(1)

El Reglamento (CE) n.o 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) debe ser objeto de varias modificaciones a fin de reforzar la protección de los viajeros y favorecer el aumento de los viajes en tren, prestando particular atención a los artículos 11, 12 y 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). En vista de dichas modificaciones y en aras de la claridad, conviene, por tanto, proceder a la refundición del Reglamento (CE) n.o 1371/2007.

(2)

En el contexto de la política común de transportes, es importante garantizar los derechos de los viajeros de ferrocarril, además de aumentar la calidad y la eficacia de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril con el fin de incrementar la cuota correspondiente al transporte ferroviario en relación con los demás medios de transporte.

(3)

A pesar de los considerables avances logrados en la protección de los consumidores de la Unión, aún debe mejorarse la protección de los derechos de los viajeros de ferrocarril.

(4)

El viajero de ferrocarril es la parte más débil del contrato de transporte, motivo por el que deben defenderse sus derechos en ese contexto.

(5)

La concesión de los mismos derechos a los viajeros de ferrocarril que realizan viajes internacionales y viajes nacionales pretende elevar el nivel de protección de los consumidores de la Unión, asegurar la igualdad de condiciones de las empresas ferroviarias y garantizar un nivel uniforme de derechos de los viajeros. Los viajeros deben recibir una información lo más precisa posible sobre sus derechos. Dado que determinados formatos de billetes no permiten la impresión física de información sobre ellos, debe ser posible facilitar la información que prescribe el presente Reglamento por otros medios.

(6)

Los servicios ferroviarios que se prestan para un uso estrictamente histórico o turístico no suelen satisfacer las necesidades habituales de transporte. Tales servicios suelen estar aislados del resto del sistema ferroviario de la Unión y utilizan tecnología que puede limitar su accesibilidad. Con la salvedad de determinadas disposiciones que deban aplicarse a todos los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril en la Unión, los Estados miembros deben poder conceder exenciones respecto de la aplicación de lo dispuesto en el presente Reglamento a los servicios ferroviarios que se presten para un uso estrictamente histórico o turístico.

(7)

Los servicios urbanos, suburbanos y regionales de transporte de viajeros por ferrocarril son distintos de los servicios de viajeros por ferrocarril de larga distancia. Por tanto, debe permitirse a los Estados miembros eximir a dichos servicios de la aplicación de determinadas disposiciones del presente Reglamento sobre los derechos de los viajeros. No obstante, dichas exenciones no deben aplicarse a normas esenciales, en particular a las disposiciones relativas a las condiciones no discriminatorias de los contratos de transporte, a los derechos de las personas a adquirir sin dificultades indebidas un billete para viajar en tren, a la responsabilidad de las empresas ferroviarias para con los viajeros y su equipaje, al requisito de que las empresas ferroviarias cuenten con un seguro adecuado ni al requisito de que se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad personal de los viajeros en las estaciones de tren y en los trenes. Los servicios regionales están más integrados al resto del sistema ferroviario de la Unión y los viajes en cuestión son más largos. Por lo tanto, en el caso de los servicios regionales de transporte de viajeros por ferrocarril, deben restringirse aún más las posibles exenciones. Las exenciones a las disposiciones del presente Reglamento que facilitan el uso de los servicios ferroviarios por las personas con discapacidad o con movilidad reducida deben suprimirse gradualmente por completo y no deben aplicarse exenciones en lo que respecta a las disposiciones del presente Reglamento que promueven el uso de bicicletas. Además, debe limitarse en el tiempo la posibilidad de eximir a los servicios regionales de determinadas obligaciones en materia de suministro de billetes combinados y de conducción por una vía alternativa.

(8)

El presente Reglamento pretende mejorar los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril dentro de la Unión. Para ello, los Estados miembros deben poder conceder exenciones temporales para servicios ofrecidos en regiones en las que una parte significativa de los mismos se explota fuera de la Unión.

(9)

Además, a fin de permitir una transición fluida entre el marco establecido de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1371/2007 y el presente Reglamento, las exenciones nacionales anteriores deben suprimirse gradualmente para garantizar la seguridad jurídica y la continuidad necesarias. Los Estados miembros que hayan concedido exenciones de conformidad con el artículo 2, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1371/2007 solo deben poder eximir a los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril de las disposiciones del presente Reglamento que requieran una adaptación significativa y, en cualquier caso, solamente por un período limitado de tiempo. También debe permitirse a los Estados miembros, durante un período transitorio, conceder una exención de la obligación de distribuir entre los operadores información sobre tráfico y viajes, pero únicamente cuando no sea técnicamente viable que el administrador de infraestructuras facilite datos en tiempo real a cualquier empresa ferroviaria, proveedor de billetes, operador turístico o administrador de estaciones. Además, al menos cada dos años, debe efectuarse una evaluación de viabilidad técnica.

(10)

Los Estados miembros deben informar a la Comisión en caso de que eximan a los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril de la aplicación de determinadas disposiciones del presente Reglamento. Al facilitar esta información, los Estados miembros deben explicar los motivos de la concesión de dichas exenciones y las medidas adoptadas o previstas para cumplir las obligaciones derivadas del presente Reglamento cuando expiren las exenciones en cuestión.

(11)

Cuando varios administradores de estaciones son responsables de una estación, los Estados miembros deben tener la posibilidad de designar al organismo encargado de las responsabilidades contempladas en el presente Reglamento.

(12)

El acceso a la información sobre viajes en tiempo real, incluidas las tarifas, hace que el transporte por ferrocarril sea más accesible a los nuevos clientes y les ofrece un mayor abanico de posibilidades y tarifas entre las que elegir. Las empresas ferroviarias deben proporcionar a otras empresas ferroviarias, proveedores de billetes y operadores turísticos que vendan sus servicios acceso a dicha información sobre viajes, así como ofrecer la posibilidad de efectuar y cancelar reservas con el fin de facilitar los viajes en ferrocarril. Los administradores de infraestructuras deben proporcionar a las empresas ferroviarias y los administradores de estaciones, así como a los proveedores de billetes y operadores turísticos, datos en tiempo real relativos a las llegadas y salidas de los trenes con el fin de facilitar los viajes en ferrocarril.

(13)

Se establecen disposiciones más detalladas para la oferta de información sobre viajes en las especificaciones técnicas de interoperabilidad a que se refiere el Reglamento (UE) n.o 454/2011 de la Comisión (4).

(14)

La mejora de los derechos de los viajeros de ferrocarril debe basarse en el Derecho internacional existente que figura en el apéndice A, «Reglas Uniformes relativas al Contrato de Transporte Internacional de Viajeros y Equipajes por Ferrocarril (CIV)», del Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF), de 9 de mayo de 1980, modificado por el Protocolo de 3 de junio de 1999 por el que se modifica el Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (Protocolo de 1999). Sin embargo, conviene ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento y proteger no solo a los viajeros internacionales sino también a los viajeros nacionales. El 23 de febrero de 2013, la Unión se adhirió al COTIF.

(15)

Los Estados miembros deben prohibir la discriminación por razones de nacionalidad del viajero o del lugar de establecimiento dentro de la Unión de la empresa ferroviaria, del proveedor de billetes o del operador turístico. Ahora bien, no deben prohibirse las tarifas sociales ni la promoción de un mayor uso del transporte público, siempre que estas medidas sean proporcionadas e independientes de la nacionalidad de los viajeros afectados. Las empresas ferroviarias, los proveedores de billetes y los operadores turísticos tienen libertad para decidir sus prácticas comerciales, en particular las ofertas especiales y la promoción de determinados canales de distribución. A la luz del desarrollo de plataformas en línea que venden billetes de transporte de viajeros, los Estados miembros deben prestar especial atención a garantizar que no se produzcan discriminaciones durante el proceso de acceso a interfaces en línea o de adquisición de billetes. Además, independientemente de cómo se adquiera un determinado tipo de billete, el nivel de protección del viajero debe ser el mismo.

(16)

La creciente popularidad del ciclismo en la Unión tiene repercusiones para la movilidad y el turismo en general. Un mayor uso combinado del ferrocarril y la bicicleta en la distribución modal reduce el impacto ambiental del transporte. Por consiguiente, las empresas ferroviarias deben facilitar en la medida de lo posible la combinación de viajes en bicicleta y en tren. En particular, cuando adquieran material rodante nuevo o realicen una mejora importante del material rodante existente, deben proporcionar un número adecuado de plazas para bicicletas, salvo que la adquisición o mejora se refiera a los coches restaurante, coches-cama o coches-litera. Con el fin de evitar un efecto negativo en el nivel de seguridad del material rodante existente, esa obligación solo debe aplicarse en caso de mejora importante que requiera una nueva autorización de comercialización de los vehículos.

(17)

El número adecuado de plazas para bicicletas para una composición del tren debe determinarse teniendo en cuenta el tamaño y la composición del tren, el tipo de servicio y la demanda de transporte de bicicletas. Las empresas ferroviarias deben tener la posibilidad de establecer planes que determinen el número preciso de plazas para bicicletas para los servicios que ofrecen, previa consulta al público. Cuando las empresas ferroviarias no establezcan planes, debe aplicarse un número reglamentario. Dicho número reglamentario también debe servir de orientación para las empresas ferroviarias a la hora de establecer sus planes. Un número inferior al número reglamentario solo debe considerarse adecuado cuando esté justificado por circunstancias especiales, como la explotación de servicios ferroviarios en horario de invierno, cuando es evidente que la demanda de transporte de bicicletas es escasa o inexistente. Además, en algunos Estados miembros la demanda de transporte de bicicletas es especialmente importante en lo que respecta a determinados tipos de servicios. Por consiguiente, los Estados miembros deben tener la posibilidad de determinar el número mínimo adecuado de plazas para bicicletas en lo que respecta a determinados tipos de servicios. Dicho número debe prevalecer sobre el número preciso establecido en cualquier plan de las empresas ferroviarias. Ello no debe obstaculizar la libre circulación de material rodante ferroviario dentro de la Unión. Debe informarse a los viajeros del espacio disponible para bicicletas.

(18)

Los derechos y obligaciones en materia de transporte de bicicletas en los trenes deben aplicarse a aquellas bicicletas en las que se pueda montar con facilidad antes y después del viaje en ferrocarril. El transporte de bicicletas en paquetes y bolsas, en su caso, está cubierto por las disposiciones del presente Reglamento relativas al equipaje.

(19)

Los derechos de los viajeros de ferrocarril a servicios de ferrocarril incluyen la obtención de información sobre el servicio, antes y durante el viaje. Las empresas ferroviarias, los proveedores de billetes y los operadores turísticos deben facilitar información general sobre el servicio ferroviario antes del viaje. Dicha información debe facilitarse en formatos accesibles para las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida. Las empresas ferroviarias y, cuando sea posible, los proveedores de billetes y los operadores turísticos deben facilitar al viajero durante el viaje la información adicional requerida en el presente Reglamento. Si un administrador de estaciones posee esta información, también debe proporcionarla a los viajeros.

(20)

El tamaño de los proveedores de billetes varía sustancialmente desde las microempresas hasta las grandes empresas, y algunos solo ofrecen sus servicios a través o fuera de internet. Así, la obligación de facilitar información sobre viajes a los viajeros debe ser proporcional al tamaño diverso, y por ende la distinta capacidad, del proveedor de billetes.

(21)

El presente Reglamento no debe impedir la posibilidad de que las empresas ferroviarias, los operadores turísticos o los proveedores de billetes ofrezcan a los viajeros condiciones más favorables que las establecidas en el presente Reglamento. Ahora bien, el presente Reglamento tampoco debe dar lugar a que una empresa ferroviaria esté obligada a ofrecer condiciones contractuales más favorables que las que ofrece un operador turístico o un proveedor de billetes, a menos que así lo prevea un acuerdo entre la empresa ferroviaria y el operador turístico o el proveedor de billetes.

(22)

Los billetes combinados permiten a los viajeros viajar sin interrupciones y, por tanto, deben realizarse todos los esfuerzos razonables con objeto de ofrecer tales billetes en los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril, de larga distancia, urbanos, suburbanos y regionales, sean internacionales o nacionales, incluidos los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril exentos en virtud del presente Reglamento. En el cálculo de la duración del retraso que da lugar a indemnización, debe permitirse la exclusión de los retrasos que se hayan producido en las partes del viaje a cargo de los servicios ferroviarios exentos con arreglo al presente Reglamento.

(23)

En cuanto a los servicios explotados por la misma empresa ferroviaria, la transferencia de viajeros de un servicio a otro debe facilitarse mediante la introducción de una obligación de proporcionar billetes combinados, puesto que no son necesarios acuerdos comerciales entre empresas ferroviarias. El requisito de proporcionar billetes combinados también debe aplicarse a los servicios explotados por empresas ferroviarias que pertenezcan al mismo propietario o que sean filiales propiedad al cien por cien de una de las empresas ferroviarias que presten servicios ferroviarios incluidos en el viaje. La empresa ferroviaria debe tener la posibilidad de especificar en el billete combinado la hora de salida de cada servicio ferroviario, incluidos los servicios regionales, para el que dicho billete combinado es válido.

(24)

Debe informarse claramente a los viajeros de si los billetes vendidos por una empresa ferroviaria en una única transacción comercial constituyen un billete combinado. Si los viajeros no son correctamente informados, la empresa ferroviaria debe asumir la responsabilidad como si los billetes fueran un billete combinado.

(25)

Debe promoverse la oferta de billetes combinados. No obstante, es esencial proporcionar la información correcta sobre el servicio ferroviario también cuando los viajeros compren los billetes a un proveedor de billetes o a un operador turístico. Cuando los proveedores de billetes o los operadores turísticos vendan, como paquete, billetes independientes, deben informar claramente al viajero de que dichos billetes no ofrecen el mismo nivel de protección que los billetes combinados y de que dichos billetes no han sido expedidos como billetes combinados por la empresa ferroviaria o las empresas ferroviarias que prestan el servicio. Si los proveedores de billetes o los operadores turísticos no cumplen este requisito, deben asumir una responsabilidad que vaya más allá del reintegro del importe de los billetes.

(26)

Al ofrecer billetes combinados, es importante que en el momento de la reserva las empresas ferroviarias tengan en cuenta unos tiempos de conexión mínimos realistas y aplicables, así como cualquier factor pertinente como el tamaño y la ubicación de las respectivas estaciones y andenes.

(27)

A la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, y con objeto de brindar a las personas con discapacidad y a las personas con movilidad reducida posibilidades de viajar en ferrocarril comparables a las de los demás ciudadanos, deben establecerse normas que regulen la no discriminación y la asistencia a esas personas durante su viaje. Las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida tienen los mismos derechos que todos los demás ciudadanos a la libre circulación y a la no discriminación. Entre otras cosas, debe prestarse especial atención a que se dé a las personas con discapacidad y a las personas con movilidad reducida información sobre las posibilidades de acceso al material rodante y a las instalaciones a bordo del tren. Con el fin de informar lo mejor posible sobre los retrasos a los viajeros con discapacidad sensorial, deben utilizarse sistemas visuales y auditivos al efecto. Las personas con discapacidad deben poder comprar los billetes a bordo del tren sin recargo cuando no haya otro modo accesible de comprar el billete antes de subir al tren. No obstante, debe existir la posibilidad de limitar este derecho en circunstancias relacionadas con la seguridad o con la obligación de reservar plaza en el tren. El personal debe contar con la formación adecuada para responder a las necesidades de las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida, especialmente en la prestación de asistencia. Para garantizar la igualdad de condiciones de viaje, estas personas deben recibir asistencia en las estaciones y a bordo o, de no haber personal de acompañamiento formado ni a bordo del tren ni en la estación, deben desplegarse todos los esfuerzos razonables para permitir que puedan viajar en tren.

(28)

Las empresas ferroviarias y los administradores de estaciones deben cooperar activamente con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad a fin de mejorar la calidad de la accesibilidad de los servicios de transporte.

(29)

Con el fin de facilitar el acceso a los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril para las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida, los Estados miembros deben tener la posibilidad de exigir a las empresas ferroviarias y a los administradores de estaciones que establezcan ventanillas únicas nacionales para coordinar la información y la asistencia.

(30)

Con objeto de garantizar la prestación de asistencia a las personas con discapacidad y a las personas con movilidad reducida, es necesario por razones prácticas notificar previamente la necesidad de asistencia a la empresa ferroviaria, al administrador de estaciones, al proveedor de billetes o al operador turístico. Si bien el presente Reglamento establece un plazo máximo común para estas notificaciones previas, los acuerdos voluntarios que prevén plazos más cortos son valiosos para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida. A fin de garantizar una distribución lo más amplia posible de la información relativa a estos plazos reducidos, es importante que la Comisión incluya en su informe sobre la aplicación y los resultados del presente Reglamento información sobre la evolución de los acuerdos relativos a la reducción de las notificaciones previas y sobre la difusión de esta información.

(31)

Las empresas ferroviarias y los administradores de estaciones deben tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y de las personas con movilidad reducida, mediante el cumplimiento de la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y el Reglamento (UE) n.o 1300/2014 de la Comisión (6). Cuando el presente Reglamento se refiera a disposiciones de la Directiva (UE) 2019/882, los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir del 28 de junio de 2025 y de conformidad con las medidas transitorias del artículo 32 de dicha Directiva. Por lo que se refiere a los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril, el ámbito de aplicación de dichas disposiciones se establece en el artículo 2, apartado 2, letra c), de la citada Directiva.

(32)

Algunos animales reciben entrenamiento para ayudar a las personas con discapacidad a lograr una movilidad independiente. Es fundamental para esta movilidad que los animales puedan subir a bordo de los trenes. El presente Reglamento establece derechos y obligaciones comunes por lo que respecta a los perros de asistencia. No obstante, los Estados miembros deben tener la posibilidad de realizar pruebas con otros animales de asistencia en movilidad y permitir la presencia de estos a bordo de los trenes en sus servicios ferroviarios nacionales. Es importante que la Comisión supervise la evolución de esta cuestión con miras a futuros trabajos sobre los animales de asistencia en movilidad.

(33)

Es conveniente que el presente Reglamento instaure un sistema de indemnización para los viajeros en caso de retraso, en particular cuando dicho retraso responda a una supresión de un servicio o a una pérdida de enlace. En caso de retraso en un servicio de transporte de viajeros por ferrocarril, la empresa ferroviaria debe conceder a los viajeros una indemnización basada en un porcentaje del precio del billete.

(34)

Las empresas ferroviarias deben tener la obligación de suscribir un seguro o contar con garantías adecuadas de cobertura de su responsabilidad respecto de los viajeros de ferrocarril en caso de accidente.

(35)

Unos mayores derechos de indemnización y asistencia en caso de retraso, pérdida de enlaces y supresión de un servicio deben aportar incentivos al mercado de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril, en beneficio de los propios usuarios.

(36)

En caso de retraso, deben facilitarse a los viajeros opciones de continuación del viaje o de conducción por una vía alternativa en condiciones de transporte comparables. En este contexto, deben tomarse en consideración las necesidades de las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida.

(37)

Ahora bien, no debe obligarse a las empresas ferroviarias a pagar indemnizaciones si pueden demostrar que el retraso se debe a circunstancias extraordinarias como fenómenos meteorológicos extremos o catástrofes naturales graves que ponen en peligro el funcionamiento seguro del servicio. Una situación de este tipo debe tener el carácter de catástrofe natural excepcional, distinta de las condiciones meteorológicas estacionales normales, como las tormentas otoñales o las inundaciones urbanas periódicas ocasionadas por mareas o deshielo. Asimismo, la empresa ferroviaria no debe estar obligada a indemnizar si puede probar que el retraso fue debido a una crisis grave de salud pública como una pandemia. Además, cuando los retrasos sean causados por el viajero o por determinados actos de terceros, la empresa ferroviaria no debe estar obligada a indemnizar por el retraso. Las empresas ferroviarias deben demostrar que no han podido prever ni evitar dichas circunstancias ni prevenir el retraso a pesar de haber tomado todas las medidas razonables, en particular un mantenimiento preventivo adecuado de su material rodante. Las huelgas del personal de la empresa ferroviaria y las acciones, o su ausencia, de otros operadores ferroviarios que utilicen la misma infraestructura, de administradores de infraestructuras o de administradores de estaciones, no deben eximir de la responsabilidad por retrasos. Las circunstancias en las que las empresas ferroviarias no están obligadas a pagar una indemnización deben justificarse objetivamente. Cuando las empresas ferroviarias dispongan de una comunicación o un documento del administrador de infraestructuras ferroviarias, de una autoridad pública o de otro organismo independiente de dichas empresas en el que se indiquen las circunstancias en las que la empresa alega que está exenta de la obligación de pagar una indemnización, las empresas ferroviarias deben mencionar dichas comunicaciones o documentos a los viajeros y, en su caso, a las autoridades afectadas.

(38)

Debe animarse a las empresas ferroviarias a simplificar el procedimiento para que los viajeros soliciten indemnizaciones o reembolsos. En particular, los Estados miembros deben tener la posibilidad de exigir a las empresas ferroviarias que acepten las solicitudes a través de determinados medios de comunicación, como los sitios web o las aplicaciones móviles, siempre que tales requisitos no sean discriminatorios.

(39)

Con el fin de facilitar a los viajeros la solicitud de reintegro o indemnización de conformidad con el presente Reglamento, deben establecerse formularios que sean válidos en toda la Unión. Los viajeros deben tener la posibilidad de presentar sus solicitudes utilizando dicho formulario.

(40)

En cooperación con los administradores de infraestructuras y los de estaciones, las empresas ferroviarias deben preparar planes de contingencia que minimicen las repercusiones de las perturbaciones graves facilitando información y cuidados adecuados a los viajeros bloqueados.

(41)

Procede liberar de inquietudes económicas a corto plazo, en el período inmediato al accidente, a las víctimas de los accidentes y a las personas de ellas dependientes.

(42)

Para los viajeros de ferrocarril es importante que, de acuerdo con las autoridades públicas, se adopten las medidas adecuadas para garantizar su seguridad personal tanto en las estaciones como a bordo de los trenes.

(43)

Los viajeros de ferrocarril deben poder presentar una reclamación a la empresa ferroviaria que proceda, a los administradores de determinadas estaciones, o, cuando proceda, a los proveedores de billetes y los operadores turísticos, en lo relativo a sus respectivos ámbitos de responsabilidad sobre los derechos y obligaciones que el presente Reglamento determina. Los viajeros de ferrocarril deben poder recibir respuesta en un plazo razonable.

(44)

Con el fin de gestionar eficazmente las reclamaciones, las empresas ferroviarias y los administradores de estaciones deben tener derecho a establecer servicios conjuntos de atención al usuario y mecanismos conjuntos de tramitación de las reclamaciones. La información sobre los procedimientos de tramitación de las reclamaciones debe estar a disposición del público y ser de fácil acceso para todos los viajeros.

(45)

El presente Reglamento no debe afectar al derecho de los viajeros a presentar una reclamación ante un organismo nacional o intentar obtener reparación judicial a través de los procedimientos nacionales.

(46)

Las empresas ferroviarias y los administradores de estaciones deben definir, gestionar y controlar las normas de calidad del servicio de transporte de viajeros por ferrocarril. Las empresas ferroviarias también deben poner a disposición del público información sobre sus resultados en materia de calidad del servicio.

(47)

Con objeto de mantener un nivel elevado de protección de los consumidores en el transporte por ferrocarril, debe exigirse a los Estados miembros que designen organismos nacionales de ejecución que hagan un estrecho seguimiento de la aplicación del presente Reglamento y controlen su cumplimiento a nivel nacional. Esos organismos deben poder adoptar una serie de medidas de ejecución. Los viajeros deben poder reclamar ante esos organismos por las presuntas infracciones al presente Reglamento. Con el fin de velar por la correcta tramitación de tales reclamaciones, los organismos nacionales de ejecución deben cooperar entre sí.

(48)

Los Estados miembros que no tengan un sistema ferroviario ni perspectivas inmediatas de tenerlo, soportarían una carga desproporcionada e inútil si estuvieran sujetos a las obligaciones de ejecución en lo que respecta a los administradores de estaciones y los administradores de infraestructuras contemplados en el presente Reglamento. Lo mismo ocurriría en lo relativo a las obligaciones de ejecución por lo que respecta a las empresas ferroviarias mientras un Estado miembro no haya concedido licencias a ninguna empresa ferroviaria. Por consiguiente, tales Estados miembros deben quedar exentos de dichas obligaciones.

(49)

El tratamiento de datos personales debe llevarse a cabo de conformidad con la legislación de la Unión sobre la protección de los datos personales, en particular con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(50)

Los Estados miembros deben establecer las sanciones aplicables a las infracciones del presente Reglamento y asegurarse de que las sanciones se apliquen. Las sanciones, que pueden incluir el pago de indemnizaciones a los interesados, deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(51)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el desarrollo de los ferrocarriles de la Unión y el fortalecimiento de los derechos de los viajeros por ferrocarril, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(52)

A fin de garantizar un nivel elevado de protección de los viajeros, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, que modifiquen el anexo I respecto a las Reglas Uniformes CIV y ajusten la cuantía mínima del anticipo previsto en caso de fallecimiento de un viajero habida cuenta de los cambios en el índice de precios de consumo armonizado a escala de la UE. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (8). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de los actos delegados.

(53)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

(54)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular los artículos 21, 26, 38 y 47, sobre la prohibición de toda discriminación, la integración de las personas con discapacidad, la garantía de un grado elevado de protección de los consumidores y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio imparcial, respectivamente. Los tribunales de los Estados miembros deben aplicar el presente Reglamento de manera coherente con esos derechos y principios.

(1)

La legislación y las políticas de la Unión en materia de medio ambiente y clima, y aquellas pertinentes en materia de energía, han mejorado considerablemente el estado del medio ambiente. No obstante, persisten importantes problemas medioambientales y climáticos que, si continúan desatendidos, tendrán consecuencias negativas significativas para la Unión y el bienestar de sus ciudadanos.

(2)

El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) establecido por el Reglamento (UE) n.o 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), correspondiente al período comprendido entre 2014 y 2020, es el último de una serie de programas de la Unión que desde 1992 prestan apoyo a la aplicación de la legislación y las prioridades políticas relacionadas con el medio ambiente y el clima. LIFE fue valorado positivamente en una reciente evaluación intermedia, que consideró que va bien encaminado para ser eficaz, eficiente y pertinente. Por tanto, el Programa LIFE 2014-2020 debe continuar con ciertas modificaciones señaladas en la evaluación intermedia y en posteriores evaluaciones. En consecuencia, debe establecerse el Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) (en lo sucesivo, «Programa LIFE») por un período de siete años a fin de ajustar su duración a la del marco financiero plurianual establecido en el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo (5).

(3)

Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos por la legislación, las políticas y los planes en materia de medio ambiente y clima, y los pertinentes en materia de energía, en particular los objetivos que figuran en la comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (en lo sucesivo, «Pacto Verde Europeo»), y los compromisos internacionales de la Unión en la materia, el Programa LIFE debe contribuir a una transición justa hacia una economía sostenible, circular, energéticamente eficiente, basada en energías renovables, climáticamente neutra y resiliente frente al cambio climático; debe contribuir a la protección, la recuperación y la mejora de la calidad del medio ambiente (incluidos el aire, el agua y el suelo) y de la salud, y a frenar e invertir la pérdida de biodiversidad, entre otros modos, apoyando la aplicación y la gestión de la red Natura 2000, y combatiendo la degradación de los ecosistemas, ya sea a través de intervenciones directas o apoyando la integración de dichos objetivos en otras políticas. El Programa LIFE debe apoyar también la aplicación de los programas de acción de carácter general adoptados de conformidad con el artículo 192, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), como el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (6), así como, posteriormente, cualquier nuevo programa de acción en materia de medio ambiente de la Unión.

(4)

La Unión está resuelta a responder de forma global a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que destacan la vinculación intrínseca entre una gestión de los recursos naturales que garantice su disponibilidad a largo plazo y los servicios ecosistémicos, y la relación de ambos con la salud humana y un crecimiento económico sostenible e integrador desde el punto de vista social. Con este espíritu, el Programa LIFE debe reflejar los principios de solidaridad, a la vez que contribuye significativamente al desarrollo económico y a la cohesión social.

(5)

Para fomentar el desarrollo sostenible, procede integrar los requisitos de protección medioambiental y climática en la definición y la aplicación de todas las políticas y actividades de la Unión. Por consiguiente, deben fomentarse las sinergias y la complementariedad con otros programas de financiación de la Unión, también facilitando la financiación de actividades que complementen proyectos estratégicos integrados y proyectos estratégicos de naturaleza y que apoyen la adopción y la reproducción de soluciones desarrolladas en el marco del Programa LIFE. Es necesario coordinarse para evitar una doble financiación. La Comisión y los Estados miembros deben adoptar medidas para evitar que los beneficiarios de los proyectos sufran solapamientos y cargas administrativos derivados de las obligaciones de notificación de distintos instrumentos financieros.

(6)

El Programa LIFE debe contribuir al desarrollo sostenible y a la consecución de los objetivos y metas de la legislación, estrategias, planes y compromisos internacionales de la Unión en materia de medio ambiente y clima, y los pertinentes en materia de energía, en especial por lo que respecta a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, al Convenio sobre la Diversidad Biológica (7) y al Acuerdo de París adoptado en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (8) (en lo sucesivo, «Acuerdo de París sobre el Cambio Climático»), y, entre otros, al Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (9) («Convenio de Aarhus») de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), al Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia de la CEPE, al Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación de las Naciones Unidas, al Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional de las Naciones Unidas, y al Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes de las Naciones Unidas.

(7)

La Unión atribuye una gran importancia a la sostenibilidad a largo plazo de los resultados de los proyectos financiados por el Programa LIFE y a la capacidad de asegurar y mantener esos resultados tras la ejecución del proyecto, entre otros medios, a través de la continuación del proyecto o de la reproducción o la transferencia de los resultados.

(8)

Cumplir los compromisos de la Unión asumidos en el marco del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático requiere transformar la Unión en una sociedad sostenible, circular, energéticamente eficiente, basada en energías renovables, climáticamente neutra y resiliente frente al cambio climático. Esa transformación requiere, a su vez, que se preste una atención especial a los sectores que más influyen en los actuales niveles de emisión de gases de efecto invernadero y de contaminación, fomentando la eficiencia energética y las energías renovables, y también contribuyendo a la aplicación del marco político de 2030 en materia de energía y clima y de los planes nacionales integrados de energía y clima de los Estados miembros, y a la aplicación de la estrategia de la Unión a largo plazo en materia de energía y clima, de acuerdo con los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. El Programa LIFE también debe incluir medidas que contribuyan a la aplicación de la política de adaptación al cambio climático de la Unión para reducir la vulnerabilidad frente a los efectos adversos del cambio climático.

(9)

Los proyectos del nuevo subprograma «Transición hacia Energías Limpias» del Programa LIFE deben centrarse en el desarrollo de capacidades y la difusión de conocimientos, competencias, técnicas, métodos y soluciones innovadores para alcanzar los objetivos de la legislación y las políticas de la Unión relativas a la transición hacia energías renovables y una mayor eficiencia energética. Ese desarrollo de capacidades y esa difusión constituyen, por lo general, acciones de coordinación y apoyo con un gran valor añadido a escala de la Unión, dirigidas a romper las barreras comerciales que obstaculizan la transición socioeconómica hacia una energía sostenible y que implican principalmente a entidades de tamaño mediano y pequeño, así como a varios actores, incluidas las autoridades públicas locales y regionales y las organizaciones sin ánimo de lucro. Tales acciones aportan múltiples beneficios colaterales, como combatir la pobreza energética, una mejora de la calidad del aire en interiores, la reducción de los contaminantes locales gracias a las mejoras en materia de eficiencia energética y un aumento de las energías renovables distribuidas, y contribuir a la mejora de la economía local y a un crecimiento más integrador desde el punto de vista social.

(10)

A fin de contribuir a mitigar el cambio climático y a cumplir los compromisos internacionales de la Unión en materia de descarbonización, es necesario acelerar la transformación del sector de la energía. Las acciones orientadas al desarrollo de capacidades que apoyan la eficiencia energética y las energías renovables, financiadas hasta 2020 con cargo a Horizonte 2020 (10), deben integrarse en el nuevo subprograma «Transición hacia Energías Limpias» del Programa LIFE, dado que su objetivo no es financiar la excelencia y generar innovación, sino facilitar la adopción de la tecnología ya disponible relacionada con las energías renovables y la eficiencia energética, que contribuirá a la mitigación del cambio climático. El Programa LIFE debe contar con la participación de todas las partes interesadas y sectores implicados en la transición hacia energías limpias. La inclusión de esas acciones de desarrollo de capacidades en el Programa LIFE ofrece un gran potencial de sinergias entre los subprogramas y aumenta la coherencia global de la financiación de la Unión. Por tanto, se debe recopilar y difundir información sobre la adopción de las soluciones existentes de investigación e innovación en los proyectos del Programa LIFE, incluidos los del programa Horizonte Europa establecido por el Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) (Horizonte Europa) y los de los programas que lo han precedido.

(11)

En la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta de la Comisión de la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) por la que se modificó la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (13) se indica que el cumplimiento de los objetivos energéticos de la Unión para 2030 requerirá una inversión adicional de 177 000 000 000 EUR anuales en el período 2021-2030. Las mayores brechas son las relativas a las inversiones en la descarbonización de edificios para aumentar la eficiencia energética y el uso de fuentes de energía renovables a pequeña escala, en las que el capital debe canalizarse hacia proyectos de carácter muy disperso. Uno de los objetivos del subprograma «Transición hacia Energías Limpias», que incluye la eficiencia energética y la rápida implantación de energías renovables, es desarrollar las capacidades necesarias para crear y agregar ese tipo de proyectos, contribuyendo con ello también a absorber financiación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y actuar como catalizador de las inversiones en energías renovables y eficiencia energética, también utilizando los instrumentos financieros previstos en el Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo (14).

(12)

El Programa LIFE es el único programa dedicado específicamente al medio ambiente y la acción por el clima, por lo que desempeña un papel fundamental a la hora de apoyar la aplicación de la legislación y las políticas de la Unión en estos ámbitos.

(13)

Las sinergias con Horizonte Europa deben propiciar que, durante el proceso de planificación estratégica en materia de investigación e innovación de Horizonte Europa, se detecten y establezcan las necesidades de investigación e innovación para hacer frente a los retos medioambientales, climáticos y energéticos dentro de la Unión. El Programa LIFE debe seguir actuando como catalizador para la aplicación de la legislación y las políticas de la Unión en materia de medio ambiente y cambio climático, y aquellas pertinentes en materia de energía, en particular mediante la incorporación y la aplicación de los resultados de investigación e innovación obtenidos gracias a Horizonte Europa, y debe contribuir a desplegarlos a mayor escala en los casos en que esto pueda ayudar a abordar las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el clima o la transición energética. El Consejo Europeo de Innovación de Horizonte Europa puede servir de apoyo para respaldar nuevas ideas que surjan de la ejecución de proyectos LIFE y que supongan un gran avance, así como para comercializarlas. También deben tenerse en cuenta, en el mismo sentido, las sinergias con el Fondo de Innovación en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión, establecido en virtud de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (15).

(14)

Toda acción que haya recibido una contribución del Programa LIFE también debe poder recibir contribuciones de otros programas de la Unión, siempre que no sufraguen los mismos gastos. Las acciones que reciban financiación acumulativa de diferentes programas de la Unión se deben auditar una sola vez y de modo que se atiendan todos los programas de la Unión participantes y sus respectivas normas aplicables.

(15)

La comunicación de la Comisión, de 3 de febrero de 2017, titulada «Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE: problemas comunes y cómo combinar esfuerzos para obtener mejores resultados» indica que hacen falta grandes avances para acelerar la aplicación del acervo medioambiental de la Unión y mejorar la integración y la incorporación de los objetivos medioambientales y climáticos en otras políticas. Por tanto, el Programa LIFE debe actuar como catalizador para atender los problemas sistémicos horizontales, así como las causas profundas de las deficiencias en la ejecución puestas de manifiesto en la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental y para lograr los avances necesarios mediante el desarrollo, el ensayo y la reproducción de nuevos enfoques; el apoyo a la elaboración, el seguimiento y la revisión de políticas; la mejora de la gobernanza en cuestiones medioambientales, de cambio climático y relativas a la transición energética, también mediante una mayor participación de las partes interesadas en todos los niveles, la creación de capacidades, la comunicación y la concienciación; la movilización de inversiones a partir de todos los programas de inversión de la Unión u otras fuentes financieras, y mediante acciones de apoyo para la superación de los distintos obstáculos a la aplicación eficaz de los planes clave que exige la legislación en materia de medio ambiente.

(16)

Frenar e invertir la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, incluidos los ecosistemas marinos, requiere apoyo para elaborar, aplicar, controlar el cumplimiento y evaluar la legislación y las políticas pertinentes de la Unión, incluida la comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 – Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas», la Directiva 92/43/CEE del Consejo (16), la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (17) y el Reglamento (UE) n.o 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (18), en particular mediante el desarrollo de la base de conocimientos para la elaboración y aplicación de políticas, y mediante el desarrollo, el ensayo, la demostración y la aplicación de mejores prácticas y soluciones, como una gestión eficaz, a pequeña escala o adaptadas a contextos locales, regionales o nacionales específicos, incluidos los enfoques integrados para la aplicación de los marcos de acción prioritaria adoptados en virtud de la Directiva 92/43/CEE. El presente Reglamento debe contribuir a integrar la acción en materia de biodiversidad en las políticas de la Unión y a que se alcance el nivel general de ambición de destinar a objetivos de biodiversidad el 7,5 % del gasto anual del marco financiero plurianual en 2024 y el 10 % del gasto anual del marco financiero plurianual en 2026 y en 2027, teniendo en cuenta los solapamientos que existen entre los objetivos climáticos y en materia de biodiversidad.

La Unión y los Estados miembros también deben hacer un seguimiento del gasto relacionado con la biodiversidad para cumplir con sus obligaciones de presentación de informes en virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica. También deben cumplirse los requisitos de seguimiento previstos en otros actos legislativos de la Unión pertinentes. El seguimiento del gasto de la Unión relacionado con la biodiversidad debe realizarse de conformidad con una metodología eficaz, transparente y completa que debe establecer la Comisión, en cooperación con el Parlamento Europeo y el Consejo, tal como se contempla en el Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (19).

(17)

Las últimas evaluaciones y valoraciones, incluyendo la revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 y el control de adecuación de la legislación sobre naturaleza, indican que una de las principales causas subyacentes de la aplicación insuficiente de la legislación de la Unión sobre naturaleza y de la estrategia sobre la biodiversidad es la falta de una financiación adecuada.

Los principales instrumentos de financiación de la Unión, incluidos el Fondo Europeo de Desarrollo Regional establecido por el Reglamento (UE) n.o 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (20) (en lo sucesivo, «Fondo Europeo de Desarrollo Regional») y el Fondo de Cohesión establecido por el Reglamento (UE) n.o 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (21) (en lo sucesivo, «Fondo de Cohesión»), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural establecido por el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (22) (en lo sucesivo, «Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural») y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura establecido por un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 508/2014 (en lo sucesivo, «Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura») podrían contribuir significativamente a atender esas necesidades, con carácter complementario. El Programa LIFE puede seguir mejorando la eficiencia de dicha integración mediante proyectos estratégicos de naturaleza destinados a actuar como catalizadores para la aplicación de la legislación y las políticas de la Unión en materia de naturaleza y biodiversidad, incluidas las medidas establecidas en los marcos de acción prioritaria adoptados en virtud de la Directiva 92/43/CEE. Los proyectos estratégicos de naturaleza deben promover programas de actuación en los Estados miembros para introducir los objetivos pertinentes en materia de naturaleza y biodiversidad en otras políticas y programas de financiación, y así garantizar la movilización de los fondos necesarios para la aplicación de estas políticas.

Los Estados miembros deben poder decidir, dentro de su plan estratégico para la política agrícola común, utilizar una determinada parte de la asignación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural para apoyar medidas que complementen los proyectos estratégicos de naturaleza definidos con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.

(18)

La promoción de la economía circular y de la eficiencia de recursos requiere un cambio en la forma de diseñar, fabricar, consumir, reparar, reutilizar, reciclar y eliminar los materiales y productos, incluidos los plásticos, desde una perspectiva centrada en todo el ciclo de vida de los productos. El Programa LIFE debe contribuir a la transición hacia un modelo de economía circular mediante un apoyo financiero dirigido a diversos agentes, como empresas, autoridades públicas y consumidores, concretamente mediante la aplicación, el desarrollo y la reproducción de las mejores tecnologías, prácticas y soluciones adaptadas a contextos locales, regionales o nacionales específicos, incluso a través de enfoques integrados para aplicar la jerarquía de residuos y llevar a cabo planes de gestión y prevención de residuos. A través del fomento de la aplicación de la comunicación de la Comisión, de 16 de enero de 2018, titulada «Una estrategia europea para el plástico en una economía circular», se podrían adoptar medidas para abordar, en particular, el problema de los residuos marinos.

(19)

Es fundamental que haya un nivel elevado de protección medioambiental para la salud y el bienestar de los ciudadanos de la Unión. El Programa LIFE debe respaldar los objetivos de la Unión por lo que respecta a la producción y utilización de productos químicos de manera que se reduzcan al mínimo los efectos adversos significativos en la salud humana y el medio ambiente, con el fin de alcanzar el objetivo de un medio ambiente no tóxico en la Unión. El Programa LIFE también debe apoyar actividades que faciliten la aplicación de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (23) con el fin de lograr niveles de ruido que no produzcan efectos negativos significativos ni riesgos para la salud humana.

(20)

El objetivo a largo plazo de la política sobre aire limpio de la Unión es alcanzar niveles de calidad del aire que no tengan efectos negativos importantes en la salud humana ni supongan un riesgo para esta ni para el medio ambiente, reforzando al mismo tiempo las sinergias entre la mejora de la calidad del aire y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Existe un alto grado de concienciación pública sobre la contaminación atmosférica y los ciudadanos esperan que las autoridades actúen a ese respecto, en particular en ámbitos en los que la población y los ecosistemas están expuestos a altos niveles de contaminantes atmosféricos. La Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo (24) destaca el papel que puede desempeñar la financiación de la Unión en la consecución de los objetivos en materia de aire limpio. Por tanto, el Programa LIFE debe apoyar proyectos, incluidos proyectos estratégicos integrados, que puedan movilizar fondos públicos y privados, para que lleguen a ser ejemplos de mejores prácticas y actúen como catalizadores en la aplicación de los planes y la legislación sobre calidad del aire en los niveles local, regional, multirregional, nacional y transnacional.

(21)

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (25) estableció un marco para la protección de las aguas superficiales, costeras, de transición y subterráneas de la Unión. Los objetivos de dicha Directiva estarían respaldados por una mejor aplicación y una mayor integración de los objetivos de la política de aguas en otros ámbitos políticos. Por tanto, el Programa LIFE debe apoyar proyectos que contribuyan a la aplicación eficaz de la Directiva 2000/60/CE y de otros actos legislativos pertinentes de la Unión relativos al agua que contribuyan a lograr un buen estado de las masas de agua de la Unión mediante la aplicación, el desarrollo y la reproducción de mejores prácticas, así como a través de la movilización de medidas complementarias en el marco de otros programas o fuentes de financiación de la Unión.

(22)

La protección y restauración del medio marino es uno de los fines generales de la política medioambiental de la Unión. El Programa LIFE debe apoyar lo siguiente: la gestión, conservación, restauración y seguimiento de la biodiversidad y los ecosistemas marinos, en concreto en los espacios marinos de la red Natura 2000, y la protección de especies de conformidad con los marcos de acción prioritaria adoptados en virtud de la Directiva 92/43/CEE; la consecución de un buen estado medioambiental de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (26); la promoción de mares limpios y sanos; la aplicación de la comunicación de la Comisión, de 16 de enero de 2018, titulada «Una estrategia europea para el plástico en una economía circular», para abordar, en particular, el problema de los aparejos de pesca perdidos y los residuos marinos; y el fomento de la participación de la Unión en la gobernanza internacional de los océanos, la cual es clave para lograr los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y para garantizar unos océanos sanos para las generaciones futuras. Los proyectos estratégicos integrados y los proyectos estratégicos de naturaleza del Programa LIFE deben incluir medidas pertinentes que tengan por objeto proteger el medio marino.

(23)

La mejora de la gobernanza en materia de medio ambiente, cambio climático y cuestiones relacionadas con la transición energética requiere la participación de la sociedad civil por medio de la concienciación pública, también mediante una estrategia de comunicación que tenga en cuenta los nuevos medios de comunicación y las redes sociales, la participación de los consumidores y la ampliación de la participación de las partes interesadas en todos los niveles, incluidas las organizaciones no gubernamentales (ONG), en consultas sobre las políticas conexas y su aplicación en todos los niveles. Por ello conviene que el Programa LIFE apoye un amplio espectro de ONG y de redes de entidades sin ánimo de lucro que persigan un objetivo de interés general para la Unión y que actúen sobre todo en el ámbito del medio ambiente o la acción por el clima, concediéndoles, de forma competitiva y transparente, subvenciones de funcionamiento para ayudar a dichas ONG, redes y entidades a contribuir de forma eficaz a la política de la Unión, y para crear y reforzar su capacidad de llegar a ser socios más eficientes.

(24)

Si bien la mejora de la gobernanza en todos los niveles debe ser un objetivo transversal de todos los subprogramas del Programa LIFE, este debe fomentar el desarrollo, la aplicación, la ejecución y la observancia del acervo en materia de medio ambiente y de clima, en particular de la legislación horizontal sobre la gobernanza medioambiental, incluida la legislación de aplicación del Convenio de Aarhus.

(25)

El Programa LIFE debe preparar a los operadores del mercado y darles apoyo en el cambio hacia una economía sostenible, circular, energéticamente eficiente, basada en energías renovables, climáticamente neutra y resiliente frente al cambio climático mediante el ensayo de nuevas oportunidades de negocio, la mejora de aptitudes profesionales, la facilitación del acceso de los consumidores a unos productos y servicios sostenibles, la participación y el aumento de la capacidad de influencia de personas que actúan como referente y el ensayo de nuevos métodos de adaptación de los procesos y del contexto empresarial actuales. Para apoyar una mayor adopción de soluciones sostenibles por parte del mercado, debe fomentarse la aceptación del público en general y la participación activa de los consumidores.

(26)

El Programa LIFE está diseñado para ayudar a la demostración de técnicas, enfoques y mejores prácticas que puedan reproducirse y ampliarse. Las soluciones innovadoras contribuirían a mejorar el comportamiento medioambiental y la sostenibilidad, en particular para el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles en las zonas activas en los ámbitos del clima, el agua, el suelo, la biodiversidad y los residuos. A este respecto deben destacarse las sinergias con otros programas y políticas, como la Asociación Europea para la Innovación en materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícolas y el Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales de la Unión.

(27)

En el plano de la Unión, las grandes inversiones en acciones medioambientales y por el clima se financian principalmente con cargo a los principales programas de financiación de la Unión. Por tanto, es primordial intensificar los esfuerzos de integración de estas acciones para garantizar la sostenibilidad, la protección de la biodiversidad y de la lucha contra el cambio climático de las actividades de otros programas de financiación de la Unión e incorporar salvaguardias de sostenibilidad en todos los instrumentos de la Unión. Dado su papel de catalizador, los proyectos estratégicos integrados y los proyectos estratégicos de naturaleza que se desarrollen en el marco del Programa LIFE deben movilizar oportunidades de financiación en el marco de esos programas de financiación, así como de otras fuentes de financiación, como los fondos nacionales, y crear sinergias.

(28)

El éxito de los proyectos estratégicos de naturaleza y de los proyectos estratégicos integrados depende de la estrecha cooperación entre las autoridades nacionales, regionales y locales con los actores no estatales afectados por los objetivos del Programa LIFE. Por tanto, deben aplicarse los principios de transparencia y divulgación a las decisiones relativas al desarrollo, la ejecución, la evaluación y el seguimiento de los proyectos, en particular en el caso de la transversalidad o cuando estén presentes diversas fuentes de financiación.

(29)

Teniendo en cuenta la importancia de combatir el cambio climático de manera coordinada y ambiciosa, en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Programa LIFE va a contribuir a integrar la acción por el clima y a que se alcance el objetivo general de destinar al menos el 30 % del gasto del presupuesto de la Unión a respaldar objetivos climáticos. Se espera que las acciones en el marco del Programa LIFE contribuyan con el 61 % de la dotación financiera total del Programa LIFE a objetivos climáticos. Se van a determinar las acciones pertinentes durante la preparación y ejecución del Programa LIFE y a valorarse de nuevo en el contexto de las evaluaciones pertinentes y de los procesos de revisión. En consonancia con el Pacto Verde Europeo, las acciones en el marco del Programa LIFE deben respetar el principio de «no causar un perjuicio».

(30)

En la aplicación del Programa LIFE debe tenerse debidamente en cuenta la estrategia para las regiones ultraperiféricas, que se recoge en la comunicación de la Comisión, de 24 de octubre de 2017, titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea», habida cuenta del artículo 349 del TFUE y de las necesidades y vulnerabilidades específicas de estas regiones. También deben tenerse en cuenta las políticas de la Unión distintas de las medioambientales y climáticas, y aquellas pertinentes en materia de energía.

(31)

En apoyo a la ejecución del Programa LIFE, la Comisión debe colaborar con la red de puntos de contacto nacionales del Programa LIFE a fin de estimular la cooperación destinada a mejorar y aumentar la eficacia de los servicios de los puntos de contacto nacionales en toda la Unión, así como a mejorar la calidad general de las propuestas presentadas, debe organizar seminarios y talleres, publicar listados de proyectos financiados con cargo al Programa LIFE o llevar a cabo otras actividades, como campañas mediáticas, con el fin de divulgar mejor los resultados de los proyectos y facilitar el intercambio de experiencias, conocimientos y mejores prácticas y reproducir los resultados del proyecto en toda la Unión, fomentando así la cooperación y la comunicación. Dichas actividades deben dirigirse especialmente a los Estados miembros cuya utilización de fondos sea escasa y deben facilitar la comunicación y cooperación entre los beneficiarios del proyecto, los solicitantes y las partes interesadas de proyectos finalizados o en curso del mismo ámbito. Es esencial que tales actividades de comunicación y cooperación estén dirigidas a las autoridades y partes interesadas regionales y locales.

(32)

La calidad debe ser el criterio que rija el procedimiento de evaluación del proyecto y de concesión de subvenciones en el marco del Programa LIFE. A fin de facilitar la aplicación de los objetivos del Programa LIFE en toda la Unión y de fomentar que las propuestas de proyectos tengan un grado elevado de calidad, debe ponerse a disposición financiación para proyectos de asistencia técnica dirigidos a una participación efectiva en el Programa LIFE. La Comisión debe velar por una cobertura geográfica eficaz y basada en la calidad en toda la Unión, en particular ayudando a los Estados miembros a aumentar la calidad de los proyectos mediante el desarrollo de capacidades. La baja participación efectiva, las actividades subvencionables y los criterios de concesión para el Programa LIFE se deben especificar en el programa de trabajo plurianual sobre la base de la participación y el índice de éxito de los solicitantes de los correspondientes Estados miembros, teniendo en cuenta, entre otros factores, la población, la densidad de población y la superficie total de los espacios de la red Natura 2000 de cada Estado miembro expresados como proporción de la superficie total de la red Natura 2000 y como proporción del territorio de un Estado miembro cubierto por espacios de la red Natura 2000. Las actividades subvencionables deben ser tales que estén dirigidas a mejorar la calidad de las solicitudes de proyectos.

(33)

De conformidad con la comunicación de la Comisión, de 18 de enero de 2018, titulada «Acciones de la UE para mejorar el cumplimiento y la gobernanza medioambiental», la Red de la Unión Europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente (IMPEL, por sus siglas en inglés), la Red Europea de Fiscales para el Medio Ambiente (ENPE, por sus siglas en inglés) y el Foro de Jueces para el Medio Ambiente de la Unión Europa (EUFJE, por sus siglas en inglés) han sido creados para facilitar la colaboración entre los Estados miembros y desempeñar un papel único en el control del cumplimiento de la legislación de la Unión en materia de medio ambiente. Contribuyen de forma significativa a reforzar la coherencia en la aplicación y control del cumplimiento de la legislación de la Unión en materia de medio ambiente en toda la Unión, a evitar distorsiones de la competencia y a mejorar la calidad de la inspección medioambiental y los mecanismos de control del cumplimiento de la legislación a través de un sistema de redes en el plano tanto de la Unión como de los Estados miembros, y facilitan el intercambio de información y experiencias en distintos niveles administrativos, mediante formación y debates en profundidad sobre cuestiones medioambientales y aspectos relativos al control del cumplimiento, incluidos los procesos de seguimiento y autorización. Habida cuenta de su contribución a los objetivos del Programa LIFE, conviene autorizar la concesión de subvenciones a IMPEL, ENPE y EUFJE sin necesidad de una convocatoria de propuestas con el objetivo de continuar apoyando las actividades de estos organismos. Además, en otros casos puede no exigirse una convocatoria de propuestas de conformidad con los requisitos generales del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (27) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»), por ejemplo, para organismos designados por los Estados miembros que actúen bajo su responsabilidad, cuando dichos Estados miembros estén determinados en un acto legislativo de la Unión como beneficiarios de una subvención.

(34)

Conviene establecer una dotación financiera para el Programa LIFE, que debe constituir el importe de referencia privilegiado, en el sentido del apartado 18 del Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios, para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(35)

Los porcentajes máximos de cofinanciación de las subvenciones financiadas con cargo al Programa LIFE deben establecerse en aquellos valores que sean necesarios para mantener el nivel efectivo de ayuda proporcionado por el Programa LIFE. Para tener en cuenta la capacidad de adaptación necesaria para responder a la serie de acciones y entidades existente, los porcentajes de cofinanciación específicos deben facilitar la seguridad, manteniendo al mismo tiempo un cierto grado de flexibilidad en función de las necesidades o requisitos específicos. Los porcentajes de cofinanciación específicos deben estar siempre sujetos a los porcentajes máximos de cofinanciación establecidos.

(36)

El Reglamento Financiero adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del TFUE es aplicable al presente Reglamento. El Reglamento Financiero establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, incluidas las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y reembolso a los expertos externos, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(37)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (28) y los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (29), (Euratom, CE) n.o 2185/96 (30) y (UE) 2017/1939 (31) del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, entre ellas el fraude, para la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.o 2185/96 y (UE, Euratom) n.o 883/2013, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea está facultada para investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (32). De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(38)

Los tipos de financiación y los métodos de ejecución del presupuesto del Programa LIFE deben elegirse en función de su capacidad para alcanzar los objetivos específicos de las acciones y para obtener resultados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento previsto. En relación con las subvenciones, también se debe tener en cuenta la utilización de cantidades a tanto alzado, tipos fijos y baremos de costes unitarios. La Comisión debe velar por que la ejecución sea de fácil comprensión y fomentar una verdadera simplificación para los promotores de proyectos.

(39)

Cuando proceda, los objetivos políticos del Programa LIFE también deben abordarse a través de los instrumentos financieros y de las garantías presupuestarias contemplados en el Reglamento (UE) 2021/523, también a través del importe asignado con cargo al Programa LIFE, según se especifique en los programas de trabajo plurianuales en el marco de dicho Programa.

(40)

En virtud del artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE del Consejo (33), las entidades establecidas en países y territorios de ultramar pueden optar a la financiación conforme a las normas y los objetivos del Programa LIFE y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el correspondiente país o territorio de ultramar. La participación de dichas entidades en el Programa LIFE debe centrarse principalmente en proyectos del subprograma «Naturaleza y Biodiversidad».

(41)

El régimen voluntario para la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en los Territorios Europeos de Ultramar (BEST) promueve la conservación de la biodiversidad, incluida la biodiversidad marina, y el uso sostenible de los servicios ecosistémicos, incluidos los planteamientos de mitigación del cambio climático y adaptación a este basados en los ecosistemas, en las regiones ultraperiféricas de la Unión y los países y territorios de ultramar. Gracias a la acción preparatoria BEST adoptada en 2011 y al programa BEST 2.0 y el proyecto BEST RUP que le siguieron, BEST ha contribuido a concienciar sobre la importancia ecológica de las regiones ultraperiféricas y de los países y territorios de ultramar y su papel fundamental en la conservación de la biodiversidad mundial. La Comisión estima las necesidades de apoyo financiero para proyectos sobre el terreno en esos territorios en 8 000 000 EUR anuales. En sus declaraciones ministeriales de 2017 y 2018, los países y territorios de ultramar manifestaron su agradecimiento por este sistema de pequeñas subvenciones a la biodiversidad. Por lo tanto, conviene que el Programa LIFE financie pequeñas subvenciones a la biodiversidad, incluidas las acciones de desarrollo de capacidades y las acciones con efecto catalizador, tanto en las regiones ultraperiféricas como en los países y territorios de ultramar.

(42)

El Programa LIFE debe estar abierto a terceros países, de conformidad con los acuerdos celebrados entre la Unión y dichos países en los que se establezcan las condiciones específicas de su participación.

(43)

Los terceros países miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) pueden participar en programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (34), que prevé la ejecución de los programas sobre la base de una decisión adoptada en virtud de dicho Acuerdo. Los terceros países también pueden participar sobre la base de otros instrumentos jurídicos. Debe introducirse en el presente Reglamento una disposición específica que obligue a los terceros países a conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la OLAF y el Tribunal de Cuentas ejerzan plenamente sus competencias respectivas.

(44)

Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (35), el Programa LIFE debe ser evaluado sobre la base de la información que se recoja de conformidad con requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo cargas administrativas, en particular a los Estados miembros, y un exceso de regulación. Dichos requisitos deben incluir, cuando corresponda, indicadores mesurables que sirvan de base para evaluar los efectos del Programa LIFE en la práctica. La repercusión total del Programa LIFE se consigue mediante contribuciones indirectas, a largo plazo y difíciles de medir, para alcanzar la totalidad de los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión. Para llevar a cabo el seguimiento del Programa LIFE, los indicadores de realizaciones directas y los requisitos de seguimiento establecidos en el presente Reglamento deben completarse con la incorporación de indicadores específicos a nivel de proyecto que deben definirse en programas de trabajo o convocatorias de propuestas plurianuales, entre otros relativos a la red Natura 2000 y a las emisiones de determinados contaminantes atmosféricos.

(45)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento respecto a la adopción de los programas de trabajo plurianuales, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (36).

(46)

A fin de garantizar que el apoyo que ofrece el Programa LIFE y la ejecución de este sean coherentes con las políticas y prioridades de la Unión, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, con objeto de modificar el presente Reglamento con revisiones o complementos de los indicadores, o de completarlo determinando indicadores específicos para cada subprograma y tipo de proyecto, y estableciendo un marco de seguimiento y evaluación. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(47)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, contribuir a un elevado nivel de protección medioambiental y a una acción por el clima ambiciosa, a un desarrollo sostenible y a la consecución de los objetivos de la legislación, las estrategias, los planes y los compromisos internacionales de la Unión en materia de medio ambiente, biodiversidad, clima y economía circular, así como los pertinentes en materia de energías renovables y eficiencia energética, a través de un enfoque de buena gobernanza y de múltiples partes interesadas, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y efectos del presente Reglamento, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(48)

Por lo tanto, procede derogar el Reglamento (UE) n.o 1293/2013.

(49)

Procede garantizar una transición fluida, sin interrupciones, entre el anterior programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y el Programa LIFE, y ajustar el comienzo del Programa LIFE al del marco financiero plurianual establecido en el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia y aplicarse con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2021.

(1)

El presente Reglamento tiene por objetivo garantizar el correcto funcionamiento del mercado único digital en una sociedad abierta y democrática, mediante la lucha contra el uso indebido de los servicios de alojamiento de datos con fines terroristas y contribuyendo a la seguridad pública en toda la Unión. El funcionamiento del mercado único digital debe mejorarse mediante el refuerzo de la seguridad jurídica para los prestadores de servicios de alojamiento de datos y la confianza de los usuarios en el entorno en línea así como el fortalecimiento de las garantías de la libertad de expresión, incluidas la libertad de recibir y comunicar información e ideas en una sociedad abierta y democrática y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación.

(2)

Las medidas reguladoras para luchar contra la difusión de contenidos terroristas en línea deben complementarse con las estrategias de lucha contra el terrorismo de los Estados miembros, entre las que se incluyen el refuerzo de la alfabetización mediática y el pensamiento crítico, la elaboración de discursos alternativos contrarios y otras iniciativas para reducir la incidencia de los contenidos terroristas en línea y la vulnerabilidad ante dichos contenidos, así como la inversión en trabajo social, las iniciativas de desradicalización y la colaboración con las comunidades afectadas para prevenir de forma sostenible la radicalización en la sociedad.

(3)

Hacer frente a los contenidos terroristas en línea, que forma parte de un problema más amplio de difusión de contenidos ilícitos en línea, requiere una combinación de medidas legislativas, no legislativas y voluntarias basadas en la colaboración entre autoridades y prestadores de servicios de alojamiento de datos, con pleno respeto de los derechos fundamentales.

(4)

Los prestadores de servicios de alojamiento de datos activos en línea desempeñan un papel esencial en la economía digital, consistente en conectar a las empresas y los ciudadanos y en facilitar el debate público y la distribución y recepción de la información, las opiniones y las ideas, lo que contribuye de forma importante a la innovación, el crecimiento económico y la creación de empleo en la Unión. No obstante, en ocasiones algunos terceros hacen un uso abusivo de los servicios de los prestadores de servicios de alojamiento de datos para llevar a cabo actividades ilícitas en línea. Es particularmente preocupante el uso indebido de dichos servicios por parte de grupos terroristas y sus seguidores para difundir contenidos terroristas en línea, con el fin de propagar su mensaje, de radicalizar y reclutar seguidores y de facilitar y dirigir actividades terroristas.

(5)

Aunque no se trate del único factor, la presencia de contenidos terroristas en línea ha demostrado ser un catalizador para la radicalización de individuos que puede conducir a la comisión de actos terroristas y, por tanto, tiene graves consecuencias negativas para los usuarios, los ciudadanos y la sociedad en general, así como para los prestadores de servicios en línea que alojan esos contenidos, dado que menoscaba la confianza de sus usuarios y daña sus modelos de negocio. En vista de su papel esencial y de los medios y capacidades tecnológicos asociados a los servicios que prestan, los prestadores de servicios de alojamiento de datos tienen la responsabilidad social particular de proteger sus servicios del uso indebido por parte de los terroristas y a ayudar a luchar contra la difusión de contenidos terroristas a través de sus servicios en línea, teniendo en cuenta la importancia fundamental de la libertad de expresión, incluida la libertad de recibir y comunicar información e ideas en una sociedad abierta y democrática.

(6)

La labor a escala de la Unión destinada a combatir los contenidos terroristas en línea comenzó en 2015, con un marco de cooperación voluntaria entre Estados miembros y prestadores de servicios de alojamiento de datos. Es necesario complementar dicha labor con un marco legislativo claro para seguir reduciendo la accesibilidad de los contenidos terroristas en línea y luchar adecuadamente contra un problema que evoluciona con rapidez. El marco legislativo pretende basarse en esfuerzos voluntarios, reforzados por la Recomendación (UE) 2018/334 de la Comisión (3), y responde a los llamamientos del Parlamento Europeo para reforzar las medidas de lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en línea conforme al marco horizontal establecido por la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y del Consejo Europeo para mejorar la detección y la retirada de los contenidos en línea que incitan a actos terroristas.

(7)

El presente Reglamento no debe afectar a la aplicación de la Directiva 2000/31/CE. En particular, las medidas tomadas por un prestador de servicios de alojamiento de datos en cumplimiento del presente Reglamento, incluidas cualesquiera medidas específicas, no deben suponer, por sí mismas, que ese prestador de servicios de alojamiento de datos deje de beneficiarse de la exención de responsabilidad que le concede esa Directiva. Además, el presente Reglamento no afecta a los poderes de las autoridades y los órganos jurisdiccionales nacionales de establecer la responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento de datos si no se cumplen las condiciones establecidas en dicha Directiva para la exención de responsabilidad.

(8)

En caso de conflicto entre el presente Reglamento y la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) en relación con las disposiciones que regulan los servicios de comunicación audiovisual tal como se definen en el artículo 1, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, debe prevalecer la Directiva 2010/13/UE. Esto debe dejar invariables las obligaciones derivadas del presente Reglamento, en particular respecto a los prestadores de servicios de plataformas de distribución de vídeos.

(9)

El presente Reglamento debe establecer las normas para luchar contra el uso indebido de los servicios de alojamiento de datos para la difusión de contenidos terroristas en línea, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. Dichas normas deben respetar plenamente los derechos fundamentales protegidos en la Unión, en particular los garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

(10)

El presente Reglamento tiene el propósito de contribuir a la protección de la seguridad pública estableciendo al mismo tiempo garantías adecuadas y sólidas para velar por la protección de los derechos fundamentales, incluido el derecho al respeto de la vida privada, a la protección de los datos de carácter personal; a la libertad de expresión, incluido el derecho a recibir y transmitir información; el derecho a la libertad de empresa y a la tutela judicial. Además, se prohíbe toda discriminación. Las autoridades competentes y los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben adoptar solamente las medidas que sean necesarias, adecuadas y proporcionadas en una sociedad democrática, teniendo en cuenta la importancia particular concedida a la libertad de expresión y de información, y a la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, que constituyen los pilares esenciales de una sociedad democrática y pluralista y que son valores en los que se fundamenta la Unión. Las medidas que afecten a la libertad de expresión y de información deben ser muy específicas, para luchar contra la difusión de contenidos terroristas en línea respetando, al mismo tiempo, el derecho a recibir y transmitir información lícitamente, teniendo en cuenta el papel esencial de los prestadores de servicios de alojamiento de datos en el fomento del debate público y en la distribución y recepción de hechos, opiniones e ideas, de conformidad con la ley. Las medidas efectivas en línea de lucha contra los contenidos terroristas en línea y la protección de la libertad de expresión y de información no son objetivos incompatibles, sino que son objetivos complementarios que se refuerzan mutuamente.

(11)

Con el fin de aportar claridad sobre las acciones que tanto los prestadores de servicios en línea como las autoridades competentes deben emprender para luchar contra la difusión de contenidos terroristas en línea, el presente Reglamento debe establecer una definición de «contenidos terroristas» a efectos preventivos que esté en consonancia con las definiciones de delitos pertinentes de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Dada la necesidad de luchar contra la propaganda terrorista en línea más nociva, dicha definición debe incluir el material que incite o induzca a otro a cometer delitos de terrorismo o a contribuir a su comisión, que induzca a otro a participar en las actividades de un grupo terrorista, o que haga apología de actividades terroristas, también mediante la difusión de material que describa un ataque terrorista. La definición debe incluir material que proporcione instrucciones sobre la fabricación o el uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, así como de sustancias químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (QBRN), o sobre otros métodos específicos o técnicas, entre ellas la selección de objetivos, con el objeto de cometer o contribuir a cometer delitos de terrorismo. Dicho material incluye texto, imágenes, grabaciones de sonido y vídeos, así como transmisiones en directo de delitos de terrorismo que conllevan el riesgo de que se puedan cometer otros delitos similares. Al evaluar si el material constituye contenido terrorista en el sentido del presente Reglamento, las autoridades competentes y los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben tener en cuenta factores como la naturaleza y la literalidad de las declaraciones, el contexto en el que se realizaron y su potencial de conllevar consecuencias nocivas con respecto a la seguridad y la integridad de las personas. El hecho de que el material haya sido producido por una persona, grupo o entidad incluidos en la lista de la Unión de personas, grupos o entidades implicados en actos terroristas y sujetos a medidas restrictivas, le sea atribuible o se haya difundido en su nombre, debe constituir un factor importante en esa evaluación.

(12)

El material difundido con fines educativos, periodísticos, artísticos o de investigación, o con fines de sensibilización contra actividades terroristas no debe considerarse contenido terrorista. Al determinar si el material proporcionado por un proveedor de contenidos constituye «contenidos terroristas» con arreglo al presente Reglamento, se debe tener en cuenta, concretamente, el derecho a la libertad de expresión y de información, incluida la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, y la libertad de las artes y las ciencias. Especialmente en los casos en que el proveedor de contenidos asuma una responsabilidad editorial, cualquier decisión relativa a la retirada de material difundido debe tener en cuenta las normas periodísticas, establecidas por la reglamentación de prensa o de los medios de comunicación, de conformidad con el Derecho de la Unión, incluida la Carta. Además, la expresión de puntos de vista radicales, polémicos o controvertidos en el debate público sobre cuestiones políticas sensibles no debe considerarse contenido terrorista.

(13)

Con objeto de luchar de manera eficaz contra la difusión de contenidos terroristas en línea y de asegurar al mismo tiempo el respeto de la vida privada de las personas, el presente Reglamento debe ser aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y difundan entre el público información y material proporcionados por un usuario del servicio a petición de este, independientemente de que el almacenamiento y la difusión al público de tal información y material sea de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva. El concepto de «almacenamiento» se debe entender como la conservación de datos en la memoria de un servidor físico o virtual. Por lo tanto, deben quedar fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento los prestadores de servicios de «mera transmisión» o «almacenamiento temporal», así como de otros servicios proporcionados en otros niveles de la infraestructura de internet, que no conllevan almacenamiento, como los registros y los registradores, los proveedores de sistemas de nombres de dominio (DNS, por sus siglas en inglés «domain name systems»), los servicios de pago o los servicios de protección contra ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS, por sus siglas en inglés «distributed denial of service»).

(14)

El concepto de «difusión entre el público» debe suponer poner la información a disposición de un número potencialmente ilimitado de personas, a saber, facilitar el acceso a la información a los usuarios en general sin exigir intervención ulterior del proveedor de contenidos, independientemente de que dichas personas accedan realmente a dicha información. En consecuencia, cuando el acceso a la información exija un registro o una admisión a un grupo de usuarios, debe considerarse que existe difusión entre el público solo cuando el registro o la admisión de los usuarios que intenten acceder a la información se produzca de modo automático sin que un ser humano decida o seleccione a quién otorgar acceso. Los servicios de comunicaciones interpersonales, tal como se definen en el artículo 2, punto 5, de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), como el correo electrónico o los servicios de mensajería privada, deben quedar fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Se considerará que la información se almacena y difunde entre el público a los efectos del presente Reglamento tan solo cuando dichas actividades se lleven a cabo previa solicitud directa del proveedor de contenidos. Por consiguiente, los prestadores de servicios tales como de infraestructura en la nube, que se proporcionan previa solicitud de partes distintas de los proveedores de contenidos y solo benefician en modo indirecto a estos últimos, no deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. El presente Reglamento debe abarcar, por ejemplo, los proveedores de medios sociales, los servicios de distribución de vídeo, imágenes y audio, los servicios de intercambio de archivos y otros servicios en la nube, en la medida en que dichos servicios se emplean para poner la información almacenada a disposición del público previa solicitud directa del proveedor de contenidos. Cuando un prestador de servicios de alojamiento de datos preste varios servicios, el presente Reglamento se debe aplicar solamente a aquellos servicios que entren dentro de su ámbito de aplicación.

(15)

A menudo los contenidos terroristas se difunden entre el público a través de servicios suministrados por prestadores de servicios de alojamiento de datos establecidos en terceros países. Con objeto de proteger a los usuarios en la Unión y asegurar que se aplican los mismos requisitos a todos los prestadores de servicios de alojamiento de datos con actividad en el mercado único digital, el presente Reglamento debe aplicarse a todos los proveedores de los servicios pertinentes prestados en la Unión, independientemente de su país de establecimiento. Debe considerarse que un prestador de servicios de alojamiento de datos ofrece dichos servicios en la Unión si dicho prestador permite a las personas físicas o jurídicas que se encuentren en uno o más Estados miembros utilizar sus servicios y si tiene una conexión sustancial con dichos Estados miembros.

(16)

Debe considerarse que existe una conexión sustancial con la Unión cuando el prestador de servicios de alojamiento de datos tiene un establecimiento en la Unión, cuando existe un número significativo de usuarios de sus servicios en uno o más Estados miembros, o cuando sus actividades se orientan hacia uno o más Estados miembros. La orientación de las actividades hacia uno o más Estados miembros debe determinarse en función de todas las circunstancias pertinentes, incluidos factores como el uso de una lengua o una moneda utilizada generalmente en el Estado miembro de que se trate, o la posibilidad de encargar bienes o servicios de ese Estado miembro. Dicha orientación también puede derivarse de la disponibilidad de una aplicación para móvil en la tienda de aplicaciones nacional correspondiente, de la existencia de publicidad local o publicidad en una lengua comúnmente utilizada en el Estado miembro de que se trate, o de una gestión de las relaciones con los clientes que incluya por ejemplo la prestación de servicios a los clientes en una lengua comúnmente utilizada en tal Estado miembro. También se presumirá que existe una conexión sustancial cuando el prestador de servicios dirija sus actividades hacia uno o más Estados miembros, como establece el artículo 17, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (8). La mera accesibilidad del sitio web de un prestador de servicios de alojamiento de datos, de una dirección de correo electrónico u otros datos de contacto en uno o más Estados miembros no debe ser, por sí sola, una condición suficiente para constituir una conexión sustancial. Además, la prestación del servicio con el mero objeto de cumplir la prohibición de discriminación establecida en el Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) no debe, por esa única razón, constituir una conexión sustancial con la Unión.

(17)

Deben armonizarse el procedimiento y las obligaciones resultantes de las órdenes de retirada que exijan a los prestadores de servicios de alojamiento de datos retirar o bloquear el acceso a los contenidos terroristas, previa evaluación por las autoridades competentes. Dada la velocidad con la que se difunden los contenidos terroristas por los servicios en línea, se debe imponer a los prestadores de servicios en línea la obligación de garantizar que se retiren los contenidos terroristas a que se refiere la orden de retirada, o que se bloquee el acceso a ellos en todos los Estados miembros, en el plazo de una hora desde la recepción de la orden de retirada. Excepto en situaciones de emergencia debidamente justificadas, la autoridad competente debe proporcionar al prestador de servicios de alojamiento información sobre los procedimientos y los plazos aplicables con al menos doce horas de antelación a la emisión de la primera orden de retirada a ese prestador. Los casos de emergencia debidamente justificados se producen cuando la retirada de los contenidos o el bloqueo del acceso a los contenidos terroristas transcurrida más de una hora desde la recepción de la orden de retirada produciría un daño grave, como por ejemplo situaciones de amenaza inminente para la vida o para la integridad física de una persona o cuando dichos contenidos muestren acontecimientos en curso que produzcan daños continuados para la vida o para la integridad física de una persona. La autoridad competente debe determinar si constituyen casos de emergencia y justificar debidamente su decisión en la orden de retirada. El prestador de servicios de alojamiento de datos debe informar lo antes posible a la autoridad competente que dictó la orden en caso de que no pueda acatar la orden de retirada en el plazo de una hora desde su recepción por motivos de fuerza mayor o imposibilidad de hecho, incluidos los motivos técnicos u operativos justificados, y cumplirá la orden de retirada tan pronto como se haya resuelto la situación.

(18)

La orden de retirada debe incluir una motivación calificando el material que tiene que ser retirado o el acceso que debe ser bloqueado en tanto que contenido terrorista y proporcionar información suficiente para localizar dicho contenido, facilitando una dirección exacta URL y, cuando proceda, cualquier otra información adicional, por ejemplo una captura de pantalla del contenido en cuestión. No obstante, la motivación debe permitir al prestador de servicios de alojamiento de datos y, en última instancia, al proveedor de contenidos, ejercer de forma efectiva su derecho a la tutela judicial. Los motivos aducidos no deben implicar la divulgación de información sensible que pudiera poner en riesgo las investigaciones en curso.

(19)

Las autoridades competentes deben presentar la orden de retirada directamente al punto de contacto designado o establecido por el prestador de servicios de alojamiento de datos a los efectos del presente Reglamento por cualquier medio electrónico capaz de producir un registro escrito en unas condiciones que permitan al prestador de servicios de alojamiento de datos determinar la autenticidad de la orden, incluida la exactitud de su fecha y hora de envío y recepción, como correos electrónicos o plataformas seguros u otros canales seguros, incluidos aquellos dispuestos por el prestador de servicios de alojamiento de datos, de conformidad con el Derecho de la Unión sobre la protección de los datos de carácter personal. Tal requisito debe poder cumplirse, en particular, mediante el uso de servicios cualificados de entrega electrónica certificada, tal y como establece el Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (10). Cuando el prestador de servicios de alojamiento de datos tenga su establecimiento principal en un Estado miembro distinto de la autoridad competente que dictó la orden, o su representante legal resida o está establecido en él, se debe presentar simultáneamente a la autoridad competente de dicho Estado miembro una copia de la orden de retirada.

(20)

Debe ser posible para la autoridad competente del Estado miembro en el que el prestador de servicios de alojamiento de datos tenga su establecimiento principal o en el que su representante legal resida o esté establecido, examinar la orden de retirada dictada por las autoridades competentes de otro Estado miembro para determinar si infringe grave o manifiestamente el presente Reglamento o los derechos fundamentales garantizados en la Carta. Tanto el proveedor de contenidos como el prestador de servicios de alojamiento de datos deben tener derecho a solicitar dicho examen por parte de la autoridad competente del Estado miembro en el que el prestador de servicios de alojamiento de datos tenga su establecimiento principal o en el que resida o esté establecido su representante legal. Cuando se presente dicha solicitud, la autoridad competente debe adoptar una decisión sobre si la orden de retirada contiene o no tal infracción. Si la decisión constata tal infracción, la orden de retirada debe dejar de tener efectos jurídicos. El examen debe llevarse a cabo rápidamente para garantizar que los contenidos retirados o cuyo acceso ha sido bloqueado por error se restablezcan lo antes posible.

(21)

Los prestadores de servicios de alojamiento de datos expuestos a contenidos terroristas deben incluir en sus términos y condiciones, en caso de que las tengan, disposiciones destinadas a luchar contra el uso indebido de sus servicios para la difusión entre el público de contenidos terroristas en línea. Deben aplicarlas de manera resuelta, transparente, proporcionada y no discriminatoria.

(22)

Dadas la magnitud del problema y la rapidez necesaria para detectar y retirar eficazmente los contenidos terroristas, la adopción de medidas específicas eficaces y proporcionadas constituye un elemento esencial para luchar contra los contenidos terroristas en línea. Con el fin de reducir la accesibilidad de los contenidos terroristas en sus servicios, los prestadores de servicios de alojamiento de datos expuestos a contenidos terroristas deben tomar medidas específicas, teniendo en cuenta los riesgos y el nivel de exposición a los contenidos terroristas, así como los efectos sobre los derechos de terceros, y el interés público a la información. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben determinar qué medida específica adecuada, eficaz y proporcionada debe emplearse para identificar y retirar los contenidos terroristas. Las medidas específicas pueden incluir medidas o capacidades técnicas u operativas adecuadas, como personal o medios técnicos para identificar y retirar o desactivar con prontitud el acceso a los contenidos terroristas, mecanismos para que los usuarios denuncien o señalen los supuestos contenidos terroristas, u otras medidas que el prestador de servicios de alojamiento de datos considere adecuadas y eficaces para hacer frente a la disponibilidad de contenidos terroristas en sus servicios.

(23)

Al tomar medidas específicas, los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben garantizar que se respeta el derecho de los usuarios a la libertad de expresión y de información, así como la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación protegidos por la Carta. Además de cumplir las exigencias que establece la ley, en particular la legislación sobre protección de los datos de carácter personal, los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben actuar con la diligencia debida e implementar garantías, cuando proceda, incluidas la supervisión y las verificaciones por personas para evitar que cualquier decisión no intencionada o errónea dé lugar a la retirada o el bloqueo de acceso de contenidos que no sean terroristas.

(24)

El prestador de servicios de alojamiento de datos debe presentar a la autoridad competente informes sobre las medidas específicas tomadas, con el fin de permitirle establecer si las medidas son eficaces y proporcionadas y si, en caso de que se usen medios automatizados, el prestador de servicios de alojamiento de datos posee la capacidad necesaria para la supervisión y verificación por personas. En su examen de la eficacia y la proporcionalidad de las medidas, las autoridades competentes deben tener en cuenta parámetros adecuados, entre ellos el número de órdenes de retirada dirigidas al prestador de servicios de alojamiento de datos, el tamaño y capacidad económica del servicio de alojamiento de datos y los efectos de sus servicios en la difusión de contenidos terroristas, por ejemplo sobre la base del número de usuarios en la Unión, así como las garantías establecidas para hacer frente al uso indebido de sus servicios para la difusión de contenidos terroristas en línea.

(25)

En el caso de que la autoridad competente considere que las medidas específicas tomadas son insuficientes para hacer frente a los riesgos, dicha autoridad debe poder exigir la adopción de medidas específicas adicionales adecuadas, eficaces y proporcionadas. La exigencia de aplicar dichas medidas específicas adicionales no debe conllevar una exigencia general de supervisión o de iniciar búsquedas activas de hechos en el sentido del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE ni una exigencia de utilizar instrumentos automatizados. No obstante, debe ser posible para los prestadores de servicios de alojamiento de datos utilizar instrumentos automatizados si lo consideran adecuado y necesario para hacer frente con eficacia al uso indebido de sus servicios para la difusión de contenidos terroristas.

(26)

La obligación de los prestadores de servicios de alojamiento de datos de conservar los contenidos retirados y los datos conexos debe fijarse con fines específicos y limitarse al plazo necesario. Es preciso ampliar la exigencia de conservación a los datos conexos en la medida en que, de no hacerse así, cualquiera de esos datos pudiera perderse como consecuencia de la retirada de los contenidos terroristas correspondiente. Los datos conexos pueden consistir en datos tales como datos de los abonados, en particular datos correspondientes a la identidad del proveedor de contenidos, o en datos de acceso, incluidos datos sobre la fecha y hora de uso por parte del proveedor de contenidos y la conexión y desconexión del servicio, junto con la dirección IP asignada por el prestador de servicios de acceso a internet al proveedor de contenidos.

(27)

La obligación de conservar los contenidos para procedimientos de control administrativos o judiciales es necesaria y se justifica por la necesidad de garantizar la existencia de recursos eficaces para el proveedor de contenidos cuyo contenido en línea haya sido retirado o cuyo acceso haya sido bloqueado, así como para garantizar el restablecimiento de dichos contenidos, en función del resultado de dichos procedimientos. La obligación de conservar el material a efectos de investigación o enjuiciamiento es necesaria y se justifica por el valor que este material podría tener a efectos de interrumpir o evitar las actividades terroristas. Por tanto, la conservación de los contenidos terroristas retirados con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo debe ser también considerada como justificada. Los contenidos terroristas y los datos conexos deben almacenarse únicamente durante el plazo necesario que permita a las autoridades policiales comprobar su contenido y decidir si sería necesario para esos fines. Con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos terroristas, la conservación de datos exigida se debe limitar a los datos que puedan tener un vínculo con los delitos de terrorismo y que, por lo tanto, puedan ser de utilidad para el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo o para evitar graves riesgos para la seguridad pública. Si los prestadores de servicios de alojamiento de datos retiran el material o bloquean el acceso a él, en particular a través de sus propias medidas específicas, deben informar sin demora a las autoridades competentes sobre los contenidos cuya información conlleve una amenaza inminente para la vida o a una sospecha de delito de terrorismo.

(28)

Para garantizar la proporcionalidad, el plazo de conservación debe limitarse a seis meses, con objeto de dejar a los proveedores de contenidos el tiempo suficiente para iniciar el procedimiento de control administrativo o judicial y permitir el acceso de las autoridades policiales a los datos necesarios para la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo. Sin embargo, a petición de la autoridad o del órgano jurisdiccional competente, se debe poder prorrogar este plazo por el tiempo que sea necesario en caso de que se inicien dichos procedimientos y no se completen en el plazo de seis meses. La duración del plazo de conservación debe ser suficiente para permitir a las autoridades policiales conservar el material necesario en relación con las investigaciones y el enjuiciamiento, garantizando el equilibrio con los derechos fundamentales.

(29)

El presente Reglamento no debe afectar a las garantías procedimentales ni a las medidas de investigación procedimentales relacionadas con el acceso a los contenidos y los datos conexos conservados a efectos de investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo, tal y como se regulan en el Derecho de la Unión o en el Derecho nacional.

(30)

La transparencia de las políticas de los prestadores de servicios de alojamiento de datos en relación con los contenidos terroristas es esencial para reforzar la rendición de cuentas con respecto a sus usuarios y reforzar la confianza de los ciudadanos en el mercado único digital. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos que hayan adoptado medidas o a los que se les haya exigido la adopción de medidas con arreglo al presente Reglamento en un año natural determinado deben publicar informes anuales de transparencia que contengan información sobre la actuación relacionada con la identificación y retirada de contenidos terroristas.

(31)

Las autoridades competentes deben publicar informes anuales de transparencia que incluyan información sobre el número de órdenes de retirada, el número de casos en que una orden no fue ejecutada y el número de decisiones relativas a medidas específicas, el número de asuntos sometidos a procedimientos de control administrativos o judiciales y el número de decisiones que impongan sanciones.

(32)

El derecho a una tutela judicial efectiva está garantizado en el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en el artículo 47 de la Carta. Toda persona física o jurídica tiene derecho a una tutela judicial efectiva por parte del órgano jurisdiccional nacional competente contra cualquier medida tomada con arreglo al presente Reglamento que pueda afectar negativamente a sus derechos. Este derecho debe incluir, en particular, la posibilidad de que los prestadores de servicios de alojamiento de datos y los proveedores de contenidos impugnen de manera efectiva las órdenes de retirada o cualquier decisión que resulte del examen de las órdenes de retirada con arreglo al presente Reglamento ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro cuya autoridad competente haya dictado la orden de retirada o haya tomado respectivamente la decisión así como la posibilidad de que los prestadores de servicios de alojamiento de datos impugnen una decisión relativa a sanciones o medidas específicas ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro cuya autoridad competente tomó dicha decisión.

(33)

Los procedimientos de reclamación constituyen una garantía necesaria contra la retirada o bloqueo de acceso erróneos de contenidos en línea cuando dichos contenidos están protegidos en virtud de la libertad de expresión y de información. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben, en consecuencia, diseñar mecanismos de reclamación fáciles de usar y garantizar que las reclamaciones se tratan con celeridad y plena transparencia para con el proveedor de contenidos. La exigencia de que el prestador de servicios de alojamiento de datos restablezca un contenido cuando se haya retirado o cuyo acceso se haya bloqueado por error no debe afectar a la posibilidad que tiene el prestador de servicios de alojamiento de hacer cumplir sus términos y condiciones.

(34)

La tutela judicial efectiva en virtud del artículo 19 del TUE y del artículo 47 de la Carta exige que los proveedores de contenidos puedan cerciorarse de los motivos por los que los contenidos que suministran han sido retirados o tienen su acceso bloqueado. A esos efectos, el prestador de servicios de alojamiento de datos debe facilitar al proveedor de contenidos información para impugnar la retirada o bloqueo. Dependiendo de las circunstancias, los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben poder sustituir contenidos que han sido retirados o cuyo acceso ha sido bloqueado por un mensaje que indique que los contenidos han sido retirados o cuyo acceso ha sido bloqueado de conformidad con el presente Reglamento. Si así se solicita por los proveedores de contenidos, debe facilitarse información adicional sobre los motivos de la retirada o del bloqueo así como los recursos para la retirada o bloqueo. Si las autoridades competentes deciden que, por razones de seguridad pública y en particular en el contexto de una investigación, es inadecuado o contraproducente notificar directamente al proveedor de contenidos la retirada o bloqueo, deben informar en consecuencia al prestador de servicios de alojamiento de datos.

(35)

A efectos del presente Reglamento, los Estados miembros deben designar a las autoridades competentes. Ello no debe necesariamente implicar la creación de una nueva autoridad, y deben poder encomendarse las funciones establecidas en el presente Reglamento a un organismo ya existente. El presente Reglamento debe requerir la designación de autoridades competentes para dictar órdenes de retirada, examinar órdenes de retirada, supervisar medidas específicas e imponer sanciones, mientras que debe ser posible para todo Estado miembro decidir el número de autoridad competente que debe designarse y si son administrativa, policial o judicial. Los Estados miembros deben garantizar que las autoridades competentes desempeñen sus funciones de forma objetiva y no discriminatoria y no soliciten ni acepten instrucciones de ningún otro organismo en relación con el ejercicio de las funciones con arreglo al presente Reglamento. Esto no debe impedir su supervisión de conformidad con el Derecho constitucional nacional. Los Estados miembros deben comunicar las autoridades competentes designadas con arreglo al presente Reglamento a la Comisión, que debe publicar en línea un registro en el que figuren las autoridades competentes. Dicho registro en línea debe ser fácilmente accesible, a fin de facilitar la rápida verificación de la autenticidad de las órdenes de retirada por parte de los prestadores de servicios de alojamiento de datos.

(36)

Con objeto de evitar la duplicación del trabajo y posibles interferencias con las investigaciones, y para minimizar la carga de los prestadores de servicios afectados, las autoridades competentes deben intercambiar información, coordinarse y cooperar entre sí y, cuando proceda, con Europol, antes de dictar órdenes de retirada. A la hora de decidir la emisión de una orden de retirada, la autoridad competente debe tener debidamente en cuenta toda notificación de injerencia en una investigación (prevención de conflictos). Cuando una autoridad competente sea informada por la autoridad competente de otro Estado miembro de una orden de retirada existente, no debe dictar una orden relativa al mismo asunto. Al aplicar las disposiciones del presente Reglamento, Europol puede proporcionar apoyo conforme a su mandato actual y al marco jurídico vigente.

(37)

Con objeto de garantizar una aplicación eficaz y suficientemente coherente de las medidas específicas adoptadas por los prestadores de servicios de alojamiento de datos, las autoridades competentes deben coordinarse y cooperar entre sí en relación con las conversaciones que mantengan con los prestadores de servicios de alojamiento de datos en lo que se refiere a las órdenes de retirada y la determinación, la aplicación y el examen de las medidas específicas. Dicha coordinación y cooperación también son necesarias en relación con las demás medidas de aplicación del presente Reglamento, incluidas las relativas a la adopción de normas relativas a sanciones y a su imposición. La Comisión debe facilitar esta coordinación y cooperación.

(38)

Es crucial que la autoridad competente del Estado miembro responsable de la imposición de sanciones esté plenamente informada de la emisión de órdenes de retirada y de las conversaciones posteriores entre el prestador de servicios de alojamiento de datos y las autoridades competentes de otros Estados miembros. A esos efectos, los Estados miembros deben garantizar unos canales y mecanismos de comunicación adecuados y seguros que permitan compartir la información pertinente a su debido tiempo.

(39)

Con el fin de facilitar los intercambios rápidos entre las autoridades competentes y entre estas y los prestadores de servicios de alojamiento de datos, y de impedir la duplicación del trabajo, se debe animar a los Estados miembros a utilizar los instrumentos específicos desarrollados por Europol, como la actual Aplicación de Gestión de los Requerimientos de Internet, o los que la han sucedido.

(40)

Los requerimientos por parte de los Estados miembros y de Europol han demostrado ser un medio eficaz y rápido de aumentar la concienciación de los prestadores de servicios de alojamiento de datos respecto de contenidos específicos accesibles a través de sus servicios y de capacitarlos para actuar con rapidez. Estos requerimientos, que constituyen un mecanismo para alertar a los prestadores de servicios de alojamiento de datos acerca de información que puede considerarse contenido terrorista, para que el prestador tome voluntariamente en consideración la compatibilidad de ese contenido con sus términos y condiciones, debe seguir estando disponible junto a las órdenes de retirada. La decisión final sobre la retirada o no de los contenidos por su incompatibilidad con sus términos y condiciones sigue correspondiendo al prestador de servicios de alojamiento de datos. El presente Reglamento no debe afectar al mandato de Europol establecido en el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo (11). Por consiguiente, ninguna disposición del presente Reglamento debe interpretarse como impedimento para que los Estados miembros y Europol utilicen requerimientos como instrumento para hacer frente a los contenidos terroristas en línea.

(41)

Dadas las consecuencias particularmente graves de determinados contenidos terroristas en línea, los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben informar con celeridad a las autoridades oportunas del Estado miembro pertinente, o a las autoridades competentes del Estado miembro en que estén establecidos o tengan un representante legal, de los contenidos terroristas que impliquen una amenaza inminente para la vida o a una sospecha de delito de terrorismo. Para garantizar la proporcionalidad, esta obligación se debe limitar a los delitos de terrorismo definidos en el artículo 3, apartado 1 de la Directiva (UE) 2017/541. Dicha obligación de informar no debe implicar para los prestadores de servicios de alojamiento de datos una obligación de búsqueda activa de indicios de tal amenaza inminente para la vida o sospecha de delito de terrorismo. Se debe entender que el Estado miembro pertinente es el Estado miembro que tenga jurisdicción para investigar y enjuiciar los delitos de terrorismo, en función de la nacionalidad del infractor o de la posible víctima del delito o de la ubicación del objetivo del acto terrorista. En caso de duda, los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben remitir la información a Europol, que puede dar el oportuno curso al asunto con arreglo a su mandato, incluido el remitir dicha información a las autoridades nacionales correspondientes. Las autoridades competentes de los Estados miembros deben poder usar esa información para adoptar medidas de investigación disponibles con arreglo al Derecho de la Unión o del Estado miembro.

(42)

Los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben designar o establecer puntos de contacto para facilitar el tratamiento rápido de las órdenes de retirada. El punto de contacto solo debe servir para funciones operativas. El punto de contacto debe consistir en cualquier medio específico, interno o externalizado, que permita la presentación electrónica de órdenes de retirada, así como en los medios técnicos o personales que permitan el tratamiento rápido de estas. No es necesario que el punto de contacto esté situado en la Unión. El prestador de servicios de alojamiento de datos debe ser libre de utilizar un punto de contacto ya existente a efectos del presente Reglamento, siempre que el punto de contacto pueda desempeñar las funciones establecidas en el presente Reglamento. Con vistas a garantizar que los contenidos terroristas se retiren o que el acceso a ellos se bloquee en el plazo de una hora desde la recepción de una orden de retirada, los puntos de contacto de los prestadores de servicios de alojamiento de datos expuestos a contenidos terroristas deben ser accesibles en cualquier momento. La información sobre el punto de contacto debe incluir información sobre la lengua en que se puede dirigir a él. Para facilitar la comunicación entre los prestadores de servicios de alojamiento de datos y las autoridades competentes, se anima a los prestadores de servicios de alojamiento de datos a habilitar la comunicación en una de las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión en la que se puedan consultar sus términos y condiciones.

(43)

A falta de la exigencia general de que los prestadores de servicios de alojamiento de datos garanticen una presencia física en el territorio de la Unión, es necesario velar por la claridad en lo que respecta al Estado miembro a cuya jurisdicción pertenece el prestador de servicios de alojamiento de datos que ofrece servicios dentro de la Unión. Como norma general, el prestador de servicios de alojamiento de datos pertenece a la jurisdicción del Estado miembro en el que tenga su establecimiento principal o en el que su representante legal resida o esté establecido. Esto debe entenderse sin perjuicio de las normas de competencia establecidas a los efectos de las órdenes de retirada y las decisiones que resulten del examen de las órdenes de retirada con arreglo al presente Reglamento. En lo que respecta a los prestadores de servicios de alojamiento de datos que no tengan establecimientos en la Unión y no hayan designado un representante legal, cualquier Estado miembro debe, no obstante, tener jurisdicción sobre ellos y en consecuencia, poder imponer sanciones, siempre que se respete el principio de ne bis in idem.

(44)

Los prestadores de servicios de alojamiento de datos que no estén establecidos en la Unión deben designar un representante legal por escrito para garantizar la aplicación y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento. Debe ser posible para ellos recurrir a un representante legal ya designado a otros efectos, siempre que este pueda desempeñar las funciones previstas en el presente Reglamento. El representante legal debe tener la capacidad de actuar en representación del prestador de servicios de alojamiento de datos.

(45)

Las sanciones son necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo del presente Reglamento por los prestadores de servicios de alojamiento de datos. Los Estados miembros deben adoptar normas sobre sanciones, que pueden ser de carácter administrativo o penal, así como, cuando proceda, directrices para la imposición de multas. El incumplimiento en casos concretos puede ser sancionado, con respeto de los principios de ne bis in idem y de proporcionalidad, y con la garantía de que esas sanciones tienen en cuenta la inobservancia sistemática. Las sanciones pueden adoptar diferentes formas, entre ellas la de advertencia formal en caso de infracciones leves o la de sanción pecuniaria en relación con infracciones más graves o sistemáticas. Deben imponerse sanciones particularmente rigurosas en los casos en que el prestador de servicios de alojamiento de datos incumpla de forma sistemática o reiterada la obligación de retirada de los contenidos terroristas, o de bloqueo del acceso a ellos, en el plazo de una hora desde la recepción de una orden de retirada. Para garantizar la seguridad jurídica, el presente Reglamento debe establecer qué infracciones son sancionables y las circunstancias que son pertinentes para determinar el tipo y nivel de tales sanciones. Al determinar si se deben imponer o no sanciones económicas, deben tenerse debidamente en cuenta los recursos económicos del prestador de servicios de alojamiento de datos. Asimismo, la autoridad competente debe tener en cuenta si el prestador de servicios de alojamiento de datos es una empresa emergente o una micro empresa, pequeña o mediana empresa tal que definidas en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (12). También se deben tener en cuenta otras circunstancias adicionales, por ejemplo, si la conducta del prestador de servicios de alojamiento de datos ha sido objetivamente imprudente o reprobable o si la infracción se ha cometido por negligencia o intencionadamente. Los Estados miembros deben garantizar que las sanciones impuestas por infracción del presente Reglamento no incentiven la retirada de material que no sea terrorista.

(46)

El uso de plantillas normalizadas facilita la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes y los prestadores de servicios de alojamiento de datos, y les permite comunicarse con mayor rapidez y eficacia. Es de particular importancia garantizar una actuación rápida tras la recepción de una orden de retirada. Las plantillas reducen los costes de traducción y contribuyen a un mayor nivel de calidad del proceso. Del mismo modo, las plantillas de información deben permitir un intercambio de información normalizado, lo cual reviste especial importancia cuando los prestadores de servicios de alojamiento de datos no pueden cumplir las exigencias que les imponen una orden de retirada. Los canales de envío autenticado pueden garantizar la autenticidad de la orden de retirada, incluida la precisión de la fecha y la hora de envío y de recepción de la orden.

(47)

A fin de permitir una modificación rápida, cuando sea necesario, del contenido de las plantillas que deben utilizarse a efectos del presente Reglamento, debe delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a la modificación de los anexos del presente Reglamento. Con objeto de poder tener en cuenta el desarrollo tecnológico y el del marco jurídico conexo, la Comisión debe también estar facultada para adoptar actos delegados que completen el presente Reglamento con requisitos técnicos para los medios electrónicos que deben usar las autoridades competentes a efectos de la transmisión de las órdenes de retirada. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (13). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(48)

Los Estados miembros deben recabar información relativa a la aplicación del presente Reglamento. Los Estados miembros deben poder utilizar los informes de transparencia de los prestadores de servicios de alojamiento de datos y complementarlos, cuando sea necesario, con información más pormenorizada, como sus informes de transparencia propios en virtud del presente Reglamento. Debe elaborarse un programa detallado para el seguimiento de las realizaciones, los resultados y las repercusiones del presente Reglamento, con objeto de servir de base a una evaluación de la aplicación del presente Reglamento.

(49)

Fundamentándose en los hallazgos y conclusiones del informe de aplicación y en el resultado de la actividad de seguimiento, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación del presente Reglamento en el plazo de tres años a partir de la fecha de su entrada en vigor. La evaluación debe basarse en los criterios de eficiencia, necesidad, eficacia, proporcionalidad, pertinencia, coherencia y valor añadido de la Unión. Debe evaluar el funcionamiento de las diferentes medidas operativas y técnicas previstas en el presente Reglamento, incluidas la eficacia de las medidas de refuerzo de la detección, la identificación y la retirada de contenidos terroristas en línea, la eficacia de los mecanismos de salvaguardia y las repercusiones sobre los derechos fundamentales que puedan resultar afectados, como la libertad de expresión y de información, incluida la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, la libertad de empresa, el derecho a la vida privada y la protección de los datos de carácter personal. La Comisión debe también evaluar la repercusión sobre los intereses de terceros que puedan resultar afectados.

(50)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, garantizar el correcto funcionamiento del mercado único digital luchando contra la difusión de contenidos terroristas en línea, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.