(1)

De conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, la solicitud de registro del nombre «Kiwi de Corse» presentada por Francia ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, procede registrar el nombre citado.

(1)

El capítulo III del Reglamento (UE) 2018/848 establece las normas generales de producción para los productos ecológicos, mientras que las normas detalladas de producción figuran en el anexo II de dicho Reglamento. Con el fin de garantizar condiciones armonizadas para la aplicación de dicho Reglamento, deben establecerse algunas normas adicionales.

(2)

La conversión al método de producción ecológico exige determinados períodos de adaptación de todos los medios que se utilizan. El período de conversión requerido comienza, como muy pronto, una vez que un productor o un operador que produce algas o animales de acuicultura ha notificado su actividad a las autoridades competentes. Como excepción y en determinadas condiciones, puede reconocerse retroactivamente un período previo como parte del período de conversión. Deben especificarse los documentos que deberán presentarse a las autoridades competentes a fin de que se reconozca de forma retroactiva un período previo.

(3)

Con el fin de garantizar la observancia de un elevado grado de bienestar animal que respete las necesidades propias de cada especie en la producción animal ecológica, es necesario establecer las densidades de población y la superficie mínima de las zonas cubiertas y al aire libre y sus características, así como las características y requisitos técnicos de los edificios y de las zonas al aire libre para los bovinos, ovinos, caprinos, equinos, cérvidos, porcinos, aves de corral y conejos. Asimismo, en el caso de animales lactantes, también deben establecerse los períodos mínimos que deberán respetarse para la alimentación preferente con leche materna.

(4)

A fin de garantizar la observancia de un elevado grado de bienestar animal que respete las necesidades propias de cada especie en la producción de la acuicultura ecológica, es también preciso establecer normas por especies o por grupo de especies sobre la densidad de población y las características de los sistemas de producción y de los sistemas de contención para animales de acuicultura.

(5)

Los productos ecológicos transformados deben producirse con métodos de transformación que garanticen las características ecológicas y las cualidades de los productos durante todas las etapas de la producción ecológica. Teniendo en cuenta el gran número de técnicas utilizadas en la transformación de productos alimenticios en la producción ecológica, no es posible establecer una lista exhaustiva de todas las técnicas autorizadas. Por lo tanto, como norma general, se considerarán autorizadas para la transformación de productos alimenticios en la producción ecológica las técnicas que cumplan los principios y las normas pertinentes de producción establecidos en el Reglamento (UE) 2018/848.

(6)

No obstante, en el caso de algunas técnicas utilizadas en la transformación de determinados productos alimenticios ecológicos, las opiniones de los Estados miembros pueden diferir con respecto a la conformidad de una técnica con los principios y las normas pertinentes de producción establecidos en el Reglamento (UE) 2018/848. En tales casos, es necesario establecer normas sobre de qué modo puede evaluarse dicha técnica y, si se confirma que cumple los mencionados principios y normas de producción, pueda ser autorizada por la Comisión para la producción de determinados productos alimenticios, cuando sea adecuado en determinadas condiciones.

(7)

Puede ser necesario emplear técnicas basadas en resinas de intercambio iónico y de adsorción para elaborar los preparados para lactantes y los preparados de continuación, así como los alimentos elaborados a base de cereales y los alimentos infantiles mencionados en el artículo 1, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) con el fin de cumplir los requisitos de composición establecidos en dicho Reglamento y en los actos adoptados sobre la base del artículo 11, apartado 1, de dicho Reglamento, en el caso de los productos a que estos se refieren, o en la Directiva 2006/125/CE de la Comisión (3), en el caso de los productos regulados por esta última. Es preciso autorizar el uso de técnicas de intercambio iónico y de adsorción para dichas categorías de productos.

(8)

Al igual que en el caso de las técnicas autorizadas para su uso en la transformación de productos alimenticios, no deben utilizarse técnicas que reconstituyan propiedades perdidas en la transformación y el almacenamiento de piensos ecológicos, que corrijan las consecuencias de una actuación negligente al transformar los piensos ecológicos o que de alguna otra manera puedan inducir a error sobre la verdadera naturaleza de los productos destinados a comercializarse como piensos ecológicos.

(9)

Teniendo en cuenta el gran número de técnicas utilizadas en la transformación de determinados piensos en la producción ecológica, no es posible establecer una lista exhaustiva de todas las técnicas autorizadas. Por lo tanto, como norma general, en la transformación de piensos en la producción ecológica deben autorizarse aquellas técnicas que cumplan los principios y las normas pertinentes de producción establecidas en el Reglamento (UE) 2018/848.

(10)

No obstante, en el caso de algunas técnicas utilizadas en la transformación de determinados piensos ecológicos, las opiniones de los Estados miembros pueden diferir con respecto a la conformidad de una técnica con los principios y las normas pertinentes de producción establecidos en el Reglamento (UE) 2018/848. En tales casos, es necesario establecer normas sobre de qué modo puede evaluarse dicha técnica y, si se confirma que cumple dichos principios y normas pertinentes de producción, pueda ser autorizada por la Comisión para la producción de determinados piensos, cuando sea adecuado en determinadas condiciones.

(11)

En la producción ecológica deben utilizarse materiales de reproducción vegetal ecológicos, animales ecológicos y juveniles de la acuicultura ecológica. Con el fin de ayudar a los operadores ecológicos a obtener información relativa a su disponibilidad, cada Estado miembro debe contar con sistemas que permitan a los operadores que comercialicen materiales de reproducción vegetal ecológicos y en conversión, animales ecológicos y juveniles de la acuicultura ecológica poner a disposición del público la información relativa a sus suministros. En particular, debe ponerse a disposición del público información detallada sobre las especies que puedan suministrar en cantidades suficientes y en un período de tiempo razonable. Una vez al año, los Estados miembros deben poner a disposición de la Comisión un resumen de dicha información, así como información sobre las excepciones concedidas en caso de falta de disponibilidad.

(12)

Las plántulas quedan excluidas de la recogida e intercambio de información sobre material de reproducción vegetal ecológico y en conversión. Por lo tanto, con el fin de garantizar un enfoque armonizado, conviene establecer una definición de plántula.

(13)

A fin de abordar las necesidades nutricionales de compuestos proteicos concretos de las aves de corral jóvenes y los porcinos de hasta 35 kg de peso, los Estados miembros pueden autorizar el uso de piensos proteicos no ecológicos en las dietas de las aves de corral y los porcinos en condiciones estrictas y hasta el 31 de diciembre de 2025. De cara a la eliminación gradual de estas excepciones y para los fines del artículo 53, apartado 6, letra c), del Reglamento (UE) 2018/848, la Comisión debe supervisar su uso teniendo en cuenta la evolución de la disponibilidad de piensos proteicos ecológicos en el mercado. A tal fin, la Comisión debe elaborar un cuestionario específico y los Estados miembros deben presentar anualmente a la Comisión el cuestionario cumplimentado en el que se resuma la información pertinente recogida sobre la disponibilidad de piensos proteicos ecológicos y las autorizaciones concedidas a los productores de aves de corral y porcinos relativas al uso de piensos proteicos no ecológicos.

(14)

Los Estados miembros también pueden poner en marcha un sistema similar de información sobre disponibilidad con respecto a razas y estirpes adaptadas a la producción ecológica o sobre pollitas ecológicas. Teniendo en cuenta la posible eliminación progresiva de excepciones para el uso de animales o de pollitas no ecológicos, es importante recopilar datos sobre la disponibilidad de razas y estirpes criadas de forma ecológica seleccionadas específicamente respetando principios y objetivos ecológicos. Por lo tanto, es necesario establecer los detalles de la información armonizada que deberán facilitar los Estados miembros a la Comisión y los demás Estados miembros.

(15)

Los operadores que hayan estado criando ganado de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo (4) y el Reglamento (CE) n.o 889/2008 de la Comisión (5) tendrán que adaptar sus sistemas de producción para cumplir con los nuevos requisitos técnicos específicos del presente Reglamento que afectan a la densidad de población, a las características estructurales de las instalaciones de los animales y los equipos relacionados, a los espacios disponibles y la gestión de la tierra y al sistema productivo de la explotación en general. Estas adaptaciones requerirán períodos de tiempo variables según el grado de intervención necesario para cumplir con los nuevos requisitos establecidos en el presente Reglamento, teniendo en cuenta, a su vez, la producción en curso.

(16)

En particular, las disposiciones relativas a la densidad de población, las zonas mínimas a cubierto y al aire libre para pollitas y gallos jóvenes, la extensión máxima de las zonas al aire libre de los gallineros, el número máximo de niveles y los equipos necesarios para un sistema eficiente de eliminación de estiércol en los gallineros multinivel pueden implicar inversiones y obras concretas como la reconstrucción de las instalaciones de los animales y la adquisición de terrenos, o una renovación completa de las instalaciones de los animales en el caso de determinadas explotaciones o unidades de producción que hayan estado produciendo hasta ahora de conformidad con los Reglamentos (CE) n.o 834/2007 y (CE) n.o 889/2008. Por tanto, debe disponerse un período de transición de un máximo de ocho años a partir del 1 de enero de 2021 con respecto a dichas explotaciones o unidades de producción con el fin de permitirles realizar las adaptaciones necesarias para cumplir los nuevos requisitos.

(17)

En el caso de los porcinos, el requisito relativo a que un porcentaje mínimo de superficie al aire libre esté ocupada por una construcción sólida, puede implicar la reconstrucción de instalaciones externas y cambios en el sistema de recogida del estiércol en explotaciones o unidades de producción que hayan estado produciendo hasta ahora de conformidad con los Reglamentos (CE) n.o 834/2007 y (CE) n.o 889/2008. Por tanto, debe disponerse un período de transición de un máximo de ocho años a partir del 1 de enero de 2021 con respecto a dichas explotaciones o unidades de producción con el fin de permitirles realizar la necesaria renovación de las instalaciones externas para los animales o la sustitución de los equipos con el fin de cumplir con los nuevos requisitos.

(18)

Asimismo, la longitud de las trampillas entre los porches y la parte cubierta de los gallineros, el requisito de tabiques sólidos para las aves de engorde que no sean de la especie Gallus gallus, y los requisitos específicos sobre perchas y lugares elevados para posarse pueden suponer adaptaciones concretas como la renovación de parte de las instalaciones de los animales y la compra de nuevos equipos para explotaciones que hayan estado produciendo hasta ahora de conformidad con los Reglamentos (CE) n.o 834/2007 y (CE) n.o 889/2008. Por tanto, debe disponerse un período de transición de un máximo de tres años a partir del 1 de enero de 2021 con respecto a dichas explotaciones o unidades de producción con el fin de permitirles realizar las adaptaciones necesarias de las instalaciones de los animales o la sustitución de los equipos necesarias para cumplir los nuevos requisitos.

(19)

Finalmente, el método de cálculo de la superficie mínima de las zonas cubiertas en los gallineros con una parte del edificio al aire libre puede requerir adaptaciones como una reducción importante de la densidad de población de las aves o la renovación de los edificios para explotaciones que hayan estado produciendo hasta ahora de conformidad con los Reglamentos (CE) n.o 834/2007 y (CE) n.o 889/2008. Por tanto, debe disponerse un período de transición de un máximo de tres años a partir del 1 de enero de 2021 con respecto a dichas explotaciones o unidades de producción con el fin de permitirles realizar las adaptaciones de sus planes de negocio o de las instalaciones de los animales necesarias para cumplir los nuevos requisitos.

(20)

En aras de la claridad y la seguridad jurídica, el presente Reglamento debe aplicarse a partir de la fecha de aplicación del Reglamento (UE) 2018/848.

(21)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la producción ecológica,

(1)

El chinche apestoso marrón marmolado de Asia (Halyomorpha halys) (en lo sucesivo, «chinche apestoso») es un insecto originario del continente asiático que fue introducido accidentalmente en la Unión, y en particular en las regiones del norte de Italia, a saber, en Emilia Romaña, Véneto, Trentino Alto-Adigio, Lombardía, Piamonte y Friul-Venecia Julia (en lo sucesivo, «regiones afectadas»), a través del comercio internacional.

(2)

En 2019, el chinche apestoso ocasionó en las regiones afectadas graves daños a la producción de frutas y hortalizas, infectando los cultivos de peras, melocotones y nectarinas, manzanas, kiwis, cerezas y albaricoques. Como consecuencia de esos daños, las frutas y hortalizas son impropias tanto para el consumo como para la transformación. Se estima que, solo en el año 2019, las pérdidas ocasionadas por este insecto a los productores de frutas y hortalizas de las regiones afectadas han ascendido a 500 millones EUR. En 2019, muchas organizaciones de productores de las regiones afectadas perdieron una gran parte, o incluso la totalidad, de las cosechas de frutas y hortalizas debido al chinche apestoso.

(3)

En el caso de este insecto, no se reúnen en la actualidad los criterios que definen una plaga cuarentenaria de la Unión, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), de modo que no es posible adoptar medidas de erradicación a escala de la Unión. En consecuencia, por el momento las autoridades italianas no pueden tomar medidas fitosanitarias de protección adecuadas.

(4)

Además, actualmente los medios fitosanitarios de que se dispone para controlar con efectividad el chinche apestoso son limitados. Las avispas «samurái» (Trissolcus japonicus y Trissolcus mitsukurii), como medida alternativa de control biológico, solo han sido autorizadas recientemente en Italia como insectos antagonistas y aún se abrigan dudas sobre la efectividad de este método biológico de control en el caso del chinche apestoso.

(5)

Las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas de las regiones afectadas han adoptado medidas preventivas (por ejemplo instalación de trampas y redes contra los insectos) para evitar los daños a sus cosechas. Pese a estos esfuerzos, dichas organizaciones han incurrido al mismo tiempo en unos elevados gastos, generados por las medidas preventivas, y en pérdidas de producción, con importantes efectos negativos en el valor de la producción comercializada. Esta situación repercute en la estabilidad financiera de las organizaciones de productores y en su capacidad tanto para ejecutar los programas operativos en los años venideros, como para poner en marcha medidas y actuaciones contra las infestaciones de la plaga. Por otra parte, la reducción del valor de la producción comercializada merma el acceso de las organizaciones de productores a la ayuda financiera de la Unión en el sector de las frutas y hortalizas. Además, si el valor de producción comercializada desciende por debajo del umbral mínimo establecido en la normativa, las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas de las regiones afectadas podrían perder el reconocimiento como consecuencia de la reducción de ese valor.

(6)

La complejidad de la situación en las regiones afectadas a consecuencia de los daños a la producción de frutas y hortalizas, la considerable pérdida de ingresos y la inestabilidad financiera de las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas de dichas regiones, así como la imposibilidad de seguir aplicando los programas operativos de forma eficiente, constituyen un problema específico en el sentido del artículo 221 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. Este problema específico no puede resolverse mediante medidas adoptadas de conformidad con los artículos 219 o 220 de dicho Reglamento, por cuanto no está vinculado a una perturbación que exista en el mercado o a una amenaza concreta de perturbación del mercado en el momento actual. Tampoco está vinculado a medidas de lucha contra la propagación de enfermedades de los animales ni a una pérdida de confianza de los consumidores debido a la existencia de riesgos para la salud pública o la sanidad animal o vegetal.

(7)

Por consiguiente, es necesario adoptar medidas de emergencia para mejorar el acceso a los fondos mutuales e incrementar los límites máximos de la ayuda financiera de la Unión a las organizaciones de productores de las regiones afectadas, con vistas a resolver ese problema específico en dichas regiones. Tales medidas proporcionarán estabilidad financiera y reforzarán la resiliencia y la capacidad de las organizaciones de productores de las regiones afectadas para hacer frente al daño ocasionado por el chinche apestoso y para adoptar medidas adicionales de prevención y gestión de crisis a este respecto.

(8)

La utilización por parte de las organizaciones de productores de las regiones afectadas de fondos mutuales como medida de prevención y gestión de crisis es un medio para paliar el daño a la producción de frutas y hortalizas y la pérdida de ingresos. Por lo tanto, se debe mejorar el acceso de las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas de las regiones afectadas a esos fondos. En la actualidad, la ayuda financiera de la Unión solo cubre los costes administrativos derivados de la constitución de un fondo mutual y la reposición de un fondo mutual a raíz de la compensación pagada a los miembros productores que experimenten una fuerte reducción de sus ingresos debida a condiciones de mercado adversas. Para paliar el daño causado por el chinche apestoso en las regiones afectadas, la ayuda financiera de la Unión también debe cubrir el capital inicial del fondo mutual. No obstante, la ayuda financiera de la Unión que se conceda para el capital inicial del fondo mutual debe destinarse a compensar la pérdida de ingresos de los miembros productores como consecuencia de los daños ocasionados por este insecto.

(9)

El límite del 4,6 % establecido en el artículo 34, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 para la ayuda financiera de la Unión destinada a las medidas de prevención y gestión de crisis de los programas operativos de las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas de las regiones afectadas debe incrementarse en un 0,4 % del valor de la producción comercializada para alcanzar el 5 % de dicho valor, a efectos de mejorar el acceso de dichas organizaciones de productores a los fondos mutuales y a otras medidas de prevención y gestión de crisis y de reforzar su estabilidad financiera. Dado que este problema específico no afecta a las asociaciones de organizaciones de productores, es innecesario aumentar el límite establecido en el artículo 34, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(10)

Al incrementarse el límite del 4,6 % en un 0,4 %, el límite de la ayuda financiera de la Unión destinada a las medidas de prevención y gestión de crisis debe aumentarse al 0,9 % del valor de la producción comercializada de esas organizaciones de productores, en lugar del 0,5 % de dicho valor ahora establecido en el artículo 34, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. Ese porcentaje adicional del 0,4 % del valor de la producción comercializada debe destinarse a medidas para controlar el chinche apestoso. Con ello se persigue reforzar la estabilidad financiera de las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas de las regiones afectadas, aumentar su resiliencia y potenciar su capacidad para ejecutar en los años venideros los programas operativos aprobados.

(11)

A la vista de la inestabilidad financiera de las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas de las regiones afectadas y dada la necesidad de aplicar medidas adicionales para controlar el chinche apestoso, el límite del 50 % de la ayuda financiera de la Unión mencionado en el artículo 34, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 debe incrementarse al 60 % para todas las medidas de los programas operativos adoptadas contra este insecto en dichas regiones.

(12)

Teniendo en cuenta que los programas operativos se aplican por año natural y que el cálculo del valor de la producción comercializada que determina el importe de la ayuda financiera de la Unión se basa en el año natural anterior, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(13)

El presente Reglamento debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2020, dado que las medidas de emergencia conciernen al nivel y el alcance de la ayuda financiera de la Unión a las organizaciones de productores afectadas por los daños ocasionados por el chinche apestoso a la producción de frutas y hortalizas. Resulta necesario para estas organizaciones de productores comenzar a aplicar estas medidas en sus programas operativos a partir del mes de enero de 2020, a fin de poder hacer frente con urgencia a los daños ocasionados por este insecto a la producción de frutas y hortalizas y garantizar la continuidad de los programas operativos y su propia estabilidad económica desde este mismo año.

(14)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios y Productos Hortofrutícolas.

(1)

El Reglamento (UE) 2017/625 establece normas, entre otros asuntos, sobre la realización de los controles oficiales y otras actividades oficiales por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros. También faculta a la Comisión para adoptar, mediante actos de ejecución, las medidas adecuadas de carácter temporal que sean necesarias a fin de contener los riesgos para, entre otros, la salud humana, la salud animal, la sanidad vegetal y el bienestar de los animales, si tiene pruebas de una disfunción grave del sistema de control de un Estado miembro.

(2)

La crisis actual relacionada con la enfermedad por coronavirus (COVID-19) representa un desafío excepcional y sin precedentes en cuanto a la capacidad de los Estados miembros de realizar plenamente los controles oficiales y otras actividades oficiales de conformidad con la legislación de la UE.

(3)

En sus «Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales» (2), la Comisión subrayaba que, en la situación actual, no debe verse afectado el buen funcionamiento del mercado único. Además, los Estados miembros deben seguir garantizando la circulación de las mercancías.

(4)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625, los Estados miembros están obligados a establecer un sistema de control, integrado por las autoridades competentes designadas para realizar los controles oficiales y otras actividades oficiales. En particular, de conformidad con el artículo 5, apartado 1, letra e), de dicho Reglamento, las autoridades competentes deben disponer de personal suficiente que cuente con la cualificación y experiencia adecuadas para poder efectuar con eficiencia y eficacia los controles oficiales y otras actividades oficiales, o tener acceso a dicho personal.

(5)

Durante la crisis en curso relacionada con la COVID-19, los Estados miembros han impuesto a sus poblaciones importantes restricciones de desplazamiento, a fin de proteger la salud humana.

(6)

Varios Estados miembros han informado a la Comisión de que, como consecuencia de dichas restricciones de desplazamiento, se encuentra gravemente afectada su capacidad de desplegar el personal adecuado para los controles oficiales y otras actividades oficiales, tal como exige el Reglamento (UE) 2017/625.

(7)

Varios Estados miembros han informado a la Comisión específicamente de dificultades para realizar controles oficiales y otras actividades oficiales que requieren la presencia física del personal de control. En particular, se encuentran dificultades en relación con el examen clínico de animales y con determinados controles de productos de origen animal, vegetales y productos vegetales, y alimentos y piensos de origen no animal, así como con respecto al ensayo de muestras en laboratorios oficiales designados por los Estados miembros.

(8)

De acuerdo con la legislación de la UE sobre el comercio de animales vivos y productos reproductivos dentro del mercado único, y en particular con las Directivas 64/432/CEE (3), 88/407/CEE (4), 89/556/CEE (5), 90/429/CEE (6), 91/68/CEE (7), 92/65/CEE (8), 2006/88/CE (9), 2009/156/CE (10) y 2009/158/CE (11)del Consejo, los envíos de animales y productos reproductivos deben ir acompañados por los originales de los certificados zoosanitarios en todos sus movimientos entre Estados miembros.

(9)

Asimismo, varios Estados miembros han informado a la Comisión de que actualmente no pueden llevarse a cabo de conformidad con la legislación de la UE los controles oficiales y otras actividades oficiales que dan lugar a la firma y expedición de declaraciones oficiales y certificados oficiales originales en papel que deben acompañar a los envíos de animales y productos reproductivos que se desplazan entre Estados miembros o que entran en la Unión.

(10)

Por consiguiente, debe autorizarse con carácter temporal una alternativa a la presentación de declaraciones oficiales y certificados oficiales originales en papel, teniendo en cuenta el uso por los usuarios registrados del sistema informático veterinario integrado (Trade Control and Expert System, Traces), tal como se contempla en el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1715 de la Comisión (12), y la actual incapacidad técnica de Traces para expedir certificados electrónicos de conformidad con dicho Reglamento de Ejecución. Dicha alternativa se ha de entender sin perjuicio de la obligación que, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/625, tienen los operadores de presentar documentos originales, siempre que sea técnicamente posible.

(11)

Teniendo en cuenta estas circunstancias específicas, deben adoptarse medidas destinadas a evitar riesgos graves para la salud del personal de las autoridades competentes, sin poner en peligro la prevención de los riesgos para la salud humana, la salud animal y la sanidad vegetal causados por los animales, los vegetales y sus productos, ni la prevención de los riesgos para el bienestar de los animales. Al mismo tiempo, debe garantizarse el buen funcionamiento del mercado único, sobre la base de la legislación de la Unión relativa a la cadena agroalimentaria.

(12)

Por lo tanto, es necesario que los Estados miembros con graves dificultades para hacer que funcionen sus sistemas de control existentes puedan aplicar las medidas temporales establecidas en el presente Reglamento, en todo lo que sea necesario para resolver las graves disfunciones correspondientes de sus sistemas de control. Los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para corregir cuanto antes las graves disfunciones de sus sistemas de control.

(13)

Los Estados miembros que apliquen las medidas temporales contempladas en el presente Reglamento deben informar de ello a la Comisión y a los demás Estados miembros, así como de las medidas tomadas para corregir las dificultades que afectan a la realización de los controles oficiales y otras actividades oficiales de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625.

(14)

El presente Reglamento debe ser aplicable durante dos meses, a fin de facilitar la planificación y la realización de los controles oficiales y otras actividades oficiales durante la crisis relacionada con la COVID-19. En vista de la información recibida de varios Estados miembros, que muestra que las medidas temporales deben estar disponibles de forma inmediata, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación.

(15)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

De conformidad con el artículo 3 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 de la Comisión (2), los Estados miembros que deseen participar en el régimen de ayudas de la Unión para la distribución de frutas y hortalizas, plátanos y leche en los centros escolares (el programa escolar) deben presentar a la Comisión su solicitud de ayuda de la Unión relativa al curso escolar siguiente a más tardar el 31 de enero de cada año y, en su caso, actualizar la solicitud de ayuda de la Unión correspondiente al curso escolar corriente.

(2)

De conformidad con el artículo 137, apartado 1, párrafo primero, del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, los programas y actividades de la Unión comprometidos con arreglo al marco financiero plurianual para el período 2014-2020 o a anteriores perspectivas financieras deben aplicarse en 2019 y 2020 con respecto al Reino Unido sobre la base del Derecho de la Unión aplicable.

(3)

A fin de garantizar la correcta ejecución del programa escolar, es necesario fijar las asignaciones de ayuda de la Unión para las frutas y hortalizas y para la leche destinadas a los centros escolares entre los Estados miembros participantes, sobre la base de los importes señalados en las solicitudes de ayuda de la Unión presentadas por esos Estados miembros y teniendo en cuenta las transferencias entre las asignaciones indicativas de los Estados miembros contempladas en el artículo 23 bis, apartado 4, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(4)

Todos los Estados miembros han presentado a la Comisión la solicitud de ayuda de la Unión para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021, especificando el importe de la ayuda requerido para las frutas y hortalizas o para la leche destinadas a los centros escolares, o para ambas categorías. En el caso de Bélgica, Francia, Chipre y Suecia, en los importes solicitados se han tenido en cuenta las transferencias entre las asignaciones indicativas.

(5)

Con el fin de aprovechar al máximo los fondos disponibles, la ayuda de la Unión no solicitada debe reasignarse entre los Estados miembros participantes en el programa escolar que en su solicitud de dicha ayuda han notificado que, en caso de que se disponga de recursos adicionales, desearían poder utilizar una asignación superior a la indicativa.

(6)

En su solicitud de ayuda de la Unión para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021, Suecia y el Reino Unido consignaron asignaciones inferiores a la indicativa para las frutas y hortalizas y/o para la leche destinadas a los centros escolares. Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, España, Croacia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, los Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia notificaron que deseaban poder utilizar una asignación superior a la indicativa para las frutas y hortalizas y/o para la leche destinadas a los centros escolares.

(7)

A partir de la información notificada por los Estados miembros, debe determinarse la asignación definitiva de ayuda de la Unión para las frutas y hortalizas y para la leche destinadas a los centros escolares para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021.

(8)

Mediante la Decisión de Ejecución C(2019) 2249 final de la Comisión (4) se estableció la asignación definitiva de ayuda de la Unión para las frutas y hortalizas y para la leche destinadas a los centros escolares entre los Estados miembros participantes en el programa escolar para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020. Algunos Estados miembros han actualizado la solicitud de ayuda de la Unión correspondiente al curso escolar corriente. Alemania, España, Luxemburgo, los Países Bajos y Austria han notificado transferencias entre la asignación definitiva para las frutas y hortalizas destinadas a los centros escolares y la asignación definitiva para la leche destinada a los centros escolares. Bélgica, los Países Bajos y Portugal han solicitado asignaciones inferiores a la definitiva para las frutas y hortalizas y/o para la leche destinadas a los centros escolares. Chequia, Alemania, Estonia, Irlanda, España, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Austria, Rumanía y Eslovaquia han notificado que deseaban poder utilizar una asignación superior a la definitiva para las frutas y hortalizas y/o para la leche destinadas a los centros escolares.

(9)

Habida cuenta de la información notificada por los Estados miembros, procede modificar la Decisión de Ejecución C(2019) 2249 final de la Comisión.

(10)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios.

(1)

El ECDC lleva a cabo su actividad de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 851/2004.

(2)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, las limitaciones a la aplicación de los artículos 14 a 22, 35 y 36, y también del artículo 4 de dicho Reglamento en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones que disponen los artículos 14 a 22, deben basarse en normas internas adoptadas por el ECDC cuando no se encuentren fundamentadas en actos jurídicosadoptados con arreglo a los Tratados.

(3)

Estas normas internas, incluidas sus disposiciones sobre la evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de la limitación, no deben aplicarse cuando un acto jurídico adoptado con arreglo a los Tratados prevea una limitación de los derechos de los interesados.

4)

Cuando el ECDC ejerza sus funciones en relación con los derechos de los interesados en virtud del Reglamento (UE) 2018/1725, analizará si es aplicable alguna de las excepciones establecidas en dicho Reglamento.

(5)

En el marco de su funcionamiento administrativo, el ECDC puede realizar investigaciones administrativas, tramitar procedimientos disciplinarios, llevar a cabo actividades preliminares relacionadas con casos de posibles irregularidades puestas en conocimiento de la OLAF, tramitar casos de denuncia de irregularidades, tramitar procedimientos (formales e informales) en casos de acoso, tramitar quejas internas y externas, realizar auditorías internas, tratar datos de salud del personal del ECDC, emprender investigaciones a través del responsable de protección de datos en consonancia con lo dispuesto en el artículo 45, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/1725 y llevar a cabo investigaciones internas sobre la seguridad (informática).

6)

El ECDC trata diversas categorías de datos personales, incluidos los datos sólidos (datos «objetivos», como los datos de identificación, los datos de contacto, los datos profesionales, los datos administrativos, los datos recibidos de determinadas fuentes y los datos de las comunicaciones y el tráfico electrónicos) y los datos frágiles (datos «subjetivos» relacionados con el caso, como el razonamiento, los datos de comportamiento, las valoraciones, los datos de actuación y conducta, y los datos relacionados con el objeto del procedimiento o la actividad o presentados en relación con estos).

(7)

El ECDC, representado por su director, actúa como responsable del tratamiento de datos, con independencia de las posteriores delegaciones de esta función dentro del propio ECDC al objeto de reflejar las diversas responsabilidades operativas por las distintas tareas de tratamiento de datos personales.

(8)

Los datos personales se almacenan en un entorno electrónico o en papel de un modo seguro que impide el acceso ilícito a personas que no necesiten conocerlos y la transferencia ilícita a estas personas. Los datos personales tratados no se conservan durante un tiempo superior al necesario y al adecuado para los fines para los que se hubieran tratado, durante el período especificado en los avisos de protección de datos, las declaraciones de confidencialidad o los registros del ECDC.

(9)

Estas normas internas deben aplicarse a todas las operaciones de tratamiento de datos llevadas a cabo por el ECDC en el ejercicio de sus investigaciones administrativas, procedimientos disciplinarios, actividades preliminares relacionadas con casos de posibles irregularidades puestas en conocimiento de la OLAF, procedimientos de denuncia de irregularidades, procedimientos (formales e informales) en casos de acoso, tramitación de quejas internas y externas, auditorías internas, investigaciones llevadas a cabo por el responsable de protección de datos en consonancia con lo dispuesto en el artículo 45, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/1725 e investigaciones en materia de seguridad (informática) realizadas internamente o con la participación de agentes externos (por ejemplo, CERT-UE); y en relación con el tratamiento de los expedientes personales de los miembros del personal.

(10)

Las normas internas deben aplicarse a las operaciones de tratamiento de datos llevadas a cabo antes del inicio de los procedimientos citados previamente, durante estos y durante el seguimiento de la actuación consecutiva a los resultados de dichos procedimientos. También se incluyen la asistencia y la cooperación prestadas por el ECDC a las autoridades nacionales y las organizaciones internacionales al margen de sus investigaciones administrativas.

(11)

En los casos en los que resultan aplicables estas normas internas, el ECDC debe justificar el carácter estrictamente necesario y proporcionado de las limitaciones en una sociedad democrática y respetar en lo esencial los derechos y libertades fundamentales.

(12)

En este contexto, el ECDC debe respetar, en la medida de lo posible, los derechos fundamentales de los interesados durante los procedimientos anteriores, en particular, los correspondientes al derecho a la comunicación de información, el acceso y la rectificación, el derecho de supresión, la limitación del tratamiento, el derecho a la comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado y la confidencialidad de las comunicaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725.

(13)

Sin embargo, el ECDC puede verse obligado a limitar la comunicación de información al interesado y otros derechos del interesado para proteger, en particular, sus propias investigaciones, las investigaciones y los procedimientos de otras autoridades públicas y los derechos de otras personas relacionadas con sus investigaciones o con los procedimientos de otro tipo que se lleven a cabo.

(14)

En consecuencia, el ECDC puede restringir la información a los efectos de proteger la investigación y los derechos y libertades fundamentales de otros interesados.

(15)

El ECDC debe controlar de manera periódica que se cumplan las condiciones que justifiquen la limitación y levantar la limitación en cuanto dejen de cumplirse.

(16)

El responsable del tratamiento debe realizar la notificación pertinente al responsable de protección de datos en el momento del aplazamiento y durante las revisiones.

(1)

El Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre la modificación de los Protocolos n.o 1 y n.o 4 del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, (en lo sucesivo, «Acuerdo en forma de Canje de Notas») entró en vigor el 19 de julio de 2019.

(2)

Dicho Acuerdo en forma de Canje de Notas se ha celebrado sin perjuicio de las posiciones respectivas de la Unión Europea sobre el estatuto del Sáhara Occidental y del Reino de Marruecos sobre dicha región.

(3)

A través de este Acuerdo en forma de Canje de Notas, los productos originarios del Sáhara Occidental, que están sometidos al control de las autoridades aduaneras del Reino de Marruecos, se benefician de las mismas preferencias comerciales que las concedidas por la Unión Europea a los productos cubiertos por el Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, (en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»).

(4)

Con un espíritu de colaboración y a fin de que las Partes puedan evaluar el impacto del Acuerdo en forma de Canje de Notas, especialmente sobre el desarrollo sostenible y, en particular, en lo relativo a las ventajas para las poblaciones afectadas y la explotación de los recursos naturales de los territorios afectados, la Unión Europea y el Reino de Marruecos han acordado intercambiar información al menos una vez al año en el marco del Comité de asociación.

(5)

Las modalidades específicas de este ejercicio de evaluación serán adoptadas por el Comité de asociación.