(1)

El artículo 25 quinquies del Reglamento (UE) n.o 648/2012 exige que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) cobre a las entidades de contrapartida central (ECC) de terceros países tasas vinculadas a las solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 25 de dicho Reglamento y tasas anuales vinculadas al desempeño de las funciones que el mismo Reglamento atribuye a la AEVM en relación con las ECC de terceros países reconocidas. El artículo 25 quinquies, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 648/2012 exige que esas tasas guarden proporción con el volumen de negocios de la ECC de que se trate y cubran todos los gastos soportados por la AEVM por el reconocimiento y el desempeño de sus funciones en relación con las ECC de terceros países de conformidad con dicho Reglamento.

(2)

Las tasas vinculadas a las solicitudes de reconocimiento («tasas de reconocimiento») que se cobren a las ECC de terceros países deben cubrir los costes que ocasione a la AEVM la tramitación de esas solicitudes, incluidos los costes de verificar que las solicitudes estén completas, solicitar información adicional y redactar las decisiones, así como los costes relacionados con la evaluación de la importancia sistémica de las ECC de terceros países («clasificación en niveles»). En el caso de las ECC que tengan o puedan adquirir importancia sistémica para la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros y que sean reconocidas por la AEVM de conformidad con el artículo 25, apartado 2 ter, del Reglamento (UE) n.o 648/2012 («ECC de nivel 2»), la AEVM debe soportar costes adicionales. La AEVM soporta estos costes adicionales al evaluar el cumplimiento de las condiciones de reconocimiento establecidas en el artículo 25, apartado 2 ter, del Reglamento (UE) n.o 648/2012 y al evaluar si se puede considerar que la ECC, por cumplir con el marco jurídico aplicable en el tercer país, satisface los requisitos establecidos en el artículo 16 y en los títulos IV y V del Reglamento (UE) n.o 648/2012 («equiparabilidad del cumplimiento»). Los costes vinculados a las solicitudes presentadas por las ECC de nivel 2 serán, por lo tanto, superiores a los vinculados a las solicitudes presentadas por ECC de terceros países que no se consideren de importancia sistémica o susceptibles de adquirir importancia sistémica para la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros («ECC de nivel 1»).

(3)

Si bien resulta oportuno cobrar una tasa básica de reconocimiento a todas las ECC de terceros países que soliciten el reconocimiento con arreglo al artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 648/2012, debe cobrarse una tasa adicional a las ECC de nivel 2 para cubrir los costes adicionales soportados por la AEVM en el marco del proceso de solicitud. La tasa adicional de reconocimiento también debe cobrarse a las ECC ya reconocidas la primera vez que la AEVM determine que deben clasificarse como ECC de nivel 2 tras la revisión de su importancia sistémica de conformidad con el artículo 25, apartado 5, o el artículo 89, apartado 3 quater, del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(4)

Asimismo, deben cobrarse a las ECC de terceros países reconocidas tasas anuales para cubrir los costes de la AEVM por el desempeño de las funciones que le atribuye el Reglamento (UE) n.o 648/2012 en relación con dichas ECC. Tanto en el caso de las ECC de nivel 1 como en el de las de nivel 2, dichas funciones incluyen la revisión periódica de la importancia sistémica de las ECC, de conformidad con el artículo 25, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, el establecimiento y mantenimiento de acuerdos de cooperación con las autoridades de terceros países y el seguimiento de la evolución en materia de regulación y supervisión en terceros países. En el caso de las ECC de nivel 2, la AEVM también tiene la obligación de supervisar de forma permanente el cumplimiento, por dichas ECC, de los requisitos establecidos en el artículo 16 y los títulos IV y V del Reglamento (UE) n.o 648/2012, en su caso, a través de la equiparabilidad del cumplimiento, cuando esta se conceda. Procede, por tanto, aplicar tasas anuales diferentes a las ECC de nivel 1 y de nivel 2.

(5)

Las tasas de reconocimiento y anuales establecidas en el presente Reglamento deben cubrir los costes que la AEVM prevea soportar al tramitar las solicitudes de reconocimiento sobre la base de su experiencia en el desempeño de funciones en relación con ECC de terceros países y otras entidades supervisadas, así como sobre la base de los costes previstos de la AEVM que figuren en su presupuesto por actividades.

(6)

Las funciones que desempeñará la AEVM en virtud del Reglamento (UE) n.o 648/2012 en relación con las ECC de nivel 1 reconocidas serán en gran medida idénticas para todas las ECC de nivel 1, independientemente de su tamaño. Conviene, por tanto, que los costes soportados por la AEVM en relación con las ECC de nivel 1 reconocidas se sufraguen mediante el cobro de una tasa anual del mismo importe a cada ECC de nivel 1 reconocida. En lo que se refiere a las ECC de nivel 2 reconocidas, y a fin de garantizar una distribución justa de las tasas, que, al mismo tiempo, refleje el esfuerzo administrativo real exigido a la AEVM por el desempeño de sus funciones con respecto a cada ECC de nivel 2, las tasas anuales deben también tener en cuenta el volumen de negocios de la ECC de nivel 2.

(7)

Las tasas anuales que se cobren a las ECC de terceros países por el primer año en que se reconozcan con arreglo al artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 deben ser proporcionales a la parte de ese año durante la cual la AEVM lleve a cabo las funciones que le atribuye dicho Reglamento en relación con tales ECC. Debe aplicarse el mismo principio al año durante el cual una ECC reconocida como de nivel 1 se clasifique por primera vez como ECC de nivel 2 en virtud del artículo 25, apartado 5, de dicho Reglamento.

(8)

A fin de velar por que los costes soportados por la AEVM en relación con las solicitudes de reconocimiento presentadas con arreglo al artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 se financien a su debido tiempo, las tasas de reconocimiento deben abonarse a la AEVM antes de que se tramiten las solicitudes de reconocimiento o de que se evalúe si las ECC de nivel 2 cumplen los requisitos de reconocimiento establecidos en el artículo 25, apartado 2 ter, del Reglamento (UE) n.o 648/2012. Con objeto de garantizar que los costes soportados por la AEVM en el desempeño de sus funciones en relación con las ECC de terceros países reconocidas se financien a su debido tiempo, las tasas anuales deben abonarse al comienzo del año natural al que correspondan. Las tasas anuales del primer año de reconocimiento deben abonarse poco después de la adopción de la decisión de reconocimiento.

(9)

A fin de desalentar las solicitudes repetidas o infundadas, las tasas de reconocimiento no deben reembolsarse si un solicitante retira su solicitud. Dado que la labor administrativa que se requiere en el caso de una solicitud de reconocimiento denegada es la misma que en el caso de una solicitud aceptada, las tasas de reconocimiento no deben reembolsarse si se deniega el reconocimiento.

(10)

Todos los costes soportados por la AEVM tras la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2019/2099 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) en relación con ECC de terceros países que ya hayan sido reconocidas de conformidad con el artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 antes del 22 de septiembre de 2020 deben cubrirse mediante el cobro de tasas. Por tanto, debe exigirse a tales ECC de terceros países que abonen una tasa anual provisional por el año 2020 y cada uno de los años siguientes, hasta que se haya llevado a cabo la revisión de su importancia sistémica con arreglo al artículo 89, apartado 3 quater, del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(11)

El presente Reglamento Delegado debe entrar en vigor con carácter de urgencia, a fin de garantizar la adecuada y oportuna financiación de la AEVM tras la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2019/2099.

(1)

A la hora de evaluar el grado de riesgo sistémico que una ECC de un tercer país representa para la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros, la AEVM debe plantearse una serie de consideraciones objetivas cuantitativas y cualitativas que justifiquen su decisión de reconocer a una ECC de un tercer país como ECC de nivel 1 o como ECC de nivel 2. También debe tener en cuenta las condiciones en las que la Comisión puede haber adoptado su decisión de equivalencia. En particular, al evaluar el perfil de riesgo de una ECC de un tercer país, la AEVM tiene que considerar indicadores de actividad cuantitativos objetivos y transparentes en relación con las actividades realizadas con respecto a participantes compensadores establecidos en la Unión o denominadas en monedas de la Unión, en el momento de la evaluación. Aunque la AEVM debe considerar la actividad realizada por la ECC de forma holística, su evaluación debe reflejar el riesgo que una ECC concreta pueda suponer para la estabilidad financiera de la Unión.

(2)

Al especificar los criterios que la AEVM tiene que tener en cuenta al determinar el nivel de una ECC de un tercer país, debe considerarse la naturaleza de las operaciones compensadas por la ECC, incluyendo su complejidad, perfil de riesgo y vencimiento medio, así como la transparencia y liquidez de los mercados afectados y el grado en el que las actividades de compensación de la ECC se denominan en euros o en otras monedas de la Unión. En este contexto, las características específicas de determinados productos, como los productos agrícolas, cotizados y contratados en mercados regulados de terceros países, que están relacionados con mercados que prestan servicio en gran medida a contrapartes nacionales no financieras en dicho tercer país, las cuales gestionan sus riesgos comerciales mediante esos contratos, pueden suponer un riesgo insignificante para los miembros compensadores y las plataformas de negociación en la Unión puesto que su interconexión sistémica con el resto del sistema financiero es escasa.

(3)

Los países en los que opera la ECC, el alcance de los servicios que presta, las características de los instrumentos financieros que compensa, así como los volúmenes compensados son indicadores objetivos de la complejidad de la actividad de la ECC. A la hora de tener en cuenta el criterio establecido en el artículo 25, apartado 2 bis, letra a), del Reglamento (UE) n.o 648/2012, la AEVM debe considerar, por lo tanto, la estructura de propiedad, comercial y corporativa de la ECC, así como el alcance, la naturaleza y la complejidad de los servicios de compensación ofrecidos por la ECC y la medida en la que dichos servicios revisten importancia para los miembros compensadores y los clientes («participantes compensadores») establecidos en la Unión. Aunque la importancia sistémica de una ECC debe ser evaluada de manera holística, la AEVM debe tener en cuenta específicamente la proporción de la actividad de la ECC llevada a cabo en monedas de la Unión, así como la proporción de la actividad de la ECC que se deriva de participantes compensadores establecidos en la Unión. En el caso de una ECC con mayores posibilidades de tener importancia sistémica para la Unión, es importante que la AEVM evalúe la estructura y la propiedad del grupo del que la ECC pueda formar parte con el fin de determinar si los intereses de la Unión están en peligro. Además, la profundidad, liquidez y transparencia de los mercados atendidos por dicha ECC debe evaluarse también para que la AEVM pueda comprender mejor el riesgo que entraña para los miembros compensadores establecidos en la Unión la celebración de una subasta para la gestión del incumplimiento.

(4)

El capital de la ECC y los recursos financieros comprometidos por los participantes compensadores, así como el tipo y la naturaleza de las garantías reales que aporten, son elementos esenciales que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la capacidad de una ECC de resistir cualquier acontecimiento adverso. Por lo tanto, a la hora de tener en cuenta el criterio establecido en el artículo 25, apartado 2 bis, letra b), del Reglamento (UE) n.o 648/2012, la AEVM debe tener una visión general de los recursos financieros de que dispone la ECC en caso de evento de incumplimiento o de no incumplimiento. La AEVM también debe tener en cuenta la naturaleza garantizada, no garantizada, comprometida, no comprometida, financiada o no financiada de estos recursos, así como los medios utilizados por la ECC para proporcionar seguridad jurídica y confianza en lo que respecta a la liquidación de los pagos que realiza y a las garantías reales que tiene que gestionar. Por último, la AEVM debe considerar la existencia, la naturaleza y el efecto de un marco de recuperación y resolución para las ECC en el país o territorio en que opere la ECC que solicite el reconocimiento. Dichos marcos de recuperación y resolución deben evaluarse a la luz de las orientaciones y los atributos fundamentales acordados a escala internacional. Al considerar el riesgo de liquidación y de liquidez, la AEVM debe prestar especial atención, en el caso de aquellas ECC con posibilidades de ser sistémicas, al nivel de seguridad del acceso a la liquidez de dichas ECC, así como a las tensiones de liquidez que puedan afectar a las monedas de la Unión. Aunque pueda reforzarse la seguridad de los pagos y liquidaciones mediante el uso de tecnología de registro distribuido u otras tecnologías recientes, la AEVM debe prestar atención al riesgo adicional que pueda suponer para la ECC, en particular al riesgo cibernético.

(5)

La naturaleza de las condiciones impuestas por una ECC con el fin de que los participantes compensadores accedan a sus servicios y las interconexiones entre dichos participantes inciden en el modo en que una ECC puede verse afectada por un acontecimiento adverso en relación con dichos participantes. Así pues, a la hora de tener en cuenta el criterio establecido en el artículo 25, apartado 2 bis, letra c), del Reglamento (UE) n.o 648/2012, la AEVM debe determinar en la medida de lo posible la identidad de los participantes compensadores de la ECC, en particular cuando la ECC preste servicios a participantes compensadores establecidos en la Unión. La AEVM debe determinar también la cuota de mercado pertinente o la importancia relativa de los participantes compensadores o de los grupos de participantes compensadores de dicha ECC. En la medida en que sea necesario para evaluar el impacto que puedan tener en la estructura de miembros compensadores, la AEVM debe evaluar las condiciones en las cuales la ECC facilita el acceso a sus servicios de compensación y las opciones que ofrece. En relación con una ECC con posibilidades de ser sistémica para la Unión, la AEVM debe evaluar si los requisitos legales y prudenciales que la ECC impone a sus miembros compensadores son suficientemente rigurosos.

(6)

En caso de perturbación de una ECC, los participantes compensadores pueden tener que recurrir, directa o indirectamente, a la prestación de servicios similares o idénticos por parte de otras ECC. Con el fin de evaluar la importancia relativa de la ECC que solicita el reconocimiento, a la hora de tener en cuenta el criterio establecido en el artículo 25, apartado 2 bis, letra d), del Reglamento (UE) n.o 648/2012, la AEVM debe determinar, por tanto, si los participantes compensadores pueden reemplazar algunos o todos los servicios prestados por dicha ECC por servicios prestados por otras ECC, en particular cuando dichas ECC alternativas estén autorizadas o reconocidas en la Unión. Cuando los miembros compensadores y los clientes establecidos en la Unión solo puedan compensar determinados productos sujetos a la obligación de compensación en una ECC de un tercer país, la AEVM debe considerar con extremada atención la importancia sistémica de dicha ECC.

(7)

Las ECC pueden estar conectadas de muchas formas a otras infraestructuras financieras, como otras ECC o depositarios centrales de valores. Una perturbación en dichas conexiones puede afectar negativamente al buen funcionamiento de la ECC. Por consiguiente, a la hora de tener en cuenta el criterio establecido en el artículo 25, apartado 2 bis, letra e), del Reglamento (UE) n.o 648/2012, la AEVM debe evaluar en qué medida la ECC está vinculada a otras infraestructuras de los mercados financieros o entidades financieras de forma que pueda afectar a la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros. Al hacerlo, la AEVM debe prestar especial atención a dichas conexiones e interdependencias con entidades situadas en la Unión. Por último, la AEVM debe determinar y evaluar la naturaleza de los servicios externalizados por la ECC y el riesgo que tales acuerdos puedan plantear para la ECC en caso de que hubieran de interrumpirse o se vieran obstaculizados de alguna forma.

(8)

Cuando se determine usando indicadores cuantitativos objetivos que la exposición de los miembros compensadores y de los clientes establecidos en la Unión a una ECC es significativa, la AEVM debe evaluar elementos adicionales para cada criterio. Cuanto mayor sea el número de dichos indicadores a los que se ajuste la ECC, mayor será la probabilidad de que la AEVM concluya que dicha ECC tiene importancia sistémica para la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros.

(9)

El presente Reglamento Delegado debe entrar en vigor con carácter urgente a fin de garantizar la máxima rapidez en la aplicación del Reglamento (UE) 2019/2099 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

(1)

De acuerdo con el artículo 25 bis del Reglamento (UE) n.o 648/2012, una entidad de contrapartida central (ECC) que tenga o pueda adquirir importancia sistémica para la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros (ECC de nivel 2) puede solicitar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) que evalúe si, por cumplir el marco aplicable del tercer país, se puede considerar que dicha ECC satisface los requisitos establecidos en el artículo 16 y en los títulos IV y V del mencionado Reglamento (equiparabilidad del cumplimiento), y que adopte la correspondiente decisión.

(2)

La equiparabilidad del cumplimiento preserva la estabilidad financiera de la Unión y asegura unas condiciones de competencia equitativas entre las ECC de nivel 2 y las ECC autorizadas en la Unión, al mismo tiempo que se reducen las cargas administrativas y normativas para las primeras. Por tanto, al evaluar la equiparabilidad del cumplimiento, debe verificarse si el cumplimiento del marco aplicable del tercer país por parte de la ECC de nivel 2 efectivamente satisface alguno de los requisitos o todos los requisitos del artículo 16 y de los títulos IV y V del Reglamento (UE) n.o 648/2012. En consecuencia, el presente Reglamento ha de indicar los elementos que debe valorar la AEVM al evaluar la solicitud de equiparabilidad del cumplimiento de una ECC de nivel 2. Al llevar a cabo esa evaluación, la AEVM también debe tener en cuenta el cumplimiento por parte de dicha ECC de cualquier otro requisito contenido en actos delegados o de ejecución en los que se precisen tales elementos, en particular los requisitos en materia de margen, control del riesgo de liquidez y activos de garantía.

(3)

En el momento de evaluar si el cumplimiento del marco aplicable del tercer país satisface los requisitos del artículo 16 y de los títulos IV y V del Reglamento (UE) n.o 648/2012, la AEVM también puede tener en cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado y por la Organización Internacional de Comisiones de Valores.

(4)

La AEVM ha de llevar a cabo una evaluación pormenorizada para determinar si concede a una ECC de nivel 2 la equiparabilidad del cumplimiento a efectos del título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012. Toda posible denegación de la equiparabilidad del cumplimiento con respecto a dicho título IV puede afectar a la evaluación de equivalencia que realiza la Comisión con arreglo al artículo 25, apartado 6, del mencionado Reglamento. Por consiguiente, la AEVM debe informar a la Comisión cuando tenga la intención de no conceder la equiparabilidad del cumplimiento con respecto a dicho título.

(5)

En el caso de que una ECC de nivel 2 haya suscrito un acuerdo de interoperabilidad con una ECC autorizada en virtud del artículo 14 del Reglamento (UE) n.o 648/2012, ese acuerdo constituye un vínculo directo con una ECC de la Unión, y, por ende, un canal de contagio directo. Respecto de tales acuerdos, la AEVM ha de llevar a cabo una evaluación pormenorizada para determinar si concede la equiparabilidad del cumplimiento a efectos del título V de dicho Reglamento. La existencia de un acuerdo de interoperabilidad entre una ECC de nivel 2 y otra ECC de un tercer país no constituye un vínculo directo con una ECC de la Unión, pero, en determinadas circunstancias, podría representar un canal de contagio indirecto. Respecto de tales acuerdos, la AEVM únicamente debe llevar a cabo una evaluación pormenorizada cuando así lo justifique la repercusión del acuerdo en la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros.

(6)

Dado que uno de los objetivos de la equiparabilidad del cumplimiento es reducir la carga administrativa y normativa para las ECC de nivel 2, no ha de denegarse su reconocimiento únicamente porque una ECC de nivel 2 aplique, en virtud del marco aplicable del tercer país, exenciones equiparables a las establecidas en el artículo 1, apartados 4 y 5, del Reglamento (UE) n.o 648/2012. Al evaluar la equiparabilidad del cumplimiento, debe tenerse en cuenta asimismo la medida en que su denegación pueda hacer que para la ECC de nivel 2 sea imposible cumplir simultáneamente los requisitos de la Unión y del tercer país.

(7)

La decisión de la AEVM sobre la concesión de la equiparabilidad del cumplimiento ha de basarse en la evaluación realizada en el momento de adoptar dicha decisión. A fin de que la AEVM pueda revaluar su decisión cuando se produzcan hechos importantes, en particular cambios en las normas y los procedimientos internos de la ECC, es preciso que la ECC de nivel 2 comunique a la AEVM cualquiera de esos hechos.

(8)

El Reglamento (UE) 2019/2099 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), que introdujo el artículo 25 bis en el Reglamento (UE) n.o 648/2012, empezó a aplicarse el 1 de enero de 2020. A fin de garantizar que ese artículo esté plenamente operativo, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter urgente.

(1)

El artículo 129, apartado 1, del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (2) (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada») establece que, durante el período transitorio, el Reino Unido quedará vinculado por las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión, por los Estados miembros que actúen en su nombre, o por la Unión y sus Estados miembros conjuntamente.

(2)

En el artículo 129, apartado 3, del Acuerdo de Retirada se establece que, de conformidad con el principio de cooperación leal, el Reino Unido debe abstenerse, durante el período transitorio, de cualquier acción o iniciativa que pueda ir en detrimento de los intereses de la Unión, en particular en el marco de cualquier organización, agencia, conferencia o foro internacionales en que el Reino Unido sea parte por derecho propio.

(3)

En virtud del artículo 129, apartado 4, del Acuerdo de Retirada, durante el período transitorio el Reino Unido puede negociar, firmar y ratificar acuerdos internacionales celebrados en nombre propio en los ámbitos de competencia exclusiva de la Unión, siempre que dichos acuerdos no entren en vigor o se apliquen durante el período transitorio, a menos que la Unión lo autorice.

(4)

En la Decisión (UE) 2020/135 se establecen las condiciones y el procedimiento para la concesión de dichas autorizaciones.

(5)

De conformidad con el artículo 3, apartado 1 de la Decisión (UE) 2020/135, el Consejo puede autorizar al Reino Unido a manifestar su consentimiento, en nombre propio, en obligarse por acuerdos internacionales que deban entrar en vigor o aplicarse, durante el período transitorio, en ámbitos de competencia exclusiva de la Unión.

(6)

El 3 de abril de 2020, el Reino Unido notificó a la Comisión su intención de manifestar su consentimiento, en nombre propio, en obligarse por cinco acuerdos internacionales —por los que se crean cinco organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP)— que deben aplicarse durante el período transitorio, en el ámbito de la competencia externa exclusiva de la Unión en materia de pesca. Dichos acuerdos son: el Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Nororiental (3), por el que se crea la Comisión de Pesquerías del Atlántico del Nordeste (CPANE); el Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Noroccidental (4), por el que se crea la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO); el Convenio Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (5), por el que se crea la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA); el Acuerdo para la creación de la Comisión del Atún para el Océano Índico (6) (CAOI); y el Convenio para la Conservación del Salmón en el Atlántico Norte (7), por el que se crea la Organización para la Conservación del Salmón del Atlántico Norte (NASCO).

(7)

El Reino Unido justifica su interés por adherirse a estos Acuerdos durante el período transitorio sobre la base de los artículos 63 y 64 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (8) (CNUDM) y los artículos 7 y 8 del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y de las poblaciones de peces altamente migratorios (9) (UNFSA), en particular las obligaciones de la Unión y del Reino Unido de cooperar a través de las organizaciones regionales apropiadas en la conservación y gestión de las poblaciones compartidas. El Reino Unido considera que ni él ni la Unión pueden dar pleno efecto a dichas obligaciones a menos que, durante el período transitorio, el Reino Unido pueda cooperar de manera independiente con la Unión y otros Estados pertinentes en temas que afecten al Reino Unido, como Estado ribereño independiente y Estado pesquero, después de que concluya el período transitorio. Por lo tanto, el Reino Unido desea participar durante el período transitorio en los debates sobre decisiones de gestión de la pesca que tengan efecto tras concluir el período transitorio.

(8)

Mediante carta de 3 de abril de 2020, el Reino Unido demostró un interés específico en que los acuerdos internacionales en cuestión se apliquen ya durante el período transitorio. Por lo tanto, se cumple la condición establecida en el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Decisión (UE) 2020/135.

(9)

Los cinco acuerdos internacionales en cuestión son compatibles con el Derecho de la Unión aplicable al Reino Unido y en este de conformidad con el artículo 127, apartado 1, del Acuerdo de Retirada, así como con las obligaciones a las que se refiere en su artículo 129, apartado 1. Por lo tanto, se cumple la condición establecida en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Decisión (UE) 2020/135.

(10)

El Reino Unido también confirmó que su adhesión a dichos acuerdos internacionales que establecen OROP no iría en detrimento de los intereses de la Unión. El Reino Unido solo tiene intención de participar en reuniones sobre cuestiones que vayan a tener efecto después de que concluya el período transitorio. En particular, la participación del Reino Unido en tales OROP, en nombre propio, durante el período transitorio, no hace peligrar la consecución de ningún objetivo de la acción exterior de la Unión en el ámbito de la política pesquera común ni va de ningún otro modo en detrimento de los intereses de la Unión. Por tanto, se cumple la condición establecida en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Decisión (UE) 2020/135.

(11)

Con arreglo al artículo 3, apartado 2, de la Decisión (UE) 2020/135, dicha autorización puede tener condiciones. La autorización debe concederse a condición de que el Reino Unido participe únicamente en reuniones sobre temas que deban aplicarse o tener efecto después de que concluya el período transitorio.

(12)

El Reino Unido está vinculado por las obligaciones derivadas de la CNUDM y del UNFSA y, por consiguiente, tiene que gestionar y conservar los recursos vivos marinos de manera sostenible. Estos objetivos están en consonancia con el objetivo de la Unión de garantizar la sostenibilidad y de asegurar la continuidad de una pesca responsable que garantice la conservación a largo plazo y la explotación sostenible de los recursos biológicos marinos.

(13)

Por tanto, de conformidad con el artículo 129, apartado 4, del Acuerdo de Retirada, durante el período transitorio el Reino Unido puede firmar y ratificar, en nombre propio, los cinco acuerdos internacionales en los que se sustentan las cinco OROP a las que pretende adherirse. Así se facilitaría y permitiría al Reino Unido dar pleno efecto a las obligaciones derivadas de la CNUDM, especialmente de sus artículos 63 y 64, en el momento en que concluya el período transitorio y deje de aplicársele el Derecho de la Unión.

(14)

Por consiguiente, debe autorizarse al Reino Unido a manifestar su consentimiento, en nombre propio, en obligarse por los acuerdos internacionales destinados a ser aplicados durante el período transitorio.

(15)

Para garantizar el buen funcionamiento de la política pesquera común de la Unión durante el período transitorio, el Reino Unido no debe participar en temas que se apliquen o tengan efecto durante el período transitorio. Por otra parte, para no perjudicar las negociaciones en curso sobre pesca en el contexto del futuro acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Reino Unido, en particular en lo que se refiere a las posibilidades de pesca para las que la cuota de la Unión actualmente incluye la parte del Reino Unido, el Reino Unido debe iniciar consultas con la Unión antes de debatir sobre dicha cuota.

(1)

El marco de Basilea III introdujo una ratio de apalancamiento no basada en el riesgo, sencilla y transparente, que complementara de manera creíble los requisitos de capital basados en el riesgo. Según la norma sobre la ratio de apalancamiento que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) publicó en diciembre de 2017 (en lo sucesivo, «norma sobre la ratio de apalancamiento del CSBB»), a fin de facilitar la aplicación de las políticas monetarias, un país puede optar por excluir temporalmente las reservas de los bancos centrales de la medida de la exposición de la ratio de apalancamiento en circunstancias macroeconómicas excepcionales.

(2)

La norma sobre la ratio de apalancamiento del CSBB se incorporó por vez primera a la legislación de la Unión por medio del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Su artículo 430 exige a las entidades que presenten a las autoridades competentes información sobre la ratio de apalancamiento y sus componentes, mientras que el artículo 451 del mismo reglamento las obliga a publicar cierta información sobre su ratio de apalancamiento y su gestión del riesgo de apalancamiento excesivo.

(3)

El Reglamento (UE) n.o 575/2013 fue modificado por el Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) con el fin, entre otros, de incorporar las modificaciones hechas a la norma sobre la ratio de apalancamiento del CSBB para garantizar la igualdad de trato a nivel internacional de las entidades que, estando establecidas en la Unión, operaban fuera de ella, y para garantizar que la ratio de apalancamiento siguiera siendo un complemento eficaz de los requisitos de fondos propios basados en el riesgo. El Reglamento (UE) 2019/876 introdujo un requisito de ratio de apalancamiento que complementa el sistema de comunicación y divulgación de la ratio de apalancamiento, e introdujo también la posibilidad de excluir temporalmente ciertas exposiciones frente a los bancos centrales del cálculo de la medida de la exposición total de las entidades en circunstancias macroeconómicas excepcionales y para facilitar la aplicación de la política monetaria. Estas modificaciones del marco de la ratio de apalancamiento, incluida la facultad discrecional de excluir ciertas exposiciones frente a los bancos centrales de la medida de la exposición total, serán aplicables a partir del 28 de junio de 2021.

(4)

El Reglamento (UE) n.o 575/2013 fue modificado nuevamente por el Reglamento (UE) 2020/873 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) con el fin, entre otros, de permitir la exclusión temporal de ciertas exposiciones frente a los bancos centrales del cálculo de la medida de la exposición total de las entidades antes del 28 de junio de 2021, es decir, antes de que sean aplicables las modificaciones del requisito de ratio de apalancamiento introducidas por el Reglamento (UE) 2019/876. Concretamente, el artículo 500 ter del Reglamento (UE) n.o 575/2013 permite a las entidades excluir ciertas exposiciones frente a su banco central de la medida de la exposición total, cuando las autoridades competentes determinen, previa consulta con el banco central pertinente, y declaren públicamente, que se dan circunstancias excepcionales que justifican la exclusión a fin de facilitar la aplicación de la política monetaria. El artículo 500 ter del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se aplica desde el 27 de junio de 2020.

(5)

Aunque los mercados financieros se han estabilizado desde abril de 2020, las condiciones de la financiación en la zona del euro son más restrictivas que al principio del año por el mayor rendimiento de la renta fija y la bajada de los precios de las acciones. Tanto la situación provocada por la pandemia de COVID-19 y la consiguiente y continua necesidad de un alto grado de acomodación monetaria, como la fragilidad y las vulnerabilidades de las economías de la zona del euro y del canal de transmisión bancario de la política monetaria, respaldan la opinión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) de que se dan circunstancias excepcionales que justifican la exclusión temporal hasta el 27 de junio de 2021 de ciertas exposiciones frente a los bancos centrales del Eurosistema del cálculo de la medida de la exposición total de las entidades a fin de facilitar la aplicación de la política monetaria, a los efectos del artículo 500 ter del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

(6)

Las exposiciones excluibles son las monedas y los billetes de curso legal en el ámbito de competencia territorial del banco central y los activos que representen créditos frente al banco central, incluidas las reservas en el banco central, en la medida en que dichas exposiciones sean pertinentes para la transmisión y, por tanto, para la aplicación, de la política monetaria. Estas exposiciones incluyen los depósitos mantenidos en la facilidad de depósito y los saldos mantenidos en las cuentas de reservas con el Eurosistema, incluidos los fondos mantenidos para cumplir las exigencias de reservas mínimas. No deben excluirse de la medida de la exposición total las exposiciones consistentes en créditos frente al banco central que no afecten a la aplicación de la política monetaria.

(7)

Se espera que la exclusión hasta el 27 de junio de 2021 por el artículo 500 ter del Reglamento (UE) n.o 575/2013 de ciertas exposiciones frente a los bancos centrales de la medida de la exposición total ayude a las entidades de crédito a seguir cumpliendo su función de financiar la economía real sin perjuicio de lo esencial del régimen regulatorio prudencial. La exclusión puede limitar las posibles restricciones relacionadas con la introducción de un nuevo requisito de fondos propios y pasivos admisibles en la Unión que tuvo lugar mediante la modificación del Reglamento (UE) n.o 575/2013 por el Reglamento (UE) 2019/876 a fin de incorporar la norma sobre la capacidad total de absorción de pérdidas y que se aplica desde el 28 de junio de 2019. Además, aunque la ratio de apalancamiento no se aplicará hasta el 28 de junio de 2021, la exclusión hasta entonces de ciertas exposiciones frente a los bancos centrales de la medida de la exposición total puede favorecer la claridad de la comunicación de la información financiera. Concretamente, las entidades podrían publicar su ratio de apalancamiento incluyendo o no los efectos de las exposiciones excluidas. Esta información podría ayudar a los participantes en los mercados financieros a evaluar las ratios de apalancamiento futuras potenciales de las entidades una vez que el nuevo marco de la ratio de apalancamiento entre en vigor el 28 de junio de 2021.

(8)

En el contexto de sus funciones de política monetaria y conforme al artículo 500 ter, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, el BCE fue consultado sobre la determinación de la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran la exclusión prevista en el apartado 1 del mismo artículo de dicho reglamento (5).

(1)

La crisis de la COVID-19 ha demostrado que la conectividad es esencial tanto para los ciudadanos como para las empresas de la Unión. Las redes de comunicaciones electrónicas, y en particular las redes de muy alta capacidad, han venido desempeñando un papel crucial en la respuesta a la crisis al hacer posible a distancia el trabajo y la escolarización, la asistencia sanitaria, la comunicación personal y el entretenimiento. Una conectividad de alta velocidad generalizada es la base de un uso intensivo de ancho de banda en los ámbitos de la salud, la educación, el transporte, la logística y los medios de comunicación, que pueden desempeñar un papel clave en la recuperación económica de Europa. Más en general, la conectividad fija e inalámbrica contribuye de forma significativa al suministro de servicios asequibles y accesibles y a la eliminación de la brecha digital. Se trata de un medio importante para informar al público, ayudar a las administraciones públicas competentes a contener la propagación del virus y permitir que las organizaciones sanitarias intercambien datos y presten teleservicios.

(2)

La pandemia ha trastocado las perspectivas económicas para los años venideros. Son más que nunca necesarias inversiones y reformas que garanticen la convergencia y una recuperación económica equilibrada, orientada al futuro y sostenible. Invertir en las prioridades comunes de la Unión, sobre todo en materia de política ecológica, digital y social, mejorará su resiliencia y contribuirá a la creación de empleo y al crecimiento sostenible, al tiempo que moderniza las economías de los Estados miembros. Por tanto, los Estados miembros deben aprovechar plenamente el potencial del mecanismo de recuperación y resiliencia propuesto a fin de garantizar un gasto público eficiente y crear las condiciones más propicias para la inversión privada. A tal fin, la presente Recomendación ofrece orientaciones a los Estados miembros que se encuentran en pleno proceso de elaboración de sus propuestas para sus planes de recuperación y resiliencia. En él se plantea a los Estados miembros cómo aplicar medidas sencillas y realistas a la hora de asignar radioespectro para las redes de quinta generación (5G) en condiciones favorables a la inversión y cómo promover el despliegue de redes de muy alta capacidad fijas e inalámbricas, por ejemplo, eliminando obstáculos administrativos innecesarios y agilizando los procedimientos de concesión de permisos.

(3)

En el contexto socioeconómico actual, es necesario desarrollar un enfoque común de la Unión, un «conjunto de instrumentos», basado en las mejores prácticas. El objetivo es incentivar el despliegue oportuno de redes de muy alta capacidad, incluidas redes de fibra y redes inalámbricas de próxima generación. Este enfoque favorecería los procesos y aplicaciones digitales emergentes y futuros y contribuiría de forma directa al crecimiento y al empleo como parte de la recuperación económica de la Unión.

(4)

Las Conclusiones del Consejo sobre la configuración del futuro digital de Europa, de 9 de junio de 2020 (1), subrayan en que la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de una conectividad rápida y generalizada. La situación requiere que los Estados miembros desarrollen, en estrecha cooperación con la Comisión, un conjunto de mejores prácticas para reducir los costes de la implantación de las redes y facilitar la introducción de infraestructuras de muy alta capacidad, incluida la fibra y la 5G.

(5)

Las redes móviles 5G ofrecerán a los usuarios de dispositivos móviles una conectividad de muy alta capacidad. Estas redes están llamadas a desempeñar un papel fundamental a la hora de sentar las bases para las transformaciones digital y ecológica en áreas como el transporte, la energía, la fabricación, la salud, la agricultura y los medios de comunicación. Para el éxito de una serie de casos de uso de la 5G, es necesaria la continuidad del servicio en territorios de extensión considerable, inclusive más allá de las fronteras nacionales. De ahí la importancia de que los Estados miembros adopten medidas apropiadas para promover el despliegue en todo su territorio, incluidas las zonas rurales y remotas, y cooperen entre sí en el despliegue de la 5G en las zonas transfronterizas.

(6)

Las acciones relativas al espectro a las que hace referencia la presente Recomendación pueden respaldar la preparación del futuro plan de acción actualizado de la Comisión en materia de 5G y 6G para Europa que se anunció en la Comunicación de la Comisión titulada «Configurar el futuro digital de Europa» (2). Dicho plan actualizado haría un balance de los últimos logros, abordaría las actuales deficiencias de despliegue de la red y establecería un nuevo nivel de ambición para el futuro despliegue de la 5G a nivel de la UE, a fin de garantizar que la conectividad 5G desarrolle plenamente su potencial para contribuir al cumplimiento de los objetivos a largo plazo de la UE para la transformación digital de la economía.

(7)

La Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) («Directiva sobre la reducción de los costes de la banda ancha») pretende facilitar e incentivar la implantación de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. En su informe sobre la aplicación de la Directiva sobre la reducción de los costes de la banda ancha (4), la Comisión observó una serie de problemas de eficacia, incluido el hecho de que, en los Estados miembros, no se está aprovechando plenamente el potencial de algunas medidas opcionales. Como respuesta, esta Recomendación debe proponer medidas para incentivar el despliegue puntual de redes de comunicaciones electrónicas de muy alta capacidad, entre ellas, las redes 5G.

(8)

La Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), que ha de ser transpuesta por los Estados miembros y aplicada a partir del 21 de diciembre de 2020, promueve la conectividad y el acceso a redes de muy alta capacidad, así como la utilización generalizada de las mismas, para todos los ciudadanos y las empresas de la Unión. La presente Recomendación tiene por objeto contribuir a la consecución de ese objetivo y, por consiguiente, se centra en el despliegue de redes de muy alta capacidad.

(9)

Los Estados miembros deben cooperar entre sí y con la Comisión a fin de elaborar con urgencia un conjunto de instrumentos que contenga las mejores prácticas para la aplicación de la Directiva sobre la reducción de los costes de la banda ancha y que se base en sus requisitos mínimos, introduciendo mejoras en los siguientes ámbitos: i) agilizar los procedimientos de concesión de permisos dentro de una intensificación de los esfuerzos por mejorar la eficiencia y transparencia de las administraciones públicas y por contribuir a facilitar las actividades de las empresas; ii) aumentar la transparencia y reforzar el punto de información único; iii) ampliar el derecho de acceso a las infraestructuras físicas existentes controladas por organismos del sector público, y iv) mejorar el mecanismo de resolución de controversias. Además, los Estados miembros deben determinar medidas que permitan reducir el impacto ambiental de las redes de comunicaciones electrónicas y garantizar su sostenibilidad.

(10)

Con arreglo al artículo 7 de la Directiva sobre la reducción de los costes de la banda ancha, los Estados miembros deben velar por que las autoridades competentes decidan sobre todos los permisos para las obras civiles necesarias, con miras a desplegar elementos de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad en un plazo de cuatro meses, que podrá prorrogarse con carácter excepcional y en casos debidamente justificados, o para cumplir otros plazos u obligaciones establecidos en la legislación nacional para el correcto desarrollo del procedimiento. Por consiguiente, a fin de evitar prácticas incoherentes en toda la Unión, los Estados miembros deben tratar de facilitar el cumplimiento del plazo de cuatro meses para la concesión o denegación de todos los permisos necesarios y determinar conjuntamente mejores prácticas que agilicen aún más los procedimientos de concesión de permisos, tales como la aprobación tácita y los procedimientos simplificados de concesión de permisos.

(11)

Para ciertos tipos de despliegues de redes, algunos Estados miembros han establecido procedimientos simplificados de concesión de permisos como forma de reducir significativamente la carga administrativa que asumen tanto los operadores como las administraciones nacionales. Los Estados miembros deben estudiar la posibilidad de utilizar procedimientos simplificados de concesión de permisos o exenciones de permisos más allá del artículo 57 del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, así como definir los escenarios de despliegue de redes que se beneficiarían de su utilización (por ejemplo, para los despliegues provisionales necesarios para garantizar la continuidad de los servicios de comunicaciones electrónicas o simplemente para mejorar las redes existentes, incluida la actualización a 5G de las estaciones base móviles existentes).

(12)

Para reducir la carga administrativa y agilizar los procedimientos de concesión de permisos, debe facilitarse el uso de procedimientos electrónicos y promoverse la función del punto de información único. Para ello, los Estados miembros deben reflexionar sobre la forma en que el punto de información único podría convertirse en un punto de entrada único eficaz para presentar solicitudes electrónicas de permisos a todos los niveles administrativos.

(13)

Como medida adicional, un enfoque integrado de la expedición de permisos bajo la responsabilidad del punto de información único aportaría un valor añadido considerable. Esto podría funcionar mediante un procedimiento plenamente coordinado en los casos en que participe más de una autoridad competente. Por consiguiente, los Estados miembros deben considerar la posibilidad de asignar al punto de información único un papel activo en la coordinación y supervisión de los procedimientos de concesión de permisos por parte de las diferentes autoridades competentes y garantizar el intercambio adecuado de la información pertinente.

(14)

Para evitar demoras indeseables, deben llevarse a cabo en paralelo los procedimientos relativos a los permisos y derechos de paso, inclusive a lo largo de las rutas de comunicación (por ejemplo, carreteras, ferrocarriles), de conformidad con el artículo 43 del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Los Estados miembros deben estudiar la posibilidad de conceder derechos de paso lo más rápidamente posible y, en cualquier caso, dentro del plazo máximo de cuatro meses en que pueden concederse o denegarse los permisos, ajustando así este procedimiento a las disposiciones contempladas en el Artículo 7, apartado 3, de la Directiva sobre la reducción de los costes de la banda ancha.

(15)

Dado el creciente número de permisos solicitados para desplegar redes de comunicaciones electrónicas y su carácter predominantemente local, las tasas de los permisos para obras civiles pueden diferir considerablemente entre los Estados miembros y dentro de ellos. También pueden representar una parte importante del coste del despliegue, en particular en las zonas rurales y remotas, donde el coste del despliegue por usuario es más elevado. Por consiguiente, sería muy útil que los Estados miembros intercambiaran y acordaran formas de mantener el coste que conlleva la concesión de permisos a un nivel que no supusiera un desincentivo a la inversión, teniendo en cuenta que a menudo se exigen múltiples permisos.

(16)

El acceso a una información completa, precisa y actualizada es un requisito previo para garantizar el uso eficiente de la infraestructura física existente y la coordinación adecuada de las obras civiles. En este sentido, la función del punto de información único es fundamental. Aumentar la transparencia de la infraestructura existente y de las obras civiles previstas es un paso preliminar clave para permitir el acceso a la infraestructura existente y mejorar la coordinación de las obras civiles, lo que a su vez genera beneficios adicionales para el medio ambiente y las personas. Por tanto, se debe alentar a los Estados miembros a que valoren la posibilidad de dotar al punto de información único de toda la información sobre la infraestructura física disponible en una zona determinada, procedente de diferentes fuentes, y a que le ayuden a proporcionar información georreferenciada.

(17)

Se debe alentar a los Estados miembros a que estudien posibles maneras de mejorar la transparencia en lo que respecta a la infraestructura física existente aumentando la cantidad y la calidad de la información disponible a través del punto de información único. Esto incluye la información que los operadores intercambian mutuamente previa solicitud, de conformidad con los apartados 2 y 4 del artículo 4 de la Directiva sobre la reducción de los costes de la banda ancha, así como los datos referentes a la infraestructura física controlada por organismos del sector público.

(18)

Además de los requisitos de la Directiva sobre la reducción de los costes de la banda ancha relativos al acceso a la infraestructura física existente, se puede facilitar aún más el despliegue de redes de muy alta capacidad permitiendo a los operadores obtener acceso a la infraestructura física pertinente controlada por organismos del sector público, en condiciones similares a las establecidas en el artículo 3 de dicha Directiva. Esa infraestructura física incluiría edificios, en particular tejados, y mobiliario urbano, como postes de alumbrado público, señales de tráfico, semáforos, vallas publicitarias, paradas de autobús y tranvía y estaciones de metro.

(19)

La Directiva sobre la reducción de los costes de la banda ancha prevé el recurso a procedimientos de resolución de controversias en caso de que fracasen las negociaciones relacionadas con el acceso a las infraestructuras. Los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos por determinar conjuntamente las mejores prácticas para establecer mecanismos eficaces y eficientes de resolución de controversias y para el correcto funcionamiento de los órganos de solución de controversias en toda la Unión. En aras de la transparencia, estas prácticas deben incluir la publicación oportuna de las decisiones de los órganos de resolución de controversias.

(20)

La huella ambiental del sector de las comunicaciones electrónicas está aumentando, y es fundamental estudiar todos los medios posibles para contrarrestar esta tendencia. Los incentivos para desplegar, por ejemplo, redes con una huella de carbono reducida pueden contribuir a la sostenibilidad del sector y a la mitigación y adaptación al cambio climático. Se exhorta a los Estados miembros a que, en estrecha cooperación con la Comisión, determinen y promuevan esos incentivos, que podrían consistir en procedimientos acelerados de concesión de permisos o en la reducción de las tasas correspondientes a los permisos y al acceso a las redes que cumplan determinados criterios ambientales.

(21)

A fin de evitar demoras indebidas en los procesos de autorización del uso del espectro y en la instalación de redes de comunicaciones inalámbricas, los Estados miembros deben intercambiar las mejores prácticas sobre la forma de tener en cuenta los resultados de la evaluación ambiental, cuando ésta sea necesaria, y, en particular, cuando las autoridades preparen el marco para la futura autorización de proyectos de desarrollo, respetando plenamente la legislación de la Unión, en particular la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) («Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica»), la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) («Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental») y la Directiva 92/43/CEE del Consejo (8) («Directiva sobre los hábitats»). La evaluación ambiental debe tener lugar en la etapa en que se pueden identificar y evaluar los efectos ambientales.

(22)

El Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas establece una fecha límite común, a finales de 2020, para que los Estados miembros permitan el uso de la banda de 3,4-3,8 GHz y al menos 1 GHz de la banda de frecuencias pionera de 24,25-27,5 GHz para 5G. Además, en la Decisión (UE) 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) se establece un plazo común, el 30 de junio de 2020, para que los Estados miembros permitan la utilización de la banda de frecuencias pionera de 700 MHz para 5G. Los Estados miembros deben velar por que la gestión del espectro promueva una conectividad de alta calidad para las empresas y la sociedad con una dimensión transfronteriza, así como la digitalización de la industria, generando así beneficios para la economía y la sociedad en su conjunto, inclusive en cuanto a accesibilidad, igualdad de oportunidades e inclusividad. La consecución de ese objetivo podría facilitarse mediante el intercambio oportuno de puntos de vista y mejores prácticas antes y dentro del proceso de revisión por pares establecido por el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

(23)

A fin de garantizar el despliegue oportuno de las redes 5G y la utilización generalizada de servicios innovadores a partir de 2020, de conformidad con el plan de acción en materia de 5G (10), y teniendo en cuenta el conjunto de instrumentos contemplado en la Recomendación de la Comisión sobre la ciberseguridad de las redes 5G (11), los Estados miembros deben evitar o reducir al mínimo cualquier retraso en la autorización de la utilización de las bandas de frecuencia 5G pioneras debido a la crisis de la COVID-19.

(24)

Teniendo en cuenta la importancia de una infraestructura 5G segura y resiliente para la recuperación y el crecimiento económico, cuando proceda, los procedimientos de autorización del espectro deben fomentar la inversión en la infraestructura mediante la mitigación de la carga financiera que asumen los usuarios del espectro radioeléctrico, en particular los operadores, de conformidad con las normas sobre ayudas estatales. Esto es aún más crucial en las circunstancias de la crisis de la COVID-19. Con este fin, se debe alentar a los Estados miembros a determinar normas de autorización del espectro que permitan aplicar una metodología de fijación de precios del espectro propicia a la inversión. Dichas prácticas pueden incluir incentivos, cuando proceda, para proporcionar una cobertura inalámbrica de alta calidad que permita garantizar la amplia disponibilidad de los servicios, incluso a través de las fronteras.

(25)

A fin de evitar una escasez de espectro que dé lugar a ofertas más elevadas en las subastas de espectro, las mejores prácticas pueden incluir medidas para no reservar espectro en bandas de frecuencia 5G pioneras para fines de seguridad pública y defensa, en la medida de lo posible, o medidas para reservar el espectro radioeléctrico armonizado de la UE para servicios de comunicaciones electrónicas para usuarios privados del espectro radioeléctrico, tanto en lo que respecta a la cantidad de espectro como a la elección de una banda de frecuencias específica, sólo cuando esté debidamente justificado.

(26)

En comparación con las generaciones tecnológicas anteriores, las redes 5G requieren un despliegue celular considerablemente más denso en las bandas de frecuencia más altas. El uso compartido de la infraestructura, tanto activa como pasiva, y la implantación conjunta de la infraestructura inalámbrica pueden reducir el coste de ese despliegue (incluidos los costes marginales), en particular cuando se utilizan las bandas de frecuencias de 3,4-3,8 GHz y 24,25-27,5 GHz y, de ese modo, acelerar su ritmo, fomentar una mayor cobertura de la red y permitir un uso más eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico en beneficio de los consumidores. Por consiguiente, las autoridades competentes deben valorarlo positivamente, en particular en las zonas de rentabilidad económica limitada.

(27)

El despliegue de redes 5G inalámbricas densas también se beneficiaría de regímenes de autorización flexibles, que estimulen la inversión en redes inalámbricas y garanticen la utilización eficaz del espectro. Las bandas de alta frecuencia superiores a 24 GHz («bandas de frecuencia de ondas milimétricas»), como la banda de frecuencias de 24,25-27,5 GHz, ofrecen una gran cantidad de espectro radioeléctrico con características de propagación limitadas a escala geográfica. Aunque, por lo general, los Estados miembros deben utilizar procedimientos de selección competitivos, como las subastas, para otorgar derechos de uso en las bandas de frecuencia afectadas por la escasez, en determinados casos esos procedimientos pueden limitar las posibilidades de inversión en redes 5G inalámbricas densas, así como la flexibilidad y la consiguiente eficiencia en la utilización del espectro. Una autorización individual de bandas de frecuencia de ondas milimétricas armonizadas que utilice un procedimiento administrativo acelerado que sea abierto, objetivo, proporcionado, no discriminatorio y que siga criterios y procedimientos transparentes, podría considerarse una mejor práctica.

(28)

A fin de evitar soluciones divergentes al conceder derechos de utilización del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios inalámbricos transfronterizos, los Estados miembros deben coordinarse mejor al asignar el espectro radioeléctrico para fomentar una conectividad inalámbrica que promueva la transformación industrial de la Unión y la soberanía digital basada en las capacidades flexibles y multiservicios de la infraestructura del 5G. La asignación coordinada del espectro es particularmente importante para satisfacer los requisitos de conectividad de los nuevos ejemplos de uso que contribuyen a la digitalización de las operaciones en la movilidad vial y ferroviaria y en el transporte y la industria manufacturera. Esas condiciones se refieren, en particular, a la calidad del servicio, expresada en términos de capacidad, rendimiento, latencia, fiabilidad y seguridad y resistencia de la red.

(29)

A tal fin, los Estados miembros deben acordar y contribuir a la elaboración de un conjunto de mejores prácticas, en estrecha cooperación con la Comisión y con el apoyo del Grupo de política del espectro radioeléctrico, para recopilar ejemplos innovadores importantes en sectores industriales de dimensión transfronteriza, como el transporte por carretera o ferrocarril (incluidos corredores transfronterizos para la movilidad cooperativa, conectada y automatizada) y las fábricas inteligentes. Estas prácticas podrían aprovechar los resultados de pruebas y proyectos piloto financiados por la UE en sectores verticales, incluidos corredores transfronterizos de 5G. Tales prácticas deben determinar las gamas de frecuencias, los regímenes de autorización y las condiciones comunes pertinentes para que los operadores presten servicios inalámbricos especializados (sectoriales). Los regímenes de autorización comunes podrían abordar la autorización individual de los operadores y las partes interesadas de la industria, incluido el uso compartido del espectro. Las condiciones comunes de autorización podrían abordar la implantación, la calidad de servicio, el uso compartido del espectro, la coexistencia entre sistemas inalámbricos, el acaparamiento del espectro, la ciberseguridad y los acuerdos negociados entre los operadores móviles y las partes interesadas de la industria, así como las medidas para proteger las comunicaciones esenciales para el transporte aéreo. A este respecto, el Grupo de política del espectro radioeléctrico debe ayudar a la Comisión a determinar si es necesario otorgar un mandato a la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones para que establezca condiciones técnicas armonizadas para la utilización del espectro.

(30)

Cuando apliquen el conjunto de las mejores prácticas desarrollado por los Estados miembros en cooperación con la Comisión, estos deben coordinar el proceso de autorización del espectro y, en particular, hacer uso de un proceso de autorización conjunto de conformidad con el artículo 37 del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Este proceso puede incluir la asignación de una gama de frecuencias específica común con arreglo a condiciones de autorización comunes.

(31)

La aplicación del conjunto de instrumentos se beneficiaría de un proceso claro, una vigilancia adecuada, una mayor transparencia y un diálogo en los ámbitos nacional y de la Unión.

(32)

Los Estados miembros deben colaborar entre sí y en estrecha cooperación con la Comisión para desarrollar el conjunto de instrumentos. En ellos deben colaborar estrechamente, según proceda, el Grupo de política del espectro radioeléctrico, el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas y las autoridades nacionales de reglamentación, la red de oficinas competentes en materia de banda ancha, los órganos de resolución de controversias y las autoridades competentes encargadas de las funciones del punto de información único.

(33)

La presente Recomendación se entiende sin perjuicio de la aplicación del Derecho en materia de competencia y de las normas de ayuda estatal.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

En particular, los Estados miembros deben informar sobre cualquier medida pertinente que tenga como objetivo:

21.

22.

23.

24.