(1)

El artículo 20 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión (2) establece que, cuando el titular de una decisión relativa a informaciones arancelarias vinculantes (IAV), o alguien por su cuenta, esté cumplimentando formalidades aduaneras respecto de mercancías cubiertas por dicha decisión, deberá indicarlo en la declaración en aduana haciendo constar el número de referencia de la decisión IAV de que se trate. La obligación de indicar el número de referencia de la decisión relativa a informaciones vinculantes en materia de origen en la declaración en aduana solo se establece en el anexo B del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión (3) en la nota del elemento de dato 12 12 001 000.

(2)

A fin de permitir que las autoridades aduaneras controlen adecuadamente la utilización de toda decisión relativa a informaciones vinculantes en materia de origen por parte de su titular y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha decisión, debe aplicarse a todas las decisiones relativas a las informaciones vinculantes el requisito, establecido en el artículo 20 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447, de indicar el número de referencia de la decisión en la declaración en aduana.

(3)

Durante la primera reunión técnica sobre las normas de origen transitorias, celebrada en Bruselas el 5 de febrero de 2020, la Unión y otras veinte Partes Contratantes del Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas («Convenio PEM») (4) acordaron aplicar las normas revisadas de este Convenio (5) («normas transitorias de origen») paralelamente a las normas del mencionado Convenio, con carácter transitorio a partir del 1 de septiembre de 2021, a la espera de la adopción de las normas revisadas de dicho Convenio.

(4)

Desde el 1 de septiembre de 2021 ya han entrado en vigor trece protocolos bilaterales sobre normas de origen entre la Unión y las Partes Contratantes del Convenio PEM, los cuales permiten la aplicación de las normas transitorias (6). El proceso de aplicación de las normas transitorias con respecto a las demás Partes Contratantes sigue avanzando, a reserva de que las Partes finalicen los procedimientos de adopción.

(5)

El objetivo de las normas transitorias de origen es introducir normas más flexibles con el fin de facilitar la calificación del estatuto de origen preferencial de las mercancías. Dado que las normas transitorias de origen son, en general, más flexibles que las del Convenio PEM, las mercancías que cumplan estas últimas también podrían considerarse originarias con arreglo a las normas transitorias de origen, excepto algunos productos agrícolas clasificados en los capítulos 2, 4 a 15, 16 (excepto los productos de la pesca transformados) y 17 a 24, cuyas normas transitorias de origen no son más flexibles que las normas de origen del Convenio PEM. Por consiguiente, deben modificarse los artículos 61 y 62 para introducir la posibilidad de que los exportadores de la UE soliciten la expedición de un certificado de circulación o extiendan una declaración de origen basada en las declaraciones del proveedor realizadas en el contexto del Convenio PEM.

(6)

Las normas transitorias de origen son aplicables paralelamente a las normas de origen del Convenio PEM, con lo que se crean dos ámbitos distintos de acumulación. Por lo tanto, el proveedor debe indicar en su declaración el marco jurídico utilizado para determinar el origen de las mercancías, lo que permite al exportador establecer el carácter originario de las mercancías con arreglo al marco correcto para las materias que cumplen ambos conjuntos de normas de origen.

(7)

La declaración del proveedor que figura en los anexos 22-17 y 22-18 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 se utiliza para productos que no tienen carácter originario preferencial. Teniendo en cuenta que estos productos solo pueden producirse utilizando materias no originarias, debería ser opcional cumplimentar el segundo punto de la declaración. Por tanto, las notas a pie de página 4 y 5 del anexo 22-17 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 y las notas a pie de página 5 y 6 del anexo 22-18 deben modificarse en consecuencia.

(8)

De conformidad con el artículo 61, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447, los proveedores pueden presentar sus declaraciones en cualquier momento, incluso después de la entrega de las mercancías y, de conformidad con el artículo 62, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento, las declaraciones del proveedor a largo plazo deben extenderse para los envíos expedidos durante un período de tiempo que no puede ser de más de doce meses antes, o de más de seis meses después, de la fecha de expedición de la declaración del proveedor a largo plazo. A fin de utilizar las declaraciones del proveedor expedidas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo para las existencias de materiales constituidas después del 1 de septiembre de 2021, el presente Reglamento debería aplicarse a partir del 1 de septiembre de 2021, fecha de entrada en vigor de las normas transitorias de origen entre la Unión y varias Partes Contratantes del Convenio PEM.

(9)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 en consecuencia.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Código Aduanero.

(1)

El 1 de octubre de 2015, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2015/2169 (1) relativa a la celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra.

(2)

El Protocolo relativo a la cooperación cultural (en lo sucesivo, «Protocolo») (2) anejo al Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra (3) (en lo sucesivo, «Acuerdo») establece el marco de cooperación entre las Partes a fin de facilitar el intercambio de actividades, bienes y servicios de carácter cultural, incluido, entre otros, el sector audiovisual.

(3)

El Protocolo contiene disposiciones sobre el derecho de las coproducciones audiovisuales a beneficiarse de los regímenes respectivos de las Partes en el Acuerdo.

(4)

De conformidad con el artículo 5, apartado 8, letra b), del Protocolo, tras el período inicial de tres años, el derecho se renovará por períodos sucesivos de la misma duración, a no ser que una Parte dé por concluido el derecho notificándolo por escrito al menos tres meses antes de que expire el período inicial o cualquier período posterior.

(5)

De conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la Decisión (UE) 2015/2169, la Comisión debe notificar a la República de Corea que la Unión no tiene intención de ampliar el período de aplicación del derecho de las coproducciones, salvo que, a propuesta de la Comisión, el Consejo acuerde, por unanimidad y cuatro meses antes de que finalice dicho período, que dicho derecho continúe.

(6)

En su sentencia de 1 de marzo de 2022 en el asunto C-275/20 Comisión/Consejo (4), el Tribunal de Justicia dictaminó que el procedimiento establecido en el artículo 3, apartado 1, de la Decisión (UE) 2015/2169 del Consejo no se ajusta al artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en la medida en que exige al Consejo que vote por unanimidad. La norma de votación aplicable para la adopción de decisiones como las previstas en el artículo 3, apartado 1, de la Decisión (UE) 2015/2169 debe ser la establecida en el artículo 218, apartado 8, párrafo primero, del TFUE, a saber, la votación por mayoría cualificada en el Consejo.

(7)

Por lo tanto, debe suprimirse el requisito de que el Consejo se pronuncie por unanimidad a efectos de decidir sobre la continuación del derecho.

(8)

De conformidad con el artículo 266 del TFUE, a fin de ejecutar rápidamente la sentencia, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su adopción.

(1)

Las emisiones específicas medias de CO2 de un fabricante deben determinarse sobre la base de los datos comunicados por los Estados miembros y por los fabricantes con arreglo al Reglamento (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) para los vehículos de estos últimos.

(2)

Las emisiones específicas medias de CO2 de todos los vehículos pesados nuevos matriculados en la Unión deben basarse en esos datos comunicados para los vehículos de todos los fabricantes.

(3)

El factor de emisión cero y baja emisión de cada fabricante debe determinarse teniendo en cuenta los vehículos pesados de emisión cero y de baja emisión así comunicados.

(4)

La trayectoria de reducción de las emisiones de CO2 y los créditos de emisiones por fabricante deben determinarse sobre la base del número de vehículos pesados nuevos, excluidos los vehículos profesionales, así comunicados.

(5)

Los datos presentados en el anexo de la presente Decisión se basan en la información de que dispone la Comisión el 1 de agosto de 2022.

(6)

En caso de que la Comisión reciba datos adicionales que afecten a los resultados de esos cálculos, podría verse obligada a actualizar los datos publicados en la presente Decisión.

(1)

Mediante la Recomendación 2003/670/CE de la Comisión, de 19 de septiembre de 2003, relativa a la lista europea de enfermedades profesionales (1), la Comisión aconsejó a los Estados miembros que aplicaran una serie de medidas para actualizar y mejorar diversos aspectos de sus políticas en materia de enfermedades profesionales. Estas medidas se refieren al reconocimiento y la prevención de enfermedades profesionales, la indemnización por causa de estas, el establecimiento de objetivos nacionales de reducción de las enfermedades profesionales, la declaración y el registro de las enfermedades profesionales, la recogida de datos sobre la epidemiología estas, la promoción de la investigación en el ámbito de las enfermedades relacionadas con una actividad profesional, la mejora del diagnóstico de enfermedades profesionales, la difusión de datos estadísticos y epidemiológicos sobre enfermedades profesionales y la promoción de una contribución activa de los sistemas nacionales de salud pública y de asistencia sanitaria a la prevención de las enfermedades profesionales.

(2)

La pandemia de COVID-19 ha afectado a todos los Estados miembros desde principios de 2020, ya que ha provocado graves perturbaciones en todos los sectores y servicios y ha afectado a la salud y la seguridad de los trabajadores en toda la Unión Europea (UE). En la actualidad, ha mejorado la situación epidemiológica en la UE relacionada con la COVID-19, gracias principalmente a la amplia disponibilidad de vacunas, pero sigue constituyendo un desafío, en particular en vista de las posibles nuevas olas de COVID-19 y la aparición de variantes del virus SARS-CoV-2, así como de los casos de COVID persistente.

(3)

En este contexto, la Comisión, en su Comunicación «Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027. La seguridad y la salud en el trabajo en un mundo laboral en constante transformación» (2) («el marco estratégico de la UE»), anunció, entre otras medidas, que actualizaría su Recomendación 2003/670/CE para incluir la COVID-19, con el fin de fomentar que los Estados miembros la reconozcan como enfermedad profesional y promover la convergencia.

(4)

Tras la adopción del marco estratégico de la UE, el Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (CCSST) creó un grupo de trabajo específico con el mandato de preparar un proyecto de dictamen que debía adoptar el CCSST sobre la actualización de la Recomendación 2003/670/CE a fin de incluir la COVID-19. El 18 de mayo de 2022, el CCSST adoptó el dictamen correspondiente, que recomienda la inclusión de la COVID-19 en el anexo I de la Recomendación 2003/670/CE mediante la introducción de la entrada n.o 408, relativa a la COVID-19 causada por el trabajo en la prevención de enfermedades, en la asistencia sanitaria y social y en la asistencia domiciliaria, o, en un contexto de pandemia, en sectores en los que se ha producido un brote en actividades con un riesgo de infección demostrado.

(5)

La presente Recomendación tiene en cuenta el dictamen del CCSST e introduce la COVID-19 en su anexo I. Debe entenderse que el término «asistencia sanitaria y social» hace referencia a las actividades económicas de la sección Q de la nomenclatura estadística NACE Rev. 2 (3). Por lo que se refiere a las actividades económicas distintas de las incluidas en la sección Q de la nomenclatura estadística NACE Rev. 2, las condiciones que se establecen, a saber, la existencia de un «contexto de pandemia» y de un «brote en actividades con un riesgo de infección demostrado», deben entenderse establecidas de forma acumulativa. En este sentido, debe entenderse por «contexto de pandemia» la situación en la que los organismos internacionales competentes, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaran una pandemia mundial como consecuencia de los brotes de una enfermedad determinada. Los Estados miembros deben definir «brote» en el sentido de la nueva disposición de la Recomendación de conformidad con la legislación o las prácticas nacionales. Existe un riesgo de infección «demostrado» en actividades en las que, de conformidad con la legislación o las prácticas nacionales, se haya establecido un nexo causal entre el trabajo en estas actividades y el aumento de la exposición al SARS-CoV-2.

(6)

En consonancia con el principio de subsidiariedad y teniendo en cuenta las competencias respectivas de la UE y de los Estados miembros en los ámbitos de la salud pública y la política social en virtud de los Tratados, corresponde a los Estados miembro determinar las medidas de salud pública que deben adoptarse en el contexto de cualquier pandemia, incluidas las aplicables a los lugares de trabajo y las empresas, así como la constatación de la existencia de un brote en actividades con un riesgo de infección demostrado, para lo que deben actuar de plena conformidad con el Derecho de la Unión, incluida la legislación de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo. En este contexto, debe tenerse en cuenta, en particular, el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las amenazas transfronterizas graves para la salud y por el que se deroga la Decisión n.o 1082/2013/UE [2020/0322(COD)] (4).

(7)

El informe de Eurostat de 2021 titulado Possibility of recognising COVID-19 as being of occupational origin at national level in EU and EFTA countries (5) [«Posibilidad de reconocer la COVID-19 como enfermedad de origen profesional a nivel nacional en los países de la UE y de la AELC», documento en inglés] muestra que la mayoría de los Estados miembros reconocen la COVID-19 como enfermedad profesional o como accidente de trabajo, en consonancia con las condiciones definidas a nivel nacional.

(8)

Aunque el reconocimiento de las enfermedades profesionales es una cuestión estrechamente relacionada con el diseño de los sistemas de seguridad social, que es competencia de los Estados miembros, la Comisión promueve que los Estados miembros reconozcan las enfermedades profesionales que figuran en la lista europea de enfermedades profesionales. Como se indica en el marco estratégico de la UE, sigue siendo necesario centrar más la atención en las enfermedades profesionales. En consonancia con los principios generales de prevención que constituyen el núcleo de la Directiva marco relativa a la seguridad y la salud en el trabajo, de 1989 (6), y las directivas conexas en materia de salud y seguridad en el trabajo, la presente Recomendación debe ser un instrumento principal para la prevención de enfermedades profesionales en la UE. Además, también es importante apoyar a los trabajadores infectados, especialmente por la COVID-19, y a las familias que hayan perdido a parientes debido a la exposición en el trabajo.

(9)

De acuerdo con el marco estratégico de la UE, debe pedirse a los Estados miembros que impliquen activamente a todos los agentes, en particular los interlocutores sociales, en el desarrollo de medidas para la prevención eficaz de las enfermedades profesionales.

(10)

El marco estratégico de la UE hace referencia a la necesidad de reforzar la base documental para sustentar la legislación y las políticas, así como de investigar y recoger datos, tanto a nivel de la UE como nacional, como condición previa para la prevención de enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo. Es fundamental cooperar e intercambiar información, experiencia y buenas prácticas para mejorar el análisis y la prevención en toda la UE.

(11)

Sigue siendo pertinente la recomendación a los Estados miembros de transmitir a la Comisión y poner a disposición de las partes interesadas datos estadísticos y epidemiológicos sobre enfermedades profesionales reconocidas a nivel nacional, teniendo en cuenta el Reglamento (CE) n.o 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), así como a la luz de la evolución de los trabajos piloto sobre las Estadísticas Europeas sobre Enfermedades Profesionales (EEEP).

(12)

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, creada en virtud del Reglamento (UE) 2019/126 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), tiene por misión, entre otras tareas, facilitar a las instituciones y organismos de la Unión y a los Estados miembros la información técnica, científica y económica objetiva disponible y los conocimientos especializados que necesite para la formulación y ejecución de políticas sensatas y eficaces destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores y recoger, analizar y difundir información técnica, científica y económica en los Estados miembros. En este contexto, la Agencia debe desempeñar también un papel importante en los intercambios de información, experiencias y buenas prácticas respecto a la prevención de las enfermedades profesionales.

(13)

Los sistemas nacionales de salud pública y de asistencia sanitaria pueden desempeñar una función importante en la mejora de la prevención de las enfermedades profesionales, en particular mediante una sensibilización del personal sanitario para mejorar el conocimiento y el diagnóstico de dichas enfermedades.

(14)

En vista de las consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta, por una parte, que la inclusión de la COVID-19 en el anexo I de la presente Recomendación es de carácter temporal, especialmente a la luz de posibles nuevas olas de COVID-19 y la aparición de variantes del virus SARS-CoV-2, y, por otra parte, que la Recomendación 2003/670/CE sigue siendo en gran medida pertinente y adecuada para su finalidad, la presente Recomendación debe incluir la COVID-19 en su anexo I y reiterar el contenido de la Recomendación 2003/670/CE, sin perjuicio de nuevas actualizaciones de la presente Recomendación en una fase posterior.