(1)

El Reglamento (UE) n.o 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) establece normas armonizadas sobre la puesta a disposición, la introducción, la posesión y la utilización de sustancias o mezclas susceptibles de utilización indebida para la fabricación ilícita de explosivos, con el fin de limitar su disponibilidad por los particulares y de garantizar la adecuada notificación de las transacciones sospechosas en todas las fases de la cadena de suministro.

(2)

Aunque el Reglamento (UE) n.o 98/2013 ha contribuido a reducir la amenaza que suponen los precursores de explosivos en la Unión, es necesario reforzar el sistema de control de los precursores que pueden utilizarse para la fabricación de explosivos caseros. Dado el número de cambios necesarios, procede, por motivos de claridad, sustituir el Reglamento (UE) n.o 98/2013.

(3)

El Reglamento (UE) n.o 98/2013 limita el acceso de los particulares a los precursores de explosivos y su utilización por los mismos. A pesar de esta restricción, los Estados miembros pueden, sin embargo, optar por conceder a los particulares acceso a esas sustancias mediante un sistema de licencias y de registro. Las restricciones y los controles de los precursores de explosivos en los Estados miembros han sido por lo tanto divergentes y susceptibles de crear obstáculos al comercio dentro de la Unión, impidiendo así el funcionamiento del mercado interior. Por otra parte, las restricciones y controles vigentes no han garantizado niveles suficientes de seguridad pública, pues no han impedido adecuadamente a los delincuentes la adquisición de precursores de explosivos. La amenaza que representan los explosivos caseros se ha mantenido elevada y en continua evolución.

(4)

El sistema destinado a impedir la fabricación ilícita de explosivos debe por lo tanto reforzarse y armonizarse habida cuenta de la evolución de la amenaza para la seguridad pública causada por el terrorismo y otras actividades delictivas graves. Este refuerzo y esta armonización deben también garantizar la libre circulación de precursores de explosivos en el mercado interior, así como promover la competencia entre operadores económicos y fomentar la innovación, facilitando por ejemplo el desarrollo de sustancias químicas más seguras como sustitutos de los precursores de explosivos.

(5)

Entre los criterios para determinar las medidas que corresponde aplicar a cada tipo de precursores de explosivos se incluyen el grado de amenaza asociado con el precursor de explosivos en cuestión, el volumen del comercio de los precursores de explosivos correspondientes y la posibilidad o no de establecer un nivel de concentración por debajo del cual el precursor de explosivos podría seguir utilizándose con los fines legítimos para los que se pone a disposición, al tiempo que se reduce en gran medida la probabilidad de que sea utilizado para la fabricación ilícita de explosivos.

(6)

No se debe permitir que los particulares adquieran, introduzcan, posean o utilicen determinados precursores de explosivos en concentraciones superiores a determinados valores límite, expresados en porcentaje en peso (p/p). Sin embargo, debe permitirse a los particulares adquirir, introducir, poseer o utilizar algunos precursores de explosivos en concentraciones por encima de esos valores límite, con fines legítimos, siempre que dispongan de una licencia a tales efectos. Cuando el solicitante sea una persona jurídica, la autoridad competente del Estado miembro debe tener en cuenta sus antecedentes y los de cualquier persona que actúe a título individual o como parte de un órgano de la persona jurídica y que ostente en ella un cargo directivo, basado en un poder de representación de la persona jurídica, en la facultad de adoptar decisiones por cuenta de la persona jurídica o en la facultad de ejercer control en el seno de la persona jurídica.

(7)

Respecto de determinados precursores de explosivos restringidos en concentraciones superiores a los valores límite establecidos en el presente Reglamento, no existe un uso legítimo por particulares. Se debe por consiguiente interrumpir la concesión de licencias para el clorato potásico, el perclorato potásico, el clorato sódico y el perclorato sódico. Solo se debe permitir la concesión de licencias respecto de un número limitado de precursores de explosivos restringidos que tengan un uso legítimo por particulares. Tal concesión de licencias debe limitarse a concentraciones que no superen el valor límite máximo establecido en el presente Reglamento. Por encima de ese valor límite máximo, el riesgo de fabricación ilícita de explosivos supera el uso legítimo irrelevante por los particulares de dichos precursores de explosivos, dado que con sustancias alternativas o concentraciones inferiores se puede lograr el mismo efecto. El presente Reglamento debe determinar también las circunstancias que las autoridades competentes deben tener en cuenta, como mínimo, al decidir si expiden o no una licencia. Esto, junto con el modelo de licencia que figura en el anexo III, debe facilitar el reconocimiento de las licencias expedidas por otros Estados miembros.

(8)

A fin de alcanzar los objetivos del mercado único, el reconocimiento mutuo de licencias expedidas por otros Estados miembros debe poder hacerse bilateral o multilateralmente.

(9)

Con el fin de aplicar las restricciones y los controles del presente Reglamento, los operadores económicos que efectúen ventas a usuarios profesionales o a particulares que dispongan de una licencia deben poder basarse en la información que les facilite la fase previa de la cadena de suministro. Cada operador económico de la cadena de suministro debe, por lo tanto, informar al destinatario de los precursores de explosivos regulados que la puesta a disposición, introducción, posesión o utilización de dichos precursores de explosivos por los particulares están sujetas al presente Reglamento, por ejemplo fijando la etiqueta apropiada en el envase o comprobando que se ha fijado en este la etiqueta apropiada, o incluyendo dicha información en la ficha de datos de seguridad elaborada de conformidad con el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(10)

La diferencia entre un operador económico y un usuario profesional reside en que el operador económico pone un precursor de explosivos a disposición de otra persona, mientras que el usuario profesional adquiere o introduce el precursor de explosivos exclusivamente para su propio uso. Los operadores económicos que realizan ventas a los usuarios profesionales, a otros operadores económicos o a los particulares que dispongan de una licencia deben garantizar que el personal que intervenga en la venta de los precursores de explosivos conozca cuáles de los productos puestos a disposición contienen precursores de explosivos, por ejemplo, informando sobre el contenido de un precursor de explosivos en el código de barras del producto.

(11)

La distinción entre usuarios profesionales, a cuya disposición debe ser posible poner los precursores de explosivos restringidos, y particulares, a cuya disposición no se deben poner, se basa en la intención de utilizar el precursor de explosivos en cuestión con fines relacionados con su actividad comercial, empresarial o profesional específica, con inclusión de la actividad silvícola, hortícola y agrícola, realizada a tiempo completo o parcial y no necesariamente relacionada con la superficie de la explotación en la que se lleva a cabo esta actividad. Los operadores económicos no deben, por lo tanto, poner los precursores de explosivos restringidos a disposición de personas físicas o jurídicas que sean profesionalmente activos en un ámbito en el que los precursores de explosivos restringidos específicos no tiendan a ser utilizados con fines profesionales, o de personas físicas o jurídicas que se dediquen a actividades que no estén vinculadas a ninguna finalidad profesional.

(12)

El personal de los operadores económicos que intervenga en la puesta a disposición de precursores de explosivos debe estar sujeto a las mismas normas en virtud del presente Reglamento que las que se aplican a los particulares cuando utilicen dichos precursores de explosivos a título personal.

(13)

Los operadores económicos deben conservar los datos de las transacciones a fin de ayudar en gran medida a las autoridades en la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de delitos graves cometidos con artefactos explosivos de fabricación casera y en la verificación del cumplimiento del presente Reglamento. Es esencial a tal efecto la identificación de todos los participantes en la cadena de suministro y de todos los clientes, ya se trate de particulares, de usuarios profesionales o de operadores económicos. Como la fabricación y el uso ilícitos de explosivos caseros no pueden efectuarse sino pasado bastante tiempo después de la venta del precursor de explosivos, los datos de las transacciones deben conservarse el tiempo que sea necesario, proporcionado y apropiado para facilitar las investigaciones, habida cuenta de los períodos promedio de inspección.

(14)

El presente Reglamento también debe aplicarse a los operadores económicos que operen en línea, incluidos aquellos que operan en mercados en línea. Por tanto, los operadores económicos que operan en línea también deben formar a su personal y disponer asimismo de procedimientos adecuados para detectar las transacciones sospechosas. Además, solo deben poner precursores de explosivos restringidos a disposición de un particular de los Estados miembros que mantengan o establezcan un sistema de licencias conforme con el presente Reglamento y únicamente tras haber comprobado que ese particular es titular de una licencia válida. Tras haber comprobado la identidad del posible cliente, a través por ejemplo de los mecanismos establecidos en el Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), el operador económico debe comprobar que se ha expedido una licencia que cubra la transacción prevista, por ejemplo realizando un control físico de la licencia en el momento de la entrega del precursor de explosivos o, previo consentimiento del posible cliente, contactando a la autoridad competente del Estado miembro que haya expedido la licencia. Al igual que los operadores económicos que no operan en línea, los que sí lo hacen también deben solicitar declaraciones de uso final a los usuarios profesionales.

(15)

Los mercados en línea actúan como meros intermediarios entre los operadores económicos, por una parte, y los particulares, los usuarios profesionales u otros operadores económicos, por otra. Por consiguiente, los mercados en línea no deben entrar en la definición de operador económico y no debe exigírseles que instruyan sobre las obligaciones establecidas en el presente Reglamento a los miembros de su personal que intervengan en las ventas de precursores de explosivos restringidos, ni que comprueben la identidad y, si procede, la licencia del posible cliente, ni que soliciten otra información al posible cliente. Sin embargo, dado el papel fundamental que desempeñan en las transacciones en línea, también en lo que atañe a las ventas de precursores de explosivos regulados, los mercados en línea deben informar de manera clara y efectiva de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento a aquellos de sus usuarios que tengan intención de poner a disposición precursores de explosivos regulados valiéndose de sus servicios. Además, los mercados en línea deben adoptar medidas para contribuir a garantizar que sus usuarios cumplen con sus propias obligaciones de comprobación, ofreciéndoles, por ejemplo, herramientas que faciliten la comprobación de las licencias. Habida cuenta de la creciente relevancia de los mercados en línea para todo tipo de suministros y de la importancia de esta vía de adquisición, también para fines terroristas, los mercados en línea deben estar sujetos a las mismas obligaciones de detección y notificación que los operadores económicos, aunque los procedimientos de detección de las transacciones sospechosas deban adaptarse adecuadamente al entorno en línea específico.

(16)

Las obligaciones que recaen en los mercados en línea de conformidad con el presente Reglamento no deben equivaler a una obligación general de supervisión. El presente Reglamento debe establecer solamente obligaciones específicas para los mercados en línea en relación con la detección y la notificación de las transacciones sospechosas que se efectúen en sus sitios web o valiéndose de sus servicios informáticos. Los mercados en línea no deben ser considerados, con arreglo al presente Reglamento, responsables de las transacciones que no hayan detectado a pesar de haber establecido procedimientos adecuados, razonables y proporcionados para detectar dichas transacciones sospechosas.

(17)

El presente Reglamento obliga a los operadores económicos a notificar las transacciones sospechosas, con independencia de si el posible cliente es un particular, un usuario profesional o un operador económico. Las obligaciones relativas a los precursores de explosivos regulados, incluida la de notificar las transacciones sospechosas, deben aplicarse a todas las sustancias que figuran en los anexos I y II, independientemente de su concentración. No obstante, deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento los productos que contengan precursores de explosivos solo en una medida tan reducida y en mezclas tan complejas que la extracción de precursores de explosivos sea técnicamente extremadamente difícil.

(18)

A fin de mejorar la aplicación del presente Reglamento, tanto los operadores económicos como las autoridades públicas deben impartir una formación adecuada con respecto a las obligaciones derivadas del presente Reglamento. Los Estados miembros deben contar con autoridades de inspección, organizar acciones periódicas de sensibilización adaptadas a las especificidades de cada sector y mantener un diálogo permanente con los operadores económicos a todos los niveles de la cadena de suministro, incluidos los operadores económicos que operan en línea.

(19)

La variedad de sustancias utilizadas por los delincuentes para la fabricación ilícita de explosivos puede cambiar rápidamente. Debe, por consiguiente, ser posible imponer a otras sustancias las obligaciones de información establecidas en el presente Reglamento, con carácter urgente en caso necesario. A fin de adaptarse a la posible evolución de la utilización indebida de sustancias como precursores de explosivos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a la modificación del presente Reglamento mediante la modificación de los valores límite por encima de los cuales determinadas sustancias restringidas en virtud del presente Reglamento no deben ponerse a disposición de los particulares, y la inclusión en la lista de otras sustancias respecto de las cuales debe notificarse toda transacción sospechosa. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (6). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.

(20)

A fin de regular el uso de las sustancias aún no enumeradas en los anexos I o II pero respecto de las cuales algún Estado miembro albergue motivos fundados para considerar que podrían emplearse para la fabricación ilícita de explosivos, se debe incluir una cláusula de salvaguardia que contemple el procedimiento adecuado de la Unión. Además, habida cuenta de los riesgos específicos a los que debe responder el presente Reglamento, procede permitir que, en determinadas circunstancias, los Estados miembros adopten medidas de salvaguardia en relación también con sustancias que ya estén sujetas a medidas con arreglo al presente Reglamento. Del mismo modo, se debe permitir a los Estados miembros que mantengan medidas nacionales sobre las que ya hayan informado o a la Comisión o le hayan notificado en consonancia con el artículo 13 del Reglamento (UE) n.o 98/2013.

(21)

El marco regulador quedaría simplificado mediante la integración de las restricciones de seguridad referentes a la disponibilidad del nitrato amónico del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 en el presente Reglamento. Procede, por lo tanto, modificar, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 en consecuencia.

(22)

El presente Reglamento exige el tratamiento de datos personales y su posterior divulgación a terceros en caso de transacciones sospechosas. Ese tratamiento y divulgación suponen una injerencia en los derechos fundamentales de respeto a la intimidad y de protección de los datos personales. Por tanto, debe garantizarse que el derecho fundamental a la protección de los datos personales de las personas cuyos datos personales se traten en aplicación del presente Reglamento sea objeto del debido respeto. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) regula el tratamiento de datos personales realizado en el marco del presente Reglamento. Por consiguiente, el tratamiento de datos personales asociados a la concesión de licencias y la notificación de transacciones sospechosas debe llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, lo que incluye la aplicación de los principios generales de la protección de datos de licitud, lealtad y transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación de la conservación, integridad y confidencialidad, y la obligación de mostrar el debido respeto a los derechos del interesado.

(23)

La Comisión debe llevar a cabo una evaluación del presente Reglamento basándose en los criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la UE. Esa evaluación debe servir de base para las evaluaciones de impacto de las posibles medidas ulteriores. A fin de evaluar el presente Reglamento, debe recabarse información regularmente.

(24)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, limitar el acceso de los particulares a los precursores de explosivos, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y los efectos de la limitación, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(25)

Procede derogar el Reglamento (UE) n.o 98/2013.

(1)

La libre circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios son principios fundamentales del mercado interior que están consagrados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(2)

Con arreglo al artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE), la Unión obrará en pro de una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la lucha contra la discriminación. De conformidad con el artículo 9 del TFUE, en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión debe tener en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con la promoción de un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana.

(3)

El pilar europeo de derechos sociales fue proclamado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017. Dicha cumbre hizo hincapié en la necesidad de dar prioridad a la dimensión humana, a fin de seguir desarrollando la dimensión social de la Unión y de promover la convergencia mediante esfuerzos en todos los niveles, como se confirmó en las Conclusiones del Consejo Europeo tras su reunión de los días 14 y 15 de diciembre de 2017.

(4)

En su Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2018-2019, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión se comprometen a tomar medidas para reforzar la dimensión social de la Unión, trabajando para mejorar la coordinación de los sistemas de seguridad social, protegiendo a los trabajadores de los riesgos para la salud en el lugar de trabajo, garantizando un trato equitativo para todas las personas en el mercado laboral de la Unión mediante la modernización de las normas sobre el desplazamiento de trabajadores, y mejorando la aplicación transfronteriza de la legislación de la Unión.

(5)

Con el fin de proteger los derechos de los trabajadores móviles y promover una competencia leal entre las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas (pymes), es esencial mejorar el cumplimiento transfronterizo de la legislación de la Unión en el ámbito de la movilidad laboral y hacer frente a los abusos.

(6)

Debe crearse una Autoridad Laboral Europea («Autoridad») para ayudar a reforzar la equidad y la confianza en el mercado interior. Los objetivos de la Autoridad deben definirse claramente, haciendo especial hincapié en un número limitado de tareas, de modo que se garantice que estas se realizan de la manera más eficiente posible en los ámbitos en los que la Autoridad pueda aportar el mayor valor añadido. A tal efecto, la Autoridad debe ayudar a los Estados miembros y a la Comisión para reforzar el acceso a la información, apoyar el cumplimiento y la cooperación entre los Estados miembros de cara a una aplicación y cumplimiento coherente, eficiente y eficaz de la legislación de la Unión en materia de movilidad laboral en toda la Unión, y la coordinación de los sistemas de seguridad social en la Unión, y debe mediar y facilitar una solución en caso de litigios.

(7)

La mejora del acceso de las personas y los empleadores, en particular de las pymes, a la información sobre sus derechos y obligaciones en los ámbitos de la movilidad laboral, la libre circulación de servicios y la coordinación de la seguridad social, resulta esencial para que puedan beneficiarse del pleno potencial del mercado interior.

(8)

La Autoridad debe llevar a cabo sus actividades en los ámbitos de la movilidad laboral en toda la Unión y la coordinación de la seguridad social, incluida la libertad de circulación de los trabajadores, el desplazamiento de trabajadores y los servicios muy móviles. También debe mejorar la cooperación entre los Estados miembros para hacer frente al trabajo no declarado y a otras situaciones que comprometen el buen funcionamiento del mercado interior como, por ejemplo, las sociedades fantasma y el trabajo como falso autónomo, sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros para tomar decisiones sobre las medidas nacionales. Si, al llevar a cabo sus actividades, la Autoridad tiene conocimiento de presuntas irregularidades en ámbitos de la legislación de la Unión como incumplimientos de condiciones de trabajo o de normas de salud y seguridad, o explotación laboral, debe estar en condiciones de informar a las autoridades nacionales de los Estados miembros afectados y, en su caso, a la Comisión y a otros organismos competentes de la Unión y de cooperar con ellos sobre estas cuestiones.

(9)

El ámbito de actividades de la Autoridad debe abarcar los actos jurídicos de la Unión específicos enumerados en el presente Reglamento, incluidas sus modificaciones. Dicha lista debe ampliarse en caso de que se adopten nuevos actos jurídicos de la Unión en el ámbito de la movilidad laboral en toda la Unión.

(10)

La Autoridad debe contribuir proactivamente a los esfuerzos nacionales y de la Unión en el ámbito de la movilidad laboral en toda la Unión y la coordinación de la seguridad social desempeñando sus tareas en estrecha colaboración con las instituciones y organismos de la Unión y con los Estados miembros, evitando al mismo tiempo duplicar esfuerzos y fomentando las sinergias y complementariedades.

(11)

La Autoridad debe contribuir a facilitar la aplicación y cumplimiento de la legislación de la Unión en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y a apoyar el cumplimiento de las disposiciones implementadas mediante convenios colectivos universalmente aplicables de conformidad con las prácticas de los Estados miembros. A tal fin, la Autoridad debe crear un sitio web único de la Unión para acceder a todos los sitios web pertinentes de la Unión y a los sitios web nacionales establecidos de conformidad con la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y de la Comisión (4) y la Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo y de la Comisión (5). Sin perjuicio de las funciones y actividades de la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social establecida por el Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) («Comisión Administrativa»), la Autoridad también debe contribuir a la coordinación de los sistemas de seguridad social.

(12)

En algunos casos, se ha adoptado legislación sectorial de la Unión para responder a necesidades específicas de sectores concretos, como por ejemplo en el ámbito del transporte internacional, incluido el transporte por carretera, ferroviario, marítimo, fluvial y aéreo. En el ámbito de aplicación del presente Reglamento, la Autoridad debe abordar también la aplicación de esa legislación sectorial de la Unión en sus aspectos de la movilidad laboral transfronteriza y la seguridad social. El ámbito de actividades de la Autoridad, y, en particular, si sus actividades deben ampliarse para abarcar otros actos jurídicos de la Unión que contemplen necesidades sectoriales en el ámbito del transporte internacional, debe someterse a una evaluación periódica y, en su caso, a revisión.

(13)

Las actividades de la Autoridad deben alcanzar a las personas sujetas a la legislación de la Unión en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, incluidos los asalariados, las personas que trabajan por cuenta propia y los solicitantes de empleo. Entre estas personas se incluyen ciudadanos de la Unión y nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión, como los trabajadores desplazados, las personas trasladadas dentro de una empresa o los residentes de larga duración, así como los miembros de su familia, de conformidad con la legislación de la Unión que regula su movilidad dentro de la Unión.

(14)

La creación de la Autoridad no debe crear nuevos derechos o nuevas obligaciones para las personas y los empleadores, incluidos los operadores económicos o las organizaciones sin ánimo de lucro. Las actividades de la Autoridad deben contemplar a esas personas y empleadores, en la medida en que estén incluidos por la legislación de la Unión en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. El refuerzo de la cooperación en el ámbito del cumplimiento de la legislación no debe suponer una carga administrativa excesiva para los trabajadores o los empleadores móviles, en particular para las pymes, ni desincentivar la movilidad laboral.

(15)

Para garantizar que las personas y los empleadores puedan beneficiarse de un mercado interior equitativo y efectivo, la Autoridad debe apoyar a los Estados miembros a la hora de promover oportunidades para facilitar la movilidad laboral o la oferta de servicios o contratación en cualquier lugar de la Unión, incluidas oportunidades para acceder a servicios de movilidad transfronteriza, como la puesta en correspondencia transfronteriza de los puestos de trabajo, las prácticas y los aprendizajes, y planes de movilidad como Tu primer empleo EURES o Erasmus PRO. La Autoridad debe contribuir también a mejorar la transparencia de la información, incluida la relativa a los derechos y obligaciones establecidos en la legislación de la Unión, y el acceso de las personas y los empleadores a los servicios, en colaboración con otros servicios de información de la Unión, como «Tu Europa – Asesoramiento», y a aprovechar al máximo y garantizar la coherencia con el portal «Tu Europa», que debe constituir la columna vertebral del portal digital único establecido por el Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(16)

A esos efectos, la Autoridad debe cooperar con otras iniciativas y redes pertinentes de la Unión, en particular la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo, la Red Europea para las Empresas, el Centro de Cuestiones Fronterizas, SOLVIT y el Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo, así como con servicios nacionales pertinentes como los organismos para promover la igualdad de trato y apoyar a los trabajadores de la Unión y a los miembros de su familia, designados por los Estados miembros con arreglo a la Directiva 2014/54/UE. La Autoridad debe sustituir a la Comisión en la gestión de la Oficina Europea de Coordinación de la red europea de servicios de empleo (EURES) creada con arreglo al Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), también para la definición de las necesidades de los usuarios y los requisitos operativos para la eficacia del portal EURES y los servicios de tecnologías de la información (TI) conexos, pero excluyendo el suministro de TI y el funcionamiento y desarrollo de la infraestructura de TI, que seguirán estando a cargo de la Comisión.

(17)

Con vistas a garantizar la aplicación y cumplimiento de la legislación de la Unión equitativos, sencillos y eficaces, la Autoridad debe apoyar la cooperación y el intercambio oportuno de información entre los Estados miembros. Junto con otro personal, los funcionarios de enlace nacionales que trabajen en la Autoridad deben apoyar el cumplimiento de las obligaciones de cooperación por parte de los Estados miembros, agilizar los intercambios entre ellos mediante procedimientos específicos para reducir los retrasos, y garantizar las relaciones con otras oficinas de enlace, organismos y puntos de contacto nacionales creados con arreglo a la legislación de la Unión. La Autoridad debe fomentar la utilización de enfoques innovadores para una cooperación transfronteriza efectiva y eficiente, incluidas herramientas electrónicas de intercambio de datos como el sistema de Intercambio Electrónico de Información sobre Seguridad Social y el sistema de Información del Mercado Interior (IMI), y debe contribuir a digitalizar en mayor medida los procedimientos y mejorar las herramientas de TI utilizadas para el intercambio de mensajes entre las autoridades nacionales.

(18)

A fin de aumentar la capacidad de los Estados miembros para garantizar la protección de las personas que ejercen su derecho a la libre circulación y para hacer frente a las irregularidades con una dimensión transfronteriza relacionadas con la legislación de la Unión en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, la Autoridad debe ayudar a las autoridades nacionales a realizar inspecciones concertadas y conjuntas, también facilitando la realización de las inspecciones, de conformidad con el artículo 10 de la Directiva 2014/67/UE. Dichas inspecciones deben llevarse a cabo a petición de los Estados miembros o después de que estos manifiesten su acuerdo con la propuesta de la Autoridad. La Autoridad debe prestar apoyo estratégico, logístico y técnico a los Estados miembros que participen en inspecciones concertadas o conjuntas, respetando plenamente los requisitos de confidencialidad. Las inspecciones deben realizarse de acuerdo con los Estados miembros en cuestión y dentro del marco jurídico de la legislación o las prácticas nacionales de los Estados miembros en los que se realizan. Los Estados miembros deben dar seguimiento a los resultados de las inspecciones concertadas y conjuntas conforme a la legislación o las prácticas nacionales.

(19)

Las inspecciones concertadas y conjuntas no deben reemplazar ni mermar las competencias nacionales. Las autoridades nacionales también deben estar plenamente asociadas al proceso de dichas inspecciones y deben tener plena autoridad. En los casos en que sean los sindicatos los encargados de las inspecciones a nivel nacional, las inspecciones concertadas y conjuntas deben tener lugar previo acuerdo con los interlocutores sociales pertinentes y en cooperación con ellos.

(20)

Para seguir la pista de las tendencias emergentes, los desafíos o las lagunas en los ámbitos de la movilidad laboral y la coordinación de la seguridad social, la Autoridad debe desarrollar, en su caso, en colaboración con los Estados miembros y los interlocutores sociales una capacidad de análisis y evaluación de riesgos. Esto implica la realización de análisis y estudios del mercado laboral, así como revisiones inter pares. La Autoridad debe controlar los posibles desequilibrios en cuanto a capacidades y flujos transfronterizos del trabajo, incluido su posible impacto en la cohesión territorial, La Autoridad debe apoyar la evaluación de riesgos mencionada en el artículo 10 de la Directiva 2014/67/UE. La Autoridad debe garantizar las sinergias y la complementariedad con otras agencias, servicios o redes de la Unión. Esto debe incluir la solicitud de la contribución de SOLVIT y servicios similares sobre retos sectoriales y problemas recurrentes relativos a la movilidad laboral en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. La Autoridad también debe facilitar y racionalizar las actividades de recogida de datos previstas en el ·Derecho de la Unión en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Esto no supone la creación de nuevas obligaciones de presentación de informes para los Estados miembros.

(21)

A fin de reforzar la capacidad de las autoridades nacionales en los ámbitos de la movilidad laboral y la coordinación de la seguridad social y mejorar la coherencia de la legislación de la Unión en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, la Autoridad debe proporcionar asistencia operativa a las autoridades nacionales, incluida la elaboración de orientaciones prácticas, la elaboración de programas de formación y de aprendizaje entre iguales, también para las inspecciones de trabajo con el fin de hacer frente a retos como el trabajo como falso autónomo y los abusos en materia de desplazamientos, la promoción de proyectos de asistencia mutua, la facilitación de intercambios de personal, tales como los mencionados en el artículo 8 de la Directiva 2014/67/UE, y el apoyo a los Estados miembros en la organización de campañas de sensibilización para informar a las personas y los empleadores sobre sus derechos y obligaciones. La Autoridad debe fomentar el intercambio, la difusión y la adopción de buenas prácticas y conocimientos y la promoción de la comprensión mutua de los distintos sistemas y prácticas nacionales.

(22)

La Autoridad debe desarrollar sinergias entre su tarea consistente en garantizar una movilidad laboral equitativa y luchar contra el trabajo no declarado. A efectos del presente Reglamento, «luchar», contra el trabajo no declarado, significa prevenir, desalentar y combatir el trabajo no declarado, así como fomentar el que se declare. Sobre la base de los conocimientos y los métodos de trabajo de la Plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de lucha contra el trabajo no declarado establecida por la Decisión (UE) 2016/344 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), la Autoridad, con la participación de los interlocutores sociales, debe crear un grupo de trabajo permanente, también denominado «Plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de lucha contra el trabajo no declarado». La Autoridad debe garantizar una transmisión fluida al nuevo grupo de trabajo de la Autoridad de las actividades actuales de la plataforma, establecida en virtud de la Decisión (UE) 2016/344.

(23)

La Autoridad debe tener una función de mediación. Los Estados miembros deben poder remitir determinados asuntos controvertidos a la Autoridad para mediación cuando no consigan resolverlos mediante contacto el directo y diálogo. La mediación solo debe afectar a los litigios entre Estados miembros, mientras que las personas y los empleadores que encuentran dificultades para ejercer sus derechos de la Unión deben seguir teniendo a su disposición los servicios nacionales y de la Unión destinados a resolver dichos asuntos, como la red SOLVIT, a la que la Autoridad debe remitir esos asuntos. La red SOLVIT debe poder remitir a la Autoridad para su consideración asuntos en los que el problema no puede resolverse debido a diferencias entre las administraciones nacionales. La Autoridad debe llevar a cabo su papel de mediación sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tribunal de Justicia) en lo relativo a la interpretación del Derecho de la Unión y sin perjuicio de las competencias de la Comisión Administrativa.

(24)

El Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF) ofrece principios y recomendaciones sobre cómo mejorar la gobernanza de las actividades de interoperabilidad y la prestación de servicios públicos, establecer relaciones entre organizaciones y transfronterizas, racionalizar los procesos que dan soporte a los intercambios digitales de extremo a extremo, y garantizar que tanto la legislación vigente como la nueva legislación apoyen los principios de interoperabilidad. La Arquitectura de Referencia Europea de Interoperabilidad (EIRA) es una estructura genérica, que comprende principios y directrices aplicables a la implantación de las soluciones de interoperabilidad a que se refiere la Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo (10). Tanto la EIF como la EIRA deben orientar y apoyar a la Autoridad cuando considere cuestiones de interoperabilidad.

(25)

La Autoridad debe procurar ofrecer un mejor acceso en línea a la información y los servicios a los interesados nacionales y de la Unión, y facilitar el intercambio de información entre ellos. Así pues, cuando sea posible, la Autoridad debe fomentar el uso de herramientas digitales. Además de los sistemas IT y los sitios web, las herramientas digitales tales como plataformas y bases de datos en línea desempeñan un papel cada vez más importante en el mercado de la movilidad laboral transfronteriza. Por tanto, estas herramientas son útiles para dar un acceso fácil a información en línea pertinente y facilitar el intercambio de información para interesados nacionales y de la Unión en relación con sus actividades transfronterizas.

(26)

La Autoridad debe procurar que los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles creados para la ejecución de las funciones establecidas en el presente Reglamento sean acordes con los requisitos de accesibilidad pertinentes de la Unión. La Directiva 2016/2102/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (11) pide a los Estados miembros que garanticen que los sitios web de sus organismos públicos sean accesibles, de conformidad con los principios de perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez, y que cumplan los requisitos de la dicha Directiva. La Directiva no se aplica a los sitios web ni a las aplicaciones para dispositivos móviles de las instituciones, organismos, oficinas y agencias de la Unión. La Autoridad debe, no obstante, esforzarse en cumplir los principios establecidos en dicha Directiva.

(27)

La Autoridad debe regirse y funcionar de conformidad con los principios de la Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión Europea, de 19 de julio de 2012, sobre las agencias descentralizadas.

(28)

El principio de igualdad es un principio fundamental del Derecho de la Unión. Este principio exige que se garantice la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. Todas las partes deben tratar de lograr una representación equilibrada de mujeres y hombres en el Consejo de Administración y el Grupo de partes interesadas. También debe aspirar a lograr este objetivo el Consejo de Administración, en lo que respecta a su presidente y sus vicepresidentes considerados conjuntamente.

(29)

Los Estados miembros y la Comisión deben estar representados en el Consejo de Administración a fin de garantizar el funcionamiento efectivo de la Autoridad. El Parlamento Europeo, así como las organizaciones intersectoriales de interlocutores sociales a nivel de la Unión con una representación paritaria de los sindicatos y las organizaciones patronales y que cuenten con una representación adecuada de las pymes, también pueden nombrar representantes para el Consejo de Administración. La composición del Consejo de Administración, incluida la selección de su presidente y su vicepresidente, debe respetar los principios de equilibrio de género, experiencia y cualificación. Con vistas al funcionamiento efectivo y eficiente de la Autoridad, el Consejo de Administración, en particular, debe adoptar un programa anual de trabajo, desempeñar sus funciones relacionadas con el presupuesto de la Autoridad, adoptar las normas financieras aplicables a la Autoridad, nombrar un director ejecutivo y establecer procedimientos para la adopción de decisiones relacionadas con las tareas operativas de la Autoridad por el director ejecutivo. Deben poder participar en las reuniones del Consejo de Administración, en calidad de observadores, representantes de terceros países que apliquen las normas de la Unión en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(30)

En casos excepcionales, cuando sea necesario mantener un nivel máximo de confidencialidad, el experto independiente nombrado por el Parlamento Europeo y los representantes de organizaciones intersectoriales de interlocutores sociales a nivel de la Unión no deben participar en las deliberaciones del Consejo de Administración. Esta disposición debe especificarse claramente en el reglamento interno del Consejo de Administración y limitarse a la información sensible relativa a casos individuales, con el fin de garantizar que no se restrinja indebidamente la participación efectiva del experto y de los representantes en los trabajos del Consejo de Administración.

(31)

Debe nombrarse a un director ejecutivo encargado de la gestión administrativa global de la Autoridad y de la ejecución de las funciones encomendadas a la Autoridad. Deben poder ejercer las funciones del director ejecutivo otros miembros del personal cuando sea necesario para garantizar la gestión cotidiana de la Autoridad, de conformidad con su reglamento interno, sin crear puestos directivos adicionales.

(32)

Sin perjuicio de las competencias de la Comisión, el Consejo de Administración y el director ejecutivo deben ser independientes en el ejercicio de sus funciones y actuar en interés público.

(33)

La Autoridad debe basarse directamente en la experiencia de las partes interesadas pertinentes en los ámbitos de competencia del presente Reglamento a través de un Grupo de partes interesadas específico. Sus miembros deben ser representantes de los interlocutores sociales a nivel de la Unión, incluyendo entre ellos a interlocutores sociales sectoriales reconocidos de la Unión que representen a diferentes sectores particularmente afectados por cuestiones de movilidad laboral. El Grupo de partes interesadas debe recibir información previa y poder presentar sus dictámenes a la Autoridad, previa solicitud o por propia iniciativa. Al realizar sus actividades, el Grupo de partes interesadas debe tener debidamente en cuenta los dictámenes y basarse en la experiencia, del Comité Consultivo de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social, establecido por el Reglamento (CE) n.o 883/2004, y el Comité Consultivo sobre la Libre Circulación de Trabajadores, establecido con arreglo al Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (12).

(34)

A fin de garantizar su plena autonomía e independencia, debe concederse a la Autoridad un presupuesto autónomo, con ingresos procedentes del presupuesto general de la Unión, contribuciones financieras voluntarias de los Estados miembros y contribuciones de los terceros países que participen en el trabajo de la Autoridad. En casos excepcionales y debidamente justificados, debe estar también en condiciones de recibir convenios de delegación o subvenciones ad hoc, y de cobrar por publicaciones y cualquier servicio prestado por la Autoridad.

(35)

El Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea («Centro de Traducción») debe prestar los servicios de traducción necesarios para el funcionamiento de la Autoridad. La Autoridad debe colaborar con el Centro de Traducción para establecer indicadores de calidad, puntualidad y confidencialidad, determinar claramente cuáles son las necesidades y prioridades de la Autoridad, y crear procedimientos transparentes y objetivos para el proceso de traducción.

(36)

El tratamiento de datos personales efectuado en el contexto del presente Reglamento debe realizarse de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (13) o el Reglamento (UE) 2018/1725 (14) del Parlamento y del Consejo, según proceda. Esto incluye establecer medidas organizativas y técnicas apropiadas para cumplir las obligaciones impuestas por dichos Reglamentos, en particular medidas relativas a la licitud del tratamiento, la seguridad de las actividades de tratamiento, la provisión de información y los derechos de los interesados.

(37)

A fin de garantizar la transparencia en el funcionamiento de la Autoridad, debe aplicarse a esta el Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (15). Las actividades de la Autoridad deben estar sometidas al control del Defensor del Pueblo Europeo de acuerdo con el artículo 228 del TFUE.

(38)

El Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (16) debe aplicarse a la Autoridad, que debe suscribir el Acuerdo interinstitucional de 25 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

(39)

El Estado miembro que acoja a la Autoridad debe ofrecer las mejores condiciones posibles para garantizar el funcionamiento adecuado de la Autoridad.

(40)

Con el fin de garantizar unas condiciones de empleo abiertas y transparentes, así como la igualdad de trato al personal, el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el Régimen aplicable a otros agentes de la Unión Europea (denominados respectivamente, «Estatuto de los funcionarios» y «Régimen aplicable a otros agentes») establecidos en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo (17), deben aplicarse al personal y al director ejecutivo de la Autoridad, incluidas las normas sobre secreto profesional u otras obligaciones de confidencialidad equivalentes.

(41)

En el marco de sus respectivas competencias, la Autoridad debe cooperar con otras agencias de la Unión establecidas en el ámbito del empleo y la política social, aprovechando su experiencia y maximizando las sinergias: la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y la Fundación Europea de Formación (ETF), así como, en lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia organizada y la trata de seres humanos, con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust). Esta cooperación debe garantizar la coordinación, promover sinergias y evitar cualquier duplicación de sus actividades.

(42)

En el ámbito de la coordinación de la seguridad social, la Autoridad y la Comisión Administrativa deben cooperar estrechamente con el fin de lograr sinergias y evitar duplicaciones.

(43)

A fin de aportar una dimensión operativa a las actividades de los organismos existentes en los ámbitos de aplicación del presente Reglamento, la Autoridad debe llevar a cabo las tareas del Comité Técnico sobre Libre Circulación de Trabajadores, establecido por el Reglamento (UE) n.o 492/2011, el Comité de Expertos sobre Desplazamiento de Trabajadores, establecido por la Decisión 2009/17/CE de la Comisión (18), incluido el intercambio de información sobre cooperación administrativa, la asistencia en cuestiones de aplicación y cumplimiento transfronterizo, y de la Plataforma creada por la Decisión (UE) 2016/344. Una vez que la Autoridad esté operativa, esos organismos deben dejar de existir. El Consejo de Administración puede decidir crear grupos de trabajo especializados o grupos de expertos.

(44)

El Comité Consultivo de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social y el Comité Consultivo sobre la Libre Circulación de Trabajadores ofrecen un foro para consultar a los representantes de los interlocutores sociales y las administraciones a nivel nacional. La Autoridad debe contribuir a su trabajo y puede participar en sus reuniones.

(45)

A fin de reflejar la nueva organización institucional deben modificarse los Reglamentos (CE) n.o 883/2004, (UE) n.o 492/2011 y (UE) 2016/589, y debe derogarse la Decisión (UE) 2016/344 cuando la Autoridad sea operativa.

(46)

La Autoridad debe respetar la diversidad de los sistemas nacionales de relaciones laborales y la autonomía de los interlocutores sociales tal como reconoce explícitamente el TFUE. La participación en las actividades de la Autoridad se entiende sin perjuicio de las competencias, obligaciones y responsabilidades de los Estados miembros con arreglo, entre otras cosas, a los convenios pertinentes y aplicables de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tales como el Convenio n.o 81 sobre la inspección del trabajo en la industria y el comercio, ni de las competencias de los Estados miembros para regular las relaciones laborales nacionales, mediar en ellas o supervisarlas, en particular por lo que respecta al ejercicio del derecho a la negociación colectiva y a emprender acciones colectivas.

(47)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, contribuir, en su ámbito de actividades a garantizar una movilidad laboral equitativa en toda la Unión y ayudar a los Estados miembros y a la Comisión en la coordinación de los sistemas de seguridad social de la Unión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros actuando de forma no coordinada, sino que, debido a la naturaleza transfronteriza de esas actividades y a la necesidad de aumentar la cooperación entre los Estados miembros, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(48)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios refrendados, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, reconocidos en el artículo 6 del TUE.

(1)

Los servicios de intermediación en línea son factores esenciales para el emprendimiento y los nuevos modelos de negocio, el comercio y la innovación que, a su vez, también pueden potenciar el bienestar de los consumidores y cada vez se emplean más tanto en el sector privado como en el público. Facilitan el acceso a nuevos mercados y oportunidades comerciales de modo que permiten a las empresas aprovechar las ventajas del mercado interior. Permiten a los consumidores de la Unión obtener provecho de dichas ventajas, en concreto al ampliar la gama de bienes y servicios y al contribuir a la oferta de precios competitivos en línea, pero también plantean desafíos a los que hay que hacer frente si se quiere garantizar la seguridad jurídica.

(2)

Los servicios de intermediación en línea pueden ser cruciales para el éxito comercial de las empresas que los utilizan para llegar a los consumidores. Por tanto, a fin de aprovechar plenamente las ventajas de la economía de plataformas en línea, es importante que las empresas puedan confiar en los servicios de intermediación en línea con los que entablan relaciones comerciales. Esta importancia reside principalmente en que la creciente intermediación de las transacciones a través de servicios en línea, fortalecida por potentes efectos de red indirectos basados en datos, conduce a que los usuarios profesionales —incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas— dependan cada vez más de tales servicios para llegar a los consumidores. A causa de esa dependencia cada vez mayor, los proveedores de los servicios de intermediación en línea a menudo cuentan con una superior capacidad de negociación, lo que les permite, en efecto, actuar unilateralmente de una manera que puede ser injusta y perjudicar a los intereses legítimos de los usuarios profesionales y, de modo indirecto, también de los consumidores de la Unión. Por ejemplo, podrían imponer unilateralmente a los usuarios profesionales prácticas que se desvían considerablemente de las buenas conductas comerciales o son contrarias a la buena fe y a la lealtad de las relaciones comerciales. El presente Reglamento da respuesta a esas posibles fricciones en la economía de plataformas en línea.

(3)

Los consumidores han acogido favorablemente el uso de servicios de intermediación en línea. Un ecosistema en línea competitivo, justo y transparente, en el que las empresas actúan de forma responsable, es asimismo esencial para el bienestar de los consumidores. Garantizar la transparencia de la economía de plataformas en línea y la confianza en ellas en las relaciones entre empresas podría contribuir indirectamente a mejorar también la confianza de los consumidores en la economía de plataformas en línea. No obstante, los efectos directos en los consumidores del desarrollo de la economía de plataformas en línea son objeto de otros actos jurídicos de la Unión, en particular el acervo en materia de consumo.

(4)

Igualmente, los motores de búsqueda en línea pueden actuar como importantes fuentes de tráfico en Internet para las empresas que ofrecen bienes o servicios a los consumidores a través de sitios web. Por este motivo, pueden influir de manera significativa en el éxito comercial de dichos usuarios de sitios web corporativos que ofrecen sus bienes y servicios en línea en el mercado interior. En este sentido, la clasificación de los sitios web que elaboran los proveedores de motores de búsqueda en línea, incluida la de los sitios web a través de los cuales los usuarios de sitios web corporativos ofrecen sus bienes y servicios a los consumidores, tiene un impacto significativo en la posibilidad de elección de los consumidores y en los resultados comerciales de tales usuarios de sitios web corporativos. Incluso a falta de una relación contractual con estos usuarios, los proveedores de motores de búsqueda en línea pueden, por consiguiente, actuar en efecto de una manera unilateral que puede ser injusta y perjudicar a los intereses legítimos de los usuarios de los sitios web corporativos y, de modo indirecto, también de los consumidores en la Unión.

(5)

La naturaleza de la relación entre los proveedores de servicios de intermediación en línea y los usuarios profesionales también puede conducir a situaciones en las que estos últimos disponen, con frecuencia, de posibilidades limitadas de solicitar reparación cuando las acciones unilaterales de los proveedores de tales servicios desembocan en un litigio. En muchos casos, los proveedores no presentan sistemas internos accesibles y efectivos con que tramitar reclamaciones. Los mecanismos alternativos actuales de resolución extrajudicial de litigios también pueden resultar ineficaces por varias razones, incluida una falta de mediadores especializados y el miedo de los usuarios profesionales a las represalias.

(6)

Los servicios de intermediación en línea y los motores de búsqueda en línea, así como las transacciones que facilitan, cuentan con un potencial transfronterizo intrínseco y son de particular importancia para el correcto funcionamiento del mercado interior de la Unión en el marco de la economía actual. Las prácticas comerciales potencialmente nocivas y desleales de ciertos proveedores que ofrecen dichos servicios y la ausencia de mecanismos de reclamación efectivos obstaculizan la realización plena de aquel potencial y perjudican el correcto funcionamiento del mercado interior.

(7)

Debe establecerse un conjunto específico de normas obligatorias a nivel de la Unión para garantizar un entorno comercial dentro del mercado interior en línea que sea equitativo, predecible, sostenible y confiable. En concreto, los usuarios profesionales que recurren a los servicios de intermediación en línea deben contar con la transparencia adecuada y con posibilidades de reclamación efectiva en toda la Unión, a fin de facilitar las actividades comerciales transfronterizas dentro de la Unión, mejorando así el correcto funcionamiento del mercado interior, y contrarrestar la fragmentación que pudiera surgir en sectores específicos a los que se aplica el presente Reglamento.

(8)

Dicha normativa también debe ofrecer incentivos adecuados para promover la equidad y la transparencia, especialmente en cuanto a la clasificación de los usuarios de sitios web corporativos en los resultados de búsqueda generados por los motores de búsqueda en línea. Al mismo tiempo, tales normas deben reconocer y proteger la sustancial capacidad innovadora de la economía más amplia de las plataformas en línea y permitir una competencia sana que se traduzca en una oferta más variada para el consumidor. Conviene precisar que el presente Reglamento se entiende sin perjuicio del Derecho civil nacional, en particular al Derecho contractual, por ejemplo las normas sobre la validez, conclusión, efectos o resolución de contratos, en la medida en que las normas del Derecho civil nacional sean conformes con el Derecho de la Unión y en que los aspectos pertinentes no sean objeto del presente Reglamento. Los Estados miembros deben conservar la facultad de aplicar la normativa nacional que prohíbe o sanciona comportamientos unilaterales o prácticas comerciales desleales en la medida en que los aspectos pertinentes no sean objeto del presente Reglamento.

(9)

Puesto que los servicios de intermediación en línea y los motores de búsqueda en línea suelen presentar una dimensión mundial, el presente Reglamento debe aplicarse a los proveedores de esos servicios con independencia de que estén establecidos en un Estado miembro o fuera de la Unión, siempre y cuando se cumplan dos condiciones acumulativas. En primer lugar, los usuarios profesionales o los usuarios de los sitios web corporativos deben estar establecidos en la Unión. En segundo lugar, los usuarios profesionales o los usuarios de sitios web corporativos deben ofrecer, a través de la prestación de tales servicios, sus bienes o servicios a consumidores situados en la Unión, al menos, durante parte de la transacción. Con el fin de determinar si los usuarios profesionales o los usuarios de sitios web corporativos ofrecen bienes o servicios a consumidores situados en la Unión, debe determinarse si resulta manifiesto que los usuarios profesionales o los usuarios de sitios web corporativos dirigen sus actividades a consumidores situados en uno o varios Estados miembros. Este criterio debe interpretarse con arreglo a la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa al artículo 17, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). Si bien los consumidores han de estar situados en la Unión, no necesitan residir dentro de ella ni tener la nacionalidad de un Estado miembro. Así, el presente Reglamento no debe aplicarse si los usuarios profesionales o los usuarios de sitios web corporativos no están establecidos en la Unión, ni si lo están, pero usan los servicios de intermediación en línea o los motores de búsqueda en línea para ofrecer bienes o servicios exclusivamente a consumidores situados fuera de la Unión o a personas que no son consumidores. Asimismo, el presente Reglamento debe aplicarse con independencia de la normativa que, por lo demás, se aplique a un contrato.

(10)

Una gran variedad de relaciones de empresas a consumidores está intermediada por proveedores que operan servicios polifacéticos, fundamentalmente basados en el mismo modelo comercial de consolidación de ecosistemas. A fin de abarcar los servicios pertinentes, se han de definir los servicios de intermediación en línea de manera precisa y tecnológicamente neutra. En concreto, debe tratarse de servicios de la sociedad de la información, caracterizados porque buscan facilitar el inicio de transacciones directas entre usuarios profesionales y consumidores, con independencia de que las transacciones se completen en última instancia en línea -en el portal electrónico del proveedor de los servicios de intermediación en línea en cuestión o en el del usuario profesional-, o fuera de línea, o de que no lleguen a completarse, es decir, que no debe exigirse una relación contractual entre los usuarios profesionales y los consumidores como condición previa para que los servicios de intermediación en línea estén comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. La mera inclusión de un servicio de carácter únicamente marginal no debe llevar a la conclusión de que el objetivo de un sitio web o servicio sea facilitar las transacciones en el mismo sentido que los servicios de intermediación en línea. Asimismo, los servicios deben prestarse sobre la base de relaciones contractuales entre los proveedores y los usuarios profesionales que ofrecen bienes o servicios a los consumidores. Ha de considerarse que existe dicha relación contractual si ambas partes expresan su intención de estar vinculadas de manera inequívoca en un soporte duradero, sin necesidad de un acuerdo expreso por escrito.

(11)

Por tanto, entre los servicios de intermediación en línea contemplados por el presente Reglamento se incluyen los mercados de comercio electrónico, en particular los mercados colaborativos en los que participen usuarios profesionales, los servicios de aplicación de software en línea, como las tiendas de aplicaciones, y los servicios de redes sociales en línea, con independencia de la tecnología utilizada para prestar tales servicios. En este sentido, también podrían prestarse servicios de intermediación en línea por medio de tecnología de asistencia vocal. Debe ser irrelevante, asimismo, que esas transacciones entre usuarios profesionales y consumidores impliquen o no algún pago dinerario, o si se completan en parte fuera de línea. En cambio, el presente Reglamento no debe aplicarse a los servicios de intermediación en línea entre pares en los que no participen usuarios profesionales, ni a los servicios de intermediación en línea exclusivamente entre empresas sin oferta a los consumidores, ni a las herramientas de servicios publicitarios en línea ni a los intercambios publicitarios en línea que no se faciliten con el objetivo de propiciar el inicio de transacciones directas y que no incorporen una relación contractual con los consumidores. Por el mismo motivo, el presente Reglamento no se aplica a los servicios de programas de optimización para motores de búsqueda ni los servicios que se basan en programas de bloqueo de publicidad. Las funcionalidades e interfaces tecnológicas que se limitan a conectar el equipo y las aplicaciones no deben ser objeto del presente Reglamento, ya que normalmente no cumplen los requisitos de los servicios de intermediación en línea. No obstante, tales funcionalidades o interfaces pueden estar directamente vinculadas o ser accesorias a determinados servicios de intermediación en línea y, en tal caso, los correspondientes proveedores de servicios de intermediación en línea deben estar sujetos a los requisitos de transparencia relacionados con el trato diferenciado basado en estas funcionalidades e interfaces. Asimismo, tampoco debe aplicarse a los servicios de pagos en línea, ya que estos por sí mismos no cumplen los requisitos pertinentes, sino que son más bien mecanismos inherentemente complementarios de la transacción para el suministro de bienes y servicios a los consumidores interesados.

(12)

De conformidad con la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y considerando que la dependencia de los usuarios profesionales se ha observado principalmente en relación con los servicios de intermediación en línea que sirven como puerta de acceso a los consumidores en tanto personas físicas, se ha de entender que el concepto de consumidor empleado para delimitar el ámbito de aplicación del presente Reglamento se refiere únicamente a personas físicas, si actúan con fines externos a su comercio, negocio, oficio o profesión.

(13)

Habida cuenta del rápido ritmo de la innovación, la definición de motor de búsqueda en línea empleada en el presente Reglamento debe ser neutra desde el punto de vista tecnológico. En particular, debe entenderse que la definición incluye también las búsquedas solicitadas mediante voz.

(14)

Los proveedores de servicios de intermediación en línea suelen servirse de cláusulas contractuales preestablecidas, y a fin de proteger a los usuarios profesionales de manera efectiva cuando proceda, el presente Reglamento ha de aplicarse cuando las condiciones generales de una relación contractual, con independencia de su nombre o forma, hayan sido determinadas unilateralmente por el proveedor de los servicios de intermediación en línea. Tanto si se han determinado unilateralmente como si no, las condiciones generales han de apreciarse caso por caso sobre la base de una valoración general. En esa valoración general no deben ser determinantes en sí mismos ni el tamaño relativo de las partes, ni que haya tenido lugar una negociación, ni que algunas disposiciones hayan sido objeto de tal negociación y hayan sido determinadas conjuntamente por el proveedor y el usuario profesional. Además, la obligación de los proveedores de servicios de intermediación en línea de que sus condiciones generales sean fácilmente accesibles para los usuarios profesionales, también en la fase precontractual de su relación comercial, implica que los usuarios profesionales no se verán privadas de la transparencia ofrecida por el presente Reglamento por el hecho de disponer de alguna posibilidad de celebrar una negociación satisfactoria.

(15)

Para garantizar que las condiciones generales de una relación contractual permitan a los usuarios profesionales determinar las condiciones comerciales de uso, terminación y suspensión de los servicios de intermediación en línea, y para garantizar la previsibilidad relativa a la relación comercial, tales condiciones generales han de redactarse de manera sencilla y comprensible. No debe considerarse que las condiciones generales se han redactado de manera sencilla y comprensible si resultan vagas, son poco específicas o les falta precisión sobre aspectos comerciales pertinentes, motivo por el que no se proporciona a los usuarios profesionales un nivel razonable de previsibilidad en relación con los aspectos fundamentales de la relación contractual. Por otra parte, las formulaciones engañosas no deben considerarse sencillas y comprensibles.

(16)

Con el fin de garantizar a los usuarios profesionales la suficiente claridad sobre dónde y a quién se comercializan sus bienes o servicios, los proveedores de servicios de intermediación en línea deben garantizar, a sus usuarios profesionales, la transparencia de cualesquiera otros canales de distribución y posibles programas asociados que el servicio de intermediación en línea pueda utilizar para comercializar dichos bienes o servicios. Esos otros canales y programas asociados deben entenderse de manera tecnológicamente neutra, pero podrían incluir, en particular, otros sitios web, aplicaciones u otros servicios de intermediación en línea utilizados para comercializar los bienes o servicios ofrecidos por el usuario profesional.

(17)

La titularidad y el control de los derechos de propiedad intelectual en línea pueden tener una importancia económica importante tanto para los proveedores de servicios de intermediación en línea como para los usuarios profesionales. Con el fin de garantizar la claridad, la transparencia y una mejor comprensión para los usuarios profesionales, los proveedores de servicios de intermediación en línea deben incluir en sus condiciones generales información general o más detallada, si así lo desean, sobre los efectos globales, si los hubiera, de dichas condiciones generales sobre la titularidad y el control de los derechos de propiedad intelectual del usuario profesional. Dicha información podría, entre otras cosas, incluir información acerca del uso general de logotipos y marcas de fábrica o de comercio.

(18)

Garantizar la transparencia de las condiciones generales puede resultar crucial para promover las relaciones comerciales sostenibles y evitar las conductas desleales que perjudican a los usuarios profesionales. Por lo tanto, los proveedores de servicios de intermediación en línea deben asegurarse también de que las condiciones generales se encuentren fácilmente disponibles en todas las etapas de la relación comercial, incluso para los usuarios profesionales interesados que se manifiesten en la fase precontractual. Asimismo, han de garantizar que toda modificación que se realice en dichas condiciones generales se notifique a los usuarios profesionales en un soporte duradero, en un plazo fijo de notificación que sea razonable y proporcionado de acuerdo con las circunstancias específicas y que sea, como mínimo, de quince días. Deben ofrecerse plazos de notificación proporcionados de más de 15 días de duración cuando las modificaciones que se propongan a las condiciones generales exijan a los usuarios profesionales efectuar adaptaciones técnicas o comerciales para cumplir con la modificación, por ejemplo, si se les exige ajustes técnicos significativos en sus bienes o servicios. El plazo de notificación no se debe aplicar en los casos y en la medida en que el usuario profesional interesado renuncie a él de manera inequívoca, o en los casos y en la medida en que se necesite aplicar la modificación sin considerar el plazo de notificación por una obligación legal o reglamentaria correspondiente al proveedor de servicios con arreglo al Derecho de la Unión o nacional. No obstante, los cambios de redacción que se propongan no deben subsumirse en el concepto de «modificación», en la medida en que no alteren el contenido ni el significado de las condiciones generales. El requisito de notificar las modificaciones propuestas en un soporte duradero debe permitir a los usuarios profesionales revisar efectivamente dichas modificaciones en una fase posterior. Los usuarios profesionales deben tener la facultad de poner fin a su contrato en los quince días posteriores a la recepción de la notificación de una modificación, a no ser que al contrato le sea aplicable un plazo más corto, por ejemplo en virtud del Derecho civil nacional.

(19)

En general, la oferta de nuevos bienes o servicios, incluidas aplicaciones informáticas, en los servicios de intermediación en línea debe considerarse una clara acción afirmativa, que tiene por consecuencia la renuncia del usuario profesional al plazo de notificación necesario para modificar las condiciones generales. Ahora bien, cuando el plazo de notificación razonable y proporcionado sea mayor de quince días debido a que las modificaciones de las condiciones generales exigen que el usuario profesional realice ajustes técnicos significativos en sus bienes o servicios, no se debe considerar que el usuario profesional renuncia automáticamente a dicho plazo de notificación cuando ofrezca nuevos bienes y servicios. El proveedor de servicios de intermediación en línea debe prever que las modificaciones de las condiciones generales van a exigir que el usuario profesional realice ajustes técnicos significativos cuando, por ejemplo, se eliminen o añadan características completas de los servicios de intermediación en línea a las que los usuarios profesionales tenían acceso, o cuando estos puedan necesitar adaptar sus bienes o reprogramar sus servicios para poder seguir operando a través de los servicios de intermediación en línea.

(20)

Para proteger a los usuarios profesionales y ofrecer seguridad jurídica a ambas partes, las condiciones generales que no cumplan la normativa deben ser nulas de pleno derecho, esto es, se debe considerar que nunca han existido, con efectos erga omnes y ex tunc. Sin embargo, ello solo debe afectar a las cláusulas específicas de las condiciones generales que no cumplan la normativa. Las otras cláusulas deben seguir siendo válidas y aplicables en la medida en que se puedan disociar de las cláusulas que no respeten la normativa. Las modificaciones repentinas de las condiciones generales existentes pueden perturbar las actividades de los usuarios profesionales de manera significativa. Por este motivo, a fin de limitar esos efectos negativos en los usuarios profesionales y desincentivar esas conductas, las modificaciones que se lleven a cabo contraviniendo la obligación de proporcionar un plazo fijo de notificación deben tenerse por nulas de pleno derecho, esto es, se debe considerar que nunca han existido, con efectos erga omnes y ex tunc.

(21)

A fin de garantizar que los usuarios profesionales puedan aprovechar completamente las oportunidades comerciales que ofrecen los servicios de intermediación en línea, los proveedores de estos servicios no deben impedir por completo que los usuarios profesionales muestren su identidad comercial como parte de su oferta o presencia en los servicios de intermediación en línea pertinentes. Sin embargo, esta prohibición de interferencia no debe entenderse como un derecho de los usuarios profesionales a determinar unilateralmente la presentación de su oferta o su presencia en los servicios de intermediación en línea pertinentes.

(22)

Un proveedor de servicios de intermediación en línea puede contar con motivos legítimos para decidir restringir la prestación de sus servicios a un determinado usuario profesional, suspenderla o ponerle fin, también excluyendo determinados bienes o servicios de un usuario profesional determinado o suprimiendo efectivamente resultados de búsqueda. Los proveedores de servicios de intermediación en línea también pueden restringir los listados individualizados de usuarios profesionales, sin llegar a suspenderlos; por ejemplo, mediante su degradación o la afectación negativa de la presentación de un usuario profesional («atenuación»), lo que puede llevar aparejada la reducción de su clasificación. No obstante, dado que tales decisiones pueden afectar de manera significativa a los intereses del usuario profesional correspondiente, antes o en el momento en que surta efecto la restricción o suspensión, se le debe comunicar la motivación de la decisión en un soporte duradero. Para minimizar los efectos negativos de estas decisiones para los usuarios profesionales, los proveedores de servicios de intermediación en línea también deben ofrecer la oportunidad de aclarar los hechos que hayan dado lugar a la decisión en el marco del procedimiento interno de tramitación de reclamaciones, lo que va a ayudar a el usuario profesional, cuando sea posible, a poner fin al incumplimiento. Además, cuando el proveedor de servicios de intermediación en línea revoque la decisión de restringir, suspender o poner fin, por ejemplo, porque la decisión se haya adoptado por error o la infracción de las condiciones generales que dio lugar a la decisión no se cometió de mala fe y fue subsanada de manera satisfactoria, el proveedor debe reincorporar sin demora al usuario profesional afectado, también en lo que atañe al acceso a los datos personales u otros datos, o ambos, disponibles antes de la decisión.

La motivación relativa a la decisión de restringir la prestación de servicios de intermediación en línea, suspenderla o ponerle fin, debe permitir a los usuarios profesionales determinar si existe margen para recurrir la decisión, de modo que se mejore la capacidad de los usuarios profesionales de obtener una reparación efectiva cuando sea necesario. La motivación debe señalar las razones que fundamentan la decisión, de acuerdo con los motivos que el proveedor había dispuesto en las condiciones generales con antelación, y referirse de manera proporcionada a las circunstancias específicas pertinentes, incluidas las notificaciones de terceros, que condujeron a dicha decisión. No obstante, no debe exigirse al proveedor de servicios de intermediación en línea la motivación en caso de suspensión, restricción o terminación en la medida que se infrinja una obligación legal o reglamentaria. Además, la motivación no debe exigirse si el proveedor de servicios de intermediación en línea puede demostrar que el usuario profesional de que se trate infringió reiteradamente las condiciones generales aplicables, dando lugar a que se ponga fin a la prestación de la totalidad de los servicios de intermediación en línea de que se trate.

(23)

La terminación de todos los servicios de intermediación en línea y la correspondiente supresión de los datos facilitados para el uso de dichos servicios o generados mediante su prestación, representan una pérdida de información esencial que podría tener un efecto significativo para los usuarios profesionales y mermar su capacidad de ejercer adecuadamente otros derechos que les confiere el presente Reglamento. Por consiguiente, el proveedor de servicios de intermediación en línea debe proporcionar al usuario profesional de que se trate una motivación en un soporte duradero, al menos 30 días antes de que surta efecto la terminación de la prestación de la totalidad de sus servicios de intermediación en línea. No obstante, dicho plazo de notificación no debe aplicarse, por ejemplo, en aquellos casos en los que el proveedor de servicios de intermediación en línea tenga la obligación legal o reglamentaria de poner fin a la prestación de la totalidad de sus servicios de intermediación en línea a un usuario profesional determinado. Asimismo, el plazo de notificación de 30 días no debe aplicarse cuando un proveedor de servicios de intermediación en línea invoque sus derechos de terminación con arreglo al Derecho nacional y de conformidad con el Derecho de la Unión que permiten la terminación inmediata en el supuesto de que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso concreto y sopesando los intereses de ambas partes, no se pueda esperar razonablemente la continuidad de la relación contractual hasta la terminación acordada o hasta la expiración del plazo de notificación. Por último, el plazo de notificación de 30 días no debe aplicarse cuando un prestador de servicios de intermediación en línea pueda demostrar la infracción reiterada de las condiciones generales. Las distintas excepciones al plazo de notificación de 30 días pueden plantearse, en particular, en relación con contenidos ilícitos o inapropiados, la seguridad de un bien o servicio, la falsificación, el fraude, los programas maliciosos, el spam, las violaciones de la seguridad de los datos, otros riesgos de ciberseguridad o la idoneidad del bien o servicio para los menores. Cuando sea razonable y técnicamente viable, y con el fin de garantizar la proporcionalidad, los proveedores de servicios de intermediación en línea deben excluir únicamente bienes o servicios concretos de un usuario profesional. La terminación de la totalidad de los servicios de intermediación en línea constituye la medida más severa.

(24)

La clasificación de los bienes y servicios elaborada por los proveedores de servicios de intermediación en línea tiene un impacto sustancial en la capacidad de elección de los consumidores y, por ello, en el éxito comercial de los usuarios profesionales que les ofrecen sus bienes y servicios. Por clasificación se entiende la preeminencia relativa de las ofertas de los usuarios profesionales o la relevancia atribuida a los resultados de una búsqueda, en su presentación, organización o comunicación por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea o por los proveedores de motores de búsqueda en línea, que resulten del empleo de mecanismos de secuenciación algorítmica, calificación u opinión, énfasis visual u otras herramientas de resalte o combinaciones de las mismas. La previsibilidad implica que los proveedores de servicios de intermediación en línea determinan la clasificación de manera no arbitraria. En consecuencia, dichos proveedores deben definir de antemano los parámetros principales que determinan la clasificación a fin de incrementar la previsibilidad para los usuarios profesionales, facilitarles un mayor entendimiento de cómo funciona el mecanismo de clasificación, y permitirles comparar las prácticas de clasificación de varios proveedores. La configuración específica de esta obligación de transparencia es importante para los usuarios profesionales, ya que implica el conocimiento de un conjunto limitado de parámetros que son los más pertinentes entre un número posiblemente mucho mayor de parámetros que influyen de alguna forma en la clasificación. Esta descripción motivada debe ayudar a los usuarios profesionales a mejorar la presentación de sus bienes y servicios, o algunas de las características inherentes de estos. Debe entenderse que el concepto de parámetro principal hace referencia a los criterios generales, procesos, señales específicas incorporadas en los algoritmos u otros mecanismos de ajuste o degradación que se utilicen en la clasificación.

(25)

Asimismo, la descripción de los parámetros principales que determinan la clasificación debe incluir también una explicación relativa a la posibilidad que tengan los usuarios profesionales de influir en la clasificación de manera activa mediante remuneración, así como una explicación sobre los efectos relativos de esa práctica. La remuneración podría referirse, a este respecto, a los pagos realizados con el objetivo principal o exclusivo de mejorar la clasificación, así como la remuneración indirecta en forma de aceptación por el usuario profesional de obligaciones adicionales de cualquier tipo que pudieran tener ese efecto práctico, como el uso de servicios que sean auxiliares o de características premium. El contenido de la descripción, incluido el número y tipo de los parámetros principales, puede registrar, en consecuencia, grandes variaciones en función del servicio de intermediación en línea o motor de búsqueda en línea específico de que se trate, pero debe permitir a los usuarios profesionales entender de manera clara la forma en que el mecanismo de clasificación tiene en cuenta las características de los bienes o servicios reales que aquellas ofrecen, además de su importancia para los consumidores de los servicios específicos de intermediación en línea. Los indicadores empleados para medir la calidad de los bienes o servicios de los usuarios profesionales, el uso de editores y su capacidad para influir en la clasificación de dichos bienes o servicios, el alcance de los efectos de la remuneración en la clasificación y los elementos que no están relacionados, o solo lo están lejanamente, con el bien o servicio en sí, tales como las características de presentación de la oferta en línea, podrían constituir ejemplos de parámetros principales que, cuando se incluyen en la descripción general del mecanismo de clasificación con un lenguaje sencillo y comprensible, deberían ayudar a los usuarios profesionales a entender su funcionamiento de la forma adecuada requerida.

(26)

Igualmente, la clasificación de los sitios web que elaboran los proveedores de motores de búsqueda electrónicos, sobre todo la de los sitios web donde las empresas ofrecen sus bienes y servicios a los consumidores, tiene un impacto sustancial en la capacidad de elección de los consumidores y en los resultados comerciales de tales usuarios de sitios web corporativos. Por consiguiente, los proveedores de motores de búsqueda en línea deben facilitar una descripción de los parámetros principales que rigen la clasificación de todos los sitios web indexados y la importancia relativa de dichos parámetros principales frente a otros, incluidos los de los usuarios de sitios web corporativos, así como de otros sitios web. En el caso de los motores de búsqueda en línea, además de indicar las características de los bienes y servicios y su importancia para los consumidores, esta descripción también debe permitir a los usuarios de sitios web corporativos entender de manera adecuada si, y en su caso cómo y en qué medida, se tienen en cuenta ciertas características del diseño del sitio web, por ejemplo, si están optimizados para su visualización en dispositivos móviles de telecomunicación. Debe incluir también una explicación de las posibilidades que tengan los usuarios profesionales de influir activamente en la clasificación mediante remuneración, así como una explicación de los efectos relativos de esa práctica. A falta de una relación contractual entre los proveedores de los motores de búsqueda en línea y los usuarios de sitios web corporativos, la descripción debe estar disponible al público en una ubicación clara y de fácil acceso en el motor de búsqueda en línea pertinente. No deben entenderse como zonas de acceso fácil y público las zonas de los sitios web en las que los usuarios tengan que iniciar sesión o registrarse.

A fin de garantizar la previsibilidad para los usuarios de sitios web corporativos, la descripción también debe estar actualizada, considerando que se puedan identificar fácilmente todos los cambios practicados a los parámetros principales. La existencia de una descripción actualizada de los principales parámetros beneficiaría también a los usuarios que no sean usuarios de sitios web corporativos que utilizan el motor de búsqueda en línea. En algunos casos, los proveedores de motores de búsqueda en línea pueden decidir influir en la clasificación en un caso específico o excluir un determinado sitio web de la clasificación debido a notificaciones de terceros. A diferencia de los proveedores de servicios de intermediación en línea, no cabe esperar de los proveedores de motores de búsqueda en línea que notifiquen a un usuario de un sitio web corporativo directamente un cambio en la clasificación o una exclusión de la clasificación debido a notificaciones de un tercero, ya que no existe una relación contractual entre las partes. Sin embargo, los usuarios de sitios web corporativos deben poder inspeccionar el contenido de la notificación que ha dado lugar al cambio en la clasificación en un determinado caso o a la exclusión de un sitio web determinado, investigando el contenido de la notificación, por ejemplo, en una base de datos en línea de acceso público. Así se contribuiría a mitigar posibles abusos por parte de competidores de notificaciones que podrían conducir a la exclusión de la clasificación.

(27)

Los proveedores de servicios de intermediación en línea o de motores de búsqueda en línea no deben estar obligados a revelar el funcionamiento detallado de sus mecanismos de clasificación, incluidos los algoritmos, con arreglo al presente Reglamento. De la misma forma, tampoco debe mermarse su capacidad para actuar frente a manipulaciones de la clasificación efectuadas de mala fe por terceros, incluso en interés de los consumidores. Dichos intereses deben protegerse mediante una descripción general de los parámetros de clasificación principales que permita a los usuarios profesionales y a los usuarios de sitios web corporativos adquirir una comprensión adecuada del funcionamiento de la clasificación en el contexto del uso que hagan de servicios específicos de intermediación en línea o de motores de búsqueda en línea. A fin de garantizar el cumplimiento del objetivo del presente Reglamento, la toma en consideración de los intereses comerciales de los proveedores de servicios de intermediación en línea o de motores de búsqueda en línea nunca debe abocar, por tanto, a la negativa a revelar los parámetros principales que rigen la clasificación. A este respecto, si bien el presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la descripción que se facilite debe basarse, al menos, en datos reales sobre la importancia de los parámetros de clasificación utilizados.

(28)

La Comisión debe elaborar orientaciones para ayudar a los proveedores de servicios de intermediación en línea y de motores de búsqueda en línea a aplicar los requisitos de transparencia de la clasificación establecidos en el presente Reglamento. De este modo se debe contribuir a optimizar la forma en que se determinan y presentan a los usuarios profesionales y los usuarios de sitios web corporativos los parámetros principales que rigen la clasificación.

(29)

Debe entenderse por bienes y servicios auxiliares los bienes y servicios ofrecidos al consumidor antes de completar una transacción iniciada en los servicios de intermediación en línea para complementar el bien o servicio principal ofrecido por el usuario profesional. Los bienes y servicios auxiliares se refieren a productos que habitualmente dependen del bien o servicio principal para funcionar o que están directamente relacionados con ellos. Por consiguiente, el término debe excluir bienes y servicios que se venden meramente de forma adicional al bien o servicio principal en cuestión en lugar de ser complementarios por naturaleza. Entre los ejemplos de servicios auxiliares, se incluyen los servicios de reparación para un determinado bien o productos financieros como un seguro de alquiler de vehículos ofrecido para complementar los bienes o servicios que ofrece el usuario profesional. Asimismo, los servicios auxiliares pueden incluir bienes que complementan el producto concreto que ofrece el usuario profesional al constituir una mejora de categoría o una herramienta de personalización para ese producto concreto. Los proveedores de servicios de intermediación en línea que ofrezcan a los consumidores bienes o servicios auxiliares a un bien o servicio proporcionado por un usuario profesional que use sus servicios de intermediación en línea, deben incluir en sus condiciones generales una descripción del tipo de bienes y servicios auxiliares que se ofrecen. Dicha descripción debe estar disponible en las condiciones generales con independencia de si el bien o servicio auxiliar lo proporcionan los propios servicios de intermediación en línea o un tercero. Tal descripción debe ser suficientemente comprensible para permitir a un usuario profesional comprender si un bien o un servicio se está vendiendo como auxiliar al bien o servicio del usuario profesional. La descripción no debe necesariamente incluir el bien o servicio concreto sino el tipo de producto que se ofrece como complementario al producto principal del usuario profesional. Por otra parte, esta descripción debe incluir en todas circunstancias si y en qué condiciones un usuario profesional puede ofrecer su propio bien o servicio auxiliar además del bien o servicio principal que está ofreciendo a través de los servicios de intermediación en línea.

(30)

Si un proveedor de servicios de intermediación en línea ofrece por sí mismo ciertos bienes o servicios a los consumidores a través de sus propios servicios de intermediación en línea, o lo hace a través de un usuario profesional que esté bajo su control, tal proveedor puede competir de manera directa con otros usuarios profesionales que utilicen sus servicios de intermediación en línea y que no estén bajo el control del proveedor, lo que puede suponer un incentivo económico para el proveedor y la capacidad de utilizar ese control sobre el servicio de intermediación en línea o el motor de búsqueda en línea para dar ventajas técnicas o económicas a su propia oferta, o a las ofrecidas a través de un usuario profesional que controle, ventajas que podría denegar a los usuarios profesionales competidores. Este comportamiento podría ser contrario a la competencia leal y restringir las posibilidades de elección de los consumidores. En tales situaciones, en concreto, es importante que el proveedor de servicios de intermediación en línea actúe de manera transparente y facilite una descripción, y las consideraciones que fundamenten cualquier trato diferenciado, ya sea por medios jurídicos, comerciales o técnicos, tales como funcionalidades relativas a los sistemas operativos, que pueda dar en relación con sus bienes o servicios en comparación con aquellos ofrecidos por otros usuarios profesionales. Para asegurar la proporcionalidad, esta obligación debe aplicarse a nivel global de los servicios generales de intermediación en línea, en vez de a nivel de los bienes o los servicios individuales facilitados a través de aquellos.

(31)

Si un proveedor de un motor de búsqueda en línea ofrece por sí mismo ciertos bienes o servicios a los consumidores a través de su propio motor de búsqueda en línea, o lo hace a través de un usuario de un sitio web corporativo que esté bajo su control, tal proveedor puede competir de manera directa con otros sitios web corporativos que utilicen sus motores de búsqueda en línea y no estén bajo el control del proveedor. En tales situaciones, en concreto, es importante que el proveedor de motores de búsqueda en línea actúe de manera transparente y facilite una descripción de cualquier trato diferenciado, ya sea por medios jurídicos, comerciales o técnicos, que pueda dar en relación con los bienes o servicios que ofrezca por sí mismo o a través de un sitio web corporativo que controle, en comparación con aquellos ofrecidos por usuarios de sitios web corporativos competidores. Para asegurar la proporcionalidad, esta obligación debe aplicarse a nivel general del motor de búsqueda en línea, en vez de a nivel de los bienes o los servicios individuales facilitados a través de aquellos.

(32)

En el presente Reglamento deben regularse cláusulas contractuales específicas, en particular en situaciones de desequilibrio en el poder de negociación, con el fin de garantizar que las relaciones contractuales se desarrollen de buena fe y se basen en la lealtad de las relaciones comerciales. La previsibilidad y la transparencia exigen que los usuarios profesionales tengan la oportunidad real de familiarizarse con las modificaciones de las condiciones generales, que no deben imponerse con efecto retroactivo, a menos que se basen en una obligación legal o reglamentaria o sean beneficiosas para esos usuarios profesionales. Además, se debe ofrecer a los usuarios profesionales claridad en cuanto a las condiciones generales en las que puede ponerse fin a su relación contractual con los proveedores de servicios de intermediación en línea. Los proveedores de servicios de intermediación en línea deben garantizar que las condiciones de terminación sean siempre proporcionadas y puedan ejercerse sin dificultad. Por último, los usuarios profesionales deben estar plenamente informados del acceso que, tras la resolución del contrato, mantengan los proveedores de servicios de intermediación en línea a la información que los usuarios profesionales facilitan o generan en el contexto del uso de los servicios de intermediación en línea.

(33)

La capacidad de acceder a los datos, incluidos los datos personales, y de usarlos puede crear valor de manera significativa en la economía de las plataformas en línea, tanto en términos generales como para los usuarios profesionales y los servicios de intermediación en línea de que se trate. Así, es de importancia que los proveedores de servicios de intermediación en línea indiquen a los usuarios profesionales una descripción clara sobre el ámbito de aplicación, la naturaleza y las condiciones del acceso y el uso de ciertas categorías de datos. La descripción debe ser proporcionada y puede referirse a las condiciones generales de acceso, en vez de constituir una identificación exhaustiva de datos reales o categorías de datos. No obstante, también podría incluirse en la descripción la identificación y las condiciones específicas de acceso respecto de ciertos tipos de datos reales que puedan revestir gran importancia para los usuarios profesionales. Entre estos datos podrían figurar las calificaciones y opiniones acumuladas por los usuarios profesionales en los servicios de intermediación en línea. En conjunto, la descripción debe permitir a los usuarios profesionales comprender si pueden usar dicha información para potenciar su creación de valor, también al elegir servicios de datos prestados por terceros.

(34)

En la misma línea, es importante que los usuarios profesionales sepan si el proveedor comparte con terceros datos generados por el uso que los usuarios profesionales hacen del servicio de intermediación. En particular, se debe poner en conocimiento de los usuarios profesionales toda cesión de datos a terceros que se produzca con fines que no sean necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios de intermediación en línea, por ejemplo, cuando el proveedor monetiza los datos por motivos comerciales. A fin de que los usuarios profesionales puedan ejercer plenamente los derechos de que disponen para influir en la cesión de datos, los proveedores de servicios de intermediación en línea también deben comunicar expresamente toda opción de quedar al margen de la cesión de datos cuando tal opción exista en su relación contractual con el usuario profesional.

(35)

Esos requisitos no deben entenderse como una obligación de los proveedores de servicios de intermediación en línea de divulgar o no datos personales o no personales a sus usuarios profesionales. Ahora bien, dichas medidas de transparencia podrían contribuir a aumentar el intercambio de datos y a reforzar, como fuente fundamental de innovación y crecimiento, los objetivos de crear un espacio común europeo de datos. El tratamiento de datos personales debe respetar el marco jurídico de la Unión para la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, así como para el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en las comunicaciones electrónicas, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(36)

En ciertos casos, los proveedores de servicios de intermediación en línea pueden limitar en sus condiciones generales la capacidad de los usuarios profesionales de ofrecer bienes o servicios a los consumidores en condiciones más favorables por medios distintos a tales servicios de intermediación en línea. Si se dieran tales circunstancias, los proveedores interesados deben establecer los motivos por los que aplican esa medida, sobre todo en relación con las consideraciones económicas, comerciales o jurídicas principales que motivan tales restricciones. Sin embargo, no debe entenderse que esta obligación de transparencia influya al evaluar la legalidad de dichas restricciones con arreglo a otros actos del Derecho de la Unión, o del Derecho de los Estados miembros que es conforme con el Derecho de la Unión, incluso en las áreas relativas a la competencia y las prácticas comerciales desleales, así como la aplicación de dicha normativa.

(37)

Para permitir a los usuarios profesionales — incluidos aquellos a los que se haya podido restringir el uso de los servicios de intermediación en línea pertinentes, suspenderlo o ponerle fin — acceder a mecanismos inmediatos, adecuados y efectivos de reclamación, los proveedores de intermediación en línea deben facilitar un sistema interno de tramitación de reclamaciones. Ese sistema debe basarse en los principios de transparencia e igualdad de trato aplicable a situaciones equivalentes y ha de tener por objetivo asegurar que el proveedor de servicios de intermediación en línea y el usuario profesional pertinente puedan resolver de manera bilateral una proporción significativa de las reclamaciones en un período de tiempo razonable. Los proveedores de servicios de intermediación en línea pueden mantener vigente, durante la tramitación de la reclamación, la decisión que hubieran tomado. Todo intento de llegar a un acuerdo por medio del procedimiento interno de tramitación de reclamaciones no afecta al derecho de los proveedores de servicios de intermediación en línea o de los usuarios profesionales de iniciar un proceso judicial en cualquier momento durante o después del procedimiento interno de tramitación de la reclamación. Asimismo, los proveedores de servicios de intermediación en línea deben publicar y, al menos una vez al año, verificar información sobre el funcionamiento y la efectividad de su sistema interno de tramitación de reclamaciones para ayudar a los usuarios profesionales a entender los principales tipos de problemas que pueden surgir en el marco de la prestación de diferentes servicios de intermediación en línea, así como la posibilidad de alcanzar una resolución bilateral rápida y efectiva.

(38)

Los requisitos del presente Reglamento relativos a los sistemas internos de tramitación de reclamaciones buscan permitir a los proveedores de servicios de intermediación en línea contar con un grado razonable de flexibilidad al utilizar dichos sistemas y gestionar las reclamaciones individuales, de manera que se minimice la carga administrativa. Además, tales sistemas deben permitir a los proveedores de servicios de intermediación en línea responder, cuando proceda, de manera proporcionada ante cualquier uso de mala fe que determinados usuarios profesionales pretendan hacer de los sistemas antes mencionados. Teniendo en cuenta los costes de establecer y gestionar estos sistemas, resulta apropiado que quede exento de dichas obligaciones todo proveedor de servicios de intermediación en línea que constituya una pequeña empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (9). Las normas en materia de consolidación que se establecen en dicha Recomendación garantizan que se evite una posible elusión. Esa exención no debe afectar al derecho que tienen dichas empresas de crear, de forma voluntaria, un sistema interno de tramitación de reclamaciones que cumpla con los criterios establecidos en el presente Reglamento.

(39)

El uso de la palabra «interno» no debe entenderse como un impedimento para la delegación de un sistema interno de tramitación de reclamaciones en un proveedor de servicios externo u otra estructura empresarial, siempre que ese proveedor u otra estructura empresarial tenga plena autoridad y capacidad para garantizar la conformidad del sistema interno de tramitación de reclamaciones con los requisitos del presente Reglamento.

(40)

La mediación puede ofrecer a los proveedores de servicios de intermediación en línea y a los usuarios profesionales que recurren a ellos un medio para resolver los litigios de manera satisfactoria, sin tener que interponer extensos y costosos procedimientos judiciales. Por esta razón, los proveedores de servicios de intermediación en línea deben propiciar la mediación, en concreto, designando al menos a dos mediadores públicos o privados con los que estén dispuestos a colaborar. La finalidad de exigir que se designe un número mínimo de mediadores es salvaguardar su neutralidad. Solo debe designarse a mediadores que presten sus servicios desde una ubicación fuera de la Unión Europea si se garantiza que el uso de esos servicios no priva en modo alguno a los usuarios profesionales de la protección jurídica que se les ofrezca con arreglo al Derecho de la Unión o al de los Estados miembros, incluidos los requisitos del presente Reglamento y el Derecho aplicable en materia de protección de datos personales y secretos comerciales. Para que la mediación resulte accesible, equitativa y tan rápida, eficiente y efectiva como sea posible, tales mediadores deben cumplir una serie de criterios. No obstante, los proveedores de servicios de intermediación en línea y los usuarios profesionales deben conservar la libertad de designar conjuntamente a un mediador de su elección después de que haya surgido un litigio entre ellos. En consonancia con la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10), la mediación prevista en el presente Reglamento debe ser un procedimiento voluntario, en el sentido de que las partes son las dueñas del procedimiento y pueden comenzarlo y terminarlo en cualquier momento. No obstante su carácter voluntario, los proveedores de servicios de intermediación en línea deben examinar de buena fe las solicitudes de recurso a la mediación previstas en el presente Reglamento.

(41)

Los proveedores de servicios de intermediación en línea deben soportar una proporción razonable de los costes totales de la mediación, teniendo en cuenta todos los aspectos pertinentes del procedimiento en cuestión. A tal fin, el mediador debe sugerir la proporción que sea razonable en el caso concreto. Teniendo en cuenta los costes y la carga administrativa asociada a la necesidad de designar a los mediadores en las condiciones generales, resulta apropiado que quede exento de dicha obligación todo proveedor de servicios de intermediación en línea que tenga la condición de pequeña empresa, en consonancia con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión. Las normas en materia de consolidación que se establecen en la Recomendación garantizan que se evite una posible elusión. No obstante, ello no debería afectar al derecho de dichas empresas a designar en sus condiciones generales a mediadores que cumplan los criterios establecidos en el presente Reglamento.

(42)

Dado que a los proveedores de servicios de intermediación en línea siempre se les debe exigir que designen a los mediadores con los que están dispuestos a colaborar, y que deben actuar de buena fe siempre que intenten llegar a un acuerdo a través de la mediación en virtud del presente Reglamento, dichas obligaciones deben establecerse de tal manera que impida que los usuarios profesionales abusen del sistema de mediación. Del mismo modo, los usuarios profesionales también han de estar obligados a recurrir de buena fe a la mediación. Los proveedores de servicios de intermediación en línea no deben estar obligados a recurrir a la mediación cuando un usuario profesional inicie el procedimiento sobre una cuestión en relación con la cual ese usuario profesional ya había iniciado previamente otro procedimiento de mediación y el mediador había determinado en ese asunto que el usuario profesional no había actuado de buena fe. Los proveedores de servicios de intermediación en línea tampoco deben estar obligados a acceder a la mediación en el caso de usuarios profesionales que hayan hecho repetidos intentos de mediación con el mediador sin éxito. Estas situaciones excepcionales no deben limitar la posibilidad del usuario profesional de someter un asunto a mediación cuando, según lo determinado por el mediador, el objeto de la mediación no esté relacionado con los casos anteriores.

(43)

A fin de facilitar la resolución de litigios relativos a la prestación de servicios de intermediación en línea usando la mediación dentro de la Unión, la Comisión debe alentar, en estrecha colaboración con los Estados miembros, el establecimiento de organizaciones de mediación especializadas, que actualmente son pocas. La participación de mediadores especializados en servicios de intermediación en línea y motores de búsqueda en línea, así como en los sectores específicos en los que se prestan esos servicios, ha de fortalecer la confianza de ambas partes en el procedimiento de mediación e incrementar las probabilidades de alcanzar una solución rápida, justa y satisfactoria.

(44)

Varios factores, por ejemplo, la falta de recursos financieros, el miedo a las represalias, y las cláusulas exclusivas de elección de ley y foro en las condiciones generales, pueden reducir la efectividad de los mecanismos de recurso judicial existentes, sobre todo aquellos que exigen a los usuarios profesionales o a los usuarios de sitios web corporativos que actúen de manera individual e identificable. Para garantizar la aplicación efectiva del presente Reglamento, debe otorgarse a las organizaciones, las asociaciones que representan a los usuarios profesionales o a los usuarios de sitios web corporativos y a ciertos organismos públicos establecidos en los Estados miembros la posibilidad de ejercitar una acción ante a los órganos jurisdiccionales nacionales de conformidad con el Derecho interno, incluidos los requisitos procesales nacionales. Tal acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales debe tener por objeto impedir o prohibir la infracción de las normas establecidas en el presente Reglamento, así como evitar daños futuros que podrían socavar las relaciones comerciales sostenibles en el marco de la economía de las plataformas en línea. Para asegurar que esas organizaciones o asociaciones ejerciten su derecho de manera efectiva y apropiada, han de cumplir ciertos criterios. En particular, han de estar correctamente constituidas según el Derecho de un Estado miembro, no han de tener ánimo de lucro y han de perseguir sus objetivos de manera continuada. Estos requisitos deben servir para evitar el establecimiento ad hoc de organizaciones o asociaciones para fines o acciones concretos o para lucrarse. Además, debe garantizarse que los terceros que aporten financiación no influyan indebidamente en la toma de decisiones de dichas organizaciones o asociaciones.

A fin de evitar un conflicto de intereses, debe impedirse, en particular, que las organizaciones o asociaciones que representen a usuarios profesionales o usuarios de sitios web corporativos se vean influidas indebidamente por proveedores de servicios de intermediación en línea o proveedores de motores de búsqueda en línea. La publicación íntegra de información sobre la afiliación y fuente de financiación debe facilitar a los órganos jurisdiccionales nacionales valorar si se cumplen estos criterios de admisibilidad. Considerando la condición particular de los organismos públicos pertinentes en los Estados miembros donde se han establecido, solo debe exigirse que, de conformidad con la normativa correspondiente del Derecho nacional, se haya legitimado específicamente a tales organismos para ejercitar tales acciones en el interés colectivo de los interesados o del interés general, sin necesidad aplicar los criterios antes mencionados a tales organismos públicos. Estas acciones no afectarán en modo alguno el derecho de los usuarios profesionales y los usuarios de sitios web corporativos a iniciar un proceso judicial individualmente.

(45)

Debe comunicarse a la Comisión la identidad de las organizaciones, asociaciones y organismos públicos que, según los Estados miembros, tengan legitimidad para ejercitar una acción con arreglo al presente Reglamento. Los Estados miembros deben incluir en dicha comunicación una referencia concreta a las disposiciones nacionales pertinentes aplicadas para la constitución de la organización, asociación u organismo público y, en caso necesario, incluir una referencia al registro público pertinente en el que esté registrada la organización o asociación. Esta opción adicional de designación por los Estados miembros debe brindar un cierto nivel de seguridad jurídica y previsibilidad en el que puedan confiar los usuarios profesionales y los usuarios de sitios web corporativos. Además, tiene como objetivo hacer más eficientes y más breves los procesos judiciales, lo que parece adecuado en este contexto. La Comisión debe velar por la publicación de una lista de estas organizaciones, asociaciones y organismos públicos en el Diario Oficial de la Unión Europea. La inclusión en esa lista debe servir como prueba refutable de la legitimación activa de la organización, asociación u organismo público que ejercita la acción. En caso de que existan dudas sobre alguna designación, debe corresponder al Estado miembro que haya designado a la organización, la asociación o el organismo público realizar la investigación correspondiente. Las organizaciones, asociaciones y organismos públicos no designados por los Estados miembros deben tener la posibilidad de ejercitar una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales a reserva del examen de su legitimación activa a la luz de los criterios establecidos en el presente Reglamento.

(46)

Los Estados miembros deben tener la obligación de velar de forma adecuada y efectiva por el cumplimiento del presente Reglamento. En los Estados miembros ya existen diversos sistemas de control del cumplimiento, y no se les debe obligar a crear nuevos organismos nacionales a tal efecto. Los Estados miembros han de contar con la posibilidad de encomendar el control del cumplimiento del presente Reglamento a autoridades existentes, incluidos los órganos jurisdiccionales. El presente Reglamento no debe obligar a los Estados miembros a disponer que se haga cumplir de oficio o a imponer multas.

(47)

La Comisión debe hacer un seguimiento permanente de la aplicación del presente Reglamento en estrecha cooperación con los Estados miembros. En este contexto, la Comisión debe aspirar a establecer una amplia red de intercambio de información movilizando a los organismos especializados y centros de excelencia pertinentes y al Observatorio de la Economía de las Plataformas en Línea. Los Estados miembros deben facilitar a la Comisión, previa solicitud, toda la información pertinente que tengan en este contexto. Por último, esta labor debe gozar de la mayor transparencia general en las relaciones comerciales entre los usuarios profesionales y los proveedores de servicios de intermediación en línea que el presente Reglamento pretende lograr. A fin de desempeñar con eficacia las funciones que se le encomiendan en los artículos 16 y 18, la Comisión debe esforzarse por recabar información de los proveedores de servicios de intermediación en línea. Los proveedores de servicios de intermediación en línea deben cooperar de buena fe para facilitar la recogida de estos datos, cuando proceda.

(48)

Los códigos de conducta, ya estén elaborados por los proveedores de servicios interesados o por las organizaciones o asociaciones que los representan, pueden contribuir a la aplicación correcta del presente Reglamento, motivo por el cual debe alentarse su adopción. Al elaborar los códigos de conducta, habiendo realizado consultas con todos los interesados pertinentes, se tomarán en consideración los rasgos específicos de los sectores involucrados, así como las características particulares de las microempresas, pequeñas y medianas empresas. Dichos códigos de conducta deben formularse de manera objetiva y no discriminatoria.

(49)

La Comisión debe evaluar periódicamente el presente Reglamento y seguir de cerca sus efectos en la economía de las plataformas en línea, en particular con vistas a determinar si es preciso realizar modificaciones del mismo a la luz de los avances tecnológicos o comerciales de importancia, y, tras esa evaluación, debe tomar las medidas adecuadas. Esta evaluación debe incluir los efectos que para los usuarios profesionales puedan resultar del uso general de disposiciones exclusivas sobre elección de ley y foro en las condiciones generales determinadas unilateralmente por el proveedor de los servicios de intermediación en línea. A fin de obtener una visión amplia de la evolución del sector, la evaluación debe tener en cuenta las experiencias de los Estados miembros y los interesados pertinentes. El Comisión debe evaluar periódicamente grupo de expertos del Observatorio de la Economía de las Plataformas en Línea, creado de conformidad con la Decisión C(2018)2393 (11) de la Comisión, desempeña un papel fundamental a la hora de informar a la Comisión a los efectos de la evaluación que esta debe hacer del presente Reglamento. Por lo tanto, la Comisión debe tener debidamente en cuenta los dictámenes e informes que le presente el grupo. Tras la evaluación, la Comisión debe adoptar las medidas oportunas. Otras medidas, incluidas las legislativas, podrían ser apropiadas en caso de que las disposiciones establecidas en el presente Reglamento resulten insuficientes para corregir adecuadamente los desequilibrios y las prácticas comerciales desleales que persistan en el sector.

(50)

Cuando se facilite la información requerida en virtud del presente Reglamento, se tendrán en cuenta en la medida de lo posible las necesidades particulares de las personas con discapacidad, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (12).

(51)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, asegurar un entorno comercial en línea equitativo, predecible, sostenible y confiable, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y a sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(52)

El presente Reglamento busca garantizar el pleno respeto del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial tal como establece el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como promover la aplicación de la libertad de empresa tal como se establece en el artículo 16 de la Carta,

(1)

La Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), establece, entre otras disposiciones, normas sobre publicidad e interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades de los Estados miembros.

(2)

El uso de herramientas y procesos digitales para iniciar de manera más sencilla, rápida y eficaz en términos de coste y de tiempo una actividad económica mediante el establecimiento de una sociedad o la apertura de una sucursal de dicha sociedad en otro Estado miembro, y para facilitar información exhaustiva y accesible sobre las sociedades, constituye uno de los requisitos previos para el funcionamiento eficaz, la modernización y la racionalización administrativa de un mercado interior competitivo y para garantizar la competitividad y credibilidad de las sociedades.

(3)

Es fundamental asegurar que exista un entorno jurídico y administrativo a la altura de los nuevos desafíos económicos y sociales de la globalización y la digitalización, por un lado, para ofrecer las garantías necesarias frente al abuso y el fraude y, por otro, para perseguir objetivos como fomentar el crecimiento económico, la creación de empleo y atraer inversiones a la Unión, lo que aportaría beneficios económicos y sociales para la sociedad en su conjunto.

(4)

Actualmente, existen diferencias significativas entre los Estados miembros en lo que respecta a la disponibilidad de herramientas en línea que permitan a empresarios y sociedades comunicarse con las autoridades sobre cuestiones de Derecho de sociedades. Los servicios relativos a la administración electrónica varían entre los Estados miembros. Algunos Estados miembros ofrecen servicios completos y fáciles de utilizar íntegramente en línea, mientras que otros no disponen de soluciones en línea para etapas fundamentales del ciclo de vida de una sociedad. Por ejemplo, algunos Estados miembros solo permiten la constitución de sociedades o la presentación de modificaciones a documentos e información ante el registro de manera presencial, otros Estados miembros permiten que estos actos se efectúen tanto presencialmente como en línea y en otros solo se pueden efectuar en línea.

(5)

Además, en lo que respecta al acceso a la información relativa a las sociedades, el Derecho de la Unión establece que un conjunto mínimo de datos debe facilitarse siempre de forma gratuita. No obstante, el alcance de dicha información sigue siendo limitado. El acceso a esa información varía, de manera que en algunos Estados miembros se pone a disposición gratuitamente más información que en otros, lo que supone un desequilibrio en la Unión.

(6)

En su Comunicación «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» y en su Comunicación «Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020 – Acelerar la transformación digital de la administración», la Comisión destaca el papel de las administraciones públicas para ayudar a las sociedades a iniciar fácilmente sus actividades, operar en línea y expandirse más allá de las fronteras. El Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE reconoció específicamente la importancia de mejorar el uso de las herramientas digitales para cumplir con los requisitos del Derecho de sociedades. Por otra parte, en la «Declaración de Tallin de 2017 sobre la administración electrónica» de 6 de octubre de 2017, los Estados miembros hicieron un enérgico llamamiento a intensificar los esfuerzos para ofrecer en la Unión procedimientos electrónicos eficaces, centrados en los usuarios.

(7)

En junio de 2017, entró en funcionamiento la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades, lo que facilita enormemente el acceso transfronterizo a la información societaria en la Unión y permite que los registros de los Estados miembros se comuniquen entre sí por medios electrónicos en relación con determinadas operaciones transfronterizas que afectan a las sociedades.

(8)

A fin de facilitar la constitución de sociedades y el registro de sucursales, y de reducir los costes, el tiempo y las cargas administrativas asociados a tales procesos, en particular para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes), tal como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (4), deben establecerse procedimientos para permitir la constitución de sociedades y el registro de sucursales íntegramente en línea. La presente Directiva no debe obligar a las sociedades a utilizar tales procedimientos. Los Estados miembros deben, no obstante, poder decidir que algunos procedimientos en línea, o todos ellos, sean obligatorios. Los costes y cargas actuales asociados a los procedimientos de constitución y registro se derivan no solo de las tasas administrativas cobradas por constituir una sociedad o registrar una sucursal, sino también de otros requisitos que alargan que se complete la totalidad del proceso, en particular cuando se requiere la presencia física del solicitante. Además, la información sobre tales procedimientos debe estar disponible en línea y de forma gratuita.

(9)

El Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), que establece una pasarela digital única, dispone normas generales para el suministro de información, los procedimientos y los servicios de asistencia en línea pertinentes para el funcionamiento del mercado interior. La presente Directiva establece normas específicas relativas a la constitución de las sociedades de capital, al registro de sucursales y a la presentación de documentos e información por sociedades y sucursales en línea (en lo sucesivo, «procedimientos en línea»), que no regula dicho Reglamento. En particular, los Estados miembros deben proporcionar información específica sobre los procedimientos en línea previstos en la presente Directiva y los modelos de escrituras de constitución (en lo sucesivo, «modelos») en los sitios web accesibles a través de la pasarela digital única.

(10)

Posibilitar la constitución de sociedades y el registro de sucursales y la presentación íntegramente en línea de documentos e información permitiría a las sociedades utilizar herramientas digitales en sus contactos con las autoridades competentes de los Estados miembros. Para fomentar la confianza, los Estados miembros deben garantizar a los usuarios nacionales y transfronterizos que sea posible una identificación electrónica segura y el uso de servicios de confianza, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Además, a fin de permitir la identificación electrónica transfronteriza, los Estados miembros deben establecer sistemas de identificación electrónica que proporcionen medios de identificación electrónica homologados. Dichos sistemas nacionales se utilizarían como base para el reconocimiento de los medios de identificación electrónica expedidos en otro Estado miembro. Con el objeto de garantizar un nivel de confianza elevado en situaciones transfronterizas, solo deben reconocerse los medios de identificación electrónica que sean conformes con el artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 910/2014. En cualquier caso, la presente Directiva solo debe obligar a los Estados miembros a que posibiliten la constitución de sociedades, el registro de sucursales y la presentación en línea de documentos e información por parte de solicitantes que sean ciudadanos de la Unión mediante el reconocimiento de sus medios de identificación electrónica. Los Estados miembros deben decidir sobre el modo en que se pongan a disposición del público los medios de identificación que reconocen, incluidos aquellos que no entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.o 910/2014.

(11)

Los Estados miembros deben seguir teniendo la facultad de decidir qué persona o personas hayan de considerarse solicitantes en virtud del Derecho nacional por lo que respecta a los procedimientos en línea, siempre que no se limite el ámbito de aplicación ni el objetivo de la presente Directiva.

(12)

A fin de facilitar los procedimientos en línea para las sociedades, los registros de los Estados miembros deben velar por que las normas sobre las tasas aplicables a los procedimientos en línea previstos en la presente Directiva sean transparentes y se apliquen de manera no discriminatoria. No obstante, el requisito de transparencia de las normas sobre tasas debe entenderse sin perjuicio de la libertad contractual, en su caso, entre los solicitantes y las personas que los asesoren en cualquier fase de los procedimientos en línea, incluida la libertad de negociar un precio adecuado por tales servicios.

(13)

Las tasas que cobran los registros por los procedimientos en línea deben calcularse sobre la base de los costes de los servicios de que se trate. Esas tasas también pueden cubrir, entre otros, los costes de servicios menores que se presten gratuitamente. Al calcular su importe, los Estados miembros deben tener la facultad de tomar en consideración todos los costes relacionados con el desarrollo de los procedimientos en línea, incluida la proporción de costes generales que se les puedan asignar. Asimismo, los Estados miembros deben poder imponer tasas a tanto alzado y fijar su importe por un período indefinido, siempre que comprueben a intervalos regulares que dichas tasas siguen sin superar el coste medio de los servicios de que se trate. Cualquier tasa por procedimientos en línea que se cobre por el registro en los Estados miembros no debe superar el precio de coste de prestar dichos servicios. Además, cuando completar el procedimiento implique un pago, debe ser posible efectuarlo mediante servicios de pago en línea transfronterizos ampliamente disponibles, tales como tarjetas de crédito o transferencias bancarias.

(14)

Asimismo, los Estados miembros deben ayudar a quienes deseen constituir una sociedad o registrar una sucursal proporcionándoles determinada información a través de la pasarela digital única y, en su caso, en el Portal Europeo de e-Justicia, de forma clara, concisa y de fácil utilización sobre los procedimientos y los requisitos para la constitución de las sociedades de capital, el registro de sucursales y la presentación de documentos e información, las normas relativas a la inhabilitación de administradores y una descripción de las competencias y las responsabilidades de los órganos de administración, gestión y control de las sociedades.

(15)

Debe ser posible constituir sociedades íntegramente en línea. No obstante, los Estados miembros han de poder limitar la constitución en línea a determinados tipos de sociedades de capital, tal como se especifica en la presente Directiva, debido a la complejidad de la constitución de sociedades de otro tipo en Derecho nacional. En cualquier caso, los Estados miembros deben establecer normas detalladas para la constitución en línea. Debe poderse efectuar la constitución en línea mediante la presentación de documentos o información en formato electrónico, sin perjuicio de los requisitos materiales y procedimentales de los Estados miembros, incluidos los relativos a los procedimientos jurídicos para el otorgamiento de los instrumentos de constitución, y a la autenticidad, exactitud, fiabilidad, credibilidad y forma jurídica adecuada de los documentos o información que se presenten. No obstante, dichos requisitos materiales y procedimentales no deben imposibilitar los procedimientos en línea, en especial aquellos para la constitución en línea de una sociedad y el registro en línea de una sucursal. En los casos en que no resulte técnicamente posible obtener copias electrónicas de documentos que cumplan los requisitos de los Estados miembros, a modo de excepción, podrían exigirse los documentos en formato papel.

(16)

En los casos en que se hayan cumplido todas las formalidades requeridas para la constitución en línea de una sociedad, incluido el requisito de que la sociedad haya presentado todos los documentos y toda la información correctamente, la constitución en línea ante cualquier autoridad o persona u organismo habilitado en virtud del Derecho nacional para tratar cualquier aspecto de los procedimientos en línea debe ser rápido. No obstante, en caso de que surjan dudas sobre el cumplimiento de las formalidades necesarias, incluso sobre la identidad de un solicitante, la legalidad de la denominación de la sociedad, la inhabilitación de un administrador o el cumplimiento de requisitos jurídicos por parte de cualquier otra información o documento, o en casos de sospecha de fraude o abuso, la constitución en línea puede durar más tiempo y el plazo para las autoridades no debe iniciarse hasta que se hayan cumplido dichas formalidades. En cualquier caso, cuando no sea posible completar el procedimiento dentro de plazo, los Estados miembros deben velar por que se notifiquen al solicitante los motivos de cualquier retraso.

(17)

A fin de garantizar en tiempo oportuno la constitución en línea de una sociedad o el registro en línea de una sucursal, los Estados miembros no deben supeditar la constitución o el registro a la obtención de una licencia o autorización con anterioridad a que esa constitución o registro pueda completarse, a menos que así se prevea en el Derecho nacional para garantizar que haya una supervisión adecuada de determinadas actividades. Después de la constitución o el registro, el Derecho nacional debe regular las situaciones en las que las sociedades o sucursales no puedan ejercer determinadas actividades sin la obtención de una licencia o autorización.

(18)

Con el fin de ayudar a las empresas, en particular las pymes a establecerse, se ha de poder constituir una sociedad de responsabilidad limitada haciendo uso de modelos que deben estar disponibles en línea. Los Estados miembros deben garantizar que esos modelos se utilicen para la constitución en línea, y deben seguir teniendo la facultad para determinar su valor jurídico. Esos modelos podrían contener un conjunto de opciones predefinido, de conformidad con el Derecho nacional. Los solicitantes deben tener la posibilidad de escoger entre utilizar modelos o constituir una sociedad con una escritura de constitución ad hoc, y los Estados miembros deben tener la opción de proporcionar modelos también para otros tipos de sociedades.

(19)

Con el objeto de respetar las tradiciones de los Estados miembros en materia de Derecho de sociedades, es importante que gocen de flexibilidad en la forma de facilitar un sistema íntegramente en línea para la constitución de sociedades, el registro de sucursales y la presentación de documentos e información, incluso en lo que respecta a la función de los notarios y abogados en cualquier fase de esos procedimientos en línea. Las cuestiones relacionadas con los procedimientos en línea que no estén regulados en la presente Directiva deben seguir rigiéndose por el Derecho nacional.

(20)

Además, a fin de combatir el fraude y el pirateo empresarial, y de ofrecer garantías sobre la fiabilidad y la credibilidad de los documentos e información contenidos en los registros nacionales, las disposiciones relativas a los procedimientos en línea establecidos en la presente Directiva deben incluir también controles de la identidad y la capacidad jurídica de las personas que deseen constituir una sociedad o registrar una sucursal, o presentar documentos e información. Tales controles pueden formar parte del control de la legalidad que exigen algunos Estados miembros. Debe dejarse a los Estados miembros el desarrollo y la adopción de los medios y los métodos para llevar a cabo esos controles. A tal efecto, los Estados miembros deben estar facultados para requerir la participación de notarios o abogados en cualquier fase de los procedimientos en línea. Sin embargo, dicha participación no debe impedir que se complete el procedimiento íntegramente en línea.

(21)

Cuando se justifique por razón de interés público en impedir el uso indebido o la alteración de identidad, o en garantizar el cumplimiento de las normas sobre capacidad jurídica y sobre el poder de los solicitantes para representar a una sociedad, los Estados miembros deben poder adoptar medidas, de conformidad con el Derecho nacional, que podrían exigir la presencia física del solicitante o de cualquier autoridad o persona u organismo habilitado en virtud del Derecho nacional para tratar cualquier aspecto de los procedimientos en línea, del Estado miembro en el que la sociedad vaya a constituirse o una sucursal vaya a registrarse. Sin embargo, tal presencia física no debe exigirse sistemáticamente, sino solo caso por caso cuando existan motivos para sospechar una falsificación de identidad o un incumplimiento de las normas sobre capacidad jurídica y sobre el poder de los solicitantes para representar a una sociedad. Esa sospecha debe basarse en información de que dispongan las autoridades o personas u organismos habilitados en virtud del Derecho nacional para efectuar dichos tipos de controles. En caso de que sea necesaria la presencia física, los Estados miembros deben garantizar que el resto de fases del procedimiento puedan completarse en línea. El concepto de capacidad jurídica debe entenderse que incluye la capacidad de obrar.

(22)

Los Estados miembros también deben poder permitir a sus autoridades, personas u organismos competentes, comprobar, mediante controles electrónicos complementarios de identidad, capacidad jurídica y legalidad, si se cumplen todas las condiciones para la constitución de una sociedad. Dichos controles pueden incluir, entre otros, videoconferencias u otros medios en línea que ofrezcan una conexión audiovisual en tiempo real.

(23)

Para garantizar la protección de todas las personas que interactúan con las sociedades, los Estados miembros deben poder prevenir comportamientos fraudulentos u otros comportamientos abusivos denegando el nombramiento de una persona como administrador de una sociedad, teniendo en cuenta la conducta anterior de dicha persona en su propio territorio, pero también, cuando así se establezca en virtud del Derecho nacional, información que faciliten otros Estados miembros. Por consiguiente, los Estados miembros deben poder solicitar información a otros Estados miembros. La respuesta podría consistir en información sobre una inhabilitación vigente o en otra información pertinente a efectos de inhabilitación en el Estado miembro que haya recibido la solicitud. Dichas solicitudes de información deben poder formularse a través del sistema de interconexión de registros. A ese respecto, los Estados miembros deben poder elegir la mejor manera de recabar tal información, por ejemplo reuniendo información pertinente de registros u otros lugares en que se almacene de conformidad con su Derecho nacional o creando registros específicos o secciones específicas en los registros mercantiles. Cuando se necesite información adicional, por ejemplo sobre el período y los motivos de inhabilitación, los Estados miembros han de poder facilitarla a través de todos los sistemas de intercambio de información disponibles, con arreglo al Derecho nacional. Sin embargo, la presente Directiva no debe crear una obligación de solicitar tal información en todos los casos. Por otra parte, poder tener en cuenta información sobre la inhabilitación en otro Estado miembro no debe obligar a los Estados miembros a reconocer las inhabilitaciones vigentes de otros Estados miembros.

(24)

Para garantizar la protección de todas las personas que interactúan con sociedades o sucursales, y de prevenir comportamientos fraudulentos o abusivos, es importante que las autoridades competentes de los Estados miembros puedan comprobar si la persona que se vaya a nombrar como administrador está inhabilitada para ejercer funciones de administrador. A tal fin, las autoridades competentes deben conocer también si la persona en cuestión figura en alguno de los registros pertinentes a efectos de inhabilitación de administradores en otros Estados miembros mediante el sistema de interconexión de registros mercantiles. Los registros, las autoridades o personas u organismos habilitados en virtud del Derecho nacional para tratar cualquier aspecto de los procedimientos en línea no deben almacenar tales datos personales más tiempo del necesario para evaluar si dicha persona cumple los criterios para ser nombrada como administrador. No obstante, tales entidades pueden necesitar guardar esa información durante más tiempo con la finalidad de una posible revisión de una decisión denegatoria. En todo caso, el período de conservación no debe superar el período establecido en la normativa nacional sobre conservación de datos personales relativos a la constitución de una sociedad o el registro de una sucursal o la presentación conexa de documentos e información.

(25)

Las obligaciones establecidas en la presente Directiva relativas a la constitución en línea de sociedades y al registro en línea de sucursales deben entenderse sin perjuicio de cualesquiera otras formalidades no relacionadas con el Derecho de sociedades que una sociedad tenga que cumplir para iniciar sus actividades de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional.

(26)

Como por lo que respecta a la constitución en línea de sociedades y el registro en línea de sucursales, a fin de reducir los costes y las cargas para las sociedades, también debe ser posible presentar documentos e información a los registros nacionales íntegramente en línea a lo largo de todo el ciclo de vida de las sociedades. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben tener la facultad de autorizar la presentación de documentos e información por otros medios, incluso en papel. Por otra parte, la publicidad de la información societaria debe producirse una vez que esa información se ponga a disposición del público en dichos registros nacionales, ya que ahora los registros están interconectados y constituyen un punto de referencia general para los usuarios. A fin de evitar perturbaciones de los medios de publicidad existentes, los Estados miembros deben tener asimismo la opción de publicar la totalidad o parte de la información societaria en un boletín nacional, a la vez que se garantiza que el registro remite dicha información por medios electrónicos a ese boletín nacional. La presente Directiva no debe afectar a la normativa nacional relativa al valor jurídico del registro y a la función de un boletín nacional.

(27)

A fin de facilitar la manera en que la información almacenada en los registros nacionales puede buscarse e intercambiarse con otros sistemas, los Estados miembros deben garantizar que, una vez que haya vencido el plazo de transposición pertinente, todos los documentos e información que se faciliten a cualquier autoridad o persona u organismo habilitado en virtud del Derecho nacional para tratar cualquier aspecto de los procedimientos en línea, como parte de los procedimientos en línea establecidos en la presente Directiva, puedan almacenarse por los registros en un formato apto para lectura mecánica y búsqueda, o como datos estructurados. Ello significa que el formato de archivo debe estructurarse de tal manera que las aplicaciones informáticas puedan identificar, reconocer y extraer fácilmente datos específicos y su estructura interna. El requisito de garantizar que el formato de los documentos y la información sea apto para búsqueda no debe incluir firmas escaneadas ni otros datos no adecuados para la lectura mecánica. Como esto puede exigir cambios en los sistemas de información existentes de los Estados miembros, debe fijarse un plazo de transposición más largo para el cumplimiento de este requisito.

(28)

Con el fin de reducir los costes y la carga administrativa y la duración de los procedimientos para las sociedades, los Estados miembros deben aplicar en materia de Derecho de sociedades el principio de «solo una vez», que, como demuestran, por ejemplo, el Reglamento (UE) 2018/1724, el Plan de Acción de la Comisión sobre Administración Electrónica o la Declaración de Tallin sobre la administración electrónica, está asentado en la Unión. La aplicación del principio de «solo una vez» implica que las sociedades no tengan que presentar la misma información a la administración pública más de una vez. Por ejemplo, las sociedades no deben presentar la misma información al registro nacional y al boletín nacional. En su lugar, el registro debe suministrar la información ya presentada directamente al boletín nacional. Del mismo modo, cuando una sociedad se constituya en un Estado miembro y quiera registrar una sucursal en otro Estado miembro, debe poder utilizar los documentos o la información previamente presentados en un registro. Además, cuando una sociedad se constituya en un Estado miembro, pero tenga una sucursal en otro Estado miembro, debe poder presentar determinados cambios de su información societaria solo ante el registro en el que esté registrada, sin necesidad de presentar la misma información ante el registro en el que esté registrada la sucursal. En su lugar, datos tales como la modificación de la denominación o del domicilio social de la sociedad deben intercambiarse electrónicamente entre el registro en que esté registrada la sociedad y el registro en que esté registrada la sucursal a través del sistema de interconexión de registros.

(29)

Con el fin de garantizar que se dispone de información coherente y actualizada sobre las sociedades de la Unión y para aumentar la transparencia, debe poderse utilizar la interconexión de registros para intercambiar información sobre cualquier tipo de sociedad inscrita en los registros de los Estados miembros de conformidad con el Derecho nacional. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de efectuar copias electrónicas de los documentos e información de esos otros tipos de sociedades que también estén disponibles a través de dicho sistema de interconexión de registros.

(30)

En aras de la transparencia y de la protección de los intereses de los trabajadores, los acreedores y los accionistas minoritarios, y para fomentar la confianza en las transacciones mercantiles, incluso de carácter transfronterizo dentro del mercado interior, es importante que inversores, accionistas, socios empresariales y autoridades puedan acceder fácilmente a la información societaria. Para mejorar el acceso a esa información, debe facilitarse más información de forma gratuita en todos los Estados miembros. Dicha información debe incluir el estado de una sociedad e información sobre sus sucursales en otros Estados miembros, así como información relativa a las personas que, como órgano o como miembros de tal órgano, están autorizadas a representar a la sociedad. Por otra parte, el precio de obtener una copia de todos o de parte de los documentos e información publicados por la sociedad, en papel o en formato electrónico, no debe superar su coste administrativo, incluido el coste de desarrollo y mantenimiento de los registros, siempre que el precio no sea desproporcionado en relación con la información que se busca.

(31)

Actualmente, a los Estados miembros les es posible establecer puntos de acceso opcionales en relación con el sistema de interconexión de registros. Sin embargo, a la Comisión no le es posible conectar a otros interesados al sistema de interconexión de registros. Para que otros interesados se beneficien de la interconexión de registros y asegurarse así de que sus sistemas contengan una información precisa, actualizada y fiable sobre las sociedades, debe autorizarse a la Comisión a establecer puntos de acceso adicionales. Estos puntos de acceso deben referirse a los sistemas desarrollados y gestionados por la Comisión o por las demás instituciones, órganos u organismos de la Unión en el ejercicio de sus funciones administrativas o en cumplimiento de las disposiciones del Derecho de la Unión.

(32)

A fin de ayudar a las sociedades establecidas en el mercado interior a ampliar más fácilmente sus actividades mercantiles transfronterizas, les debe ser posible abrir y registrar sucursales en línea en otro Estado miembro. Por consiguiente, los Estados miembros deben posibilitar, de manera análoga a las sociedades, el registro en línea de sucursales y la presentación en línea de documentos e información, de modo que se contribuya a reducir los costes, las cargas administrativas y el tiempo que llevan las formalidades en caso de expansión transfronteriza.

(33)

Al registrar una sucursal de una sociedad registrada en otro Estado miembro, los Estados miembros también deben poder verificar determinada información societaria a través del sistema de interconexión de registros. Además, cuando se cierre una sucursal en un Estado miembro, el registro de ese Estado miembro debe informar de ese cierre al Estado miembro en el que esté registrada la sociedad a través del sistema de interconexión de registros, y ambos registros deben consignar esta información.

(34)

Con el fin de garantizar la coherencia con el Derecho de la Unión y nacional, es necesario suprimir la disposición relativa al Comité de Contacto que ha dejado de existir y actualizar los tipos de sociedades enumeradas en los anexos I y II de la Directiva (UE) 2017/1132.

(35)

A fin de tener en cuenta futuros cambios de la normativa de los Estados miembros y de la legislación de la Unión en materia de tipos de sociedades, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para que actualice la lista de los tipos de sociedades enumerados en los anexos I, II y II BIS de la Directiva (UE) 2017/1132. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (7). En particular, para garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben todos los documentos al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(36)

Las disposiciones de la presente Directiva, incluidas las obligaciones de registro de sociedades, no afectan al Derecho nacional relativo a las medidas fiscales de los Estados miembros, o de sus subdivisiones territoriales y administrativas.

(37)

La presente Directiva no debe afectar a las competencias de los Estados miembros para rechazar solicitudes de constitución de sociedades y registro de sucursales en casos de fraude o abuso, ni a las acciones de investigación y ejecución de las normas que efectúen los Estados miembros, incluso por parte de la policía u otras autoridades competentes. Tampoco deben verse afectadas otras obligaciones en virtud del Derecho de la Unión y nacional, incluidas las derivadas de las normas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y sobre los titulares reales. La presente Directiva no afecta a las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y el Consejo (8) que regulan los riesgos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, en particular las obligaciones relativas a la adopción de las oportunas medidas de diligencia debida con respecto al cliente en función del riesgo y para identificar y registrar al titular real de cualquier entidad de nueva creación en el Estado miembro de su constitución.

(38)

La presente Directiva debe aplicarse de conformidad con el Derecho de la Unión en materia de protección de datos y protección de la intimidad y de los datos de carácter personal, tal como se establecen en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Todo tratamiento de datos personales de personas físicas en virtud de la presente Directiva debe realizarse de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

(39)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), emitió un dictamen el 26 de julio de 2018.

(40)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, ofrecer más soluciones digitales a las sociedades en el mercado interior, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(41)

De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (11), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

(42)

Habida cuenta de la complejidad de los cambios que se necesita efectuar en los sistemas nacionales a fin de cumplir con lo dispuesto en la presente Directiva, y de las diferencias sustanciales que existen actualmente entre los Estados miembros respecto al uso de instrumentos y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades, procede disponer que los Estados miembros que experimenten especiales dificultades al transponer determinadas disposiciones de la presente Directiva puedan notificar a la Comisión su necesidad de acogerse a una prórroga del plazo de aplicación pertinente de un año como máximo. Los Estados miembros deben indicar las razones objetivas para solicitar dicha prórroga.

(43)

La Comisión debe realizar una evaluación de la presente Directiva. De conformidad con el apartado 22 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación, esa evaluación debe basarse en los cinco criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia y valor añadido, y debe servir de base para las evaluaciones de impacto de posibles nuevas medidas. Los Estados miembros deben colaborar en llevar a cabo esa evaluación facilitando a la Comisión los datos de que dispongan en cuanto a cómo funciona en la práctica la constitución en línea de sociedades, por ejemplo, datos sobre el número de constituciones en línea, el número de casos en que se utilizaron modelos o en que se exigió una presencia física y la duración y los costes medios de las constituciones en línea.

(44)

Debe recabarse información a fin de evaluar el funcionamiento de la presente Directiva con arreglo a los objetivos que persigue y con el fin de llevar a cabo una evaluación conforme al apartado 22 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

(45)

Procede, por tanto, modificar la Directiva (UE) 2017/1132 en consecuencia.