(1)

De conformidad con el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE), la Unión definirá y ejecutará políticas comunes y acciones y mejorará la cooperación en todos los ámbitos de las relaciones internacionales con fines tales como fomentar la integración de todos los países en la economía mundial, entre otras cosas mediante la supresión progresiva de los obstáculos al comercio internacional.

(2)

El artículo 206 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que la Unión contribuirá, en el interés común, mediante el establecimiento de una unión aduanera, al desarrollo armonioso del comercio mundial, a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales y a las inversiones extranjeras directas, así como a la reducción de las barreras arancelarias y de otro tipo.

(3)

El artículo 26 del TFUE establece que la Unión adoptará las medidas destinadas a establecer el mercado interior o a garantizar su funcionamiento, y, asimismo, que el mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de conformidad con las disposiciones de los Tratados. El acceso de los operadores económicos, bienes y servicios de terceros países a los mercados de contratos públicos o de concesiones de la Unión entra en el ámbito de aplicación de la política comercial común.

(4)

El artículo III:8 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el artículo XIII del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios excluyen la contratación pública de las normas multilaterales fundamentales de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

(5)

En el marco de la OMC y a través de sus relaciones bilaterales, la Unión aboga por una ambiciosa apertura de los mercados internacionales de contratos públicos y concesiones de la Unión y de sus socios comerciales, en un espíritu de reciprocidad y ventajas mutuas.

(6)

El Acuerdo plurilateral de la OMC sobre Contratación Pública y los acuerdos comerciales de la Unión que incluyen disposiciones sobre contratación pública establecen que los operadores económicos de la Unión solo podrán acceder a los mercados de contratos públicos o de concesiones de aquellos terceros países que sean parte en dichos acuerdos.

(7)

Si un tercer país es parte en el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC o ha celebrado un acuerdo comercial con la Unión que contenga disposiciones sobre contratación pública, la Comisión debe atenerse a los mecanismos de consulta o los procedimientos de resolución de litigios establecidos en esos acuerdos, siempre que las prácticas restrictivas afecten a contrataciones públicas cubiertas por los compromisos de acceso al mercado adquiridos por ese tercer país con la Unión.

(8)

Muchos terceros países son reacios a abrir sus mercados de contratos públicos o de concesiones a la competencia internacional, o mejorar su acceso. Como consecuencia de ello, los operadores económicos de la Unión se enfrentan a prácticas de contratación pública restrictivas en muchos terceros países, que conllevan una importante pérdida de posibilidades de comercio.

(9)

El Reglamento (UE) n.o 654/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) establece normas y procedimientos a fin de garantizar el ejercicio de los derechos de la Unión en virtud de los acuerdos comerciales internacionales suscritos por la Unión. No existen tales normas y procedimientos para el tratamiento de los operadores económicos, bienes y servicios no cubiertos por esos acuerdos internacionales.

(10)

Los compromisos internacionales de acceso al mercado adquiridos por la Unión frente a terceros países en el ámbito de los contratos públicos y de las concesiones requieren, entre otras cosas, la igualdad de trato de los operadores económicos de dichos terceros países. Por consiguiente, las medidas adoptadas con arreglo al presente Reglamento solo podrán aplicarse a los operadores económicos, bienes o servicios de terceros países que no sean parte en el Acuerdo plurilateral de la OMC sobre Contratación Pública o en acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales celebrados con la Unión que incluyan compromisos sobre el acceso a los mercados de contratos públicos o de concesiones, o a los operadores económicos, bienes o servicios de países que sean parte en dichos acuerdos, pero únicamente en relación con los procedimientos de contratación pública de bienes, servicios o concesiones que no estén cubiertos por esos acuerdos. De conformidad con las Directivas 2014/23/UE (4), 2014/24/UE (5) y 2014/25/UE (6) del Parlamento Europeo y del Consejo y según se aclara en la Comunicación de la Comisión, de 24 de julio de 2019, titulada «Directrices sobre la participación de licitadores y bienes de terceros países en el mercado de contratación pública de la UE», los operadores económicos de terceros países que no sean partes en un acuerdo que prevea la apertura del mercado de contratación de la Unión, o cuyos bienes, servicios y obras no estén cubiertos por un acuerdo de ese tipo, no tienen asegurado el acceso a los procedimientos de contratación en la Unión y pueden ser excluidos de ellos.

(11)

La aplicación efectiva de toda medida adoptada con arreglo al presente Reglamento con vistas a mejorar el acceso de los operadores económicos de la Unión a los mercados de contratos públicos o de concesiones de determinados terceros países requiere un conjunto claro de normas de origen para los operadores económicos, los bienes y los servicios.

(12)

El origen de un producto debe determinarse de conformidad con el artículo 60 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(13)

El origen de un servicio debe determinarse basándose en el origen de la persona física o jurídica que lo preste. Debe considerarse que el origen de una persona jurídica es el país con arreglo a cuya legislación esté constituida u organizada de otro modo la persona jurídica, y en cuyo territorio desarrolle operaciones comerciales sustantivas. Solo debe considerarse que tienen su origen en la Unión aquellas personas jurídicas constituidas u organizadas de otro modo con arreglo a la legislación de un Estado miembro que tengan un vínculo directo y efectivo con la economía de un Estado miembro. Para evitar la posible elusión de una medida con arreglo al Instrumento de contratación internacional (ICI), el origen de las personas jurídicas bajo control extranjero o de propiedad extranjera que no participen en operaciones comerciales sustantivas en el territorio de un tercer país o en el territorio de un Estado miembro, con arreglo a cuya legislación estén constituidas u organizadas de otro modo, también puede tener que determinarse teniendo en cuenta otros elementos, como el origen de los propietarios u otras personas que ejerzan una influencia dominante sobre dicha persona jurídica.

(14)

De cara a determinar si existen medidas o prácticas específicas en un tercer país que puedan dificultar el acceso de los operadores económicos, bienes o servicios de la Unión a los mercados de contratos públicos o de concesiones de ese tercer país, la Comisión debe examinar hasta qué punto la legislación, la reglamentación u otras medidas sobre mercados de contratos públicos o de concesiones del país considerado garantizan una transparencia acorde con las normas internacionales, y no dan lugar a restricciones graves y recurrentes contra los operadores económicos, bienes o servicios de la Unión. Asimismo, debe verificar en qué medida los poderes adjudicadores o las entidades adjudicadoras individuales del tercer país adoptan o mantienen prácticas restrictivas contra los operadores económicos, bienes o servicios de la Unión.

(15)

La Comisión debe poder iniciar, en todo momento, una investigación transparente sobre supuestas medidas o prácticas restrictivas adoptadas o mantenidas por un tercer país.

(16)

Dado el objetivo de política general de la Unión de apoyar el crecimiento económico de los países menos desarrollados y su integración en las cadenas de valor mundiales, la Comisión no debe iniciar una investigación con respecto a los países que se benefician del régimen «Todo menos armas» enumerados en el anexo IV del Reglamento (UE) n.o 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(17)

Al llevar a cabo la investigación, la Comisión debe invitar al tercer país considerado a iniciar consultas con vistas a eliminar o subsanar toda medida o práctica restrictiva y, de este modo, aumentar las posibilidades de licitación de los operadores económicos, bienes y servicios de la Unión en los mercados de contratos públicos o de concesiones de ese tercer país.

(18)

Es de la máxima importancia que la investigación se lleve a cabo de manera transparente. Por tanto, debe hacerse público un informe sobre los principales resultados de la investigación.

(19)

Si la investigación confirma la existencia de medidas o prácticas restrictivas y las consultas con el citado tercer país no dan lugar a medidas correctoras satisfactorias que subsanen la dificultad grave y recurrente de acceso de los operadores económicos, bienes y servicios de la Unión en un plazo razonable, o cuando el tercer país en cuestión rehúse iniciar consultas, la Comisión debe adoptar con arreglo al presente Reglamento una medida ICI en forma de ajuste de puntuación o de exclusión de ofertas, si considera que tal adopción redunda en interés de la Unión.

(20)

La determinación de si la adopción de una medida ICI redunda en interés de la Unión debe basarse en una valoración de todos los diferentes intereses considerados en su conjunto, incluidos los de los operadores económicos de la Unión. La Comisión debe sopesar las consecuencias de la adopción de tal medida frente a su impacto en los intereses generales de la Unión. Es importante que se preste especial atención al objetivo general de lograr la reciprocidad en la apertura de los mercados de terceros países y mejorar las oportunidades de acceso al mercado para los operadores económicos de la Unión. También debe tenerse en cuenta el objetivo de limitar toda carga administrativa innecesaria para los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras, así como para los operadores económicos.

(21)

Un ajuste de puntuación solo debe poder aplicarse a fin de evaluar las ofertas presentadas por operadores económicos procedentes del tercer país en cuestión. Tal medida no debe afectar al precio que deba pagarse con arreglo al contrato que se celebre con el adjudicatario. Cuando los poderes adjudicadores o las entidades adjudicadoras decidan basar su evaluación de las ofertas en un precio o coste como único criterio de adjudicación del contrato, el ajuste de puntuación debe fijarse en un nivel significativamente más alto a fin de garantizar que su efectividad sea comparable a la de la medida ICI.

(22)

Las medidas ICI deben aplicarse a los procedimientos de contratación pública que entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, incluidos los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición. Cuando un contrato específico se adjudique en el marco de un sistema dinámico de adquisición al que se aplique una medida ICI, las medidas ICI deben aplicarse también a ese contrato específico. Sin embargo, las medidas ICI no deben aplicarse a dichos contratos por debajo de un determinado umbral, con vistas a limitar la carga administrativa global para los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras. Con el fin de evitar una posible doble aplicación de las medidas ICI, estas no deben aplicarse a los contratos adjudicados sobre la base de un acuerdo marco si las medidas ICI ya se hayan aplicado en la fase de celebración del mismo.

(23)

Para evitar la posible elusión de una medida ICI deben imponerse obligaciones adicionales a los adjudicatarios. Tales obligaciones deben aplicarse únicamente en los procedimientos de contratación pública que estén sujetos a una medida ICI, así como a los contratos adjudicados sobre la base de un acuerdo marco cuando el valor de dichos contratos iguale o supere un determinado umbral y dicho acuerdo marco esté sujeto a una medida ICI.

(24)

Cuando un tercer país entable negociaciones sustantivas y avanzadas con la Unión sobre el acceso al mercado en el ámbito de la contratación pública, con vistas a eliminar o subsanar la dificultad de acceso de los operadores económicos, bienes o servicios de la Unión a sus mercados de contratos públicos o de concesiones, la Comisión, durante las negociaciones, debe poder suspender las medidas ICI que se refieran al tercer país en cuestión.

(25)

Es importante que los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras apliquen de manera uniforme las medidas ICI en la Unión. Para tener en cuenta la diferente capacidad administrativa de los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras, los Estados miembros deben poder solicitar la exención de medidas ICI para una lista limitada de poderes adjudicadores locales bajo ciertos requisitos estrictos. Al comprobar las listas de poderes adjudicadores locales propuestas por los Estados miembros, es importante que la Comisión tenga en cuenta la situación particular de dichos poderes adjudicadores por lo que se refiere, entre otros puntos, a los niveles de población y a la situación geográfica. Esa exención puede referirse asimismo a los procedimientos de contratación pública que tales poderes adjudicadores deben poder ejecutar con arreglo a acuerdos marco o sistemas dinámicos de adquisición.

(26)

Resulta imperativo que los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras tengan acceso a una serie de productos de gran calidad que satisfagan sus necesidades de compra a un precio competitivo. Por consiguiente, los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras deben poder no aplicar medidas ICI que limiten el acceso de bienes y servicios no cubiertos, cuando no estén disponibles bienes o servicios de la Unión o bienes o servicios cubiertos que respondan a las necesidades de dichos poderes o entidades, o a fin de salvaguardar necesidades esenciales de políticas públicas, como, por ejemplo, en relación con razones imperiosas en lo que respecta a la salud pública o la protección del medio ambiente. Cuando los poderes adjudicadores o las entidades adjudicadoras apliquen esas excepciones, debe informarse de ello a la Comisión de manera oportuna y exhaustiva, con el fin de permitir un seguimiento adecuado de la aplicación del presente Reglamento.

(27)

Si los poderes adjudicadores o las entidades adjudicadoras aplican indebidamente las medidas ICI y este hecho afecta de forma negativa a las oportunidades de los operadores económicos que tienen derecho a participar en el procedimiento de contratación pública, deben ser aplicables las Directivas 89/665/CEE (9) y 92/13/CEE (10) del Consejo. Los operadores económicos afectados deben poder iniciar un procedimiento de recurso de conformidad con el Derecho nacional por el que se aplican esas Directivas si, por ejemplo, esos operadores económicos estiman que debería haberse excluido a un operador económico competidor o que debería haberse clasificado una oferta en una posición inferior debido a la aplicación de una medida ICI. La Comisión también debe poder aplicar el mecanismo corrector de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 89/665/CEE del Consejo o el artículo 8 de la Directiva 92/13/CEE del Consejo.

(28)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (11).

(29)

Debe utilizarse el procedimiento de examen para la adopción de actos de ejecución relativos a la adopción, la retirada, la suspensión, el restablecimiento o la prórroga de una medida ICI, y la Comisión debe estar asistida por el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio establecido por el Reglamento (UE) 2015/1843 del Parlamento Europeo y del Consejo (12). Dado que las medidas ICI podrían tener efectos diferentes en los mercados de contratos públicos o de concesiones de la Unión, debe adaptarse el procedimiento de comitología aplicable a los proyectos de actos de ejecución que prevean la exclusión de ofertas y, en tales casos, debe aplicarse el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

(30)

Si es necesario, y para asuntos que afecten a la aplicación del marco jurídico de la Unión sobre contratación pública, la Comisión debe poder solicitar el asesoramiento del Comité Consultivo de Contratos Públicos establecido mediante la Decisión 71/306/CEE del Consejo (13).

(31)

La información recibida en virtud del presente Reglamento solo debe utilizarse para el fin para el que fue solicitada y con el debido respeto a los requisitos de la Unión y nacionales aplicables en materia de protección de datos y confidencialidad. El Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), así como el artículo 28 de la Directiva 2014/23/UE, el artículo 21 de la Directiva 2014/24/UE y el artículo 39 de la Directiva 2014/25/UE deben aplicarse en consecuencia.

(32)

De conformidad con el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación (15), de 13 de abril de 2016, y con el fin, entre otros aspectos, de reducir la carga administrativa, en particular para los Estados miembros, la Comisión debe revisar periódicamente el ámbito de aplicación, el funcionamiento y la eficacia del presente Reglamento. Dicha revisión abordará, entre otros puntos, la posibilidad de hacer uso de todos los medios disponibles al objeto de facilitar el intercambio de información, incluidas herramientas de contratación electrónica como los formularios normalizados para la publicación de anuncios en el ámbito de la contratación pública, en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1780 de la Comisión (16), así como de reducir la carga que soportan los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras al aplicar el presente Reglamento. La Comisión debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre su evaluación y, en su caso, presentar propuestas legislativas en consonancia.

(33)

Las normas y principios de contratación pública aplicables a los contratos públicos adjudicados por las instituciones de la Unión por cuenta propia se establecen en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (17) y, por tanto, quedan fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento. En virtud del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, dichas normas se basan en las normas establecidas en las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE. Procede, por tanto, evaluar si, en el contexto de una revisión del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, las normas y principios establecidos en el presente Reglamento deben aplicarse también a los contratos públicos adjudicados por las instituciones de la Unión.

(34)

Para facilitar la aplicación del presente Reglamento por parte de los poderes adjudicadores, las entidades adjudicadoras y los operadores económicos, la Comisión debe publicar directrices. Esas directrices deben proporcionar información, en particular, sobre los conceptos de origen de las personas físicas y jurídicas, origen de los bienes y servicios, obligaciones adicionales y la aplicación de dichas disposiciones en el marco del presente Reglamento. A la luz del objetivo político global de la Unión de apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), esas directrices deben tener en cuenta asimismo las necesidades de información específicas de las pymes a la hora de aplicar el presente Reglamento, con vistas a evitarles la imposición de cargas excesivas.

(35)

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, y para alcanzar el objetivo fundamental de mejorar el acceso de los operadores económicos, bienes y servicios de la Unión a los mercados de contratos públicos y de concesiones de terceros países mediante el establecimiento de medidas en materia de contrataciones no cubiertas, es necesario y conveniente regular los procedimientos para que la Comisión lleve a cabo investigaciones sobre supuestas medidas o prácticas de terceros países contra los operadores económicos, bienes y servicios de la Unión, e iniciar consultas con los terceros países en cuestión. El presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, del TUE.

(1)

Si bien en el pasado se han producido interrupciones de corta duración del suministro de gas, existen varios factores que hacen que la situación en 2022 sea distinta de las anteriores crisis con respecto a la seguridad del suministro de gas. La escalada de la agresión militar de Rusia contra Ucrania desde febrero de 2022 ha dado lugar a un aumento de precios sin precedentes. Es probable que este aumento de precios suponga un cambio decisivo de los incentivos a la hora de llenar las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas de la Unión. En la situación geopolítica actual, no se puede descartar que vayan a producirse nuevas interrupciones del suministro de gas. Esas interrupciones del suministro podrían perjudicar gravemente a los ciudadanos y a la economía de la Unión, ya que la Unión sigue dependiendo en gran medida de suministros externos de gas que pueden verse afectados por el conflicto.

(2)

La naturaleza y las consecuencias de los acontecimientos recientes son de gran escala y afectan a toda la Unión, por lo que requieren una respuesta global por parte de la Unión. Dicha respuesta debe priorizar las medidas que puedan reforzar la seguridad del suministro de gas en la Unión, especialmente por lo que se refiere al suministro de gas a los consumidores protegidos. Son factores clave de cara a dicho objetivo el ahorro de energía y la eficiencia energética. Por lo tanto, es fundamental que la Unión actúe de manera coordinada para evitar los riesgos potenciales derivados de posibles interrupciones del suministro de gas, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a elegir entre diferentes fuentes de energía y de la estructura general de su suministro energético, de conformidad con el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(3)

Las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas contribuyen a la seguridad del suministro, y unas instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas llenas permiten un suministro seguro ya que proporcionan gas adicional en caso de fuerte demanda o de interrupción del suministro. Dado que en cualquier momento pueden producirse interrupciones del suministro de gas de gasoducto, deben introducirse medidas relativas al nivel de llenado de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas de la Unión para garantizar la seguridad del suministro de gas en el invierno de 2022-2023.

(4)

El Reglamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) introdujo un mecanismo de solidaridad como instrumento para mitigar los efectos de una situación de emergencia grave dentro de la Unión en las que peligra el suministro de gas a los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad en un Estado miembro, lo que se considera una necesidad esencial de seguridad y una prioridad indispensable. En caso de emergencia en la Unión, una respuesta inmediata garantiza que los Estados miembros puedan ofrecer una mayor protección a los clientes.

(5)

El impacto de la agresión militar de Rusia contra Ucrania ha puesto de manifiesto que las normas vigentes en materia de seguridad del suministro no están adaptadas a cambios geopolíticos graves y repentinos, en los que la escasez de suministro y los picos de los precios pueden deberse no solo a un mal funcionamiento de las infraestructuras o a condiciones meteorológicas extremas sino también a acontecimientos importantes intencionados o a interrupciones repentinas o prolongadas del suministro. Por lo tanto, es necesario hacer frente al aumento repentino de los riesgos derivados de los cambios actuales en la situación geopolítica, entre otras cosas mediante la diversificación de los suministros energéticos de la Unión.

(6)

Con base en los análisis de la Comisión, relativos, entre otras cosas, a la idoneidad de las medidas para garantizar el suministro de gas y a la preparación reforzada frente a los riesgos a escala de la Unión, realizado en febrero de 2022 por la Comisión y el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) creado mediante el Reglamento (UE) 2017/1938, cada Estado miembro debe asegurarse, en principio, de que las instalaciones de almacenamiento subterráneo situadas en su territorio y directamente interconectadas a un área de mercado de dicho Estado miembro estén llenas como mínimo al 90 % de su capacidad a nivel de cada Estado miembro a más tardar el 1 de noviembre de cada año (en los sucesivo, «objetivo de llenado»), con una serie de objetivos intermedios para cada Estado miembro en mayo, julio, septiembre y febrero (en lo sucesivo, «trayectoria de llenado») del año siguiente. Algunos Estados miembros que disponen de una capacidad de almacenamiento subterráneo significativa se verían afectados desproporcionadamente por la obligación de alcanzar el objetivo de llenado de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas situadas en su territorio. A fin de reflejar esa situación, la obligación de llenar sus instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas debe reducirse al 35 % de su consumo medio anual de gas durante los cinco años anteriores. Ello debe entenderse sin perjuicio de la obligación de los demás Estados miembros de contribuir al llenado de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas de que se trate. Los Estados miembros deben poder decidir, en función de determinadas condiciones, cumplir parcialmente el objetivo de llenado contabilizando las reservas de gas natural licuado (GNL) almacenadas en instalaciones de GNL. Tales objetivos de llenado son necesarios para garantizar una protección adecuada de los consumidores de la Unión frente a la escasez de suministro. Para 2022, debe establecerse un objetivo de llenado inferior, del 80 %, con menos objetivos intermedios, para tener en cuenta que el presente Reglamento entrará en vigor tras el inicio de la temporada de llenado y que los Estados miembros dispondrán de un tiempo limitado para ponerlo en ejecución.

(7)

Al llenar sus instalaciones de almacenamiento, los Estados miembros deben procurar diversificar sus suministradores de gas con el fin de reducir su dependencia cuando ello pueda poner en peligro la seguridad del suministro energético o los intereses esenciales de la Unión o de los Estados miembros en materia de seguridad.

(8)

A partir del año 2023, debe realizarse cada año una supervisión específica del almacenamiento de gas, desde febrero, para evitar la retirada repentina de gas de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas en mitad del invierno, lo cual podría plantear problemas con respecto a la seguridad del suministro antes del final del período invernal. Las trayectorias de llenado deben permitir realizar una supervisión continua durante toda la temporada de llenado.

(9)

A partir de 2023, todo Estado miembro que disponga de instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas debe transmitir a la Comisión cada año un proyecto de trayectoria de llenado para las instalaciones de almacenamiento situadas en su territorio y directamente interconectadas a su área de mercado, en forma agregada. Teniendo en cuenta la evaluación del GCG, la Comisión debe adoptar una decisión que establezca las trayectorias de llenado para cada Estado miembro. de manera que no altere indebidamente la posición competitiva de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas de ese Estado miembro en relación con dichas instalaciones situadas en los Estados miembros vecinos.

(10)

A fin de establecer la trayectoria de llenado de cada Estado miembro que disponga de instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas a partir de 2023 sobre la base del proyecto de trayectoria de llenado transmitida por dicho Estado miembro, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(11)

La trayectoria de llenado de cada Estado miembro que disponga de instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas debe comprender una serie de objetivos intermedios y deben basarse en el índice medio de llenado de dicho Estado miembro durante los cinco años anteriores. En el caso de los Estados miembros cuyo objetivo de llenado se reduzca al 35 % de su consumo medio anual de gas, los objetivos intermedios de la trayectoria de llenado deben reducirse en consecuencia.

(12)

Cuando un Estado miembro no pueda cumplir a tiempo el objetivo de llenado debido a cuestiones técnicas, tales como problemas que afecten a los gasoductos que alimentan las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas o problemas con las instalaciones de inyección, se le debe permitir al Estado miembro cumplir el objetivo pertinente posteriormente. No obstante, cada objetivo de llenado debe alcanzarse tan pronto como sea técnicamente posible y, en todo caso, a más tardar el 1 de diciembre del año de que se trate, a fin de garantizar la seguridad del suministro de gas durante el período invernal.

(13)

Es posible que un Estado miembro no pueda cumplir el objetivo de llenado o un objetivo intermedio debido a una emergencia regional o a escala de la Unión, por ejemplo cuando el suministro de gas sea insuficiente como se contempla en el artículo 11, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1938, que la Comisión haya declarado a petición de uno o más Estados miembros que hayan declarado una emergencia nacional, en el sentido de dicho Reglamento. Por lo tanto, cuando la Comisión haya declarado una emergencia a escala regional o de la Unión en virtud del artículo 12 de dicho Reglamento, y en tanto se mantenga esa situación, no deben aplicarse los objetivos de llenado, incluido el objetivo de reparto de la carga.

(14)

Para garantizar que no se produce desviación con respecto a las trayectorias de llenado, las autoridades competentes deben realizar una supervisión continua de los niveles de llenado de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas a fin de garantizar que los Estados miembros no se desvíen de las trayectorias de llenado. Las trayectorias de llenado deben ajustarse a un margen de cinco puntos porcentuales. Cuando el nivel de llenado de un Estado miembro esté más de cinco puntos porcentuales por debajo del nivel de su trayectoria de llenado, la autoridad competente debe adoptar inmediatamente medidas eficaces para aumentarlo. Los Estados miembros deben informar a la Comisión y al GCG de dichas medidas.

(15)

Toda desviación sustancial y sostenida por parte de un Estado miembro con respecto a su trayectoria de llenado puede poner en riesgo los niveles adecuados de llenado y el objetivo de llenado necesarios para garantizar la seguridad del suministro de gas en la Unión en un espíritu de solidaridad. En caso de que se produzca una desviación sustancial y sostenida con respecto a la trayectoria de llenado o al objetivo de llenado, la Comisión debe estar facultada para adoptar medidas eficaces a fin de evitar problemas que afecten la seguridad del suministro de gas como consecuencia de que haya instalaciones de almacenamiento sin llenar. A la hora de decidir dichas medidas eficaces, la Comisión debe tener en cuenta la situación específica del Estado miembro en cuestión, por ejemplo la dimensión de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas en relación con el consumo nacional de gas o la importancia de dichas instalaciones para la seguridad del suministro de gas en la región y toda instalación existente de almacenamiento de GNL. Dado que el presente Reglamento entrará en vigor tras el inicio de la temporada de llenado de las instalaciones de almacenamiento de 2022, cualquier medida que la Comisión adopte para hacer frente a las desviaciones con respecto a la trayectoria de llenado para 2022 debe tener en cuenta el tiempo limitado disponible para la ejecución del presente Reglamento a nivel nacional. La Comisión debe velar por que las medidas no vayan más allá de lo necesario para garantizar la seguridad del suministro de gas ni supongan una carga desproporcionada para los Estados miembros, los participantes en el mercado del gas, los gestores de sistemas de almacenamiento o los consumidores.

(16)

Los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que se alcancen los objetivos de llenado. Deben procurar al mismo tiempo utilizar instrumentos de mercado como primer recurso, cuando sea posible, a fin de evitar perturbaciones innecesarias del mercado. Los Estados miembros deben poder fijar un objetivo de llenado más elevado, de modo que la Unión pueda esforzarse por alcanzar colectivamente el 85 % de la capacidad de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas de la Unión para 2022. Habida cuenta de que en muchos Estados miembros ya existen diferentes sistemas reglamentarios de apoyo al llenado de las instalaciones de almacenamiento, no cabe imponer ningún instrumento específico para cumplir las trayectorias de llenado o el objetivo de llenado. Los Estados miembros deben poder mantener la capacidad de decidir qué instrumento es más adecuado en el contexto de su sistema nacional, siempre que se respeten determinadas condiciones. En consecuencia, los Estados miembros o las autoridades reguladoras competentes deben poder determinar a qué participantes en el mercado se les debe exigir garantizar el llenado de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas. También deben poder decidir si la vía reglamentaria, por ejemplo, medidas para obligar a los titulares de capacidad a liberar la capacidad no utilizada, permitidas con arreglo a las normas vigentes del mercado de la Unión, es suficiente para garantizar que se alcancen los objetivos de llenado, o si se requieren incentivos financieros o descuentos sobre las tarifas de almacenamiento. En caso de que un Estado miembro imponga a los suministradores de gas a clientes protegidos en su territorio la obligación de almacenar gas en instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas, la cantidad de gas que ha de almacenarse debe determinarse en función de la de gas natural suministrado a dichos clientes protegidos. Los Estados miembros deben coordinarse entre sí y utilizar instrumentos, tales como plataformas para la adquisición de GNL a fin de maximizar el uso del GNL para llenar las instalaciones de almacenamiento. Además, los Estados miembros deben reducir los obstáculos, tanto en el ámbito de las infraestructuras como en el reglamentario, al uso compartido de GNL para llenar las instalaciones de almacenamiento.

(17)

En la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2022, titulada «REPowerEU: Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible» se aclaró que el Derecho de la Unión permite a los Estados miembros conceder ayudas a los suministradores de gas con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE para garantizar el llenado de las instalaciones de almacenamiento, por ejemplo en forma de garantías («contrato bidireccional por diferencias»).

(18)

Cualquier medida adoptada por los Estados miembros para garantizar el llenado de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas, incluidas las condiciones que deben imponerse al llenado sobre la base del reparto de la carga y las condiciones que deben imponerse a la retirada de gas de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas, debe ser necesaria, claramente definida, transparente, proporcionada, no discriminatoria y verificable, y no debe alterar indebidamente la competencia o el correcto funcionamiento del mercado interior del gas ni poner en peligro la seguridad del suministro de gas de otros Estados miembros o de la Unión. En particular, estas medidas no deben dar lugar al fortalecimiento de una posición dominante, ni a beneficios inesperados para las empresas que controlen las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas o que hayan reservado capacidad de almacenamiento pero no la hayan utilizado.

(19)

El uso eficaz de las infraestructuras existentes, incluidas las capacidades de transporte transfronterizo, las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas y las instalaciones de GNL, es importante para garantizar la seguridad del suministro de gas en un espíritu de solidaridad. Es fundamental desde el punto de vista de la seguridad del suministro de gas, que las fronteras estén abiertas para la energía, especialmente cuando se produzcan interrupciones del suministro de gas a escala nacional, regional o de la Unión. Por lo tanto, las medidas adoptadas para garantizar el llenado de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas no deben bloquear ni restringir las capacidades transfronterizas asignadas de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/459 de la Comisión (5). Asimismo, los Estados miembros deben garantizar que el almacenamiento siga estando disponible, también para los Estados miembros vecinos y en caso de que se declare una emergencia contemplada en el artículo 11, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1938.

(20)

Es probable que la obligación de almacenamiento suponga una carga financiera para los correspondientes participantes en el mercado en aquellos Estados miembros que dispongan de instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas en su territorio, mientras que el aumento del nivel de seguridad del suministro de gas está destinado a beneficiar a todos los Estados miembros, incluidos los que no dispongan de instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas. Para repartir, en un espíritu de solidaridad, la carga que supone garantizar que las instalaciones de almacenamiento subterráneo de la Unión estén suficientemente llenas a fin de garantizar la seguridad del suministro de gas, los Estados miembros que no dispongan de instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas deben hacer uso de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas de otros Estados miembros. En el caso de que un Estado miembro no tenga interconexión con otros Estados miembros o si la limitada capacidad de transporte transfronterizo de un Estado miembro u otras razones técnicas imposibilitan que se haga uso de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas de otros Estados miembros, dicha obligación debe reducirse en consecuencia.

(21)

Los Estados miembros que no dispongan de instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas deben garantizar que los participantes en el mercado nacional de dichos Estados miembros tengan en funcionamiento acuerdos con los Estados miembros que dispongan de dichas instalaciones que prevean la utilización, a más tardar el 1 de noviembre, de volúmenes de almacenamiento correspondientes, como mínimo, al 15 % de su consumo medio anual de gas en los cinco años anteriores. Sin embargo, los Estados miembros que no dispongan de instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas también deben poder desarrollar un mecanismo alternativo de reparto de la carga con uno o varios Estados miembros que dispongan de instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas. También deben tenerse en cuenta otras medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas equivalentes existentes a la hora de plantear el mecanismo de reparto de la carga, como una obligación equivalente con respecto a combustibles distintos del gas natural, incluido el petróleo, cuando se cumplan determinadas condiciones. Los Estados miembros deben notificar a la Comisión tales mecanismos alternativos de reparto de la carga y demostrar las limitaciones técnicas, y la equivalencia de las medidas adoptadas.

(22)

Por otra parte, es posible que las medidas para repartir, entre los Estados miembros que no disponen de instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas y aquellos que disponen de ellas, la carga que supone la obligación de almacenamiento tengan un impacto financiero en los correspondientes participantes en el mercado. Por lo tanto, debe permitirse a los Estados miembros que no dispongan de instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas que ofrezcan incentivos financieros o una compensación a los participantes en el mercado por el déficit de ingresos o por los costes derivados de las obligaciones que se les imponen y que no puedan cubrirse con ingresos. Si tales medidas se financian mediante una tasa, esta no debe aplicarse a los puntos de interconexión transfronterizos.

(23)

Una supervisión y una notificación de la información eficaces son esenciales, tanto para evaluar la naturaleza y el alcance de los riesgos relacionados con la seguridad del suministro de gas, como para elegir las medidas adecuadas para contrarrestar esos riesgos. Durante la temporada de llenado, los gestores de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas deben notificar mensualmente los niveles de llenado a las autoridades nacionales competentes. También se exhorta a los propietarios y a los gestores de instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas a que introduzcan periódicamente la capacidad y el nivel de llenado de cada instalación de almacenamiento subterráneo de gas en una plataforma central de notificación.

(24)

Las autoridades competentes desempeñan un papel significativo en el control de la seguridad del suministro de gas y garantizan el equilibrio entre la seguridad del suministro de gas y el coste que las medidas suponen para los consumidores. La autoridad competente de cada Estado miembro o cualquier otra entidad designada por ese Estado miembro debe supervisar los niveles de llenado de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas en su territorio e informar de los resultados a la Comisión. La Comisión también debe poder, cuando proceda, invitar a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) a que preste asistencia en la supervisión.

(25)

Es fundamental que las evaluaciones de riesgos efectuadas en virtud del artículo 7 del Reglamento (UE) 2017/1938 tengan en cuenta todos los riesgos que pudieran afectar gravemente a la seguridad del suministro de gas. A tal fin, el enfoque basado en los riesgos para evaluar la seguridad del suministro de gas y el establecimiento de medidas preventivas y paliativas también debe tener en cuenta posibles casos de interrupción total de una única fuente de suministro. Para garantizar la máxima preparación, a fin de evitar una interrupción del suministro de gas y mitigar los efectos de dicha interrupción, tanto las evaluaciones de riesgos conjuntas como las nacionales deben llevarse a cabo teniendo en cuenta dichos casos. Esto permitiría coordinar las medidas para mitigar los efectos de una emergencia y optimizar los recursos con el fin de garantizar la continuidad del suministro, en caso de interrupción total del suministro.

(26)

Deben ampliarse las funciones del Grupo de Coordinación del Gas, mediante un mandato explícito para que realice la supervisión del rendimiento de los Estados miembros en el ámbito de la seguridad del suministro de gas y, basándose en esos resultados, desarrolle mejores prácticas en ese ámbito. Por consiguiente, la Comisión debería informar periódicamente al Grupo de Coordinación del Gas, que le ayudaría a realizar la supervisión de los objetivos de llenado y a velar por que se alcancen esos objetivos.

(27)

El Grupo de Coordinación del Gas actúa como asesor clave de la Comisión para facilitar la coordinación de las medidas de seguridad del suministro, y asiste a la Comisión en todo momento y, más concretamente, en caso de crisis. En la medida necesaria para garantizar la máxima preparación y facilitar el intercambio rápido de información, la Comisión convoca sin demora la formación de gestión de crisis del Grupo de Coordinación del Gas en, en previsión de una posible crisis. La formación de gestión de crisis del Grupo de Coordinación del Gas debe estar disponible para asistir a la Comisión durante el tiempo que sea necesario. Para ello, el Grupo de Coordinación del Gas debe mantener canales de comunicación con los Estados miembros y todos los participantes en el mercado pertinentes en la seguridad del suministro de gas, así como recopilar información pertinente para la seguridad del suministro de gas a escala nacional, regional y de la Unión.

(28)

El sector de los sistemas de almacenamiento es de gran importancia para la Unión, la seguridad de su suministro energético y otros intereses esenciales de la Unión en materia de seguridad. En consecuencia, las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas se consideran infraestructuras críticas en el sentido de la Directiva 2008/114/CE del Consejo (6). Se exhorta a los Estados miembros a que tengan en cuenta las medidas introducidas por el presente Reglamento en sus planes nacionales de energía y clima y en los informes de situación que se adopten en virtud del Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(29)

Se requieren salvaguardias adicionales en la red del sistema de almacenamiento a fin de evitar cualquier amenaza para el orden público y la seguridad pública en la Unión o para el bienestar de sus ciudadanos. Los Estados miembros deben asegurarse de que todos los gestores de sistemas de almacenamiento, incluidos los gestores de sistemas de almacenamiento que estén controlados por gestores de redes de transporte, estén certificados por la autoridad reguladora nacional u otra autoridad competente designada por el Estado miembro, con el fin de garantizar que la seguridad del suministro energético o cualquier otro interés esencial en materia de seguridad de la Unión o de cualquier Estado miembro no se ponga en peligro por la influencia que se ejerza en los gestores de sistemas de almacenamiento. A la hora de analizar los posibles riesgos para la seguridad del suministro de energía, es importante que se coordinen los Estados miembros entre sí con respecto a la evaluación de la seguridad del suministro. Dicha evaluación no debe discriminar entre los participantes en el mercado sino que debe respetar plenamente los principios del correcto funcionamiento del mercado interior. Con el fin de reducir rápidamente el riesgo que resulta de los bajos niveles de llenado, dicha certificación debe tener prioridad y llevarse a cabo con mayor rapidez en el caso de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de mayor tamaño que se hayan llenado recientemente con niveles sistemáticamente bajos, a fin de garantizar que puedan descartarse o, si es posible, rectificarse los posibles problemas de seguridad del suministro de gas detectados en el control de esas grandes instalaciones de almacenamiento. Teniendo en cuenta que el nivel medio de llenado de los seis años anteriores de todas las instalaciones de almacenamiento subterráneo de la Unión a 31 de marzo era del 35 % de su capacidad máxima, el umbral para definir un nivel de llenado excepcionalmente bajo en marzo de 2021 y marzo de 2022 debe fijarse en el 30 %.

(30)

Las autoridades reguladoras nacionales u otra autoridad competente designadas por el Estado miembro de que se trate (en lo sucesivo e indistintamente, «autoridad de certificación») deben denegar la certificación si existe la posibilidad de que una persona que ejerza, directa o indirectamente, un control o un derecho sobre el gestor del sistema de almacenamiento pueda poner en peligro la seguridad del suministro energético o cualquier otro interés esencial en materia de seguridad a escala nacional, regional o de la Unión. Al evaluar esa posibilidad, la autoridad de certificación debe tener en cuenta las relaciones comerciales que puedan afectar negativamente a los incentivos y a la capacidad del gestor del sistema de almacenamiento a la hora de llenar la instalación de almacenamiento subterráneo de gas, así como las obligaciones internacionales de la Unión y cualquier otra circunstancia o hecho específico pertinente. Para garantizar la aplicación coherente de las normas de certificación en toda la Unión, la observancia de las obligaciones internacionales de esta, así como la solidaridad y la seguridad energética dentro de la Unión, la autoridad de certificación debe prestar la máxima consideración al dictamen de la Comisión a la hora de adoptar decisiones sobre la certificación e incluso revisar su proyecto de decisión si procede. Cuando una autoridad de certificación deniegue una certificación, debe estar facultada para exigir a cualquier persona la enajenación de las acciones o los derechos que tenga sobre el propietario del sistema de almacenamiento o el gestor del sistema de almacenamiento, fijar un plazo para dicha enajenación y ordenar cualquier otra medida adecuada a fin de garantizar que dicha persona no pueda ejercer ningún control o derecho sobre dicho propietario o gestor del sistema de almacenamiento, y para determinar medidas compensatorias adecuadas. Toda medida adoptada en el contexto de la decisión de certificación con el propósito de hacer frente a los riesgos para la seguridad del suministro de gas u otros intereses esenciales en materia de seguridad debe estar claramente definida y ser necesaria, transparente, proporcionada y no discriminatoria.

(31)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en especial, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»). En particular, respeta el derecho a no ser privado de sus bienes, salvo por razones de interés público y en los casos y condiciones previstos por la ley, siempre que se pague a su debido tiempo una compensación equitativa por su pérdida, tal como se establece en el artículo 17 de la Carta, así como el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, tal como se establece en el artículo 47 de la Carta.

(32)

Si las empresas se ven obligadas a adquirir más gas cuando el precio del gas sea elevado, puede producirse un nuevo aumento de los precios. Por consiguiente, las autoridades reguladoras deben poder aplicar un descuento de hasta el 100 % a las tarifas de entrada y salida de la capacidad de transporte y distribución hacia y desde el almacenamiento, tanto para las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas como para las instalaciones de GNL, con el fin de que el almacenamiento resulte más atractivo para los participantes en el mercado. También se anima a las autoridades reguladoras nacionales y a las autoridades de competencia nacionales a que hagan uso de sus atribuciones para evitar de manera eficaz los aumentos indebidos de las tarifas de almacenamiento.

(33)

En vista de las actuales circunstancias excepcionales y de las incertidumbres relacionadas con futuros cambios en la situación geopolítica, se anima a los Estados miembros a que cumplan los objetivos de llenado lo antes posible.

(34)

Teniendo en cuenta el peligro inminente para la seguridad del suministro de gas que supone la agresión militar de Rusia contra Ucrania, el presente Reglamento debe entrar en vigor al día siguiente de su publicación. Debido al carácter excepcional de la situación actual, determinadas disposiciones introducidas por el presente Reglamento deben aplicarse solo hasta el 31 de diciembre de 2025.

(35)

El presente Reglamento debe formar parte con carácter de urgencia del acervo de la Comunidad de la Energía conformidad con el Tratado de la Comunidad de la Energía, que se firmó en Atenas el 25 de octubre de 2005 y entró en vigor el 1 de julio de 2006.

(36)

Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) 2017/1938 y el Reglamento (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) en consecuencia.

(1)

Los agricultores y las empresas rurales en la Unión se han visto afectados de un modo sin precedentes por las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los precios al alza de los insumos, en particular para la energía, los fertilizantes y los piensos, han ocasionado perturbaciones económicas en el sector agrícola y las comunidades rurales de la Unión y han generado problemas de liquidez a los agricultores y las pequeñas empresas rurales que se dedican a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas. Todo ello ha dado origen a una situación excepcional que es necesario afrontar mediante una nueva medida excepcional.

(2)

A fin de responder a las repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia sobre los sectores agrícola y alimentario de la Unión, se debe establecer por el presente Reglamento una nueva medida excepcional y temporal que subsane los problemas de liquidez que ponen en peligro la continuidad de las actividades agrícolas y de las pequeñas empresas que se dedican a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas.

(3)

La ayuda en virtud de la medida establecida por el presente Reglamento, cuyo objetivo es garantizar la competitividad de las empresas agroalimentarias y la viabilidad de las explotaciones agrícolas en la Unión, debe concentrar los recursos disponibles en los beneficiarios más afectados por las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y concederse sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios. En el caso de los agricultores, debe ser posible que dichos criterios incluyan los sectores de producción, los tipos de agricultura o de estructuras agrícolas, y, en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes), los sectores, los tipos de actividad, los tipos de región u otras limitaciones específicas.

(4)

La grave crisis actual en el sector agrícola de la Unión confirma la necesidad de acelerar la transición hacia la sostenibilidad para estar mejor preparados ante futuras crisis. Por lo tanto, la ayuda en virtud de la medida establecida por el presente Reglamento no debe dar lugar a una reducción del porcentaje global de la contribución del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) reservado para las medidas contempladas en el artículo 59, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(5)

Habida cuenta de la urgencia y del carácter temporal y excepcional de la medida establecida por el presente Reglamento, debe fijarse un pago único y una fecha límite de aplicación de la medida. Debe cumplirse también el principio según el cual los pagos de la Comisión se han de efectuar de acuerdo con los créditos presupuestarios y a reserva de la financiación disponible.

(6)

Con el fin de ofrecer una ayuda más amplia a los agricultores o las pymes más gravemente afectados, conviene autorizar a los Estados miembros a adaptar el nivel de las cantidades a tanto alzado correspondientes a determinadas categorías de beneficiarios admisibles, por ejemplo, mediante la fijación de determinadas franjas o categorías generales, sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios.

(7)

A fin de garantizar una financiación adecuada de la medida establecida por el presente Reglamento sin por ello comprometer los demás objetivos de los programas de desarrollo rural, debe fijarse un porcentaje máximo de la contribución de la Unión a esta medida.

(8)

Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 en consecuencia.

(9)

Teniendo en cuenta la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la urgencia de atajar las repercusiones de dicha invasión en los sectores agrícola y alimentario de la Unión, conviene aplicar la excepción al plazo de ocho semanas prevista en el artículo 4 del Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea (TUE), al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(10)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, hacer frente a la situación excepcional creada por las repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en los sectores agrícola y alimentario de la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(11)

Dada la urgencia de la situación relativa a las repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en los sectores agrícola y alimentario de la Unión, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(1)

El Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) establece el marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE), a fin de facilitar el ejercicio, por sus titulares, de su derecho a la libre circulación durante la pandemia de COVID-19. También contribuye a facilitar la supresión gradual de las restricciones a la libre circulación establecidas por los Estados miembros, de conformidad con el Derecho de la Unión, a fin de limitar la propagación del SARS-CoV-2, de manera coordinada.

(2)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2021/953, los certificados de prueba diagnóstica deben expedirse sobre la base de dos tipos de pruebas de detección de la infección por el SARS-CoV-2, a saber, las pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (pruebas NAAT), incluidas las que utilizan la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR), y las pruebas rápidas de antígenos, que se basan en la detección de proteínas víricas (antígenos) mediante un inmunoanálisis de flujo lateral que ofrezca resultados en menos de treinta minutos, siempre que las lleven a cabo profesionales sanitarios o personal cualificado para la realización de pruebas.

(3)

El Reglamento (UE) 2021/953 no se aplica a los análisis antigénicos realizados en laboratorio, como los análisis de inmunoadsorción enzimática o los inmunoanálisis automatizados. Desde julio de 2021, el grupo de trabajo técnico sobre pruebas de diagnóstico de la COVID-19, que es responsable de preparar las actualizaciones de la lista común de la UE de pruebas de antígenos para el diagnóstico de la COVID-19 acordada por el Comité de Seguridad Sanitaria establecido con arreglo al artículo 17 de la Decisión n.o 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), ha ido revisando las propuestas presentadas por los Estados miembros y los fabricantes de análisis de antígenos de la COVID-19 realizados en laboratorio. Esas propuestas han sido evaluadas con arreglo a los mismos criterios utilizados para las pruebas rápidas de antígenos, y el Comité de Seguridad Sanitaria ha elaborado una lista de los análisis de antígenos realizados en laboratorio que cumplen estos criterios.

(4)

Como consecuencia de esa evolución y a fin de ampliar el ámbito de aplicación de los distintos tipos de pruebas de diagnóstico que pueden utilizarse para la expedición de un certificado COVID digital de la UE, la definición de pruebas rápidas de antígenos debe modificarse para incluir los análisis de antígenos realizados en laboratorio. Por lo tanto, los Estados miembros deben tener la posibilidad de expedir certificados de prueba diagnóstica y, tras la adopción del Reglamento Delegado (UE) 2022/256 de la Comisión (4), certificados de recuperación sobre la base de las pruebas de antígenos incluidas en la lista común de la UE de pruebas de antígenos para el diagnóstico de la COVID-19 acordada y actualizada periódicamente por el Comité de Seguridad Sanitaria ya que cumplen los criterios de calidad establecidos. Dado que las estrategias de los Estados miembros para la realización de pruebas de diagnóstico de la COVID-19 difieren, la posibilidad de que los Estados miembros utilicen pruebas de antígenos para la expedición de certificados de recuperación debe mantenerse, por lo tanto, como una opción a la que se puede recurrir en particular cuando escasee la capacidad de pruebas NAAT debido a un elevado número de infecciones en la zona en cuestión o debido a otro motivo. Cuando se disponga de suficiente capacidad de pruebas NAAT, los Estados miembros pueden seguir expidiendo certificados de recuperación únicamente sobre la base de las pruebas NAAT, que se consideran la metodología más fiable para la detección de casos y contactos de COVID-19. Del mismo modo, durante los períodos en los que haya un aumento de las infecciones por SARS-CoV-2 que dé lugar a un incremento de la demanda de pruebas diagnósticas o la consiguiente escasez de pruebas NAAT, los Estados miembros pueden tener, temporalmente, la posibilidad de expedir certificados de recuperación basados en pruebas de antígenos. Cuando disminuyan las infecciones, los Estados miembros pueden seguir expidiendo certificados de recuperación únicamente sobre la base de las pruebas NAAT.

(5)

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) 2021/953, los certificados de vacunación expedidos por los Estados miembros deben incluir el número de dosis administradas al titular. Es necesario aclarar que este requisito pretende reflejar todas las dosis administradas en cualquier Estado miembro y no solo las administradas en el Estado miembro que expide el certificado de vacunación. La inclusión únicamente de dichas dosis anteriores recibidas en el Estado miembro que expide el certificado de vacunación podría dar lugar a una discrepancia entre el número total de dosis realmente administradas a una persona y el número indicado en el certificado de vacunación e impedir a los titulares hacer uso de su certificado de vacunación en el ejercicio del derecho a la libre circulación en la Unión. La administración de dosis anteriores en otros Estados miembros se demuestra por medio de un certificado COVID digital de la UE válido. Un Estado miembro no debe exigir información o pruebas adicionales a los ciudadanos de la Unión titulares de tales certificados de vacunación, como el número de lotes de dosis anteriores. Debe ser posible para un Estado miembro exigir a una persona que presente una prueba de identidad válida y un certificado de vacunación o de recuperación anterior. En este contexto, se aplican las normas para la aceptación de los certificados de vacunación expedidos por otros Estados miembros establecidas en el artículo 5, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/953. Además, los certificados cubiertos por un acto de ejecución adoptado con arreglo al artículo 3, apartado 10, y al artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/953 deben aceptarse a fin de facilitar el ejercicio por parte de los titulares de su derecho a la libre circulación, en las mismas condiciones que los certificados COVID digitales de la UE expedidos por los Estados miembros. De conformidad con el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (UE) 2021/953, el titular de un certificado COVID digital de la UE tiene derecho a solicitar la expedición de un nuevo certificado si los datos personales contenidos en el certificado original no son exactos, también en lo que se refiere a la vacunación del titular.

(6)

De conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/953, el Estado miembro en el que se administró la vacuna debe expedir un certificado de vacunación a la persona de que se trate. No obstante, esto no debe entenderse en el sentido de que impide a un Estado miembro expedir los certificados de vacunación a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2021/953, a personas que acrediten haberse vacunado en otro Estado miembro.

(7)

En particular, a la luz de la aparición de nuevas variantes preocupantes del SARS-CoV-2, el desarrollo y el estudio continuados de las vacunas contra la COVID-19 siguen siendo cruciales en el marco de la lucha contra la pandemia. En este contexto, es importante facilitar la participación de voluntarios en ensayos clínicos, es decir, estudios realizados para investigar la seguridad o la eficacia de un medicamento, como una vacuna contra la COVID-19. La investigación clínica desempeña un papel fundamental en el desarrollo de vacunas, por lo que es necesario fomentar la participación voluntaria en ensayos clínicos. Impedir que los participantes en ensayos clínicos obtengan un certificado de vacunación podría constituir un importante desincentivo a la participación en dichos ensayos, retrasando la conclusión de estos y, en general, repercutiendo negativamente en la salud pública. Además, para garantizar la validez de sus resultados, debe preservarse la integridad de los ensayos clínicos, incluso en lo que se refiere al enmascaramiento y la confidencialidad de los datos. Por tanto, los Estados miembros deben poder expedir certificados de vacunación a los participantes en ensayos clínicos que hayan sido aprobados por los comités éticos y las autoridades competentes de los Estados miembros, independientemente de que el participante haya recibido la vacuna experimental contra la COVID-19 o, para no socavar los estudios, la dosis administrada al grupo de control.

(8)

Además, es necesario aclarar que debe ser posible para otros Estados miembros aceptar certificados de vacunación para las vacunas contra la COVID-19 sometidas a ensayos clínicos a fin de no aplicar las restricciones a la libre circulación establecidas, de conformidad con el Derecho de la Unión, en respuesta a la pandemia de COVID-19. El período de aceptación de dichos certificados de vacunación no debe ser superior al de los certificados expedidos sobre la base de vacunas contra la COVID-19 a las que se haya concedido una autorización de comercialización con arreglo al Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). El período de aceptación de dichos certificados de vacunación puede diferir en función de si la vacuna se administró como parte de la pauta primaria de vacunación o como refuerzo. Dentro de dicho plazo, los Estados miembros pueden aceptar tales certificados de vacunación a menos que hayan sido revocados tras la conclusión del ensayo clínico, en particular cuando posteriormente no se hubiera concedido una autorización de comercialización a la vacuna contra la COVID-19 o cuando los certificados de vacunación se hubieran expedido para un placebo administrado al grupo de control como parte de un ensayo a ciegas. En este sentido, la expedición de certificados de vacunación a los participantes en ensayos clínicos de vacunas contra la COVID-19 y la aceptación de dichos certificados son competencia de los Estados miembros. Si una vacuna contra la COVID-19 sometida a ensayos clínicos recibe posteriormente una autorización de comercialización con arreglo al Reglamento (CE) n.o 726/2004, los certificados de vacunación para dicha vacuna entran en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 5, párrafo primero, del Reglamento (UE) 2021/953 a partir de la fecha de expedición de dicha autorización de comercialización. Para garantizar un enfoque coherente, la Comisión debe estar facultada para solicitar al Comité de Seguridad Sanitaria, al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) o a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) que elaboren orientaciones sobre la aceptación de los certificados expedidos para una vacuna contra la COVID-19 sometida a ensayos clínicos a la que aún no se le haya concedido una autorización de comercialización con arreglo al Reglamento (CE) n.o 726/2004, que deben tener en cuenta los criterios éticos y científicos necesarios para llevar a cabo ensayos clínicos.

(9)

Desde la adopción del Reglamento (UE) 2021/953, la situación epidemiológica con respecto a la pandemia de COVID-19 ha evolucionado considerablemente. A pesar de las diferencias en el nivel de vacunación en los diferentes Estados miembros, a 31 de enero de 2022 más del 80 % de la población adulta de la Unión había completado su pauta primaria de vacunación y más del 50 % había recibido una dosis de refuerzo. El aumento de la vacunación sigue siendo un objetivo crucial en la lucha contra la pandemia de COVID-19, dada la protección reforzada contra la hospitalización y contra las formas graves de la enfermedad que ofrece, por lo que desempeña un papel importante a la hora de garantizar que puedan suprimirse las restricciones a la libre circulación de personas.

(10)

Además, la propagación de la variante preocupante del SARS-CoV-2 «Delta» durante el segundo semestre de 2021 provocó un aumento significativo del número de infecciones, hospitalizaciones y muertes, lo que obligó a los Estados miembros a adoptar medidas estrictas de salud pública en un esfuerzo por proteger la capacidad de su sistema sanitario. A principios de 2022, la variante preocupante del SARS-CoV-2 «Ómicron» provocó un fuerte aumento del número de infecciones de COVID-19, sustituyendo rápidamente a la variante Delta y alcanzando una intensidad sin precedentes de transmisión comunitaria en toda la Unión. Como señaló el ECDC en su evaluación rápida del riesgo de 27 de enero de 2022, parece que las infecciones por Ómicron tienen menos probabilidades de conducir a un resultado clínico grave que requiera hospitalización o admisión en unidades de cuidados intensivos. Aunque la reducción de la gravedad se debe en parte a las características inherentes del virus, los resultados de los estudios de eficacia de las vacunas han demostrado que la vacunación desempeña un papel importante en la prevención de efectos clínicos graves tras la infección por Ómicron, con un aumento significativo de la eficacia contra las formas graves de la enfermedad entre las personas que han recibido tres dosis de vacuna. Además, dado el elevadísimo nivel de transmisión comunitaria, que enferma a muchas personas al mismo tiempo, es probable que los Estados miembros sufran un período de considerable presión sobre sus sistemas sanitarios y sobre el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, principalmente debido a ausencias en los puestos de trabajo y en las aulas.

(11)

Tras el pico en las infecciones por Ómicron a principios de 2022, se espera que una elevada proporción de la población goce, al menos durante un determinado período, de protección contra la COVID-19 debido a la vacunación o a una infección previa, o a ambas cosas. Como consecuencia de las vacunas contra la COVID-19 actualmente disponibles, un porcentaje significativamente más elevado de la población está asimismo mejor protegido frente al riesgo de caer gravemente enferma y morir como consecuencia de la COVID-19. Sin embargo, no es posible predecir el impacto de un posible aumento de las infecciones en el segundo semestre de 2022. Además, no puede descartarse la posibilidad de que la pandemia de COVID-19 empeore debido a la aparición de nuevas variantes preocupantes del SARS-CoV-2. Como también ha señalado el ECDC, persisten importantes incertidumbres en esta fase de la pandemia de COVID-19.

(12)

En vista de las incertidumbres que persisten con respecto a la evolución de la pandemia de COVID-19, no puede excluirse que los Estados miembros sigan exigiendo a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejercen su derecho a la libre circulación que presenten pruebas de vacunación, de resultado de una prueba diagnóstica o de recuperación de la COVID-19 después del 30 de junio de 2022, fecha de expiración del Reglamento (UE) 2021/953. Por tanto, es importante evitar situaciones en las que, en caso de que algunas restricciones a la libre circulación basadas en la salud pública sigan vigentes después del 30 de junio de 2022, los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias se vean privados de la posibilidad de utilizar sus certificados COVID digitales de la UE, que son una forma eficaz, segura y respetuosa de la privacidad de demostrar la vacunación, el resultado de una prueba diagnóstica o la recuperación de la COVID-19, cuando sean exigidos por los Estados miembros para ejercer su derecho a la libre circulación.

(13)

En dicho contexto, los Estados miembros deben exigir a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejercen su derecho a la libre circulación que presenten pruebas de vacunación, de resultado de una prueba diagnóstica o de recuperación de la COVID-19, o deben imponer restricciones adicionales, como la realización de pruebas adicionales para la detección de la infección por SARS-CoV-2 en vinculación con viajes, o cuarentena o autoaislamiento en vinculación con viajes, únicamente cuando tales restricciones no sean discriminatorias y sean necesarias y proporcionadas a efectos de salvaguardar la salud pública sobre la base de los últimos datos científicos disponibles, incluidos los datos epidemiológicos publicados por el ECDC en virtud de la Recomendación (UE) 2022/107 del Consejo (6), y estén en consonancia con el principio de cautela.

(14)

Cuando impongan restricciones a la libre circulación por motivos de salud pública, los Estados miembros deben prestar especial atención a las especificidades de las regiones ultraperiféricas, los enclaves y las zonas geográficamente aisladas, así como al probable impacto de dichas restricciones en las regiones transfronterizas, habida cuenta de los fuertes vínculos sociales y económicos de dichas regiones.

(15)

La verificación de los certificados que conforman el certificado COVID digital de la UE no debe dar lugar a nuevas restricciones a la libertad de circulación dentro de la Unión ni a restricciones de viaje en el interior del espacio Schengen.

(16)

Al mismo tiempo, dado que cualquier restricción a la libre circulación de personas en la Unión establecida para limitar la propagación del SARS-CoV-2, incluido el requisito de presentar certificados COVID digitales de la UE, debe suprimirse tan pronto como la situación epidemiológica lo permita, debe limitarse a 12 meses la prórroga del período de aplicación del Reglamento (UE) 2021/953. Además, la prórroga del período de aplicación de dicho Reglamento no debe entenderse en el sentido de que obliga a los Estados miembros, en particular a aquellos que supriman las medidas nacionales de salud pública, a mantener o imponer restricciones a la libre circulación. También deben ampliarse los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, delegados a la Comisión con arreglo al Reglamento (UE) 2021/953. Es necesario garantizar que el marco del certificado COVID digital de la UE pueda adaptarse a nuevos datos sobre la vacunación contra la COVID-19, la reinfección tras la recuperación o la realización de pruebas de diagnóstico, así como al progreso científico en la contención de la pandemia de COVID-19.

(17)

A más tardar el 31 de diciembre de 2022, la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un tercer informe sobre la aplicación del Reglamento (UE) 2021/953. El informe debe contener, en particular, una visión de conjunto de la información recibida con arreglo al artículo 11 de dicho Reglamento relativa a las restricciones a la libre circulación establecidas por los Estados miembros para limitar la propagación del SARS-CoV-2, una visión de conjunto de todas las novedades relativas a los usos nacionales e internacionales del certificado COVID digital de la UE, las actualizaciones pertinentes relativas a la evaluación incluida en el segundo informe, y una evaluación de la conveniencia de seguir utilizando los certificados COVID digitales de la UE a efectos de dicho Reglamento, teniendo en cuenta la evolución epidemiológica y los últimos datos científicos disponibles, y a la luz de los principios de necesidad y proporcionalidad. Al elaborar el informe, la Comisión debe solicitar orientaciones del ECDC y el Comité de Seguridad Sanitaria. Sin perjuicio del derecho de iniciativa de la Comisión, el informe debe ir acompañado de una propuesta legislativa para reducir el período de aplicación del Reglamento (UE) 2021/953, teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica de la pandemia de COVID-19 y las recomendaciones al respecto del ECDC y el Comité de Seguridad Sanitaria.

(18)

Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) 2021/953 en consecuencia.

(19)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación dentro de la Unión durante la pandemia de COVID-19 mediante el establecimiento de un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables sobre la vacunación de una persona contra la COVID-19, el resultado de su prueba diagnóstica o su recuperación, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De acuerdo con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(20)

A fin de permitir su rápida y oportuna aplicación al objeto de garantizar la continuidad del certificado COVID digital de la UE, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(21)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Comité Europeo de Protección de Datos, a los que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), emitieron un dictamen conjunto el 14 de marzo de 2022 (8).

(1)

En virtud del acervo de Schengen, en particular el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) (en lo sucesivo, «Código de fronteras Schengen»), los nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en la Unión y los nacionales de terceros países que hayan entrado legalmente en el territorio de un Estado miembro pueden circular libremente dentro de los territorios de todos los demás Estados miembros durante noventa días dentro de un período de ciento ochenta días.

(2)

El certificado COVID digital de la UE fue establecido por el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), que introdujo un marco común para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación, a fin de facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión y sus familiares durante la pandemia de COVID-19. Dicho Reglamento iba acompañado del Reglamento (UE) 2021/954 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), que amplió el marco del certificado COVID digital de la UE a los nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en los territorios de los Estados miembros y que tengan derecho a viajar a otros Estados miembros de conformidad con el Derecho de la Unión.

(3)

Los Reglamentos (UE) 2021/953 y (UE) 2021/954 expiran el 30 de junio de 2022. No obstante, la pandemia de COVID-19 aún está activa y los brotes de las variantes objeto de preocupación pueden seguir afectando negativamente a los viajes dentro de la Unión. Por consiguiente, el período de aplicación de dichos Reglamentos debe prorrogarse de forma que el certificado COVID digital pueda seguir utilizándose.

(4)

El período de aplicación del Reglamento (UE) 2021/953 debe prorrogarse doce meses. Dado que el objetivo del Reglamento (UE) 2021/954 es ampliar la aplicación del Reglamento (UE) 2021/953 a determinadas categorías de nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en la Unión, la duración de su aplicación debe estar directamente vinculada a la del Reglamento (UE) 2021/953. Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) 2021/954 en consecuencia.

(5)

No debe entenderse que el presente Reglamento facilita o fomenta la adopción de restricciones a la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19. Además, la mera obligación de verificación de los certificados establecidos por el Reglamento (UE) 2021/953 no justifica el restablecimiento temporal de los controles fronterizos en las fronteras interiores. Los controles en las fronteras interiores deben seguir siendo una medida de último recurso, sujeta a las normas específicas establecidas en el Código de fronteras Schengen.

(6)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea (TUE) y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación. Dado que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca decidirá, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, dentro de un período de seis meses a partir de que el Consejo haya tomado una medida sobre el presente Reglamento, si lo incorpora a su Derecho interno.

(7)

El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (5); por lo tanto, Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación. Con el fin de permitir a los Estados miembros aceptar, con arreglo a las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) 2021/953, los certificados COVID-19 expedidos por Irlanda a nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en su territorio a efectos de facilitar los viajes dentro de los territorios de los Estados miembros, Irlanda debe expedir a dichos nacionales de terceros países certificados COVID-19 que cumplan los requisitos del marco de confianza del certificado COVID digital de la UE. Irlanda y los demás Estados miembros deben aceptar los certificados expedidos a nacionales de terceros países cubiertos por el presente Reglamento, sobre una base de reciprocidad.

(8)

Por lo que respecta a Chipre, Bulgaria, Rumanía y Croacia, el presente Reglamento constituye un acto que desarrolla el acervo de Schengen o está relacionado con él de otro modo en el sentido, respectivamente, del artículo 3, apartado 1, del Acta de adhesión de 2003, del artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión de 2005 y del artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión de 2011.

(9)

Por lo que respecta a Islandia y Noruega, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (6), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto C, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (7).

(10)

Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (8), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto C, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (9).

(11)

Por lo que respecta a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (10), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto C, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo (11).

(12)

Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) 2021/954 en consecuencia.

(13)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, facilitar los viajes de nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en los territorios de los Estados miembros durante la pandemia de COVID-19 mediante el establecimiento de un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables sobre la vacunación de una persona contra la COVID-19, el resultado de su prueba diagnóstica o su recuperación, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(14)

A fin de permitir su rápida y oportuna aplicación al objeto de garantizar la continuidad del certificado COVID digital de la UE, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(15)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Comité Europeo de Protección de Datos, a los que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), emitieron un dictamen conjunto el 14 de marzo de 2022 (13).

(1)

La pandemia de COVID-19 ha provocado una fuerte reducción del tráfico ferroviario debido a una importante caída de la demanda y a las medidas directas adoptadas por los Estados miembros para contener la pandemia.

(2)

Estas circunstancias escapan al control de las empresas ferroviarias, que se han enfrentado continuamente a problemas de liquidez considerables y pérdidas importantes y que, en algunos casos, están en peligro de insolvencia.

(3)

Con el fin de contrarrestar los efectos económicos negativos de la pandemia de COVID-19 y apoyar a las empresas ferroviarias, el Reglamento (UE) 2020/1429 permite a los Estados miembros autorizar a los administradores de infraestructuras a reducir, eximir o aplazar los cánones para acceder a la infraestructura ferroviaria. Esta posibilidad se concedió para un período de referencia limitado, que se prorrogó por última vez mediante el Reglamento (UE) 2022/312 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) hasta el 30 de junio de 2022.

(4)

Las limitaciones impuestas a la movilidad durante el período de la pandemia tuvieron un impacto significativo en el uso de los servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril. Los servicios de transporte ferroviario de mercancías también se vieron afectados, aunque en menor medida. Según los datos proporcionados por los administradores de infraestructuras ferroviarias de la Unión, la pandemia afectó más duramente al segmento de los servicios de transporte de pasajeros. El más afectado fue el segmento de los servicios comerciales de transporte de pasajeros, con una reducción significativa de su oferta en todos los Estados miembros, que todavía no ha vuelto a los niveles de 2019.

(5)

Ha habido una recuperación en cuanto al número de trenes de mercancías que circulan por la red, ya que los niveles de 2021 son solo un 0,1 % inferiores a los de 2019. El número de trenes de pasajeros sujetos a la obligación de servicio público (OSP) que circularon por la red en 2021 fue un 2 % superior al de 2019, mientras que en 2020 fue un 5,1 % inferior al de 2019. Sin embargo, dado que el número de pasajeros, tanto en 2020 como en 2021, no llegó a los dos tercios de los pasajeros que viajaron en 2019, es probable que el reducido impacto de la pandemia y la recuperación posterior se hayan visto favorecido por el apoyo financiero continuado de las autoridades competentes en el marco de los contratos de OSP. De hecho, en 2021, el número de trenes comerciales de pasajeros seguía siendo un 18,2 % inferior al de 2019. En 2020 fue un 22,9 % inferior en comparación con 2019, por lo que no se observa una recuperación significativa.

(6)

Se observan tendencias similares cuando el tráfico se expresa en trenes-km. Los trenes-km recorridos por trenes de mercancías que circularon por la red mostraron signos de recuperación, pues en 2021 los niveles fueron solo un 0,5 % inferiores a los de 2019. Los servicios OSP de pasajeros expresados en trenes-km en 2021 superaron en un 1,1 % el nivel de 2019. Sin embargo, en 2021 los servicios comerciales de pasajeros, en términos de trenes-km, se mantuvieron un 18,7 % por debajo de los niveles de 2019, lo que supone una ligera mejoría en comparación con 2020.

(7)

Por lo tanto, es evidente que persiste la reducción del nivel de tráfico ferroviario resultante del impacto de la pandemia de COVID-19 en el segmento de pasajeros, que en 2018 representaba alrededor del 80 % de todo el tráfico expresado en trenes-km.

(8)

Los datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que el número de casos diarios de COVID-19 registrados en Europa aumentó drásticamente a principios de 2022 hasta niveles nunca alcanzados antes en la pandemia. Además, el número de casos diarios notificados sigue siendo muy elevado.

(9)

Es probable que la pandemia tenga un impacto negativo persistente en el tráfico ferroviario, y es probable que la difícil situación financiera de las empresas ferroviarias persista también hasta finales de 2022.

(10)

Por consiguiente, es necesario prorrogar el período de referencia establecido en el artículo 1 del Reglamento (UE) 2020/1429 hasta el 31 de diciembre de 2022.

(11)

Si el Parlamento Europeo y el Consejo tuvieran la intención de examinar este Reglamento durante todo el plazo de oposición contemplado en el artículo 6, apartado 6, del Reglamento (UE) 2020/1429, el presente Reglamento no entrará en vigor hasta el final del período de referencia previsto actualmente en el artículo 1 de Reglamento (UE) 2020/1429. A fin de evitar la inseguridad jurídica, el presente Reglamento debe adoptarse con arreglo al procedimiento de urgencia previsto en el artículo 7 del Reglamento (UE) 2020/1429, y debe entrar en vigor con carácter de urgencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(1)

En el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 se establece la lista de la Unión de aditivos alimentarios autorizados para su utilización en alimentos, así como sus condiciones de utilización.

(2)

El anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión (3) establece especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 1333/2008.

(3)

La lista de aditivos alimentarios de la Unión y sus especificaciones pueden actualizarse de conformidad con el procedimiento común contemplado en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1331/2008, bien a iniciativa de la Comisión, bien en respuesta a una solicitud de un Estado miembro o de una parte interesada.

(4)

En diciembre de 2019, se presentó a la Comisión una solicitud de autorización del uso de los glicolípidos como conservadores en bebidas aromatizadas, en otros productos pertenecientes a la categoría 14.1 «Bebidas no alcohólicas» y en la cerveza sin alcohol y bebidas a base de malta.

(5)

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») evaluó la seguridad del uso propuesto para los glicolípidos como aditivo alimentario. En el dictamen de la Autoridad (4) adoptado el 4 de mayo de 2021, se estableció una ingesta diaria admisible (IDA) de 10 mg/kg de peso corporal al día. La Autoridad observó que la estimación más alta de la exposición de 3,1 mg/kg de peso corporal al día, en niños de corta edad, se encuentra dentro de la IDA establecida y concluyó que la exposición a los glicolípidos no plantea problemas de seguridad en los usos y niveles de uso propuestos por el solicitante.

(6)

Los glicolípidos son producidos por el hongo Dacriopinax spathularia en un proceso de fermentación. Los glicolípidos, cuando se utilizan como conservadores, prolongan la vida útil de almacenamiento de las bebidas al protegerlas contra el deterioro causado por microorganismos, e inhiben el crecimiento de microorganismos patógenos. Los glicolípidos actúan contra la levadura, los mohos y las bacterias grampositivas y pueden servir como alternativa a otros conservadores actualmente autorizados en las bebidas.

(7)

Procede, por tanto, autorizar el uso de glicolípidos como conservador en las bebidas objeto de la solicitud y asignar el número E 246 como número E de dicho aditivo.

(8)

Las especificaciones relativas a los glicolípidos (E 246) deben incluirse en el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012 cuando este aditivo se incluya en la lista de la Unión de aditivos alimentarios que figura en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008.

(9)

Procede, por tanto, modificar los Reglamentos (CE) n.o 1333/2008 y (UE) n.o 231/2012 en consecuencia.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

En el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 se establece la lista de la Unión de aditivos alimentarios autorizados para su utilización en alimentos, así como sus condiciones de utilización.

(2)

Dicha lista puede actualizarse de conformidad con el procedimiento común contemplado en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1331/2008, bien por iniciativa de la Comisión o bien en respuesta a una solicitud.

(3)

De conformidad con el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008, se autoriza el uso de la polivinilpirrolidona (E1201) como aditivo alimentario en edulcorantes de mesa en comprimidos y en complementos alimenticios sólidos, excepto los destinados a lactantes y niños de corta edad.

(4)

El 29 de octubre de 2018, se presentó una solicitud de autorización del uso de la polivinilpirrolidona (E1201) como aditivo alimentario en alimentos para usos médicos especiales, en comprimidos y grageas, como aglutinante. La solicitud se puso también a disposición de los Estados miembros, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 1331/2008.

(5)

La polivinilpirrolidona (E1201) fue evaluada por el Comité Científico de la Alimentación Humana en 1990 (3). En su dictamen científico de 1 de julio de 2020 (4), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») reevaluó la seguridad de la polivinilpirrolidona (E1201) como aditivo alimentario y consideró la ampliación de su uso en alimentos para usos médicos especiales, en comprimidos y grageas. En dicho dictamen, la Autoridad concluyó que no cabe esperar que esa ampliación del uso, al nivel máximo permitido propuesto y al nivel de consumo recomendado, plantee un problema de seguridad.

(6)

Existe la necesidad tecnológica de añadir polivinilpirrolidona (E1201) durante la producción de los comprimidos para usos médicos especiales para ligar firmemente los ingredientes, garantizar su cohesión y ralentizar su desintegración. Procede, por tanto, autorizar el uso de este aditivo como estabilizador de alimentos para usos médicos especiales en comprimidos y grageas.

(7)

La autorización del uso de la polivinilpirrolidona (E1201) como aditivo alimentario en la categoría 13.2 «Alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales, tal como se definen en la Directiva 1999/21/CE (excepto los incluidos en la categoría 13.1.5)» del anexo II, parte E, del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 no implica la clasificación de un producto elaborado con ese aditivo alimentario como alimento para usos médicos especiales con arreglo al Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(8)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 1333/2008 en consecuencia.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

Con arreglo al artículo 8, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 978/2012, las preferencias arancelarias del régimen general del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) deben suspenderse con respecto a los productos de una sección del SPG originarios de un país beneficiario del SPG si, durante tres años consecutivos, el valor medio de las importaciones en la Unión de tales productos procedentes de ese país supera los umbrales indicados en el anexo VI de dicho Reglamento.

(2)

De conformidad con el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 978/2012 y sobre la base de las estadísticas comerciales relativas a los años civiles 2015-2017, el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2019/249 de la Comisión (2) estableció la lista de las secciones de productos para las que las preferencias arancelarias se suspendieron desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022.

(3)

Con arreglo al artículo 8, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 978/2012, la Comisión debe revisar cada tres años esa lista y adoptar un acto de ejecución para suspender o restablecer las preferencias arancelarias.

(4)

Dado que el Reglamento (UE) n.o 978/2012 expirará el 31 de diciembre de 2023, la lista revisada debe ser aplicable durante un año a partir del 1 de enero de 2023. La lista se basa en las estadísticas comerciales relativas a los años civiles 2018-2020 disponibles a 1 de septiembre de 2021, y tiene en cuenta las importaciones de los países beneficiarios del SPG que figuran en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 978/2012 aplicables en esa fecha. No obstante, no se tendrá en cuenta el valor de las importaciones procedentes de países beneficiarios del SPG que, a partir del 1 de enero de 2023, ya no se beneficien de las preferencias arancelarias en virtud del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 978/2012,

(1)

El Reglamento (UE) 2016/429 establece, entre otras cosas, los requisitos zoosanitarios para la entrada en la Unión de partidas de animales, productos reproductivos y productos de origen animal, y se aplica desde el 21 de abril de 2021. Uno de esos requisitos zoosanitarios es que esas partidas deben proceder de un tercer país o territorio, o de una zona o un compartimento de estos, que figure en la lista contemplada en el artículo 230, apartado 1, de dicho Reglamento.

(2)

El Reglamento Delegado (UE) 2020/692 de la Comisión (2) completa el Reglamento (UE) 2016/429 por lo que respecta a los requisitos zoosanitarios para la entrada en la Unión de partidas de determinadas especies y categorías de animales, productos reproductivos y productos de origen animal procedentes de terceros países o territorios, o zonas o compartimentos de estos. El Reglamento Delegado (UE) 2020/692 establece que solo se puede permitir la entrada en la Unión de partidas de animales, productos reproductivos y productos de origen animal que entren dentro de su ámbito de aplicación si provienen de un tercer país o territorio, o de una zona o un compartimento de estos, que figuren en la lista con respecto a la especie y categoría de animales, productos reproductivos y productos de origen animal de que se trate, de conformidad con los requisitos zoosanitarios establecidos en dicho Reglamento Delegado.

(3)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 de la Comisión (3) establece las listas de terceros países o territorios, o zonas o compartimentos de estos, desde los que se permite la entrada en la Unión de las especies y categorías de animales, productos reproductivos y productos de origen animal que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2020/692. Las listas y determinadas normas generales relativas a las listas figuran en los anexos I a XXII de ese Reglamento de Ejecución.

(4)

El anexo VI, parte 1, sección A, del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 establece la lista de terceros países o territorios, o zonas de estos, desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves en cautividad y de productos reproductivos de aves en cautividad, distintas de las aves en cautividad a que se refiere el artículo 62 del Reglamento Delegado (UE) 2020/692.

(5)

El Reino Unido ha presentado una solicitud a la Comisión para que se autorice la entrada en la Unión de partidas de aves en cautividad y de sus productos reproductivos, distintas de las aves en cautividad a que se refiere el artículo 62 del Reglamento Delegado (UE) 2020/692, procedentes de las dependencias de la Corona de la Isla de Man y Jersey, y ha aportado garantías en relación con las capacidades de las autoridades competentes de dichas dependencias de la Corona para asegurar una certificación oficial fiable y el cumplimiento de los requisitos zoosanitarios pertinentes respecto de dichas partidas de aves en cautividad y de sus productos reproductivos destinadas a ser introducidas en la Unión. Por consiguiente, estas dependencias de la Corona deben introducirse en la lista del anexo VI del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404.

(6)

Procede, por tanto, modificar el anexo VI del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en consecuencia.

(7)

El anexo XV, parte 1, sección A, del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 establece la lista terceros países, territorios, o zonas de estos, desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de productos cárnicos de ungulados, aves de corral y aves de caza que hayan sido sometidos a los tratamientos de reducción de riesgos a los que se hace referencia en el anexo XXVI del Reglamento Delegado (UE) 2020/692.

(8)

Marruecos ha presentado una solicitud a la Comisión para que se autorice la entrada en la Unión de partidas de productos cárnicos de aves de corral distintas de las ratites, y ha aportado garantías en relación con el cumplimiento, por parte de dicho tercer país, de los requisitos en materia de notificación y presentación de informes sobre las enfermedades a las que se hace referencia en el anexo I, punto 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/692 pertinentes para las aves de corral, así como garantías relativas al cumplimiento, por parte de dicho tercer país, de los requisitos zoosanitarios de la Unión pertinentes, o de requisitos equivalentes. Por tanto, y habida cuenta de la situación sanitaria de las aves de corral en Marruecos, procede incluir este tercer país en la lista del anexo XV, parte 1, sección A, del Reglamento de ejecución (UE) 2021/404 en lo que respecta a los productos cárnicos de aves de corral distintas de las ratites, que hayan sido sometidos al tratamiento específico de reducción de riesgos «D» a que se hace referencia en el anexo XXVI del Reglamento Delegado (UE) 2020/692.

(9)

Procede, por tanto, modificar el anexo XV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en consecuencia.

(10)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en consecuencia.

(11)

Dado que el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 es aplicable desde el 21 de abril de 2021 en aras de la seguridad jurídica y para facilitar el comercio, que las modificaciones que el presente Reglamento introduzca en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 surtan efecto con carácter de urgencia.

(12)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

El 17 de noviembre de 2017, la Comisión (en lo sucesivo, «la Comisión») publicó el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2005 de la Comisión, por el que se establece un derecho antidumping provisional a las importaciones de un determinado papel térmico ligero originario de la República de Corea (2). El 3 de mayo de 2017, la Comisión publicó el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/763 de la Comisión, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado papel térmico ligero originario de la República de Corea (3) (en lo sucesivo, «el Reglamento en cuestión»).

(2)

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 20 de junio de 2017, el Grupo Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. y Hansol Artone Paper Co. Ltd.) (en lo sucesivo, «Hansol») interpuso un recurso de anulación del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/763 en la medida en que afectaba a Hansol (asunto T-383/17). Hansol impugnó la legalidad del Reglamento en cuestión por varias razones. En uno de los motivos que invocó, Hansol cuestionó el cálculo de determinados valores normales con arreglo al artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base. En otro de los motivos invocados, Hansol alegó que la Comisión había incurrido en un error manifiesto de apreciación en la ponderación de las ventas en la Unión Europea a clientes independientes en comparación con las ventas a empresas transformadoras vinculadas. Hansol alegó que este supuesto error de cálculo distorsionaba el cálculo del margen de dumping y también, entre otras cosas, el margen de subcotización.

(3)

El 2 de abril de 2020, el Tribunal dictó su sentencia en el asunto T-383/17, por la que se anulaba el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/763 en la medida en que afectaba a los productos fabricados por Hansol (4). El Tribunal General estimó que la Comisión había infringido el artículo 2, apartado 1, del Reglamento de base al determinar que el valor normal debía calcularse con arreglo al artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base para un tipo de producto vendido por Hansol Artone Paper Co. Ltd., aun cuando el mismo tipo de producto tenía ventas interiores representativas de Hansol Paper Co. Ltd. El Tribunal General también estimó que quedaba probado el supuesto error de ponderación y que la Comisión debía haber tenido en cuenta las cantidades vendidas a clientes independientes por Schades Nordic, una de las empresas transformadoras vinculadas del Grupo Hansol en la Unión. Por lo tanto, la Comisión había infringido el artículo 2, apartado 11, del Reglamento de base, ya que los cálculos que había realizado no reflejaban la verdadera magnitud del dumping practicado por Hansol. Por último, el Tribunal General sostuvo que este error de ponderación también afectaba al cálculo del margen de subcotización, ya que la Comisión había utilizado la misma ponderación para dicho cálculo. El Tribunal General estimó además que la Comisión había cometido un error al aplicar por analogía el artículo 2, apartado 9, del Reglamento de base, cuando dedujo los gastos de venta, generales y administrativos y un margen de beneficio para las reventas del producto afectado realizadas por la entidad de venta vinculada en la UE, a efectos de determinar el precio de exportación de dicho producto en el contexto de la determinación del perjuicio.

(4)

El 11 de junio de 2020, la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia que anulara la sentencia del Tribunal General mediante la interposición de un recurso (asunto C-260/20 P). El 12 de mayo de 2022, la Sala Segunda del Tribunal de Justicia desestimó el recurso y confirmó las conclusiones del Tribunal General (5). Sin embargo, el Tribunal de Justicia señaló que, contrariamente a lo que había estimado el Tribunal General, la Comisión no incurrió en error al aplicar por analogía el artículo 2, apartado 9, del Reglamento de base en este caso.

(5)

En consecuencia, el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/763 quedaba anulado en la medida en que afectaba a Hansol.

(6)

La Comisión analizó si era adecuado o no someter a registro las importaciones del producto afectado. A este respecto, la Comisión tuvo en cuenta las siguientes consideraciones.

(7)

El artículo 266 del TFUE establece que las instituciones deben adoptar las medidas necesarias para la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia. En caso de anulación de un acto adoptado por las instituciones en el marco de un procedimiento administrativo, como son las investigaciones antidumping, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal General consiste en la sustitución del acto anulado por otro nuevo en el que se elimine la ilegalidad detectada por el Tribunal (6).

(8)

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el procedimiento destinado a sustituir el acto anulado puede reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad (7). Esto implica, en particular, que, en una situación en la que se anula un acto por el que se concluye un procedimiento administrativo, la anulación no afecta necesariamente a los actos preparatorios, como el inicio del procedimiento antidumping. Así pues, en una situación en la que se anula, por ejemplo, un reglamento por el que se establecen medidas antidumping definitivas, el procedimiento antidumping permanece abierto tras la anulación, ya que el acto por el que se concluye dicho procedimiento ha desaparecido del ordenamiento jurídico de la Unión (8), a no ser que la ilegalidad se hubiese producido en la fase de inicio.

(9)

Como se explica en el anuncio de reapertura, y dado que la ilegalidad no se produjo en la fase de inicio sino en la de la investigación, la Comisión decidió reabrir la investigación en la medida en que afecta a Hansol y la reanudó en el punto en el que se produjo la irregularidad.

(10)

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la reanudación del procedimiento administrativo y el posible restablecimiento de los derechos no pueden considerarse contrarios a la regla de irretroactividad (9). En el anuncio de reapertura se informaba a las partes interesadas, incluidos los importadores, de que toda obligación futura, en su caso, emanaría de las conclusiones del reexamen.

(11)

Basándose en sus nuevas conclusiones y en el resultado de la investigación reabierta, que por ahora se desconoce, la Comisión puede adoptar un reglamento por el que se revise, cuando esté justificado, el tipo de derecho aplicable. Este tipo revisado, en su caso, surtirá efecto a partir de la fecha en la que entró en vigor el Reglamento en cuestión.

(12)

A este respecto, la Comisión pidió a las autoridades aduaneras nacionales que esperaran al resultado del reexamen antes de pronunciarse sobre cualquier solicitud de devolución relativa a los derechos antidumping anulados por el Tribunal General con respecto a Hansol. Por tanto, se ordena a las autoridades aduaneras que dejen en suspenso cualquier solicitud de reembolso de los derechos anulados hasta que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea el resultado del reexamen.

(13)

Además, en caso de que la investigación reabierta conduzca al restablecimiento de medidas, los derechos también deberán recaudarse en relación con el período durante el cual se desarrolle dicha investigación.

(14)

A este respecto, la Comisión señala que el registro es una herramienta contemplada en el artículo 14, apartado 5, del Reglamento de base para que posteriormente puedan aplicarse medidas a las importaciones a partir de la fecha de registro (10). En el caso que nos ocupa, la Comisión considera oportuno registrar las importaciones relacionadas con Hansol para facilitar la recaudación de derechos antidumping una vez que se revisen sus niveles de acuerdo con la sentencia del Tribunal General.

(15)

En consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (11), contrariamente al registro que tiene lugar durante el período anterior a la adopción de medidas provisionales, las condiciones del artículo 10, apartado 4, del Reglamento de base no son aplicables al presente caso. De hecho, el registro en el contexto de la ejecución de las sentencias del Tribunal no tiene la finalidad de permitir una posible recaudación retroactiva de los derechos impuestos por las medidas de defensa comercial, tal como se prevé en dichas disposiciones. El objetivo es más bien salvaguardar la eficacia de las medidas en vigor, sin interrupción indebida desde la fecha de entrada en vigor de los Reglamentos en cuestión hasta el restablecimiento de los derechos corregidos, garantizando que en el futuro pueda recaudarse el importe correcto de los derechos.

(16)

A la vista de las consideraciones que anteceden, la Comisión consideró que había motivos para el registro con arreglo al artículo 14, apartado 5, del Reglamento de base.

(17)

Sobre la base de lo anterior, deben someterse a registro las importaciones del producto afectado fabricado por Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. y Hansol Artone Paper Co. Ltd.).

(18)

Como se indica en el anuncio de reapertura, la obligación final de pago del derecho antidumping, en su caso, desde la fecha de entrada en vigor del Reglamento antidumping en cuestión emanará de las conclusiones del reexamen.

(19)

No podrá recaudarse ningún derecho superior al establecido en el Reglamento en cuestión en relación con el período comprendido entre la publicación del anuncio de reapertura y la fecha de entrada en vigor de los resultados de la investigación reabierta.

(20)

El derecho antidumping actual aplicable a Hansol es de 104,46 EUR por tonelada neta.

(1)

El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (2) (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE») entró en vigor el 1 de enero de 1994.

(2)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 98 del Acuerdo EEE, el Comité Mixto del EEE creado por el Acuerdo EEE (en lo sucesivo, «Comité Mixto del EEE») puede decidir modificar, entre otros, el Protocolo 31 sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades anejo al Acuerdo EEE (en lo sucesivo, «Protocolo 31»).

(3)

Procede mantener la cooperación de las Partes Contratantes en el Acuerdo EEE en las acciones de la Unión financiadas con cargo al presupuesto general de la Unión relativas a la libre circulación de los trabajadores, la coordinación de los sistemas de seguridad social y las medidas en beneficio de los migrantes, incluidos los procedentes de terceros países.

(4)

Por lo tanto, procede modificar el Protocolo 31 en consecuencia.

(5)

La posición de la Unión en el Comité Mixto del EEE debe, por lo tanto, basarse en el proyecto de Decisión del Comité Mixto del EEE adjunto.

(1)

De conformidad con el artículo 300, apartado 3, del Tratado, el Comité de las Regiones estará compuesto por representantes de los entes regionales y locales que sean titulares de un mandato electoral en un ente regional o local o que tengan responsabilidad política ante una asamblea elegida.

(2)

El 3 de febrero de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2020/144 (2) por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2020 y el 25 de enero de 2025.

(3)

Ha quedado vacante un puesto de miembro del Comité de las Regiones tras la dimisión de D. Juan ESPADAS CEJAS.

(4)

Han quedado vacantes dos puestos de suplentes del Comité de las Regiones tras la dimisión de D. Carlos MARTÍNEZ MÍNGUEZ y el término del mandato nacional a tenor del cual se propuso el nombramiento de D. José Francisco BALLESTA GERMÁN.

(5)

El Gobierno español ha propuesto a D. Julio MILLÁN MUÑOZ, representante de un ente local que es titular de un mandato electoral de un ente local, Alcalde del Ayuntamiento de Jaén (Andalucía), como miembro del Comité de las Regiones para el período restante del mandato actual, es decir, hasta el 25 de enero de 2025.

(6)

El Gobierno español ha propuesto a los siguientes representantes de entes locales que son titulares de un mandato electoral de un ente local como suplentes del Comité de las Regiones para el período restante del mandato actual, es decir, hasta el 25 de enero de 2025: D.a Noelia María ARROYO HERNÁNDEZ, Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), y D. Óscar PUENTE SANTIAGO, Alcalde del Ayuntamiento de Valladolid (Castilla y León).

(1)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1, de la Decisión 2013/354/PESC, el Comité Político y de Seguridad (CPS) está autorizado, de conformidad con el artículo 38 del Tratado, a tomar las decisiones pertinentes para ejercer el control político y la dirección estratégica de la Misión de Policía de la Unión Europea para los Territorios Palestinos (EUPOL COPPS), incluida la decisión de nombrar un jefe de Misión.

(2)

El 13 de octubre de 2020, el CPS adoptó la Decisión (PESC) 2020/1541 (2), en la que se nombraba a D.a Nataliya APOSTOLOVA jefa de la Misión EUPOL COPPS desde el 15 de noviembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.

(3)

El 28 de junio de 2021, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2021/1066 (3), por la que se prorrogaba el mandato de la Misión EUPOL COPPS hasta el 30 de junio de 2022.

(4)

El 1 de julio de 2021, el CPS adoptó la Decisión (PESC) 2021/1128 (4), por la que se prorrogaba el mandato de D.a Nataliya APOSTOLOVA como jefa de la Misión EUPOL COPPS hasta el 30 de junio de 2022.

(5)

El 27 de junio 2022, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2022/1018 (5), por la que se prorroga el mandato de la Misión EUPOL COPPS desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023.

(6)

El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha propuesto que se prorrogue el mandato de D.a Nataliya APOSTOLOVA como jefa de la Misión EUPOL COPPS desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023.

(1)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, de la Acción Común 2005/889/PESC, el Comité Político y de Seguridad (CPS) está autorizado, de conformidad con el artículo 38 del Tratado, a adoptar las decisiones oportunas para ejercer el control político y la dirección estratégica de la Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea para el paso fronterizo de Rafah (EU BAM Rafah), incluida la decisión de nombrar a un jefe de misión.

(2)

El 13 de octubre de 2020, el CPS adoptó la Decisión (PESC) 2020/1548 (2), en la que se nombraba a D. Mihai-Florin BULGARIU jefe de misión de la EU BAM Rafah desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.

(3)

El 28 de junio de 2021, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2021/1065 (3) por la que se prorrogaba el mandato de la EU BAM Rafah hasta el 30 de junio de 2022.

(4)

El 1 de julio de 2021, el CPS adoptó la Decisión (PESC) 2021/1127 (4) por la que se prorrogaba el mandato de D. Mihai-Florin BULGARIU como jefe de misión de la EU BAM Rafah desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022.

(5)

El 27 de junio de 2022, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2022/1017 (5), por la que se prorrogó el mandato del jefe de misión de la EU BAM Rafah hasta el 30 de junio de 2023.

(6)

El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha propuesto que se prorrogue el mandato de D. Mihai-Florin BULGARIU como jefe de misión de la EU BAM Rafah hasta el 30 de junio de 2023.

(1)

El 31 de agosto de 2022 expiran los mandatos de veintiséis jueces del Tribunal General. Deben efectuarse nombramientos para cubrir estos puestos durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2028.

(2)

Se ha propuesto la renovación del mandato de juez del Tribunal General de D. Ion GÂLEA, D. Marc JAEGER, D. Dean SPIELMANN, y D.a Mirela STANCU.

(3)

Se ha propuesto la candidatura de D. Steven VERSCHUUR para un primer mandato como juez del Tribunal General.

(4)

Por otra parte, el artículo 48 del Protocolo n.o 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, modificado por el Reglamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), dispone que el número de jueces del Tribunal General se incrementará en un proceso de tres fases, de modo que, a partir del 1 de septiembre de 2019, el Tribunal General estará compuesto por dos jueces por Estado miembro. En virtud del artículo 2, letra a), de dicho Reglamento, la primera fase para aumentar el número de jueces del Tribunal General implica el nombramiento de doce jueces adicionales, seis de los cuales tienen un mandato que expira el 31 de agosto de 2016. Dichos seis jueces serán elegidos de modo que los Gobiernos de seis Estados miembros propongan a dos jueces para la renovación parcial del Tribunal General en 2016, cuyo mandato se extiende desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de agosto de 2022. El puesto del juez adicional que debe elegirse a propuesta del Gobierno de la República Eslovaca forma parte de los seis jueces adicionales afectados por la renovación parcial del Tribunal General en 2016. Se ha propuesto la candidatura de D.a Beatrix RICZIOVÁ para el puesto de juez adicional del Tribunal General.

(5)

En virtud del artículo 7 del Protocolo n.o 3, y a raíz del fallecimiento de D. Barna BERKE, procede nombrar a un juez del Tribunal General por el tiempo restante de su mandato, es decir, hasta el 31 de agosto de 2022.

(6)

Se ha propuesto la candidatura de D. Tihamér TÓTH para el puesto que ha quedado vacante.

(7)

El comité creado en virtud del artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se ha pronunciado favorablemente sobre la idoneidad de estos candidatos para el ejercicio de las funciones de juez del Tribunal General.