe aplicarse el presente Reglamento deben seleccionarse tras analizar detenidamente su relevancia en términos de emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero y riesgo de fuga de carbono en los sectores correspondientes del RCDE de la UE, limitando a la vez la complejidad y la carga administrativa para los titulares afectados. En particular, la selección ha de tener en cuenta los materiales y productos básicos objeto del RCDE de la UE para garantizar que las emisiones implícitas en los productos intensivos en emisiones que se importen a la Unión estén sujetos a un precio del carbono equivalente al que se aplica a los productos de la Unión, y mitigar el riesgo de fuga de carbono. Los criterios pertinentes para limitar la selección son, en primer lugar, la pertinencia del sector en términos de emisiones, es decir, si el sector es uno de los mayores emisores agregados de emisiones de gases de efecto invernadero; en segundo lugar, la exposición del sector a un riesgo significativo de fuga de carbono, con arreglo a la Directiva 2003/87/CE, y, en tercer lugar, la necesidad de equilibrio entre lograr un amplio abanico de productos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y limitar la complejidad y la carga administrativa.

(32)

La aplicación del primer criterio permitiría seleccionar los siguientes sectores industriales en términos de emisiones acumuladas: siderurgia, refinerías, cemento, aluminio, productos químicos orgánicos de base, hidrógeno y fertilizantes.

(33)

Sin embargo, en este momento no conviene incluir en el ámbito del presente Reglamento algunos de los sectores enumerados en la Decisión Delegada (UE) 2019/708 habida cuenta de sus particulares características.

(34)

En particular, los productos químicos orgánicos no se deben incluir en el ámbito de aplicación del presente Reglamento debido a limitaciones técnicas que, en el momento de la adopción del presente Reglamento, no permiten definir claramente las emisiones implícitas en esas mercancías importadas. En el caso de esas mercancías, el valor de referencia aplicable en el marco del RCDE de la UE es un parámetro básico, que no permite una asignación clara de emisiones implícitas a cada una de mercancías importadas. Se necesitan más datos y análisis para determinar una asignación más específica para las sustancias químicas orgánicas.

(35)

De la misma manera, en el caso de los productos de refinería, las limitaciones técnicas no permiten determinar de forma inequívoca las emisiones de gases de efecto invernadero de los diferentes productos. Por otra parte, el valor de referencia correspondiente del RCDE de la UE no se aplica directamente a productos específicos, como la gasolina, el gasóleo o el queroseno, sino a todos los productos de refinería.

(36)

Los productos de aluminio sí deben incluirse en el MAFC, ya que están muy expuestos a fugas de carbono. Además, en varias aplicaciones industriales compiten directamente con los productos siderúrgicos por tener características muy parecidas a estos.

(37)

En el momento de la adopción del presente Reglamento, las importaciones de hidrógeno en la Unión son relativamente bajas. Sin embargo, se espera que esta situación cambie significativamente en los próximos años, ya que el conjunto de medidas «Objetivo 55» de la Unión promueve el uso del hidrógeno renovable. Para lograr la descarbonización de la industria en su conjunto, la demanda de hidrógeno renovable va a aumentar y, en consecuencia, va a dar lugar a procesos de producción no integrados en productos transformados en los que el hidrógeno es un precursor. La inclusión del hidrógeno en el ámbito de aplicación del MAFC es el medio adecuado para seguir fomentando la descarbonización del hidrógeno.

(38)

Del mismo modo, algunos productos deben incluirse en el ámbito de aplicación del MAFC a pesar de su bajo nivel de emisiones implícitas producidas durante el proceso de fabricación, ya que su exclusión aumentaría la probabilidad de eludir la inclusión de productos siderúrgicos en el MAFC derivando el comercio hacia productos transformados.

(39)

Por el contrario, el presente Reglamento no debe aplicarse inicialmente a determinados productos cuya producción no genera emisiones significativas, como la chatarra férrica, algunas ferroaleaciones y determinados abonos.

(40)

La importación de electricidad sí ha de incluirse en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, ya que dicho sector es responsable del 30 % del total de emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión. La mayor ambición climática de la Unión ampliaría la brecha de los costes del carbono entre la producción de electricidad en la Unión y en terceros países. Esa brecha, combinada con los progresos en la conexión de la red eléctrica de la Unión a la de sus vecinos, aumentaría el riesgo de fuga de carbono como consecuencia del aumento de las importaciones de electricidad, de la que una parte significativa se produce en centrales eléctricas de carbón.

(41)

A fin de evitar una carga administrativa excesiva por lo que respecta a las administraciones nacionales competentes y a los importadores, conviene especificar los casos limitados en los que no deben aplicarse las obligaciones derivadas del presente Reglamento. No obstante, esta disposición de minimis se entiende sin perjuicio de la aplicación continuada de las disposiciones del Derecho de la Unión o nacional que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Reglamento, así como, en particular, de la legislación aduanera, incluida la prevención del fraude.

(42)

Dado que los importadores de mercancías objeto del presente Reglamento no tienen que cumplir las obligaciones derivadas del presente Reglamento en el momento de la importación, procede aplicar medidas administrativas específicas para garantizar que esas obligaciones se cumplan en una fase posterior. Así, los importadores únicamente deben ser autorizados a importar mercancías sujetas al presente Reglamento una vez que las autoridades competentes les hayan concedido una autorización.

(43)

Las autoridades aduaneras no deben permitir la importación de mercancías por ninguna otra persona que no sea un declarante autorizado a efectos del MAFC. De conformidad con los artículos 46 y 48 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), las autoridades aduaneras están facultadas para realizar controles de las mercancías, en particular con respecto a la identificación del declarante autorizado a efectos del MAFC, el código NC de ocho cifras, la cantidad y el país de origen de las mercancías importadas, la fecha de la declaración en aduana y el régimen aduanero. La Comisión debe incluir los riesgos relacionados con el MAFC al establecer las normas y criterios de riesgo comunes de conformidad con el artículo 50 del Reglamento (UE) n.o 952/2013.

(44)

Durante un período transitorio, las autoridades aduaneras deben informar a los declarantes en aduana de la obligación de comunicar información, a fin de contribuir a la recopilación de información y a la concienciación sobre la necesidad de solicitar el estatuto de declarantes autorizados a efectos del MAFC cuando proceda. Las autoridades aduaneras deben comunicar dicha información de manera adecuada para garantizar el conocimiento de dicha obligación por parte de los declarantes en aduana.

(45)

El MAFC debe basarse en un sistema declarativo por el cual un declarante autorizado a efectos del MAFC, que puede representar a más de un importador, presente anualmente una declaración de las emisiones implícitas en las mercancías importadas al territorio aduanero de la Unión y entregue el número de certificados MAFC que corresponden a las emisiones declaradas. La primera declaración MAFC, correspondiente al año natural 2026, debe presentarse a más tardar el 31 de mayo de 2027.

(46)

El declarante autorizado a efectos del MAFC debe poder solicitar una reducción del número de certificados MAFC por entregar correspondiente al precio del carbono ya abonado de manera efectiva en el país de origen por las emisiones implícitas declaradas.

(47)

Las emisiones implícitas declaradas deben ser verificadas por una persona acreditada por un organismo nacional de acreditación designado de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) o con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2067 de la Comisión (13).

(48)

El MAFC debe permitir a los titulares de instalaciones de producción de terceros países registrarse en un registro MAFC y poner a disposición de los declarantes autorizados a efectos del MAFC sus emisiones implícitas verificadas procedentes de la producción de mercancías. El titular debe poder elegir que su nombre, dirección y datos de contacto registrados en el registro MAFC no sean de acceso público.

(49)

Los certificados MAFC diferirían de los derechos de emisión del RCDE de la UE, que se caracterizan fundamentalmente por la subasta diaria. La necesidad de fijar un precio claro de los certificados MAFC haría que una publicación diaria resultase excesivamente gravosa y confusa para los titulares, ya que los precios diarios pueden quedar obsoletos nada más publicarse. En cambio, una publicación semanal de los precios del MAFC permitiría reflejar de forma más adecuada la tendencia de precios de los derechos de emisión del RCDE de la UE comercializados y perseguiría el mismo objetivo climático. En consecuencia, es conveniente que el precio de los certificados MAFC se calcule sobre la base de un período de tiempo más largo, a saber, semanal, que el previsto en el RCDE de la UE, a saber, diario. Procede encomendar a la Comisión el cálculo y la publicación de dicho precio medio.

(50)

Con el fin de que los declarantes autorizados a efectos del MAFC gocen de cierta flexibilidad en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Reglamento y puedan beneficiarse de las fluctuaciones de precio de los derechos de emisión del RCDE de la UE, los certificados MAFC deben tener una validez por un período de tiempo limitado a partir de la fecha de su compra. El declarante autorizado a efectos del MAFC debe tener derecho a revender una parte de los certificados comprados en exceso. Con miras a la entrega de certificados MAFC, el declarante autorizado a efectos del MAFC debe acumular durante el año el número de certificados exigido, que se corresponde con los umbrales fijados al final de cada trimestre.

(51)

Las características físicas de un producto como la electricidad justifican una configuración del MAFC algo distinta en comparación con otras mercancías. Los valores por defecto deben utilizarse con arreglo a condiciones claramente especificadas y debe permitirse a los declarantes autorizados a efectos del MAFC solicitar que sus obligaciones derivadas del presente Reglamento se calculen sobre la base de las emisiones reales. El comercio de la electricidad difiere del comercio de otras mercancías sobre todo porque se comercializa a través de redes eléctricas interconectadas, utilizando los mercados bursátiles de la electricidad y formas específicas de negociación. El acoplamiento de mercados es una forma de comercio de la electricidad muy regulada que permite agregar las ofertas y las demandas de electricidad en toda la Unión.

(52)

Para evitar el riesgo de elusión y mejorar la trazabilidad de las emisiones reales de CO2 procedentes de la importación de electricidad y su utilización en las mercancías, el cálculo de las emisiones reales únicamente debe permitirse bajo estrictas condiciones. En particular, debe exigirse la acreditación de una nominación firme de la capacidad de interconexión asignada y la existencia de una relación contractual directa entre el comprador y el productor de electricidad renovable, o entre el comprador y el productor de electricidad cuyas emisiones sean inferiores a los valores por defecto establecidos.

(53)

Para reducir el riesgo de fuga de carbono, la Comisión debe tomar medidas para abordar las prácticas de elusión. La Comisión debe evaluar el riesgo de tal elusión en todos los sectores a los que se aplica el presente Reglamento.

(54)

Las Partes Contratantes del Tratado por el que se establece la Comunidad de la Energía celebrado mediante la Decisión 2006/500/CE del Consejo (14) y las Partes en acuerdos de asociación, incluidas las zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo, están comprometidas con procesos de descarbonización que deberían conducir a la adopción de mecanismos de fijación del precio del carbono similares o equivalentes al RCDE de la UE o a su participación en el RCDE de la UE.

(55)

La integración de terceros países en el mercado de la electricidad de la Unión es un factor importante para que esos países aceleren su transición hacia sistemas energéticos con elevadas cuotas de energías renovables. El acoplamiento de mercados de la electricidad que establece el Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión (15) permite a terceros países integrar mejor la electricidad procedente de energías renovables en el mercado de la electricidad, intercambiar dicha electricidad de manera eficiente en una zona más amplia, equilibrar la oferta y la demanda con el mercado más amplio de la Unión y reducir la intensidad de las emisiones de CO2 de su producción eléctrica. La integración de terceros países en el mercado de la electricidad de la Unión también contribuye a la seguridad de suministro eléctrico de dichos países y de los Estados miembros vecinos.

(56)

Una vez que los mercados de la electricidad de terceros países queden estrechamente integrados en el de la Unión mediante el acoplamiento de mercados, deberán encontrarse soluciones técnicas para garantizar la aplicación del MAFC a la electricidad exportada desde dichos países al territorio aduanero de la Unión. Si no se pueden encontrar soluciones técnicas, procederá aplicar a los terceros países cuyos mercados estén acoplados al de la Unión una exención temporal del MAFC hasta 2030 en lo que se refiere exclusivamente a la exportación de electricidad, siempre que se cumplan determinadas condiciones. No obstante, dichos terceros países deben elaborar una hoja de ruta y comprometerse a aplicar un mecanismo de fijación del precio del carbono que establezca un precio que sea equivalente al del RCDE de la UE, a alcanzar la neutralidad en carbono a más tardar en 2050, así como a adecuarse a la legislación de la Unión en materia de medio ambiente, clima, competencia y energía. Dicha exención deberá retirarse en cualquier momento si existen razones para creer que el país en cuestión no cumple sus compromisos o si no hubiera adoptado un régimen de comercio de derechos de emisión equivalente al RCDE de la UE para 2030.

(57)

Procede establecer disposiciones transitorias durante un período de tiempo limitado. A tal efecto, debe aplicarse el MAFC sin ajuste financiero, con el fin de facilitar su despliegue paulatino, reduciendo así el riesgo de alteraciones comerciales. Los importadores deben informar trimestralmente de las emisiones implícitas en las mercancías importadas durante el trimestre anterior del año natural, especificando las emisiones directas, indirectas y el precio del carbono abonado efectivamente en el extranjero. El último informe MAFC, que es el correspondiente al último trimestre de 2025, debe presentarse a más tardar el 31 de enero de 2026.

(58)

Para facilitar y garantizar el correcto funcionamiento del MAFC, la Comisión debe prestar apoyo a las autoridades competentes en el cumplimiento de las funciones y obligaciones que les incumben en virtud del presente Reglamento. La Comisión debe coordinar, publicar directrices y apoyar el intercambio de mejores prácticas.

(59)

A fin de aplicar el presente Reglamento de manera eficiente, la Comisión debe gestionar el registro MAFC que contiene datos sobre los declarantes autorizados a los efectos del MAFC, los titulares y las instalaciones de terceros países.

(60)

Debe establecerse una plataforma central común para la venta y la recompra de certificados MAFC. Con miras a supervisar las transacciones en la plataforma central común, la Comisión debe facilitar el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades competentes, así como entre estas y la Comisión. Además, debe establecerse un rápido flujo de información entre la plataforma central común y el registro MAFC.

(61)

Para contribuir a la aplicación efectiva del presente Reglamento, la Comisión debe efectuar controles basados en el riesgo y revisar en consecuencia el contenido de las declaraciones MAFC.

(62)

A fin de permitir una aplicación uniforme del presente Reglamento, la Comisión debe, como aportación preliminar, poner a disposición de las autoridades competentes sus propios cálculos relativos a los certificados MAFC que deben entregarse, a partir de su revisión de las declaraciones MAFC. Dicha aportación preliminar se debe proporcionar a efectos indicativos y sin perjuicio del cálculo definitivo realizado por la autoridad competente. En particular, no deben existir ninguna posibilidad de recurso ni otras medidas correctoras contra dicha aportación preliminar de la Comisión.

(63)

Los Estados miembros también deben poder efectuar revisiones de las declaraciones MAFC individuales con fines de garantía del cumplimiento de la normativa. Las conclusiones de las revisiones de las declaraciones MAFC individuales deben compartirse con la Comisión. Dichas conclusiones también deben ponerse a disposición de otras autoridades competentes a través del registro MAFC.

(64)

Los Estados miembros deben ser responsables de establecer y recaudar correctamente los ingresos derivados de la aplicación del presente Reglamento.

(65)

La Comisión debe evaluar periódicamente la aplicación del presente Reglamento y presentar informes al Parlamento Europeo y al Consejo. Dichos informes deben centrarse, en particular, en las posibilidades de mejorar las acciones por el clima con vistas a alcanzar el objetivo de neutralidad climática de la Unión a más tardar en 2050. En el marco de dichos informes, la Comisión debe recopilar la información necesaria con miras a una ulterior ampliación del ámbito de aplicación del presente Reglamento a las emisiones indirectas implícitas de las mercancías enumeradas en el anexo II lo antes posible, así como a otras mercancías y servicios que puedan estar en riesgo de fuga de carbono, como los productos transformados, y con objeto de desarrollar métodos de cálculo de las emisiones implícitas basados en los métodos de huella ambiental, tal como se establece en la Recomendación 2013/179/UE de la Comisión (16). Dichos informes deben contener asimismo una evaluación del impacto del MAFC en la fuga de carbono, también en relación con las exportaciones, y de su impacto económico, social y territorial en toda la Unión, teniendo también en cuenta las características y limitaciones especiales de aquellas regiones ultraperiféricas a que se refiere el artículo 349 del TFUE y Estados insulares que forman parte del territorio aduanero de la Unión.

(66)

La Comisión debe hacer un seguimiento de las prácticas de elusión del presente Reglamento y abordarlas, incluidas aquellas que permitan a los titulares modificar ligeramente sus mercancías sin alterar sus características esenciales, o fraccionar artificialmente los envíos, con el fin de evitar las obligaciones derivadas del presente Reglamento. También debe hacerse un seguimiento de las situaciones en las que las mercancías se envíen a un tercer país o región antes de su importación al mercado de la Unión, con el fin de eludir las obligaciones derivadas del presente Reglamento, o en las que los titulares en terceros países exporten a la Unión sus productos menos intensivos en emisiones de gases de efecto invernadero y conserven sus productos más intensivos en emisiones de gases de efecto invernadero para otros mercados, o la reorganización por parte de exportadores o productores de sus pautas y canales de venta y producción, o de cualquier otro tipo de prácticas de doble producción y doble venta, con el fin de eludir las obligaciones derivadas del presente Reglamento.

(67)

Dentro del pleno respeto de los principios establecidos en el presente Reglamento, los trabajos para ampliar su ámbito de aplicación deben tener por objeto incluir, de aquí a 2030, todos los sectores a los que se aplica la Directiva 2003/87/CE. Por consiguiente, al revisar y evaluar la aplicación del presente Reglamento, la Comisión debe mantener una referencia a este calendario y dar prioridad a la inclusión en el ámbito de aplicación del presente Reglamento de las emisiones de gases de efecto invernadero implícitas en las mercancías más expuestas a fugas de carbono y más intensivas en carbono, así como en los productos transformados que contengan una proporción significativa de al menos una de las mercancías incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. En caso de que la Comisión no presente una propuesta legislativa para dicha ampliación del ámbito de aplicación del presente Reglamento, a más tardar en 2030, debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo de los motivos y adoptar las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de incluir lo antes posible todos los sectores a los que se aplica la Directiva 2003/87/CE.

(68)

La Comisión también debe presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente Reglamento dos años después del final del período transitorio, y posteriormente cada dos años. El calendario para la presentación de los informes debe seguir los calendarios sobre el funcionamiento del mercado del carbono con arreglo al artículo 10, apartado 5, de la Directiva 2003/87/CE. Los informes deben contener una evaluación de las repercusiones del MAFC.

(69)

Con el fin de permitir una respuesta rápida y eficaz a circunstancias imprevisibles, excepcionales y no provocadas que tengan consecuencias destructivas para la infraestructura económica e industrial de uno o varios terceros países sujetos al MAFC, la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta legislativa, según proceda, por la que se modifique el presente Reglamento. Dicha propuesta legislativa debe establecer las medidas más adecuadas a la luz de las circunstancias a las que se enfrenten el tercer país o los terceros países, preservando al mismo tiempo los objetivos del presente Reglamento. Esas medidas deben estar limitadas en el tiempo.

(70)

Conviene proseguir el diálogo con terceros países e instituir un espacio para la cooperación en posibles soluciones que puedan orientar futuras opciones específicas sobre los detalles del MAFC durante su ejecución, en particular durante el período transitorio.

(71)

La Comisión debe esforzarse por comprometerse de manera ecuánime y respetando las obligaciones internacionales de la Unión con los terceros países cuyo comercio con la Unión se vea afectado por el presente Reglamento, a fin de explorar la posibilidad de diálogo y cooperación en relación con la aplicación de determinados elementos del MAFC. La Comisión también debe explorar la posibilidad de celebrar acuerdos que tengan en cuenta el mecanismo de fijación del precio del carbono de terceros países. A tal fin, la Unión debe prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países menos adelantados así identificados por las Naciones Unidas (PMA).

(72)

El establecimiento del MAFC requiere el desarrollo de la cooperación bilateral, multilateral e internacional con terceros países. A tal fin, debe establecerse un foro de países con instrumentos de fijación del precio del carbono u otros instrumentos comparables (en lo sucesivo «club del clima»), con el fin de promover la aplicación de políticas climáticas ambiciosas en todos los países y allanar el camino para un marco mundial de fijación del precio del carbono. El club del clima debe ser abierto, de base voluntaria, no exclusivo y orientado, en particular, a una ambición climática elevada en consonancia con el Acuerdo de París. El club del clima podría funcionar bajo los auspicios de una organización internacional multilateral y debe facilitar la comparación y, en su caso, la coordinación de las medidas pertinentes que repercutan en la reducción de las emisiones. El club del clima también debe apoyar la comparabilidad de las medidas climáticas pertinentes garantizando la calidad del seguimiento, la notificación y la verificación en materia de clima entre sus miembros y proporcionando medios para el compromiso y la transparencia entre la Unión y sus socios comerciales.

(73)

Con el fin de seguir apoyando la consecución de los objetivos del Acuerdo de París en terceros países, es deseable que la Unión siga prestando ayuda financiera a través del presupuesto de la Unión para la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo en los PMA, en particular en sus esfuerzos por descarbonizar y transformar sus industrias manufactureras. Dicha ayuda de la Unión también debe contribuir a facilitar la adaptación de las industrias afectadas a los nuevos requisitos reglamentarios derivados del presente Reglamento.

(74)

Dado que el objetivo del MAFC es fomentar una producción más limpia, la Unión está comprometida a trabajar con los terceros países de renta baja y media y a apoyarles con vistas a la descarbonización de sus industrias manufactureras, como parte de la dimensión exterior del Pacto Verde Europeo y en consonancia con el Acuerdo de París. La Unión ha de seguir apoyando a esos países a través del presupuesto de la Unión, en particular a los PMA, para contribuir a garantizar su adaptación a las obligaciones derivadas del presente Reglamento. La Unión también debe seguir apoyando la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo en dichos países, también en sus esfuerzos por descarbonizar y transformar sus industrias manufactureras, dentro del límite máximo del marco financiero plurianual y el apoyo financiero proporcionado por la Unión a la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático. La Unión está trabajando para introducir un nuevo recurso propio basado en los ingresos generados por la venta de certificados MAFC.

(75)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los Reglamentos (UE) 2016/679 (17) y (UE) 2018/1725 (18) del Parlamento Europeo y del Consejo.

(76)

En aras de la eficiencia, procede aplicar mutatis mutandis al presente Reglamento lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 515/97 del Consejo (19).

(77)

A fin de modificar o completar algunos elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a:

Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (20). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(78)

Dichas consultas deben llevarse a cabo de manera transparente y pueden incluir consultas previas a las partes interesadas, como los organismos competentes, el sector industrial, incluidas las pymes, y los interlocutores sociales, como por ejemplo los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones medioambientales.

(79)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (21).

(80)

Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, detección e investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas y financieras. Por lo tanto, el MAFC debe basarse en unos mecanismos adecuados y eficaces para evitar la pérdida de ingresos.

(81)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, la prevención del riesgo de fugas de carbono y con ello la reducción de las emisiones mundiales de carbono, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(82)

A fin de posibilitar la oportuna adopción de actos delegados y de ejecución en virtud del presente Reglamento, la entrada en vigor de este debe tener lugar el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.