(1)

El 9 de noviembre de 2007, la Comisión inició un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China (2) con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 384/96 del Consejo (3) («el Reglamento de base»).

(2)

El 31 de enero de 2009, mediante el Reglamento (CE) n.o 91/2009 (4), el Consejo impuso un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China («la RPC»).

(3)

Tras la imposición del derecho antidumping definitivo, la Comisión recibió pruebas de que dichas medidas se estaban eludiendo mediante el transbordo vía Malasia.

(4)

Por ese motivo, el 28 de noviembre de 2010, mediante el Reglamento (UE) n.o 966/2010 (5), la Comisión inició una investigación sobre la posible elusión de las medidas antidumping impuestas por el Reglamento (CE) n.o 91/2009.

(5)

El 26 de julio de 2011, el Consejo amplió el derecho antidumping establecido por el Reglamento (CE) n.o 91/2009 a determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de Malasia, hayan sido declarados o no originarios de Malasia, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 723/2011 del Consejo, de 18 de julio de 2011 («el Reglamento antielusión») (6).

(6)

El 27 de febrero de 2016, la Comisión derogó el derecho antidumping definitivo establecido por el Reglamento (CE) n.o 91/2009, ampliado por el Reglamento (UE) n.o 723/2011 (7).

(7)

El 17 de noviembre de 2017, el Tribunal Supremo de los Países Bajos solicitó una decisión prejudicial en el marco de un litigio nacional interpuesto por un importador neerlandés de elementos de fijación procedentes de Malasia, Eurobolt BV («Eurobolt»). Eurobolt impugnó la validez de las medidas antielusión alegando que la Comisión no había enviado al Comité toda la información pertinente al menos diez días hábiles antes de la reunión de dicho Comité, de conformidad con el entonces aplicable artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 (8).

(8)

En este contexto, el tribunal remitente preguntó al Tribunal de Justicia si el Reglamento (UE) n.o 723/2011 es inválido a la luz de lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009, en la medida en que las observaciones presentadas por Eurobolt en respuesta a las conclusiones de la Comisión no se pusieron a disposición del Comité Consultivo mencionado en ese apartado, a más tardar diez días laborables antes de su reunión, como información pertinente en el sentido de dicha disposición (9).

(9)

En su sentencia, el Tribunal de Justicia señaló que las observaciones controvertidas fueron presentadas por Eurobolt en calidad de parte interesada en el marco de una investigación abierta por la Comisión en virtud del artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009. Estas observaciones se presentaron en respuesta a las conclusiones provisionales adoptadas por la Comisión (10). Por consiguiente, dichas observaciones deberían haber sido consideradas información pertinente en el sentido del artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 (11); y de lo anterior resulta que se había vulnerado esa disposición por cuanto dichas observaciones no fueron comunicadas a los Estados miembros a más tardar diez días laborables antes de la reunión del Comité Consultivo (12).

(10)

Para el Tribunal de Justicia, el requisito de comunicar toda la información pertinente al Comité Consultivo a más tardar diez días laborables antes de su reunión, establecido en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009, constituye un requisito sustancial de forma para la legalidad del procedimiento, cuyo incumplimiento conlleva la nulidad del acto de que se trate (13).

(11)

De conformidad con el artículo 266 del TFUE, las instituciones de la Unión deben adoptar las medidas necesarias para la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(12)

De la jurisprudencia se desprende que, cuando una sentencia del Tribunal de Justicia anula un reglamento que establece derechos antidumping o declara inválido tal reglamento, la institución que debe adoptar las medidas necesarias para la ejecución de dicha sentencia tiene la facultad de reanudar el procedimiento que dio lugar a dicho reglamento, aunque la normativa aplicable no haya previsto expresamente esta facultad (14).

(13)

Además, salvo que la irregularidad constatada conlleve la nulidad de todo el procedimiento, la institución de que se trate tiene la facultad de reanudar este, con el fin de adoptar un acto que sustituya al acto anulado o declarado inválido, en la fase en la que se cometió la infracción (15). En particular, esto implica que, en una situación en la que se anula un acto por el que se concluye un procedimiento administrativo, dicha anulación no afecta necesariamente a los actos preparatorios, como el inicio del procedimiento antielusión mediante el Reglamento (UE) n.o 966/2010.

(14)

En este asunto, el Tribunal de Justicia declaró inválido el Reglamento (UE) n.o 723/2011 en la medida en que fue adoptado infringiendo el procedimiento de consulta que figura en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009. Por consiguiente, la Comisión tiene la posibilidad de corregir los aspectos del Reglamento (UE) n.o 723/2011 que dieron lugar a su anulación y dejar inalteradas aquellas partes a las que no afecta la sentencia del Tribunal de Justicia (16).

(15)

Por consiguiente, la Comisión ha decidido reabrir la investigación antielusión con el fin de corregir la ilegalidad detectada por el Tribunal de Justicia.

(16)

En vista de lo anterior, la Comisión reabre la investigación antielusión relativa a las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de Malasia, hayan sido declarados o no originarios de Malasia, que dio lugar a la adopción del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 723/2011 del Consejo, de 18 de julio de 2011, por el que se amplía el derecho antidumping definitivo establecido por el Reglamento (CE) n.o 91/2009.

(17)

El ámbito de la reapertura se limita a la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-644/17, Eurobolt. En dicha sentencia, la ilegalidad detectada por el Tribunal de Justicia se refiere a las obligaciones derivadas del procedimiento de Comité Consultivo que figura en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 en vigor en ese momento. Entre tanto, ese procedimiento ha sido sustituido por el procedimiento de Comité de Examen que figura en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 (17) (18).

(18)

A este respecto, la Comisión constata que, en principio, los actos de la Unión Europea deben adoptarse de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el momento de su adopción. Sin embargo, precisamente a causa de la derogación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 en vigor durante la investigación subyacente, un procedimiento como la actual reapertura de una investigación antielusión iniciada en virtud del artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 únicamente puede completarse, desde la derogación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 en vigor en el momento de la adopción del Reglamento (UE) n.o 723/2011, sobre la base del procedimiento de Comité actualmente en vigor para la imposición de medidas antielusión (19). De conformidad con el artículo 15, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009, modificado y codificado por el Reglamento (UE) 2016/1036 (20), el procedimiento que debe seguirse a efectos de la presente reapertura es el procedimiento que figura en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

(19)

Puesto que, en este caso concreto, las observaciones de Eurobolt en calidad de parte interesada en relación con la investigación iniciada por la Comisión en virtud del artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 no se comunicaron adecuadamente al Comité Consultivo, la Comisión tiene la intención de analizar dichas observaciones (así como cualquier información complementaria facilitada por las partes interesadas, tal como se indica en la sección 2.2) y de reflejar los resultados de dicho análisis en la propuesta que se presentará al Comité.

(20)

Posteriormente, la Comisión consultará al Comité sobre la base del procedimiento de examen establecido en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 182/2011, según lo dispuesto en el artículo 15, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/1036, a más tardar catorce días antes de la reunión de dicho Comité. Esto tiene por objetivo permitir a los Gobiernos de los Estados miembros familiarizarse con toda información pertinente relacionada con dichas observaciones, de modo que esos Gobiernos puedan, por medio de consultas internas y externas, definir una posición que proteja los intereses propios de cada uno de ellos.

(21)

Se invita a las partes interesadas a que expongan sus puntos de vista, presenten la información oportuna y aporten pruebas justificativas sobre las cuestiones relativas a la reapertura de la investigación en un plazo de veinte días a partir de la publicación del presente Reglamento en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(22)

Todas las partes interesadas podrán solicitar audiencia con los servicios de investigación de la Comisión. Toda solicitud de audiencia deberá hacerse por escrito, especificando los motivos. En el caso de audiencias sobre cuestiones relativas a la reapertura de la investigación, la solicitud deberá presentarse en un plazo de quince días a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento en el Diario Oficial de la Unión Europea. Posteriormente, las solicitudes de audiencia deberán presentarse en los plazos específicos que establezca la Comisión en su comunicación con las partes.

(23)

La información presentada a la Comisión para la realización de investigaciones de defensa comercial deberá estar libre de derechos de autor. Las partes interesadas, antes de presentar a la Comisión información o datos sujetos a derechos de autor de terceros, deberán solicitar un permiso específico al titular de dichos derechos que permita de forma explícita que: a) la Comisión utilice la información y los datos a efectos del presente procedimiento de defensa comercial, y b) la información o los datos se faciliten a las partes interesadas en la presente investigación de forma que les permitan ejercer su derecho de defensa.

(24)

Toda la información presentada por escrito y la correspondencia que aporten las partes interesadas para las que se solicite tratamiento confidencial deberá llevar la indicación «Limited» (difusión restringida) (21).

(25)

Las partes interesadas que faciliten información de difusión restringida deberán proporcionar resúmenes no confidenciales, con arreglo al artículo 19, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (22), con la indicación «For inspection by interested parties» (para inspección por las partes interesadas). Estos resúmenes deberán ser suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del contenido de la información facilitada con carácter confidencial. Si una parte interesada presenta información confidencial sin un resumen no confidencial de esta con el formato y la calidad requeridos, dicha información podrá ser ignorada.

(26)

Se invita a las partes interesadas a que envíen toda la información y las solicitudes por correo electrónico o a través de TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) (23), incluidas las copias escaneadas de los poderes notariales y las certificaciones. Al utilizar el correo electrónico o TRON.tdi, las partes interesadas manifiestan su acuerdo con las normas aplicables a la información presentada por medios electrónicos contenidas en el documento «CORRESPONDENCIA CON LA COMISIÓN EUROPEA EN CASOS DE DEFENSA COMERCIAL», publicado en el sitio web de la Dirección General de Comercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152568.pdf. Las partes interesadas deberán indicar su nombre, dirección y número de teléfono, así como una dirección de correo electrónico válida, y asegurarse de que esta última sea una dirección de correo electrónico oficial de la empresa, que funcione y se consulte a diario. Una vez facilitados los datos de contacto, la Comisión se comunicará con las partes interesadas únicamente por correo electrónico, a no ser que estas soliciten expresamente recibir todos los documentos de la Comisión por otro medio de comunicación, o que la naturaleza del documento que se vaya a enviar exija su envío por correo certificado. Para consultar otras normas y otra información sobre la correspondencia con la Comisión, incluidos los principios que se aplican a la información presentada por correo electrónico, las partes interesadas deben consultar las instrucciones de la comunicación para las partes interesadas mencionadas anteriormente.

Dirección de la Comisión para la correspondencia:

(27)

Cuando una parte interesada deniegue el acceso a la información necesaria, no la facilite en los plazos establecidos u obstaculice de forma significativa la investigación, las conclusiones, positivas o negativas, podrán formularse a partir de los datos disponibles, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base.

(28)

Si se comprueba que alguna parte interesada ha facilitado información falsa o engañosa, podrá hacerse caso omiso de dicha información y podrán utilizarse los datos disponibles.

(29)

Si una parte interesada no coopera, o solo coopera parcialmente, y en consecuencia las conclusiones se basan en los datos disponibles, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de base, el resultado podrá ser menos favorable para ella de lo que habría sido si hubiera cooperado.

(30)

No responder por medios informatizados no se considerará una falta de cooperación, siempre que la parte interesada demuestre que presentar la respuesta de esta forma supondría un trabajo o un coste suplementario desproporcionados. Dicha parte interesada debe ponerse de inmediato en contacto con la Comisión.

(31)

Las partes interesadas pueden solicitar la intervención del Consejero Auditor en los procedimientos comerciales. Este actúa de intermediario entre las partes interesadas y los servicios de investigación de la Comisión. Revisa las solicitudes de acceso al expediente, las controversias sobre la confidencialidad de los documentos, las solicitudes de ampliación de plazos y las peticiones de audiencia de terceras partes. El Consejero Auditor puede celebrar una audiencia con una parte interesada concreta y mediar para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de defensa de las partes interesadas.

(32)

Toda solicitud de audiencia con el Consejero Auditor debe hacerse por escrito, especificando los motivos. El Consejero Auditor examinará los motivos de las solicitudes. Estas audiencias solo deben celebrarse si las cuestiones no han sido resueltas con los servicios de la Comisión a su debido tiempo.

(33)

Toda solicitud debe presentarse en su momento y con prontitud, a fin de no estorbar el correcto desarrollo de los procedimientos. Para ello, las partes interesadas deben solicitar la intervención del Consejero Auditor lo antes posible una vez que haya surgido el motivo que justifique su intervención. Cuando las solicitudes de audiencia se presenten fuera de los plazos pertinentes, el Consejero Auditor examinará también los motivos del retraso, la naturaleza de las cuestiones planteadas y la incidencia de esas cuestiones sobre los derechos de defensa, teniendo debidamente en cuenta los intereses de la buena administración y la finalización puntual de la investigación.

(34)

Las partes interesadas podrán encontrar más información, así como los datos de contacto, en las páginas del Consejero Auditor, en el sitio web de la Dirección General de Comercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

(35)

Todo dato personal obtenido en el transcurso de esta investigación se tratará de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (24).

(36)

En el sitio web de la Dirección General de Comercio figura un aviso de protección de datos que informa a todos los individuos acerca del tratamiento de los datos personales en el marco de las actividades de defensa comercial de la Comisión: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.

(37)

Las autoridades aduaneras nacionales deben esperar a la publicación del resultado de la reapertura de la investigación antes de decidir sobre las solicitudes de devolución y condonación de los derechos afectados por el presente Reglamento. En principio, dicha publicación debería tener lugar en un plazo de nueve meses a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento.

(38)

Se informará a todas las partes interesadas de los principales hechos y consideraciones sobre cuya base se prevé ejecutar la sentencia, y se les dará la oportunidad de formular observaciones.

(1)

En el anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 figura la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos de conformidad con ese mismo Reglamento.

(2)

El 20 de agosto de 2019, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió modificar una entrada de la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos.

(3)

Procede, por tanto, modificar el anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 en consecuencia.