ISSN 1977-0685

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 277I

European flag  

Edición en lengua española

Legislación

64.° año
2 de agosto de 2021


Sumario

 

II   Actos no legislativos

Página

 

 

REGLAMENTOS

 

*

Reglamento (UE) 2021/1275 del Consejo, de 30 de julio de 2021, por el que se adoptan medidas restrictivas en vista de la situación en el Líbano

1

 

*

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1276 del Consejo, de 30 de julio de 2021, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2019/1716 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Nicaragua

12

 

 

DECISIONES

 

*

Decisión (PESC) 2021/1277 del Consejo, de 30 de julio de 2021, relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en el Líbano

16

 

*

Decisión (PESC) 2021/1278 del Consejo, de 30 de julio de 2021, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2019/1720 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Nicaragua

24

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.


II Actos no legislativos

REGLAMENTOS

2.8.2021   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

LI 277/1


REGLAMENTO (UE) 2021/1275 DEL CONSEJO

de 30 de julio de 2021

por el que se adoptan medidas restrictivas en vista de la situación en el Líbano

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 215,

Vista la Decisión (PESC) 2021/1277 del Consejo, de 30 de julio de 2021, sobre la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación en el Líbano (1),

Vista la propuesta conjunta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1)

El 30 de julio de 2021, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2021/1277, que fija un marco para la adopción de medidas restrictivas específicas con las que hacer frente a la situación en el Líbano. El contexto político y las razones políticas para la adopción de las medidas restrictivas se enuncian en los considerandos de dicha Decisión. La Decisión del Consejo establece la inmovilización de fondos y recursos económicos y la prohibición de poner fondos y recursos económicos a disposición de personas físicas responsables de la grave crisis financiera, económica, social y política en el Líbano y de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellas. Las personas, entidades y organismos sujetos a las medidas restrictivas se enumeran en el anexo de la Decisión (PESC) 2021/1277.

(2)

Estas medidas entran dentro del ámbito de aplicación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, por tanto, con el especial fin de garantizar su aplicación uniforme por parte de los agentes económicos en todos los Estados miembros, resulta necesario un acto normativo de la Unión que les dé aplicación.

(3)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, los derechos de la defensa y el derecho a la protección de los datos de carácter personal. El presente Reglamento ha de aplicarse de conformidad con dichos derechos.

(4)

El procedimiento de modificación de la lista que figura en el anexo I del presente Reglamento debe disponer que se comunique a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos designados los motivos de su inclusión en la lista, para que tengan la oportunidad de formular observaciones.

(5)

A efectos de la aplicación del presente Reglamento, y para establecer un máximo de seguridad jurídica dentro de la Unión, han de hacerse públicos los nombres y otros datos pertinentes relativos a personas físicas y jurídicas, entidades y organismos cuyos fondos y recursos económicos deban ser inmovilizados de conformidad con el presente Reglamento. Todo tratamiento de datos personales debe ajustarse a lo dispuesto en los Reglamentos (UE) 2016/679 (2) y (UE) 2018/1725 (3) del Parlamento Europeo y del Consejo.

(6)

Los Estados miembros y la Comisión deben informarse mutuamente de las medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento, así como de cualquier otra información pertinente de que dispongan en relación con él.

(7)

Los Estados miembros deben establecer normas relativas a las sanciones aplicables en caso de infracción de las disposiciones del presente Reglamento y velar por su ejecución. Dichas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a)

«demanda»: toda reclamación, se haya realizado o no por vía judicial, presentada antes o después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, en virtud de un contrato o transacción o en relación con estos, en particular:

i)

toda reclamación de cumplimiento de una obligación derivada de un contrato o transacción o en relación con estos,

ii)

toda reclamación de prórroga o pago de una fianza, una garantía financiera o una indemnización, independientemente de la forma que adopte,

iii)

toda reclamación de compensación en relación con un contrato o transacción,

iv)

toda demanda de reconvención,

v)

toda reclamación de reconocimiento o ejecución, incluso mediante el procedimiento de exequatur, de una sentencia, un laudo arbitral o una resolución equivalente, dondequiera que se haya adoptado o dictado;

b)

«contrato o transacción»: toda transacción, independientemente de la forma que adopte y de la legislación que le sea aplicable, tanto si comprende uno o más contratos u obligaciones similares entre partes idénticas o entre partes distintas; a tal efecto, el término «contrato» comprende cualquier fianza, garantía o indemnización, en particular financieras, y crédito, jurídicamente independientes o no, así como cualquier disposición conexa derivada de la transacción o en relación con ella;

c)

«autoridades competentes»: las autoridades competentes de los Estados miembros tal como se mencionan en los sitios web indicados en el anexo II;

d)

«recursos económicos»: los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, mobiliarios o inmobiliarios, que no sean fondos, pero que puedan utilizarse para obtener fondos, bienes o servicios;

e)

«inmovilización de recursos económicos»: el hecho de impedir el uso de recursos económicos para obtener fondos, bienes o servicios de cualquier manera, incluidos, aunque no con carácter exclusivo, la venta, el alquiler o la constitución de una hipoteca;

f)

«inmovilización de fondos»: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, acceso o negociación de fondos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, titularidad, posesión, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de cartera;

g)

«fondos»: los activos y beneficios financieros de cualquier naturaleza incluidos en la siguiente relación, no exhaustiva:

i)

efectivo, cheques, derechos dinerarios, efectos, giros y otros instrumentos de pago,

ii)

depósitos en entidades financieras u otros entes, saldos en cuentas, deudas y obligaciones de deuda,

iii)

valores negociables e instrumentos de deuda públicos y privados, tales como acciones y participaciones, certificados de valores, bonos y obligaciones, pagarés, warrants, obligaciones sin garantía y contratos de derivados,

iv)

intereses, dividendos u otros ingresos devengados o generados por activos,

v)

créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de buena ejecución u otros compromisos financieros,

vi)

cartas de crédito, conocimientos de embarque y comprobantes de venta,

vii)

documentos que atestigüen una participación en fondos o recursos financieros;

h)

«territorio de la Unión»: los territorios de los Estados miembros, incluido su espacio aéreo, en los que es aplicable el Tratado, en las condiciones establecidas en este.

Artículo 2

1.   Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo enumerado en el anexo I.

2.   En ningún caso se pondrán fondos o recursos económicos a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo I ni se utilizarán en su beneficio.

3.   Se incluirán en el anexo I los nombres que determine el Consejo de conformidad con el artículo 4 de la Decisión (PESC) 2021/1277 de:

a)

las personas físicas responsables de menoscabar la democracia o el Estado de Derecho en el Líbano mediante cualquiera de las siguientes acciones:

i)

la obstrucción o el menoscabo del proceso político democrático, obstaculizando de forma persistente la formación de un gobierno u obstruyendo o menoscabando gravemente la celebración de elecciones,

ii)

la obstrucción o el menoscabo de la aplicación de los planes aprobados por autoridades libanesas y respaldados por los agentes internacionales pertinentes, entre ellos la Unión, para mejorar la rendición de cuentas y la buena gobernanza en el sector público o para aplicar las reformas económicas cruciales, con inclusión de los sectores bancario y financiero y de la adopción de una legislación transparente y no discriminatoria sobre salida de capitales,

iii)

infracciones financieras graves en materia de fondos públicos, a condición de que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se aplique a los actos de que se trate, y la salida no autorizada de capitales;

b)

las personas físicas asociadas a las personas designadas con arreglo a la letra a).

Artículo 3

1.   Como excepción a lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos, en las condiciones que consideren oportunas y tras haber comprobado que los fondos o recursos económicos en cuestión:

a)

son necesarios para satisfacer las necesidades básicas de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo I y de los familiares a cargo de dichas personas físicas, como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y suministros básicos;

b)

se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables o al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos;

c)

se destinan exclusivamente al pago de comisiones o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de fondos o recursos económicos inmovilizados;

d)

son necesarios para sufragar gastos extraordinarios, siempre y cuando la autoridad competente que corresponda haya notificado a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión, al menos dos semanas antes de la autorización, los motivos por los cuales considera que debe concederse una autorización específica, o

e)

se ingresan en la cuenta o se pagan con cargo a la cuenta de una misión diplomática o consular o de una organización internacional que goce de inmunidad con arreglo al Derecho internacional, en la medida en que dichos pagos estén destinados a ser utilizados a efectos oficiales de la misión diplomática o consular o de la organización internacional.

2.   El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del apartado 1 en el plazo de dos semanas a partir de la autorización.

Artículo 4

1.   Como excepción a lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos, en las condiciones que consideren oportunas, tras haberse cerciorado de que la entrega de dichos fondos o recursos económicos es necesaria para fines humanitarios, tales como prestar o facilitar asistencia, incluidos los productos médicos y los alimentos, o el traslado de trabajadores humanitarios y la asistencia correspondiente, o para las evacuaciones desde el Líbano.

2.   El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del apartado 1 en el plazo de dos semanas a partir de la autorización.

Artículo 5

1.   Como excepción a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, las autoridades competentes podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, si se cumplen las condiciones siguientes:

a)

que los fondos o recursos económicos sean objeto de una resolución arbitral dictada antes de la fecha de inclusión en el anexo I de la persona física o jurídica, entidad u organismo a que se refiere el artículo 2, o de una resolución judicial o administrativa dictada en la Unión o de una resolución judicial con fuerza ejecutiva en el Estado miembro de que se trate, antes o después de dicha fecha;

b)

que los fondos o recursos económicos vayan a utilizarse exclusivamente para satisfacer las demandas garantizadas por tales resoluciones o reconocidas como válidas en ellas, dentro de los límites establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a los derechos de las personas beneficiarias de dichas demandas;

c)

que la resolución no beneficie a ninguna de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo I, y

d)

que el reconocimiento de la resolución no sea contrario al orden público del Estado miembro de que se trate.

2.   El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del apartado 1 en el plazo de dos semanas a partir de la autorización.

Artículo 6

1.   No obstante lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, y siempre que un pago sea adeudado por una persona física o jurídica, entidad u organismo enumerado en el anexo I en virtud de un contrato o acuerdo suscrito o de una obligación contraída por la persona física o jurídica, entidad u organismo en cuestión antes de la fecha en que se haya incluido en el anexo I a dicha persona física o jurídica, entidad u organismo, las autoridades competentes podrán autorizar, en las condiciones que consideren oportunas, la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, siempre que la autoridad competente en cuestión haya considerado que:

a)

los fondos o los recursos económicos serán utilizados por una persona física o jurídica, una entidad o un organismo que figure en el anexo I para efectuar un pago, y

b)

el pago no infringe el artículo 2, apartado 2.

2.   El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del apartado 1 en el plazo de dos semanas a partir de la autorización.

Artículo 7

1.   El artículo 2, apartado 2, no impedirá el abono en las cuentas inmovilizadas por entidades financieras o de crédito que reciban fondos transferidos por terceros a la cuenta de una persona física o jurídica, entidad u organismo que figure en la lista, siempre que los abonos a dichas cuentas también se inmovilicen. Las entidades financieras o de crédito informarán sin demora a las autoridades competentes pertinentes sobre cualquier transacción de ese tipo.

2.   El artículo 2, apartado 2, no se aplicará al abono en cuentas inmovilizadas de:

a)

intereses u otros beneficios correspondientes a dichas cuentas;

b)

pagos adeudados en virtud de contratos o acuerdos suscritos u obligaciones contraídas antes de la fecha en que se hubiera incluido en el anexo I a la persona física o jurídica, entidad u organismo a que se refiere el artículo 2, o

c)

pagos adeudados en virtud de resoluciones judiciales o administrativas o laudos arbitrales dictados en un Estado miembro o ejecutables en el Estado miembro de que se trate,

siempre que dichos intereses, otros beneficios y pagos sigan estando sujetos a las medidas establecidas en el artículo 2, apartado 1.

Artículo 8

1.   Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de comunicación de información, confidencialidad y secreto profesional, las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos:

a)

proporcionarán inmediatamente toda información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, como la información sobre las cuentas y los importes inmovilizados de conformidad con el artículo 2, apartado 1, a las autoridades competentes del Estado miembro de residencia o establecimiento, y remitirán esa información a la Comisión, directamente o a través de los Estados miembros, y

b)

cooperarán con las autoridades competentes en toda verificación de la información mencionada en la letra a).

2.   Toda información adicional recibida directamente por la Comisión se pondrá a disposición de los Estados miembros.

3.   Toda información proporcionada o recibida de conformidad con el presente artículo solo se utilizará a los efectos para los que se haya proporcionado o recibido.

Artículo 9

Queda prohibida la participación consciente y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas indicadas en el artículo 2.

Artículo 10

1.   La inmovilización de fondos y recursos económicos o la negativa a facilitarlos, de buena fe y con la convicción de que tal acción es conforme con el presente Reglamento, no generará responsabilidad alguna para la persona física o jurídica, entidad u organismo que la realice, ni de sus directores o empleados, a menos que se demuestre que los fondos o recursos económicos fueron inmovilizados o retenidos por negligencia.

2.   Las acciones realizadas por personas físicas o jurídicas, entidades u organismos no generarán responsabilidad alguna para ellos en caso de que ignorasen o no tuviesen motivos fundados para sospechar que sus acciones podrían infringir las medidas establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 11

1.   No se satisfará demanda alguna relacionada con un contrato o transacción cuya ejecución se haya visto afectada, directa o indirectamente, total o parcialmente, por las medidas impuestas por el presente Reglamento, incluidas las demandas de indemnización o cualquier otra demanda de este tipo, tales como una demanda de compensación o una demanda a título de garantía, principalmente cualquier demanda que tenga por objeto la prórroga o el pago de una garantía o una contragarantía, en particular garantías o contragarantías financieras, independientemente de la forma que adopte, si la presentan:

a)

personas físicas o jurídicas, entidades u organismos designados que figuren en la lista del anexo I;

b)

cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo que actúe por mediación o en nombre de una de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos a que se refiere la letra a).

2.   En cualquier procedimiento relativo a la ejecución de una demanda, la carga de la prueba de que el apartado 1 no prohíbe satisfacer dicha demanda recaerá en la persona física o jurídica, entidad u organismo que pretenda la ejecución de dicha demanda.

3.   El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos a que se refiere el apartado 1 a recurrir por la vía judicial la legalidad del incumplimiento de obligaciones contractuales de conformidad con el presente Reglamento.

Artículo 12

1.   La Comisión y los Estados miembros se informarán mutuamente de las medidas adoptadas en aplicación del presente Reglamento y compartirán cualquier otra información pertinente de que dispongan relacionada con el presente Reglamento, en particular con respecto a:

a)

los fondos inmovilizados con arreglo al artículo 2 y las autorizaciones concedidas con arreglo a los artículos 3, 4, 5 y 6;

b)

los problemas de infracción y ejecución y las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales nacionales.

2.   Los Estados miembros se comunicarán inmediatamente y comunicarán inmediatamente a la Comisión cualquier otra información pertinente de que tengan conocimiento que pueda afectar a la aplicación efectiva del presente Reglamento.

Artículo 13

1.   En caso de que el Consejo decida someter a una persona física o jurídica, entidad u organismo a las medidas a las que se refiere el artículo 2, modificará el anexo I en consecuencia.

2.   El Consejo comunicará la decisión a que se refiere el apartado 1, incluidos los motivos de la inclusión en la lista, a la persona física o jurídica, entidad u organismo afectados, bien directamente, si se conoce su domicilio, o bien mediante la publicación de un anuncio, y ofrecerá a dicha persona física o jurídica, entidad u organismo la oportunidad de presentar observaciones al respecto.

3.   En caso de que se presenten observaciones o nuevas pruebas sustanciales, el Consejo reconsiderará las decisiones a que se refiere el apartado 1 e informará en consecuencia a la persona física o jurídica, entidad u organismo afectados.

4.   La lista del anexo I se revisará periódicamente y al menos cada 12 meses.

5.   La Comisión estará facultada para modificar el anexo II, atendiendo a la información facilitada por los Estados miembros.

Artículo 14

1.   El anexo I mencionará los motivos de la inclusión en la lista de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos de que se trate.

2.   El anexo I contendrá, cuando se disponga de ella, la información necesaria para identificar a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos de que se trate. Respecto de las personas físicas, esa información podrá incluir el nombre y apellidos y los alias, el lugar y la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte o de documento de identidad, el sexo, el domicilio, si se conoce, y el cargo o la profesión. En el caso de las personas jurídicas, entidades u organismos, la información podrá incluir el nombre, el lugar y la fecha de registro, el número de inscripción y el lugar de actividad.

Artículo 15

1.   Los Estados miembros establecerán las normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión, inmediatamente después de la entrada en vigor del presente Reglamento, las normas mencionadas en el apartado 1, así como cualquier modificación posterior.

Artículo 16

1.   El Consejo, la Comisión y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (en lo sucesivo, «Alto Representante») tratarán datos personales a los fines del ejercicio de sus funciones en virtud del presente Reglamento. Estas funciones incluyen:

a)

por lo que respecta al Consejo, la elaboración e incorporación de modificaciones del anexo I;

b)

por lo que respecta al Alto Representante, la elaboración de modificaciones del anexo I;

c)

por lo que respecta a la Comisión:

i)

la inclusión del contenido del anexo I en la lista electrónica consolidada de personas, grupos y entidades sujetos a sanciones financieras de la Unión y en el mapa interactivo de sanciones, ambos de acceso público,

ii)

el tratamiento de la información sobre las repercusiones de las medidas establecidas en el presente Reglamento, tales como el valor de los fondos inmovilizados y la información sobre las autorizaciones concedidas por las autoridades competentes.

2.   El Consejo, la Comisión y el Alto Representante únicamente podrán tratar, en su caso, los datos pertinentes relativos a los delitos cometidos por las personas físicas enumeradas, a las condenas penales de dichas personas o a las medidas de seguridad referentes a ellas, en la medida en que sea necesario para elaborar el anexo I.

3.   A los efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se designa al Consejo, al servicio de la Comisión indicado en el anexo II del presente Reglamento y al Alto Representante «responsables del tratamiento» en el sentido del artículo 3, punto 8, del Reglamento (UE) 2018/1725, a fin de garantizar que las personas físicas afectadas puedan ejercer sus derechos en virtud de dicho Reglamento.

Artículo 17

1.   Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes a que se refiere el presente Reglamento y las mencionarán en las sitios web indicados en el anexo II. Los Estados miembros notificarán a la Comisión todo cambio en las direcciones de los sitios web indicados en el anexo II.

2.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión, inmediatamente después de la entrada en vigor del presente Reglamento, cuáles son sus respectivas autoridades competentes, incluidos los datos de contacto de dichas autoridades, así como toda modificación posterior.

3.   Cuando el presente Reglamento requiera notificar o informar a la Comisión, o establecer con esta cualquier otra forma de comunicación, la dirección y otros datos de contacto que se utilizarán para dicha comunicación serán los indicados en el anexo II.

Artículo 18

El presente Reglamento se aplicará:

a)

en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo;

b)

a bordo de cualquier aeronave o buque bajo la jurisdicción de un Estado miembro;

c)

a toda persona física, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro;

d)

a toda persona jurídica, entidad u organismo, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que se haya registrado o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro;

e)

a toda persona jurídica, entidad u organismo, en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, dentro de la Unión.

Artículo 19

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 30 de julio de 2021.

Por el Consejo

El Presidente

G. DOVŽAN


(1)  Véase la página 17 del presente Diario Oficial.

(2)  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

(3)  Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).


ANEXO I

Lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2

[…]


ANEXO II

Sitios web con información sobre las autoridades competentes y dirección para las notificaciones a la Comisión Europea

BÉLGICA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/101

CHEQUIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DINAMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALEMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAÑA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROACIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CHIPRE

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HUNGRÍA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

PAÍSES BAJOS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMANÍA

http://www.mae.ro/node/1548

ESLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

ESLOVAQUIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUECIA

http://www.ud.se/sanktioner

Dirección para las notificaciones a la Comisión Europea:

Comisión Europea

Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (DG FISMA)

Rue de Spa, 2

B-1049 Bruselas, Bélgica

Correo electrónico: relex-sanctions@ec.europa.eu


2.8.2021   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

LI 277/12


REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1276 DEL CONSEJO

de 30 de julio de 2021

por el que se aplica el Reglamento (UE) 2019/1716 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Nicaragua

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) 2019/1716 del Consejo, de 14 de octubre de 2019, relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Nicaragua (1), y en particular su artículo 13, apartado 1,

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

(1)

El 14 de octubre de 2019, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2019/1716 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Nicaragua.

(2)

El 10 de junio de 2021, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (en lo sucesivo, «Alto Representante») emitió una declaración en nombre de la Unión en la que condenaba las acciones de las autoridades nicaragüenses contra partidos de la oposición, medios de comunicación, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación y defensores de los derechos humanos, así como contra la sociedad civil, en particular mediante la detención y retención sistemáticas de posibles candidatos presidenciales y de dirigentes de la oposición. El Alto Representante afirmó que la Unión estaba dispuesta a utilizar todos los instrumentos habida cuenta de la situación en Nicaragua, entre ellos la imposición de medidas restrictivas adicionales.

(3)

En vista de la grave situación que persiste en Nicaragua, procede incluir a ocho personas en la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1716.

(4)

Por lo tanto, procede modificar el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1716 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (UE) 2019/1716 se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 30 de julio de 2021.

Por el Consejo

El Presidente

G. DOVŽAN


(1)  DO L 262 de 15.10.2019, p. 1.


ANEXO

Las siguientes personas se añaden a la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos que figura en el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1716:

 

Nombre

Información identificativa

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

«7.

Rosario María MURILLO ZAMBRANA

Alias: Rosario María MURILLO DE ORTEGA

Cargo(s): vicepresidenta de la República de Nicaragua (desde 2017), esposa del presidente Daniel Ortega

Fecha de nacimiento: 22 de junio de 1951

Lugar de nacimiento: Managua, Nicaragua

Sexo: femenino

Nacionalidad: nicaragüense

Número de pasaporte: A00000106 (Nicaragua)

Vicepresidenta de Nicaragua, primera dama de Nicaragua y líder de la organización Juventud Sandinista. Según el presidente Daniel Ortega, Rosario María Murillo Zambrana comparte con él el poder a partes iguales. Tuvo un papel instrumental en alentar y justificar la represión ejercida por la Policía Nacional de Nicaragua contra las manifestaciones de la oposición en 2018. En junio de 2021 amenazó públicamente a la oposición nicaragüense y desacreditó a periodistas independientes.

Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar la democracia en Nicaragua.

2.8.2021

8.

Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS

Cargo(s): presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua (desde enero de 2017)

Fecha de nacimiento: 11de octubre de 1954

Lugar de nacimiento: Managua, Nicaragua

Sexo: masculino

Nacionalidad: nicaragüense

Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua desde enero de 2017 y miembro de la dirección nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 1996. En su calidad de presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, promovió la adopción de varios actos jurídicos represivos, entre ellos la ley de amnistía que impide cualquier investigación sobre los responsables de las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas en 2018, y de leyes que socavan la libertad y el proceso democrático en Nicaragua.

Por lo tanto, es responsable de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar gravemente la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.

2.8.2021

9.

Juan Antonio VALLE VALLE

Cargo(s): Dirigente de la Policía Nacional

Grado: comisionado mayor /comisionado general

Fecha de nacimiento: 4 de mayo de 1963

Lugar de nacimiento: Matagalpa, Nicaragua

Sexo: masculino

Nacionalidad: nicaragüense

En su calidad de dirigente, con rango de comisionado general (el segundo más alto) de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) y en un puesto de mando de la Policía en Managua, Juan Antonio Valle Valle es responsable de actos reiterados de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza, que han provocado la muerte de cientos de civiles, de detenciones y retenciones arbitrarias, de violar la libertad de expresión y de haber impedido manifestaciones contra el Gobierno.

Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua.

2.8.2021

10.

Ana Julia GUIDO OCHOA

Alias: Ana Julia GUIDO DE ROMERO

Cargo(s): fiscal general de la República de Nicaragua

Fecha de nacimiento: 16 de febrero de 1959

Lugar de nacimiento: Matagalpa, Nicaragua

Sexo: femenino

Nacionalidad: nicaragüense

En su calidad de fiscal general, el cargo de mayor rango de la Fiscalía, Ana Julia Guido Ochoa, fiel al régimen de Ortega, es responsable del enjuiciamiento por motivos políticos de numerosos manifestantes y miembros de la oposición política. Creó una unidad especializada que inventaba acusaciones contra manifestantes y presentaba cargos contra ellos. Además, es responsable de haber inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos al principal candidato de la oposición a las elecciones generales.

Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática, y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.

2.8.2021

11.

Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ

Cargo(s): jefe departamental de la Policía de León, comisionado general de la Policía Nacional

Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1960

Sexo: masculino

Nacionalidad: nicaragüense

En su calidad de jefe departamental de la Policía de León desde el 23 de agosto de 2018, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez es responsable de numerosas violaciones graves de los derechos humanos, en particular de detenciones y retenciones arbitrarias; entre ellas, el secuestro de miembros de la familia de un oponente político, del uso excesivo de la fuerza y de violar la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación.

Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática.

2.8.2021

12.

Alba Luz RAMOS VANEGAS

Cargo(s): presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua

Fecha de nacimiento: 3 de junio de 1949

Sexo: femenino

Nacionalidad: nicaragüense

Número de pasaporte: A0009864 (Nicaragua)

En su calidad de presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, es responsable de instrumentalizar el poder judicial en favor de los intereses del régimen de Ortega, tipificando penalmente de forma selectiva las actividades de oposición y perpetuando el patrón de violaciones del derecho a un juicio justo, de detenciones arbitrarias e inhabilitación de partidos políticos y candidatos de la oposición.

Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar gravemente el Estado de Derecho en Nicaragua.

2.8.2021

13.

Juan Carlos ORTEGA MURILLO

Cargo(s): director de Canal 8 y de Difuso Comunicaciones. Líder del Movimiento Sandinista 4 de mayo, hijo del presidente y la vicepresidenta de la República de Nicaragua

Fecha de nacimiento: 17 de octubre de 1982

Nacionalidad: nicaragüense

Hijo del presidente Daniel Ortega y de la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo. Director de Canal 8, una de las principales cadenas de televisión propagandísticas, y líder del Movimiento Sandinista 4 de mayo. En calidad de tal, ha contribuido a restringir la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Ha amenazado públicamente a empresarios nicaragüenses que se oponen al régimen de Ortega. Por lo tanto, es responsable de socavar la democracia y de represión contra la sociedad civil en Nicaragua. Al ser hijo de la vicepresidenta Rosario Murillo, está vinculado a personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos y de represión contra la sociedad civil en Nicaragua.

2.8.2021

14.

Bayardo ARCE CASTAÑO

Cargo(s): asesor económico del presidente de la República de Nicaragua

Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1950

Sexo: masculino

Nacionalidad: nicaragüense

En su calidad de asesor económico del presidente Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño ejerce una influencia considerable en las políticas del régimen de Ortega. Por lo tanto, está vinculado a personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.

Ha respaldado la elaboración de legislación que impide a los candidatos de la oposición participar en las elecciones. Por lo tanto, es responsable de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua.

2.8.2021»


DECISIONES

2.8.2021   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

LI 277/16


DECISIÓN (PESC) 2021/1277 DEL CONSEJO

de 30 de julio de 2021

relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en el Líbano

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

(1)

El 7 de diciembre de 2020, el Consejo adoptó unas Conclusiones en las que observaba con creciente preocupación que la grave crisis financiera, económica, social y política en la que está sumido el Líbano se había agudizado en los meses anteriores y que la población libanesa era la que más sufría las dificultades cada vez mayores que atraviesa el país.

(2)

El Consejo subrayaba la urgente necesidad de que las autoridades libanesas llevasen a cabo reformas para recobrar la confianza de la comunidad internacional. Afirmaba que la Unión está dispuesta a apoyar las reformas, pero el protagonismo del proceso corresponde al Líbano. El Consejo instaba a las autoridades libanesas a que cumpliesen sus compromisos previos, incluidos los contraídos en el contexto de la Conferencia del CEDRE de abril de 2018, que cuentan con el respaldo del Grupo Internacional de Apoyo al Líbano (integrado por las Naciones Unidas y los Gobiernos de Alemania, China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia, Italia y Reino Unido, junto con la Unión Europea y la Liga Árabe) y de otros miembros de la comunidad internacional (entre ellos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional). El Consejo también instaba a las autoridades libanesas a que implantasen con carácter urgente reformas basadas en los acuerdos alcanzados tras la explosión del 4 de agosto de 2020 por todos los dirigentes políticos del Líbano para salvar las diferencias políticas en apoyo a las reformas. Dichas reformas conllevan, en particular, reformas económicas y de gobernanza significativas y profundas para restablecer la estabilidad económica, mejorar la prestación de servicios públicos, atajar los crecientes niveles de pobreza, reducir las desigualdades, conseguir la sostenibilidad de las finanzas públicas, recuperar la credibilidad del sector financiero, garantizar la independencia del poder judicial, asegurar el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho, luchar contra la corrupción y satisfacer las aspiraciones legítimas expresadas pacíficamente por el pueblo libanés. El Consejo también declaraba su apoyo al marco de reforma, recuperación y reconstrucción (3RF) para «reconstruir un Líbano mejor», que se rige por los principios de transparencia, inclusión y rendición de cuentas.

(3)

El 3RF, puesto en marcha por la Unión, las Naciones Unidas y el Banco Mundial en diciembre de 2020, está cogestionado por el Gobierno del Líbano. Además, el plan de recuperación financiera de abril de 2020 fue aprobado por el Consejo de Ministros libanés y acogido favorablemente por la comunidad internacional. Por otra parte, el Grupo Internacional de Apoyo al Líbano acogía con satisfacción, en una declaración conjunta emitida el 23 de septiembre de 2020, el acuerdo alcanzado por todos los dirigentes políticos del Líbano sobre una guía exhaustiva para las reformas con un calendario de aplicación acorde con sus compromisos previos, en particular con los contraídos en el contexto de la Conferencia del CEDRE de 2018, y que cuenta con el apoyo del Grupo Internacional y de otros miembros de la comunidad internacional.

(4)

En sus Conclusiones de 7 de diciembre de 2020, el Consejo seguía instando al Gobierno en funciones desde agosto de 2020 a actuar con rapidez y determinación dentro de sus límites constitucionales, si bien observaba que solo un gobierno operativo podría aplicar en su totalidad un programa plenamente respaldado por el Parlamento libanés que incluya compromisos de reforma precisos, verosímiles y sujetos a plazos y que aborden las dificultades del Líbano. Por este motivo, hacía un llamamiento a todas las partes interesadas y fuerzas políticas libanesas para que apoyen la formación urgente de un gobierno en el Líbano que esté orientado a objetivos y sea creíble, responsable y capaz de llevar a cabo las reformas necesarias.

(5)

Desde el 7 de diciembre de 2020 el Consejo ha expresado reiteradamente su honda preocupación por el empeoramiento de la situación en el Líbano. No ha habido avances en el proceso de formación del Gobierno, a pesar de los reiterados llamamientos de la Unión y de otros actores internacionales pertinentes a las fuerzas políticas y partes interesadas libanesas para que actúen en interés nacional y no retrasen más la formación de un gobierno con plenas potestades, capaz de satisfacer las necesidades urgentes del país y aplicar reformas cruciales. Han transcurrido más de once meses desde la dimisión del anterior Gobierno, en agosto de 2020, y nueve meses desde el nombramiento, en octubre de 2020, por el Parlamento libanés de un nuevo primer ministro designado, que dimitió en julio de 2021.

(6)

Mientras tanto, la situación económica, social y humanitaria en el Líbano sigue deteriorándose, y el pueblo libanés sigue sufriendo. El Banco Mundial informó en su publicación Lebanon Economic Monitor, de junio de 2021, de que el Líbano está atravesando una depresión económica grave y prolongada, probablemente uno de los episodios más graves de crisis a escala mundial desde mediados del siglo XIX. El Banco Mundial calificaba la crisis como una «depresión deliberada» con respuestas políticas inadecuadas debido a la falta de consenso político respecto a iniciativas de actuación eficaces. Informaba de que más de la mitad de la población probablemente esté por debajo del umbral nacional de pobreza, la tasa de desempleo está en aumento y una proporción cada vez mayor de hogares tiene dificultades para acceder a los servicios básicos, incluida la atención sanitaria. Señalaba que el acusado deterioro de los servicios básicos tendría consecuencias a largo plazo: migración masiva, pérdida de aprendizaje, malos resultados sanitarios y falta de redes de seguridad adecuadas, entre otros. Estimaba que el daño permanente al capital humano sería muy difícil de recuperar, y que esto determina probablemente el carácter único de la crisis del Líbano frente a otras crisis mundiales. El Banco Mundial observaba, además, que las condiciones socioeconómicas cada vez más graves corren el riesgo de provocar deficiencias sistémicas a escala nacional, con el creciente recelo de los posibles causantes del malestar social y sin que se perfile en el horizonte una salida a la crisis.

(7)

La población libanesa está pagando un precio excepcionalmente alto por la inacción de los dirigentes políticos libaneses. La actual crisis económica, social, humanitaria y política constituye una grave amenaza para la estabilidad y la seguridad del Líbano, con posibles consecuencias para la estabilidad y la seguridad de toda la región.

(8)

La Unión está dispuesta a recurrir a todos sus instrumentos de actuación para contribuir a una salida sostenible de la crisis actual y reaccionar contra un deterioro aún mayor de la democracia y del Estado de Derecho y de la situación económica, social y humanitaria en el Líbano. Ante la gravedad de la situación, debe adoptarse un marco para la imposición de medidas restrictivas específicas contra personas físicas responsables de menoscabar la democracia o el Estado de Derecho en el Líbano y personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellas.

(9)

Dichas medidas restrictivas específicas perseguirán los objetivos de la política exterior y de seguridad común establecidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y contribuirán a la acción de la Unión para consolidar y respaldar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del Derecho internacional, de conformidad con el artículo 21, apartado 2, letra b), del TUE. Su aplicación debe ser coherente con el artículo 3, apartado 5, del TUE, concretamente contribuyendo a la paz y la seguridad, a la solidaridad y al respeto mutuo entre los pueblos y a la protección de los derechos humanos, así como al estricto acatamiento y desarrollo del Derecho internacional, en particular al respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

(10)

Constituyen una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho las personas físicas que obstruyen o socavan el proceso político democrático, obstaculizando de forma persistente la formación de un gobierno u obstruyendo o socavando gravemente la celebración de elecciones, en particular las próximas elecciones generales en el Líbano, previstas para mayo de 2022. Dichas personas físicas promueven sus intereses personales, ya sean a título particular o en favor de su comunidad o grupo político, en detrimento del interés público libanés, especialmente al pretender hacer un uso indebido de las normas que rigen la asociación de las fuerzas políticas para la formación de un nuevo gobierno, con el fin de bloquear dicha formación y mantener el statu quo. Entre los actos que amenazan la democracia y el Estado de Derecho podrán figurar la obstrucción o el menoscabo de las elecciones.

(11)

También suponen una amenaza a la democracia o al Estado de Derecho las personas físicas que obstruyen la aplicación de los planes respaldados por los actores internacionales pertinentes para mejorar la rendición de cuentas y la buena gobernanza en el sector público o la aplicación de reformas económicas cruciales, en particular en los sectores bancario y financiero. Se trata, en particular, de reformas a que se comprometieron las autoridades libanesas y que cuentan con el apoyo de la Unión y de otros actores internacionales pertinentes. Se han omitido sistemáticamente la aplicación de estas reformas y la adopción de suficientes medidas verosímiles para la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal, la adopción de una ley de control de capitales y la adopción de otras medidas que garanticen tanto la transparencia como la plena rendición de cuentas al pueblo libanés.

(12)

También constituyen una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho las personas físicas que incurren en infracciones financieras graves, entre ellas la corrupción y la salida no autorizada de capitales. Las infracciones financieras en el seno del sistema político e institucional libanés es una cuestión sistémica que se encuentra en el origen de la actual crisis económica, social, humanitaria y política. Los agentes implicados en infracciones financieras, o que se beneficien personalmente de ella, tienen una importante responsabilidad en la grave situación socioeconómica y humanitaria a que se enfrenta el pueblo libanés.

(13)

El Consejo recuerda que el Líbano es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de 31 de octubre de 2003, y que las autoridades libanesas también han contraído compromisos en el ámbito de la lucha contra la corrupción, en particular en la Conferencia del CEDRE de 2018, en el plan de recuperación financiera de abril de 2020 y en la guía exhaustiva para las reformas de septiembre de 2020.

(14)

Son necesarias nuevas disposiciones de la Unión con el fin de aplicar determinadas medidas.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir la entrada en sus territorios o el tránsito por ellos a:

a)

las personas físicas responsables de menoscabar la democracia o el Estado de Derecho en el Líbano mediante cualquiera de las siguientes acciones:

i)

la obstrucción o el menoscabo del proceso político democrático, obstaculizando de forma persistente la formación de un gobierno u obstruyendo o menoscabando gravemente la celebración de elecciones,

ii)

la obstrucción o el menoscabo de la aplicación de los planes aprobados por autoridades libanesas y respaldados por los actores internacionales pertinentes, entre ellos la Unión, para mejorar la rendición de cuentas y la buena gobernanza en el sector público o para la aplicación de reformas económicas cruciales, con inclusión de los sectores bancario y financiero y de la adopción de una legislación transparente y no discriminatoria sobre salida de capitales,

iii)

infracciones financieras graves, en materia de fondos públicos, a condición de que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se aplique a los actos de que se trate, y salida no autorizada de capitales;

b)

las personas físicas asociadas con las personas designadas con arreglo a la letra a),

y que se enumeran en el anexo.

Son planes a tenor de la letra a), inciso ii), los planes de reforma presentados en la Conferencia del CEDRE de 2018, el plan de recuperación financiera de abril de 2020, la guía exhaustiva para las reformas de septiembre de 2020 y el marco de reforma, recuperación y reconstrucción (3RF) del Líbano de diciembre de 2020.

2.   El apartado 1 no obligará a los Estados miembros a denegar la entrada en su territorio a sus propios nacionales.

3.   El apartado 1 se entenderá sin perjuicio de aquellos casos en los que un Estado miembro esté obligado por una disposición de Derecho internacional, a saber:

a)

como país anfitrión de una organización internacional intergubernamental;

b)

como país anfitrión de una conferencia internacional convocada o auspiciada por las Naciones Unidas;

c)

en virtud de un acuerdo multilateral que confiera privilegios e inmunidades, o

d)

en virtud del Concordato de 1929 (Pacto de Letrán) celebrado entre la Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) e Italia.

4.   El apartado 3 también se aplicará cuando un Estado miembro sea el país anfitrión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

5.   Se informará debidamente al Consejo en todos los casos en que un Estado miembro conceda una exención de conformidad con los apartados 3 o 4.

6.   Los Estados miembros podrán conceder exenciones a las medidas impuestas en virtud del apartado 1 cuando el viaje esté justificado por razones humanitarias urgentes o en razón de la asistencia a reuniones intergubernamentales o a reuniones promovidas u organizadas por la Unión, u organizadas por un Estado miembro que ejerza la Presidencia de la OSCE, en las que se mantenga un diálogo político que fomente directamente los objetivos estratégicos de las medidas restrictivas, incluida la promoción de la democracia y del Estado de Derecho en el Líbano.

7.   Los Estados miembros también podrán conceder exenciones respecto de las medidas impuestas en virtud del apartado 1 cuando la entrada o el tránsito sean necesarios para tramitar un procedimiento judicial.

8.   Los Estados miembros que deseen conceder alguna de las exenciones a que se refieren los apartados 6 y 7 lo notificarán por escrito al Consejo. Se considerará que una exención está autorizada a menos que uno o varios Estados miembro formulen objeciones por escrito en los dos días hábiles siguientes a la recepción de la exención propuesta. En caso de que uno o varios Estados miembro formulen objeciones, el Consejo podrá decidir, por mayoría cualificada, autorizar la exención propuesta.

9.   Cuando, en virtud de los apartados 3, 4, 6 o 7, un Estado miembro autorice la entrada en su territorio o el tránsito por él de alguna de las personas enumeradas en el anexo, la autorización quedará estrictamente limitada al objeto para el cual fue concedida y a las personas a las que atañe directamente.

Artículo 2

1.   Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control correspondan a:

a)

las personas físicas responsables de menoscabar la democracia o el Estado de Derecho en el Líbano mediante cualquiera de las siguientes acciones:

i)

la obstrucción o el menoscabo del proceso político democrático, obstaculizando de forma persistente la formación de un gobierno u obstruyendo o menoscabando gravemente la celebración de elecciones,

ii)

la obstrucción o el menoscabo de la aplicación de los planes aprobados por autoridades libanesas y respaldados por los agentes internacionales pertinentes, entre ellos la Unión, para mejorar la rendición de cuentas y la buena gobernanza en el sector público o para aplicar las reformas económicas cruciales, con inclusión de los sectores bancario y financiero y de la adopción de una legislación transparente y no discriminatoria sobre salida de capitales,

iii)

infracciones financieras graves en materia de fondos públicos, a condición de que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se aplique a los actos de que se trate y la salida no autorizada de capitales;

b)

las personas físicas asociadas con las personas designadas con arreglo a la letra a),

y que se enumeran en el anexo.

Son planes a tenor de la letra a), inciso ii), los planes de reforma presentados en la Conferencia del CEDRE de 2018, el plan de recuperación financiera de abril de 2020, la guía exhaustiva para las reformas de septiembre de 2020 y el marco de reforma, recuperación y reconstrucción (3RF) del Líbano de diciembre de 2020.

2.   En ningún caso se pondrán fondos o recursos económicos a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo ni se utilizarán en su beneficio.

3.   Como excepción a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos, en las condiciones que consideren oportunas y tras haber comprobado que los fondos o recursos económicos en cuestión:

a)

son necesarios para satisfacer las necesidades básicas de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo y de los familiares a cargo de dichas personas físicas, como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y suministros básicos;

b)

se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos;

c)

se destinan exclusivamente al pago de comisiones o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de fondos o recursos económicos inmovilizados;

d)

son necesarios para sufragar gastos extraordinarios, siempre y cuando la autoridad competente haya notificado a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión, al menos dos semanas antes de la autorización, los motivos por los cuales considera que debe concederse una autorización específica, o

e)

se ingresan en la cuenta o se pagan con cargo a la cuenta de una misión diplomática o consular o de una organización internacional que goce de inmunidad con arreglo al Derecho internacional, en la medida en que dichos pagos estén destinados a ser utilizados a efectos oficiales de la misión diplomática o consular o de la organización internacional.

El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del presente apartado en el plazo de dos semanas a partir de la autorización.

4.   Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos, si se cumplen las condiciones siguientes:

a)

que los fondos o recursos económicos sean objeto de resolución arbitral dictada antes de la fecha de inclusión en el anexo de la persona física o jurídica, entidad u organismo a que se refiere el apartado 1, o de una resolución judicial o administrativa dictada en la Unión o de una resolución judicial con fuerza ejecutiva en el Estado miembro de que se trate, antes o después de dicha fecha;

b)

que los fondos o recursos económicos vayan a utilizarse exclusivamente para satisfacer las demandas garantizadas por tales resoluciones o reconocidas como válidas en ellas, dentro de los límites establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a los derechos de las personas beneficiarias de dichas demandas;

c)

que la resolución no beneficie a ninguna de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo, y

d)

que el reconocimiento de la resolución no sea contrario al orden público del Estado miembro de que se trate.

El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del presente apartado en el plazo de dos semanas a partir de la autorización.

5.   El apartado 1 no impedirá que una persona física o jurídica, entidad u organismo enumerado en el anexo pueda efectuar pagos adeudados en virtud de un contrato o acuerdo suscrito o una obligación contraída antes de la fecha en que se haya incluido en el anexo a dicha persona física o jurídica, entidad u organismo, siempre y cuando el Estado miembro de que se trate haya determinado que el pago no es percibido directa ni indirectamente por una de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos a que se refiere el apartado 1.

6.   El apartado 2 no se aplicará al abono en las cuentas inmovilizadas de:

a)

intereses u otros beneficios correspondientes a dichas cuentas;

b)

pagos adeudados en virtud de contratos o acuerdos suscritos u obligaciones contraídas antes de la fecha en que las cuentas quedaron sujetas a las medidas establecidas en los apartados 1 y 2, o

c)

pagos adeudados en virtud de resoluciones judiciales o administrativas o laudos arbitrales dictados en la Unión o ejecutables en el Estado miembro de que se trate,

siempre que dichos intereses, otros beneficios y pagos sigan estando sujetos a las medidas establecidas en el apartado 1.

Artículo 3

1.   Como excepción a lo dispuesto en el artículo 2, apartados 1 y 2, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos, en las condiciones que consideren oportunas, tras haberse cerciorado de que la entrega de dichos fondos o recursos económicos es necesaria para fines humanitarios, tales como prestar o facilitar asistencia, incluidos los productos médicos y los alimentos, o el traslado de trabajadores humanitarios y la asistencia correspondiente, o para las evacuaciones procedentes del Líbano.

2.   El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del presente artículo en el plazo de dos semanas a partir de la autorización.

Artículo 4

1.   El Consejo, a propuesta de un Estado miembro o del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (en lo sucesivo, «Alto Representante»), establecerá y modificará la lista del anexo por unanimidad.

2.   El Consejo comunicará la decisión a que se refiere el apartado 1 y los motivos de la inclusión en la lista a la persona física o jurídica, entidad u organismo afectados, bien directamente, si se conoce su domicilio, o bien mediante la publicación de un anuncio, y ofrecerá a dicha persona física o jurídica, entidad u organismo la oportunidad de presentar observaciones al respecto.

3.   En caso de que se presenten observaciones o nuevas pruebas sustanciales, el Consejo reconsiderará las decisiones a que se refiere el apartado 1 e informará en consecuencia a la persona física o jurídica, entidad u organismo afectados.

Artículo 5

1.   El anexo mencionará los motivos de la inclusión en la lista de las personas físicas y jurídicas, las entidades y organismos a que se refieren los artículos 1 y 2.

2.   El anexo contendrá, cuando se disponga de ella, la información necesaria para identificar a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos de que se trate. Respecto de las personas físicas, esa información podrá incluir el nombre y apellidos y los alias, el lugar y la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte o de documento de identidad, el sexo, el domicilio, si se conoce, y el cargo o la profesión. En el caso de las personas jurídicas, entidades u organismos, la información podrá incluir el nombre, el lugar y la fecha de registro, el número de inscripción y el lugar de actividad.

Artículo 6

1.   El Consejo y el Alto Representante tratarán datos personales a los fines del ejercicio de sus funciones en virtud de la presente Decisión, en particular:

a)

por lo que respecta al Consejo, para la elaboración e incorporación de modificaciones del anexo;

b)

por lo que respecta al Alto Representante, para la elaboración de modificaciones del anexo.

2.   El Consejo y el Alto Representante únicamente podrán tratar, en su caso, los datos pertinentes relativos a los delitos cometidos por las personas físicas enumeradas, a las condenas penales de dichas personas o a las medidas de seguridad referentes a ellas, en la medida en que sea necesario para elaborar el anexo.

3.   A los efectos de lo dispuesto en la presente Decisión, se designa al Consejo y al Alto Representante «responsables del tratamiento» en el sentido del artículo 3, punto 8, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), a fin de garantizar que las personas físicas afectadas puedan ejercer sus derechos en virtud de dicho Reglamento.

Artículo 7

No se satisfará demanda alguna relacionada con un contrato o transacción cuya ejecución se haya visto afectada, directa o indirectamente, total o parcialmente, por las medidas impuestas por la presente Decisión, incluidas las demandas de indemnización o cualquier otra demanda de este tipo, tales como una demanda de compensación o una demanda a título de garantía, principalmente cualquier demanda que tenga por objeto la prórroga o el pago de una garantía o una contragarantía, en particular garantías o contragarantías financieras, independientemente de la forma que adopte, si la presentan:

a)

personas físicas o jurídicas, entidades u organismos designados que figuren en la lista del anexo;

b)

cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo que actúe por mediación o en nombre de una de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos a que se refiere la letra a).

Artículo 8

Para que las medidas establecidas en la presente Decisión tengan el mayor efecto posible, la Unión animará a terceros Estados a que adopten medidas restrictivas similares a las establecidas en la presente Decisión.

Artículo 9

La presente Decisión será aplicable hasta el 31 de julio de 2022 y estará sujeta a revisión continua. Se prorrogará o modificará, según proceda, si el Consejo estima que no se han cumplido sus objetivos.

Al revisar las medidas restrictivas adoptadas en virtud del artículo 1, apartado 1, letra a), inciso iii) y el artículo 2, apartado 1), letra a), inciso iii), el Consejo tendrá en cuenta, según proceda, si las personas afectadas están o no incursas en procedimientos judiciales relacionados con la conducta que haya determinado su inclusión en la lista.

Artículo 10

La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 30 de julio de 2021.

Por el Consejo

El Presidente

G. DOVŽAN


(1)  Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).


ANEXO

Lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a que se refieren los artículos 1 y 2

[…]


2.8.2021   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

LI 277/24


DECISIÓN (PESC) 2021/1278 DEL CONSEJO

de 30 de julio de 2021

por la que se modifica la Decisión (PESC) 2019/1720 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Nicaragua

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

(1)

El 14 de octubre de 2019, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2019/1720 (1) relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Nicaragua.

(2)

El 10 de junio de 2021, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (en lo sucesivo, el «Alto Representante») emitió una declaración en nombre de la Unión en la que condenaba las acciones de las autoridades nicaragüenses contra partidos de la oposición, medios de comunicación, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación y defensores de los derechos humanos, así como contra la sociedad civil, en particular mediante la detención y retención sistemáticas de posibles candidatos presidenciales y de dirigentes de la oposición. El Alto Representante afirmaba que la Unión estaba dispuesta a utilizar todos los instrumentos habida cuenta de la situación en Nicaragua, entre ellos la imposición de medidas restrictivas adicionales.

(3)

En vista de la grave situación que persiste en Nicaragua, procede incluir a ocho personas en la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo de la Decisión (PESC) 2019/1720.

(4)

Procede modificar en consecuencia el anexo de la Decisión (PESC) 2019/1720.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El anexo de la Decisión (PESC) 2019/1720 se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 30 de julio de 2021.

Por el Consejo

El Presidente

G. DOVŽAN


(1)  Decisión (PESC) 2019/1720 del Consejo, de 14 de octubre de 2019, relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Nicaragua (DO L 262 de 15.10.2019, p. 58).


ANEXO

Las siguientes personas se añaden a la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos que figura en el anexo de la Decisión (PESC) 2019/1720:

 

Nombre

Información identificativa

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

«7.

Rosario María MURILLO ZAMBRANA

Alias: Rosario María MURILLO DE ORTEGA

Cargo(s): vicepresidenta de la República de Nicaragua (desde 2017), esposa del presidente Daniel Ortega

Fecha de nacimiento: 22 de junio de 1951

Lugar de nacimiento: Managua, Nicaragua

Sexo: femenino

Nacionalidad: nicaragüense

Número de pasaporte: A00000106 (Nicaragua)

Vicepresidenta de Nicaragua, primera dama de Nicaragua y líder de la organización Juventud Sandinista. Según el presidente Daniel Ortega, Rosario María Murillo Zambrana comparte con él el poder a partes iguales. Tuvo un papel instrumental en alentar y justificar la represión ejercida por la Policía Nacional de Nicaragua contra las manifestaciones de la oposición en 2018. En junio de 2021 amenazó públicamente a la oposición nicaragüense y desacreditó a periodistas independientes.

Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar la democracia en Nicaragua.

2.8.2021

8.

Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS

Cargo(s): presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua (desde enero de 2017)

Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1954

Lugar de nacimiento: Managua, Nicaragua

Sexo: masculino

Nacionalidad: nicaragüense

Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua desde enero de 2017 y miembro de la dirección nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 1996. En su calidad de presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, promovió la adopción de varios actos jurídicos represivos, entre ellos la ley de amnistía que impide cualquier investigación sobre los responsables de las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas en 2018, y de leyes que socavan la libertad y el proceso democrático en Nicaragua.

Por lo tanto, es responsable de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar gravemente la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.

2.8.2021

9.

Juan Antonio VALLE VALLE

Cargo(s): Dirigente de la Policía Nacional

Grado: comisionado mayor /comisionado general

Fecha de nacimiento: 4 de mayo de 1963

Lugar de nacimiento: Matagalpa, Nicaragua

Sexo: masculino

Nacionalidad: nicaragüense

En su calidad de dirigente, con rango de comisionado general (el segundo más alto) de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) y en un puesto de mando de la Policía en Managua, Juan Antonio Valle Valle es responsable de actos reiterados de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza, que han provocado la muerte de cientos de civiles, de detenciones y retenciones arbitrarias, de violar la libertad de expresión y de haber impedido manifestaciones contra el Gobierno.

Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua.

2.8.2021

10.

Ana Julia GUIDO OCHOA

Alias: Ana Julia GUIDO DE ROMERO

Cargo(s): fiscal general de la República de Nicaragua

Fecha de nacimiento: 16 de febrero de 1959

Lugar de nacimiento: Matagalpa, Nicaragua

Sexo: femenino

Nacionalidad: nicaragüense

En su calidad de fiscal general, el cargo de mayor rango de la Fiscalía, Ana Julia Guido Ochoa, fiel al régimen de Ortega, es responsable del enjuiciamiento por motivos políticos de numerosos manifestantes y miembros de la oposición política. Creó una unidad especializada que inventaba acusaciones contra manifestantes y presentaba cargos contra ellos. Además, es responsable de haber inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos al principal candidato de la oposición a las elecciones generales.

Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática, y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.

2.8.2021

11.

Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ

Cargo(s): jefe departamental de la Policía de León, comisionado general de la Policía Nacional

Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1960

Sexo: masculino

Nacionalidad: nicaragüense

En su calidad de jefe departamental de la Policía de León desde el 23 de agosto de 2018, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez es responsable de numerosas violaciones graves de los derechos humanos, en particular de detenciones y retenciones arbitrarias; entre ellas, el secuestro de miembros de la familia de un oponente político, del uso excesivo de la fuerza y de violar la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación.

Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática.

2.8.2021

12.

Alba Luz RAMOS VANEGAS

Cargo(s): presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua

Fecha de nacimiento: 3 de junio de 1949

Sexo: femenino

Nacionalidad: nicaragüense

Número de pasaporte: A0009864 (Nicaragua)

En su calidad de presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, es responsable de instrumentalizar el poder judicial en favor de los intereses del régimen de Ortega, tipificando penalmente de forma selectiva las actividades de oposición y perpetuando el patrón de violaciones del derecho a un juicio justo, de detenciones arbitrarias e inhabilitación de partidos políticos y candidatos de la oposición.

Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar gravemente el Estado de Derecho en Nicaragua.

2.8.2021

13.

Juan Carlos ORTEGA MURILLO

Cargo(s): director de Canal 8 y de Difuso Comunicaciones. Líder del Movimiento Sandinista 4 de mayo, hijo del presidente y la vicepresidenta de la República de Nicaragua

Fecha de nacimiento: 17 de octubre de 1982

Nacionalidad: nicaragüense

Hijo del presidente Daniel Ortega y de la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo. Director de Canal 8, una de las principales cadenas de televisión propagandísticas, y líder del Movimiento Sandinista 4 de mayo. En calidad de tal, ha contribuido a restringir la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Ha amenazado públicamente a empresarios nicaragüenses que se oponen al régimen de Ortega. Por lo tanto, es responsable de socavar la democracia y de represión contra la sociedad civil en Nicaragua. Al ser hijo de la vicepresidenta Rosario Murillo, está vinculado a personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos y de represión contra la sociedad civil en Nicaragua.

2.8.2021

14.

Bayardo ARCE CASTAÑO

Cargo(s): asesor económico del presidente de la República de Nicaragua

Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1950

Sexo: masculino

Nacionalidad: nicaragüense

En su calidad de asesor económico del presidente Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño ejerce una influencia considerable en las políticas del régimen de Ortega. Por lo tanto, está vinculado a personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.

Ha respaldado la elaboración de legislación que impide a los candidatos de la oposición participar en las elecciones. Por lo tanto, es responsable de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua.

2.8.2021».