(1)

Tanto el programa Fiscalis 2020, que fue establecido mediante el Reglamento (UE) n.o 1286/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y ejecutado por la Comisión en cooperación con los Estados miembros y los países asociados, como sus programas predecesores han contribuido considerablemente a facilitar y reforzar la cooperación entre las autoridades tributarias dentro de la Unión. Las autoridades tributarias de los países participantes en dichos programas han reconocido el valor añadido de estos, por ejemplo en materia de protección de los intereses financieros y económicos de los Estados miembros y de los contribuyentes. Solo se pueden afrontar los desafíos del próximo decenio, si los Estados miembros se proyectan más allá de las fronteras de sus territorios administrativos y cooperan intensamente con sus homólogos.

(2)

El programa Fiscalis 2020 ofrece a los Estados miembros un marco de la Unión dentro del cual impulsar actividades de cooperación. Dicho marco es más eficiente en términos de costes que si cada Estado miembro estableciese su propio marco de cooperación de forma bilateral o multilateral. Por lo tanto, resulta oportuno garantizar la continuidad del programa Fiscalis 2020 mediante el establecimiento de uno nuevo en el mismo ámbito, denominado Programa Fiscalis (en lo sucesivo, «Programa»).

(3)

Mediante el establecimiento de un marco de acciones que apoye al mercado interior, impulse la competitividad de la Unión y proteja los intereses económicos y financieros de la Unión y de sus Estados miembros, el Programa debe contribuir a: respaldar la política fiscal y la aplicación de la normativa de la Unión en materia de fiscalidad; prevenir y luchar contra el fraude y la evasión fiscales, la planificación fiscal abusiva y la doble no imposición; prevenir y reducir las cargas administrativas innecesarias que pesan sobre los ciudadanos y las empresas en sus operaciones transfronterizas; apoyar sistemas impositivos más justos y eficientes; lograr que el mercado interior alcance su pleno potencial y fomentar una competencia leal en la Unión; apoyar un enfoque común de la Unión en los foros internacionales; apoyar el desarrollo de la capacidad administrativa de las autoridades tributarias, en particular mediante la modernización de las técnicas de información y auditoría; y apoyar la formación del personal de las autoridades tributarias a ese respecto.

(4)

El presente Reglamento establece para el Programa una dotación financiera que, con arreglo al apartado 18 del Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (4), constituirá el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(5)

Con el fin de apoyar el proceso de adhesión y de asociación de terceros países, el Programa debe estar abierto a la participación de los países adherentes y los países candidatos, así como de los candidatos potenciales y los países socios de la política europea de vecindad, siempre que se cumplan determinadas condiciones. También deberían poder acceder a él otros terceros países, de conformidad con las condiciones fijadas en acuerdos específicos, entre la Unión y esos países, que cubran su participación en cualquier programa de la Unión.

(6)

El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») se aplica al presente Programa. El Reglamento Financiero establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, incluidas las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y reembolso a los expertos externos.

(7)

Las acciones en el marco del programa Fiscalis 2020 han demostrado su idoneidad y, por tanto, deben mantenerse. A fin de que el Programa pueda ejecutarse de forma más sencilla y flexible, facilitándose así el cumplimiento de sus objetivos, las acciones deben definirse únicamente en términos de categorías generales, incluyendo una lista de ejemplos ilustrativos de actividades concretas, como reuniones y actos específicos similares, en particular, cuando proceda, la presencia en las oficinas administrativas y la participación en investigaciones administrativas, la colaboración estructurada basada en proyectos, también, si ha lugar, auditorías conjuntas y el desarrollo de capacidad informática, como, en su caso, el acceso de las autoridades tributarias a registros interconectados. Cuando proceda, las acciones también deben tener como objetivo abordar los temas prioritarios a fin de cumplir los objetivos del Programa. El Programa debe fomentar y apoyar asimismo, a través de la cooperación y el desarrollo de capacidades, la incorporación de la innovación y el efecto potenciador que lleva consigo para seguir mejorando la capacidad de cumplimiento de las prioridades fundamentales en materia de fiscalidad.

(8)

Dada la creciente movilidad de los contribuyentes, el número de operaciones transfronterizas, la internacionalización de los instrumentos financieros, y el consiguiente incremento del riesgo de fraude y evasión fiscales y de planificación fiscal abusiva, todo lo cual rebasa ampliamente las fronteras de la Unión, podría redundar en interés de la Unión o de los Estados miembros proceder a adaptaciones o ampliaciones de los sistemas electrónicos europeos con vistas a la cooperación con terceros países no asociados al Programa o con organizaciones internacionales. En particular, esas adaptaciones o ampliaciones evitarían las cargas administrativas y los costes derivados de desarrollar y explotar dos sistemas electrónicos similares destinados al intercambio de información dentro de la Unión y a escala internacional. Por lo tanto, cuando esté debidamente justificado por ese interés, los gastos derivados de la adaptación o ampliación mencionadas deben poder financiarse con cargo al Programa.

(9)

Habida cuenta de la importancia de la globalización y de la lucha contra el fraude y la evasión fiscales y la planificación fiscal abusiva, el Programa ha de brindar la posibilidad de recurrir a expertos externos en el sentido del artículo 238 del Reglamento Financiero. Dichos expertos externos deben ser principalmente representantes de las autoridades públicas, incluso procedentes de terceros países no asociados, también de los países menos desarrollados, así como representantes de las organizaciones internacionales, de los operadores económicos, los contribuyentes y de la sociedad civil. En ese contexto, por «país menos desarrollado» debe entenderse un tercer país o un territorio no perteneciente a la Unión que puede recibir ayuda oficial al desarrollo de conformidad con la lista pertinente hecha pública por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y sobre la base de la definición de las Naciones Unidas de países menos desarrollados. La selección de expertos para los grupos debe basarse en la Decisión de la Comisión de 30 de mayo de 2016 por la que se establecen normas horizontales sobre la creación y el funcionamiento de los grupos de expertos de la Comisión. Por lo que se refiere a los expertos nombrados a título personal para actuar con independencia en pro del interés público, la Comisión debe garantizar que dichos expertos sean imparciales, que no exista ningún conflicto de intereses con sus responsabilidades profesionales y que la información sobre su selección y participación sea de acceso público.

(10)

En cumplimiento del compromiso de garantizar la coherencia y la simplificación de los programas de financiación que contrajo la Comisión en su Comunicación de 19 de octubre de 2010 sobre la revisión del presupuesto de la UE, deben compartirse los recursos necesarios con otros instrumentos de financiación de la Unión —excluyendo la doble financiación— cuando las acciones previstas en el marco del Programa persigan objetivos que sean comunes a varios instrumentos. Las acciones emprendidas en el marco del Programa deben garantizar la coherencia en el uso de los recursos de la Unión en apoyo de la política fiscal y de las autoridades tributarias.

(11)

En aras de la eficiencia en términos de costes, el Programa debe aprovechar las posibles sinergias con otras medidas de la Unión en ámbitos relacionados, como el programa Aduana establecido por el Reglamento (UE) 2021/444 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), el Programa de la Unión de lucha contra el fraude establecido por el Reglamento (UE) 2021/785 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), el Programa para el Mercado Único establecido por el Reglamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), y el instrumento de apoyo técnico establecido por el Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(12)

Se presume que la inmensa mayoría del presupuesto disponible en virtud del Programa se destinará a financiar acciones de desarrollo de capacidad informática. Por tanto, conviene adoptar disposiciones específicas que describan los componentes comunes y nacionales de los sistemas electrónicos europeos y distingan entre ellos. Por otra parte, deben quedar claramente definidos el alcance de las acciones y las responsabilidades de la Comisión y de los Estados miembros. En la medida de lo posible, debe existir interoperabilidad entre los componentes comunes y nacionales de los sistemas electrónicos europeos, y sinergias con otros sistemas electrónicos de los programas de la Unión pertinentes.

(13)

En la actualidad, no existe ninguna disposición que exija la elaboración de un plan estratégico plurianual en el ámbito de la fiscalidad a fin de crear un entorno electrónico coherente e interoperable en materia fiscal en la Unión. Con el fin de garantizar la coherencia y la coordinación de las acciones de desarrollo de capacidad informática, el Programa debe prever la obligación de elaborar dicho plan, una herramienta de planificación que debe cumplir y no exceder las obligaciones derivadas de los actos jurídicos pertinentes de la Unión.

(14)

El presente Reglamento debe aplicarse por medio de programas de trabajo. Habida cuenta de que los objetivos perseguidos se han fijado a medio o largo plazo y basándose en la experiencia adquirida a lo largo del tiempo, los programas de trabajo deben poder abarcar varios años. El paso de una periodicidad anual a una plurianual en los programas de trabajo, cada una de una duración no superior a tres años, reduciría la carga administrativa tanto de la Comisión como de los Estados miembros.

(15)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (11).

(16)

Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (12), el presente Programa debe ser evaluado sobre la base de la información que se recoja de conformidad con requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo cargas administrativas, en particular a los Estados miembros, y un exceso de regulación. Dichos requisitos deben incluir, cuando corresponda, indicadores mensurables que sirvan de base para evaluar los efectos del Programa en la práctica. Las evaluaciones intermedia y final, que deben realizarse a más tardar cuatro años después del inicio de la ejecución y de la finalización del Programa, respectivamente, deben contribuir al proceso de toma de decisiones de los próximos marcos financieros plurianuales. Las evaluaciones intermedia y final deben abordar también los obstáculos pendientes para la consecución de los objetivos del Programa y formular sugerencias de mejores prácticas. Además de las evaluaciones intermedia y final, como parte del sistema de información sobre el rendimiento, deben elaborarse informes anuales de situación a fin de supervisar los progresos realizados. Dichos informes deben incluir un resumen de la experiencia adquirida y, en su caso, de los obstáculos encontrados en el contexto de las actividades del Programa que se hayan llevado a cabo en el año en cuestión.

(17)

La Comisión debe organizar seminarios periódicos de autoridades tributarias en los que los representantes de los Estados miembros beneficiarios debatan cuestiones y propongan posibles mejoras relacionadas con los objetivos del Programa, incluido el intercambio de información entre las autoridades tributarias.

(18)

A fin de responder de manera adecuada a los cambios en las prioridades de política fiscal, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por lo que respecta a la modificación de la lista de indicadores para medir la consecución de los objetivos específicos del Programa y a completar el presente Reglamento con disposiciones sobre el establecimiento de un marco de supervisión y evaluación. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(19)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) y los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (14), (Euratom, CE) n.o 2185/96 (15) y (UE) 2017/1939 (16) del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, entre ellas el fraude, para la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, para la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.o 2185/96 y (UE, Euratom) n.o 883/2013, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea está facultada para investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (17). De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(20)

Los terceros países miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) pueden participar en programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (18), que prevé la ejecución de los programas sobre la base de una decisión adoptada en virtud de dicho Acuerdo. Los terceros países también pueden participar sobre la base de otros instrumentos jurídicos. Debe introducirse en el presente Reglamento una disposición específica que obligue a los terceros países a conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la OLAF y el Tribunal de Cuentas ejerzan plenamente sus competencias respectivas.

(21)

Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del TFUE. Dichas normas se establecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento de elaboración del presupuesto y su ejecución mediante subvenciones, contratos públicos, premios y ejecución indirecta, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(22)

Los tipos de financiación y los métodos de ejecución en el marco del presente Reglamento deben elegirse en función de su capacidad de conseguir los objetivos específicos de las acciones y de lograr resultados, teniendo en cuenta, en particular, el coste de los controles, la carga administrativa y las previsiones de riesgo de incumplimiento. Dicha elección debe comprender la posibilidad de utilizar sumas a tanto alzado, financiación a tipo fijo y costes unitarios, así como financiación no vinculada a los costes, tal como se recogen en el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero. Los gastos subvencionables se deben determinar en función de la naturaleza de las acciones subvencionables. La cobertura de los gastos de viaje, alojamiento y estancia de quienes participan en actividades de reunión o actos específicos similares y la cobertura de los gastos relacionados con la organización de actos reviste la máxima importancia, de modo que se garantice la participación de expertos nacionales y autoridades tributarias en acciones conjuntas.

(23)

Con arreglo al artículo 193, apartado 2, del Reglamento Financiero, las acciones ya iniciadas solo pueden ser subvencionadas cuando el solicitante pueda demostrar la necesidad de comenzar la acción antes de la firma del convenio de subvención. No obstante, los gastos en que se haya incurrido antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención no se consideran gastos subvencionables, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. A fin de evitar perturbaciones en el apoyo prestado por la Unión que pudieran perjudicar a los intereses de la Unión, debe ser posible disponer en la decisión de financiación que las actividades y los gastos sean subvencionables desde el comienzo del ejercicio 2021, por un tiempo limitado al inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, y únicamente en casos debidamente justificados, aun cuando se hubieran ejecutado dichas actividades y se hubiera incurrido en dichos gastos antes de presentarse la solicitud de subvención.

(24)

Dado que el objetivo del presente Reglamento no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(25)

Por consiguiente, debe derogarse el Reglamento (UE) n.o 1286/2013.

(26)

A fin de garantizar una continuidad en la prestación de ayuda en el ámbito de actuación pertinente y permitir que comience la ejecución desde el inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia y debe ser aplicable con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2021.

(1)

El 18 de enero de 2012, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 36/2012.

(2)

A raíz de la revisión de las medidas establecidas en el Reglamento (UE) n.o 36/2012, deben actualizarse las menciones relativas a veinticinco personas físicas y tres entidades de la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012.

(3)

Las entradas relativas a cinco personas fallecidas deben suprimirse de la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012.

(4)

Por lo tanto, procede modificar el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012 en consecuencia.

(1)

La tabla 3 de la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 contiene la lista de clasificación y etiquetado armonizados de sustancias peligrosas con arreglo a los criterios expuestos en las partes 2 a 5 del anexo I de dicho Reglamento.

(2)

Se han presentado a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) propuestas de clasificación y etiquetado armonizados de determinadas sustancias, así como propuestas de actualización o supresión de la clasificación y el etiquetado armonizados de otras sustancias, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (CE) n.o 1272/2008. El Comité de Evaluación del Riesgo de la Agencia (CER) adoptó dictámenes (2) sobre estas propuestas, tras haber tenido en cuenta las observaciones recibidas de las partes interesadas. Los dictámenes del CER son los siguientes:

(3)

Las estimaciones de la toxicidad aguda (ETA) se utilizan principalmente para determinar la clasificación en cuanto a la toxicidad aguda para la salud humana de las mezclas que contienen sustancias clasificadas por su toxicidad aguda. La inclusión de valores armonizados de ETA en las entradas que figuran en el anexo VI del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 facilita la armonización de la clasificación de las mezclas y ayuda a las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la normativa. A raíz de otras evaluaciones científicas de algunas sustancias, la Agencia ha calculado valores de ETA para el óxido de dicobre, el trihidroxicloruro de dicobre, el hexahidroxisulfato de tetracobre y el hexahidroxisulfato de tetracobre hidratado, los copos de cobre (recubiertos con ácido alifático), el carbonato de cobre (II)--hidróxido de cobre (II) (1:1), el dihidróxido de cobre; hidróxido de cobre (II), el caldo bordelés; productos de la reacción de sulfato de cobre con dihidróxido de calcio, y el sulfato de cobre pentahidratado, además de los propuestos en los dictámenes del CER para otras sustancias. Estos valores de ETA deben introducirse en la penúltima columna de la tabla 3 de la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) n.o 1272/2008.

(4)

La Comisión recibió información adicional en la que se impugnaba la evaluación científica establecida en varios dictámenes del CER: el de 15 de marzo de 2019 relativo al mancoceb, el de 20 de septiembre de 2019 relativo a la 4-metilpentan-2-ona, y el de 20 de septiembre de 2019 relativo al dimetomorfo. Esta información fue evaluada por la Comisión y no se consideró suficiente para poner en duda el análisis científico contenido en los dictámenes del CER.

(5)

Por consiguiente, la Comisión considera apropiado introducir, actualizar o suprimir la clasificación y el etiquetado armonizados de determinadas sustancias.

(6)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 en consecuencia.

(7)

No debe exigirse inmediatamente el cumplimiento de las clasificaciones armonizadas nuevas o actualizadas, ya que es necesario un plazo determinado para que los proveedores puedan adaptar a esas clasificaciones nuevas o revisadas el etiquetado y envasado de sustancias y mezclas y vender sus existencias actuales con sujeción a los requisitos reglamentarios preexistentes. Ese plazo también es necesario para que los proveedores dispongan de tiempo suficiente a fin de adoptar las medidas necesarias para seguir cumpliendo otros requisitos legales tras las modificaciones efectuadas en virtud del presente Reglamento. Entre esos requisitos cabe citar los establecidos en el artículo 22, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) o en el artículo 50 del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). No obstante, los proveedores deben tener la posibilidad de aplicar las clasificaciones armonizadas nuevas o actualizadas y de adaptar en consecuencia el etiquetado y el envasado, con carácter voluntario antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento y a partir de la fecha de entrada en vigor, a fin de garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente y de ofrecer flexibilidad suficiente a los proveedores.

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) establece una clasificación armonizada de las sustancias como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR), basada en un dictamen elaborado por el Comité de Evaluación del Riesgo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. Las sustancias se clasifican como sustancias CMR de la categoría 1A, sustancias CMR de la categoría 1B o sustancias CMR de la categoría 2 en función del nivel de evidencia de sus propiedades CMR.

(2)

De conformidad con el artículo 15 del Reglamento (CE) n.o 1223/2009, está prohibido el uso en productos cosméticos de las sustancias clasificadas como CMR de la categoría 1A, de la categoría 1B o de la categoría 2 con arreglo al anexo VI, parte 3, del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 (sustancias CMR). No obstante, una sustancia CMR puede utilizarse en productos cosméticos si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 15, apartado 1, segunda frase, o apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 1223/2009.

(3)

Con el fin de aplicar de manera uniforme la prohibición de las sustancias CMR en el mercado interior, velar por la seguridad jurídica, en particular con respecto a los agentes económicos y las autoridades nacionales competentes, y garantizar un alto nivel de protección de la salud humana, las sustancias CMR deben incluirse en la lista de sustancias prohibidas o, en su caso, restringidas, del anexo II o III, respectivamente, del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 y, cuando proceda, suprimirse de las listas de sustancias restringidas o autorizadas de los anexos III a VI de dicho Reglamento. Cuando se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 15, apartado 1, segunda frase, o apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 1223/2009, deben modificarse en consecuencia las listas de sustancias restringidas o autorizadas de los anexos III a VI de dicho Reglamento.

(4)

Mediante el Reglamento Delegado (UE) 2020/217 de la Comisión (3), aplicable a partir del 1 de octubre de 2021, determinadas sustancias han sido clasificadas como sustancias CMR de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008. Por consiguiente, es necesario prohibir el uso de dichas sustancias en los productos cosméticos a partir de esa misma fecha.

(5)

En particular, el Reglamento Delegado (UE) 2020/217 establece una clasificación de la sustancia TiO2 (denominación INCI: titanium dioxide) como «carcinógeno de la categoría 2 (inhalación)», que se aplica al dióxido de titanio en polvo con un contenido del 1 % o más en partículas de diámetro aerodinámico ≤ 10 μm.

(6)

El dióxido de titanio figura actualmente en la entrada 143 del anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1223/2009, y está autorizado para ser utilizado como colorante en productos cosméticos siempre que cumpla los criterios de pureza establecidos en la entrada E 171 (dióxido de titanio) del anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión (4). El dióxido de titanio también figura en las entradas 27 y 27 bis (nanoforma) del anexo VI del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 como filtro ultravioleta, y solo está permitido en productos cosméticos en concentraciones de hasta el 25 %. Además, el dióxido de titanio (nano) está permitido en preparados listos para el uso, excepto en aplicaciones que puedan dar lugar a una exposición de los pulmones del usuario final por inhalación y a reserva del cumplimiento del resto de condiciones que figuran en esa entrada.

(7)

A raíz de la clasificación del dióxido de titanio como sustancia CMR, el 28 de enero de 2020 se presentó una solicitud para su utilización en productos cosméticos con carácter excepcional con arreglo al artículo 15, apartado 1, segunda frase, del Reglamento (CE) n.o 1223/2009.

(8)

El 6 de octubre de 2020, el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (CCSC) adoptó un dictamen científico sobre el dióxido de titanio (5) («el dictamen del CCSC») a efectos de la adopción de las medidas necesarias de conformidad con el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1223/2009. En el dictamen del CCSC, referido al dióxido de titanio (inhalable) en polvo con un contenido del 1 % o más en partículas de diámetro aerodinámico ≤ 10 μm, se llegaba a la conclusión de que, sobre la base de los datos disponibles, el TiO2 es seguro para los consumidores en general cuando se utiliza en productos faciales en forma de polvos sueltos hasta una concentración máxima del 25 % y en productos para el cabello en forma de aerosol hasta una concentración máxima del 1,4 %. Por lo que respecta al uso profesional, se consideró que el TiO2 es seguro cuando se utiliza en productos para el cabello en forma de aerosol hasta una concentración máxima del 1,1 %.

(9)

Por último, el CCSC llegó a la conclusión de que los resultados se habían extraído de productos cosméticos basados en un solo tipo de material de dióxido de titanio (en forma pigmentaria) y que, a falta de más información, no podía determinarse si tales conclusiones serían también aplicables a otras aplicaciones cosméticas que contuvieran otros tipos de dióxido de titanio no contemplados expresamente en su dictamen.

(10)

A la luz de las conclusiones del CCSC, el dióxido de titanio en polvo con un contenido del 1 % o más en partículas de diámetro aerodinámico ≤ 10 μm no debe autorizarse para ser utilizado en aplicaciones que puedan dar lugar a la exposición por inhalación del usuario final, por lo que debe añadirse a la lista de sustancias restringidas del anexo III del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 y debe permitirse su uso únicamente en productos faciales en forma de polvos sueltos y en productos para el cabello en forma de aerosol, como se indica en dichas conclusiones. Además de la inclusión del dióxido de titanio en el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1223/2009, conviene establecer que debe permitirse el uso del dióxido de titanio como colorante de conformidad con la entrada 143 del anexo IV de dicho Reglamento, así como el uso del dióxido de titanio como filtro ultravioleta de conformidad con la entrada 27 del anexo VI de ese mismo Reglamento, sin perjuicio de su uso restringido con arreglo al anexo III del mencionado Reglamento. A tal fin, debe añadirse una referencia al uso restringido del dióxido de titanio en el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 en las entradas pertinentes de los anexos IV y VI de dicho Reglamento. Por lo que respecta al uso del dióxido de titanio (nano) como filtro ultravioleta de conformidad con la entrada 27 bis del anexo VI del Reglamento (CE) n.o 1223/2009, no son necesarias medidas adicionales, puesto que la entrada 27 bis ya establece que el dióxido de titanio (nano) no debe utilizarse en aplicaciones que puedan dar lugar a la exposición de los pulmones del usuario final por inhalación.

(11)

En cuanto a las sustancias distintas del dióxido de titanio que han sido clasificadas como sustancias CMR con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1272/2008 por el Reglamento Delegado (UE) 2020/217, no se ha presentado ninguna solicitud de uso en productos cosméticos con carácter excepcional. Se trata de las sustancias siguientes: cobalto; metaldehído (ISO); cloruro de metilmercurio; benzo[rst]pentafeno; dibenzo[b,def]criseno; dibenzo(a,h)pireno; etanol, 2,2’-iminobis-, N-derivs. (alquilos lineares y ramificados C13-15); ciflumetofeno (ISO); ftalato de diisohexilo; halosulfurón-metilo (ISO); 2-metilimidazol; metaflumizona (ISO); dibutilbis(pentano-2,4-dionato-O,O’)estaño; bis(sulfamidato) de níquel; 2-bencil-2-dimetilamino-4′-morfolinobutirofenona; y óxido de etileno. En la actualidad, estas sustancias no están sujetas a las restricciones establecidas en el anexo III ni autorizadas de conformidad con los anexos IV, V o VI del Reglamento (CE) n.o 1223/2009. Tres de esas sustancias, a saber, el bis(sulfamidato) de níquel, el óxido de etileno y el 2-bencil-2-dimetilamino-4′-morfolinobutirofenona, figuran actualmente en el anexo II de dicho Reglamento. Procede añadir a la lista de sustancias prohibidas en productos cosméticos del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 las sustancias que aún no figuran en dicho anexo.

(12)

El Reglamento (UE) 2019/1966 de la Comisión (6), que se adoptó con el fin de aplicar de manera uniforme la prohibición de las sustancias clasificadas como CMR con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1272/2008 mediante el Reglamento (UE) 2018/1480 de la Comisión (7), introdujo cambios en la entrada 98 del anexo III del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 con respecto a la sustancia ácido 2-hidroxibenzoico (denominación INCI: salicylic acid). A fin de armonizar plenamente esos cambios con la conclusión del dictamen del CCSC original (8), procede autorizar el uso de dicha sustancia, con fines distintos a la función de conservante, en lociones corporales, sombras de ojos, rímel, delineadores de ojos, barras de labios y desodorantes de bola en una concentración de hasta el 0,5 %. Procede, por tanto, modificar la entrada 98 del anexo III del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 en consecuencia.

(13)

Además, la sustancia bis(tetrafluoroborato) de níquel (número CAS: 14708-14-6) se introdujo dos veces por error en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 (entradas 1401 y 1427) mediante el Reglamento (UE) 2019/831 de la Comisión (9), que se adoptó con el fin de aplicar de manera uniforme la prohibición de las sustancias clasificadas como CMR con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1272/2008 mediante el Reglamento (UE) 2017/776 de la Comisión (10). Por tanto, la segunda de estas entradas es redundante y debe suprimirse.

(14)

Procede, por tanto, modificar y corregir el Reglamento (CE) n.o 1223/2009 en consecuencia.

(15)

Las modificaciones del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 que se establecen en el presente Reglamento y que se basan en la clasificación de las sustancias pertinentes como sustancias CMR por el Reglamento Delegado (UE) 2020/217 deben ser aplicables a partir de la misma fecha que dicho Reglamento Delegado.

(16)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Productos Cosméticos.

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1484/95 de la Comisión (3) establece las disposiciones de aplicación del régimen de aplicación de los derechos adicionales de importación y fija los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina.

(2)

Según se desprende del control periódico de los datos en los que se basa la fijación de los precios representativos de los productos de los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina, procede modificar los precios representativos de importación de algunos productos teniendo en cuenta las variaciones que registran los precios en función de su origen.

(3)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en consecuencia.

(4)

Debido a la necesidad de que esta medida se aplique lo más rápidamente posible una vez que estén disponibles los datos actualizados, es preciso que el presente Reglamento entre en vigor el día de su publicación.

(1)

El Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, («Acuerdo») (3) se firmó, en nombre de la Unión, el 29 de diciembre de 2020. Se aplica con carácter provisional desde el 1 de enero de 2021.

(2)

El Reglamento (CE) n.o 32/2000 del Consejo dispone la apertura y el modo de gestión de contingentes arancelarios comunitarios consolidados en el GATT y de otros contingentes arancelarios comunitarios, define las modalidades de corrección o adaptación de los citados contingentes y deroga el Reglamento (CE) n.o 1808/95 del Consejo (4).

(3)

El Reglamento (CE) n.o 847/2006 de la Comisión (5) dispone la apertura y regula la administración de contingentes arancelarios comunitarios para determinadas preparaciones y conservas de pescado.

(4)

El Acuerdo establece que los productos originarios del Reino Unido no pueden ser importados en la Unión con arreglo a los contingentes arancelarios vigentes de la OMC definidos en el Acuerdo. Hace referencia a los contingentes arancelarios repartidos entre las partes en las negociaciones llevadas a cabo al amparo del artículo XXVIII del GATT por la Unión, en el documento de la OMC G/SECRET/42/Add.2 (6), y por el Reino Unido, en el documento de la OMC G/SECRET/44 (7), y fijados en la legislación interna de cada parte. El Acuerdo dispone además que el carácter originario de los productos debe determinarse sobre la base de las normas de origen no preferenciales aplicables en la parte importadora.

(5)

Los contingentes arancelarios vigentes de la OMC que se definen en el Acuerdo se refieren a las concesiones de la OMC de la Unión incluidas en el proyecto de lista de concesiones y compromisos de la EU-28 en virtud del GATT de 1994 presentado a la OMC en el documento G/MA/TAR/RS/506 (8), modificado por los documentos G/MA/TAR/RS/506/Add.1 y G/MA/TAR/RS/506/Add.2 (9).

(6)

Los Reglamentos (CE) n.o 32/2000 y (CE) n.o 847/2006 se aplican actualmente a tales importaciones originarias del Reino Unido. A fin de atenerse a lo dispuesto en el Acuerdo, dichos Reglamentos deben modificarse para excluir la importación de productos originarios del Reino Unido de los contingentes arancelarios vigentes de la OMC.

(7)

El Acuerdo se aplica con carácter provisional desde el 1 de enero de 2021. Por consiguiente, también debe excluirse de la aplicación de los contingentes arancelarios la importación de productos originarios del Reino Unido cuyos períodos contingentarios comenzaron antes del 1 de enero de 2021 y aún estaban en curso en esa fecha, por lo que se refiere a las importaciones efectuadas el 1 de enero de 2021 o posteriormente.

(8)

A fin de garantizar la conformidad con el Acuerdo, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y aplicarse a partir del 1 de enero de 2021, fecha de aplicación del Acuerdo.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del código aduanero.

(1)

Mediante la Directiva 2008/113/CE de la Comisión (2) se incluyó el Streptomyces K61 (anteriormente S. griseoviridis) como sustancia activa en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo (3).

(2)

La sustancia activa en cuestión es una bacteria que se denominó en primer lugar «Streptomyces griseoviridis». Posteriormente, por razones científicas, dicho nombre se cambió por «Streptomyces K61». Más recientemente, su nombre volvió a cambiarse a su nombre actual de «Streptomyces, cepa K61».

(3)

Las sustancias activas incluidas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE se consideran aprobadas con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 y figuran en la parte A del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (4).

(4)

La aprobación de la sustancia activa Streptomyces, cepa K61, que figura en la parte A del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011, expira el 30 de abril de 2022.

(5)

Se ha presentado una solicitud de renovación de la aprobación de la sustancia activa Streptomyces, cepa K61, de conformidad con el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012 de la Comisión (5), dentro del plazo previsto en dicho artículo.

(6)

El solicitante presentó los expedientes complementarios requeridos con arreglo al artículo 6 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012. El Estado miembro ponente consideró que la solicitud estaba completa.

(7)

El Estado miembro ponente elaboró un proyecto de informe de evaluación de la renovación en consulta con el Estado miembro coponente y lo presentó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («Autoridad») y a la Comisión el 15 de enero de 2019.

(8)

La Autoridad comunicó el proyecto de informe de evaluación de la renovación al solicitante y a los Estados miembros para que formularan sus observaciones, y transmitió las observaciones recibidas a la Comisión. Asimismo, puso a disposición del público el expediente complementario resumido.

(9)

El 19 de junio de 2020, la Autoridad comunicó a la Comisión su conclusión (6) acerca de si cabía esperar que la sustancia Streptomyces, cepa K61, cumpliera los criterios de aprobación establecidos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. La Comisión presentó un informe de renovación el 3 de diciembre de 2020 y una propuesta de Reglamento relativo a la sustancia Streptomyces, cepa K61, al Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos el 25 de enero de 2021.

(10)

La Comisión invitó al solicitante a presentar sus observaciones acerca de las conclusiones de la Autoridad y, de conformidad con el artículo 14, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012, acerca del informe de renovación. El solicitante presentó sus observaciones, que se examinaron con detenimiento.

(11)

Se ha determinado, con respecto a uno o más usos representativos de al menos un producto fitosanitario que contiene la sustancia activa Streptomyces, cepa K61, que se cumplen los criterios de aprobación establecidos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. Procede, por consiguiente, renovar la aprobación de la sustancia Streptomyces, cepa K61.

(12)

La evaluación del riesgo para la renovación de la aprobación de la sustancia activa Streptomyces, cepa K61, se basa en una cantidad limitada de usos representativos, lo cual, no obstante, no restringe los usos para los que pueden ser autorizados los productos fitosanitarios que contengan dicha sustancia. Procede, por tanto, no mantener la restricción al uso como fungicida únicamente.

(13)

Por tanto, de conformidad con el artículo 20, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, en relación con su artículo 13, apartado 4, el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 debe modificarse en consecuencia.

(14)

Mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/566 de la Comisión (7) se prorrogó el período de aprobación de la sustancia Streptomyces, cepa K61, hasta el 30 de abril de 2022 con el fin de que pudiera completarse el proceso de renovación antes de que expirara dicho período de aprobación. Sin embargo, dado que se está tomando una decisión sobre la renovación antes de la expiración de dicho período de aprobación prorrogado, el presente Reglamento debe empezar a aplicarse antes de dicha fecha.

(15)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

El 30 de septiembre de 2020, la Comisión Europea («Comisión») inició una investigación antidumping relativa a las importaciones de productos planos de acero inoxidable laminados en frío («AILF» o «producto investigado») originarios de la India e Indonesia («países afectados»), con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo. Publicó un anuncio de inicio en el Diario Oficial de la Unión Europea (2) («anuncio de inicio»).

(2)

La Comisión inició la investigación a raíz de una denuncia presentada el 17 de agosto de 2020 por la European Steel Association («Eurofer» o «denunciante») en nombre de un grupo de productores que representa más del 25 % de la producción total de productos planos de acero inoxidable laminados en frío de la Unión. La denuncia contenía pruebas de prácticas de dumping por parte de los países afectados y del consiguiente perjuicio importante resultante que eran suficientes para justificar el inicio de la investigación.

(3)

A raíz de una solicitud del denunciante basada en las pruebas necesarias, la Comisión sometió las importaciones del producto afectado a registro en virtud del artículo 14, apartado 5, del Reglamento de base mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/370 de la Comisión (3).

(4)

En el anuncio de inicio, la Comisión invitó a las partes interesadas a ponerse en contacto con ella para participar en la investigación. Además, la Comisión informó específicamente del inicio de la investigación al denunciante, a los productores exportadores conocidos y las autoridades de los países afectados, así como a los importadores y usuarios conocidos de la Unión, y les invitó a participar.

(5)

Se dio a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre el inicio de la investigación y de solicitar una audiencia con la Comisión o con el consejero auditor en litigios comerciales. La Comisión celebró una audiencia con el denunciante, un productor exportador y un usuario de la Unión. La Comisión recibió las observaciones que se abordan en los puntos 2.3, 5.2 y 7.2.

(6)

En el anuncio de inicio, la Comisión señaló que podría realizar un muestreo de las partes interesadas, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base.

(7)

En el anuncio de inicio, la Comisión indicó que había decidido limitar a una cifra razonable el número de productores de la Unión que serían investigados aplicando el muestreo y que, de manera provisional, había seleccionado una muestra de productores de la Unión. La Comisión seleccionó la muestra provisional sobre la base de la producción y los volúmenes de ventas en la Unión comunicados por los productores de la Unión en el contexto del análisis previo a la evaluación de inicio, teniendo también en cuenta su ubicación geográfica. La muestra provisional así establecida estaba formada por tres productores de la Unión que representaban más del 60 % de la producción y el 70 % de las ventas del producto similar en la Unión, y estaban radicados en cuatro Estados miembros diferentes. En el expediente para inspección por las partes interesadas se facilitaba información sobre esta muestra provisional, junto con la posibilidad de formular observaciones. No se formularon observaciones.

(8)

Por tanto, se confirmó la muestra provisional de productores de la Unión. Se componía de Aperam Stainless Europe («Aperam»), Acciai Speciali Terni S.p.A. («AST») y Outokumpu Stainless Oy («OTK»). La muestra definitiva es representativa de la industria de la Unión.

(9)

Al objeto de decidir si era necesario el muestreo y, en tal caso, seleccionar una muestra, la Comisión pidió a todos los importadores no vinculados conocidos que facilitaran la información especificada en el anuncio de inicio.

(10)

Tres importadores no vinculados se dieron a conocer como partes interesadas y facilitaron la información solicitada. A la vista del reducido número de respuestas recibidas, no fue necesario el muestreo. No se formularon observaciones respecto de esta decisión. Se invitó a los importadores a cumplimentar un cuestionario.

(11)

Habida cuenta del posible gran número de productores exportadores en los países afectados, el anuncio de inicio solo contemplaba el muestreo en la India e Indonesia y, por tanto, la Comisión pidió a todos los productores exportadores conocidos de la India e Indonesia que facilitaran la información especificada en el anuncio de inicio para decidir si era necesario el muestreo y, en tal caso, seleccionar una muestra.

(12)

Además, la Comisión pidió a la Misión de la India ante la Unión Europea y a la Embajada de la República de Indonesia en Bruselas que, en su caso, identificaran o se pusieran en contacto con otros productores exportadores que pudieran estar interesados en participar en la investigación.

(13)

Tras el inicio, la Comisión se puso en contacto con siete posibles productores exportadores de la India. Dos productores exportadores de la India facilitaron la información requerida para el muestreo y representaron todas las exportaciones del producto afectado a la Unión. Por tanto, la Comisión abandonó el muestreo con respecto a los productores exportadores de la India.

(14)

Tras el inicio, la Comisión se puso en contacto con catorce posibles productores exportadores de Indonesia. Tres productores exportadores respondieron al cuestionario de muestreo y comunicaron sus ventas a la Unión. Según la información facilitada en las respuestas al cuestionario de muestreo, sus ventas representaban el 72 % de las exportaciones indonesias a la Unión. Sobre esta base, también se abandonó el muestreo para Indonesia.

(15)

El denunciante proporcionó suficientes indicios razonables de distorsiones sustanciales en el mercado de materias primas en la India e Indonesia en relación con el producto en cuestión. Por tanto, como ya se señaló en el anuncio de inicio, a fin de determinar la aplicabilidad de lo dispuesto en el artículo 7, apartados 2 bis y 2 ter, del Reglamento de base en lo que respecta a la India e Indonesia, la investigación abarcó estas distorsiones sustanciales del mercado de materias primas. Por este motivo, la Comisión envió cuestionarios al respecto a los Gobiernos de la India e Indonesia.

(16)

La Comisión envió cuestionarios a los tres productores de la Unión incluidos en la muestra, al denunciante, a los tres importadores no vinculados y a los cinco productores exportadores de los países afectados. Los mismos cuestionarios también se habían publicado en línea (4) el día del inicio.

(17)

Se recibieron respuestas al cuestionario de los tres productores de la Unión incluidos en la muestra, el denunciante, dos importadores no vinculados, los dos productores exportadores de la India y los tres productores exportadores de Indonesia. Asimismo, se recibieron respuestas al cuestionario de los Gobiernos de la India e Indonesia.

(18)

En vista del brote de COVID-19 y las medidas de confinamiento aplicadas por diversos Estados miembros, así como varios terceros países, la Comisión no pudo llevar a cabo sus inspecciones in situ con arreglo al artículo 16 del Reglamento de base en la fase provisional. En su lugar, la Comisión realizó verificaciones a distancia de toda la información que estimó necesaria para sus determinaciones provisionales, de conformidad con su Comunicación sobre las consecuencias del brote de COVID-19 para las investigaciones antidumping y antisubvenciones (5).

(19)

La Comisión llevó a cabo verificaciones a distancia de las siguientes empresas/partes:

(20)

En lo que respecta al procedimiento del artículo 7, apartados 2 bis y 2 ter, del Reglamento de base, tuvo lugar una verificación a distancia con los Gobiernos de la India e Indonesia.

(21)

La investigación sobre el dumping y el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020 («período de investigación» o «PI»). El análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el final del período de investigación («período considerado»).

(22)

El producto objeto de la presente investigación lo constituyen productos planos de acero inoxidable, simplemente laminados en frío (reducidos en frío), clasificados actualmente en los códigos NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 y 7220 90 80, originarios de la India e Indonesia. Los códigos NC se indican a título meramente informativo.

(23)

La investigación puso de manifiesto que los productos siguientes presentan las mismas características físicas, químicas y técnicas básicas y se destinan a los mismos usos básicos:

(24)

La Comisión decidió en esa fase que tales productos eran, por tanto, productos similares en el sentido del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de base.

(25)

En una fase muy tardía de la parte provisional de la investigación, un usuario de la Unión se presentó como parte interesada y envió una declaración relativa a la definición del producto. La empresa solicitó la exclusión de los productos de la clase acero 200 («AILF 200») de la definición del producto, ya que, según la empresa, dichos productos no se producen, o se producen de una forma muy limitada, en la Unión y tienen un uso final específico y especializado. Según la empresa, la exclusión de los AILF 200 sobre la base de su clase de acero y su uso final no supondría un riesgo de elusión de otros tipos de productos.

(26)

El denunciante se opuso a esta alegación. Eurofer insistió en que al menos dos productores de la Unión producen los AILF 200. Además, Eurofer afirmó que pueden sustituirse fácilmente por otras clases de acero en el uso final, y que, como tales, compiten directamente con dichos tipos de productos. Asimismo, los AILF 200 tienen las mismas características físicas, químicas y técnicas básicas, así como los mismos canales de distribución que otras clases de acero, y no pueden identificarse fácilmente sin pruebas especializadas, lo cual, según el denunciante, abre claramente la posibilidad de elusión. Teniendo en cuenta las alegaciones de Eurofer, la Comisión concluyó provisionalmente que los tipos de productos son intercambiables.

(27)

Teniendo en cuenta la presentación muy tardía de la solicitud relativa a la definición del producto, el hecho de que en la Unión exista una producción de AILF 200 y su intercambiabilidad con otros tipos de productos, se rechaza provisionalmente la solicitud de exclusión del producto.

(28)

Habida cuenta del limitado número de partes que cooperan tanto en la India como en Indonesia, los detalles de determinadas conclusiones sobre el dumping son confidenciales y, por tanto, figuran únicamente en las comunicaciones bilaterales.

(29)

Los dos productores exportadores que cooperaron en la India fueron Chromeni Steels Private Limited y el Grupo Jindal.

(30)

Chromeni Steels Private Limited producía el producto afectado en la India y lo vendía en el mercado interno principalmente a clientes no vinculados y a algunos clientes vinculados. Todas las exportaciones a la Unión se hicieron directamente a clientes no vinculados.

(31)

En la investigación y en la verificación a distancia participaron las siguientes empresas indicadas expresamente por el Grupo Jindal como implicadas en la producción y la venta del producto afectado:

(32)

La verificación a distancia reveló que una empresa vinculada del Grupo Jindal en un tercer país participaba en la venta del producto afectado a la Unión. Sin embargo, el papel relevante de esta parte en relación con el producto investigado no se había comunicado como tal en la correspondencia del Grupo Jindal, incluidas las respuestas al cuestionario. Por consiguiente, la Comisión informó al Grupo Jindal, mediante carta de 23 de marzo de 2021, de que tenía la intención de aplicar las disposiciones del artículo 18 del Reglamento de base y utilizar los datos disponibles con respecto a la información que no se había comunicado en relación con el papel de la empresa vinculada. Tras la carta, la empresa vinculada situada en un tercer país presentó sus observaciones el 29 de marzo de 2021. Con sus observaciones, el Grupo Jindal también proporcionó la respuesta de la empresa vinculada al anexo del cuestionario.

(33)

Estas observaciones se reiteraron durante una audiencia con el consejero auditor el 16 de abril de 2021.

(34)

Las observaciones del Grupo Jindal sobre la carta de 23 de marzo fueron debidamente valoradas, pero no alteraron la apreciación de los hechos por parte de la Comisión. En particular, la respuesta al anexo del cuestionario que se presentó en respuesta a la carta de la Comisión de 23 de marzo de 2021 no pudo verificarse a distancia y, por consiguiente, la Comisión no pudo evaluar la integridad de la información proporcionada en nombre de esa parte.

(35)

En consecuencia, la Comisión confirmó su intención de aplicar las disposiciones del artículo 18 del Reglamento de base en esta fase.

(36)

La Comisión examinó en primer lugar si el volumen total de las ventas internas de cada productor exportador que cooperó era representativo, de conformidad con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base. Las ventas internas son representativas si el volumen total de las ventas internas del producto similar a clientes independientes de dicho mercado, por productor exportador, representa como mínimo el 5 % del volumen total de las exportaciones a la Unión del producto afectado durante el período de investigación.

(37)

Sobre esta base, se consideró que el volumen total de ventas del producto similar realizadas en el mercado interno por cada productor exportador que cooperó eran representativas.

(38)

La Comisión determinó posteriormente los tipos de productos vendidos en el mercado interno que eran idénticos o comparables con los vendidos para su exportación a la Unión.

(39)

La Comisión examinó seguidamente si los tipos de productos vendidos por cada uno de los productores exportadores que cooperaron en su mercado interno eran representativos con respecto a los tipos de productos vendidos para la exportación a la Unión Europea, de conformidad con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base. Las ventas internas de un tipo de producto son representativas si el volumen total de esas ventas a clientes independientes durante el período de investigación representa como mínimo un 5 % del volumen total de las exportaciones a la Unión del tipo de producto idéntico o comparable.

(40)

A continuación, la Comisión determinó el porcentaje de ventas rentables de cada tipo de producto a clientes independientes en el mercado interno durante el período de investigación, a fin de decidir si utilizaba las ventas reales en el mercado interno para calcular el valor normal, o si no se tenían en cuenta las ventas realizadas fuera del curso de operaciones comerciales normales por razones de precio, de conformidad con el artículo 2, apartado 4, del Reglamento de base.