(1)

El Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo (3), establece, entre otras cosas, normas sobre el almacenamiento e intercambio de información específica a través de medios electrónicos en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (IVA).

(2)

El crecimiento del comercio electrónico facilita la venta transfronteriza de bienes y servicios a los consumidores finales en los Estados miembros. En ese contexto, comercio electrónico transfronterizo se refiere a un suministro en el cual el IVA se adeuda en un Estado miembro y el proveedor está establecido en otro Estado miembro, en un tercer territorio o en un tercer país. No obstante, las empresas fraudulentas, establecidas en un Estado miembro, en un tercer territorio o en un tercer país, aprovechan las oportunidades de comercio electrónico a fin de obtener ventajas comerciales desleales eludiendo sus obligaciones en materia de IVA. Cuando es de aplicación el principio de imposición en destino, debido a que los consumidores no están sujetos a obligaciones contables, los Estados miembros de consumo necesitan disponer de instrumentos adecuados para detectar y controlar a esas empresas fraudulentas. Es importante luchar contra el fraude transfronterizo del IVA provocado por la conducta fraudulenta de algunas empresas en el ámbito del comercio electrónico transfronterizo.

(3)

Hasta ahora, la cooperación entre las autoridades tributarias de los Estados miembros (en lo sucesivo, «autoridades tributarias») en la lucha contra el fraude en materia de IVA se basaba por lo general en los registros mantenidos por las empresas directamente implicadas en la operación sujeta al impuesto. En los suministros transfronterizos de empresas a consumidores, usuales en el ámbito del comercio electrónico, es posible que tal información no esté directamente disponible. Ello hace que se precisen nuevas herramientas para que las autoridades tributarias puedan combatir el fraude del IVA de manera eficaz.

(4)

En la gran mayoría de las compras en línea transfronterizas realizadas por los consumidores en la Unión, los pagos se ejecutan a través de proveedores de servicios de pago. A fin de ofrecer servicios de pago, el proveedor de servicios de pago dispone de información específica para identificar al destinatario o beneficiario de dicho pago transfronterizo, así como de datos relativos a la fecha, al importe y al Estado miembro de origen del pago. Esta información es necesaria para que las autoridades tributarias desempeñen sus tareas básicas de detección de las empresas fraudulentas y de determinación de las obligaciones en materia de IVA en relación con los suministros transfronterizos de empresas a consumidores. Así pues, es necesario y proporcionado que la información pertinente a efectos del IVA, que obra en poder de los proveedores de servicios de pago, se ponga a disposición de los Estados miembros y que los Estados miembros puedan almacenarla en sus sistemas electrónicos nacionales y la transmitan a un sistema electrónico central de información sobre pagos para detectar y combatir el fraude transfronterizo del IVA, en particular en lo que respecta a la facturación a los consumidores.

(5)

El dotar a los Estados miembros de las herramientas para recoger, almacenar y transmitir la información proporcionada por los proveedores de servicios de pago y facilitar el acceso a la misma a los funcionarios de enlace de Eurofisc cuando tiene relación con una investigación acerca de un presunto fraude del IVA o para detectar un fraude del IVA es una medida necesaria y proporcionada para luchar eficazmente contra el fraude del IVA. Esas herramientas son esenciales, dado que las autoridades tributarias necesitan esa información para fines de control del IVA, con objeto de proteger los ingresos públicos, así como a las empresas legítimas de los Estados miembros, lo que a su vez protege el empleo y a los ciudadanos de la Unión.

(6)

Es importante que el tratamiento por los Estados miembros, de la información relativa a los pagos, sea proporcionado al objetivo de luchar contra el fraude del IVA. Por tanto, los Estados miembros no deben recoger, almacenar o transmitir información sobre los consumidores o los ordenantes, ni sobre los pagos con pocas posibilidades de estar relacionados con actividades económicas.

(7)

Para lograr el objetivo de luchar de forma más efectiva contra el fraude del IVA, debe establecerse un sistema electrónico central de información sobre pagos (CESOP, por sus siglas en inglés), al cual los Estados miembros transmitan la información sobre pagos que recogen y pueden almacenar a nivel nacional. El CESOP debe almacenar, agregar y analizar, para cada beneficiario, toda la información pertinente a efectos del IVA en relación con los pagos transmitida por los Estados miembros. El CESOP debe permitir una visión completa de los pagos recibidos por los beneficiarios procedentes de ordenantes ubicados en los Estados miembros y poner a disposición de los funcionarios de enlace de Eurofisc el resultado de los análisis específicos de información. El CESOP debe reconocer el registro múltiple de los mismos pagos, por ejemplo, que un mismo pago pueda notificarse tanto desde el banco como desde el emisor de la tarjeta de un ordenante determinado, limpiar la información recibida de los Estados miembros, por ejemplo, eliminación de duplicados y corrección de errores en los datos, y permitir que los funcionarios de enlace de Eurofisc contrasten la información sobre pagos con la información sobre el IVA de que disponen, realicen indagaciones a efectos de investigaciones acerca de un presunto fraude del IVA o para detectar un fraude del IVA y añadan información complementaria.

(8)

La fiscalidad es un objetivo importante de interés público general de la Unión y de los Estados miembros, y esto se ha reconocido en relación con las restricciones que pueden imponerse a las obligaciones y derechos en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Las limitaciones en relación con los derechos de protección de datos son necesarias debido a la naturaleza y el volumen de la información procedente de los proveedores de servicios de pago y deberán basarse en las condiciones específicas que figuran en la Directiva (UE) 2020/284 del Consejo (6). Dado que la información sobre pagos es especialmente sensible, se necesita claridad en todas las etapas del tratamiento de datos sobre quién es el responsable o el encargado del tratamiento de conformidad con los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725.

(9)

Por tanto, es necesario aplicar restricciones a los derechos de los interesados con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 904/2010. De hecho, la plena aplicación de los derechos y las obligaciones de los interesados podría socavar gravemente el objetivo de luchar de forma efectiva contra el fraude del IVA y podría permitir a los interesados obstaculizar las investigaciones y análisis en curso debido al enorme volumen de información enviada por los proveedores de servicios de pago y a la posible proliferación de solicitudes presentadas por los interesados a los Estados miembros, a la Comisión o a ambos. Esto disminuiría la capacidad de las autoridades tributarias para perseguir el objetivo del presente Reglamento al poner en peligro las indagaciones, los análisis, las investigaciones y los procedimientos llevados a cabo de conformidad con el mismo. Por tanto, las restricciones a los derechos de los interesados deben aplicarse cuando se realice el tratamiento de la información de conformidad con el presente Reglamento. El objetivo de lucha contra el fraude del IVA no puede lograrse por otros medios menos restrictivos de igual eficacia.

(10)

Únicamente los funcionarios de enlace de Eurofisc deben tener acceso a la información sobre los pagos almacenada en el CESOP, y solo con el objetivo de luchar contra el fraude del IVA. Dicha información podría servir, además de para la evaluación del IVA, también para la evaluación de otros cánones, derechos e impuestos, tal como establece el Reglamento (UE) n.o 904/2010. Dicha información no debe utilizarse con fines distintos, como fines comerciales.

(11)

Al tratar la información sobre pagos de conformidad con el presente Reglamento, cada Estado miembro debe respetar los límites de lo proporcionado y necesario a efectos de investigación sobre un presunto fraude del IVA o para detectar un fraude del IVA.

(12)

A fin de proteger los derechos y obligaciones en virtud del Reglamento (UE) 2016/679, es importante que la información relativa a los pagos no se utilice para tomar decisiones individuales automatizadas y que, por lo tanto, siempre sea verificada mediante referencia a otros datos fiscales a disposición de las autoridades tributarias.

(13)

Con el fin de ayudar a los Estados miembros a luchar contra el fraude del IVA y detectar a los defraudadores, resulta necesario y proporcionado que los proveedores de servicios de pago conserven registros de la información relativa a los pagos en relación con los servicios de pago que proporcionen por un período de tres años naturales. Ese período da a los Estados miembros tiempo suficiente para realizar controles de manera eficaz e investigar presuntos fraudes del IVA o detectar fraudes del IVA, y también es proporcionado teniendo en cuenta el enorme volumen de información sobre pagos y su carácter sensible en términos de protección de los datos personales.

(14)

Los funcionarios de enlace de Eurofisc de cada Estado miembro deben poder tener acceso a la información sobre pagos almacenada en el CESOP únicamente con el objetivo de la lucha contra el fraude del IVA, y el personal de la Comisión debidamente acreditado ha de tener acceso a dicha información solo a efectos de desarrollar y mantener el CESOP. Todas las personas que accedan a dicha información deben estar sujetas a las normas de confidencialidad establecidas en el Reglamento (UE) n.o 904/2010.

(15)

Dado que la implantación del CESOP exigirá nuevos avances tecnológicos, es preciso aplazar la aplicación del presente Reglamento a fin de permitir que los Estados miembros y la Comisión desarrollen esas tecnologías.

(16)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución con respecto a las medidas técnicas para establecer y mantener el CESOP, las tareas de la Comisión en la gestión técnica del CESOP, los detalles técnicos para garantizar la conexión y la operatividad global entre los sistemas electrónicos nacionales y el CESOP, los formularios electrónicos normalizados para recoger información de los proveedores de servicios de pago, la información y los detalles técnicos relativos al acceso a la información por los funcionarios de enlace de Eurofisc, las modalidades prácticas para identificar al funcionario de enlace de Eurofisc que tendrá acceso al CESOP, los procedimientos que permitan la adopción de las adecuadas medidas de seguridad técnica y organizativa para el desarrollo y funcionamiento del CESOP, los cometidos y las responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión en relación con las funciones del responsable y del encargado del tratamiento de datos con arreglo a los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725 y respecto a los procedimientos en relación con Eurofisc. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(17)

El fraude del IVA en el comercio electrónico es un problema común a todos los Estados miembros. Los Estados miembros, por sí solos, no tienen la información necesaria para asegurar que se apliquen correctamente las normas del IVA relativas al comercio electrónico transfronterizo o para luchar contra el fraude del IVA en el comercio electrónico transfronterizo. Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la lucha contra el fraude del IVA, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros cuando se trata del comercio electrónico transfronterizo, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta última puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(18)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho de protección de los datos de carácter personal. En este sentido, el presente Reglamento limita estrictamente la cantidad de datos personales que se pondrá a disposición de los Estados miembros. El tratamiento de la información sobre pagos con arreglo al presente Reglamento únicamente debe realizarse para luchar contra el fraude del IVA.

(19)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su dictamen el 14 de marzo de 2019 (8).

(20)

Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 904/2010 en consecuencia.

(1)

La Directiva 2006/112/CE del Consejo (3) establece las obligaciones contables de los sujetos pasivos en relación con el impuesto sobre el valor añadido (IVA).

(2)

El crecimiento del comercio electrónico facilita la venta transfronteriza de bienes y servicios a los consumidores finales en los Estados miembros. En ese contexto, el comercio electrónico transfronterizo se refiere a un suministro en el cual, aunque el IVA se adeuda en un Estado miembro, el proveedor está establecido en otro Estado miembro, en un tercer territorio o en un tercer país. No obstante, las empresas fraudulentas aprovechan las oportunidades que brinda el comercio electrónico para obtener ventajas comerciales desleales mediante la elusión de sus obligaciones en materia de IVA. Cuando es de aplicación el principio de imposición en destino, debido a que los consumidores no están sujetos a obligaciones contables, los Estados miembros de consumo necesitan disponer de instrumentos adecuados para detectar y controlar a esas empresas fraudulentas. Es importante luchar contra el fraude transfronterizo del IVA provocado por la conducta fraudulenta de algunas empresas en el ámbito del comercio electrónico transfronterizo.

(3)

Para la gran mayoría de las compras en línea realizadas por los consumidores en la Unión, los pagos se ejecutan a través de proveedores de servicios de pago. A fin de ofrecer servicios de pago, el proveedor de servicios de pago dispone de información específica para identificar al destinatario o beneficiario de dicho pago, también de datos relativos a la fecha, al importe y al Estado miembro de origen del pago, así como información sobre si el pago se inició en los locales físicos del comerciante. Dicha información específica es importante, en particular, en el contexto de un pago transfronterizo cuando el ordenante está ubicado en un Estado miembro y el beneficiario en otro Estado miembro, en un tercer territorio o en un tercer país. Se requiere dicha información para que las autoridades tributarias de los Estados miembros (en lo sucesivo, «autoridades tributarias») desempeñen sus tareas básicas de detección de las empresas fraudulentas y de control de las obligaciones en materia de IVA. Así pues, es necesario que los proveedores de servicios de pago pongan dicha información a disposición de las autoridades tributarias para ayudarles a detectar y combatir el fraude del IVA.

(4)

Para combatir el fraude del IVA, es importante obligar a los proveedores de servicios de pago a mantener registros suficientemente detallados de determinados pagos transfronterizos considerados como tales por la ubicación del ordenante y la ubicación del beneficiario, y a notificarlos. Por lo tanto, es necesario definir los conceptos de ubicación del ordenante y de ubicación del beneficiario, así como los medios para la identificación de dichas ubicaciones. La ubicación del ordenante y del beneficiario debe hacer surgir la obligación de mantenimiento de registros y de notificación únicamente para los proveedores de servicios de pago que estén establecidos en la Unión y cuyas obligaciones deben entenderse sin perjuicio de las normas establecidas en la Directiva 2006/112/CE y en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 del Consejo (4) en lo que respecta al lugar de realización de la operación sujeta al impuesto.

(5)

A partir de la información de que ya disponen, los proveedores de servicios de pago pueden identificar la ubicación del beneficiario y del ordenante en relación con los servicios de pago que prestan, mediante el identificador de la cuenta de pago del ordenante o del beneficiario o cualquier otro identificador que identifique inequívocamente y proporcione la ubicación del ordenante o del beneficiario. Cuando tales identificadores no estén disponibles, la ubicación del ordenante o del beneficiario debe determinarse mediante un código de identificación de empresa del proveedor de servicios de pago que actúe en nombre del ordenante o del beneficiario, en los casos en que los fondos se transfieran a un beneficiario sin que se haya creado una cuenta de pago en nombre de un ordenante, cuando los fondos no se abonen en ninguna cuenta de pago del beneficiario o cuando no exista otro identificador del ordenante o del beneficiario.

(6)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), es importante que la obligación de un proveedor de servicios de pago de conservar y facilitar información en relación con un pago transfronterizo sea proporcionada y se limite a lo necesario para que los Estados miembros puedan combatir el fraude del IVA. Además, la única información relativa al ordenante que debe conservarse es su ubicación. Por lo que respecta a la información relativa al beneficiario y al pago mismo, los proveedores de servicios de pago solo deben estar obligados a conservar y transmitir a las autoridades tributarias la información necesaria para permitirles detectar a los posibles defraudadores y llevar a cabo los controles fiscales. Por lo tanto, los proveedores de servicios de pago solo deben estar obligados a conservar registros de aquellos pagos transfronterizos que puedan indicar la existencia de actividades económicas. La fijación de un límite máximo basado en el número de pagos recibidos por un beneficiario en el transcurso de un trimestre civil aportaría una indicación de que dichos pagos se han recibido en el contexto de una actividad económica, lo que permitiría excluir los pagos por motivos no comerciales. Al alcanzarse ese límite, surgiría la obligación de mantenimiento de registros y de notificación para el proveedor de servicios de pago.

(7)

En un único pago de un ordenante a un beneficiario pueden participar varios proveedores de servicios de pago. Ese único pago puede dar lugar a varias transferencias de fondos entre los distintos proveedores de servicios de pago. Es necesario que todos los proveedores de servicios de pago que participen en un determinado pago, a menos que sea aplicable una exclusión específica, tengan la obligación de mantenimiento de registros y de notificación. Dichos registros y notificaciones deben contener información sobre el pago realizado del ordenante inicial al beneficiario final, y no sobre las transferencias intermedias de fondos entre proveedores de servicios de pago.

(8)

Las obligaciones de mantenimiento de registros y de notificación deben aplicarse no solo cuando un proveedor de servicios de pago transfiere fondos o emite instrumentos de pago para el ordenante, sino también en los casos en que un proveedor de servicios de pago recibe fondos o adquiere operaciones de pago por cuenta del beneficiario.

(9)

Las obligaciones estipuladas en la presente Directiva no deben aplicarse a los proveedores de servicios de pago que queden fuera del ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Por lo tanto, cuando los proveedores de servicios de pago del beneficiario no están ubicados en un Estado miembro, los proveedores de servicios de pago del ordenante deben mantener registros del pago transfronterizo y notificar la información al respecto. En sentido inverso, para que las obligaciones de mantenimiento de registros y de notificación sean proporcionadas, cuando tanto el proveedor de servicios de pago del ordenante como el del beneficiario están ubicados en un Estado miembro, únicamente el proveedor de servicios de pago del beneficiario debe mantener registros. A efectos de las obligaciones de mantenimiento de registros y de notificación, debe considerarse que un proveedor de servicios de pago está ubicado en un Estado miembro cuando su código de identificación bancaria (BIC, por sus siglas en inglés) o su identificador único de empresa se refiera a ese Estado miembro.

(10)

Como consecuencia del importante volumen de información y del carácter sensible de esta última en cuanto a la protección de los datos personales, resulta necesario y proporcionado que los proveedores de servicios de pago conserven registros relativos a los pagos transfronterizos por un período de tres años naturales con el fin de ayudar a los Estados miembros a luchar contra el fraude del IVA y detectar a los defraudadores. El citado período ofrece a los Estados miembros tiempo suficiente para realizar controles de manera eficaz e investigar presuntos fraudes del IVA o detectar fraudes del IVA.

(11)

La información que deben conservar los proveedores de servicios de pago debe ser recogida e intercambiada por los Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo (7), que establece disposiciones para la cooperación administrativa y el intercambio de información a fin de luchar contra el fraude del IVA.

(12)

El fraude del IVA es un problema común a todos los Estados miembros, pero cada Estado miembro no tiene la información necesaria para asegurar que se apliquen correctamente las normas del IVA relativas al comercio electrónico transfronterizo o para luchar contra el fraude del IVA en el comercio electrónico transfronterizo. Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la lucha contra el fraude del IVA, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros de forma individual si existe un elemento transfronterizo y debido a la necesidad de obtener información de otros Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(13)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho de protección de los datos de carácter personal. La información sobre pagos que se conservará y divulgará con arreglo a la presente Directiva debe ser tratada únicamente por los expertos antifraude de las autoridades tributarias dentro de los límites de lo proporcionado y necesario para lograr el objetivo de la presente Directiva, a saber, la lucha contra el fraude del IVA. La presente Directiva respeta asimismo las normas establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 y en el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(14)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su dictamen el 14 de marzo de 2019 (9).

(15)

Procede, por lo tanto, modificar la Directiva 2006/112/CE en consecuencia.

(1)

La Directiva 2006/112/CE del Consejo (3) autoriza a los Estados miembros a continuar aplicando sus regímenes especiales a las pequeñas empresas, de conformidad con las disposiciones comunes y en aras de una armonización más avanzada. No obstante, dichas disposiciones están obsoletas y no reducen la carga que supone para las pequeñas empresas el cumplimiento de la normativa, ya que fueron concebidas para un sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) basado en la imposición en el Estado miembro de origen.

(2)

En su Plan de Acción sobre el IVA, la Comisión anunció un amplio conjunto de medidas de simplificación en favor de las pequeñas empresas a fin de reducir la carga administrativa que soportan y contribuir al establecimiento de un entorno fiscal que facilite su crecimiento y el desarrollo del comercio transfronterizo. El conjunto de medidas de simplificación implica una revisión del régimen especial de las pequeñas empresas, tal como se indicó en la comunicación relativa al seguimiento del plan de acción sobre el IVA. La revisión del régimen especial de las pequeñas empresas constituye, por lo tanto, un elemento importante del conjunto de reformas previsto en el plan de acción sobre el IVA.

(3)

A fin de hacer frente al problema de la desproporcionada carga que supone el cumplimiento de la normativa para las pequeñas empresas que se benefician de la franquicia, se deben también poner en marcha algunas medidas de simplificación en su favor.

(4)

En la actualidad, el régimen especial de las pequeñas empresas solo permite conceder una franquicia a las empresas establecidas en el Estado miembro en que se devenga el IVA. Esto tiene una incidencia negativa en la competencia en el mercado interior para las empresas no establecidas en dicho Estado miembro. Para resolver esta cuestión y evitar distorsiones adicionales, las pequeñas empresas establecidas en Estados miembros distintos de aquel en que se devenga el IVA también deben poder beneficiarse de la franquicia.

(5)

Cuando un sujeto pasivo esté sujeto al régimen normal del IVA en su Estado de establecimiento pero se acoja a la franquicia del IVA para las pequeñas empresas en otro Estado miembro, la deducción del IVA soportado debe reflejar una conexión con las entregas y prestaciones imponibles del sujeto pasivo. Por consiguiente, cuando dichos sujetos pasivos adquieran insumos en su Estado miembro de establecimiento que estén conectados con entregas y prestaciones exentas en otros Estados miembros no debe ser posible la deducción del IVA soportado.

(6)

Las pequeñas empresas solo pueden beneficiarse de la franquicia cuando su volumen de negocios anual se sitúa por debajo del umbral aplicado por el Estado miembro en que se devenga el IVA. Al fijar su umbral, los Estados miembros deben atenerse a las normas sobre umbrales establecidas por la Directiva 2006/112/CE. Dichas normas, la mayoría de las cuales se establecieron en 1977, han dejado de ser adecuadas.

(7)

A efectos de simplificación, se ha autorizado a una serie de Estados miembros a aplicar, con carácter temporal, un umbral más elevado que el permitido en virtud de lo dispuesto en la Directiva 2006/112/CE. Dado que no resulta adecuado seguir modificando normas generales mediante medidas concedidas a título de excepción, es preciso actualizar las normas relativas a los umbrales.

(8)

Procede que los Estados miembros puedan fijar los umbrales nacionales para la franquicia en el nivel que mejor se adecúe a sus condiciones económicas y políticas, siempre que respeten el límite superior del umbral que establece la presente Directiva. A este respecto, es necesario aclarar que la fijación por los Estados miembros de umbrales diferenciados para los distintos sectores de actividad debe obedecer a criterios objetivos. Cuando un sujeto pasivo tenga derecho a beneficiarse de más de un umbral sectorial, los Estados miembros deben garantizar que el sujeto pasivo únicamente pueda utilizar uno de esos umbrales. Deben garantizar también que sus umbrales no hagan distinción entre sujetos pasivos establecidos y no establecidos.

(9)

El umbral de volumen de negocios anual, en el que se basa la franquicia puesta en marcha por el régimen especial establecido en la presente Directiva, está constituido exclusivamente por el valor combinado de las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por una pequeña empresa en el Estado miembro en el que se otorga la franquicia. Podría producirse un falseamiento de la competencia en el caso de que una empresa no establecida en ese Estado miembro pudiera beneficiarse de dicha franquicia, independientemente del volumen de negocios que generase en otros Estados miembros. A fin de atenuar este tipo de falseamiento de la competencia y de proteger los ingresos fiscales de la Unión, solo deben poder disfrutar de la franquicia en un Estado miembro en el que no estén establecidas aquellas empresas cuyo volumen de negocios anual en la Unión sea inferior a un determinado umbral. Las empresas cuyo volumen de negocios en el Estado miembro en el que estén establecidas se encuentre por debajo del umbral nacional deben poder seguir haciendo entregas y prestaciones exentas en dicho Estado miembro con independencia del volumen de negocios que generen en otros Estados miembros, aun cuando su volumen de negocios total supere el umbral de la Unión.

(10)

A fin de permitir el control efectivo de la aplicación de la franquicia y garantizar que los Estados miembros puedan acceder a la información necesaria, los sujetos pasivos que deseen acogerse a la franquicia en un Estado miembro en el que no estén establecidos deben estar obligados a notificarlo previamente al Estado miembro en el que estén establecidos. Por motivos de simplificación y reducción de los costes de conformidad, dichos sujetos pasivos deben estar identificados por un número individual únicamente en el Estado miembro de establecimiento. Es posible, pero no necesario, que dicho número sea el número individual de identificación a efectos del IVA.

(11)

A fin de asegurar el funcionamiento y la vigilancia adecuados de la franquicia así como la transmisión oportuna de la información, deben establecerse claramente las obligaciones de información que recaen en los sujetos pasivos que se acogen a la franquicia en un Estado miembro en el que no estén establecidos. De este modo, los sujetos pasivos que cumplen la normativa quedarían liberados de tales obligaciones y de la obligación de registro en Estados miembros que no sean el Estado miembro de establecimiento. No obstante, los Estados miembros deben poder exigir que los sujetos pasivos no establecidos que no cumplan las obligaciones de información establecidas específicamente para ellos tengan que cumplir las obligaciones generales de registro y de información en materia de IVA establecidas en las legislaciones nacionales sobre el IVA.

(12)

A fin de evitar incoherencias en el cálculo del volumen de negocios anual en el Estado miembro que sirva de referencia para la aplicación de la franquicia y del volumen anual de negocios en la Unión, deben especificarse los elementos del volumen de negocios que se han de tener en cuenta.

(13)

A fin de evitar la elusión de las normas aplicables a la franquicia para las pequeñas empresas y de preservar la finalidad de dicha franquicia, un sujeto pasivo, establecido o no en el Estado miembro que conceda la franquicia, no debe poder acogerse a la franquicia si el año natural anterior ha superado el umbral nacional establecido en dicho Estado miembro. Por los mismos motivos, un sujeto pasivo no establecido en el Estado miembro que conceda la franquicia no debe poder acogerse a la franquicia si el año natural anterior ha superado el umbral de volumen de negocios anual en la Unión.

(14)

Para asegurar la transición gradual de las pequeñas empresas entre la franquicia y la tributación, se debe autorizar a los sujetos pasivos a seguir beneficiándose de la franquicia para las pequeñas empresas durante un período de tiempo limitado si su volumen de negocios no supera el umbral que da derecho a la franquicia nacional en más de un porcentaje establecido de dicho umbral. Dado que el nivel de los umbrales aplicados puede ser diferente de un Estado miembro a otro, los Estados miembros deben tener la posibilidad de elegir uno de los dos porcentajes propuestos siempre que la aplicación del porcentaje no dé lugar a que el volumen de negocios del sujeto pasivo exento supere un importe fijo determinado. Cuando, durante un año natural, se supere el umbral del volumen de negocios anual en la Unión, es necesario, habida cuenta de que la función del umbral es la protección de los ingresos, que la franquicia deje de aplicarse a partir de ese momento.

(15)

Cuando se aplique una franquicia, las pequeñas empresas que se acojan a ella en el Estado miembro de establecimiento deben, como mínimo, tener acceso a un procedimiento de registro a efectos del IVA en un plazo determinado. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de ampliar dicho plazo en casos específicos en los que se requieran controles exhaustivos para evitar la evasión o la elusión fiscales.

(16)

Las pequeñas empresas que se acojan a la franquicia en el Estado miembro de establecimiento deben, como mínimo, poder acogerse a obligaciones de información simplificadas.

(17)

Además de la concesión de una franquicia del IVA, los regímenes especiales permiten asimismo aplicar bonificaciones degresivas del impuesto. La bonificación degresiva del impuesto es fuente de complejidad y apenas contribuye a reducir la carga que supone para las pequeñas empresas el cumplimiento de la normativa. Por tanto, esta medida debe eliminarse.

(18)

Los Estados miembros deben poder conceder a los sujetos pasivos el derecho a elegir entre el régimen general del IVA y el régimen especial de las pequeñas empresas. En caso de que el sujeto pasivo se acoja a dicho derecho, procede que sean los Estados miembros quienes establezcan las normas y condiciones detalladas para su ejercicio.

(19)

La presente Directiva no debe suponer nuevas obligaciones de registro o información para las pequeñas empresas que se acojan a la franquicia únicamente en el Estado miembro de establecimiento.

(20)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, reducir la carga que supone para las pequeñas empresas el cumplimiento de la normativa, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(21)

De conformidad con la Declaración política conjunta de los Estados miembros y de la Comisión de 28 de septiembre de 2011 sobre los documentos explicativos, (4), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

(22)

Con el fin de garantizar que las medidas de simplificación establecidas en la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta al régimen especial de las pequeñas empresas puedan ser objeto de una vigilancia adecuada, es necesario modificar el Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo (5) de manera que las correspondientes autoridades competentes de los Estados miembros tengan acceso automatizado a los datos recopilados de los sujetos pasivos que se beneficien de la franquicia del IVA para las pequeñas empresas.

(23)

A fin de proporcionar a las pequeñas empresas un fácil acceso a las disposiciones relativas al régimen especial aplicable a las pequeñas empresas en cada Estado miembro, dichas disposiciones deben publicarse en el sitio web de la Comisión.

(24)

El Comité de las Regiones emitió un dictamen el 10 de octubre de 2018 (6).

(25)

Procede, por lo tanto, modificar la Directiva 2006/112/CE y el Reglamento (UE) n.o 904/2010 en consecuencia.

(1)

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (en lo sucesivo, «Convención») entró en vigor el 11 de noviembre de 1990, y fue concluida por la Unión mediante Decisión 90/611/CEE del Consejo (1).

(2)

De conformidad con el artículo 12, apartados 2 a 7, de la Convención, podrán incorporarse sustancias a los cuadros de la Convención en los que se enumeran los precursores de drogas.

(3)

Durante su sexagésima tercera sesión, que se celebrará del 2 al 6 de marzo de 2020 en Viena, la Comisión de Estupefacientes ha de adoptar una decisión sobre la incorporación de una sustancia al cuadro I de la Convención.

(4)

Procede establecer la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en la Comisión de Estupefacientes, ya que la decisión tendrá efectos jurídicos para la Unión y podrá influir de manera determinante en el contenido del Derecho de la Unión, en concreto en el Reglamento (CE) n.o 111/2005 del Consejo (2) y el Reglamento (CE) n.o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(5)

De acuerdo con la evaluación de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la sustancia alfa-fenilacetoacetato de metilo (MAPA) se utiliza con frecuencia en la producción ilegal de anfetamina y metanfetamina. Está demostrado que, por su volumen y alcance, la producción ilegal de estos estupefacientes y sustancias sicotrópicas provoca graves problemas sociales o de salud pública que justifican que el alfa-fenilacetoacetato de metilo (MAPA) sea sometido a control internacional. La producción ilegal de anfetamina y metanfetamina provoca importantes problemas sociales y de salud pública en la Unión. Los incidentes relacionados con el tráfico de alfa-fenilacetoacetato de metilo (MAPA) están aumentando tanto en número como en frecuencia, y los grupos de delincuencia organizada en la Unión están exportando ilegalmente anfetamina y metanfetamina a terceros países.

(6)

La posición de la Unión debe ser expresada por los Estados miembros de la Unión que son miembros de la Comisión de Estupefacientes.

(1)

Mediante la Decisión 97/836/CE del Consejo (1), la Unión se adhirió al Acuerdo de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) sobre la adopción de prescripciones técnicas uniformes aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en estos, y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichas prescripciones (en lo sucesivo, «Acuerdo revisado de 1958»). El Acuerdo revisado de 1958 entró en vigor el 24 de marzo de 1998.

(2)

Mediante la Decisión 2000/125/CE del Consejo (2), la Unión se adhirió al Acuerdo sobre el establecimiento de reglamentos técnicos mundiales aplicables a los vehículos de ruedas y a los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en dichos vehículos (en lo sucesivo, «Acuerdo paralelo»). El Acuerdo paralelo entró en vigor el 15 de febrero de 2000.

(3)

En virtud del artículo 1 del Acuerdo revisado de 1958 y del artículo 6 del Acuerdo paralelo, el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos de la CEPE/ONU (WP.29) puede adoptar, en su caso, las propuestas de modificaciones de los reglamentos de las Naciones Unidas adoptados en virtud del Acuerdo revisado de 1958 (en lo sucesivo, «Reglamentos de las Naciones Unidas») n.os 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 y 152, las propuestas de modificaciones de los Reglamentos Técnicos Mundiales (RTM) n.os 3, 6 y 16, la propuesta de enmiendas de la Resolución mutua MR.1, las propuestas de enmiendas de la Resolución Consolidada R.E.5 y las propuestas de autorizaciones para elaborar una enmienda del RTM n.o 6 y para elaborar un nuevo RTM sobre la determinación de la potencia de los vehículos eléctricos (DEVP).

(4)

Durante el 180.o período de sesiones del Foro Mundial, que tendrá lugar entre el 10 y el 12 de marzo de 2020, el WP.29 debe adoptar los actos mencionados en relación con las disposiciones administrativas y las prescripciones técnicas uniformes aplicables para la aprobación de reglamentos técnicos armonizados de las Naciones Unidas, y los RTM, para los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en ellos.

(5)

Procede establecer la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en el WP.29 por lo que respecta a la adopción de las propuestas de reglamentos de las Naciones Unidas, ya que los reglamentos de las Naciones Unidas serán vinculantes para la Unión y podrán influir de manera decisiva en el contenido del Derecho de la Unión relativo a la homologación de tipo de los vehículos.

(6)

La Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) sustituyó los sistemas de homologación de los Estados miembros por un procedimiento de homologación de la Unión y estableció un marco armonizado que contiene las disposiciones administrativas y los requisitos técnicos generales aplicables a todos los vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes nuevos. Dicha Directiva incorporó al sistema de homologación de tipo UE reglamentos de las Naciones Unidas, bien como requisitos de la homologación de tipo, bien como alternativas a la legislación de la Unión. Desde la adopción de la Directiva 2007/46/CE, se ha incorporado a la legislación de la Unión un número creciente de reglamentos de las Naciones Unidas.

(7)

A la luz de la experiencia y del progreso técnico, es necesario modificar o completar los requisitos relativos a algunos elementos o aspectos contemplados por los Reglamentos n.os 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 y 152 de las Naciones Unidas. Además, deben modificarse algunas disposiciones de los RTM n.os 3, 6 y 16. Por último, es necesario adoptar las enmiendas a la Resolución consolidada R.E.5 y las autorizaciones para elaborar una enmienda del RTM n.o 6 y para elaborar un nuevo RTM sobre la DEVP.

(8)

El documento de trabajo ECE/TRANS/WP.29/2020/25 del WP.29 se refiere a una propuesta de suplemento 2 del Reglamento n.o 144 de las Naciones Unidas (sistemas de llamada de emergencia de accidentes), que no está lista para una votación en WP.29.

(9)

El documento de trabajo ECE/TRANS/WP.29/2020/2 del WP.29 se refiere a una propuesta de suplemento 1 a la serie 08 de enmiendas del Reglamento n.o 9 de las Naciones Unidas (ruido de los vehículos de tres ruedas). Dado que la Unión no aplica las disposiciones uniformes del Reglamento n.o 9 de las Naciones Unidas, no es necesario establecer una posición de la Unión sobre la propuesta ECE/TRANS/WP.29/2020/2.