(1)

El 1 de septiembre de 2017 entró en vigor un acuerdo de asociación entre la Unión y Ucrania (2), que incluye una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo.

(2)

En 2014, Ucrania emprendió un ambicioso programa de reformas encaminado a estabilizar su economía y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Entre las principales prioridades del programa cabe citar la lucha contra la corrupción y las reformas constitucional, electoral y judicial. La aplicación de esas reformas iba respaldada por programas consecutivos de ayuda macrofinanciera, en el marco de los cuales Ucrania ha recibido ayuda de la Unión en forma de préstamos por un total de 6 600 000 000 EUR.

(3)

La ayuda macrofinanciera de emergencia, que se facilitó en el contexto del aumento de las amenazas, justo antes de la invasión por parte de Rusia, en virtud de la Decisión (UE) 2022/313 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), proporcionó a Ucrania préstamos por valor de 1 200 000 000 EUR, desembolsados en dos tramos de 600 000 000 EUR cada uno, en marzo y mayo de 2022.

(4)

La ayuda macrofinanciera excepcional de la Unión de hasta 1 000 000 000 EUR, concedida en virtud de la Decisión (UE) 2022/1201 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), proporcionó con carácter urgente un apoyo rápido al presupuesto ucraniano y se desembolsó en su totalidad en dos partes los días 1 y 2 de agosto de 2022. Dicha asistencia constituyó la primera fase de la ayuda macrofinanciera excepcional prevista a Ucrania de hasta 9 000 000 000 EUR, anunciada por la Comisión en su Comunicación, de 18 de mayo de 2022, titulada «Ayuda a Ucrania y reconstrucción del país», y refrendada por el Consejo Europeo de los días 23 y 24 de junio de 2022.

(5)

La Decisión (UE) 2022/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) constituyó un paso más en la aplicación de la ayuda macrofinanciera excepcional prevista de la Unión. Estableció la base para proporcionar a Ucrania un importe adicional máximo de 5 000 000 000 EUR en forma de préstamos en condiciones muy favorables, de los cuales 2 000 000 000 EUR se desembolsaron el 18 de octubre y los 3 000 000 000 EUR restantes han de desembolsarse a finales de 2022.

(6)

La guerra de agresión no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 ha provocado a Ucrania una pérdida de acceso a los mercados financieros y una significativa disminución de los ingresos públicos, al tiempo que el gasto público para hacer frente a la situación humanitaria y mantener la continuidad de los servicios estatales ha aumentado considerablemente. En esa situación tan sumamente incierta y volátil, las mejores estimaciones de las necesidades de financiación de Ucrania realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el verano de 2022 apuntaban a un déficit de financiación extraordinario de alrededor de 39 000 000 000 de dólares estadounidenses (USD) en 2022, cerca de la mitad del cual podría cubrirse gracias al apoyo internacional. Dadas las circunstancias extraordinarias, la rápida concesión de la ayuda macrofinanciera a Ucrania por parte de la Unión con arreglo a la Decisión (UE) 2022/1628 se consideró una respuesta adecuada a corto plazo frente a los importantes riesgos para la estabilidad macrofinanciera de Ucrania. El importe adicional máximo de 5 000 000 000 EUR de ayuda macrofinanciera excepcional con arreglo a dicha Decisión estaba destinado a respaldar la estabilización macrofinanciera de Ucrania, reforzar la resiliencia inmediata del país y sustentar su capacidad de recuperación, contribuyendo así a la sostenibilidad de la deuda pública de Ucrania y a la capacidad del país para, en última instancia, estar en condiciones de cumplir con sus obligaciones financieras.

(7)

Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la Unión, sus Estados miembros y las instituciones financieras europeas han movilizado 19 700 000 000 EUR para apoyar la resiliencia económica, social y financiera de Ucrania. Ese importe combina el apoyo del presupuesto de la Unión, por un importe de 12 400 000 000 EUR, incluida la ayuda macrofinanciera excepcional y el apoyo del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, garantizado total o parcialmente por el presupuesto de la Unión, junto con el apoyo financiero adicional de los Estados miembros (por un importe de 7 300 000 000 EUR).

(8)

Además, el Consejo ha decidido medidas de asistencia para apoyar a las fuerzas armadas ucranianas en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, por un importe de 3 100 000 000 EUR con arreglo a la Decisión (PESC) 2021/509 del Consejo (6), y una misión de asistencia militar en apoyo de Ucrania con 100 000 000 EUR para sufragar los costes comunes con arreglo a de la Decisión (PESC) 2022/1968 del Consejo (7). La Unión y sus Estados miembros también han proporcionado una respuesta de emergencia en especie sin precedentes a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión con arreglo al Reglamento (UE) 2021/836 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), lo que constituye la mayor operación de emergencia desde la creación del Mecanismo, y canaliza millones de artículos de emergencia a Ucrania y a la región.

(9)

El Consejo Europeo, de 23 de junio de 2022, decidió conceder a Ucrania el estatuto de país candidato. Mantener el firme apoyo a Ucrania es una prioridad clave para la Unión. Dado que el daño causado por la guerra de agresión de Rusia a la economía, los ciudadanos y las empresas ucranianas es enorme, mantener el firme apoyo a Ucrania requiere un enfoque colectivo organizado establecido en el instrumento para prestar el apoyo de la Unión a Ucrania (ayuda macrofinanciera +) establecido por el presente Reglamento (en lo sucesivo, «Instrumento»).

(10)

La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania representa una amenaza geopolítica estratégica para la Unión en su conjunto y requiere que los Estados miembros se mantengan fuertes y unidos. Por lo tanto, es esencial que el apoyo de la Unión se despliegue rápidamente y sea capaz de adaptarse de forma flexible y gradual para proporcionar ayuda inmediata y contribuir a la rehabilitación a corto plazo de cara a la futura reconstrucción.

(11)

El objetivo general del Instrumento es contribuir a colmar el déficit de financiación de Ucrania en 2023, en particular proporcionando ayuda financiera a corto plazo en condiciones muy favorables al presupuesto estatal de Ucrania de manera predecible, continua, ordenada y oportuna, así como financiar la rehabilitación y el apoyo inicial a la reconstrucción tras la guerra, cuando proceda, con vistas a apoyar a Ucrania en su camino hacia la integración europea.

(12)

Para alcanzar el objetivo general del Instrumento, la ayuda debe prestarse para apoyar la estabilidad macrofinanciera de Ucrania y aliviar sus restricciones de financiación exterior. La Comisión debe aplicar la ayuda en el marco del Instrumento conforme a los principios y objetivos fundamentales de las medidas tomadas en los distintos ámbitos de la acción exterior y otras políticas pertinentes de la Unión.

(13)

La prestación de apoyo a la rehabilitación, la reparación y el mantenimiento de las funciones e infraestructuras esenciales, así como el socorro para las personas necesitadas y para las zonas más afectadas en términos de apoyo material y social, vivienda temporal y construcción residencial y de infraestructuras, también deben incluirse entre los principales ámbitos de apoyo en el marco del Instrumento.

(14)

El Instrumento también debe apoyar el refuerzo de la capacidad de las autoridades ucranianas para prepararse para la futura reconstrucción tras la guerra y para la fase preparatoria temprana del proceso de preadhesión, según proceda, incluido el refuerzo de las instituciones ucranianas, la reforma y el refuerzo de la eficacia de la administración pública, así como la transparencia, las reformas estructurales y la buena gobernanza a todos los niveles.

(15)

El Instrumento apoyará la política exterior de la Unión con respecto a Ucrania. La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior deben colaborar estrechamente en todas las fases de la operación de apoyo con el fin de coordinar la política exterior de la Unión y garantizar su coherencia. La ayuda a Ucrania en el marco del Instrumento seguirá contribuyendo de manera significativa a satisfacer las necesidades de financiación de Ucrania estimadas por el FMI, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales, teniendo en cuenta la capacidad de Ucrania para financiarse con sus propios recursos. Para la determinación del importe de la ayuda también se tienen en cuenta las contribuciones financieras esperadas de donantes bilaterales y multilaterales, así como la situación en materia de activación de los demás instrumentos de financiación exterior de la Unión en Ucrania y el valor añadido de la participación global de la Unión.

(16)

La situación de Ucrania requiere un enfoque gradual, en virtud del cual un instrumento centrado en la estabilidad macrofinanciera, así como en la ayuda inmediata y la rehabilitación, debe ir acompañado de un apoyo continuo en el marco del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global establecido por el Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y de las operaciones de ayuda humanitaria establecidas por el Reglamento (CE) n.o 1257/96 del Consejo (10).

(17)

El presente Reglamento debe establecer los recursos disponibles para el Instrumento en el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, con posibles desembolsos hasta el 31 de marzo de 2024. Debe ponerse a disposición un importe máximo de 18 000 000 000 EUR en forma de préstamos. Además, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2027, el presente Reglamento debe prever una bonificación del tipo de interés. Para garantizar la cobertura de los costes de intereses durante el período de vigencia de los préstamos, las contribuciones de los Estados miembros a partir de 2027 deben renovarse y continuar como ingresos afectados externos, a menos que se cubran por otros medios en futuros marcos financieros plurianuales. Por lo tanto, podría ser posible ampliar las contribuciones de los Estados miembros más allá de 2027.

(18)

El presente Reglamento debe prever la posibilidad de que los Estados miembros pongan a disposición recursos adicionales, como ingresos afectados externos, que se apliquen en el marco del Memorándum de Entendimiento del Instrumento. Tal posibilidad de contribución adicional también debe hacerse para terceros países y terceras partes interesados como ingresos afectados externos, de conformidad con el artículo 21, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»). Para fomentar sinergias y complementariedades, conviene permitir que esas contribuciones adicionales de los Estados miembros, de terceros países y terceras partes interesados también puedan ponerse a disposición de los programas establecidos con arreglo a los Reglamentos (UE) 2021/947 y (CE) n.o 1257/96 para financiar medidas que contribuyan a los objetivos del Instrumento.

(19)

Las contribuciones voluntarias de los Estados miembros deben ser irrevocables, incondicionales y previa petición. A tal fin, los Estados miembros deben celebrar con la Comisión un convenio de contribución en el sentido del artículo 22, apartado 2, del Reglamento Financiero. Dicho convenio de contribución debe cubrir la contribución para la bonificación del tipo de interés y, en caso de que los Estados miembros deseen proporcionarlos, también importes adicionales.

(20)

Se debe poner a disposición la ayuda en el marco del Instrumento con la condición previa de que Ucrania continúe respetando una serie de mecanismos democráticos eficaces y sus instituciones, tales como un sistema parlamentario multipartidista, y el Estado de Derecho, y que garantice el respeto de los derechos humanos.

(21)

La ayuda en el marco del Instrumento debe vincularse a las condiciones políticas que se debe establecer en un memorándum de entendimiento. Esas condiciones también deben incluir compromisos para reforzar el rendimiento económico y la resiliencia del país, el entorno empresarial, facilitar la reconstrucción crítica y abordar los retos del sector de la energía.

(22)

Las condiciones políticas deben complementarse con estrictos requisitos de información, con el fin de garantizar que los fondos se utilicen de manera eficiente, transparente y responsable.

(23)

Habida cuenta de la situación en Ucrania, procede prever una revisión intermedia del Memorándum de Entendimiento.

(24)

Se debe desembolsar la ayuda en el marco del Instrumento siempre que se respeten las condiciones previas, la aplicación sea satisfactoria y haya avances hacia la aplicación de las condiciones políticas.

(25)

Conviene prever la posibilidad de reevaluar las necesidades de financiación de Ucrania y de reducir, suspender o cancelar la ayuda si dichas necesidades disminuyen sustancialmente durante el período de desembolso de la ayuda en el marco del Instrumento en comparación con las previsiones iniciales. También conviene prever la posibilidad de suspender o cancelar los desembolsos en caso de que no se cumplan los requisitos para el desembolso de la ayuda en el marco del Instrumento.

(26)

En el contexto de necesidades de financiación urgentes de Ucrania, procede organizar la ayuda financiera con arreglo a la estrategia de financiación diversificada prevista en el artículo 220 bis del Reglamento Financiero y establecida en este como un método de financiación único, que se espera que aumente la liquidez de los bonos de la Unión y el atractivo y la rentabilidad de la emisión de la Unión.

(27)

Dada la difícil situación de Ucrania provocada por la guerra de agresión de Rusia y para apoyar a Ucrania en su senda de estabilidad a largo plazo, procede conceder a Ucrania préstamos en condiciones muy favorables con una duración máxima de 35 años y no iniciar el reembolso del principal antes de 2033. También procede establecer una excepción a lo dispuesto en el artículo 220, apartado 5, letra e), del Reglamento Financiero y permitir a la Unión la posibilidad de cubrir los costes de los tipos de interés y eximir de los gastos administrativos que de otro modo correrían a cargo de Ucrania. La bonificación del tipo de interés debe concederse como un instrumento que se considera apropiado para garantizar la eficacia de la ayuda en el marco del Instrumento en el sentido del artículo 220, apartado 1, del Reglamento Financiero. Debe financiarse mediante contribuciones voluntarias adicionales de los Estados miembros y estar disponible gradualmente a medida que los acuerdos con los Estados miembros entren en vigor.

(28)

Ucrania debe poder solicitar la bonificación del tipo de interés y la exención de los costes administrativos cada año.

(29)

El pasivo financiero de los préstamos con arreglo al presente Reglamento no debe estar respaldado por la Garantía de Acción Exterior, como excepción a lo dispuesto en el artículo 31, apartado 3, segunda frase, del Reglamento (UE) 2021/947. La ayuda en el marco del Instrumento debe constituir ayuda financiera en el sentido del artículo 220, apartado 1, del Reglamento Financiero. Al considerar los riesgos financieros y la cobertura presupuestaria, la provisión no debe constituirse para la ayuda financiera en forma de préstamos en el marco del Instrumento y, como excepción a lo dispuesto en el artículo 211, apartado 1, del Reglamento Financiero, no debe fijarse ninguna tasa de provisión como porcentaje del importe a que se refiere el artículo 4, apartado 1, del presente Reglamento.

(30)

El Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo (12) no permite actualmente la cobertura del pasivo financiero derivado de préstamos en el marco del Instrumento. A la espera de su posible modificación, que permitiría, como garantía, la movilización de recursos presupuestarios por encima de los límites máximos del marco financiero plurianual (MFP) y hasta los límites máximos mencionados en el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo (13), conviene buscar una solución alternativa que proporcione recursos adicionales.

(31)

Se ha determinado que las contribuciones voluntarias de los Estados miembros en forma de garantías constituyen una herramienta adecuada para dar la protección que permitiría las operaciones de empréstito y préstamo con arreglo al presente Reglamento. Las garantías de los Estados miembros deben constituir una salvaguardia adecuada que garantice la capacidad de la Unión para reembolsar los empréstitos que respaldan los préstamos en el marco del Instrumento.

(32)

Las garantías proporcionadas por los Estados miembros deben cubrir la ayuda en el marco del Instrumento en forma de préstamos por un importe máximo de 18 000 000 000 EUR. Es importante que los Estados miembros completen los procedimientos nacionales aplicables para proporcionar las garantías con la máxima prioridad. Dada la urgencia de la situación, el tiempo necesario para la conclusión de dichos procedimientos no debe retrasar el desembolso de la requerida ayuda financiera a Ucrania en forma de préstamos en virtud de la presente Decisión. Al mismo tiempo, la ayuda financiera en el marco del Instrumento en forma de préstamos debe ponerse a disposición progresivamente, a medida que entren en vigor las garantías proporcionadas por los Estados miembros. Teniendo en cuenta el principio de buena gestión financiera y prudencia, la Comisión debe concertar los préstamos teniendo debidamente en cuenta su solvencia. No obstante, la ayuda debe estar disponible por un importe máximo total de 18 000 000 000 EUR a partir de la fecha de aplicación de una modificación del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093, o su sucesor, que prevea una garantía de los préstamos en el marco del Instrumento con cargo al presupuesto de la Unión por encima de los límites máximos del MFP y hasta los límites máximos mencionados en el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053.

(33)

Las garantías de los Estados miembros deben ser irrevocables, incondicionales y a la vista. Dichas garantías deben asegurar la capacidad de la Unión para reembolsar los fondos tomados en empréstito en los mercados de capitales o de las instituciones financieras. Las garantías deben dejar de ser ejecutables a partir de la fecha de aplicación de una modificación del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093, o su sucesor, que prevea una garantía de los préstamos en el marco del Instrumento con cargo al presupuesto de la Unión por encima de los límites máximos del MFP y hasta los límites máximos mencionados en el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053. Las garantías deben ejecutarse en caso de que la Unión no reciba de Ucrania un pago puntual en relación con los préstamos en el marco del Instrumento, en particular en caso de cambios en el calendario de pagos por cualquier motivo, así como de impagos previstos e imprevistos.

(34)

Los importes recuperados con arreglo a los acuerdos de préstamo en relación con los préstamos en el marco del Instrumento deben reembolsarse a los Estados miembros que hayan satisfecho las solicitudes de ejecución de las garantías, como excepción a lo dispuesto en el artículo 211, apartado 4, letra c), del Reglamento Financiero.

(35)

Antes de ejecutar las garantías proporcionadas por los Estados miembros, la Comisión, a su discreción y bajo su responsabilidad exclusivas como institución de la Unión encargada de la ejecución del presupuesto general de la Unión de conformidad con el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, debe examinar todas las medidas disponibles en el marco de la estrategia de financiación diversificada establecida en el artículo 220 bis del Reglamento Financiero, de conformidad con los límites fijados en el presente Reglamento. En la ejecución pertinente de las garantías, la Comisión debe informar a los Estados miembros sobre el examen, según proceda.

(36)

La parte relativa de las contribuciones de cada Estado miembro (clave de contribución) al importe garantizado global debe corresponder a las partes relativas de los Estados miembros en la renta nacional bruta (RNB) total de la Unión. Las ejecuciones de la garantía deben hacerse a prorrata, aplicando la clave de contribución. La clave de contribución debe ajustarse proporcionalmente con carácter temporal hasta que entren en vigor todos los acuerdos de garantía entre la Comisión y los Estados miembros.

(37)

Procede que la Comisión y Ucrania celebren un acuerdo de préstamo para la ayuda en forma de préstamo, en el marco de las condiciones establecidas en el Memorándum de Entendimiento. Con objeto de garantizar una protección eficiente de los intereses financieros de la Unión asociados a la ayuda en el marco del Instrumento, es necesario que Ucrania adopte medidas adecuadas respecto de la prevención y la lucha contra el fraude, la corrupción y cualesquiera otras irregularidades en el marco de dicha ayuda. Además, conviene adoptar disposiciones en el acuerdo de préstamo y en el acuerdo de financiación para que la Comisión realice verificaciones, el Tribunal de Cuentas realice auditorías y la Fiscalía Europea ejerza sus competencias, de conformidad con los artículos 129 y 220 del Reglamento Financiero.

(38)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, contribuir a colmar el déficit de financiación de Ucrania en 2023, en particular proporcionando ayuda financiera a corto plazo en condiciones muy favorables al presupuesto estatal de Ucrania de manera predecible, continua, ordenada y oportuna, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(39)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (14).

(40)

Teniendo en cuenta la urgencia que conllevan las circunstancias excepcionales causadas por la no provocada e injustificada guerra de agresión de Rusia, conviene aplicar la excepción al plazo de ocho semanas prevista en el artículo 4 del Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(41)

Dada la situación en Ucrania, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(1)

En su Comunicación, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (en lo sucesivo, «Pacto Verde»), la Comisión Europea se comprometió a revisar las disposiciones relativas a la divulgación de información no financiera de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3). El Pacto Verde es la nueva estrategia de crecimiento de la Unión. Aspira a transformar la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, sin emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la Unión, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos de la Unión frente a los riesgos y repercusiones relacionados con el medio ambiente. El Pacto Verde pretende disociar el crecimiento económico del uso de los recursos y garantizar que todas las regiones y ciudadanos de la Unión participen en una transición socialmente justa hacia un sistema económico sostenible, de manera que ninguna persona ni territorio se queden atrás. Va a contribuir al objetivo de crear una economía al servicio de los ciudadanos, reforzar la economía social de mercado de la Unión y garantizar que esté preparada para el futuro y genere estabilidad, empleo, crecimiento e inversión sostenible.

Estos objetivos son especialmente importantes teniendo en cuenta los daños socioeconómicos causados por la pandemia de COVID-19 y la necesidad de una recuperación sostenible, integradora y justa. El Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) hace vinculante en la Unión el objetivo de neutralidad climática en 2050. Además, en su Comunicación, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas», la Comisión se compromete a garantizar que, en 2050, todos los ecosistemas del mundo se hayan recuperado, sean resilientes y estén adecuadamente protegidos. Dicha estrategia tiene por objeto situar la biodiversidad de Europa en la senda de la recuperación para 2030.

(2)

En su Comunicación, de 8 de marzo de 2018, titulada «Plan de Acción: Financiar el crecimiento sostenible» (en lo sucesivo, «Plan de Acción para Financiar el Crecimiento Sostenible»), la Comisión estableció medidas para alcanzar los siguientes objetivos: reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles a fin de lograr un crecimiento sostenible e integrador, gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático, el agotamiento de los recursos, la degradación medioambiental y las cuestiones sociales, y fomentar la transparencia y el largoplacismo en la actividad financiera y económica. La divulgación por parte de determinadas categorías de empresas de información pertinente, comparable y fiable sobre sostenibilidad es un requisito previo para alcanzar esos objetivos. El Parlamento Europeo y el Consejo han adoptado una serie de actos legislativos en el marco de la aplicación del Plan de Acción para Financiar el Crecimiento Sostenible. El Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) regula la forma en que los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros deben divulgar información sobre sostenibilidad a los inversores finales y a los propietarios de activos.

El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) crea un sistema de clasificación de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles con el objetivo de intensificar las inversiones sostenibles y luchar contra el blanqueo ecológico de los productos financieros que se presentan indebidamente como sostenibles. El Reglamento (UE) 2019/2089 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), completado por los Reglamentos Delegados (UE) 2020/1816 (8), (UE) 2020/1817 (9) y (UE) 2020/1818 (10) de la Comisión, introduce requisitos de divulgación de información medioambiental, social y de gobernanza para los administradores de índices de referencia y normas mínimas para la elaboración de índices de referencia de transición climática de la UE y de índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París.

El Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) exige a las entidades grandes que hayan emitido valores admitidos a negociación en un mercado regulado que divulguen información sobre los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza a partir del 28 de junio de 2022. El marco prudencial para las empresas de servicios de inversión establecido por el Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) y la Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) contiene disposiciones que introducen una dimensión relativa a los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza en el proceso de revisión y evaluación supervisoras (PRES) llevado a cabo por las autoridades competentes, así como requisitos de divulgación de los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza para las empresas de servicios de inversión, aplicables a partir del 26 de diciembre de 2022. El 6 de julio de 2021, la Comisión también adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los bonos verdes europeos, como continuación del Plan de Acción para Financiar el Crecimiento Sostenible.

(3)

En su Comunicación de 17 de junio de 2019, titulada «Directrices sobre la presentación de informes no financieros: Suplemento sobre la información relacionada con el clima» (en lo sucesivo, «directrices sobre la presentación de información relacionada con el clima»), la Comisión destacaba las ventajas que tiene para las empresas divulgar información relacionada con el clima, en particular, una mayor toma de conciencia y comprensión de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima dentro de la empresa, una base de inversores más variada, un coste de capital inferior y un diálogo más constructivo con todas las partes interesadas. Además, la diversidad en los consejos de administración de las sociedades podría influir en la toma de decisiones, la gobernanza empresarial y la resiliencia.

(4)

En sus Conclusiones, de 5 de diciembre de 2019, sobre la profundización de la Unión de los Mercados de Capitales, el Consejo destacó la importancia de disponer de información fiable, comparable y pertinente sobre los riesgos, las oportunidades y los efectos en materia de sostenibilidad, y pidió a la Comisión que considerara la posibilidad de elaborar una norma europea de información no financiera.

(5)

En su Resolución, de 29 de mayo de 2018, sobre finanzas sostenibles (14), el Parlamento Europeo instó a que se siguieran desarrollando los requisitos de divulgación de información no financiera en el marco de la Directiva 2013/34/UE. En su Resolución, de 17 de diciembre de 2020, sobre la gobernanza empresarial sostenible (15), el Parlamento Europeo acogió con satisfacción el compromiso de la Comisión de revisar la Directiva 2013/34/UE y expresó la necesidad de establecer un marco general de la Unión sobre divulgación de información no financiera que contenga normas obligatorias de la Unión en esta materia. El Parlamento Europeo solicitó la ampliación del ámbito de aplicación de los requisitos de información a otras categorías de empresas y la introducción de un requisito de auditoría.

(6)

En su Resolución, de 25 de septiembre de 2015, titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» (en lo sucesivo, «Agenda 2030»), la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un nuevo marco global de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 se centra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y abarca las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y medioambiental. La Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2016, titulada «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible: Acción europea para la sostenibilidad» vinculaba los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas al marco de actuación de la Unión, a fin de garantizar que todas las acciones e iniciativas de la Unión, tanto dentro de la Unión como fuera de ella, incorporen ya de partida dichos objetivos. En sus Conclusiones, de 20 de junio de 2017, tituladas «Un futuro europeo sostenible: la respuesta de la UE a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», el Consejo confirmó el compromiso de la Unión y de sus Estados miembros con la aplicación de la Agenda 2030 de manera completa, coherente, global, integrada y eficaz, en estrecha cooperación con sus socios y otras partes interesadas.

(7)

La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (16) modificó la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos. La Directiva 2014/95/UE introdujo la obligación de que las empresas presentaran información relativa, como mínimo, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno. En relación con estos temas, la Directiva 2014/95/UE exigía a las empresas que presentaran información en los siguientes ámbitos: modelo de negocio; políticas, incluidos los procedimientos de diligencia debida; resultados de dichas políticas; riesgos y gestión de riesgos; e indicadores clave de resultados que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial.

(8)

Muchas partes interesadas consideran que el término «no financiera» es inexacto, en particular porque implica que la información en cuestión carece de relevancia financiera. Sin embargo, dicha información tiene cada vez más relevancia financiera. Muchas organizaciones, iniciativas y profesionales del campo de la información sobre sostenibilidad hacen referencia a «información sobre sostenibilidad». Por lo tanto, es preferible utilizar el término «información sobre sostenibilidad» en lugar de «información no financiera». Procede, por tanto, modificar la Directiva 2013/34/UE para tener en cuenta dicho cambio de terminología.

(9)

Si las empresas mejorasen la información sobre sostenibilidad, ello redundaría en última instancia en beneficio de los ciudadanos y ahorradores, incluidos los sindicatos y los representantes de los trabajadores, que estarían adecuadamente informados y, por lo tanto, podrían participar en mejores condiciones en el diálogo social. Los ahorradores que deseen invertir de forma sostenible van a tener la oportunidad de hacerlo, mientras que todos los ciudadanos disfrutarían de un sistema económico estable, sostenible e integrador. Para materializar estos beneficios, la información sobre sostenibilidad presentada en los informes anuales de las empresas debe llegar en primer lugar a dos grupos principales de usuarios. El primer grupo de usuarios lo constituyen los inversores, incluidos los gestores de activos, que desean conocer mejor los riesgos y oportunidades que suponen las cuestiones de sostenibilidad para sus inversiones y las repercusiones de dichas inversiones en las personas y el medio ambiente. El segundo grupo de usuarios está formado por agentes de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los interlocutores sociales, que desean que las empresas asuman un mayor nivel de responsabilidad por su impacto en las personas y el medio ambiente. Otras partes interesadas también podrían hacer uso de la información sobre sostenibilidad presentada en los informes anuales, en particular para favorecer la comparabilidad entre diferentes sectores del mercado y dentro de cada uno de ellos.

Los socios comerciales de las empresas, incluidos los clientes, podrían basarse en la información sobre sostenibilidad para conocer los riesgos y repercusiones para la sostenibilidad a lo largo de sus propias cadenas de valor y, en su caso, informar de ello. Los responsables políticos y las agencias de medio ambiente pueden utilizar esta información, en particular de forma agregada, para hacer el seguimiento de las tendencias medioambientales y sociales, contribuir a las cuentas medioambientales y modular las políticas públicas. Son pocos los ciudadanos y consumidores que consultan directamente los informes anuales de las empresas, pero es posible que utilicen esta información indirectamente, por ejemplo al analizar el asesoramiento o las opiniones de asesores financieros u organizaciones no gubernamentales. Muchos inversores y gestores de activos compran información sobre sostenibilidad a terceros proveedores de datos, que recopilan información de diversas fuentes, entre ellas los informes públicos de las empresas.

(10)

El mercado de la información sobre sostenibilidad está creciendo rápidamente, y la función de los terceros que son proveedores de datos está adquiriendo cada vez más importancia dadas las nuevas obligaciones que los inversores y gestores de activos deben cumplir. Gracias a la mayor disponibilidad de datos desglosados, el coste de la información sobre sostenibilidad ha de ser más razonable. Se espera que las modificaciones de la Directiva 2013/34/UE previstas en la presente Directiva modificativa permitan aumentar la comparabilidad de los datos y armonizar las normas. Asimismo, se prevé una mejora de las prácticas de los terceros proveedores de datos, así como un aumento de la especialización en este ámbito, con potencial para la creación de empleo.

(11)

En los últimos años se ha producido un aumento muy significativo de la demanda de información sobre sostenibilidad de las empresas, especialmente por parte de la comunidad inversora. Este aumento de la demanda se debe a la naturaleza cambiante de los riesgos a los que se enfrentan las empresas y a la creciente concienciación de los inversores sobre las implicaciones financieras de dichos riesgos. Este es especialmente el caso de los riesgos financieros relacionados con el clima. Existe también una concienciación creciente sobre los riesgos y las oportunidades para las empresas y las inversiones derivados de otros aspectos medioambientales, como la pérdida de biodiversidad, y de cuestiones sanitarias y sociales, incluido el trabajo infantil y forzoso. El aumento de la demanda de información sobre sostenibilidad también se debe al crecimiento de los productos de inversión que tratan expresamente de cumplir determinadas normas de sostenibilidad o de alcanzar determinados objetivos de sostenibilidad y de garantizar la coherencia con los objetivos del Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»), el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y las políticas de la Unión. Parte de este aumento es la consecuencia lógica de la legislación de la Unión adoptada anteriormente, en particular los Reglamentos (UE) 2019/2088 y (UE) 2020/852. En cierta medida, el aumento se habría producido en cualquier caso, debido a la rápida evolución de la concienciación de los ciudadanos, las preferencias de los consumidores y las prácticas de mercado. La pandemia de COVID-19 ha acelerado aún más el aumento de las necesidades de información de los usuarios, en particular porque ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de los trabajadores y de las cadenas de valor de las empresas. La información sobre los impactos medioambientales también es pertinente a la hora de mitigar los riesgos de futuras pandemias, ya que las perturbaciones causadas en los ecosistemas por influencia humana están cada vez más relacionadas con la aparición y propagación de enfermedades.

(12)

Las propias empresas van a beneficiarse de la presentación de información de alta calidad sobre cuestiones de sostenibilidad. El aumento del número de productos de inversión que aspiran a alcanzar objetivos de sostenibilidad significa que una buena información sobre sostenibilidad puede mejorar el acceso de las empresas al capital financiero. La presentación de información sobre sostenibilidad puede ayudar a las empresas a determinar y gestionar sus propios riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Puede servir de base para un mejor diálogo y comunicación entre las empresas y sus partes interesadas, y puede ayudar a las empresas a mejorar su reputación. Además, una base coherente para la información sobre sostenibilidad en forma de normas de presentación de información sobre sostenibilidad conllevaría que se suministrara información pertinente y suficiente para reducir, así, de forma significativa las solicitudes de información ad hoc.

(13)

El informe de la Comisión, de 21 de abril de 2021, sobre las cláusulas de revisión de las Directivas 2013/34/UE, 2014/95/UE y 2013/50/UE y el correspondiente control de adecuación relativo al marco de la UE sobre publicación de información por parte de las empresas («informe de la Comisión sobre las cláusulas de revisión y correspondiente control de adecuación») detectaron problemas en cuanto a la eficacia de la Directiva 2014/95/UE. Existen pruebas manifiestas de que muchas empresas no presentan información significativa sobre todos los temas importantes relacionados con la sostenibilidad, en particular información relacionada con el clima, como el total de emisiones de gases de efecto invernadero y los factores que afectan a la biodiversidad. El informe también señaló como problemas significativos la limitada comparabilidad y fiabilidad de la información sobre sostenibilidad. Además, muchas empresas de las que los usuarios necesitan información sobre sostenibilidad no están obligadas a presentarla. En consecuencia, no cabe ninguna duda de que se necesita un marco de presentación de información sólido y asequible, acompañado de prácticas de auditoría eficaces, para garantizar la fiabilidad de los datos y evitar el blanqueo ecológico y el doble cómputo.

(14)

Si no se adoptan medidas, cabe esperar que aumente la brecha entre las necesidades de información de los usuarios y la información sobre sostenibilidad que las empresas suministran. Esta brecha tiene importantes consecuencias negativas. Los inversores no pueden tener suficientemente en cuenta los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad en sus decisiones de inversión. La suma de múltiples decisiones de inversión que no tienen debidamente en cuenta los riesgos relacionados con la sostenibilidad puede crear riesgos sistémicos que amenacen la estabilidad financiera. El Banco Central Europeo (BCE) y organizaciones internacionales como el Consejo de Estabilidad Financiera han llamado la atención sobre estos riesgos sistémicos, en particular por lo que respecta al clima. Por otra parte, los inversores están en peores condiciones de canalizar los recursos financieros hacia empresas y actividades económicas que tienen en cuenta y no agravan los problemas sociales y medioambientales, lo que socava los objetivos del Pacto Verde, del Plan de Acción para Financiar el Crecimiento Sostenible, así como del Acuerdo de París. Las organizaciones no gubernamentales, los interlocutores sociales, los colectivos afectados por las actividades de las empresas y otras partes interesadas se hallan en peor disposición de exigir responsabilidades a las empresas por su impacto en las personas y el medio ambiente. Ello crea un déficit de rendición de cuentas y podría traducirse en una reducción de los niveles de confianza de los ciudadanos en las empresas, lo que, a su vez, podría repercutir negativamente en el funcionamiento eficiente de la economía social de mercado. La falta de parámetros y métodos generalmente aceptados para medir, valorar y gestionar los riesgos relacionados con la sostenibilidad supone también un obstáculo a la hora de que las empresas se esfuercen por garantizar la sostenibilidad de sus modelos de negocio y actividades. La falta de información sobre sostenibilidad suministrada por las empresas también limita la capacidad de las partes interesadas, incluidos los agentes de la sociedad civil, los sindicatos y los representantes de los trabajadores, para entablar un diálogo con las empresas sobre cuestiones de sostenibilidad.

(15)

El informe de la Comisión sobre las cláusulas de revisión y el correspondiente control de adecuación también detectaron un aumento significativo de las solicitudes de información a las empresas sobre cuestiones de sostenibilidad dirigidas a colmar la brecha de información existente entre las necesidades de información de los usuarios y la información disponible sobre sostenibilidad de las empresas. Además, es probable que las expectativas actuales de que las empresas utilicen múltiples marcos y normas diferentes continúen e incluso se intensifiquen a medida que siga aumentando el valor de la información sobre sostenibilidad. Si no se adoptan medidas para llegar a un consenso sobre la información que deban presentar las empresas, se producirá un aumento significativo de los costes y la carga que han de soportar las empresas que presenten la información y los usuarios de dicha información.

(16)

La brecha de información existente hace que sea más probable que los Estados miembros introduzcan normas nacionales cada vez más divergentes. La existencia de requisitos de información diferentes en los distintos Estados miembros podría generar costes y complejidad adicionales para las empresas que operan a escala transfronteriza y podría, por tanto, menoscabar el mercado único, el derecho de establecimiento y la libre circulación de capitales en toda la Unión. Tales requisitos de información diferentes también podrían hacer que la información presentada sea menos comparable entre los distintos países, en detrimento de la unión de los mercados de capitales.

(17)

Los artículos 19 bis y 29 bis de la Directiva 2013/34/UE se aplican a las grandes empresas que sean entidades de interés público con un número medio de empleados superior a 500, y a las entidades de interés público que sean empresas matrices de un gran grupo con un número medio de empleados superior a 500 de manera consolidada, respectivamente. Habida cuenta del aumento de las necesidades de información sobre sostenibilidad que experimentan los usuarios, debe exigirse a otras categorías de empresas que presenten información sobre sostenibilidad. Procede, por tanto, exigir a todas las grandes empresas y a todas las empresas, a excepción de las microempresas, cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión, que presenten información sobre sostenibilidad. Las disposiciones de la presente Directiva modificativa por las que se modifican los artículos 19 bis y 29 bis de la Directiva 2013/34/UE establecen expresamente el alcance de las obligaciones de información mediante remisión a los artículos 2 y 3 de la Directiva 2013/34/UE. Por lo tanto, no simplifican ni modifican otro requisito, y la restricción a las exenciones de entidades de interés público prevista en el artículo 40 de la Directiva 2013/34/UE no es de aplicación. En particular, las entidades de interés público no deben ser tratadas como grandes empresas a efectos de la aplicación de los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad. En este sentido, las pequeñas y medianas empresas cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión y que sean entidades de interés público deben poder informar de acuerdo con las normas de presentación de información sobre sostenibilidad destinadas a las pequeñas y medianas empresas. Además, todas las empresas que sean matrices de grandes grupos deben presentar información sobre sostenibilidad a nivel de grupo. Además, dado que el artículo 8 del Reglamento (UE) 2020/852 remite al artículo 19 bis y al artículo 29 bis de la Directiva 2013/34/UE, las empresas añadidas dentro del alcance de los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad también van a tener que cumplir lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2020/852.

(18)

El requisito establecido en la presente Directiva modificativa de que también las grandes empresas cuyos valores no estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión presenten información sobre cuestiones de sostenibilidad obedece principalmente a la preocupación por las repercusiones y la rendición de cuentas de dichas empresas, también a lo largo de su cadena de valor. A este respecto, todas las grandes empresas deben estar sujetas a las mismas obligaciones de presentación de información sobre sostenibilidad. Además, los participantes en los mercados financieros también necesitan información de esas grandes empresas cuyos valores no están admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión.

(19)

El requisito establecido en la presente Directiva modificativa de que las empresas de países terceros cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión también presenten información sobre cuestiones de sostenibilidad tiene como objetivo responder a las necesidades de los participantes en los mercados financieros de obtener información de dichas empresas, con el fin de que estos puedan conocer los riesgos y repercusiones de sus inversiones y cumplir los requisitos de divulgación de información establecidos en el Reglamento (UE) 2019/2088.

(20)

También debe exigirse a las empresas de terceros países con una actividad significativa en el territorio de la Unión que faciliten información sobre sostenibilidad, en particular sobre sus repercusiones en cuestiones sociales y medioambientales, a fin de garantizar que las empresas de terceros países sean responsables de sus repercusiones en las personas y el medio ambiente y que haya igualdad de condiciones para las empresas que operan en el mercado interior. Por consiguiente, las empresas de terceros países que generen un volumen de negocios neto superior a 150 0000 000 EUR en la Unión y que tengan una empresa filial o una sucursal en el territorio de la Unión deben estar sujetas a los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad. Para garantizar la proporcionalidad y la aplicabilidad de dichos requisitos, el umbral de que tengan un volumen de negocios neto superior a 40 000 000 EUR en la Unión debe aplicarse a las sucursales de empresas de terceros países, y los umbrales para ser consideradas una gran empresa o una pequeña y mediana empresa, a excepción de las microempresas, deben aplicarse a las empresas filiales de empresas de terceros países cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión, ya que dichas empresas filiales y dichas sucursales han de encargarse de la publicación del informe de sostenibilidad de la empresa del tercer país. Los informes de sostenibilidad publicados por la empresa filial o la sucursal de una empresa de un tercer país deben elaborarse de conformidad con las normas que adopte la Comisión a más tardar el 30 de junio de 2024 mediante actos delegados.

La empresa filial o la sucursal del tercer país también debe poder informar de conformidad con las normas aplicables a las empresas establecidas en la Unión, o de conformidad con las normas que se consideren equivalentes en virtud de un acto de ejecución. En caso de que la empresa del tercer país no facilite toda la información exigida en virtud de la presente Directiva modificativa pese a que la empresa filial o la sucursal de dicha empresa del tercer país haya hecho todo lo posible para obtener la información necesaria, dicha empresa filial o dicha sucursal debe suministrar toda la información que obre en su poder y emitir una declaración en la que indique que la empresa del tercer país no ha facilitado el resto de la información disponible exigida. A fin de garantizar la calidad y fiabilidad de la información, los informes de sostenibilidad de empresas de terceros países deben publicarse acompañados de un dictamen de verificación emitido por una persona o empresa autorizada para emitir dictámenes de verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad, ya sea en virtud del Derecho nacional de la empresa del tercer país o del Derecho nacional de un Estado miembro. En caso de que no se facilite dicho dictamen de verificación, la empresa filial o la sucursal de la empresa del tercer país debe emitir una declaración en la que indique que la empresa del tercer país no proporcionó el dictamen de verificación necesario. El informe de sostenibilidad debe ponerse gratuitamente a disposición del público a través de los registros centrales, mercantiles o de sociedades de los Estados miembros, o, alternativamente, en el sitio web de la empresa filial o de la sucursal de la empresa del tercer país.

Los Estados miembros deben poder informar anualmente a la Comisión de las empresas filiales o las sucursales de empresas de terceros países que hayan cumplido el requisito de publicación y de los casos en que se haya publicado un informe pero en los que la empresa filial o la sucursal de la empresa del tercer país haya declarado que no pudo obtener la información necesaria de la empresa del tercer país. La Comisión debe poner a disposición del público en su sitio web una lista de las empresas de terceros países que hayan publicado un informe de sostenibilidad.

(21)

Habida cuenta de la creciente importancia de los riesgos relacionados con la sostenibilidad y de que las pequeñas y medianas empresas cuyos valores están admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión constituyen una proporción significativa de todas las empresas cuyos valores están admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión, y a fin de garantizar la protección de los inversores, conviene exigir que también esas pequeñas y medianas empresas, a excepción de las microempresas, cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión divulguen información sobre cuestiones de sostenibilidad. La introducción de dicho requisito va a contribuir a garantizar que los participantes en los mercados financieros puedan incluir en las carteras de inversión a empresas más pequeñas cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión siempre que presenten la información sobre sostenibilidad que necesitan los participantes en los mercados financieros.

Por lo tanto, ello va a contribuir a preservar y mejorar el acceso de las empresas más pequeñas cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión al capital financiero y va a evitar la discriminación de dichas empresas por parte de los participantes en los mercados financieros. La introducción del requisito de divulgación de información sobre cuestiones de sostenibilidad para pequeñas y medianas empresas, a excepción de las microempresas, cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión también es necesaria para garantizar que los participantes en los mercados financieros dispongan de la información que necesitan de las empresas en las que invierten para poder cumplir sus propios requisitos de divulgación de información sobre sostenibilidad establecidos en el Reglamento (UE) 2019/2088. Las pequeñas y medianas empresas cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión deben tener la posibilidad de presentar información de conformidad con normas que guarden proporción con sus capacidades y recursos y que resulten pertinentes teniendo en cuenta la magnitud y complejidad de sus actividades. Las pequeñas y medianas empresas cuyos valores no estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión también deben tener la posibilidad de optar por utilizar dichas normas proporcionadas de forma voluntaria.

Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad aplicables a las pequeñas y medianas empresas van a servir de referencia para las empresas que entren dentro del alcance de los requisitos introducidos por la presente Directiva modificativa en relación con el nivel de información sobre sostenibilidad que podrían solicitar razonablemente a las pequeñas y medianas empresas que sean proveedores o clientes en las cadenas de valor de dichas empresas. Además, debido a su menor tamaño y a que cuentan con recursos más limitados, y habida cuenta de las difíciles circunstancias económicas creadas por la pandemia de COVID-19, debe concederse a las pequeñas y medianas empresas cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión tiempo suficiente para prepararse de cara a la aplicación de las disposiciones que exigen la presentación de información sobre sostenibilidad. Por consiguiente, las disposiciones sobre presentación de información sobre sostenibilidad de las empresas por lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas, a excepción de las microempresas, cuyos valores están admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión deben aplicarse en los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2026. A partir de esa fecha, durante un período transitorio de dos años, las pequeñas y medianas empresas cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión deben tener la posibilidad de no aplicar los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad establecidos en la presente Directiva modificativa, siempre que indiquen brevemente en su informe de gestión por qué no se ha facilitado la información sobre sostenibilidad.

(22)

Los Estados miembros deben poder evaluar los efectos de sus medidas de transposición nacional en las pequeñas y medianas empresas, para asegurarse de que no se vean afectadas de manera desproporcionada, prestando especial atención a las microempresas y evitando que soporten una carga administrativa innecesaria. Los Estados miembros deben considerar la posibilidad de introducir medidas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en la aplicación de las normas de presentación de información sobre sostenibilidad.

(23)

La Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (17) se aplica a las empresas cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión. A fin de garantizar que las empresas cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión, incluidos los emisores de terceros países, estén sujetas a los mismos requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad, la Directiva 2004/109/CE debe incluir las referencias cruzadas necesarias a cualquier requisito de presentación de información sobre sostenibilidad en el informe financiero anual.

(24)

El artículo 23, apartado 4, párrafo primero, inciso i), y el artículo 23, apartado 4, párrafo cuarto, de la Directiva 2004/109/CE facultan a la Comisión para adoptar medidas encaminadas a establecer un mecanismo destinado a determinar la equivalencia de la información exigida en virtud de dicha Directiva y criterios de equivalencia general relativos a las normas de contabilidad, respectivamente. El artículo 23, apartado 4, párrafo tercero, de la Directiva 2004/109/CE también faculta a la Comisión para adoptar las decisiones necesarias sobre la equivalencia de las normas de contabilidad utilizadas por los emisores de terceros países. A fin de reflejar la inclusión de los requisitos de sostenibilidad en la Directiva 2004/109/CE, debe facultarse a la Comisión para establecer un mecanismo destinado a determinar la equivalencia de las normas de presentación de información sobre sostenibilidad aplicadas por los emisores de terceros países, similar al previsto en el Reglamento (CE) n.o 1569/2007 de la Comisión (18) por el que se establecen los criterios para la determinación de la equivalencia de las normas de contabilidad aplicadas por emisores de terceros países. Por la misma razón, la Comisión también debe estar facultada para adoptar las decisiones necesarias sobre la equivalencia de las normas de presentación de información sobre sostenibilidad que utilizan los emisores de terceros países. Las modificaciones introducidas por la presente Directiva modificativa van a garantizar unos regímenes de equivalencia coherentes para los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad y para los requisitos de presentación de información financiera en el informe financiero anual.

(25)

El artículo 19 bis, apartado 3, y el artículo 29 bis, apartado 3, de la Directiva 2013/34/UE eximen a todas las empresas filiales de la obligación de presentar información no financiera cuando dichas empresas y sus filiales estén incluidas en el informe de gestión consolidado de su sociedad matriz, siempre que dicho informe contenga información no financiera presentada con arreglo a dicha Directiva. No obstante, es necesario garantizar que la información sobre sostenibilidad sea fácilmente accesible para los usuarios y que exista transparencia sobre qué sociedad matriz de la filial exenta presenta la información a nivel de grupo. Por consiguiente, es necesario exigir a dichas filiales que incluyan en su informe de gestión el nombre y el domicilio social de la sociedad matriz que presenta la información sobre sostenibilidad a nivel de grupo, los enlaces web al informe de gestión consolidado de su sociedad matriz y una referencia al hecho de que están exentas de presentar información sobre sostenibilidad. Los Estados miembros deben poder exigir que la sociedad matriz publique el informe de gestión consolidado en las lenguas que ellos acepten, así como que la sociedad matriz facilite toda traducción necesaria en dichas lenguas. Dicha exención también debe aplicarse cuando la sociedad matriz que presenta información a nivel de grupo sea una empresa de un tercer país que presente información sobre sostenibilidad de conformidad con normas de presentación de información sobre sostenibilidad equivalentes.

La Directiva 2004/109/CE, en su versión modificada por la presente Directiva modificativa, debe establecer mecanismos adecuados para determinar la equivalencia de las normas de presentación de información sobre sostenibilidad, y tanto las empresas cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión como las empresas cuyos valores no estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión deben estar obligadas a informar de conformidad con las mismas normas de presentación de información sobre sostenibilidad. En este contexto, los actos de ejecución adoptados por la Comisión con arreglo al artículo 23, apartado 4, párrafo primero, inciso i), y el artículo 23, apartado 4, párrafo cuarto, de la Directiva 2004/109/CE, por las que se establece un mecanismo para la determinación de la equivalencia de las normas, deben utilizarse para determinar si se exime a las empresas filiales de sociedades matrices de un tercer país en virtud del régimen de la Directiva 2013/34/UE. Por tanto, la empresa filial debe quedar exenta cuando la información consolidada sobre sostenibilidad se elabore de conformidad con las normas de presentación de información sobre sostenibilidad adoptadas por la Comisión con arreglo al artículo 29 ter de la Directiva 2013/34/UE, introducido por la presente Directiva modificativa, o de manera equivalente a dichas normas de presentación de información sobre sostenibilidad, según se determine de conformidad con un acto de ejecución sobre la equivalencia de las normas de presentación de información sobre sostenibilidad adoptadas en virtud del artículo 23, apartado 4, párrafo tercero, de la Directiva 2004/109/CE. Tal exención no debe aplicarse, por razones de protección de los inversores, a las grandes empresas cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión, a fin de garantizar una mayor transparencia de dichas empresas.

(26)

El artículo 23 de la Directiva 2013/34/UE exime a las sociedades matrices de la obligación de elaborar estados financieros consolidados y un informe de gestión consolidado cuando dichas sociedades matrices sean empresas filiales de otra sociedad matriz que cumpla dicha obligación. Se debe especificar, sin embargo, que el régimen de exención para los estados financieros consolidados y los informes de gestión consolidados se aplica independientemente del régimen de exención para la presentación de información consolidada sobre sostenibilidad. Una empresa puede, por tanto, quedar exenta de los requisitos de presentación de información financiera consolidada, pero estar sujeta a los requisitos de presentación de información consolidada sobre sostenibilidad, cuando su sociedad matriz elabore estados financieros consolidados e informes de gestión consolidados de conformidad con el Derecho de la Unión, o de conformidad con requisitos equivalentes si la empresa está establecida en un tercer país, pero no presenta información consolidada sobre sostenibilidad de conformidad con el Derecho de la Unión, o de conformidad con requisitos equivalentes si la empresa está establecida en un tercer país. Es necesario que las sociedades matrices que presenten información a nivel de grupo proporcionen una explicación adecuada de los riesgos y las repercusiones de sus empresas filiales, incluida información sobre sus procedimientos de diligencia debida cuando proceda. Podrían darse casos en los que las diferencias entre la situación del grupo y la de cada una de sus empresas filiales, o entre la situación de cada una de las empresas filiales situadas en territorios diferentes, sean especialmente significativas y, a falta de información adicional sobre la empresa filial de que se trate, hagan que el usuario de la información llegue a una conclusión sustancialmente diferente sobre los riesgos o las repercusiones de la empresa filial.

(27)

Las entidades de crédito y las empresas de seguros desempeñan un papel clave en la transición hacia un sistema económico y financiero plenamente sostenible e integrador en consonancia con el Pacto Verde. Pueden tener importantes repercusiones positivas y negativas a través de sus actividades de préstamo, inversión y aseguramiento. Las entidades de crédito y las empresas de seguros distintas de las que están obligadas a cumplir lo establecido en la Directiva 2013/34/UE, incluidas las cooperativas y mutuas, deben, por tanto, estar sujetas a requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad, siempre que cumplan determinados criterios de tamaño. De este modo, los usuarios de la información sobre sostenibilidad podrían evaluar tanto el impacto de dichas entidades de crédito y empresas de seguros en la sociedad y en el medio ambiente como los riesgos derivados de las cuestiones de sostenibilidad a las que esas entidades de crédito y empresas de seguros podrían enfrentarse. La Directiva 2013/34/UE establece tres posibles criterios para determinar si una empresa debe considerarse una «gran empresa», a saber, el total del balance, el volumen de negocios neto y el número medio de empleados durante el ejercicio.

El criterio del volumen de negocios neto debe adaptarse para las entidades de crédito y para las empresas de seguros mediante remisión a la definición de importe neto del volumen de negocios de las Directivas 86/635/CEE (19) y 91/674/CEE (20) del Consejo, en lugar de a la definición general establecida en la Directiva 2013/34/UE. Para garantizar la coherencia con los requisitos de información de la Directiva 86/635/CEE, los Estados miembros deben poder optar por no aplicar los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad a las entidades de crédito enumeradas en el artículo 2, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (21).

(28)

La lista de cuestiones de sostenibilidad sobre las que las empresas deben informar debe ser lo más coherente posible con la definición de los términos «factores de sostenibilidad» establecida en el Reglamento (UE) 2019/2088 y evitar un desajuste entre la información requerida por los usuarios de los datos y la información que han de presentar las empresas. Dicha lista también debe corresponder a las necesidades y expectativas de los usuarios y empresas, que a menudo utilizan los términos «medioambiental», «social» y «gobernanza» como medio para clasificar las tres cuestiones principales de sostenibilidad. Sin embargo, la definición de los términos «factores de sostenibilidad» establecida en el Reglamento (UE) 2019/2088 no incluye expresamente las cuestiones de gobernanza. La definición de los términos «cuestiones de sostenibilidad» en la Directiva 2013/34/UE en su versión modificada por la presente Directiva modificativa debe comprender, por tanto, los factores medioambientales, sociales, de derechos humanos y de gobernanza e incorporar la definición de los términos «factores de sostenibilidad» establecida en el Reglamento (UE) 2019/2088. Los requisitos de presentación de información de la Directiva 2013/34/UE deben entenderse sin perjuicio de las obligaciones nacionales en materia de presentación de información.

(29)

El artículo 19 bis, apartado 1, y el artículo 29 bis, apartado 1, de la Directiva 2013/34/UE exigen que se presente, no solo la información que resulte necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la empresa, sino también la información necesaria para comprender el impacto de las actividades de la empresa sobre las cuestiones medioambientales, sociales y de personal, el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno. Por lo tanto, estos artículos obligan a las empresas a informar tanto sobre las repercusiones de sus actividades en las personas y el medio ambiente como sobre la manera en que les afectan las cuestiones de sostenibilidad. Es lo que se conoce como la perspectiva de la doble significatividad, en la que los riesgos para la empresa y el impacto de la empresa representan una perspectiva de significatividad. El control de adecuación de la presentación de información de las empresas muestra que estas dos perspectivas a menudo no se entienden ni se aplican bien. Por lo tanto, es necesario aclarar que las empresas deben considerar cada perspectiva de significatividad en sí misma, y divulgar información que sea significativa desde ambas perspectivas e información que lo sea desde una única perspectiva.

(30)

El artículo 19 bis, apartado 1, y el artículo 29 bis, apartado 1, de la Directiva 2013/34/UE exigen a las empresas que presenten información sobre cinco ámbitos: modelo de negocio, políticas, incluidos los procedimientos de diligencia debida aplicados, resultados de dichas políticas, riesgos y gestión de riesgos, e indicadores clave de resultados que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial. El artículo 19 bis, apartado 1, de la Directiva 2013/34/UE no contiene referencias expresas a otros ámbitos de presentación de información que los usuarios de la información consideran pertinentes, algunos de los cuales concuerdan con la información cuya divulgación está prevista en marcos internacionales, incluidas las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima. Los requisitos de divulgación de información deben especificarse con suficiente detalle para garantizar que las empresas informen sobre su resiliencia con respecto a los riesgos relacionados con las cuestiones de sostenibilidad. Además de los ámbitos de presentación de información señalados en el artículo 19 bis, apartado 1, y el artículo 29 bis, apartado 1, de la Directiva 2013/34/UE, debe exigirse a las empresas que divulguen información sobre su estrategia empresarial y la resiliencia de su modelo de negocio y estrategia con respecto a los riesgos relacionados con las cuestiones de sostenibilidad. También debe exigírseles que divulguen cualquier plan que puedan tener con el fin de garantizar que su modelo de negocio y su estrategia sean compatibles con la transición a una economía sostenible y con los objetivos de limitar el calentamiento global a 1,5 °C en consonancia con el Acuerdo de París y lograr la neutralidad climática de aquí a 2050, tal como se establece en el Reglamento (UE) 2021/1119, con un rebasamiento nulo o limitado.

Es especialmente importante que los planes relacionados con el clima se basen en los conocimientos científicos más recientes, incluidos los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y del Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático. La información divulgada de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (UE) 2020/852 sobre el importe del activo fijo (CapEx) o los gastos de explotación (OpEx) asociados a actividades que se ajustan a la taxonomía podría en su caso apoyar los planes financieros y de inversión relacionados con dichos planes. También debe exigirse a las empresas que divulguen información sobre si su modelo de negocio y su estrategia tienen en cuenta los intereses de las partes interesadas y de qué manera; cualquier oportunidad para la empresa derivada de las cuestiones de sostenibilidad; la aplicación de los aspectos de la estrategia empresarial que afecten a las cuestiones de sostenibilidad o se vean afectados por ellas; cualesquiera objetivos de sostenibilidad fijados por la empresa y los avances realizados en su consecución; el papel del consejo de administración y de la dirección en lo que respecta a las cuestiones de sostenibilidad; los principales efectos negativos reales y potenciales relacionados con las actividades de la empresa; y cómo ha determinado la empresa la información que presenta. Una vez que se exige informar sobre elementos tales como los objetivos y el grado de avance hacia su consecución, ya no es necesario un requisito distinto de informar sobre los resultados de las políticas.

(31)

Para garantizar la coherencia con instrumentos internacionales como los «Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”» («Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos humanos»), las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, los requisitos de divulgación de los procedimientos de diligencia debida deben especificarse con mayor detalle que en el actual artículo 19 bis, apartado 1, letra b), y en el artículo 29 bis, apartado 1, letra b), de la Directiva 2013/34/UE. El procedimiento de diligencia debida es el procedimiento que llevan a cabo las empresas para detectar, vigilar, prevenir, mitigar, subsanar o poner fin a los principales efectos negativos reales y potenciales relacionados con sus actividades y que determina cómo las empresas hacen frente a esos efectos. Entre los efectos relacionados con las actividades de una empresa se encuentran los efectos directamente causados por la empresa, aquellos a los que contribuye y los que, de algún otro modo, están vinculados a su cadena de valor. El procedimiento de diligencia debida se refiere a toda la cadena de valor de la empresa, incluidas sus propias operaciones, sus productos y servicios, sus relaciones comerciales y sus cadenas de suministro. En consonancia con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un impacto negativo real o potencial se considerará un impacto principal cuando se encuentre entre los más importantes relacionados con las actividades de la empresa habida cuenta de: la gravedad de su incidencia en las personas o el medio ambiente; el número de personas que se vean o puedan verse afectadas, o la magnitud de los daños al medio ambiente; y la facilidad con la que se podría resarcir el daño, restaurando el medio ambiente o devolviendo a las personas afectadas a su estado anterior.

(32)

La Directiva 2013/34/UE no exige la divulgación de información sobre los recursos inmateriales distintos de los reconocidos en el balance. Es un hecho ampliamente reconocido que no se informa suficientemente sobre los activos inmateriales y otros factores inmateriales, incluidos los recursos inmateriales generados internamente, lo que impide la correcta evaluación de la evolución, los resultados y la situación de la empresa, así como el seguimiento de las inversiones. Para que los inversores puedan comprender mejor la brecha creciente entre el valor contable de muchas empresas y su valoración de mercado, que se observa en muchos sectores de la economía, debe exigirse una presentación de información adecuada sobre los recursos inmateriales de todas las grandes empresas y de todas las empresas, a excepción de las microempresas, cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión. No obstante, determinada información sobre recursos inmateriales es intrínseca a las cuestiones de sostenibilidad y, por tanto, debe formar parte de la presentación de información sobre sostenibilidad. Por ejemplo, la información sobre las capacidades, las competencias, la experiencia, la lealtad a la empresa y la motivación de los empleados para mejorar los procedimientos, los productos y los servicios es información sobre sostenibilidad relativa a cuestiones sociales que también podría considerarse información sobre recursos inmateriales. Del mismo modo, la información sobre la calidad de las relaciones entre la empresa y sus interlocutores, en particular los clientes, los proveedores y las comunidades afectadas por las actividades de la empresa, es información sobre sostenibilidad pertinente para cuestiones sociales o de gobernanza que también podría considerarse información sobre recursos inmateriales. Estos ejemplos ilustran cómo en algunos casos no es posible distinguir la información sobre recursos inmateriales de la información sobre cuestiones de sostenibilidad.

(33)

El artículo 19 bis, apartado 1, y el artículo 29 bis, apartado 1, de la Directiva 2013/34/UE no especifican si la información que debe presentarse ha de ser prospectiva o retrospectiva. Actualmente existe un déficit de información prospectiva, que los usuarios de información sobre sostenibilidad valoran especialmente. Por consiguiente, los artículos 19 bis y 29 bis de la Directiva 2013/34/UE deben especificar que la información sobre sostenibilidad presentada ha de incluir información prospectiva y retrospectiva, tanto cualitativa como cuantitativa. La información debe basarse, en su caso, en pruebas científicas concluyentes. La información también debe estar armonizada, ser comparable y basarse en indicadores uniformes cuando proceda, al tiempo que se permite la presentación de información específica de cada empresa y que no ponga en peligro la posición comercial de la empresa. La información sobre sostenibilidad presentada también debe tener en cuenta horizontes temporales a corto, medio y largo plazo y contener información sobre toda la cadena de valor de la empresa, incluidas sus propias operaciones, sus productos y servicios, sus relaciones comerciales y su cadena de suministro, según proceda. La información sobre toda la cadena de valor de la empresa incluiría información relacionada con su cadena de valor dentro de la Unión e información que incluya a terceros países, si la cadena de valor de la empresa se extiende fuera de la Unión. Durante los tres primeros años de aplicación de las disposiciones que han de adoptar los Estados miembros de conformidad con la presente Directiva modificativa, en caso de que no se disponga de toda la información necesaria sobre la cadena de valor, la empresa debe explicar los esfuerzos realizados para obtener la información sobre su cadena de valor, las razones por las que no se pudo obtener dicha información y los planes de la empresa para obtener esa información en el futuro.

(34)

El objetivo de la presente Directiva modificativa no es exigir a las empresas que divulguen información sobre el capital intelectual, la propiedad intelectual, los conocimientos técnicos o los resultados de la innovación que puedan considerarse secretos comerciales tal como estos se definen en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo (22). Por consiguiente, los requisitos de presentación de información previstos en la presente Directiva modificativa deben entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/943.

(35)

El artículo 19 bis, apartado 1, y el artículo 29 bis, apartado 1, de la Directiva 2013/34/UE exigen a las empresas que la información no financiera que presenten contenga referencias y explicaciones complementarias sobre los importes detallados en los estados financieros anuales. Sin embargo, estos artículos no obligan a las empresas a hacer referencia a otros datos del informe de gestión ni a añadir explicaciones complementarias de tales datos. Por lo tanto, actualmente existe una falta de coherencia entre la información no financiera que se presenta y el resto de la información publicada en el informe de gestión. Es necesario establecer requisitos claros a este respecto.

(36)

El artículo 19 bis, apartado 1, y el artículo 29 bis, apartado 1, de la Directiva 2013/34/UE exigen a las empresas que den una explicación clara y motivada en caso de que no apliquen determinadas políticas en relación con una o varias de las cuestiones enumeradas en dichos artículos, cuando la empresa no lo haga. El diferente trato de la información sobre las políticas que puedan seguir las empresas, en comparación con los demás ámbitos de presentación de información incluidos en dichos artículos, ha creado confusión entre las empresas que presentan información y no ha contribuido a mejorar la calidad de la información presentada. Por lo tanto, no es necesario mantener esta diferencia de trato de las políticas de dicha Directiva. Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad han de determinar qué información debe divulgarse en relación con cada uno de los ámbitos de presentación de información mencionados en los artículos 19 bis y 29 bis de la Directiva 2013/34/UE en su versión modificada por la presente Directiva modificativa.

(37)

Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 19 bis, apartado 1, y el artículo 29 bis, apartado 1, de la Directiva 2013/34/UE pueden basarse en marcos para la presentación de información nacionales, de la Unión o internacionales, y, cuando lo hagan, deben especificar en qué marcos se han basado. Sin embargo, la Directiva 2013/34/UE no obliga a las empresas a utilizar un marco o norma común para la presentación de información, ni impide a las empresas optar por no utilizar ninguno. Tal como exigía el artículo 2 de la Directiva 2014/95/UE, el 5 de julio de 2017 la Comisión adoptó una Comunicación titulada «Directrices sobre la presentación de informes no financieros (Metodología para la presentación de información no financiera)» (en lo sucesivo, «Directrices sobre la presentación de información no financiera»), en la que se establecen directrices no vinculantes para las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.

El 17 de junio de 2019, la Comisión adoptó sus Directrices sobre la presentación de información relacionada con el clima, que contienen directrices adicionales específicamente sobre la presentación de información relacionada con el clima. Dichas directrices de presentación de información sobre el clima incorporaron expresamente las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima. Los datos disponibles indican que las directrices sobre la presentación de información no financiera no tuvieron un impacto significativo en la calidad de la información no financiera presentada por las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de los artículos 19 bis y 29 bis de la Directiva 2013/34/UE. El carácter voluntario de las directrices significa que las empresas son libres de decidir si las aplican o no. Por lo tanto, las directrices no pueden garantizar por sí solas la comparabilidad de la información divulgada por diferentes empresas o la divulgación de toda la información que los usuarios de dicha información consideren pertinente. Esta es la razón por la que es necesario establecer normas comunes obligatorias de presentación de información sobre sostenibilidad para garantizar que la información sea comparable y que se divulgue toda la información pertinente. Sobre la base del principio de doble significatividad, las normas deben abarcar toda la información que sea importante para los usuarios. Asimismo, son necesarias normas comunes de presentación de información sobre sostenibilidad para permitir la verificación y la digitalización de la información sobre sostenibilidad y facilitar su supervisión y el control de su cumplimiento.

La elaboración de normas comunes obligatorias de presentación de información sobre sostenibilidad es necesaria para lograr una situación en la que esa información tenga un estatus comparable al de la información financiera. La adopción mediante actos delegados de normas de presentación de información sobre sostenibilidad garantizaría una presentación armonizada de la información sobre sostenibilidad en toda la Unión. Por lo tanto, al presentar la información de conformidad con las normas de presentación de información sobre sostenibilidad, las empresas cumplirían los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad de la Directiva 2013/34/UE. En la definición de dichas normas, es esencial tener debidamente en cuenta, en la mayor medida posible, las principales normas de presentación de información sobre sostenibilidad utilizadas a escala internacional, sin rebajar los objetivos de la presente Directiva modificativa y de los actos delegados adoptados en virtud de esta.

(38)

Ninguna norma o marco vigente satisface por sí mismo las necesidades de la Unión en cuanto a la presentación de información sobre sostenibilidad. La información requerida por la Directiva 2013/34/UE ha de comprender la información pertinente desde cada una de las perspectivas de significatividad y todas las cuestiones de sostenibilidad y debe armonizarse, cuando proceda, con otras obligaciones en virtud del Derecho de la Unión de divulgar información sobre sostenibilidad, incluidas las obligaciones establecidas en los Reglamentos (UE) 2019/2088 y (UE) 2020/852. Por otra parte, las normas obligatorias de presentación de información sobre sostenibilidad aplicables a las empresas de la Unión deben guardar proporción con el nivel de ambición del Pacto Verde y el objetivo de neutralidad climática de la Unión para 2050, así como con los objetivos intermedios establecidos en el Reglamento (UE) 2021/1119. Por consiguiente, es necesario facultar a la Comisión para adoptar normas de la Unión sobre la presentación de información sobre sostenibilidad, haciendo así posible su rápida adopción y garantizando que su contenido sea coherente con las necesidades de la Unión.

(39)

El Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG) es una asociación sin ánimo de lucro constituida con arreglo al Derecho belga que sirve al interés público al asesorar a la Comisión sobre la adopción de las normas internacionales de presentación de información financiera. El EFRAG se ha labrado una reputación como centro europeo de conocimientos especializados en materia presentación de información de las empresas, y se encuentra en una posición inmejorable para fomentar la coordinación entre las normas de presentación de información sobre sostenibilidad de la Unión y las iniciativas internacionales que tratan de desarrollar normas coherentes en todo el mundo. En marzo de 2021, un grupo de trabajo multilateral creado por el EFRAG publicó recomendaciones para la posible elaboración de normas de presentación de información sobre sostenibilidad aplicables en la Unión. Esas recomendaciones constan de propuestas para elaborar un conjunto coherente y completo de normas de presentación de información sobre sostenibilidad que comprenda todas las cuestiones de sostenibilidad desde una perspectiva de doble significatividad. Dichas recomendaciones incluyen también una hoja de ruta detallada para la elaboración de dichas normas, así como propuestas para reforzar mutuamente la cooperación entre las iniciativas mundiales de normalización y las iniciativas de la Unión a ese respecto. En marzo de 2021, el presidente del Consejo del EFRAG publicó recomendaciones de cara a introducir posibles cambios en la gobernanza del Grupo en caso de que se le pidiera que proporcionara asesoramiento técnico sobre las normas de presentación de información sobre sostenibilidad. Las recomendaciones del presidente del Consejo del EFRAG incluyen la creación de un nuevo pilar de presentación información sobre sostenibilidad dentro del EFRAG, sin modificar significativamente el actual pilar de presentación información financiera. En marzo de 2022, la Asamblea General del EFRAG nombró a los miembros del recién creado Consejo de Información en materia de Sostenibilidad del EFRAG. Al adoptar las normas de presentación de información sobre sostenibilidad, la Comisión debe tener en cuenta el asesoramiento técnico que el EFRAG proporcione.

Con el fin de garantizar unas normas de alta calidad que contribuyan al interés público europeo y respondan a las necesidades de las empresas y de los usuarios de la información presentada, el EFRAG debe disponer de financiación pública suficiente para garantizar su independencia. Su asesoramiento técnico debe desarrollarse siguiendo el debido procedimiento y con la supervisión pública y transparencia apropiadas y basarse en los conocimientos de una representación equilibrada de las partes interesadas pertinentes, en particular las empresas, los inversores, las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos, y ha de ir acompañado de un análisis de costes y beneficios. La participación en la labor del EFRAG a nivel técnico debe estar supeditada a la posesión de conocimientos especializados en presentación de información sobre sostenibilidad y no a ninguna contribución financiera, sin perjuicio de la participación en dicho trabajo de organismos públicos y organizaciones nacionales de normalización. Debe garantizarse un proceso transparente que evite los conflictos de intereses. Para garantizar que las normas de la Unión relativas a la presentación de información sobre sostenibilidad tengan en cuenta los puntos de vista de los Estados miembros, antes de su adopción, la Comisión debe consultar al Grupo de expertos de los Estados miembros en materia de Finanzas Sostenibles a que se refiere el Reglamento (UE) 2020/852 (en lo sucesivo, «Grupo de expertos de los Estados miembros en materia de Finanzas Sostenibles») y al Comité de reglamentación contable a que se refiere el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (23) (en lo sucesivo, «Comité de reglamentación contable») sobre el asesoramiento técnico del EFRAG.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) participan en la elaboración de normas técnicas de regulación de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2088 y debe haber coherencia entre dichas normas técnicas de regulación y las normas relativas a la presentación de información sobre sostenibilidad. En virtud del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (24), la AEVM también desempeña un papel en el fomento de la convergencia de las actividades de supervisión del cumplimiento de los requisitos de presentación de la información de las empresas por parte de los emisores cuyos valores están admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión y que van a estar obligados a informar de conformidad con estas normas de presentación de información sobre sostenibilidad. Por consiguiente, debe exigirse a la AEVM, a la ABE y a la AESPJ que emitan un dictamen sobre el asesoramiento técnico del EFRAG. Tales dictámenes deben emitirse en un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud de la Comisión. Además, la Comisión debe consultar a la Agencia Europea de Medio Ambiente, a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al BCE, a la Comisión de Organismos Europeos de Supervisión de Auditores y a la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, a fin de garantizar que las normas de presentación de información sobre sostenibilidad sean coherentes con las políticas y el Derecho pertinentes de la Unión. En caso de que cualquiera de estos organismos decida presentar un dictamen, debe hacerlo en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que haya sido consultado por la Comisión.

(40)

Al objeto de fomentar el control democrático, el escrutinio y la transparencia, al menos una vez al año, la Comisión debe consultar al Parlamento Europeo, y conjuntamente al Grupo de Expertos de los Estados miembros en materia de Finanzas Sostenibles y al Comité de Reglamentación Contable sobre el programa de trabajo del EFRAG en lo que respecta al desarrollo de normas de presentación de información sobre sostenibilidad.

(41)

Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad deben ser coherentes con otros actos del Derecho de la Unión. Dichas normas deben adaptarse, en particular, a los requisitos de divulgación establecidos en el Reglamento (UE) 2019/2088, y deben tener en cuenta los indicadores y metodologías subyacentes establecidos en los diversos actos delegados adoptados en virtud del Reglamento (UE) 2020/852, los requisitos de divulgación aplicables a los administradores de índices de referencia de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo (25), las normas mínimas para la elaboración de índices de referencia de transición climática de la UE y de índices de referencia armonizados con el Acuerdo de París de la UE, así como cualquier trabajo realizado por la ABE en aplicación de los requisitos de divulgación del pilar III del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

Las normas deben tener en cuenta el Derecho medioambiental de la Unión, en particular el Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (26) y la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (27), así como la Recomendación 2013/179/UE de la Comisión (28), sus anexos y las actualizaciones de estos. También deben tenerse en cuenta otros actos pertinentes del Derecho de la Unión, incluida la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (29), y otros requisitos establecidos en el Derecho de la Unión que han de cumplir las empresas en lo que respecta a las obligaciones de los administradores y el procedimiento de diligencia debida.

(42)

Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad deben tener en cuenta las directrices sobre la presentación de información no financiera y las directrices sobre la presentación de información relacionada con el clima. También deben tener en cuenta otros requisitos de información de la Directiva 2013/34/UE que no están directamente relacionados con la sostenibilidad, con el objetivo de proporcionar a los usuarios de la información presentada una mejor comprensión de la evolución, los resultados, la situación y el impacto de la empresa, mediante una vinculación máxima entre la información sobre sostenibilidad y otra información presentada de conformidad con la Directiva 2013/34/UE.

(43)

Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad deben ser proporcionadas y no deben imponer una carga administrativa innecesaria a las empresas que estén obligadas a utilizarlas. Con el fin de minimizar las perturbaciones para las empresas que ya presentan información sobre sostenibilidad, las normas de presentación de información en esta materia deben tener en cuenta, cuando proceda, las normas y los marcos existentes en relación con la presentación de información sobre sostenibilidad y contabilidad. Dichas normas y marcos existentes incluyen las de la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes, el Consejo de Normas de Contabilidad para la Sostenibilidad, el Consejo Internacional de Informes Integrados, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el Grupo de Trabajo sobre Información Financiera relacionada con el Clima, el Consejo de Normas de Divulgación de Información sobre Carbono y el CDP, anteriormente conocido como Proyecto de Divulgación de Emisiones de Carbono.

Las normas de la Unión deben tener en cuenta cualquier norma de presentación de información sobre sostenibilidad elaborada bajo los auspicios de la Fundación de las Normas Internacionales de Información Financiera. Para evitar una fragmentación innecesaria de la regulación que pudiera tener consecuencias negativas para las empresas que operan a escala mundial, las normas de presentación de información sobre sostenibilidad de la Unión deben contribuir al proceso de convergencia de las normas de presentación de información sobre sostenibilidad a escala mundial, apoyando la labor del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB). Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad de la Unión deben reducir el riesgo de incoherencia de los requisitos de información para las empresas que operan a escala mundial mediante la integración del contenido de las normas de referencia mundiales que ha de elaborar el ISSB, siempre que el contenido de dichas normas de referencia sea coherente con el marco jurídico de la Unión y los objetivos del Pacto Verde.

(44)

En el Pacto Verde, la Comisión se comprometió a apoyar a las empresas y demás partes interesadas en el desarrollo de prácticas normalizadas de contabilidad del capital natural dentro de la Unión y a escala internacional, con el objetivo de garantizar una gestión adecuada de los riesgos medioambientales y las oportunidades de mitigación, y reducir los costes de transacción conexos.

El proyecto Transparent patrocinado en el marco del Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (Programa LIFE) establecido por el Reglamento (UE) 2021/783 del Parlamento Europeo y del Consejo (30) está desarrollando la primera metodología de contabilidad del capital natural, que facilitará la comparación y la transparencia de los métodos existentes, reduciendo al mismo tiempo el umbral para que las empresas adopten y utilicen los sistemas como apoyo para adecuar su actividad a futuros desarrollos. El Protocolo del Capital Natural es también una referencia importante en el campo de la contabilidad del capital natural. Aunque los métodos de contabilidad del capital natural sirven principalmente para reforzar las decisiones de gestión interna, deben tenerse debidamente en cuenta a la hora de establecer normas de presentación de información sobre sostenibilidad. Algunas metodologías de contabilidad del capital natural pretenden asignar un valor monetario a los efectos medioambientales de las actividades de las empresas, lo que puede ayudar a los usuarios de la información sobre sostenibilidad a comprender mejor dichos efectos. Procede, por tanto, que las normas de presentación de información sobre sostenibilidad puedan incluir indicadores monetizados de las repercusiones en la sostenibilidad, si se considera necesario.

(45)

Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad también deben tener en cuenta los principios y marcos reconocidos internacionalmente sobre conducta empresarial responsable, responsabilidad social de las empresas y desarrollo sostenible, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable y las directrices sectoriales conexas, el Pacto Mundial, la Declaración Tripartita de Principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Empresas Multinacionales y Política Social, la norma ISO 26000 sobre responsabilidad social y los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas.

(46)

Debe garantizarse que la información presentada por las empresas de conformidad con las normas de presentación de información sobre sostenibilidad satisfaga las necesidades de los usuarios y no suponga una carga desproporcionada en términos de esfuerzo y costes para las empresas que presentan información ni para aquellas que se ven indirectamente afectadas al formar parte de la cadena de valor de dichas empresas. Por consiguiente, las normas de presentación de la información sobre sostenibilidad deben especificar la información que las empresas deben divulgar sobre todos los factores medioambientales importantes, incluidos sus efectos sobre el clima, el aire, el suelo, el agua y la biodiversidad, y su dependencia de estos elementos. El Reglamento (UE) 2020/852 establece una clasificación de los objetivos medioambientales de la Unión.

Por razones de coherencia, conviene utilizar una clasificación similar para determinar los factores medioambientales que deben contemplar las normas de presentación de información sobre sostenibilidad. Las normas de presentación de la información sobre sostenibilidad deben tener en cuenta y especificar cualquier información geográfica u otra información contextual que las empresas deban divulgar para facilitar la comprensión de sus principales repercusiones en las cuestiones de sostenibilidad y los principales riesgos para la empresa que se deriven de ellas. Al especificar la información que las empresas deben divulgar sobre los factores medioambientales, ha de garantizarse la coherencia con las definiciones establecidas en el artículo 2 del Reglamento (UE) 2020/852 y con los requisitos de información establecidos en su artículo 8, así como con los actos delegados adoptados en virtud de dicho Reglamento.

(47)

Por lo que respecta a la información relacionada con el clima, los usuarios están interesados en conocer los riesgos físicos y de transición de las empresas, así como su resiliencia frente a diferentes escenarios climáticos y sus planes para adaptarse a estos y al objetivo de neutralidad climática de la Unión de aquí a 2050. Asimismo, les interesa conocer el nivel y el alcance de las emisiones y la absorción de gases de efecto invernadero atribuidos a la empresa, incluida la medida en que la empresa utiliza las compensaciones y la fuente de dichas compensaciones. Lograr una economía climáticamente neutra requiere la armonización de las normas de contabilidad y compensación de gases de efecto invernadero. Los usuarios necesitan información fiable sobre las compensaciones que responda a las preocupaciones relativas a una posible doble contabilización y posibles sobrestimaciones, habida cuenta de los riesgos que la doble contabilización y las sobrestimaciones pueden generar para la consecución de los objetivos relacionados con el clima. Los usuarios también están interesados en conocer los esfuerzos realizados por las empresas para reducir eficazmente las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero como parte de sus estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, en particular las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1, alcance 2 y, en su caso, alcance 3.

Por lo que se refiere a las emisiones de las categorías de alcance 3, para los usuarios resulta fundamental recibir información sobre qué categorías de alcance 3 son significativas en el caso de la empresa, así como sobre las emisiones de cada una de dichas categorías de alcance 3. Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad deben, por tanto, especificar la información que deben presentar las empresas en relación con dichas cuestiones.

(48)

Lograr una economía climáticamente neutra y circular sin contaminación difusa requiere la plena movilización de todos los sectores económicos. A este respecto, es fundamental reducir el consumo de energía y aumentar la eficiencia energética, ya que la energía se utiliza en todas las cadenas de suministro. Por consiguiente, los aspectos energéticos deben ser tenidos debidamente en cuenta en las normas de presentación de información sobre sostenibilidad, en particular en relación con las cuestiones medioambientales, incluidas las relativas al clima.

(49)

Las normas presentación de información sobre sostenibilidad deben especificar la información que las empresas deben divulgar sobre los factores sociales, en particular las condiciones laborales, la participación de los interlocutores sociales, la negociación colectiva, la igualdad, la no discriminación, la diversidad y la inclusión, y los derechos humanos. Dicha información debe incluir las repercusiones de la empresa en las personas, en particular los trabajadores, y en la salud humana. La información que las empresas divulguen sobre los derechos humanos debe incluir, en su caso, datos sobre la existencia de trabajo forzoso e infantil en sus cadenas de valor. Los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad relativos al trabajo forzoso no deben eximir a las autoridades públicas de su responsabilidad de actuar, mediante la política comercial y la diplomacia, frente a la importación de mercancías producidas como resultado de violaciones de los derechos humanos, incluido el trabajo forzoso. Las empresas también deben poder informar de posibles riesgos y tendencias con respecto al empleo y los ingresos.

Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad que traten sobre los factores sociales deben especificar la información que las empresas deben divulgar con respecto a los principios del pilar europeo de derechos sociales que sean pertinentes para las empresas, incluida la igualdad de oportunidades para todos y las condiciones de trabajo. El Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, adoptado por la Comisión el 4 de marzo de 2021, insta a que se impongan a las empresas requisitos más estrictos a la hora de informar sobre cuestiones sociales. Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad también deben especificar la información que las empresas deben divulgar con respecto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, los principios democráticos y las normas establecidas en la Carta Internacional de Derechos Humanos y otros convenios fundamentales de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, tales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, los convenios fundamentales de la OIT, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta Social Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La información presentada sobre factores sociales, así como sobre factores medioambientales y de gobernanza, debe ser proporcionada en relación con el ámbito de aplicación y los objetivos de la presente Directiva modificativa. Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad que traten sobre la igualdad de género y la igualdad de retribución por un trabajo del mismo valor deben especificar, entre otras cosas, la información que ha de divulgarse sobre la brecha salarial de género, teniendo en cuenta otros actos de Derecho de la Unión pertinentes. Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad que traten sobre el empleo y la inclusión de las personas con discapacidad deben especificar, entre otras cosas, la información que ha de divulgarse sobre las medidas de accesibilidad adoptadas por la empresa.

Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad que traten sobre la formación y el desarrollo de capacidades deben especificar, entre otras cosas, la información que debe presentarse sobre la proporción y el desglose de los trabajadores que participan en la formación. Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad que traten sobre la negociación colectiva deben especificar, entre otras cosas, la información que debe divulgarse sobre la existencia de comités de empresa, así como sobre la existencia de convenios colectivos y la proporción de trabajadores amparados por dichos acuerdos. Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad que traten sobre la participación de los trabajadores deben especificar, entre otras cosas, la información que debe divulgarse sobre la participación de los trabajadores en los órganos de administración y supervisión. Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad que traten sobre la diversidad deben especificar, entre otras cosas, la información que debe divulgarse sobre la diversidad de género en la alta dirección y el número de miembros del sexo menos representado en sus consejos de administración.

(50)

Los usuarios necesitan información sobre los factores de gobernanza. Los factores de gobernanza más pertinentes para los usuarios se enumeran en marcos autorizados de presentación de información, como la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes y el Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima, así como en marcos mundiales autorizados, como los Principios de Gobernanza Mundial de la Red Internacional de Gobernanza Empresarial y los Principios de Gobernanza Empresarial del G-20/OCDE. Por consiguiente, las normas de presentación de información sobre sostenibilidad deben especificar la información que las empresas deben divulgar sobre factores de gobernanza. Dicha información debe comprender la función de los órganos de administración, dirección y supervisión de una empresa en relación con las cuestiones de sostenibilidad, los conocimientos especializados y las capacidades necesarios para desempeñar dicha función o el acceso que tengan dichos órganos a esos conocimientos especializados y capacidades, si la sociedad cuenta con una política en términos de incentivos ofrecidos a los miembros de dichos órganos y que están vinculados a cuestiones de sostenibilidad, e información sobre los sistemas internos de control y de gestión de riesgos de la empresa en relación con el proceso de presentación de información sobre sostenibilidad. Los usuarios también necesitan información sobre la cultura corporativa de las empresas y el enfoque de la ética empresarial, que son elementos reconocidos de los marcos autorizados en materia de gobernanza empresarial, como los Principios de Gobernanza Mundial de la Red Internacional de Gobernanza Empresarial, incluida información sobre la lucha contra la corrupción y el soborno, y sobre las actividades y los compromisos de la empresa que tengan por objeto ejercer influencia política, incluidas sus actividades de presión.

La información sobre la gestión de la empresa y la calidad de las relaciones con los clientes, los proveedores y las comunidades afectadas por las actividades de la empresa ayuda a los usuarios a comprender los riesgos y las repercusiones de una empresa relacionadas con las cuestiones de sostenibilidad. La información sobre las relaciones con los proveedores incluye las prácticas relativas a la fecha o el plazo de pago, el tipo de interés de demora o la compensación por los costes de cobro a que se refiere la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (31). Cada año, miles de empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, soportan cargas administrativas y financieras porque se les paga con retraso o no se les paga. En última instancia, la morosidad conduce a la insolvencia y a la quiebra, con los consiguientes efectos destructivos en toda la cadena de valor. El aumento de la cantidad de información sobre las prácticas de pago debe capacitar a otras empresas para identificar a quienes pagan de manera rápida y fiable, detectar prácticas de pago desleales, acceder a información sobre las empresas con las que comercian y negociar condiciones de pago más justas.

(51)

Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad deben promover una visión más integrada de toda la información publicada por las empresas en el informe de gestión para facilitar a sus usuarios una mejor comprensión de la evolución, los resultados, la situación y el impacto de la empresa. Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad deben distinguir, en la medida en que sea necesario, entre la información que las empresas deben divulgar a la hora de informar a nivel individual y la que deben divulgar al presentar información a nivel de grupo. Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad también deben contener orientaciones para las empresas sobre el proceso llevado a cabo para determinar la información sobre sostenibilidad que debe incluirse en el informe de gestión, ya que una empresa solo debe estar obligada a divulgar la información pertinente para comprender sus repercusiones en las cuestiones de sostenibilidad, y la información pertinente para comprender cómo afectan las cuestiones de sostenibilidad a su desarrollo, rendimiento y posición.

(52)

Los Estados miembros deben velar por que la presentación de información sobre sostenibilidad se realice de conformidad con los derechos de información y consulta de los trabajadores. La dirección de la empresa debe informar por tanto a los representantes de los trabajadores al nivel adecuado y tratar con ellos la información pertinente y los medios para obtener y verificar la información sobre sostenibilidad. Esto implica, para los fines de la presente Directiva modificativa, el establecimiento de un diálogo y un intercambio de puntos de vista entre los representantes de los trabajadores y la dirección central o cualquier otro nivel de dirección que pueda ser más idóneo, en un momento, de un modo y con un contenido tales que permitan que los representantes de los trabajadores expresen su opinión. Su opinión debe comunicarse, en su caso, a los órganos de administración, dirección o supervisión pertinentes.

(53)

Las empresas del mismo sector suelen estar expuestas a riesgos similares relacionados con la sostenibilidad, y a menudo tienen efectos similares en la sociedad y el medio ambiente. Las comparaciones entre empresas del mismo sector son especialmente valiosas para los inversores y otros usuarios de la información sobre sostenibilidad. Por consiguiente, las normas de presentación de información sobre sostenibilidad deben especificar tanto la información que deben divulgar las empresas de todos los sectores como la información que deben divulgar las empresas en función de su sector de actividad. Las normas sectoriales de presentación de información sobre sostenibilidad son especialmente importantes en el caso de los sectores asociados a altos riesgos de sostenibilidad o repercusiones para el medio ambiente, los derechos humanos y la gobernanza, incluidos los sectores enumerados en las secciones A a H y la sección L del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (32), y las actividades pertinentes dentro de esos sectores. Cuando adopte normas sectoriales específicas de presentación de información sobre sostenibilidad, la Comisión debe garantizar que la información especificada en dichas normas de presentación de información sobre sostenibilidad sea proporcionada a la escala de los riesgos y repercusiones relacionados con las cuestiones de sostenibilidad específicas de cada sector, teniendo en cuenta que los riesgos y las repercusiones de algunos sectores son mayores que los de otros. La Comisión también debe tener en cuenta que no todas las actividades de estos sectores están necesariamente asociadas a riesgos o repercusiones elevados para la sostenibilidad. En el caso de las empresas que operan en sectores que dependen especialmente de los recursos naturales, las normas sectoriales de presentación de información sobre sostenibilidad requerirían la divulgación de las repercusiones relacionadas con la naturaleza y los riesgos para la biodiversidad y los ecosistemas relacionados con la naturaleza.

Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad también deben tener en cuenta las dificultades que las empresas pueden encontrar a la hora de recabar información de los agentes en toda su cadena de valor, especialmente de los proveedores que sean pequeñas y medianas empresas y de los proveedores de mercados y economías emergentes. Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad deben especificar la información relativa a cadenas de valor que sean proporcionadas y pertinentes para la magnitud y complejidad de las actividades de las empresas y para las capacidades y características de las empresas en las cadenas de valor, especialmente las capacidades y características de las empresas que no estén sujetas a los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad establecidos en la presente Directiva modificativa. Las normas de presentación de información sobre sostenibilidad no deben especificar la información que exigiría a las empresas obtener información de las pequeñas y medianas empresas de su cadena de valor que exceda de la información que deba divulgarse de conformidad con las normas de presentación de información sobre sostenibilidad para las pequeñas y medianas empresas. Esto debe entenderse sin perjuicio de los requisitos que la Unión impone a las empresas de llevar a cabo un procedimiento de diligencia debida.

(54)

Para satisfacer las necesidades de información de los usuarios en tiempo oportuno, y en particular dada la urgencia de satisfacer las necesidades de información de los participantes en los mercados financieros en cumplimiento de los requisitos establecidos en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 4, apartados 6 y 7, del Reglamento (UE) 2019/2088, la Comisión debe adoptar mediante actos delegados una primera serie de normas de presentación de información sobre sostenibilidad a más tardar el 30 de junio de 2023. Ese conjunto de normas de presentación de información sobre sostenibilidad debe especificar la información que las empresas deben divulgar con respecto a todos los ámbitos de presentación de información y cuestiones de sostenibilidad, y que los participantes en los mercados financieros deben cumplir mediante las obligaciones de divulgación establecidas en el Reglamento (UE) 2019/2088. La Comisión debe adoptar mediante actos delegados una segunda serie de normas de información sobre sostenibilidad a más tardar el 30 de junio de 2024, en las que se especifique la información complementaria que las empresas deben divulgar sobre las cuestiones de sostenibilidad y ámbitos de presentación de información, cuando sea necesario, así como información específica para el sector en el que opera una empresa. La Comisión debe revisar dichas normas de presentación de información sobre sostenibilidad, incluidas las normas presentación de dicha información aplicables a las pequeñas y medianas empresas, cada tres años para tener en cuenta las novedades que se vayan produciendo, incluida la evolución de las normas internacionales.

(55)

La Directiva 2013/34/UE no exige que las empresas faciliten sus informes de gestión en formato digital, lo que dificulta la localización y utilización de la información presentada. Los usuarios de la información sobre sostenibilidad esperan cada vez más que sea fácil de localizar, comparable y de lectura automática en formatos digitales. Los Estados miembros deben poder exigir que las empresas sujetas a los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad de la Directiva 2013/34/UE pongan gratuitamente sus informes de gestión a disposición del público en sus sitios web. La digitalización crea oportunidades para aprovechar la información de manera más eficiente y posibilita un considerable ahorro de costes tanto para los usuarios como para las empresas. La digitalización también permite la centralización de datos a escala de la Unión y de los Estados miembros en un formato abierto y accesible que facilite la lectura y permita la comparación de datos. Por consiguiente, debe exigirse a las empresas que elaboren su informe de gestión en el formato electrónico de presentación de información especificado en el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2019/815 de la Comisión (33), y que marquen su información sobre sostenibilidad, incluida la información que exige el artículo 8 del Reglamento (UE) 2020/852, en el formato electrónico de presentación de información especificado en el Reglamento Delegado (UE) 2019/815 una vez determinado.

Será necesaria una taxonomía digital de las normas de presentación de información sobre sostenibilidad de la Unión para que la información presentada pueda etiquetarse de conformidad con dichas normas de presentación de información sobre sostenibilidad. Estos requisitos deben contribuir al trabajo sobre digitalización anunciado por la Comisión en su Comunicación de 19 de febrero de 2020 titulada «Estrategia Europea de Datos» y en su Comunicación de 24 de septiembre de 2020 titulada «Estrategia de Finanzas Digitales para la UE». Estos requisitos complementarían también la creación de un punto de acceso único europeo a la información pública de las empresas, tal como se prevé en la Comunicación de la Comisión, de 24 de septiembre de 2020, titulada «Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las empresas: nuevo plan de acción», que también considera la necesidad de suministrar información comparable en formato digital.

(56)

A fin de que se pueda incluir en el punto de acceso único europeo la información sobre sostenibilidad presentada, los Estados miembros deben velar por que las empresas cuyos valores no estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión publiquen su informe de gestión, incluida la información sobre sostenibilidad, en el formato electrónico de presentación de información que se especifica en el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2019/815.

(57)

El artículo 19 bis, apartado 4, de la Directiva 2013/34/UE permite a los Estados miembros eximir a las empresas de incluir en el informe de gestión el estado no financiero exigido en el artículo 19 bis, apartado 1, de dicha Directiva. Los Estados miembros están autorizados a hacerlo cuando la empresa en cuestión elabore un informe separado que se publique junto con el informe de gestión de conformidad con el artículo 30 de dicha Directiva, o cuando dicho informe se ponga a disposición del público en el sitio web de la empresa en un plazo razonable no superior a 6 meses, a partir de la fecha del balance, y se mencione en el informe de gestión. La misma posibilidad existe para el estado no financiero consolidado a que se refiere la Directiva 2013/34/UE. Veinte Estados miembros han utilizado esta opción. Sin embargo, la posibilidad de publicar un informe separado impide disponer de información que conecte la información financiera y la información sobre cuestiones de sostenibilidad. También dificulta la localización de la información y el acceso a ella para los usuarios, especialmente los inversores, que están interesados en la información financiera y de sostenibilidad. El problema se ve agravado por la posible publicación en diferentes fechas de la información financiera y de sostenibilidad. La publicación en un informe separado también puede dar la impresión, tanto interna como externamente, de que la información sobre sostenibilidad pertenece a una categoría menos relevante, lo que puede afectar negativamente a la percepción de fiabilidad de la información. Por consiguiente, las empresas deben presentar la información sobre sostenibilidad en una sección específica claramente identificable del informe de gestión y los Estados miembros ya no deben estar autorizados a eximir a las empresas de la obligación de incluir en el informe de gestión información sobre cuestiones de sostenibilidad.

Esta obligación también contribuiría a aclarar el papel de las autoridades nacionales competentes en la supervisión de la presentación de información sobre sostenibilidad, como parte del informe de gestión elaborado de conformidad con la Directiva 2004/109/CE. Además, las empresas obligadas a presentar información sobre sostenibilidad no deben quedar exentas en ningún caso de la obligación de publicar el informe de gestión, ya que es importante garantizar que la información sobre sostenibilidad esté a disposición del público.

(58)

El artículo 20 de la Directiva 2013/34/UE exige que las empresas cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión incluyan una declaración sobre gobernanza empresarial en su informe de gestión, que debe contener, entre otros datos, una descripción de la política de diversidad aplicada por la empresa en relación con sus órganos de administración, dirección y supervisión. El artículo 20 de la Directiva 2013/34/UE deja flexibilidad a las empresas para decidir sobre qué aspectos de la diversidad informan. No obliga expresamente a las empresas a incluir información sobre ningún aspecto específico de la diversidad. Para avanzar hacia una participación más equilibrada desde el punto de vista del género en la toma de decisiones económicas, es necesario garantizar que las empresas cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión informen siempre sobre sus políticas de diversidad de género y su aplicación. No obstante, para evitar una carga administrativa innecesaria, dichas empresas deben tener la posibilidad de presentar parte de la información exigida por el artículo 20 de la Directiva 2013/34/UE junto con el resto de información sobre sostenibilidad. Si así lo deciden, la declaración sobre gobernanza empresarial debe incluir una referencia a la información sobre sostenibilidad de la empresa, y la información exigida en virtud del artículo 20 de la Directiva 2013/34/UE debe seguir sujeta a los requisitos de verificación de la declaración sobre gobernanza empresarial.

(59)

El artículo 33 de la Directiva 2013/34/UE exige a los Estados miembros que velen por que los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión de una empresa tengan la responsabilidad colectiva de garantizar que los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados, el informe de gestión, el informe de gestión consolidado, la declaración sobre gobernanza empresarial y la declaración sobre gobernanza empresarial consolidada se elaboren y publiquen de conformidad con los requisitos de dicha Directiva. Dicha responsabilidad colectiva debe ampliarse a los requisitos de digitalización establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2019/815, al requisito de cumplir las normas de la Unión sobre presentación de información sobre sostenibilidad y al requisito de marcar la presentación de información sobre sostenibilidad.

(60)

Los profesionales de la verificación distinguen entre encargos de verificación limitada y encargos de verificación razonable. La conclusión de un encargo de verificación limitada suele formularse de forma negativa señalándose que el profesional no ha identificado ningún elemento que permita concluir que el objeto de la verificación contiene incorrecciones significativas. En un encargo de verificación limitada, el auditor realiza un número de comprobaciones inferior que en un encargo de verificación razonable. Por lo tanto, el volumen de trabajo en el caso de un encargo de verificación limitada es inferior al de un encargo de verificación razonable. El trabajo que supone un encargo de verificación razonable se traduce en procedimientos exhaustivos que incluyen el examen de los controles internos de la empresa que presenta información y comprobaciones de fondo, por lo que es significativamente mayor que en el caso de un encargo de verificación limitada.

La conclusión de encargos de verificación razonable suele formularse de forma positiva y consiste en la emisión de un dictamen sobre la evaluación del objeto de la verificación con arreglo a criterios previamente definidos. La Directiva 2013/34/UE exige a los Estados miembros que velen por que el auditor legal o la sociedad de auditoría comprueben si se ha presentado el estado no financiero o el informe separado. No exige que un prestador independiente de servicios de verificación verifique la información, aunque permite a los Estados miembros exigir dicha verificación cuando así lo deseen. La ausencia de una obligación de verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad, a diferencia de la obligación de que el auditor legal realice auditorías legales sobre la base de un encargo de verificación razonable, pondría en tela de juicio la credibilidad de la información sobre sostenibilidad presentada, con lo que quedarían insatisfechas las necesidades de los usuarios destinatarios de dicha información. Aunque el objetivo es contar con un nivel de verificación similar para la información financiera y la información sobre sostenibilidad, la inexistencia de una norma común para la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad genera el riesgo de que haya interpretaciones y expectativas diferentes en cuanto al contenido de un encargo de verificación razonable para distintas categorías de información sobre sostenibilidad, especialmente en lo que se refiere a la información prospectiva y cualitativa.

Por consiguiente, debe considerarse la posibilidad de adoptar un enfoque progresivo para mejorar el nivel de verificación requerido para la información sobre sostenibilidad, empezando por la obligación de que el auditor legal o la sociedad de auditoría emitan un dictamen sobre la conformidad de la presentación de información sobre sostenibilidad con los requisitos de la Unión sobre la base de un encargo de verificación limitada. Ese dictamen debe pronunciarse sobre la conformidad de la presentación de información sobre sostenibilidad con las normas de la Unión relativas a la presentación de tal información, el proceso llevado a cabo por la empresa para determinar la información presentada con arreglo a dichas normas y el cumplimiento del requisito de marcar la referida presentación de información. El auditor también debe evaluar si la presentación de información por la empresa cumple los requisitos de presentación de información del artículo 8 del Reglamento (UE) 2020/852. Para garantizar una comprensión y unas expectativas comunes sobre lo que constituiría un encargo de verificación razonable, el auditor legal o la sociedad de auditoría deben por tanto estar obligados a emitir un dictamen basado en un encargo de verificación razonable sobre la conformidad de la presentación de información sobre sostenibilidad con los requisitos de la Unión, cuando la Comisión adopte normas para la verificación razonable de la presentación de información sobre sostenibilidad por medio de actos delegados no más tarde del 1 de octubre de 2028, tras una evaluación que determine si es factible una verificación razonable para los auditores y para las empresas.

El enfoque gradual desde encargos de verificación limitada hasta encargos de verificación razonable también permitiría el desarrollo progresivo del mercado de verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad y de las prácticas de presentación de información de las empresas. Por último, dicho enfoque gradual escalonaría el aumento de los costes para las empresas que presentan información, dado que la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad sobre la base de un encargo de verificación razonable es más costosa que la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad sobre la base de un encargo de verificación limitada. Las empresas sujetas a requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad deben poder decidir obtener un dictamen de verificación de su presentación de información sobre sostenibilidad sobre la base de un encargo de verificación razonable si así lo desean, y en tales casos debe considerarse que han cumplido la obligación de tener un dictamen basado en un encargo de verificación limitada. El dictamen basado en un encargo de verificación razonable relativo a la información prospectiva es solamente una garantía de que dicha información se ha elaborado de conformidad con las normas aplicables.

(61)

Los auditores legales o las sociedades de auditoría ya verifican los estados financieros y el informe de gestión. La verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de los auditores legales o las sociedades de auditoría contribuiría a garantizar la vinculación y la coherencia entre la información financiera y de sostenibilidad, lo que es especialmente importante para los usuarios de la información sobre sostenibilidad. Sin embargo, existe el riesgo de que se produzca una mayor concentración en el mercado de auditoría, lo que podría poner en peligro la independencia de los auditores y aumentar los honorarios de la auditoría o los honorarios relacionados con la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad.

Teniendo en cuenta el papel clave de los auditores legales a la hora de verificar la presentación de información sobre sostenibilidad y garantizar la fiabilidad de la información sobre sostenibilidad, la Comisión ha anunciado que actuará para seguir mejorando la calidad de la auditoría y crear un mercado de auditoría más abierto y diversificado, que son las condiciones para una aplicación satisfactoria de la presente Directiva modificativa. Además, es deseable ofrecer a las empresas más posibilidades de elección de prestadores independientes de servicios de verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad. Por tanto, se debe permitir a los Estados miembros que acrediten a los prestadores independientes de servicios de verificación, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (34), para emitir un dictamen de verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad, que debe publicarse junto con el informe de gestión. Además, los Estados miembros deben tener la opción de permitir que un auditor legal distinto del auditor legal o los auditores legales que realicen la auditoría legal de los estados financieros emita un dictamen de verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad. Además, si permiten que los prestadores independientes de servicios de verificación realicen la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad, los Estados miembros deben permitir asimismo que un auditor legal distinto del auditor legal o de los auditores legales que realicen la auditoría legal de los estados financieros emita un dictamen verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad.

Los Estados miembros deben establecer requisitos que garanticen la calidad de la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad realizada por distintos prestadores independientes de servicios de verificación y resultados coherentes de la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad. Por consiguiente, todos los prestadores independientes de servicios de verificación deben estar sujetos al cumplimiento de requisitos equivalentes a los establecidos en la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (35) en lo que respecta a la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad, adaptándose al mismo tiempo a las características de los prestadores independientes de servicios de verificación que no realicen auditorías legales. En particular, los Estados miembros deben establecer requisitos equivalentes en materia de formación y examen, formación continua, sistemas de control de calidad, ética profesional, independencia, objetividad, confidencialidad y secreto profesional, designación y cese, organización del trabajo de los prestadores independientes de servicios de verificación, investigaciones y sanciones, y comunicación de irregularidades. De esta forma también se garantizaría la igualdad de condiciones entre todas las personas y empresas a las que los Estados miembros autoricen a emitir un dictamen de verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad, incluidos los auditores legales. Si una empresa solicita el dictamen de un prestador independiente de servicios de verificación distinto del auditor legal sobre su presentación de información sobre sostenibilidad, no debe estar obligada además a solicitar al auditor legal un dictamen de verificación de la información sobre sostenibilidad.

Los prestadores independientes de servicios de verificación ya acreditados en un Estado miembro para la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad deben continuar estando autorizados a hacerlo. Del mismo modo, los Estados miembros deben velar por que los prestadores independientes de servicios de verificación que, en la fecha de aplicación de los nuevos requisitos en materia de formación y examen, se encuentren en proceso de acreditación no estén sujetos a esos nuevos requisitos de acreditación, siempre que completen dicho proceso en el plazo de dos años a partir de la fecha de aplicación de esos nuevos requisitos. No obstante, los Estados miembros deben garantizar que todos los prestadores independientes de servicios de verificación acreditados en un Estado miembro para la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad en un plazo de dos años a partir de la fecha de aplicación de los nuevos requisitos de acreditación adquieran los conocimientos necesarios sobre presentación de información sobre sostenibilidad y verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad a través de una formación profesional continua.

(62)

A fin de fomentar la libre circulación de servicios, los Estados miembros deben permitir que los prestadores independientes de servicios de verificación establecidos en un Estado miembro diferente realicen la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad en su territorio. Esto favorecería también la apertura del mercado de verificaciones aunque no todos los Estados miembros permitan la acreditación de prestadores independientes de servicios de verificación en su territorio. Cuando los prestadores independientes de servicios de verificación realicen la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad en el territorio de un Estado miembro de acogida, este Estado miembro de acogida ha de poder decidir supervisar a los proveedores independientes de servicios de verificación, habida cuenta de la posibilidad de aprovechar el marco aplicado para la supervisión de los auditores que realizan la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad.

(63)

Los Estados miembros deben velar por que, cuando el Derecho de la Unión exija a una empresa que los elementos de su información sobre sostenibilidad sean verificados por un tercero independiente acreditado, el informe del tercero independiente acreditado se ponga a disposición, bien como anexo del informe de gestión, bien por cualquier otro medio de acceso público. Dicha puesta a disposición del informe no debe prejuzgar el resultado del dictamen de verificación, del que la verificación por terceros debe seguir siendo independiente. No debe suponer duplicidad alguna del trabajo entre el auditor o la empresa independiente prestadora de los servicios de verificación que emita el dictamen de verificación y el tercero independiente acreditado.

(64)

La Directiva 2006/43/CE establece normas relativas a la auditoría legal de los estados financieros anuales y consolidados. Es necesario velar por que se apliquen normas coherentes a la auditoría de los estados financieros y a la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad realizadas por el auditor legal. La Directiva 2006/43/CE debe aplicarse cuando un auditor legal o una sociedad de auditoría emita el dictamen de verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad.

(65)

Las normas relativas a la autorización y el reconocimiento de los auditores legales y las sociedades de auditoría deben permitir a los auditores legales obtener también la cualificación para la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad. Los Estados miembros deben velar por que los auditores legales que deseen obtener la cualificación para la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad tengan el nivel necesario de conocimientos teóricos de las materias pertinentes para la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad y la capacidad para aplicar dichos conocimientos en la práctica.

Por consiguiente, los auditores legales deben completar una formación práctica de al menos ocho meses en la verificación de la presentación de información anual y consolidada sobre sostenibilidad o en otros servicios relacionados con la sostenibilidad, teniendo en cuenta la experiencia laboral previa. No obstante, los auditores legales que ya hayan sido autorizados o reconocidos por un Estado miembro deben seguir estando autorizados a verificar la presentación de información sobre sostenibilidad. Del mismo modo, los Estados miembros deben garantizar que las personas físicas que estén en proceso de autorización en la fecha de aplicación de estos nuevos requisitos para la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad que se establece en la presente Directiva modificativa no estén sujetas a dichos requisitos, siempre que completen el proceso en los dos años siguientes. No obstante, los Estados miembros deben velar por que los auditores legales autorizados en un plazo de dos años a partir de la fecha de aplicación de dichos requisitos y que deseen realizar la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad adquieran mediante formación profesional continua los conocimientos necesarios en relación con dicha información y su verificación. Las personas físicas que decidan obtener la autorización como auditores legales exclusivamente para auditoría legal deben poder decidir en un momento posterior obtener también la cualificación para la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad. Para ello, estas personas deben cumplir los requisitos necesarios establecidos por los Estados miembros para garantizar que también tengan el nivel necesario de conocimientos teóricos de las materias pertinentes para la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad y la capacidad para aplicar dichos conocimientos en la práctica.

(66)

Debe garantizarse que los requisitos impuestos a los auditores en lo que respecta a sus actividades de auditoría legal y de verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad sean coherentes. Por consiguiente, debe haber al menos una persona designada que participe activamente en la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad (en lo sucesivo, «principal socio de sostenibilidad»). Al realizar la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad, se debe exigir a los auditores legales que dediquen tiempo suficiente y asignen los recursos y los conocimientos especializados suficientes para poder desempeñar adecuadamente sus funciones. El registro correspondiente a la entidad auditada debe especificar los honorarios cobrados por la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad y debe crearse un archivo de verificación que incluya la información relacionada con dicha verificación. Cuando el mismo auditor legal realice la auditoría legal de los estados financieros anuales y la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad, debe ser posible incluir el archivo de verificación en el archivo de auditoría. No obstante, los requisitos impuestos a los auditores legales en relación con la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad solo deben aplicarse a los auditores legales que realicen la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad.

(67)

Los auditores legales o las sociedades de auditoría que realicen la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad deben tener un alto nivel de conocimientos técnicos y especializados en el ámbito de la sostenibilidad.

(68)

La Directiva 2006/43/CE exige a los Estados miembros que establezcan normas adecuadas para evitar que los honorarios por las auditorías legales se vean influidos o determinados por la prestación de servicios adicionales a la entidad auditada, o se basen en cualquier tipo de contingencia. Dicha Directiva también obligan a los Estados miembros a velar por que los auditores legales que realicen auditorías legales cumplan las normas de ética profesional, independencia, objetividad, confidencialidad y secreto profesional. Por razones de coherencia, es conveniente que dichas normas se apliquen también a los auditores legales que realicen la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad.

(69)

A fin de establecer prácticas de verificación uniformes y un elevado nivel de calidad de la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad en toda la Unión, la Comisión debe estar facultada para adoptar, mediante actos delegados, normas de verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de aplicar normas, procedimientos o requisitos nacionales de verificación mientras la Comisión no haya adoptado mediante actos delegados una norma de verificación que se aplique al mismo objeto. Dichas normas de verificación deben establecer los procedimientos que el auditor ha de seguir para extraer sus conclusiones sobre la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad. Por consiguiente, la Comisión debe adoptar normas de verificación para la verificación limitada mediante actos delegados antes del 1 de octubre de 2026. Con el fin de facilitar la armonización de la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad en todos los Estados miembros, se anima a la Comisión de Organismos Europeos de Supervisión de Auditores (COESA) a que adopte directrices no vinculantes para establecer los procedimientos que deben seguirse a la hora de emitir un dictamen de verificación de la información sobre sostenibilidad hasta que la Comisión adopte una norma de verificación que se aplique al mismo objeto.

(70)

La Directiva 2006/43/CE establece normas sobre la auditoría legal de un grupo de empresas. Deben establecerse normas similares para la verificación de la presentación de información consolidada sobre sostenibilidad.

(71)

La Directiva 2006/43/CE exige que los auditores legales o las sociedades de auditoría presenten los resultados de su auditoría legal en un informe de auditoría. Deben establecerse normas similares para la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad. Los resultados de la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad deben presentarse en un informe de verificación. Cuando el mismo auditor legal realice la auditoría legal de los estados financieros anuales y la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad, debe ser posible incluir la información sobre la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad en el informe de auditoría.

(72)

La Directiva 2006/43/CE exige a los Estados miembros que establezcan un sistema de control de calidad de los auditores legales y las sociedades de auditoría. A fin de garantizar que también se lleven a cabo controles de calidad para la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad y que las personas que llevan a cabo dichos controles tengan la formación profesional adecuada y la experiencia pertinente en presentación de información sobre sostenibilidad y en la verificación de la presentación de dicha información, este requisito de establecer un sistema de control de calidad debe ampliarse a la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad. Como medida transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2025, las personas que lleven a cabo controles de calidad relacionados con la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad deben quedar exentas del requisito de tener experiencia pertinente en la presentación de información sobre sostenibilidad y en la verificación de la presentación de dicha información, o en otros servicios relacionados con la sostenibilidad.

(73)

La Directiva 2006/43/CE exige que los Estados miembros establezcan un régimen de investigaciones y sanciones para los auditores legales y las sociedades de auditoría que realicen auditorías legales. El capítulo VIII de dicha Directiva exige también a los Estados miembros que organicen un sistema eficaz de supervisión pública y garanticen que los acuerdos reguladores de los sistemas de supervisión pública permitan una cooperación eficaz a escala de la Unión en lo que respecta a las actividades de supervisión de los Estados miembros. Dichos requisitos deben ampliarse a los auditores legales y las sociedades de auditoría que realicen la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad, a fin de garantizar la coherencia de las investigaciones, las sanciones y los marcos de supervisión establecidos para el trabajo del auditor en la auditoría legal y la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad.

(74)

La Directiva 2006/43/CE contiene normas sobre la designación y el cese de los auditores legales y las sociedades de auditoría que realizan auditorías legales. Dichas normas deben ampliarse a la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad para garantizar la coherencia de las normas impuestas a los auditores en lo que respecta a su trabajo de auditoría legal y de verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad.

(75)

Con arreglo al artículo 6 de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (36), los Estados miembros están obligados a asegurarse de que los accionistas de las empresas cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión, actuando de forma individual o colectiva, tengan derecho a incluir puntos en el orden del día de la junta general, siempre que dichos puntos vayan acompañados de una justificación o de un proyecto de resolución que se presente para adopción a la junta general, y tengan derecho a presentar proyectos de resolución sobre puntos ya incluidos o que vayan a incluirse en el orden del día de la junta general, según el caso. Cuando estos derechos estén supeditados a la condición de que el accionista o los accionistas pertinentes posean una participación mínima en la sociedad, esta participación mínima no ha de exceder del 5 % del capital social. Por lo que se refiere a la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad, los accionistas han de poder ejercer los derechos establecidos en el artículo 6 de la Directiva 2007/36/CE a fin de presentar proyectos de resolución para adopción a la junta general que exijan, en primer lugar, que un tercero acreditado que no pertenezca a la misma sociedad o red de auditoría que el auditor legal o la sociedad de auditoría que realice la auditoría legal elabore un informe sobre determinados elementos de la presentación información sobre sostenibilidad y, en segundo lugar, que dicho informe se ponga a disposición de la junta general.

En el caso de las empresas sujetas a los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad introducidos por la presente Directiva modificativa y que no entren en el ámbito de aplicación del artículo 6 de la Directiva 2007/36/CE, los accionistas que representen más del 5 % de los derechos de voto o el 5 % del capital de la empresa, también deben tener derecho, actuando de forma individual o colectiva, a presentar un proyecto de resolución para adopción a la junta general, exigiendo, en primer lugar, que un tercero acreditado que no pertenezca a la misma sociedad o red de auditoría que el auditor legal o la sociedad de auditoría que realice la auditoría legal elabore un informe sobre determinados elementos de la presentación de información sobre sostenibilidad y, en segundo lugar, que dicho informe se ponga a disposición de la junta general.

(76)

La Directiva 2006/43/CE exige a los Estados miembros que velen por que cada entidad de interés público cuente con un comité de auditoría, y especifica sus tareas con respecto a la auditoría legal. Deben encomendarse a dicho comité de auditoría determinadas tareas relacionadas con la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad. En dichas tareas se debe incluir la obligación de informar al órgano de administración o supervisión de la entidad de interés público auditada del resultado de la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad y de explicar cómo ha contribuido el comité de auditoría a la integridad de la presentación de información sobre sostenibilidad y cuál ha sido su papel en ese proceso. Los Estados miembros deben poder permitir que las funciones asignadas al comité de auditoría en relación con la presentación de información sobre sostenibilidad y con la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad sean desempeñadas por el órgano de administración o de supervisión en su conjunto o por un órgano específico establecido por el órgano de administración o de supervisión.

(77)

La Directiva 2006/43/CE contiene requisitos para el registro y la supervisión de los auditores y sociedades de auditoría de terceros países. A fin de garantizar la existencia de un marco coherente para el trabajo de los auditores tanto en la auditoría legal como en la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad, es necesario ampliar esos requisitos a esta última.

(78)

El Reglamento (UE) n.o 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (37) se aplica a los auditores legales y sociedades de auditoría que realizan auditorías legales de entidades de interés público. Para garantizar la independencia del auditor legal en la realización de una auditoría legal, el Reglamento establece un límite para los honorarios que pueda obtener el auditor legal por otros servicios. Es importante aclarar que la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad no debe tenerse en cuenta en el cálculo de dicho límite. Además, el Reglamento (UE) n.o 537/2014 prohíbe la prestación de determinados servicios ajenos a la auditoría durante determinados períodos cuando el auditor legal esté realizando la auditoría legal. Los servicios relacionados con la preparación de la presentación de información sobre sostenibilidad, incluidos los de consultoría, también deben considerarse servicios prohibidos durante el período prescrito en el Reglamento (UE) n.o 537/2014. La prohibición de la prestación de dichos servicios debe aplicarse en todos los casos en que el auditor legal realice la auditoría legal de los estados financieros.

Para garantizar la independencia del auditor legal, también deben prohibirse determinados servicios ajenos a la auditoría cuando el auditor legal realice la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad. El Reglamento (UE) n.o 537/2014 exige que los auditores legales comuniquen las irregularidades a la entidad auditada y, en determinadas circunstancias, a las autoridades designadas por los Estados miembros como responsables de investigar dichas irregularidades. Esa obligación también debe extenderse, según proceda, a los auditores legales y las sociedades de auditoría en lo relativo a su labor de verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad de entidades de interés público.

(79)

La Directiva 2004/109/CE encomienda a los supervisores nacionales la tarea de velar por el cumplimiento de los requisitos de información por parte de las empresas cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión. El artículo 4 de dicha Directiva especifica el contenido de los informes financieros anuales, pero no hace referencia expresa a los artículos 19 bis y 29 bis de la Directiva 2013/34/UE, que exigen la elaboración de un estado no financiero y de un estado no financiero consolidado. Como consecuencia de ello, las autoridades nacionales competentes de algunos Estados miembros carecen de mandato jurídico para supervisar dichos estados no financieros, especialmente cuando dichos estados no financieros se publican en un informe separado, al margen del informe financiero anual, lo que los Estados miembros pueden autorizar actualmente. Por consiguiente, es necesario incluir en el artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2004/109/CE una referencia a la presentación de información sobre sostenibilidad. También es necesario exigir que las personas responsables en el emisor confirmen en el informe financiero anual que, a su leal saber y entender, el informe de gestión se elabora de conformidad con las normas de presentación de información sobre sostenibilidad.

Además, dado el carácter novedoso de esos requisitos de información sobre sostenibilidad, la AEVM debe publicar directrices destinadas a las autoridades nacionales competentes a fin de promover una supervisión convergente de la información sobre sostenibilidad presentada por los emisores sujetos a la Directiva 2004/109/CE. Dichas directrices solo deben aplicarse a la supervisión de las empresas cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión.

(80)

A fin de concretar los requisitos que se establecen en la presente Directiva modificativa, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta al establecimiento de normas de presentación de información sobre sostenibilidad y el establecimiento de normas para la verificación de la presentación de información sobre sostenibilidad. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (38). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(81)

La Comisión debe presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva modificativa, que incluya, entre otros aspectos: una evaluación de la consecución de los objetivos de la presente Directiva modificativa, incluida la convergencia de las prácticas de presentación de información sobre sostenibilidad entre los Estados miembros; una evaluación del número de pequeñas y medianas empresas que utilizan voluntariamente normas de presentación de información sobre sostenibilidad; una evaluación de si debe ampliarse el ámbito de aplicación de los requisitos de presentación de información y de qué manera, en particular en relación con las pequeñas y medianas empresas y las empresas de terceros países que operan directamente en el mercado interior de la Unión sin una empresa filial o una sucursal en el territorio de la Unión; una evaluación de la aplicación de los requisitos de presentación de información de las empresas filiales y las sucursales de empresas de terceros países introducidos por la presente Directiva modificativa, incluida una evaluación del número de empresas de terceros países que tienen una empresa filial o una sucursal sujetas a la requisitos de presentación de información de conformidad con la Directiva 2013/34/UE; una evaluación del mecanismo para garantizar su cumplimiento y de los umbrales pertinentes establecidos en la Directiva 2013/34/UE; una evaluación de si se garantiza y cómo se garantiza la accesibilidad de las personas con discapacidad a la información sobre sostenibilidad publicada por las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva modificativa.

El informe sobre la aplicación de la presente Directiva modificativa debe publicarse a más tardar el 30 de abril de 2029 y posteriormente cada tres años, y debe ir acompañado, en su caso, de propuestas legislativas. A más tardar el 31 de diciembre de 2028, la Comisión debe revisar el nivel de concentración del mercado de la verificación de la sostenibilidad e informar al respecto. La revisión debe tener en cuenta los regímenes nacionales aplicables a los prestadores independientes de servicios de verificación y evaluar si dichos regímenes nacionales contribuyen a la apertura del mercado de verificación y en qué medida. A más tardar el 31 de diciembre de 2028, la Comisión debe evaluar posibles medidas jurídicas para garantizar una diversificación suficiente del mercado de verificación de la sostenibilidad y una calidad adecuada de la presentación de información sobre sostenibilidad. El informe sobre el nivel de concentración del mercado de verificación de la sostenibilidad debe transmitirse al Parlamento Europeo y al Consejo no más tarde del 31 de diciembre de 2028 y debe ir acompañado, en su caso, de propuestas legislativas.

(82)

Dado que los objetivos de la presente Directiva modificativa no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva modificativa no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(83)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 537/2014, la Directiva 2004/109/CE la Directiva 2006/43/CE y la Directiva 2013/34/UE en consecuencia.

(84)

Se consultó al BCE, que emitió su dictamen el 7 de septiembre de 2021.

(1)

El mercado de la Unión de determinados insumos para fertilizantes nitrogenados depende en gran parte de las importaciones procedentes de terceros países. En 2021, la Unión importó 2,9 millones de toneladas de amoníaco y 4,7 millones de toneladas de urea para la producción de este tipo de fertilizantes. Los precios de dichos insumos aumentaron sustancialmente en 2021 y lo han seguido haciendo durante el año en curso.

(2)

Actualmente, una parte importante de estos insumos para fertilizantes nitrogenados se importa en la Unión desde terceros países que se benefician de un acceso preferencial al mercado de la Unión, por lo que las importaciones están libres de derechos. No obstante, la Unión importa un gran volumen de insumos para fertilizantes nitrogenados que provienen de países sujetos al arancel aduanero común establecido en el Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo (1), con tipos arancelarios que oscilan actualmente entre el 5,5 y el 6,5 %.

(3)

En la Comunicación de la Comisión de 23 de marzo de 2022 titulada «Garantizar la seguridad alimentaria y reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios», la Comisión señala que, ya antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, estaban aumentando significativamente los precios en los mercados de productos básicos, que se plasmó en los mercados agrícolas en un aumento considerable de los costes de la energía y los fertilizantes, y en el consiguiente incremento de los precios de las mercancías agrícolas. La Comisión observa que la invasión de Ucrania y el fuerte aumento de los precios mundiales de los productos básicos han seguido provocando un aumento de los precios en los mercados agrícolas y están poniendo de manifiesto las vulnerabilidades del sistema alimentario de la Unión, que depende parcialmente de las importaciones de fertilizantes. Esta situación incrementa los costes para los productores y repercute en el precio de los alimentos, lo que genera preocupación en cuanto al poder adquisitivo de los consumidores y los ingresos de los agricultores de la Unión. La Comisión subraya que, a corto plazo, el coste y la disponibilidad de los abonos minerales deben ser prioritarios, a la espera de la transición hacia el uso de fertilizantes o métodos de fertilización sostenibles. Entretanto, la industria de los fertilizantes en la Unión debe poder acceder a las importaciones necesarias, incluidos los insumos para producir fertilizantes dentro de la propia Unión. La Comisión también destaca que se controlarán los precios de los fertilizantes y los suministros de los agricultores para garantizar que no se pongan en peligro las perspectivas de las cosechas de la Unión.

(4)

A la luz de lo anterior, conviene adoptar medidas para reducir los costes que deben afrontar los productores de fertilizantes de la Unión cuando importan los insumos necesarios para producir fertilizantes nitrogenados.

(5)

Además, en tiempos de escasez de fertilizantes nitrogenados en los mercados internacionales, la existencia de aranceles sobre la importación en la Unión de insumos intermedios como el amoníaco y la urea constituye un factor disuasorio para el abastecimiento del mercado de la Unión en comparación con otros mercados mundiales que no están sujetos a derechos de importación. Este diferencial arancelario también obstaculiza los esfuerzos de diversificación de las importaciones de la Unión.

(6)

Procede, por tanto, suspender temporalmente los derechos del arancel aduanero común a que se refiere el artículo 56, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) aplicados a determinados insumos para fertilizantes nitrogenados. Esta medida temporal debe aplicarse durante un período de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. A fin de que puedan evaluarse los efectos de la medida, la Comisión debe elaborar un informe y presentarlo al Consejo.

(7)

Al mismo tiempo, de conformidad con el artículo 21, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, la Unión debe velar por mantener la coherencia entre los distintos ámbitos de su acción exterior y entre estos y sus demás políticas.

(8)

La situación de las relaciones entre la Unión y la Federación de Rusia ha evolucionado de forma muy negativa en los últimos años, y se ha deteriorado especialmente durante los últimos meses debido al menosprecio del Derecho internacional por parte de dicho país, y en particular a su guerra de agresión no provocada e injustificada contra Ucrania.

(9)

Desde julio de 2014, la Unión ha ido imponiendo progresivamente medidas restrictivas contra la Federación de Rusia. En sus Conclusiones de 24 de febrero de 2022, el Consejo Europeo declaró que la agresión militar no provocada e injustificada de la Federación de Rusia contra Ucrania está violando gravemente el Derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas y socavando la seguridad y la estabilidad europeas y mundiales.

(10)

Más recientemente, el 3 de junio de 2022, el Consejo adoptó un sexto paquete de sanciones contra la Federación de Rusia por proseguir su guerra de agresión contra Ucrania y por las denuncias de atrocidades cometidas por las fuerzas armadas rusas en Ucrania.

(11)

Además, aunque la Federación de Rusia es miembro de la Organización Mundial del Comercio, la Unión está exenta, en virtud de las excepciones que se aplican de conformidad con el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, y en particular con el artículo XXI del GATT de 1994, de la obligación de conceder a los productos importados de la Federación de Rusia las ventajas concedidas a productos similares importados de otros países (trato de nación más favorecida).

(12)

Por lo tanto, no procedería permitir que las importaciones procedentes de la Federación de Rusia se beneficiaran de la exención de derechos y del trato de nación más favorecida con respecto a los productos cubiertos por el presente Reglamento.

(13)

La relación entre la Unión y Bielorrusia también se ha deteriorado en los últimos años, debido al menosprecio mostrado por el régimen bielorruso respecto del Derecho internacional, los derechos fundamentales y los derechos humanos. Por otra parte, Bielorrusia ha apoyado desde el principio la guerra de agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania: entre otras cosas, ha permitido que la Federación de Rusia disparara misiles balísticos desde territorio bielorruso, ha posibilitado el transporte de personal militar ruso, armas pesadas, tanques y vehículos de transporte militar, ha permitido que aeronaves militares rusas sobrevolaran el espacio aéreo bielorruso hacia Ucrania, además de proporcionarles puntos de repostaje, y ha almacenado armas y equipos militares rusos en su territorio.

(14)

Desde octubre de 2020, la Unión ha ido imponiendo progresivamente medidas restrictivas contra Bielorrusia. El 2 de diciembre de 2021, el Consejo adoptó un quinto paquete de sanciones habida cuenta de las continuas violaciones de los derechos humanos y la instrumentalización de los migrantes. Los días 24 de febrero, 2 de marzo, 9 de marzo y 3 de junio de 2022 se adoptaron nuevos paquetes de sanciones por la implicación de Bielorrusia en la guerra de agresión no provocada e injustificada de la Federación de Rusia contra Ucrania. Además, Bielorrusia no es miembro de la Organización Mundial del Comercio. Por consiguiente, en virtud del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, la Unión no está obligada a conceder a los productos procedentes de Bielorrusia el trato de nación más favorecida. Asimismo, los acuerdos comerciales permiten adoptar medidas justificadas sobre la base de las cláusulas de excepción aplicables, en concreto las excepciones de seguridad.

(15)

En vista de lo anterior, es conveniente excluir a la Federación de Rusia y a Bielorrusia del ámbito de aplicación de las suspensiones arancelarias autónomas establecidas en el presente Reglamento, en aplicación de las reglas generales relativas a los derechos del anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87, en particular su primera parte, título I, parte B, punto 1.

(16)

En consecuencia, las importaciones de insumos para fertilizantes nitrogenados procedentes de la Federación de Rusia y Bielorrusia no deben estar sujetas a la suspensión de derechos. Por el contrario, las importaciones de los productos a que se refiere el presente Reglamento procedentes de la Federación de Rusia y Bielorrusia deben seguir estando sujetas al mismo derecho de importación al que estaban sujetas con anterioridad.

(17)

Ante el aumento significativo y repentino de los precios de los insumos necesarios para producir fertilizantes nitrogenados, agravado por la situación de emergencia que la guerra de agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania ha provocado en el mercado de fertilizantes, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(18)

Por lo tanto, procede modificar el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 en consecuencia.

(1)

De conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, la solicitud de registro del nombre «Nuez de Pedroso» presentada por España ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, procede registrar el nombre citado.

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1484/95 de la Comisión (3) establece las disposiciones de aplicación del régimen de aplicación de los derechos adicionales de importación y fija los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina.

(2)

Según se desprende del control periódico de los datos en los que se basa la fijación de los precios representativos de los productos de los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina, procede modificar los precios representativos de importación de algunos productos teniendo en cuenta las variaciones que registran los precios en función de su origen.

(3)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en consecuencia.

(4)

Debido a la necesidad de que esta medida se aplique lo más rápidamente posible una vez que estén disponibles los datos actualizados, es preciso que el presente Reglamento entre en vigor el día de su publicación.

(1)

En el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2325 de la Comisión (2) figura la lista de autoridades de control y de organismos de control reconocidos a efectos de equivalencia y competentes para efectuar controles y expedir certificados en terceros países.

(2)

En el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2325, «IMOCERT Latinoamérica Ltda.» figura erróneamente como organismo reconocido para Costa Rica. Debe corregirse la entrada correspondiente.

(3)

Procede, por tanto, corregir el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2325 en consecuencia.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Producción Ecológica.

(1)

El Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Singapur (en lo sucesivo, «Acuerdo») fue celebrado por la Unión mediante la Decisión (UE) 2019/1875 del Consejo (1) y entró en vigor el 21 de noviembre de 2019.

(2)

De conformidad con el artículo 34 del Protocolo 1 del Acuerdo, el Comité Aduanero puede adoptar decisiones para modificar las disposiciones de dicho Protocolo.

(3)

El Comité Aduanero, en su primera reunión, debe adoptar una Decisión por la que se modifique el Protocolo 1 y sus anexos (en lo sucesivo, «Decisión»).

(4)

Procede establecer la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en el Comité Aduanero, pues la decisión será vinculante para la Unión.

(5)

El 1 de enero de 2012, el 1 de enero de 2017 y el 1 de enero de 2022, se introdujeron modificaciones del Protocolo en relación con la nomenclatura regulada por el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (en lo sucesivo, «Sistema Armonizado»). La Decisión es necesaria para actualizar el Protocolo 1 y sus anexos a fin de reflejar la última versión del Sistema Armonizado.

(6)

Debe ampliarse el ámbito de aplicación de los contingentes anuales establecidos en el anexo B(bis) del Protocolo 1 para las conservas de carne, las albóndigas de pescado al curry y las albóndigas de sepia, a fin de que los exportadores de Singapur puedan utilizarlos.

(7)

A fin de garantizar la igualdad de trato a los operadores económicos de ambas Partes en lo que respecta a la certificación de origen, debe modificarse el Protocolo 1 para que cada Parte pueda decidir, de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias, qué exportador puede autocertificar el origen de sus mercancías originarias. En la Unión, esto permitirá que el origen de las mercancías sea certificado por exportadores registrados en lugar de por exportadores autorizados, de forma similar al sistema aplicado por Singapur en el contexto del Acuerdo.