(1)

La Unión es Parte en el Convenio Internacional del Cacao de 2010 (CIC) en virtud de la Decisión 2012/189/UE del Consejo (1) y es miembro de la Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés).

(2)

De conformidad con el artículo 7 del CIC, el Consejo Internacional del Cacao (COIC) desempeña o hace que se desempeñen todas las funciones necesarias para dar cumplimiento al CIC. De conformidad con el artículo 12 del CIC, las decisiones del COIC se adoptan en principio por consenso. A falta de consenso, las decisiones se adoptan mediante votación especial.

(3)

De conformidad con el artículo 10 del CIC, los miembros de la ICCO disponen de un total de 2 000 votos en el COIC. Cada miembro dispone de un número de votos especificado que se adapta anualmente de conformidad con los criterios establecidos en dicho artículo.

(4)

Redunda en interés de la Unión participar en un convenio internacional sobre el cacao, teniendo en cuenta la importancia de este sector para varios Estados miembros y para la economía del sector europeo del cacao.

(5)

Un grupo de trabajo técnico compuesto por miembros de la ICCO, tanto de países productores como de países exportadores, ha realizado un trabajo sustancial para presentar propuestas concretas de modificación del CIC. Se invitó a los miembros de la ICCO a que presentasen propuestas para iniciar este análisis técnico, como hizo la Unión. El COIC debe entablar negociaciones para una revisión parcial del CIC mucho antes de la expiración de su vigencia, a saber, el 30 de septiembre de 2022, bajo la dirección de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). Cualquier ámbito del CIC que deba revisarse habrá de ser objeto de negociaciones formales. Dichas negociaciones deben concluir a más tardar el 30 de septiembre de 2022.

(6)

Cualquier modificación que se convenga en esas negociaciones formales debe adoptarse de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 63 del CIC. De conformidad con dicho artículo, el COIC puede, por consenso o, si no, mediante votación especial, recomendar una modificación del CIC a las Partes contratantes. La modificación entra en vigor de conformidad con el artículo 63, apartado 1, del CIC, que exige la notificación de su aceptación por parte de un determinado porcentaje de Partes contratantes del CIC. Como miembro de la ICCO y Parte contratante del CIC, de conformidad con su artículo 4, la Unión debe poder participar en las negociaciones con miras a la modificación del CIC.

(7)

Por lo tanto, procede autorizar a la Comisión a entablar negociaciones para la revisión parcial del CIC.

(1)

A raíz de una solicitud de Malta de 7 de agosto de 2020, el 25 de septiembre de 2020 el Consejo concedió a Malta ayuda financiera en forma de un préstamo por un importe máximo de 243 632 000 EUR con un plazo de vencimiento medio máximo de quince años, con el fin de complementar los esfuerzos nacionales de Malta para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 y dar respuesta a las consecuencias socioeconómicas de dicha pandemia para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia.

(2)

El préstamo debía servir para que Malta financiara los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, otras medidas similares y medidas del ámbito sanitario contempladas en el artículo 3 de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1352 del Consejo (2).

(3)

La pandemia de COVID-19 sigue inmovilizando a una parte sustancial de la mano de obra de Malta. Ello ha ocasionado un aumento repentino y grave del gasto público de Malta relacionado con la medida a que se refiere el artículo 3, letra a), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1352.

(4)

La pandemia de COVID-19 y las medidas extraordinarias aplicadas por Malta en 2020 y 2021 para contener dicha pandemia y sus repercusiones socioeconómicas y sanitarias vienen constituyendo un durísimo revés para las finanzas públicas. De acuerdo con las previsiones del otoño de 2020 de la Comisión, el déficit y la deuda de las administraciones públicas de Malta serían del 9,4 % y del 55,2 % del producto interior bruto (PIB), respectivamente, para el final de 2020. En 2021, se prevé que el déficit de las administraciones públicas de Malta se reduzca al 6,3 % del PIB y la deuda aumente al 60,0 % del PIB. De acuerdo con las previsiones intermedias del invierno de 2021 de la Comisión, se prevé que el PIB de Malta aumente un 4,5 % en 2021.

(5)

El 10 de marzo de 2021, Malta solicitó asistencia financiera adicional de la Unión por un importe de 177 185 000 EUR, con el fin de seguir complementando los esfuerzos nacionales acometidos en 2020 y 2021 para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 y dar respuesta a las consecuencias socioeconómicas de dicha pandemia para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. Se trata, en particular, de la medida expuesta en el considerando 6.

(6)

La «Ley de Empresas de Malta (Capítulo 463 de las Leyes de Malta)»/‘L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża ta’ Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet ta Malta)’ y la «Comunicación del Gobierno n.o 389 de 13 de abril de 2020»/‘Notifikazzjoni ta;l-Gvern Nru 389 tat-13 ta’ April 2020’, a las que hace referencia el artículo 3, letra a), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1352, introdujeron una ayuda salarial durante la pandemia de COVID-19, que abarca a trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, para hacer frente a las perturbaciones provocadas por la pandemia de COVID-19. En el período de marzo a junio de 2020, los trabajadores empleados a tiempo completo en los sectores más gravemente afectados por la crisis, enumerados en el anexo A mencionado en la Comunicación del Gobierno n.o 389, pudieron optar a una ayuda salarial de 800 EUR al mes. En sectores menos gravemente afectados, recogidos en el anexo B mencionado en dicha Comunicación, los trabajadores empleados a tiempo completo pudieron percibir 160 EUR al mes. También se ofrecieron ayudas por un importe inferior a los empleados a tiempo parcial. En julio de 2020 se revisaron las listas de los sectores incluidos en los dos anexos. Los sectores que antes recibían apoyo en virtud del régimen, pero que no quedaron incluidos en la revisión de los anexos A y B, recibieron una ayuda salarial de 600 EUR para los empleados a tiempo completo. El régimen que preveía tales condiciones fue ampliado hasta el final de 2020. A partir de enero de 2021, el importe de la ayuda salarial refleja el descenso de las ventas durante los seis meses entre marzo y octubre de 2020 con respecto a la facturación declarada durante los seis meses entre marzo y octubre de 2019. Cuando no se dispone de registros de IVA, la ayuda salarial se desembolsa según los criterios aplicables en 2020. Está previsto que el régimen se aplique hasta el final de 2021. En el segundo semestre de 2021, las ayudas para las actividades de alojamiento y restauración se mantendrán en consonancia con los parámetros establecidos. En el caso de otras actividades que pueden acogerse a ellas, las ayudas se reducirán al 66 % en el tercer trimestre de 2021 y bajarán al 33 % en el último trimestre del año. El régimen seguirá estando disponible solo para aquellas empresas que ya podían beneficiarse de las ayudas con arreglo al régimen original. Actualmente, el régimen en la práctica lo ejecuta el programa Malta Enterprise, lo cual se especificará en un próximo Comunicado del Gobierno. De acuerdo con las nuevas normas, el régimen también cubrirá la sustitución de empleados (es decir, de aquellas personas que pusieron fin a su relación laboral de forma voluntaria después de junio de 2020) siempre que no se supere el número de empleados de final de mayo de 2020. Las autoridades solo solicitaron la parte del gasto público correspondiente a los trabajadores que habían estado empleados de manera continua, excluyendo la parte correspondiente a nuevos empleados.

(7)

Malta cumple las condiciones para solicitar asistencia financiera establecidas en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2020/672. Malta ha aportado a la Comisión las pruebas necesarias de que el gasto público real y previsto ha aumentado en 427 961 805 EUR desde el 1 de febrero de 2020 debido a las medidas nacionales adoptadas para afrontar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19. Esto constituye un grave y repentino aumento, puesto que está directamente relacionado con la ampliación de una medida laboral nacional existente similar a la reducción del tiempo de trabajo que cubre una parte importante de las empresas y de la mano de obra de Malta. Malta ha financiado con sus propios recursos 7 144 805 EUR del incremento del importe del gasto público.

(8)

La Comisión ha consultado a Malta y ha verificado el grave y repentino aumento en el gasto público real y previsto, directamente relacionado con una medida similar a la reducción del tiempo de trabajo a que se hace referencia en la solicitud de Malta de 10 de marzo de 2021, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2020/672.

(9)

En consecuencia, debe proporcionarse asistencia financiera con el fin de ayudar a Malta a hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de las graves perturbaciones económicas causadas por la pandemia de COVID-19. La Comisión debe adoptar las decisiones relativas a los vencimientos, cuantía y desembolso de los tramos y cuotas en estrecha cooperación con las autoridades nacionales.

(10)

Malta y la Comisión deben tener en cuenta la presente Decisión en el acuerdo de préstamo a que se refiere el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) 2020/672.

(11)

La presente Decisión debe entenderse sin perjuicio del resultado de cualesquiera procedimientos relativos a distorsiones del funcionamiento del mercado interior que puedan incoarse, en particular, en virtud de los artículos 107 y 108 del Tratado. No exime a los Estados miembros de la obligación de notificar a la Comisión los posibles casos de ayudas estatales con arreglo al artículo 108 del Tratado.

(12)

Malta debe informar regularmente a la Comisión acerca de la ejecución del gasto público previsto, con el fin de que la Comisión pueda evaluar el grado de ejecución de dicho gasto por parte de Malta.

(13)

La decisión de proporcionar ayuda financiera se ha alcanzado tomando en consideración las necesidades existentes y previstas de Malta, así como las solicitudes de asistencia financiera en virtud del Reglamento (UE) 2020/672 que ya han presentado o que tienen previsto presentar otros Estados miembros, al tiempo que se aplican los principios de igualdad de trato, solidaridad, proporcionalidad y transparencia.

1)

El artículo 2 se modifica como sigue:

2)

El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

3)

El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:

(1)

A raíz de una solicitud de Letonia de 7 de agosto de 2020, el 25 de septiembre de 2020, el Consejo concedió a Letonia ayuda financiera en forma de un préstamo por un importe máximo de 192 700 000 EUR con un plazo de vencimiento medio máximo de quince años, con el fin de complementar los esfuerzos nacionales de Letonia para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 y dar respuesta a las consecuencias socioeconómicas de dicha pandemia para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia.

(2)

El préstamo debía servir para que Letonia financiara los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, otras medidas similares y medidas del ámbito sanitario contempladas en el artículo 3 de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1351 del Consejo (2).

(3)

La pandemia de COVID-19 sigue inmovilizando a una parte sustancial de la mano de obra de Letonia. Ello ha ocasionado un aumento repentino y grave del gasto público de Letonia relacionado con las nuevas medidas, a saber, las prestaciones por enfermedad para padres y cuidadores y las primas para los profesionales médicos y los empleados que hacen frente a la crisis de la COVID-19, y las medidas a que se refiere el artículo 3, letras a), c), d), f) y g), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1351.

(4)

La pandemia de COVID-19 y las medidas extraordinarias aplicadas por Letonia en 2020 y 2021 para contener dicha pandemia y sus repercusiones socioeconómicas y sanitarias vienen constituyendo un durísimo revés para las finanzas públicas. De acuerdo con las previsiones del otoño de 2020 de la Comisión, el déficit y la deuda de las administraciones públicas de Letonia serían del 7,4 % y del 47,5 % del producto interior bruto (PIB), respectivamente, para el final de 2020. En 2021, se espera que el déficit y la deuda de las administraciones públicas de Letonia se reduzcan hasta el 3,5 % y el 45,9 % del PIB, respectivamente. De acuerdo con las previsiones intermedias del invierno de 2021 de la Comisión, se prevé que el PIB real de Letonia aumente un 3,5 % en 2021.

(5)

El 11 de marzo de 2021, Letonia solicitó asistencia financiera adicional de la Unión por un importe de 112 500 000 EUR con el fin de seguir complementando los esfuerzos nacionales acometidos en 2020 y 2021 para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 y dar respuesta a las consecuencias socioeconómicas de dicha pandemia para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. Se trata, en particular, de las medidas expuestas en los considerandos 6 a 8.

(6)

El «Reglamento del Consejo de Ministros n.o 709, “Reglamento relativo al subsidio por períodos de inactividad para contribuyentes a efectos de la continuidad de su actividad en el contexto de la crisis de la COVID-19”» (adoptado el 24 de noviembre de 2020 (3) y modificado el 12 de enero de 2021 (4)) amplió y modificó el régimen para la compensación de los períodos de inactividad de los trabajadores a que se refiere el artículo 3, letra a), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1351. Este régimen se aplica a las empresas, a los trabajadores por cuenta propia y a aquellos que pagan un canon de licencia cuyos ingresos procedentes de su actividad económica hayan disminuido en un promedio de al menos un 20 % en comparación con el período comprendido entre agosto y octubre de 2020. En virtud del régimen, se abonan compensaciones a trabajadores cuyo contrato haya sido suspendido, o a trabajadores por cuenta propia, de entre el 50 y el 70 % de sus salarios o ingresos, en función del régimen fiscal en el ejerzan su actividad. El nivel mínimo del apoyo se ha fijado en 500 EUR, hasta un máximo de 1 000 EUR por trabajador y mes civil. Asociada al régimen para la compensación de los períodos de inactividad de los trabajadores está la bonificación por hijo del trabajador a que se refiere el artículo 3, letra c), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1351.

La bonificación de 50 EUR por mes e hijo proporciona un apoyo adicional a los trabajadores inactivos, que tienen derecho a una desgravación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por los dependientes. Esta medida de apoyo se amplió a través de la «Orden del Consejo de Ministros n.o 706, de 1 de diciembre de 2020, relativa a la asignación de fondos del programa del presupuesto estatal “Fondos para imprevistos” »  (5) y de la «Orden del Consejo de Ministros n.o 15, de 11 de enero de 2021, relativa a la asignación de fondos del programa del presupuesto estatal “Fondos para imprevistos” »  (6). La medida puede contemplarse como una medida similar a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, como se contempla en el Reglamento (UE) 2020/672, ya que facilita ayudas a la renta a trabajadores por cuenta propia y ajena.

(7)

El régimen de subsidios salariales presta apoyo a los empleadores que hayan experimentado una disminución de al menos el 20 % de los ingresos procedentes de cualquier actividad económica. El régimen cubre el 50 % del salario bruto mensual medio, hasta un máximo de 500 EUR por mes civil. Los empleadores beneficiarios están obligados a mantener el empleo de los trabajadores que perciban el apoyo y a completar el subsidio salarial hasta alcanzar el salario ordinario íntegro. El régimen se estableció a través del «Reglamento del Consejo de Ministros n.o 675 “Reglamento relativo a la prestación de ayuda a los contribuyentes a efectos de la continuidad de su actividad en el contexto de la crisis de la COVID-19”» (adoptado el 10 de noviembre de 2020 (7) y modificado el 12 de enero de 2021 (8)) y la «Orden del Consejo de Ministros n.o 128, de 26 de febrero de 2021, relativa a la asignación de fondos del programa del presupuesto estatal “Fondos paras imprevistos”» (9). La medida amplía el régimen de subsidios salariales para las industrias exportadora y turística, tal como se contempla en el artículo 3, letra d), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1351, y extiende la cobertura a todos los empleadores admisibles.

(8)

Las prestaciones por enfermedad para los padres y cuidadores ofrecen apoyo a los empleados que no pueden teletrabajar y tienen que ocuparse de niños de hasta diez años o de personas con discapacidad cuando los centros escolares y los centros de día están cerrados por la pandemia de COVID-19. La medida puede considerarse una medida similar a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo referidos en el Reglamento (UE) 2020/672, puesto que proporciona ayudas a la renta de los padres y cuidadores y ayuda a mantener el empleo al impedir que los progenitores y cuidadores que tienen que cuidar de niños o de personas con discapacidad mientras las escuelas y centros de día permanecen cerrados se vean obligados a rescindir su relación laboral. Las prestaciones por enfermedad se contemplan en la «Modificación de la “Ley sobre maternidad y seguro de enfermedad”, de 26 de noviembre de 2020» (10) y la «Orden del Consejo de Ministros n.o 707, de 1 de diciembre de 2020, relativa a la asignación de fondos del programa del presupuesto estatal “Fondos para imprevistos”» (11) y de la «Orden del Consejo de Ministros n.o 13, de 11 de enero de 2021, relativa a la asignación de fondos del programa del presupuesto estatal “Fondos para imprevistos”» (12).

(9)

Asimismo, Letonia amplió e introdujo una serie de medidas del ámbito sanitario para hacer frente a la crisis de COVID-19. Se trata, en particular, de las medidas expuestas en los considerandos 10 a 12.

(10)

Mediante las «Modificaciones de la “Ley sobre maternidad y seguro de enfermedad”», de 12 de noviembre de 2020 (13), se ha establecido la prórroga hasta el 30 de junio de 2021 de las prestaciones por enfermedad relacionadas con la COVID-19 a que se refiere el artículo 3, letra g), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1351. Las medidas prevén que el Estado abone las bajas por enfermedad de las personas que tuvieron que ausentarse del trabajo debido a la exigencia de someterse a aislamiento o a cuarentena, cuando lo habitual es que una parte de la prestación por enfermedad se comparta con el empleador.

(11)

Se presta apoyo adicional para los gastos relacionados con la salud en equipos de protección individual, con arreglo al artículo 3, letra f), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1351. Los gastos ya se aplicaron en 2020, incluidos los introducidos por el «Reglamento del Consejo de Ministros n.o 380, de 9 de junio de 2020, “Reglamento relativo a los recursos para garantizar la seguridad epidemiológica necesaria para las instituciones incluidas en la lista de instituciones y necesidades prioritarias”» (14).

(12)

Las primas destinadas a los profesionales médicos y los empleados que hacen frente a la crisis de la COVID-19, cuyo valor oscila entre el 20 y el 100 % de los salarios mensuales, recompensa la labor realizada en condiciones de mayor riesgo y mayor carga de trabajo, tal como se contempla en las «Órdenes del Consejo de Ministros n.o 136, de 27 de marzo de 2020, y n.o 656, de 6 de noviembre de 2020, relativas a la asignación de fondos del programa del presupuesto estatal “Fondos para imprevistos”» (15), la «Orden del Consejo de Ministros n.o 743, de 8 de diciembre de 2020, Modificaciones de la Orden del Consejo de Ministros n.o 655, de 6 de noviembre de 2020, sobre la declaración del estado de emergencia» (16) y la «Orden del Consejo de Ministros n.o 37, de 21 de enero de 2021, relativa a la asignación de fondos del programa del presupuesto estatal “Fondos para imprevistos”» (17). Dichas primas son adicionales a la prima máxima fijada en la «Ley sobre la remuneración de los funcionarios y empleados del Estado y las administraciones locales». La medida apoya el empleo garantizando la salud y seguridad de los empleados y la continuidad de los servicios públicos esenciales.

(13)

Letonia cumple las condiciones para solicitar asistencia financiera establecidas en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2020/672. Letonia ha aportado a la Comisión las pruebas necesarias de que el gasto público real y previsto ha aumentado en 405 297 901 EUR desde el 1 de febrero de 2020 debido a las medidas nacionales adoptadas para afrontar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19. Ello constituye un grave y repentino aumento, ya que está relacionado tanto con nuevas medidas como con la ampliación de medidas existentes directamente relacionadas con regímenes de reducción del tiempo de trabajo y medidas similares que cubren una parte importante de las empresas y de la mano de obra de Letonia. Letonia tiene intención de financiar 100 097 901 EUR del incremento del importe del gasto público con sus propios recursos.

(14)

La Comisión ha consultado a Letonia y ha verificado el grave y repentino aumento en el gasto público real y previsto, directamente relacionado con los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras medidas similares, así como con el recurso a las medidas pertinentes del ámbito sanitario en relación con la pandemia de COVID-19, a que se hace referencia en la solicitud de Letonia de 11 de marzo de 2021, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2020/672.

(15)

El importe de las medidas del ámbito sanitario mencionadas en la solicitud de Letonia de 11 de marzo de 2021 y en los considerandos 10 a 12 asciende a 22 304 365 EUR.

(16)

En consecuencia, debe proporcionarse asistencia financiera con el fin de ayudar a Letonia a hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de las graves perturbaciones económicas causadas por la pandemia de COVID-19. La Comisión debe tomar las decisiones relativas a los vencimientos, cuantía y desembolso de los tramos y cuotas en estrecha cooperación con las autoridades nacionales.

(17)

Letonia y la Comisión deben tener en cuenta la presente Decisión en el acuerdo de préstamo a que se refiere el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) 2020/672.

(18)

La presente Decisión debe entenderse sin perjuicio del resultado de cualesquiera procedimientos relativos a distorsiones del funcionamiento del mercado interior que puedan incoarse, en particular, en virtud de los artículos 107 y 108 del Tratado. No exime a los Estados miembros de la obligación de notificar a la Comisión los posibles casos de ayudas estatales con arreglo al artículo 108 del Tratado.

(19)

Letonia debe informar regularmente a la Comisión acerca de la ejecución del gasto público previsto, con el fin de que la Comisión pueda evaluar el grado de ejecución de dicho gasto por parte de Letonia.

(20)

La decisión de proporcionar ayuda financiera se ha alcanzado tomando en consideración las necesidades existentes y previstas de Letonia, así como las solicitudes de asistencia financiera en virtud del Reglamento (UE) 2020/672 que ya han presentado o que tienen previsto presentar otros Estados miembros, al tiempo que se aplican los principios de igualdad de trato, solidaridad, proporcionalidad y transparencia.

1)

El artículo 2 se modifica como sigue:

2)

El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

3)

El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:

(1)

A raíz de una solicitud de Lituania de 7 de agosto de 2020, el 25 de septiembre de 2020 el Consejo concedió a Lituania ayuda financiera en forma de un préstamo por un importe máximo de 602 310 000 EUR con un plazo de vencimiento medio máximo de quince años, con el fin de complementar los esfuerzos nacionales de Lituania para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 y dar respuesta a las consecuencias socioeconómicas de dicha pandemia para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia.

(2)

El préstamo debía servir para que Lituania financiara los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras medidas similares contempladas en el artículo 3 de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1350 del Consejo (2).

(3)

La pandemia de COVID-19 sigue inmovilizando a una parte sustancial de la mano de obra de Lituania. Ello ha ocasionado un aumento imprevisto y grave del gasto público en Lituania con respecto a las medidas a que se refiere el artículo 3, letras a) y b), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1350.

(4)

La pandemia de COVID-19 y las medidas extraordinarias aplicadas por Lituania en 2020 y 2021 para contener dicha pandemia y sus repercusiones socioeconómicas y sanitarias vienen constituyendo un durísimo revés para las finanzas públicas. De acuerdo con las previsiones del otoño de 2020 de la Comisión, el déficit y la deuda de las administraciones públicas de Lituania serían del 8,4 % y del 47,2 % del producto interior bruto (PIB), respectivamente, para el final de 2020. En 2021, se prevé que el déficit y la deuda de las administraciones públicas de Lituania se sitúen en el 6,0 % y el 50,7 % del PIB, respectivamente. De acuerdo con las previsiones intermedias del invierno de 2021 de la Comisión, se prevé que el PIB de Lituania aumente un 2,2 % en 2021.

(5)

El 11 de marzo de 2021, Lituania solicitó asistencia financiera adicional de la Unión por un importe de 354 950 000 EUR, con el fin de seguir complementando los esfuerzos nacionales acometidos en 2020 y 2021 para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 y dar respuesta a las consecuencias socioeconómicas de dicha pandemia para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. Se trata, en particular, de las medidas expuestas en los considerandos 6 a 8.

(6)

En la «Ley de empleo n.o XII-2470», de 21 de junio de 2016, modificada en 2020 (3), a la que se refiere el artículo 3, letra a), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1350, Lituania introdujo un régimen para el pago de subsidios a los empleadores destinado a cubrir los salarios estimados de cada persona empleada que se enfrente a un tiempo sin trabajo, como ayuda durante la cuarentena y el estado de emergencia. Antes del 1 de enero de 2021, el empleador podía elegir entre subsidios para cubrir el 70 % del salario, hasta un máximo de 1,5 veces el salario mínimo, o el 90 % del salario (100 % en el caso de los trabajadores mayores de 60 años), hasta un máximo del salario mínimo. A partir del 1 de enero de 2021, el empleador puede recibir subsidios para cubrir el 100 % del salario, hasta un máximo de 1,5 veces el salario mínimo. Los empleadores que se hayan acogido al régimen han de mantener como mínimo el 50 % de sus trabajadores durante al menos tres meses después de que finalice el pago del subsidio.

(7)

En virtud de la «Ley de empleo n.o XII-2470», de 21 de junio de 2016, modificada en 2020, a la que se refiere el artículo 3, letra a), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1350, se pagaron también subsidios a los empleados que regresaban del tiempo sin trabajo (4) durante un máximo de seis meses después de su regreso al trabajo. El importe de las subvenciones pagadas en el primer y segundo mes tras el retorno a la actividad puede ascender al 100 % del salario del trabajador, al 50 % en el tercer y cuarto mes y al 30 % en el quinto y sexto mes, con un límite máximo del salario mínimo o del doble del salario mínimo, dependiendo de la actividad económica que realice el empleador. Esos subsidios pueden considerarse una medida similar a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo contemplados en el Reglamento (UE) 2020/672, ya que su objetivo es proporcionar apoyo a los ingresos de los trabajadores y ayudar a mantener las relaciones laborales existentes.

(8)

Las autoridades también han introducido prestaciones para los trabajadores por cuenta propia, incluidos aquellos que realizan actividades agrícolas con una explotación o granja de no menos de cuatro unidades de dimensión económica, a que se refiere el artículo 3, letra b), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1350. Esta medida se modificó en 2020 (5). En 2020, dicha prestación ascendió a 257 EUR y se pagó durante el período de cuarentena y el estado de emergencia, y los dos meses posteriores. En 2021, la prestación es de 260 EUR y se paga durante el período de cuarentena y el estado de emergencia, y el mes siguiente. Las prestaciones para los trabajadores por cuenta propia pueden considerarse una medida similar a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo contemplados en el Reglamento (UE) 2020/672, ya que están destinadas a proteger a los trabajadores por cuenta propia o categorías de trabajadores similares de una reducción o pérdida de ingresos.

(9)

Lituania cumple las condiciones para solicitar asistencia financiera establecidas en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2020/672. Lituania ha aportado a la Comisión las pruebas necesarias de que el gasto público real y previsto ha aumentado en 1 101 607 198 EUR desde el 1 de febrero de 2020 debido a las medidas nacionales adoptadas para afrontar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19. Ello constituye un grave y repentino aumento, ya que está relacionado con la ampliación de las medidas nacionales existentes directamente relacionadas con regímenes de reducción del tiempo de trabajo y medidas similares que cubren una parte importante de las empresas y de la mano de obra de Lituania. Lituania financió 144 347 198 EUR del incremento del importe del gasto público a través de fondos de la Unión.

(10)

La Comisión ha consultado a Lituania y ha verificado el grave y repentino aumento en el gasto público real y previsto, directamente relacionado con los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras medidas similares a que se hace referencia en la solicitud de Lituania de 11 de marzo de 2021, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2020/672.

(11)

Por consiguiente, debe proporcionarse asistencia financiera con el fin de ayudar a Lituania a hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de las graves perturbaciones económicas causadas por la pandemia de COVID-19. La Comisión debe tomar las decisiones relativas a los vencimientos, cuantía y desembolso de los tramos y cuotas en estrecha cooperación con las autoridades nacionales.

(12)

Lituania y la Comisión deben tener en cuenta la presente Decisión en el acuerdo de préstamo a que se refiere el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) 2020/672.

(13)

La presente Decisión debe entenderse sin perjuicio del resultado de cualesquiera procedimientos relativos a distorsiones del funcionamiento del mercado interior que puedan incoarse, en particular, en virtud de los artículos 107 y 108 del Tratado. No exime a los Estados miembros de la obligación de notificar a la Comisión los posibles casos de ayudas estatales con arreglo al artículo 108 del Tratado.

(14)

Lituania debe informar regularmente a la Comisión acerca de la ejecución del gasto público previsto, con el fin de que la Comisión pueda evaluar el grado de ejecución de dicho gasto por parte de Lituania.

(15)

La decisión de proporcionar ayuda financiera se ha alcanzado tomando en consideración las necesidades existentes y previstas de Lituania, así como las solicitudes de asistencia financiera en virtud del Reglamento (UE) 2020/672 que ya han presentado o que tienen previsto presentar otros Estados miembros, al tiempo que se aplican los principios de igualdad de trato, solidaridad, proporcionalidad y transparencia,

1)

El artículo 2 se modifica como sigue:

2)

El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

3)

El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:

(1)

A raíz de una solicitud de Grecia de 6 de agosto de 2020, el 25 de septiembre de 2020 el Consejo concedió a Grecia ayuda financiera en forma de un préstamo por un importe máximo de 2 728 000 000 EUR con un plazo de vencimiento medio máximo de quince años, con el fin de complementar los esfuerzos nacionales de Grecia para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 y dar respuesta a las consecuencias socioeconómicas de dicha pandemia para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia.

(2)

El préstamo debía servir para que Grecia financiara los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras medidas similares contempladas en el artículo 3 de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1346 del Consejo (2).

(3)

La pandemia de COVID-19 sigue inmovilizando a una parte sustancial de la mano de obra de Grecia. Ello ha ocasionado un aumento repentino y grave del gasto público de Grecia relacionado con las medidas a que se refiere el artículo 3, letras a) y b), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1346.

(4)

La pandemia de COVID-19 y las medidas extraordinarias aplicadas por Grecia en 2020 y 2021 para contener dicha pandemia y sus repercusiones socioeconómicas y sanitarias vienen constituyendo un durísimo revés para las finanzas públicas. De acuerdo con las previsiones del otoño de 2020 de la Comisión, el déficit y la deuda de las administraciones públicas de Grecia serían del 6,9 % y del 207,1 % del producto interior bruto (PIB), respectivamente, para el final de 2020. En 2021, se prevé que el déficit y la deuda de las administraciones públicas de Grecia se reduzcan hasta el 6,3 % y el 200,7 % del PIB, respectivamente. De acuerdo con las previsiones intermedias del invierno de 2021 de la Comisión, se prevé que el PIB de Grecia aumente un 3,5 % en 2021.

(5)

El 9 de marzo de 2021, Grecia solicitó asistencia financiera adicional de la Unión por un importe de 2 537 000 000 EUR, con el fin de seguir complementando los esfuerzos nacionales acometidos en 2020 y 2021 para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 y dar respuesta a las consecuencias socioeconómicas de dicha pandemia para los trabajadores. Se trata, en particular, de las medidas expuestas en los considerandos 6 y 7.

(6)

Más concretamente, la solicitud de Grecia se enmarca en el «Acto jurídico de 14 de marzo de 2020» (3), al que hace referencia el artículo 3, letra a), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1346, por el que se introdujo un subsidio especial para trabajadores del sector privado cuyos contratos de trabajo se hayan suspendido. Dicha medida tiene como finalidad proteger el empleo en las empresas que cesan sus actividades por orden pública o pertenecen a sectores económicos gravemente afectados por la pandemia de COVID-19, y se refiere al pago de un subsidio especial mensual de 534 EUR a los trabajadores cuyos contratos laborales estén suspendidos. El requisito previo para poder acogerse al régimen es que el empleador mantenga el mismo número de empleados (es decir, exactamente los mismos empleados) durante un período igual al período durante el cual estuvo suspendido el contrato laboral. La medida se ha prorrogado hasta el 31 de marzo de 2021 para los trabajadores regulares y hasta el 31 de octubre de 2021 para los trabajadores estacionales. En los próximos meses podrían aplicarse prórrogas adicionales a un número cada vez menor de sectores económicos admisibles.

(7)

Las autoridades, además, han introducido la financiación por parte del Estado de la cotización a la seguridad social de aquellos trabajadores por cuenta ajena que se benefician del subsidio especial, mencionado en el considerando 6, contemplado en el artículo 3, letra b), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1346. El requisito previo para poder acogerse al régimen es que el empleador mantenga el mismo número de empleados (es decir, exactamente los mismos empleados) durante un período igual al período durante el cual estuvo suspendido el contrato laboral.

(8)

Grecia cumple las condiciones para solicitar asistencia financiera establecidas en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2020/672. Grecia ha aportado a la Comisión las pruebas necesarias de que el gasto público real y previsto ha aumentado en 6 071 899 097 EUR desde el 1 de febrero de 2020 debido a las medidas nacionales adoptadas para afrontar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19. Ello constituye un grave y repentino aumento puesto que está relacionado con la ampliación de las medidas nacionales existentes relacionadas directamente con regímenes de reducción del tiempo de trabajo y medidas similares que cubren una parte importante de las empresas y de la mano de obra de Grecia. Grecia tiene intención de financiar 806 899 097 EUR del incremento del importe del gasto público con sus propios recursos.

(9)

La Comisión ha consultado a Grecia y ha verificado el grave y repentino aumento en el gasto público real y previsto, directamente relacionado con los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras medidas similares a que se hace referencia en la solicitud de Grecia de 9 de marzo de 2021, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2020/672.

(10)

Por consiguiente, debe proporcionarse asistencia financiera con el fin de ayudar a Grecia a hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de las graves perturbaciones económicas causadas por la pandemia de COVID-19. La Comisión debe tomar las decisiones relativas a los vencimientos, cuantía y desembolso de los tramos y cuotas en estrecha cooperación con las autoridades nacionales.

(11)

Grecia y la Comisión deben tener en cuenta la presente Decisión en el acuerdo de préstamo a que se refiere el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) 2020/672.

(12)

La presente Decisión debe entenderse sin perjuicio del resultado de cualesquiera procedimientos relativos a distorsiones del funcionamiento del mercado interior que puedan incoarse, en particular, en virtud de los artículos 107 y 108 del Tratado. No exime a los Estados miembros de la obligación de notificar a la Comisión los posibles casos de ayudas estatales con arreglo al artículo 108 del Tratado.

(13)

Grecia debe informar regularmente a la Comisión acerca de la ejecución del gasto público previsto, con el fin de que la Comisión pueda evaluar el grado de ejecución de dicho gasto por parte de Grecia.

(14)

La decisión de proporcionar ayuda financiera se ha alcanzado tomando en consideración las necesidades existentes y previstas de Grecia, así como las solicitudes de asistencia financiera en virtud del Reglamento (UE) 2020/672 que ya han presentado o que tienen previsto presentar otros Estados miembros, al tiempo que se aplican los principios de igualdad de trato, solidaridad, proporcionalidad y transparencia.

1)

El artículo 2 se modifica como sigue:

2)

El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

(1)

A raíz de una solicitud de Chipre de 6 de agosto de 2020, el 25 de septiembre de 2020 el Consejo concedió a Chipre ayuda financiera en forma de un préstamo por un importe máximo de 479 070 000 EUR con un plazo de vencimiento medio máximo de quince años, con el fin de complementar los esfuerzos nacionales de Chipre para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 y dar respuesta a las consecuencias socioeconómicas de dicha pandemia para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia.

(2)

El préstamo debía servir para que Chipre financiara los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, otras medidas similares y medidas del ámbito sanitario contempladas en el artículo 3 de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1344 del Consejo (2).

(3)

La pandemia de COVID-19 sigue inmovilizando a una parte sustancial de la mano de obra de Chipre. Ello ha ocasionado un aumento repentino y grave del gasto público en Chipre relacionado con las medidas mencionadas en el artículo 3, letras a) a e), g) y h), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1344.

(4)

La pandemia de COVID-19 y las medidas extraordinarias aplicadas por Chipre en 2020 y 2021 para contener dicha pandemia y sus repercusiones socioeconómicas y sanitarias vienen constituyendo un durísimo revés para las finanzas públicas. De acuerdo con las previsiones del otoño de 2020 de la Comisión, el déficit y la deuda de las administraciones públicas de Chipre serían del 6,1 % y del 112,6 % del producto interior bruto (PIB), respectivamente, para el final de 2020. En 2021, se prevé que el déficit y la deuda de las administraciones públicas de Chipre se reduzcan hasta el 2,3 % y el 108,2 % del PIB, respectivamente. De acuerdo con las previsiones intermedias del invierno de 2021 de la Comisión, se prevé que el PIB de Chipre aumente un 3,2 % en 2021.

(5)

El 10 de marzo de 2021, Chipre solicitó asistencia financiera adicional de la Unión por un importe de 124 700 000 EUR, con el fin de seguir complementando los esfuerzos nacionales realizados en 2020 y 2021 para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 y para dar respuesta a las consecuencias socioeconómicas de dicha pandemia para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. Se trata, en particular, de las medidas expuestas en los considerandos 6 a 13.

(6)

La «Ley 27(I)/2020» (3), la «Ley 49(I)/2020» (4), la «Ley 140(I)/2020» (5) y la «Ley 36(I)/2021» (6) han constituido la base para la introducción de una serie de actos administrativos reguladores mensuales (7) en los que se definen las medidas dirigidas a combatir los efectos del brote de COVID-19. En virtud de estas leyes, las autoridades han introducido el régimen especial de permisos mencionado en el artículo 3, letra a), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1344, que proporciona una compensación salarial a los progenitores que trabajan en el sector privado y tienen hijos de hasta quince años de edad, o hijos de cualquier edad con discapacidad. Este régimen especial de permisos puede considerarse una medida similar a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo a los que se refiere el Reglamento (UE) 2020/672, puesto que proporciona ayudas a la renta de los trabajadores y ayuda a mantener el empleo al impedir que los progenitores que tienen que cuidar de sus hijos mientras las escuelas permanecen cerradas se vean obligados a rescindir su relación laboral. Esta medida estuvo inicialmente en vigor entre febrero y junio de 2020, y se amplió posteriormente para incluir el período comprendido entre enero y julio de 2021.

(7)

Por otra parte, la «Ley 27(I)/2020», la «Ley 49(I)/2020», la «Ley 140(I)/2020» y la «Ley 36(I)/2021», así como una serie de actos administrativos reguladores mensuales (8), han constituido la base de un «régimen de apoyo a las empresas que han tenido que suspender por completo sus actividades» a que se refiere el artículo 3, letra b), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1344. Dicho régimen proporciona una compensación salarial al 97 % de los empleados de las empresas obligadas a suspender sus actividades, condicionada al mantenimiento del empleo. La compensación cubre el 60 % del salario del empleado o el 60 % de las unidades de seguridad social del empleado conseguidas en 2018 (2019 para el período entre julio y agosto de 2020), si este valor es superior. La compensación varía entre un máximo de 1 214 EUR y un mínimo de 360 EUR al mes. Esta medida estuvo inicialmente en vigor entre marzo y agosto de 2020 y se amplió posteriormente para cubrir el período comprendido entre septiembre de 2020 y julio de 2021.

(8)

Asimismo, la «Ley 27(I)/2020», la «Ley 49(I)/2020», la «Ley 140(I)/2020» y la «Ley 36(I)/2021», así como una serie de actos administrativos reguladores mensuales (9), han constituido la base del régimen de apoyo a las empresas por la suspensión parcial de sus actividades a que se refiere el artículo 3, letra b), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1344. Dicho régimen proporciona una compensación salarial a los empleados de las empresas que hayan experimentado una reducción en su volumen de negocios debido a la crisis de la COVID-19; dicha compensación está condicionada al mantenimiento del empleo. La compensación cubre el 60 % del salario del empleado o el 60 % de las unidades de seguridad social del empleado conseguidas en 2018, si este valor es superior. La compensación varía entre un máximo de 1 214 EUR y un mínimo de 360 EUR al mes. Esta medida estuvo inicialmente en vigor entre marzo y junio de 2020 y se amplió posteriormente para cubrir el período comprendido entre enero de 2021 y julio de 2021.

(9)

La «Ley 27(I)/2020», la «Ley 49(I)/2020», la «Ley 140(I)/2020» y la «Ley 36(I)/2021», así como una serie de actos administrativos reguladores (10) han constituido la base del «régimen especial para los trabajadores por cuenta propia» a que se refiere el artículo 3, letra c), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1344. Dicho régimen proporciona una compensación a los trabajadores por cuenta propia que no pueden ejercer actividad alguna con arreglo al decreto del Ministro de Salud o a una decisión del Consejo de Ministros. Esta medida estuvo inicialmente en vigor entre marzo y junio de 2020, y se amplió posteriormente para cubrir el período comprendido entre julio de 2020 y julio de 2021.

(10)

La «Ley 27(I)/2020», la «Ley 49(I)/2020», la «Ley1 40(I)/2020» y la «Ley 36(I)/2021», así como una serie de actos administrativos reguladores (11), han constituido la base del «régimen especial para hoteles y alojamientos turísticos» a que se refiere el artículo 3, letra d), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1344. Dicho régimen proporciona una compensación salarial para ayudar a los empleados del sector hotelero y de otras empresas que prestan servicios de alojamiento turísticos cuyo empleador haya suspendido por completo sus actividades o haya experimentado una reducción de su volumen de negocios superior al 40 %. La participación en este régimen está condicionada al mantenimiento del empleo. Esta medida estuvo inicialmente en vigor entre junio y octubre de 2020, y se amplió posteriormente para cubrir el período comprendido entre noviembre de 2020 y julio de 2021.

(11)

La «Ley 27(I)/2020», la «Ley 49(I)/2020», la «Ley 140(I)/2020» y la «Ley 36(I)/2021», así como una serie de actos administrativos reguladores (12), han constituido la base del «régimen especial de apoyo a las empresas relacionadas con el sector turístico, afectadas por el turismo o asociadas con empresas que hayan sido objeto de una suspensión total obligatoria» a que se refiere el artículo 3, letra e), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1344. Dicho régimen proporciona una compensación salarial a los empleados del sector hotelero y de otras empresas que prestan servicios de alojamiento turísticos que hayan suspendido por completo sus actividades o hayan experimentado una reducción de su volumen de negocios superior al superior a 40 %, en lugar del 55 % contemplado en el régimen inicial; la compensación está condicionada al mantenimiento del empleo. Esta medida estuvo inicialmente en vigor entre junio y agosto de 2020 y se amplió y modificó posteriormente para cubrir el período comprendido entre septiembre de 2020 y julio de 2021.

(12)

Asimismo, el «régimen de subvenciones» establecido por el «Presupuesto suplementario, marco temporal para las ayudas estatales en apoyo a la economía en el actual contexto de la pandemia de COVID-19» a que se refiere el artículo 3, letra g), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1344, introdujo subsidios para pequeñas empresas y microempresas y para los trabajadores por cuenta propia que tengan hasta cincuenta empleados. Únicamente se ha solicitado la parte del gasto relacionada con el apoyo a los trabajadores por cuenta propia y las sociedades unipersonales. Tales subsidios proporcionan una subvención de cuantía fija única para contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de las pequeñas empresas y los trabajadores por cuenta propia. Las subvenciones de cuantía fija se han revisado para diversas categorías de empresas basándose en el número de empleados. Asimismo, se han acordado subvenciones para empresas que hayan suspendido su actividad desde marzo de 2020, con un importe de 10 000 EUR para empresas con un máximo de nueve empleados y de 15 000 EUR para empresas de más de nueve empleados. El régimen de subsidios puede considerarse una medida similar a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo referidos en el Reglamento (UE) 2020/672, ya que está destinado a proteger a los trabajadores por cuenta propia o a trabajadores de categorías similares de una reducción o pérdida de ingresos. Esta medida estuvo inicialmente en vigor entre abril y mayo de 2020 y se modificó y amplió para noviembre de 2020.

(13)

Asimismo, Chipre prorrogó una medida del ámbito sanitario para responder a la crisis de la COVID-19 prevista por la «Ley 27(I)/2020», la «Ley 49(I)/2020», la «Ley 140(I)/2020» y la «Ley 36(I)/2021» y por actos administrativos reguladores (13). Se trata del «régimen de prestaciones por enfermedad» a que se refiere el artículo 3, letra h), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1344, el cual proporciona una compensación salarial a los trabajadores por cuenta ajena del sector privado y a los trabajadores por cuenta propia que estén clasificados como personas vulnerables con arreglo a la lista publicada por el Ministerio de Salud, puestos en cuarentena por las autoridades o infectados por la COVID-19. Esta medida estuvo inicialmente en vigor entre marzo y junio de 2020, y se amplió posteriormente para cubrir el período comprendido entre noviembre de 2020 y julio de 2021.

(14)

Chipre cumple las condiciones para solicitar asistencia financiera establecidas en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2020/672. Chipre ha aportado a la Comisión las pruebas necesarias de que el gasto público real y previsto ha aumentado en 742 040 000 EUR desde el 1 de febrero de 2020 debido a las medidas nacionales adoptadas para afrontar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19. Esto constituye un grave y repentino aumento, puesto que está relacionado con la ampliación de las medidas nacionales existentes relacionadas directamente con regímenes de reducción del tiempo de trabajo y de las medidas similares que cubren una parte importante de las empresas y de la mano de obra de Chipre. Chipre tiene intención de financiar 138 270 000 EUR del incremento del importe del gasto público a través de fondos de la Unión.

(15)

La Comisión ha consultado a Chipre y ha verificado el grave y repentino aumento en el gasto público real y previsto, directamente relacionado con los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras medidas similares, así como con el recurso a las medidas pertinentes del ámbito sanitario en relación con la pandemia de COVID-19, a que se hace referencia en la solicitud de Chipre de 10 de marzo de 2021, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2020/672.

(16)

El importe de la medida del ámbito sanitario mencionada en la solicitud de Chipre de 10 de marzo de 2021 y en el considerando 13 asciende a 440 000 EUR.

(17)

En consecuencia, debe proporcionarse asistencia financiera con el fin de ayudar a Chipre a hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de las graves perturbaciones económicas causadas por la pandemia de COVID-19. La Comisión debe adoptar las decisiones relativas a los vencimientos, cuantía y desembolso de los tramos y cuotas en estrecha cooperación con las autoridades nacionales.

(18)

Chipre y la Comisión deben tener en cuenta la presente Decisión en el acuerdo de préstamo a que se refiere el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) 2020/672.

(19)

La presente Decisión debe entenderse sin perjuicio del resultado de cualesquiera procedimientos relativos a distorsiones del funcionamiento del mercado interior que puedan incoarse, en particular, en virtud de los artículos 107 y 108 del Tratado. No exime a los Estados miembros de la obligación de notificar a la Comisión los posibles casos de ayudas estatales con arreglo al artículo 108 del Tratado.

(20)

Chipre debe informar regularmente a la Comisión acerca de la ejecución del gasto público previsto, con el fin de que la Comisión pueda evaluar el grado de ejecución de dicho gasto por parte de Chipre.

(21)

La decisión de proporcionar ayuda financiera se ha alcanzado tomando en consideración las necesidades existentes y previstas de Chipre, así como las solicitudes de asistencia financiera en virtud del Reglamento (UE) 2020/672 que ya han presentado o que tienen previsto presentar otros Estados miembros, al tiempo que se aplican los principios de igualdad de trato, solidaridad, proporcionalidad y transparencia.

1)

El artículo 2 se modifica como sigue:

2)

El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

3)

El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:

(1)

A raíz de una solicitud de Bélgica de 7 de agosto de 2020, el 25 de septiembre de 2020 el Consejo concedió a Bélgica ayuda financiera en forma de un préstamo por un importe máximo de 7 803 380 000 EUR con un plazo de vencimiento medio máximo de quince años, con el fin de complementar los esfuerzos nacionales de Bélgica para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 y dar respuesta a las consecuencias socioeconómicas de dicha pandemia para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia.

(2)

El préstamo debía servir para que Bélgica financiara los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, otras medidas similares y medidas del ámbito sanitario contempladas en el artículo 3 de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1342 del Consejo (2).

(3)

La pandemia de COVID-19 sigue inmovilizado a una parte sustancial de la mano de obra de Bélgica. Ello ha ocasionado un aumento repentino y grave del gasto público en Bélgica relacionado con una nueva medida, a saber, un nuevo programa de ayudas a las pequeñas empresas en la Región de Bruselas-Capital, y otras medidas ya vigentes, algunas ampliadas, referidas en el artículo 3, letra d), incisos i) a iv), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1342.

(4)

La pandemia de COVID-19 y las medidas extraordinarias aplicadas por Bélgica en 2020 y 2021 para contener dicha pandemia y sus repercusiones socioeconómicas y sanitarias vienen constituyendo un durísimo revés para las finanzas públicas. De acuerdo con las previsiones del otoño de 2020 de la Comisión, el déficit y la deuda de las administraciones públicas de Bélgica serían del 11,2 % y del 117,7 % del producto interior bruto (PIB), respectivamente, para el final de 2020. En 2021, se espera que el déficit y la deuda de las administraciones públicas de Bélgica se sitúen en el 7,1 % y el 117,8 % del PIB, respectivamente. De acuerdo con las previsiones intermedias del invierno de 2021 de la Comisión, se prevé que el PIB de Bélgica aumente un 3,9 % en 2021.

(5)

El 11 de marzo de 2021, Bélgica solicitó asistencia financiera adicional de la Unión por un importe de 394 150 000 EUR, con el fin de seguir complementando los esfuerzos nacionales realizados en 2020 y 2021 para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 y dar respuesta a las consecuencias socioeconómicas de dicha pandemia para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. Se trata, en particular, de las medidas expuestas en los considerandos 6 y 7.

(6)

Se trata de una solicitud de apoyo para la ampliación de los programas regionales y comunitarios de ayuda a la renta vigentes referidos en el artículo 3, letra d), incisos i) a iv), de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1342 para la Región de Bruselas-Capital, la Región Flamenca y la Comunidad Flamenca, la Región Valona y la Comunidad Francófona:

«Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n.o 2020/019 du 23 avril 2020/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020  (3) »;

«Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n.o 2020/030 du 28 mai 2020/Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020  (4) », ampliado mediante el «Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 2020 relatif à une aide aux secteurs de l’événementiel, du monde de la nuit, du tourisme et de la culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020 betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19» y el «Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 relatif à une aide aux entreprises débits de boissons et restaurants dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 betreffende steun aan de eet- en drankgelegenhedenondernemingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19». Los dos programas ampliados conceden primas de compensación a los trabajadores por cuenta propia y a las empresas unipersonales en sectores que se vieron obligados a cerrar en el contexto de la crisis de la COVID-19;

«Notification de la réunion du conseil des ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du jeudi 14 mai 2020/Betekening van de vergadering van de Ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van donderdag 14 mei 2020 », incorporada mediante el «Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers»  (5);

«Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 »  (6);

«Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 »  (7);

«Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 »  (8) por el que se establece una «prima de apoyo» a fin de ayudar a las empresas que, pese a permanecer activas, han sufrido una reducción de su volumen de negocios de al menos un 60 % o han tenido que cerrar a causa de las medidas federales de seguridad y protección, el «Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 »  (9), el «Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 »  (10) y el «Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 »  (11).

Estos tres decretos del gobierno flamenco se refieren a programas, también denominados «Mecanismo de Protección de la Región Flamenca 1, 2 y 3», respectivamente, modifican algunos de los decretos mencionados y ofrecen apoyo a las empresas que permanecen activas pero han experimentado una disminución en la facturación de al menos un 60 % o que tuvieron que cerrar sus negocios por las medidas federales de seguridad y protección;

«Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n.o 4 du 23 avril 2020  (12) », «Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020  (13) »; «Arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020  (14) »; «Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020  (15) »;

Las medidas antes mencionadas se refieren a los programas que proporcionan ayudas a la renta a los trabajadores por cuenta propia, las sociedades unipersonales y otros tipos de trabajadores que no puedan acogerse a otras clases de ayudas a la renta. En particular, las primas de compensación para empresas y emprendedores en la Región de Bruselas-Capital, las primas por perjuicios, de compensación y de apoyo en la Región Flamenca y en la Comunidad Flamenca, y la prima de indemnización por el cierre de empresas en la Región Valona ofrecen un apoyo puntual generalizado para empresas y trabajadores por cuenta propia que hayan tenido que cerrar sus negocios debido a la COVID-19 o que hayan experimentado una reducción sustancial de su volumen de negocios.

Cuando las medidas van dirigidas a un conjunto más amplio de beneficiarios, solamente se han solicitado los importes de gasto relacionados con las ayudas a los trabajadores por cuenta propia y las sociedades unipersonales. Otras medidas (la prima de compensación para trabajadores intermitentes en la Región de Bruselas-Capital, la subvención para guarderías y la subvención para operadores culturales en la Comunidad Francófona, las actividades de formación en la Región Valona, así como la subvención para los operadores culturales y los trabajadores por cuenta propia) están destinadas a los trabajadores por cuenta propia y a los trabajadores sin acceso al régimen de desempleo temporal en sectores específicos (sector cultural y de cuidados, actividades de formación).

(7)

Se solicita asimismo apoyo para una nueva medida de la Región de Bruselas-Capital. Se trata del «Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2020 concernant l’octroi d’une subvention de 1 625 000,00 EUR à la SA Brusoc dans le cadre de l’octroi de micro-crédits de trésorerie pour les indépendants et les micro-entreprises en raison de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2020 betreffende de toekenning van micro-kaskredieten voor zelfstandigen en zko’s». En concreto, la medida ofrece microcréditos a los emprendedores y las sociedades unipersonales de Bruselas-Capital. Solo se ha solicitado la parte del gasto público relacionada con las pérdidas por préstamos previstas. El importe solicitado para gastos se refiere únicamente al apoyo a los trabajadores por cuenta propia y a las sociedades unipersonales.

(8)

Bélgica cumple las condiciones para solicitar asistencia financiera establecidas en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2020/672. Bélgica ha aportado a la Comisión las pruebas necesarias de que el gasto público real y previsto ha aumentado en 10 103 933 459 EUR desde el 1 de febrero de 2020 debido a las medidas nacionales adoptadas para afrontar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19. Esto constituye un grave y repentino aumento, puesto que está relacionado tanto con nuevas medidas como con medidas existentes, algunas de ellas ampliadas, directamente relacionado con los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y medidas similares que cubren una parte importante de las empresas y de la mano de obra de Bélgica. Bélgica tiene intención de financiar 1 906 403 459 EUR del incremento del importe del gasto público con sus propios recursos.

(9)

La Comisión ha consultado a Bélgica y ha verificado el grave y repentino aumento en el gasto público real y previsto, directamente relacionado con los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras medidas similares a que se hace referencia en la solicitud de Bélgica de 11 de marzo de 2021, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2020/672.

(10)

En consecuencia, debe proporcionarse asistencia financiera con el fin de ayudar a Bélgica a hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de las graves perturbaciones económicas causadas por la pandemia de COVID-19. La Comisión debe adoptar las decisiones relativas a los vencimientos, cuantía y desembolso de los tramos y cuotas en estrecha cooperación con las autoridades nacionales.

(11)

Bélgica y la Comisión deben tener en cuenta la presente Decisión en el acuerdo de préstamo a que se refiere el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) 2020/672.

(12)

La presente Decisión debe entenderse sin perjuicio del resultado de cualesquiera procedimientos relativos a distorsiones del funcionamiento del mercado interior que puedan incoarse, en particular, en virtud de los artículos 107 y 108 del Tratado. No exime a los Estados miembros de la obligación de notificar a la Comisión los posibles casos de ayudas estatales con arreglo al artículo 108 del Tratado.

(13)

Bélgica debe informar regularmente a la Comisión acerca de la ejecución del gasto público previsto, con el fin de que la Comisión pueda evaluar el grado de ejecución de dicho gasto por parte de Bélgica.

(14)

La decisión de proporcionar ayuda financiera se ha alcanzado tomando en consideración las necesidades existentes y previstas de Bélgica, así como las solicitudes de asistencia financiera en virtud del Reglamento (UE) 2020/672 que ya han presentado o que tienen previsto presentar otros Estados miembros, al tiempo que se aplican los principios de igualdad de trato, solidaridad, proporcionalidad y transparencia.

1)

El artículo 2 se modifica como sigue:

2)

El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

3)

El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:

(1)

La Decisión de Ejecución (UE) 2016/715 de la Comisión (2) establece medidas respecto a los frutos de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. y sus híbridos, distintos de los frutos de Citrus aurantium L. y Citrus latifolia Tanaka («los frutos especificados»), originarios de Argentina, Brasil, Sudáfrica o Uruguay, para prevenir la introducción y propagación en el territorio de la Unión del organismo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

(2)

En 2020, los Estados miembros, basándose en sus inspecciones a las importaciones, notificaron un total de noventa interceptaciones de Phyllosticta citricarpa en frutos de Citrus limon (L.) N. Burm.f. y Citrus sinensis (L.) Osbeck originarios de Argentina. Este número de incumplimientos sin precedentes pone en duda la fiabilidad del sistema argentino de certificación de las exportaciones.

(3)

Como consecuencia de ello, se adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1199 de la Comisión (3), por el que se prohibía la introducción en el territorio de la Unión de Citrus limon (L.) N. Burm.f. y Citrus sinensis (L.) Osbeck originarios de Argentina hasta el 30 de abril de 2021.

(4)

Durante una auditoría que se llevó a cabo en febrero de 2021, Argentina facilitó a la Comisión información detallada sobre las razones del fracaso de su sistema de certificación de exportación de cítricos en el período de exportación de 2020 y acerca de las medidas que había adoptado para reforzarlo en el período de cultivo y de exportación de 2021.

(5)

Dado que Argentina ha tomado medidas para reforzar su sistema, de las que informó con ocasión de la auditoría, no debe prorrogarse la prohibición temporal de introducir en el territorio de la Unión Citrus limon (L.) N. Burm.f. y Citrus sinensis (L.) Osbeck originarios de Argentina. Al mismo tiempo, puesto que Argentina aún no ha aplicado plenamente todas estas medidas a lo largo del período de cultivo y de exportación y es probable que las medidas se revisen en períodos futuros, aún no puede evaluarse plenamente el riesgo de introducción en el territorio de la Unión de Phyllosticta citricarpa a partir de frutos especificados originarios de Argentina. Por consiguiente, deben establecerse medidas detalladas y basadas en el riesgo para la introducción en el territorio de la Unión de los frutos especificados originarios de Argentina.

(6)

Tales medidas deben consistir en exigir el registro de las parcelas de producción y de sus unidades de producción en Argentina en las que se produzcan los frutos especificados, en la asignación de códigos de identificación únicos («códigos de trazabilidad») a esas parcelas y unidades de producción, en inspecciones oficiales para confirmar la ausencia de Phyllosticta citricarpa en esas parcelas y unidades de producción, en procedimientos de muestreo intensificados y en la comunicación previa de la lista de parcelas de producción autorizadas con sus unidades de producción autorizadas para garantizar la trazabilidad.

(7)

Dichas medidas también deben tener en cuenta los resultados de los controles oficiales que se hayan efectuado a los envíos en los puntos de entrada en la Unión, durante el período de exportación del año correspondiente, y solo deben permitir la introducción en el territorio de la Unión de los frutos especificados cuando sean originarios de unidades de producción en las que no se haya detectado Phyllosticta citricarpa en dichos controles oficiales. Esta medida debe estar en consonancia con la práctica establecida de Argentina, que ha informado oficialmente a la Comisión de que suspende cualquier unidad de producción en la que se confirme la presencia de Phyllosticta citricarpa en los frutos especificados a raíz de controles efectuados en los puntos de entrada en la Unión.

(8)

Tales medidas también deben tomar en consideración los resultados de las investigaciones que lleve a cabo Argentina en las unidades de producción autorizadas que pertenezcan a la misma parcela de producción que la unidad de producción en la que se haya confirmado la presencia de Phyllosticta citricarpa durante las inspecciones que realice Argentina en las instalaciones de envasado, antes de la exportación, y durante los controles oficiales a los envíos que se efectúen en los puntos de entrada en la Unión. La introducción en el territorio de la Unión de los frutos especificados originarios de esas unidades de producción solo debe permitirse una vez finalizadas tales investigaciones y que no se haya detectado la presencia de Phyllosticta citricarpa. Estas medidas deben ajustarse a la práctica establecida de Argentina, que ha informado oficialmente a la Comisión de que, por un lado, suspende, como medida preventiva, las exportaciones a la Unión de los frutos especificados procedentes de unidades de producción que pertenezcan a la misma parcela de producción que la unidad de producción en la que se haya confirmado la presencia de Phyllosticta citricarpa en los frutos especificados con arreglo a las inspecciones que se hayan efectuado en las instalaciones de envasado, antes de la exportación, y a los controles oficiales que se hayan efectuado en los puntos de producción y, por otro, realiza investigaciones en dichas unidades de producción y solo permite que se reanuden las exportaciones cuando se haya confirmado la ausencia de este organismo.

(9)

Las medidas también deben tener en cuenta los resultados de las inspecciones que se hayan llevado a cabo en Argentina y los resultados de los controles oficiales efectuados a los envíos en los puntos de entrada en la Unión durante el período de cultivo y exportación anterior y permitir la introducción en el territorio de la Unión de los frutos especificados originarios de unidades de producción en las que no se haya detectado Phyllosticta citricarpa durante el citado período de cultivo y exportación anterior. Se prevé que estas medidas sean eficaces, ya que Argentina ha informado oficialmente a la Comisión de que suspende una unidad de producción cuando, durante el período de cultivo y exportación anterior, se haya confirmado la presencia de Phyllosticta citricarpa en los frutos especificados procedentes de este país a raíz de los controles efectuados en los puntos de entrada en la Unión.

(10)

A fin de identificar la fuente de los frutos especificados infectados, los Estados miembros deben facilitar el código de trazabilidad de la unidad de producción cuando notifiquen los incumplimientos respectivos.

(11)

Para que las autoridades competentes y los operadores profesionales argentinos puedan adaptarse a los nuevos requisitos, la presente Decisión debe aplicarse a partir del 1 de mayo de 2021.

(12)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

a)

el artículo 5 bis se modifica como sigue:

b)

se inserta el artículo 5 ter siguiente:

c)

en el artículo 6, se añade el apartado 4 siguiente:

d)

en el artículo 19, se añade el párrafo siguiente:

«En caso de que los frutos especificados originarios de Argentina no cumplan lo dispuesto en el artículo 5 ter, los Estados miembros indicarán, en la notificación de los incumplimientos, el código de trazabilidad de la unidad de producción respectiva al que se hace referencia en el artículo 5 ter, apartado 1, letra b).».

(1)

La Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación («Agencia») se estableció mediante la Decisión C(2013)9048 de la Comisión con vistas a la realización de tareas vinculadas a la ejecución de programas de la Unión en los ámbitos de la investigación en las fronteras del conocimiento, especialmente por lo que se refiere a la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto general de la Unión (4)

(2)

En el ámbito de su funcionamiento administrativo y operativo, la Agencia está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas y procedimientos predisciplinarios, disciplinarios y de suspensión, de conformidad con el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, establecidos en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo («Estatuto de los funcionarios») (5), y con las disposiciones generales de aplicación relativas a la realización de investigaciones administrativas y procedimientos disciplinarios. Si es necesario, la Agencia puede llevar a cabo actividades preliminares relacionadas con casos de posibles fraudes e irregularidades y puede notificar casos a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

(3)

Los miembros del personal de la Agencia están obligados a informar y evaluar alegaciones sobre actividades potencialmente ilegales, incluidos el fraude y la corrupción y la falta de deontología científica, que vayan en detrimento de los intereses de la Unión. Los miembros del personal también están obligados a comunicar las actuaciones relativas al cumplimiento de las obligaciones profesionales que puedan constituir un incumplimiento grave de las obligaciones de los funcionarios de la Unión. Esto se regula mediante normas internas o políticas en materia de denuncia de irregularidades.

(4)

La Agencia ha instaurado una política para evitar y gestionar de manera eficaz los casos existentes o potenciales de acoso psicológico o sexual en el puesto de trabajo, como se dispone en las medidas de ejecución del Estatuto de los funcionarios, que establecen un procedimiento informal por el que la presunta víctima del acoso puede ponerse en contacto con los consejeros «confidenciales» de la Agencia.

(5)

La Agencia también puede llevar a cabo investigaciones internas de la seguridad (informática) y sobre posibles violaciones de las normas sobre la seguridad de la información clasificada de la UE («ICUE»).

(6)

La Agencia está sujeta a auditorías internas y externas relativas a sus actividades, incluidas las realizadas por los Servicios de Auditoría Interna de la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo.

(7)

La Agencia puede gestionar solicitudes de la Fiscalía Europea y solicitudes de acceso a las fichas médicas de los miembros del personal de la Agencia y llevar a cabo investigaciones a través del delegado de protección de datos, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 45, apartado 2, del Reglamento.

(8)

En el contexto de tales consultas, auditorías, investigaciones o solicitudes administrativas, la Agencia coopera con otras instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión.

(9)

La Agencia puede cooperar con las autoridades nacionales y organizaciones internacionales de terceros países, ya sea a petición suya o por propia iniciativa.

(10)

La Agencia también puede cooperar con las autoridades públicas de los Estados miembros de la UE, ya sea a petición suya o por propia iniciativa.

(11)

La Agencia puede ser objeto o recibir reclamaciones, alegaciones, procedimientos o investigaciones a través de denunciantes, de terceros o del Defensor del Pueblo Europeo.

(12)

La Agencia puede participar en los asuntos sometidos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando remite el asunto al Tribunal, defiende una decisión que ha adoptado y que ha sido recurrida ante el Tribunal, o interviene en asuntos relacionados con sus funciones. En este contexto, la Agencia puede tener que preservar el carácter confidencial de los datos personales contenidos en documentos obtenidos por las partes o por las partes coadyuvantes.

(13)

En el contexto de sus actividades, la Agencia trata varias categorías de datos personales, incluidos datos de identificación de personas físicas, información de contacto, funciones y tareas profesionales, información sobre la conducta y el rendimiento profesionales y privados y datos financieros, así como, en ciertos supuestos concretos, datos sensibles (por ejemplo, datos relativos a la salud). Los datos personales incluyen datos fácticos «objetivos» y datos de valoraciones «subjetivos».

A modo de ejemplos de los primeros cabe citar los datos de identificación, los datos de contacto, los datos profesionales, los detalles administrativos, los metadatos relacionados con las comunicaciones electrónicas y los datos de tráfico.

Los segundos son subjetivos e incluyen, en particular, la descripción y la valoración de situaciones y circunstancias, opiniones, observaciones relacionadas con los interesados, la evaluación de la conducta y el rendimiento de estos y el razonamiento subyacente a las decisiones particulares relacionadas con o presentadas con respecto al objeto del procedimiento o la actividad llevados a cabo por la Agencia, en consonancia con el marco jurídico aplicable.

Las evaluaciones, las observaciones y las opiniones se consideran datos personales en el sentido del artículo 3, apartado 1, del Reglamento.

(14)

Con arreglo al Reglamento, la Agencia está, por tanto, obligada a facilitar información a los interesados sobre dichas actividades de tratamiento y a respetar sus derechos como interesados.

(15)

La Agencia tiene el compromiso de respetar, en la medida de lo posible, los derechos fundamentales de los interesados, en particular el derecho a la comunicación de información, el acceso y la rectificación, el derecho a la supresión, la limitación del tratamiento, el derecho a la comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado o la confidencialidad de las comunicaciones, de conformidad con el Reglamento. Sin embargo, la Agencia también podría verse obligada a limitar los derechos y obligaciones del interesado con el fin de proteger sus actividades y los derechos y libertades fundamentales de otras personas.

(16)

Por lo tanto, el artículo 25, apartados 1 y 5, del Reglamento brinda a la Agencia la posibilidad de limitar, en concurrencia de determinadas condiciones, la aplicación de los artículos 14 a 22, 35 y 36, así como el artículo 4 del Reglamento, en la medida en que sus disposiciones se corresponden con los derechos y obligaciones dispuestos en los artículos 14 a 20; para ello se basará en normas internas que se habrán de adoptar al más alto nivel de dirección de la Agencia y estarán sujetas a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea si no se basan en actos jurídicos adoptados con arreglo a los Tratados.

(17)

Las limitaciones pueden resultar de aplicación a diferentes derechos de los interesados, incluido el suministro de información a los interesados y los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado o confidencialidad de la comunicación consagrados en el Reglamento.

(18)

La Agencia puede verse obligada a conciliar esos derechos con los objetivos de las investigaciones administrativas, las auditorías, las investigaciones y los procedimientos judiciales. También puede ser necesario equilibrar los derechos de un interesado frente a los derechos y libertades fundamentales de otros interesados.

(19)

La Agencia puede, por ejemplo, limitar la información que proporciona a un interesado sobre el tratamiento de sus datos personales durante la fase de evaluación preliminar de una investigación administrativa o durante la propia investigación, antes de la posible desestimación del asunto o en la fase predisciplinaria. En determinadas circunstancias, facilitar dicha información puede afectar gravemente a la capacidad de la Agencia para llevar a cabo la investigación de manera eficaz, por ejemplo, cuando exista el riesgo de que la persona afectada pueda destruir pruebas o interferir con posibles testigos antes de su declaración. La Agencia también puede tener que proteger los derechos y libertades de los testigos, así como los de otras personas implicadas.

(20)

Puede ser necesario que la Agencia proteja el anonimato de aquellos testigos, informadores o denunciantes que hayan solicitado no ser identificados. En tal caso, la Agencia puede decidir limitar el acceso a la identidad, las declaraciones y otros datos personales de esas personas o del sospechoso, a fin de proteger sus derechos y libertades.

(21)

Puede ser necesario que la Agencia proteja la información confidencial relativa a un miembro del personal que se haya puesto en contacto con asesores confidenciales de la Agencia en el contexto de un procedimiento por acoso. En tales casos, la Agencia puede tener que limitar el acceso a la identidad, las declaraciones y otros datos personales de la presunta víctima, el presunto acosador y otras personas implicadas, con el fin de proteger los derechos y libertades de todas las personas afectadas.

(22)

En relación con los procedimientos de selección y contratación, evaluación del personal y contratación pública, los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación solo se podrán ejercer en determinados momentos y bajo ciertas condiciones, según lo dispuesto en cada procedimiento, con el fin de proteger los derechos de otros interesados y respetar el principio de igualdad de trato y el secreto de las deliberaciones.

(23)

La Agencia puede limitar asimismo el acceso de los interesados a sus datos médicos, por ejemplo, de naturaleza psicológica o psiquiátrica, debido a su carácter potencialmente sensible, y el servicio médico de la Comisión podría optar por conceder a los interesados solo un acceso indirecto a través de su propio profesional sanitario. El interesado puede ejercer el derecho de rectificación de evaluaciones u opiniones del servicio médico de la Comisión presentando sus comentarios o un informe de un profesional sanitario de su elección.

(24)

La Agencia, representada por su director, actúa como responsable del tratamiento de datos, con independencia de las posteriores delegaciones de esta función dentro de la propia Agencia al objeto de reflejar las diversas responsabilidades operativas por las tareas específicas de tratamiento de datos personales en responsables delegados competentes.

(25)

Los datos personales se almacenan de forma segura en un entorno electrónico conforme a la Decisión (UE, Euratom) 2017/46 de la Comisión (6), sobre la seguridad de los sistemas de información y comunicación de la Comisión Europea o en papel, evitando el acceso ilícito o la transferencia de datos a personas que no tengan por qué conocerlos. Los datos personales tratados no se retienen durante un tiempo superior al necesario y al adecuado para los fines para los que estos se hayan tratado durante el período especificado en los avisos de protección de datos y los registros de la Agencia.

(26)

La Agencia aplicará limitaciones solo cuando estas respeten la esencia de los derechos y libertades fundamentales, sean estrictamente necesarias y constituyan una medida proporcionada en una sociedad democrática. La Agencia ofrecerá razones para explicar la justificación de dichas limitaciones e informará en consecuencia a los interesados sobre ellas y sobre su derecho a presentar una reclamación ante el SEPD, según lo dispuesto en el artículo 25, apartado 6, del Reglamento.

(27)

En aplicación del principio de responsabilidad, la Agencia debe llevar un registro de las limitaciones impuestas.

(28)

Al tratar los datos personales intercambiados con otras organizaciones en el marco de sus funciones, tanto la Agencia como dichas organizaciones se consultarán mutuamente sobre los posibles motivos de imposición de limitaciones, así como sobre la necesidad y proporcionalidad de estas, a menos que ello ponga en peligro las actividades de la Agencia.

(29)

Así, estas normas internas se aplicarán a todas las actividades de tratamiento llevadas a cabo por la Agencia que afecten a datos personales en la ejecución de investigaciones administrativas, procedimientos disciplinarios, actividades preliminares relacionadas con casos de posibles irregularidades comunicadas a la OLAF, investigaciones de la Fiscalía Europea, procedimientos de denuncia de irregularidades, procedimientos (formales e informales) por casos de acoso, tramitación de reclamaciones internas y externas, solicitudes de acceso o rectificación de las fichas médicas propias, las investigaciones llevadas a cabo por el delegado de protección de datos en consonancia con el artículo 45, apartado 2, del Reglamento, investigaciones de seguridad (informática) gestionadas internamente o con participación externa (por ejemplo, Equipo de respuesta a emergencias informáticas de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea, CERT-UE), auditorías, procedimientos ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea o autoridades públicas nacionales, procedimientos de selección y contratación, evaluación del personal y contratación pública, según se enumera en lo que antecede.

(30)

Estas normas internas se aplicarán a las actividades de tratamiento de datos llevadas a cabo antes del inicio de los procedimientos citados previamente, durante estos y durante la supervisión del seguimiento de los resultados de dichos procedimientos. También se deben incluir la asistencia y la cooperación prestadas por la Agencia a otras instituciones de la UE, a las autoridades nacionales y las organizaciones internacionales al margen de sus investigaciones administrativas.

(31)

De conformidad con el artículo 25, apartado 8, del Reglamento, la Agencia podrá aplazar, omitir o denegar la comunicación de la información que justifica la limitación al interesado si dicha comunicación dejase sin efecto la limitación impuesta. La Agencia evaluará caso por caso si la comunicación de la limitación la deja sin efecto.

(32)

La Agencia levantará la limitación tan pronto como las condiciones que la justifiquen ya no sean aplicables y evaluará dichas condiciones de forma periódica.

(33)

Para garantizar la máxima protección de los derechos y libertades de los interesados y de conformidad con el artículo 44, apartado 1, del Reglamento, deberá consultarse al delegado de protección de datos de la Agencia a su debido tiempo antes de aplicar o revisar cualquier limitación, y verificar su conformidad con la presente Decisión.

(34)

El artículo 16, apartado 5, y el artículo 17, apartado 4, del Reglamento prevén excepciones al derecho a la información y al derecho de acceso de los interesados. Si se aplican estas excepciones, la Agencia no necesita aplicar una limitación con arreglo a la presente Decisión.