(1)

El 17 de julio de 2009, las autoridades rumanas informaron a la Comisión del plan de capitalización de una deuda pública de Oltchim SA («Oltchim»). El 7 de marzo de 2012, en la Decisión 2013/246/UE de la Comisión (2) en el asunto SA.29041 — Medidas de apoyo en favor de Oltchim SA Râmnicu Vâlcea («Decisión de la Comisión de 2012»), la Comisión concluyó que la capitalización de la deuda de 1 049 millones RON (231 millones EUR) no implicaba ayuda estatal. Esa conclusión se basó en el compromiso firme del Gobierno rumano de privatizar Oltchim por completo, incluida la participación íntegra de las autoridades públicas resultante de la capitalización de la deuda.

(2)

Tras el intento fallido de privatizar Oltchim, las autoridades rumanas iniciaron contactos con la Comisión en octubre de 2012 para preparar la notificación formal de la ayuda de salvamento concedida a Oltchim (registrada como SA.35558).

(3)

En noviembre de 2012, la prensa informó de que las autoridades rumanas habían concluido un acuerdo con los bancos acreedores de Oltchim para financiar la reanudación de las actividades de producción de Oltchim. En este contexto, la Comisión decidió incoar un caso de oficio con el número SA.36086 y, mediante carta de 18 de enero de 2013, pidió a Rumanía que suministrara información. Rumanía respondió a esta solicitud el 7 de febrero de 2013. La Comisión solicitó información complementaria el 18 de febrero de 2013, a lo que Rumanía respondió el 11 de marzo de 2013. Rumanía suministró información complementaria en una reunión celebrada en junio de 2013, así como mediante carta de 25 de septiembre de 2013.

(4)

Mediante cartas de 5 de agosto de 2014, 16 de octubre de 2014 y 3 de marzo de 2015, la Comisión solicitó información complementaria, a lo que Rumanía respondió, respectivamente, el 15 de septiembre de 2014, el 26 de noviembre de 2014, el 26 de marzo de 2015 y el 16 de abril de 2015. El 11 de mayo de 2015, la Comisión solicitó información complementaria, que Rumanía suministró en una reunión celebrada el 26 de mayo de 2015 y mediante cartas de 10 de junio de 2015 y 25 de junio de 2015. El 3 de septiembre de 2015, la Comisión solicitó información complementaria, que Rumanía suministró el 10 de septiembre de 2015. Además, Rumanía facilitó información, por iniciativa propia, el 22 de octubre de 2015 y solicitó la celebración de reuniones, que tuvieron lugar el 23 de octubre de 2015 y el 22 de enero de 2016.

(5)

Mediante carta de 8 de abril de 2016, la Comisión comunicó a Rumanía que había decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 108, apartado 2, del TFUE en relación con el asunto SA.36086. La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea. (3) La Comisión invitó a los interesados a presentar observaciones sobre la ayuda.

(6)

La Comisión recibió las observaciones iniciales de Rumanía (15 de junio de 2016) y de cuatro interesados. Las observaciones de las terceras partes se enviaron a Rumanía, a quien se le ofreció la oportunidad de responder a ellas; las observaciones de Rumanía se recibieron mediante carta de 28 de noviembre de 2016.

(7)

Mediante carta de 29 de julio de 2016, Rumanía propuso una modificación del proceso de venta de Oltchim con miras a lograr la discontinuidad económica. Las autoridades rumanas suministraron información complementaria (14 de septiembre de 2016, 4 de noviembre de 2016 y 5 de diciembre de 2016) y modificaron los términos del proceso de venta inicial.

(8)

Tras la correspondencia anteriormente mencionada, la empresa de consultoría AT Kearney («el vendedor»), en cuanto representante de Oltchim, suministró una serie de informes consecutivos sobre el progreso de la venta de los activos de Oltchim el 27 de enero de 2017, el 4 de abril de 2017, el 25 de julio de 2017, el 15 de septiembre de 2017, el 21 de noviembre de 2017, el 18 de enero de 2018 y el 16 de julio de 2018. (4)

(9)

Durante el proceso de venta intervinieron diversas partes, y las autoridades rumanas presentaron observaciones sobre cada una de dichas intervenciones.

(10)

El 26 de enero de 2018 se envió una solicitud adicional de información a Rumanía, a la que respondió el 16 de mayo de 2018.

(11)

Oltchim es una de las mayores empresas petroquímicas de Rumanía y Europa Sudoriental. El Estado rumano posee una participación de control correspondiente al 54,8 % de la empresa (actualmente a través del Ministerio de Economía).

(12)

Oltchim produce principalmente soda cáustica líquida, óxido de propileno, polioles, plastificantes y oxoalcoholes. Oltchim es el mayor productor de soda cáustica líquida del mercado europeo (en 2015 tenía un 41 % de cuota de mercado de la UE), el único productor de perlas de sosa cáustica de Europa Central, así como el único productor de Rumanía, y el tercero de Europa, de policloruro de vinilo y poliéteres. Oltchim exporta más del 74 % de su producción dentro y fuera de Europa (5).

(13)

Oltchim es el principal empleador industrial de Vâlcea [una región de Rumanía que recibe asistencia en virtud del artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE]. En 2015, Oltchim contaba con 2 208 empleados, de los que 1 982 trabajaban en el emplazamiento de Râmnicu Vâlcea y 226 en el emplazamiento de Pitești, en la sección petroquímica de Bradu.

(14)

Oltchim tiene un amplio historial de dificultades económicas. Entre 1995 y 2000 concertó una serie de préstamos comerciales respaldados por garantías del Estado. Debido a que Oltchim no pudo devolver los préstamos, los bancos solicitaron dichas garantías. En 2002, el Ministerio de Hacienda transfirió la deuda de Oltchim derivada de las garantías del Estado a la agencia de privatización de Rumanía («AAAS» (6)). El Ministerio de Hacienda realizó pagos respecto de las garantías del Estado hasta diciembre de 2006, y transfirió de nuevo a la AAAS todos los créditos derivados de los pagos posteriores realizados sobre la base de las garantías activadas.

(15)

Entre 2007 y 2012, la situación financiera de Oltchim empeoró y sus cuentas financieras reflejaron de manera continuada pérdidas de explotación en aumento, pérdidas acumuladas y fondos propios de valor negativo. El 31 de diciembre de 2012 (antes de iniciarse el procedimiento de insolvencia), las cuentas financieras de Oltchim reflejaban una pérdida de explotación de 62,9 millones EUR, una pérdida neta de 127,8 millones EUR y unas pérdidas acumuladas de 383 millones EUR.

(16)

Rumanía intentó privatizar Oltchim en varias ocasiones (2001, 2003, 2006, 2007 y 2008), pero no lo consiguió.

(17)

En concreto, en 2001, el Estado negoció y firmó con la empresa minera canadiense Exall Resources la venta de una participación del 53,2 %. Debido a que el comprador no abonó el precio de venta de las acciones (10 millones USD, aproximadamente 8,9 millones EUR (7)) y no garantizó las inversiones tecnológicas y ambientales prometidas, la operación quedó suspendida (8). El Estado decidió volver a intentar la privatización en 2002, para lo que optó por convertir en capital la deuda de la AVAS (la precursora de la AAAS). Sin embargo, el plazo para presentar ofertas se amplió en dos ocasiones y, debido a la oposición de un posible inversor y de una minoría de accionistas, incluso a través de medidas judiciales, la oferta se revocó en 2003 (9). Posteriormente, después de que en 2006 se cancelara la conversión de la deuda aprobada originalmente en 2003, las autoridades rumanas volvieron a intentar privatizar Oltchim junto con la deuda en 2006 y 2008. Sin embargo, según las autoridades rumanas, no había ningún inversor interesado en adquirir Oltchim en esas condiciones (10).

(18)

En la Decisión de la Comisión de 2012, esta última concluyó que el plan de capitalización de la deuda de 1 049 millones RON (11) (aprox. 231 millones EUR) contraída con la AAAS no suponía ayuda estatal. Esta conclusión se basó en el firme compromiso de Rumanía de privatizar por completo la participación pública resultante de la conversión de la deuda a más tardar a finales de mayo de 2012, tal y como se indica en dos cartas de los primeros ministros que ocupaban el cargo en ese momento (12).

(19)

La Comisión adoptó esta postura tras haber analizado críticamente los informes de consultores independientes (13) presentados por las autoridades rumanas a lo largo del procedimiento. En dichos informes se comparaban los beneficios de la liquidación de Oltchim con los de la privatización. En cuanto a la liquidación, se estimó que el valor de los activos de Oltchim era de 692 055 000 EUR (152,2 millones EUR), que incluía 264 119 000 RON de activos pignorados y 427 936 000 RON de activos no pignorados (14).

(20)

Según el informe Raiffeisen de 2011, en el supuesto de la liquidación la AAAS habría recuperado aproximadamente 105,4 millones RON (23 millones EUR), es decir, el 12 % de su crédito total.

(21)

Este importe se comparaba con el valor del crédito de la AAAS en el supuesto de capitalización de la deuda y privatización. En este caso, dependiendo del método utilizado para calcular el valor de la empresa, se estimaba que el valor de mercado de Oltchim era de entre 28 y 97 millones EUR. Después de la capitalización de la deuda y de la posterior privatización, la AAAS obtendría entre 22,9 y 79,5 millones EUR (15).

(22)

Teniendo en cuenta esta comparación, la Comisión concluyó lo siguiente: «si la empresa se privatizara plenamente poco después de la conversión de la deuda, la medida notificada (conversión de la deuda seguida de la privatización total) no implicaría una ventaja para Oltchim, puesto que la medida permite al acreedor público AVAS [AAAS] recuperar más que si se decidiera liquidar la empresa. A este respecto, la Comisión toma nota de los compromisos contraídos por las autoridades rumanas […] para privatizar totalmente la empresa antes del 31 de mayo de 2012» (16).

(23)

Sin embargo, Oltchim no llevó a cabo la capitalización de la deuda de la AAAS aprobada en la Decisión de la Comisión de 2012. La producción se acababa de suspender en agosto de 2012 debido a que el principal proveedor de electricidad de Oltchim, Electrica SA («Electrica»), se había negado a prestar servicios sin que se le pagara por ello.

(24)

Inmediatamente después de que Oltchim pusiera fin a sus actividades, las autoridades rumanas empezaron a enviar al público señales claras de que estaban dispuestas a hacer todo lo posible por salvar a Oltchim. Tan solo unos días antes de la fecha de privatización, el ministro de Economía rumano informó de que Oltchim reanudaría las actividades de producción en un plazo de entre 2 y 4 semanas. En su declaración afirmó que había mantenido conversaciones con el personal directivo del complejo, quien contaba con un plan para volver a poner gradualmente las instalaciones en funcionamiento (17).

(25)

El 22 de septiembre de 2012 concluyó sin éxito el proceso de privatización, quedando pendientes ante los tribunales nacionales una serie de causas relacionados con dicho proceso (18).

(26)

Tras el intento de privatización fallido, la situación financiera de Oltchim siguió empeorando. Durante el período inmediatamente posterior a la privatización fallida, las autoridades rumanas reiteraron que estaban dispuestas a hacer todo lo necesario por salvar Oltchim (19).

(27)

El 1 de octubre de 2012, se diseñó una nueva estrategia de preparación de las actividades de Oltchim, que incluía apoyo económico en forma de ayuda de salvamento. En un artículo de prensa publicado en esa época, el primer ministro rumano en el cargo explicó que el procedimiento de privatización había fracasado y que debían explicar en esa fecha el plan de reserva para reanudar las actividades, salvar puestos de trabajo y preparar un nuevo procedimiento de privatización en condiciones muy distintas y sumamente mejoradas (20). En este mismo contexto, el primer ministro anunció un acuerdo próximo con varios acreedores para el salvamento de la empresa: «El plan para la reactivación de Oltchim se presentará el jueves e incluirá los pasos a seguir en lo relativo al emplazamiento de Vâlcea […] el ministro de Economía, Comercio y Entorno Empresarial […] y el ministro de Hacienda iniciarán conversaciones oficiales con todos los acreedores principales, la AVAS, Electrica y los tres bancos que constituyen los principales acreedores de Oltchim: BCR, Banca Transilvania y CEC. Junto con ellos presentaremos este jueves el plan para la reactivación de Oltchim, en el que se indican claramente las medidas que deben adoptarse para establecer una nueva gestión en Oltchim, con miras a financiar la reactivación de la producción, el período de actividad, el pago de los sueldos pendientes y la preparación de la privatización que probablemente se lleve a cabo a lo largo de 2013, en condiciones distintas de aquellas en las que se está llevando a cabo actualmente» (21).

(28)

El 17 de octubre de 2012, el secretario de Estado del Ministerio de Economía declaró ante la prensa que, en cuestión de días, se volverían a poner en marcha determinadas partes de Oltchim, así como que el Gobierno preveía conceder a Oltchim una ayuda de salvamento de 20 millones EUR (22).

(29)

El 24 de octubre de 2012, Oltchim lograba reanudar su producción gracias a un cambio en las condiciones comerciales facilitadas a Oltchim por dos proveedores públicos (CET Govora y la Societatea Națională a Sării Salrom) (23):

(30)

El 15 de noviembre de 2012, el ministro de Economía realizó declaraciones ante la prensa sobre la intención del Gobierno de mantener Oltchim en funcionamiento: «La idea de la insolvencia queda descartada siempre que concluyamos el acuerdo con los principales acreedores. Este es el motivo por el que hemos concluido un acuerdo de reorganización, es decir, una reestructuración controlada, junto con los principales acreedores de Oltchim. Este es el motivo por el que hemos concluido un acuerdo de reorganización, es decir, una reestructuración controlada, junto con los principales acreedores de Oltchim. El objetivo es evitar que, el día de mañana, los principales acreedores de Oltchim (los bancos, los acreedores privados, los comerciantes y los proveedores de materias primas) pidan la insolvencia de Oltchim. Lo que buscamos con este acuerdo es reactivar, rescatar y reestructurar Oltchim de manera controlada y con el consentimiento de los acreedores» (25).

(31)

El 23 de noviembre de 2012, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte e Infraestructuras, la AAAS y la OPSPI (26) firmaron un memorando de entendimiento («el memorando») con los acreedores de Oltchim, esto es, con varios bancos privados y públicos, así como con empresas públicas como Electrica, Salrom y CFR Marfă SA. Las partes en el memorando acordaron que el Ministerio de Economía y la OPSPI registrarían una empresa con fines especiales (EFE) libre de deudas con capital exclusivamente público (Oltchim EFE) a más tardar el 1 de enero de 2013, con el fin de que los bancos pudieran facilitar de manera segura el apoyo financiero necesario para la reanudación de las actividades de producción de Oltchim. Para ello, a través de la Ordenanza Gubernamental de Urgencia n.o 59/2012, el Gobierno pidió al Ministerio de Economía que pusiera en marcha los procedimientos jurídicos necesarios para establecer una entidad con fines especiales (EFE).

(32)

Sin embargo, a pesar de que se conservaron el memorando y sus objetivos, el Ministerio de Economía abandonó temporalmente el plan de establecer Oltchim EFE a corto plazo. En su lugar, Oltchim, a petición suya, puso en marcha el procedimiento de insolvencia recogido en la Ley n.o 85/2006 («la Ley de insolvencia») el 30 de enero de 2013.

(33)

La Ley de insolvencia establece un procedimiento colectivo para cubrir los pasivos de un deudor insolvente.

(34)

Cuando una empresa incoa un procedimiento de insolvencia colectiva, el poder para adoptar decisiones sobre las actividades administrativas de dicha empresa se transfiere de los accionistas a un administrador especial que debe actuar en el mejor interés de la empresa (27). Una vez transferido este derecho de administración, la empresa queda representada y dirigida por un síndico o un interventor nombrado por el Tribunal, dependiendo de la opción elegida. De este modo, el mandato del administrador especial queda reducido a representar los mejores intereses de los accionistas.

(35)

La junta general de accionistas de la empresa nombra al síndico especial, que deberá ser aprobado por el Tribunal (denominado «síndico»). Dentro del plazo establecido por el juez síndico (un juez con competencias especiales en procedimientos de quiebra e insolvencia), el síndico o interventor nombrado por el Tribunal elaborará y presentará a este último un informe sobre los motivos y circunstancias que provocaron la insolvencia del deudor (28). Dicho informe deberá especificar si existe alguna posibilidad de reorganizar las actividades del deudor o algún motivo que impida esa reorganización. En este último caso, el síndico debe proponer el procedimiento de quiebra. Si el síndico indica que es posible reanudar las actividades del deudor siguiendo un plan de reorganización judicial («el Plan de Reorganización» o «el Plan»), especificará quién debe elaborarlo (el deudor o el síndico, bien de manera individual o junto con uno o varios acreedores).

(36)

Una vez concluidos los procedimientos iniciales, se suspenden todos los créditos de los acreedores y no es posible adquirir otros nuevos (29). Ningún proveedor de servicios (electricidad, gas, agua o telefonía) tendrá derecho a modificar, denegar o interrumpir temporalmente la prestación de dichos servicios al deudor en caso de que este último sea un cliente cautivo (30).

(37)

Tras la incoación del procedimiento, el síndico solicitará a los acreedores que presenten una declaración de los créditos pendientes del deudor dentro del plazo jurídico establecido en la resolución del juez síndico sobre el inicio del procedimiento de insolvencia. Sobre esta base, el síndico elabora la denominada «lista preliminar de acreedores». En dicha lista se dividirá a los acreedores en dos categorías principales: acreedores garantizados (acreedores con créditos concedidos a entidades que disponen de garantías sobre los bienes con cargo al patrimonio del deudor, independientemente de si se trata del deudor principal o de un tercer garante de quienes se benefician de las garantías) y acreedores ordinarios (acreedores con créditos que carecen de garantías con cargo al patrimonio del deudor). La lista también incluirá otras categorías de créditos: salariales y presupuestarios.

(38)

El deudor, los acreedores y todas las demás partes interesadas tienen derecho a presentar un recurso ante el juez síndico sobre la lista preliminar de acreedores (31). Una vez resueltos todos los recursos presentados, el síndico elabora la lista final de acreedores, en la que figuran el importe, la prioridad y el carácter (garantizado u ordinario) de cada crédito, y la envía al Tribunal para su aprobación. Una vez resueltos todos los recursos, la lista pasa a ser definitiva.

(39)

La Ley de insolvencia prevé dos procedimientos alternativos:

(40)

La reorganización judicial es el procedimiento que se aplica al deudor para la devolución de sus deudas, a través de un plan de pagos, tras una reorganización de sus actividades. Este procedimiento implica la preparación, aprobación, ejecución y cumplimiento de un plan de reorganización, que podría incluir, en su totalidad o de manera independiente, los siguientes elementos: a) una reestructuración operativa o financiera del deudor; b) una reestructuración de la empresa mediante la modificación de la estructura del capital social; o c) una limitación de la actividad mediante la liquidación de determinados activos.

(41)

El síndico redacta el plan de reorganización, junto con la lista de acreedores, y lo envía al Tribunal para su aprobación. El plan también debe ser examinado y aprobado por los acreedores. La Ley de insolvencia recoge las siguientes categorías de créditos, que se votan de manera independiente: a) créditos garantizados, b) créditos salariales, c) créditos presupuestarios, d) créditos ordinarios establecidos en virtud del artículo 96, aparatado 1 (es decir, los llamados proveedores esenciales), y e) otros créditos ordinarios (32).

(42)

Los artículos 100 y 101 de la Ley de insolvencia establecen lo siguiente:

(43)

En virtud de la definición prevista en el artículo 3, apartado 21, de la Ley de insolvencia, por «categoría perjudicada» se entiende una categoría para la que el plan de reorganización prevé al menos una de las siguientes modificaciones:

(44)

Cuando la decisión que confirma un plan pasa a ser efectiva, deberán reorganizarse las actividades del deudor como corresponda y se modificarán los créditos y los derechos de los acreedores y de las demás partes interesadas según lo dispuesto en el plan. Si no se confirma ningún plan, el juez síndico deberá ordenar el inicio inmediato del procedimiento de quiebra.

(45)

El procedimiento de quiebra implica una liquidación de los activos del deudor para cubrir los pasivos, seguida de la eliminación del deudor del registro.

(46)

De conformidad con el artículo 107 de la Ley de insolvencia, un deudor incoa un procedimiento de quiebra en los siguientes casos:

(47)

El procedimiento de quiebra incluye dos categorías de activos sujetos a venta (activos pignorados/garantizados y activos no pignorados/ordinarios) y, por lo tanto, dos formas de distribuir los importes recibidos a partir de la venta entre los acreedores (artículo 121 para los activos pignorados y artículo 123 para los activos no pignorados, así como para cualquier excedente resultante de la venta de los activos pignorados). La liquidación deberá comenzar inmediatamente después de que el interventor concluya el inventario del patrimonio del deudor. Los activos podrán venderse conjuntamente (como grupo operativo) o de manera individual. Dependiendo de las circunstancias del caso y siempre que resulte posible, los activos del deudor deberán evaluarse tanto de manera individual como en su conjunto, es decir, como grupo funcional.

(48)

A tenor de lo previsto en el artículo 121 de la Ley de insolvencia, se aplica el siguiente orden de distribución para los fondos obtenidos a través de la venta de los activos pignorados del deudor: 1) impuestos, timbres y otros gastos relacionados con la venta de dichos activos, incluidos los gastos incurridos para su preservación y administración, así como la remuneración de los interventores; y 2) créditos de los acreedores garantizados.

(49)

Si los importes obtenidos a partir de la venta de los activos pignorados resultan insuficientes para el pago total de los acreedores garantizados, estos últimos deberán recibir créditos ordinarios por valor de la diferencia. Si una vez pagados los importes a los acreedores garantizados existe un excedente, se distribuirá entre los acreedores ordinarios.

(50)

En virtud del artículo 123 de la Ley de insolvencia, los créditos deberán abonarse de la siguiente forma: 1) impuestos, timbres y otros gastos relacionados con el procedimiento, 2) créditos salariales, 3) créditos concedidos por instituciones crediticias después de iniciado el procedimiento, así como créditos derivados del mantenimiento de las actividades del deudor una vez iniciado el procedimiento (deuda viva), 4) créditos presupuestarios, 5-7) otros créditos (por ejemplo, asignaciones por personas a cargo, subsidios familiares o préstamos bancarios), y 8) otros créditos ordinarios.

(51)

Mediante decisión de los acreedores en la reunión de 15 de abril de 2013, Rominsolv S.p.r.l y B.D.O. – Business Restructuring S.p.r.l. («R/BDO») fueron nombrados síndicos oficiales de Oltchim («el Consorcio»). El Tribunal confirmó este nombramiento el 13 de mayo de 2013.

(52)

En la audiencia del Tribunal de 19 de junio de 2013, Oltchim manifestó su intención de poner en marcha una reorganización judicial y devolver los créditos mediante un plan de reorganización. Esta petición se basó en un informe sobre las causas de la insolvencia elaborado por el Consorcio, de conformidad con el artículo 59, apartados 1 a 3, de la Ley de insolvencia. En el informe sobre las causas de la insolvencia se indicaba que existía una posibilidad real de lograr una reorganización efectiva de las actividades del deudor, mediante un plan de reorganización supervisado por el Tribunal, que preveía elaborar y presentar ante el Tribunal.

(53)

El 3 de junio de 2013, los síndicos nombrados por el Tribunal encargaron a Winterhill S.r.l que calculara el valor de mercado y el valor de liquidación de los activos de Oltchim («el informe Winterhill»), una medida necesaria para poder elaborar el plan de pagos.

(54)

Winterhill S.r.l. determinó el valor de mercado de los activos de Oltchim y su valor de liquidación de conformidad con las Normas Internacionales de Valoración, tal y como se indica a continuación:

(55)

En el informe Winterhill se tasan las diferentes clases de activos de Oltchim (34) utilizando distintos métodos de evaluación en función del tipo de activo evaluado (método de comparación de mercado o método del coste neto de reposición).

(56)

En cuanto a la evaluación de los activos fijos (fábricas, equipos y maquinaria), en el informe Winterhill se estimaron los denominados valor de mercado in situ y valor de mercado ex situ. Según el informe Winterhill, para el valor de mercado in situ se supone que la fábrica se encuentra plenamente operativa para seguir empleándose en su emplazamiento. Este valor tiene en cuenta los costes de instalación (es decir, eléctricos y mecánicos), que en el caso de este tipo de fábricas son significativos. Para el valor de mercado ex situ se supone que la fábrica no se encuentra operativa y se evalúan activos individuales en lo relativo a su eliminación a cargo del comprador. En el caso de Oltchim, se determinó que el equipo eléctrico y mecánico no tenía ningún valor significativo, así como que, dependiendo de su complejidad, incluso tenía un efecto negativo sobre el valor de un activo. En el informe Winterhill se definió el valor de liquidación de los activos fijos como el valor de mercado ex situ menos los costes estimados para el desmantelamiento y la eliminación de las instalaciones industriales. Este valor incluía una estimación de los costes de limpieza y preparación de los activos para su venta, que en el caso de Oltchim se esperaba que fueran significativos debido a la naturaleza contaminante y peligrosa de muchos de los materiales utilizados en las fábricas. También incluía asignaciones para los gastos de comercialización, los gastos de venta, las tasas de los vendedores y los gastos de personal conexos.

(57)

Winterhill S.r.l. finalizó su evaluación el 20 de julio de 2013. El informe Winterhill estimó que el valor de mercado de Oltchim era de 293,7 millones EUR (aprox. 1 270 millones RON) y su valor de liquidación de 141 millones EUR (636 millones RON), de los que 108 millones EUR (491 millones RON) correspondían a activos garantizados y 32 millones EUR (145 millones RON) a activos no garantizados (35).

(58)

El informe Winterhill se presentó a la Junta de Acreedores el 2 de diciembre de 2013 y se aprobó el 4 de diciembre de 2013. En un primer momento, la AAAS cuestionó la evaluación recogida en el informe Winterhill y presentó un recurso contra la decisión de la Junta de Acreedores a través de la que se había aprobado. Posteriormente, el Tribunal aprobó una comprobación del informe de valoración y, finalmente, desestimó el recurso de la AAAS, señalando asimismo que la AAAS no había condicionado su voto sobre el Plan al resultado de una reevaluación de dicho informe (36).

(59)

Tomando como base el informe Winterhill, en julio de 2013 los síndicos nombrados por el Tribunal elaboraron el Plan de Reorganización de Oltchim. El objetivo principal de dicho Plan era encontrar un nuevo inversor que se hiciera cargo de los activos/las actividades de Oltchim. La venta podría llevarse a cabo con arreglo a cualquiera de las tres opciones propuestas:

(60)

Oltchim EFE se concebía como una empresa libre de deudas. Oltchim EFE asumiría la parte operativa de Oltchim SA como empresa en funcionamiento. (37) Oltchim EFE sería propiedad total de Oltchim SA y se vendería a un inversor en un plazo de entre uno y tres años. Se estimó que el precio de venta de las acciones de Oltchim EFE sería de 306 millones EUR, y el precio mínimo inicial se fijaría en un importe superior a dicha cantidad. Este precio se calculó con referencia al valor de mercado de 293,7 millones EUR establecido en el informe Winterhill (38).

(61)

Dado que parte de los activos transferidos a Oltchim EFE se había dado en garantía a algunos de los acreedores de Oltchim SA, el objeto de dichas garantías se sustituiría por acciones emitidas por Oltchim EFE de un valor equivalente al importe de la garantía. De este modo, los acreedores garantizados tendrían derecho, en un plazo de diez días a partir de la confirmación del Plan de Reorganización por parte del juez síndico, a optar por que se eliminen las garantías existentes sobre los activos al realizarse el pago íntegro de las acciones de Oltchim EFE.

(62)

Los acreedores de Oltchim recibirían los importes establecidos en el Plan de Pagos (véase el Cuadro 3).

(63)

Los acreedores de Oltchim podrían capitalizar su deuda (acciones de Oltchim SA) en proporción y de conformidad con los importes previstos en el Plan de Pagos (véase el Cuadro 3).

(64)

Parte de las deudas contraídas con el Estado se pagarían mediante la transferencia de activos de Oltchim SA (por ejemplo, terreno o edificios) de forma gratuita.

(65)

El Plan preveía los siguientes dos supuestos para la continuación de las actividades de Oltchim:

(66)

En el Plan se especificó un período de ejecución de tres años a partir de la fecha de confirmación por parte del juez. Durante dicho período, el administrador especial deberá garantizar la gestión de Oltchim, bajo la supervisión del síndico.

(67)

El 9 de enero de 2015, una vez resueltos todos los recursos presentados, el síndico elaboró y envió al Tribunal la lista definitiva de acreedores de Oltchim, en la que se recogía el importe, la prioridad y la situación (garantizada u ordinaria) de cada crédito. Dicha lista incluía cinco categorías de acreedores: 1) acreedores garantizados, 2) acreedores salariales, 3) acreedores presupuestarios, 4) acreedores ordinarios en virtud del artículo 96 de la Ley de insolvencia (denominados «proveedores esenciales») y 5) otros acreedores ordinarios, según se presentan en el cuadro 1.

Cuadro 1

Lista de acreedores, según se presentan en el cuadro de créditos

(68)

Las deudas pendientes de Oltchim respecto del Estado y de empresas públicas eran de aproximadamente 519 millones EUR, de los que aproximadamente 264 millones EUR correspondían a la AAAS, aproximadamente 232 millones EUR a varias empresas públicas (de los que alrededor de 145 millones EUR se debían a Electrica), aproximadamente 19 millones EUR a organismos nacionales y regionales (por ejemplo, aproximadamente 13 millones EUR a la Administrația Fondului pentru Mediu, la Autoridad para los Fondos Ambientales) y aproximadamente 12 millones EUR al banco público CEC Bank.

Cuadro 2

Acreedores públicos de Oltchim

(69)

Los créditos más importantes de Oltchim corresponden a los siguientes acreedores: AAAS (aprox. el 35 % de la deuda total), Electrica (19 % de la deuda total), Erste Group Bank AG (10 % de la deuda total), MFC Commodities Gmbh (4,71 % de la deuda total), Banca Transilvania SA (4,63 % de la deuda total), CET Govora (3,96 % de la deuda total), CFR Marfă (3,34 % de la deuda total) y CEC Bank (1,63 % de la deuda total).

(70)

El síndico envió al Tribunal el Plan de Reorganización, junto con la lista de acreedores, el 4 de febrero de 2015. En la reunión celebrada el 9 de marzo de 2015, los acreedores debatieron y aprobaron el Plan, en virtud del artículo 101 de la Ley de insolvencia.

(71)

En concreto, el Plan aprobado preveía lo siguiente:

(72)

Según lo previsto en el Plan de Pagos, se aplicará la siguiente cobertura de deuda:

(73)

Por consiguiente, este plan implica una cancelación de la deuda considerable, especialmente por parte de los acreedores presupuestarios, tal y como se señala en los cuadros 4 y 5.

Cuadro 4

Deuda cancelada

Cuadro 5

Deuda pública cancelada

(74)

Los acreedores sometieron este Plan a votación. El acta de la reunión de la Junta de Acreedores de 9 de marzo de 2015 recoge lo siguiente (a continuación solo se hace referencia a los principales acreedores públicos y privados y a los trabajadores):

(75)

El Plan se aprobó debido a que cumplía los requisitos previsto en la Ley de insolvencia, en concreto los siguientes:

(76)

En la audiencia del Tribunal celebrada el 25 de marzo de 2015, el juez síndico solicitó que se proporcionaran aclaraciones adicionales sobre el Plan y pospuso la audiencia hasta el 22 de abril de 2015. En la audiencia del 22 de abril de 2015, el Tribunal confirmó el Plan aprobando únicamente la primera opción, es decir, las cancelaciones parciales de la deuda acordadas por los acreedores así como la creación de una nueva entidad (Oltchim EFE) y la transferencia de todos los activos viables de Oltchim SA a esta última. El 24 de septiembre de 2015, el Tribunal de Apelación de Pitești desestimó las apelaciones presentadas por la ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) y por Electrica Furnizare contra la sentencia a través de la que se había aprobado el Plan de Reorganización. Mediante esta sentencia, el Plan pasó a ser definitivo.

(77)

Durante el procedimiento de insolvencia, antes de que se aprobara el Plan de Reorganización, Oltchim puso en marcha una serie de medidas para reducir sus costes, entre ellas el despido de 918 empleados en junio de 2013 (estaba previsto el despido de 225 empleados más antes de noviembre de 2015). En junio de 2014, Oltchim cambió un electrolizador de la instalación de producción principal (por un valor total de 800 000 EUR). Con miras a mejorar su EBITDA, Oltchim volvió a poner en funcionamiento su fábrica de oxoalcoholes el 9 de septiembre de 2014.

(78)

Las autoridades rumanas informaron (43) de que Oltchim estaba mejorando sus resultados económicos y financieros. En 2015, su volumen de negocios aumentó un 31 % en comparación con 2014 y un 59 % en comparación con 2013 debido a un aumento de las ventas de los principales productos fabricados (incrementos del 33 % en los poliéteres de poliol y del 7 % en los productos de cloruro alcalino). El EBTIDA aumentó en 109 millones RON en comparación con 2013.

(79)

En junio de 2013 se pusieron en marcha nuevas iniciativas destinadas a privatizar la empresa, pero a finales de ese año llegaron a su fin sin un resultado satisfactorio.

(80)

Según el Plan aceptado por los acreedores y confirmado por el Tribunal (véase el Cuadro 5), los acreedores presupuestarios y las empresas públicas deben cancelar hasta un total de 408,5 millones EUR de deuda (aprox. 216 millones EUR para la AAAS, lo que representa el 81,9 % de su crédito total, y 174,3 millones EUR para las empresas públicas).

(81)

Los denominados proveedores esenciales (CET Govora SA y la Administración Nacional «Aguas Rumanas») tuvieron que cancelar 21,2 y 2,2 millones EUR respectivamente, lo que representa entre el 70 % y el 71 % de sus créditos totales. Electrica tuvo que cancelar 112 millones EUR, lo que representa el 77,6 % de su crédito total.

(82)

Además de los importes correspondientes a la cancelación de la deuda de diversos acreedores públicos recogidos en el cuadro 5, en el cuadro 6 figuran los importes de las deudas que deberían recuperarse en el caso de que Oltchim EFE se vendiera en bloque, según se prevé en el Plan de Reorganización, como resultado de la cancelación máxima aprobada.

Cuadro 6

Acreedores públicos (cancelación de la deuda y recuperación de la deuda en el marco del Plan)

(83)

Una vez aprobado el Plan de Reorganización, se llevaron a cabo importantes cancelaciones de la deuda. En la información presentada en octubre de 2015, Rumanía notificó que en el período comprendido entre abril y octubre de 2015 se habían cancelado aproximadamente 2 358 millones RON de deuda (518 millones EUR) (44).

(84)

Las autoridades rumanas también notificaron de que se había enviado una oferta de venta de Oltchim EFE a todas las cámaras de comercio bilaterales de Rumanía (julio de 2015) y a otras treinta cámaras de comercio de todo el mundo (septiembre de 2015). Las primeras reuniones con los posibles compradores tuvieron lugar entre septiembre y octubre de 2015.

(85)

El 8 de abril de 2016, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal. La Comisión planteó dudas sobre tres medidas de apoyo:

(86)

En la Decisión de incoación, la Comisión adoptó la opinión preliminar de que las medidas anteriormente señaladas implicaban recursos estatales y eran imputables al Estado. Además, habida cuenta de la improbabilidad de que un operador privado prudente hubiera facilitado a Oltchim dichas medidas, la Comisión también adoptó la opinión preliminar de que las medidas concedían a Oltchim una ventaja indebida; esta ventaja sería selectiva, puesto que su único beneficiario era Oltchim.

(87)

Asimismo, la Comisión señaló que era probable que las medidas afectaran a los intercambios comerciales entre Estados miembros, puesto que Oltchim competía con fabricantes de productos químicos de otros Estados miembros y del resto del mundo. Las medidas permitieron a Oltchim seguir operando sin tener que hacer frente, al igual que los demás competidores, a las consecuencias que en condiciones normales se derivarían de sus resultados financieros deficientes.

(88)

Asimismo, la Comisión manifestó dudas sobre la compatibilidad de las medidas, especialmente debido a que las autoridades rumanas no presentaron posibles motivos de compatibilidad. La opinión preliminar de la Comisión fue que Oltchim podía considerarse como empresa en crisis según su definición en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis de 2014 (48) («Directrices de salvamento y reestructuración de 2014»), especialmente habida cuenta del procedimiento de insolvencia iniciado el 30 de enero de 2013. Sin embargo, parece que ninguna de las medidas cumplía los criterios para la compatibilidad de las ayudas de salvamento y reestructuración previstos en las Directrices de salvamento y reestructuración. En concreto, en ausencia de un plan de reestructuración notificado (las autoridades rumanas no reivindicaron la cualificación de las medidas como ayuda de reestructuración), la Comisión no pudo evaluar los componentes del Plan de Reorganización, incluidas las medidas de inversión y modernización, ni tampoco estudiar si las medidas permitirían recuperar la viabilidad a largo plazo y se limitarían al mínimo, evitando de tal modo falseamientos indebidos de la competencia.

(89)

En vista de lo anteriormente señalado, la opinión preliminar de la Comisión fue que las medidas parecían constituir ayuda estatal según su definición en el artículo 107, apartado 1, del TFUE. Además, puesto que las medidas se habrían adoptado en incumplimiento de las obligaciones de notificación y suspensión previstas en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, la Comisión señaló que parecían constituir ayuda estatal ilegal. Puesto que no se había informado a la Comisión del plan de reestructuración, dichas medidas no podían declararse compatibles con el mercado interior.

(90)

En sus observaciones sobre la Decisión de incoación adoptada por la Comisión, Rumanía realiza una serie de comentarios sobre cada una de las tres medidas anteriormente descritas.

(91)

Rumanía afirma que, en el período comprendido entre septiembre de 2012 y enero de 2013, la AAAS actuó como un acreedor privado, así como que el hecho de que la AAAS no ejecutara los créditos estaba plenamente justificado durante este breve período de tiempo de cinco meses debido tanto a limitaciones jurídicas como de facto:

(92)

Las limitaciones jurídicas corresponden a los efectos del llamando procedimiento administrativo especial [artículo 16, apartado 5, letra c), de la Ley n.o 137/2002 de Rumanía], en virtud del cual los acreedores de impuestos y cotizaciones no pueden ejecutar sus deudas mientras la empresa se esté preparando para la privatización. Al parecer, esto impidió que la AAAS solicitara la ejecución inmediata de su deuda en el contexto del proceso de privatización puesto en marcha por el Ministerio de Economía, Comercio y Entorno Empresarial, incluso después de que la privatización fracasara en septiembre de 2012. Rumanía también afirma que la falta de activos vendibles no empleados como garantía para los acreedores garantizados representa una limitación de facto de la capacidad de la AAAS para ejecutar sus créditos, y que también explicaría el hecho de que los acreedores privados tampoco ejecutaran sus créditos. En este sentido, Rumanía pone como ejemplo al banco privado Banca Comercială Română, que no activó el proceso de ejecución forzada e incluso concedió financiación adicional por un total de aproximadamente 1 millón EUR para la reactivación de la división de poliéteres de poliol y para un estudio de consultoría sobre la posibilidad de reanudar las actividades de Oltchim.

(93)

Además, Rumanía señala que el hecho de que la AAAS no solicitara la ejecución inmediata de su deuda también se debió a la puesta en marcha de un proceso de notificación previa a la Comisión Europea por parte de Rumanía en relación con una ayuda de salvamento (ayuda que posteriormente se declaró incompatible con el principio de «ayuda única» de las Directrices de salvamento y reestructuración de 2014).

(94)

Rumanía observa que, tomando como base el estudio Raiffeisen e independientemente de las deducciones que deban realizarse en relación con los pasivos ambientales, en el supuesto de liquidación la AAAS habría recuperado el 10 % y no el 12 % de su deuda, puesto que el crédito de la AAAS a Oltchim era casi 1,2 veces superior al considerado por Raiffeisen en 2011 en su comparación de los valores de mercado y de liquidación de Oltchim. En la información suministrada en mayo de 2018, Rumanía va incluso más lejos al afirmar que, en caso de quiebra, los pasivos ambientales que deberían pagarse de manera prioritaria en el caso de Oltchim habrían superado los ingresos totales previstos como resultado de la venta forzada correspondiente al supuesto de liquidación, y concluye que el grado de recuperación de la deuda de la AAAS habría sido nulo.

(95)

Rumanía señala que la AAAS se centró en obtener información detallada sobre la situación en que se encontraba Oltchim con miras a adoptar una decisión fundada, así como que los escasos meses transcurridos entre el intento de privatización fallido y el inicio del procedimiento de insolvencia constituían un período de reflexión suficiente.

(96)

Por último, Rumanía indica que la AAAS aplicó a Oltchim intereses a valor de mercado hasta que se inició el procedimiento de insolvencia. Según Rumanía, esto demuestra que la ejecución no inmediata de sus créditos no constituye ayuda estatal, lo que Rumanía asegura que es acorde al enfoque adoptado en la Decisión de la Comisión de 2012, apartado 98 y siguientes. Además, Rumanía afirma que la única deuda adicional acumulada corresponde a los intereses aplicados a una deuda ya existente, lo que resulta de escasa importancia en caso de que la recuperación de la deuda principal sea completamente inviable en sí misma.

(97)

Rumanía considera que, al decidir que seguirían facilitando suministros y que modificarían favorablemente las condiciones comerciales, CET Govora y Salrom actuaron como acreedores privados en la medida en que garantizaron la deuda recién creada, y habida cuenta de que sus decisiones de suministrar materias primas para la reanudación de las actividades de Oltchim fueron similares a las adoptadas por determinadas empresas privadas. Al parecer, esta decisión respondía a la posibilidad de recuperar un importe significativo de la deuda en el caso de que se reanudaran las actividades. Además, Rumanía afirma que, debido a su interdependencia tecnológica con Oltchim en lo relativo al suministro de, respectivamente, agua industrial y desmineralizada, Salrom (en menor grado) y CET Govora actuaron como proveedores esenciales prudentes. En 2015, Oltchim representaba el 14 % del volumen de negocios de Salrom y el 39 % de los ingresos de CET Govora, de modo que en el caso de CET Govora no existía ninguna solución práctica para sustituir la adquisición de vapor industrial de Oltchim.

(98)

En cuanto a Salrom, Rumanía también señala que recibió pagos por un total de más de 33 millones RON después de que Oltchim fuera declarada insolvente, condicionando al pago previo los posibles futuros suministros facilitados a Oltchim después de que fuera declarada insolvente, requisito que Oltchim aceptó y cumplió tras un proceso de negociación.

(99)

En cuanto al suministro de CET Govora, Rumanía afirma que el precio de venta de la electricidad y el vapor aplicado a Oltchim es acorde al mercado y fue abonado íntegramente entre el 1 de febrero de 2013 y el 31 de marzo de 2016 (476 millones RON).

(100)

Rumanía señala que el voto a favor de la AAAS y las empresas públicas se ajusta al principio del acreedor en una economía de mercado, tal y como se resume a continuación.

(101)

En primer lugar, Rumanía avala la idea de que el valor del supuesto correspondiente a la quiebra de Oltchim es negativo. Para justificar esta opinión, Rumanía cita los valores recogidos en los informes de evaluación publicados por Romcontrol en febrero de 2009 (-281 millones EUR) y diciembre de 2010 (-407 millones EUR). Además, se refiere a la recuperación estimada por Winterhill en el supuesto de liquidación de aproximadamente 108 millones EUR para los activos garantizados y de 32 millones EUR para los activos libres de gravamen (de esta última cifra, se habrían deducido 22,2 millones EUR como indemnizaciones por despido para los trabajadores despedidos).

(102)

En lo relativo al considerando 120 de la Decisión de incoación, Rumanía añade que los pasivos ambientales incluidos en el informe Winterhill únicamente están relacionados con la limpieza y la preparación de los activos para la venta, y no incluyen el cierre de un depósito de residuos no peligrosos y un pozo de residuos peligrosos ni la clausura y demolición de los equipos y el edificio, ni tampoco la devolución del terreno y el entorno a su estado inicial. Oltchim calculó que el valor de los pasivos ambientales era de aproximadamente 464 millones EUR y, por lo tanto, superaría los ingresos estimados por Winterhill para los acreedores ordinarios como resultado del procedimiento de liquidación.

(103)

Por consiguiente, la posibilidad de que la AAAS y las empresas públicas obtuvieran pagos de Oltchim era considerablemente superior en el marco del procedimiento de reorganización.

(104)

En segundo lugar, Rumanía indica que no era posible recuperar la deuda mediante la puesta en marcha del procedimiento de quiebra de Oltchim por parte de la AAAS y Electrica, puesto que no se cumplían los requisitos previstos en el artículo 1, apartado 2, de la Ley de insolvencia a este respecto.

(105)

En tercer lugar, Rumanía señala que, incluso si el estudio de la AAAS sobre el principio del acreedor en condiciones de mercado se elaboró antes de que se hubiera aprobado el plan de reorganización en la reunión de los acreedores de 9 de marzo de 2015, dicho estudio de la AAAS resulta apropiado y suficiente para considerar la decisión de la AAAS de aprobar el plan de reorganización de manera similar a un acreedor privado. El rechazo del plan habría implicado la quiebra, lo que habría dado lugar a una recuperación de la deuda nula, debido a la reducida cantidad de la deuda de la AAAS que estaba garantizada y al importante valor de los pasivos ambientales en lo relativo a las labores de ecología terrestre necesarias para la ecologización del terreno. Por lo tanto, el estudio llevado a cabo por la AAAS sobre este aspecto demostró que la AAAS habría logrado una mayor recuperación si se hubiera aprobado el Plan de Reorganización que si se hubiera liquidado Oltchim, en cuyo caso tienen prioridad los pasivos ambientales a tenor de lo previsto en la Ordenanza n.o 195/2005.

(106)

Rumanía considera que, en el momento en que se llevó a cabo la votación, la recuperación del 20 % de la deuda de la AAAS una vez ejecutado el Plan de Reorganización era una previsión viable.

(107)

En cuarto lugar, Rumanía subrayó que la solicitud de rechazar el plan de reorganización presentada por tres acreedores fue denegada por el órgano jurisdiccional nacional mediante la Decisión n.o 892 de 22 de abril de 2015. Esta sentencia confirmó que, para los intereses de los acreedores, el Plan de Reorganización era más apropiado que la quiebra, especialmente debido a que la estimación del importe de pasivos ambientales privilegiados en 464 millones EUR superaba con creces la recuperación estimada por Winterhill en el supuesto de liquidación (aprox. 108 millones EUR para los activos garantizados y 32 millones EUR para los activos libres de gravamen).

(108)

Rumanía informa de que los acreedores fiscales y ordinarios y las demás empresas públicas, como la AAAS y Electrica, actuaron como operadores de mercado al optar por el Plan de Reorganización en lugar de por la liquidación de Oltchim: actuaron al igual que empresas privadas con deuda tanto garantizada como ordinaria, como Erste Group Bank AG y Bulrom Gas Impex SRL, que también aprobaron el plan. Asimismo, Rumanía señala que, antes de que comenzara el procedimiento de insolvencia, Salrom estableció el requisito de facilitar un pasivo inmobiliario para ser acreedor garantizado.

(109)

En quinto lugar, la información enviada por Rumanía señala que Electrica adoptó todas las medidas permitidas por la legislación para recuperar su deuda en el marco del procedimiento de insolvencia, con miras a no depender de un plan de reorganización. Sin embargo, los órganos jurisdiccionales de Rumanía rechazaron estas medidas. Por consiguiente, el último recurso disponible era someter el Plan a votación, lo que refleja que Electrica actuó como un operador en una economía de mercado (OEM). La aprobación del Plan de Reorganización en la votación era la única opción de recuperación de la deuda para los acreedores de Electrica, que eran tanto acreedores garantizados como ordinarios.

(110)

Rumanía afirma que un operador/acreedor en una economía de mercado habría optado por el Plan de Reorganización, ya que es la modalidad que, en los procedimientos de insolvencia de Rumanía y en los conocidos por Electrica, suele ofrecer una mayor posibilidad de recuperación de la deuda: Rumanía hace hincapié en que los síndicos oficiales encargados de la elaboración del plan tienen la obligación jurídica de maximizar los activos del deudor y son personalmente responsables en caso de que no obtengan los mejores resultados para los acreedores.

(111)

Rumanía también explicó que el informe corroborado con el Plan indicaba de una manera verosímil que la única posibilidad real de que Electrica recuperara parte de la deuda contraída era la reorganización. Rumanía considera poco razonable afirmar que Electrica debería haber asumido los elevados costes que implica la realización de un estudio independiente para confirmar las declaraciones de profesionales de renombre, avaladas por los órganos jurisdiccionales nacionales y la experiencia económica: los costes del cumplimiento de las obligaciones ambientales de Oltchim en el procedimiento de quiebra habrían reducido o anulado las posibilidades de que Electrica recuperara los créditos concedidos a Oltchim.

(112)

Sin embargo, la posible recuperación de 160 millones RON por parte de Electrica prevista en el Plan de Reorganización, a pesar de estar asociada a un período más largo y a determinados riesgos, era definitivamente la solución preferible, tal y como también demuestran las acciones de otros acreedores privados, entre ellos, Erste Group Bank AG.

(113)

Rumanía afirma que los votos de Salrom y CET Govora en contra del Plan de Reorganización habrían implicado para ellos una recuperación nula de la parte de la deuda ordinaria, de modo que su mejor opción era aprobar el plan de reestructuración, mediante el que los acreedores garantizados aceptaban la cancelación de la deuda a cambio de una recuperación parcial de sus deudas ordinarias.

(114)

Cuatro partes interesadas realizaron observaciones sobre la Decisión de incoación: PCC (accionista minoritario de Oltchim), Electrica, el consorcio de administradores judiciales Rominsolv y BDO (encargado de la administración judicial de Oltchim) y otra parte interesada que desea permanecer en el anonimato.

(115)

Rominsolv y BDO son los síndicos oficiales de Oltchim que redactaron el Plan de Reorganización que posteriormente fue aprobado por los acreedores de Oltchim. Presentan una serie de argumentos a favor del Plan de Reorganización.

(116)

En cuanto a la medida 1, R/BDO afirman lo siguiente:

(117)

En cuanto a la medida 2, R/BDO afirman lo siguiente:

(118)

Por último, BDO afirma que la Comisión no tuvo en cuenta la importante interdependencia tecnológica de cuatro agentes importantes (Oltchim, CET Govora, Uzinele Sodice Govora y Salrom), cuyas actividades dependen entre sí desde un punto de vista tecnológico debido a que cada uno de ellos es al mismo tiempo proveedor y cliente de los demás.

(119)

En cuanto a la medida 3, R/BDO afirman lo siguiente:

(120)

Electrica afirma que su decisión de votar a favor del Plan no es imputable al Estado. Observa que la junta de accionistas delegó la decisión del voto sobre el Plan en el administrador general de Electrica SA, único responsable del voto a favor. Por consiguiente, según Electrica, la medida 3 no es imputable al Estado.

(121)

Además, Electrica afirma que, incluso si se pudiera considerar que la decisión deriva de competencias del Estado, se trató de una decisión empresarial sólida acorde al principio del acreedor en una economía de mercado. En síntesis, Electrica considera que su decisión de apoyar el Plan no concedió ninguna ventaja a Oltchim y que esta situación se confirma con la actuación similar de otros acreedores privados en una situación comparable a la de Electrica que votaron a favor del Plan.

(122)

Electrica también señala que no llevó a cabo ningún estudio sobre los acreedores en una economía de mercado debido a que R/BDO tenían la obligación jurídica de asesorar a los acreedores sobre cómo lograr el máximo beneficio.

(123)

La parte anónima se muestra de acuerdo con las dudas de la Comisión. Además, hace hincapié en los efectos de falseamiento de la competencia de las medidas de apoyo, en concreto en el mercado de los productos de cloruro alcalino (soda cáustica). La parte anónima considera que la solución propuesta consistente en vender Oltchim es un callejón sin salida, ya que los múltiples intentos fallidos por vender Oltchim reflejan la falta de interés del mercado por dicha empresa; los informes financieros actuales de Oltchim indican un nivel de rentabilidad demasiado bajo como para que la empresa pueda ser rentable a largo plazo. En este contexto, la única solución viable para Oltchim sería una reestructuración íntegra mediante el cierre de fábricas, una reducción de la capacidad y una posible salida del mercado.

(124)

La parte anónima también señala que una parte significativa de los ingresos obtenidos por Oltchim en 2015 y los previstos para 2016 procedía de la venta de soda cáustica, cuyo precio de venta es cíclico y en 2015 alcanzó los niveles más elevados del ciclo. Además, los niveles de operación de Oltchim son excepcionalmente bajos (30 % de utilización de la capacidad total, frente a unos niveles medios en la UE del 80 % en la industria del cloruro alcalino). Por consiguiente, cualquier posible comprador se vería obligado a realizar inversiones adicionales significativas, lo que resulta incompatible con el reducido EBITDA de Oltchim.

(125)

Según PCC, si la AAAS hubiera actuado como acreedor privado, hubiera preferido ejecutar el crédito a Oltchim cuando el proceso de privatización fracasó en septiembre de 2012 (de este modo habría recuperado el 12 % de su crédito), en lugar de optar por esperar a una recuperación incierta durante el procedimiento de reorganización.

(126)

PCC afirma que, tras el intento de privatización fallido de septiembre de 2012, quedó aún más patente que no existe ningún interés de mercado en la adquisición de Oltchim. El tener que esperar algunos años más hasta la elaboración de un plan de reestructuración y luego otros pocos años más para su puesta en marcha puso en riesgo el valor de mercado de los activos de Oltchim. Con el paso del tiempo, los activos de Oltchim estaban quedándose obsoletos y perdiendo su utilidad.

(127)

PCC afirma que la AAAS debería haber aplicado la legislación rumana específica sobre la recuperación de deudas públicas contraídas con el Ministerio de Hacienda que se derivan de las garantías del Estado (Ordenanza n.o 29/2002), la cual prevé el reconocimiento como títulos ejecutivos de los acuerdos de recuperación por los que se transfieren las garantías del Estado del Ministerio de Hacienda a la AAAS, en virtud de la legislación. Por consiguiente, PCC considera que la AAAS podría haber ejecutado cualquiera de esos títulos ejecutivos sin necesidad de otras formalidades. La AAAS tenía a su disposición diversos métodos de ejecución de dichos créditos, según lo previsto en la Ordenanza Gubernamental de Urgencia n.o 51/1998 sobre la venta de activos del Estado.

(128)

Además, de entre los acreedores estatales garantizados, parece que la AAAS no pidió que se revocara la suspensión de sus derechos de ejecución en el marco del procedimiento de insolvencia, frente a un intento fallido de Electrica por lograr este fin. Por lo tanto, la AAAS no utilizó todos los instrumentos jurídicos de los que disponía para hacer frente a la incapacidad de la empresa de realizar un pago.

(129)

PCC considera que CET Govora y Salrom no actuaron como OEM al seguir facilitando suministros a Oltchim a pesar del impago de las deudas pendientes, así como que sus decisiones fueron imputables al Estado.

(130)

Al contrario que Electrica y Electrica Furnizare, CET Govora decidió seguir suministrando electricidad y vapor industrial a Oltchim, incluso a pesar de que este último no devolvió la deuda contraída con CET Govora y de la oposición de sus propios bancos. Esta decisión provocó la insolvencia de CET Govora el 6 de mayo de 2016. PCC indica que, según el administrador judicial de CET Govora, esta última ha estado subvencionando a Oltchim.

(131)

PCC afirma que la decisión de CET Govora de volver a facilitar suministros a Oltchim después del intento de privatización fallido de septiembre de 2012 es imputable al Estado. PCC opina que la decisión de CET Govora de seguir facilitando suministros a Oltchim fue resultado de las decisiones conexas de su propietario (el Consejo Provincial de Vâlcea), pese a que la incapacidad de pago de Oltchim era un hecho ampliamente conocido. PCC también cita al administrador de CET Govora, quien afirmó que la decisión de suministrar energía eléctrica a Oltchim carecía de justificación económica y se debía a motivos políticos y que era un ejemplo excelente de la interferencia política en la gestión del deudor.

(132)

Si bien reconoce que Oltchim era un cliente importante de Salrom, PCC afirma que un operador en una economía de mercado no habría seguido facilitando suministros a Oltchim en vista de su situación financiera; la posible liquidación de Oltchim únicamente habría afectado a una división de Salrom y a sesenta puestos de trabajo. Por lo tanto, ningún acreedor privado en una situación similar a la de Salrom habría aceptado la acumulación de deudas, sino que habría aceptado la reducción de su volumen de negocio para mantener la viabilidad de su empresa.

(133)

PCC observa que la decisión de Salrom de volver a facilitar suministros a Oltchim después del intento de privatización fallido de septiembre de 2012 es imputable al Estado, que controla Salrom; de hecho, el consejo de administración de Salrom es nombrado por la junta general de accionistas en un contexto en el que el Estado rumano posee la mayor parte de las acciones de Salrom (51 %) y nombra a representantes estatales como miembros del consejo de administración.

(134)

PCC afirma que, al aceptar la cancelación de la deuda en lugar de ejecutar sus créditos, la AAAS, CET Govora y Electrica no actuaron como acreedores en una economía de mercado.

(135)

PCC observa que el Plan de Reorganización aprobado por los acreedores carece de los elementos propios de una reestructuración real (51) y básicamente se limita a la reestructuración y la liquidación de una única deuda. PCC afirma que un plan de reorganización elaborado por los accionistas podría haber sido una mejor opción, pero que, a pesar de sus propuestas, no se puso en marcha por no haber sido aprobado por las autoridades rumanas.

(136)

Sin medidas de reestructuración a largo plazo de las principales actividades empresariales de Oltchim, no hay ninguna posibilidad de que Oltchim mantenga su viabilidad y su rentabilidad.

(137)

Por una parte, PCC subraya que el valor de mercado calculado en 2013 por Winterhill Rumanía era muy incierto y que un operador en una economía de mercado no lo habría considerado acertado a la hora de determinar su posición sobre el Plan de Reorganización dos años después, en abril de 2015.

(138)

Según PCC, los numerosos intentos fallidos previos por privatizar Oltchim llevados a cabo en 2001, 2003, 2006, 2007, 2008 y 2012 eran indicaciones claras de que ningún inversor estaría interesado en adquirir acciones en la privatización mediante la creación de una EFE propuesta por los administradores judiciales. Asimismo, señala que no se ha justificado el precio establecido para la privatización y que no puede considerarse como motivo fiable para la aprobación del Plan. PCC considera que el Plan es solamente una forma de mantener con vida empresas no rentables y de posponer en el tiempo la quiebra definitiva de Oltchim.

(139)

También afirma que lo más probable es que el precio de Oltchim se hubiera reducido entre 2013 y 2015, puesto que no sería posible volver a poner en marcha instalaciones que habían estado dos años fuera de funcionamiento. Por lo tanto, el único valor del emplazamiento de Bradu sería el terreno, independientemente de los pasivos ambientales conexos.

(140)

Como prueba, PCC señala que el precio ofrecido por un particular (el señor Diaconescu) durante el proceso de privatización fallido de 2012 fue de aproximadamente 45 millones EUR, es decir, una cifra seis veces inferior al precio estimado por Winterhill para Oltchim. De manera similar, un representante de Chimcomplex que presentó en 2016 una oferta para la adquisición de los activos funcionales de Oltchim puso de relieve en ese momento que el valor de Oltchim era significativamente inferior al precio solicitado en el Plan de Reorganización.

(141)

PCC hizo hincapié en que las decisiones de los acreedores públicos se adoptaron en un contexto en el que Oltchim no era rentable debido a la ausencia de un verdadero plan de reestructuración. Además, los beneficios registrados por Oltchim se generaron de forma artificial mediante las cancelaciones de la deuda y no eran testimonio de una mejora de la situación financiera de Oltchim. Los resultados positivos reflejados en las declaraciones financieras se debían simplemente a los diversos métodos de contabilidad empleados. Según un informe independiente solicitado por la empresa […] en nombre de PCC, Oltchim había registrado pérdidas de manera continuada entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2016 después de neutralizar elementos excepcionales (como la cancelación de la deuda de 2015) debido a activos no productivos como la unidad petroquímica de Bradu, VCM y PVC. Este informe también concluye que el valor de los activos materiales no realizables a 31 de diciembre de 2015, que representaban más del 84 % de los activos de Oltchim, sería de entre 14 y 128 millones EUR en función de la venta prevista de Oltchim EFE entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, así como del supuesto (A o B) descrito en el Plan de Reorganización redactado por los síndicos nombrados por el Tribunal (52), es decir, un valor inferior al valor de liquidación estimado por Winterhill (141 millones EUR).

(142)

Según PCC, la comparación del valor de mercado estimado de Oltchim con su valor de liquidación era incorrecta por los siguientes motivos.

(143)

En primer lugar, existían otras alternativas, como la venta de Oltchim en lotes de activos.

(144)

En segundo lugar, la cuantía de los pasivos ambientales calculados por Oltchim (463,7 millones EUR) en el supuesto de liquidación parece haber sido exagerado para respaldar el Plan de Reorganización, en lugar de la liquidación de Oltchim, puesto que no se basa en informes externos independientes. No se dispone de información sobre el motivo por el que los administradores judiciales no solicitaron un nuevo estudio. Un posible comprador de Oltchim EFE también habría tenido en cuenta en su oferta los pasivos ambientales estimados por Oltchim en el supuesto de liquidación. Por último, PCC respalda la opinión de la Comisión de que, en el supuesto de liquidación, una parte importante de los activos podrían ser adquiridos por un comprador que desee llevar a cabo actividades industriales en las instalaciones de Oltchim, evitando de tal modo la demolición integral de dichas instalaciones asumida en ese cálculo. Sin embargo, PCC pone de relieve la incertidumbre relacionada con la cantidad de pasivos ambientales asignados a Oltchim en el Plan de Reorganización de 2015.

(145)

En tercer lugar, en un contexto en el que los nuevos créditos contratados una vez iniciado el procedimiento de insolvencia de Oltchim adquirían un valor preferencial en comparación con la deuda existente, determinados acreedores podrían haber tenido un interés en solicitar la liquidación de Oltchim en lugar de esperar a la acumulación de esas nuevas deudas, lo que habría reducido sus posibilidades de recuperación. PCC también afirma que es posible que se infravalorara la deuda adquirida por Oltchim una vez iniciado el procedimiento de insolvencia. Si esto fuera cierto, esta situación habría llevado a una reducción de las perspectivas de recuperación y, por lo tanto, a un aumento de las cancelaciones de la deuda para los acreedores en el supuesto del Plan de Reorganización.

(146)

Por otra parte, PCC afirma que los acreedores públicos también deberían haber tenido en cuenta la duración del proceso de reorganización en comparación con la del procedimiento de quiebra. La elaboración de un plan de reestructuración viable y su ejecución requieren mucho más tiempo que la liquidación de Oltchim a través de la venta inmediata de los activos.

(147)

Además, los acreedores públicos deberían haber aprovechado la situación en que se encontraban.

(148)

Por último, PCC indicó que, a pesar de que algunos acreedores privados se encontraban en una situación similar a la del Estado, que votó a favor del Plan de Reorganización, sería incorrecto inferir que los acreedores públicos, incluida la AAAS, estaban en una situación similar a la de un operador de mercado prudente debido a que algunos de los acreedores privados votaron a favor del Plan: al contrario que estos últimos, que poseían tanto deudas garantizadas como ordinarias, casi toda la deuda de la AAAS no estaba garantizada. Además, dichos acreedores privados sabían que el Estado rumano adoptaría todas las medidas y acciones necesarias para garantizar la supervivencia de Oltchim a toda costa, de modo que decidieron «unirse» al Estado en esos esfuerzos.

(149)

PCC considera que la medida 3 es imputable al Estado, ya que el Plan de Reestructuración no habría podido aprobarse sin el consentimiento de los acreedores públicos, que disponían de la mayoría de votos (más del 50 %) en la mayor parte de las categorías de acreedores: fue el Estado quien controló la decisión en todas las categorías de acreedores, excepto en las categorías de los créditos garantizados y de los trabajadores. Por lo tanto, los acreedores privados que aprobaron el Plan de Reorganización actuaron más bien como seguidores de la decisión del Estado, en lugar de como promotores del Plan. PCC afirma ser consciente de que hay acreedores privados que aparentemente adoptaron el mismo enfoque que el Estado (es decir, votaron a favor del Plan a pesar de que aparentemente no les favorecía, puesto que implicaba una amplia cancelación de la deuda). Sin embargo, PCC considera que es el Estado quien creó esta «práctica de mercado» y no al contrario (es decir, que el Estado siguiera la tendencia existente). Esto se debe a que controlaba Oltchim antes de la insolvencia, a que controló la votación sobre el Plan de Reorganización y a que era obvio que los demás acreedores del mercado adoptarían todas las medidas necesarias para garantizar la supervivencia de Oltchim a toda costa.

(150)

Rumanía considera que la AAAS actuó como un acreedor privado «jurídicamente limitado» al aplicar intereses hasta que Oltchim inició el procedimiento de insolvencia y rechaza la afirmación de PCC sobre la inacción por parte de la AAAS en lo relativo a la ejecución de sus créditos. De hecho, Rumanía afirma que el memorando fue propuesto por los Ministerios de Hacienda y Economía, Comercio y Medio Ambiente así como por la OPSPI. En cuanto a las limitaciones de facto, Rumanía explica que la AAAS no puedo embargar cuentas bancarias (es decir, incautarse de ellas), puesto que dichas cuentas ya habían sido embargadas por Electrica.

(151)

Rumanía critica la lógica del argumento de PCC de que la AAAS debería haber solicitado la ejecución de su crédito, ya que, en esas circunstancias, se habría obligado a Oltchim a poner en marcha el procedimiento de insolvencia. Esto habría impedido que la AAAS recibiera cualquier tipo de recuperación en el marco de dicho procedimiento, tal y como afirma PCC.

(152)

Rumanía considera que la opinión de PCC de que la AAAS debería haberse incautado de los bienes y activos de Oltchim no es realista, debido a que los acreedores privados no aplicaron esta opción.

(153)

En cuanto a CET Govora y Salrom, Rumanía afirma que Oltchim estaba pagando sin retrasos las deudas a corto plazo posteriores al procedimiento de insolvencia.

(154)

Rumanía considera que las empresas públicas actuaron como empresas privadas, como Bulrom Gas Impex (un proveedor local de Oltchim), por lo que su comportamiento fue acorde a la prueba del acreedor privado y el comprador privado.

(155)

En primer lugar, Rumanía afirma que la solución propuesta por PCC en sus observaciones de diseñar un plan de reorganización gestionado por los accionistas dejaría de ser válida en el marco de la Ley de insolvencia una vez iniciado el procedimiento de reorganización judicial; Rumanía considera que el proceso de reorganización propuesto por PCC favorecería a los accionistas en detrimento de los acreedores, de modo que no recibiría la aprobación de estos últimos.

(156)

Rumanía rebate la visión de PCC de que la situación financiera de Oltchim se encontraba por debajo de los niveles aceptables y todavía generando pérdidas, y hace hincapié en que Oltchim ocupaba el puesto 63 en la clasificación de las 100 empresas más rentables de Europa Sudoriental elaborada por SeeNews (54).

(157)

En cuanto a la evaluación de los activos de Oltchim llevada a cabo por […] y comunicada por PCC, Rumanía no contradice el ajuste de normalización de […] en lo relativo a la cancelación de la deuda, pero rechaza en gran medida la utilización de la metodología de flujo de caja actualizado para estimar los activos de Oltchim. Rumanía hace referencia a material didáctico de las universidades de Harvard y Stern para respaldar el hecho de que la metodología del flujo de caja actualizado está concebida para evaluar empresas, por lo que no resulta apropiada para evaluar activos.

(158)

Asimismo, Rumanía rechaza la idea de PCC de que el comportamiento de los acreedores privados se habría visto influido por la AAAS, ya que al menos dos de los bancos signatarios (Erste Bank AG y Banca Transilvania) son instituciones firmemente establecidas, independientes y con presencia mundial.

(159)

Rumanía hace hincapié en que fueron esencialmente los acreedores privados quienes tuvieron el poder de decisión en lo relativo al Plan de Reorganización de Oltchim, especialmente debido a que representaban el 61,5 % de los acreedores garantizados que tuvieron una función decisiva al aprobar una cancelación parcial, indispensable para la aprobación del Plan por todas las categorías.

(160)

Rumanía señala que las expectativas de recuperación de las entidades públicas en el marco del Plan de Reorganización propuesto por el administrador judicial eran de 500 millones RON, es decir, un importe siete veces superior a la posible recuperación de 72 millones RON en el marco del procedimiento de quiebra.

(161)

Además, observa que la AAAS podía recuperar más del 18 % del total de su crédito en el marco del plan de reestructuración, en comparación con un máximo del 12 % en el marco de la liquidación según el estudio Raiffeisen.

(162)

Rumanía también afirma que, según informaron los administradores judiciales de Oltchim, evitar o subestimar los costes ambientales en caso de quiebra tendría consecuencias penales en virtud de la legislación rumana.

(163)

Rumanía señala (55) que las normas de la votación implican que el Plan de Reorganización no podía adoptarse sin la aprobación de los acreedores garantizados en cuanto categoría perjudicada en virtud de la legislación. Por consiguiente, estos son los acreedores privados, quienes poseían una mayoría dentro de la categoría de los prestamistas garantizados y que impulsaron y permitieron la adopción del Plan, de modo que no actuaron como meros partidarios de los acreedores públicos como afirma PCC. Rumanía especificó (56) que los acreedores garantizados eran una categoría perjudicada. Por lo tanto, en caso de que hubieran rechazado el Plan, no se habría cumplido la condición prevista en el artículo 101, párrafo 2, letra c), de la Ley de insolvencia, lo que habría impedido a las demás categorías lograr la adopción del Plan.

(164)

Además, Rumanía pone de relieve la diferencia entre los anteriores intentos de privatización fallidos y el proceso llevado a cabo en 2012, basado en la venta de los activos de Oltchim trasferidos a una EFE, de modo que el comprador no habría adquirido todo el balance de Oltchim, incluidos los pasivos, sino solo sus activos.

(165)

Rumanía señala que el valor de las deudas vivas está disminuyendo gracias al EBITDA positivo de Oltchim.

(166)

Además, Rumanía se opone a la opinión de la [parte anónima] de que Oltchim es estructuralmente no rentable: las dificultades de Oltchim se deben principalmente a malas decisiones de gestión.

(167)

En las observaciones de 16 de mayo de 2018, las autoridades rumanas pusieron de relieve los elementos presentados a continuación, además de lo anteriormente señalado.

(168)

En primer lugar, los acreedores públicos no concedieron ninguna ventaja a Oltchim, puesto que cabe considerar que actuaban en las mismas condiciones que los acreedores privados en todas las categorías de acreedores garantizados, acreedores presupuestarios, proveedores esenciales y acreedores ordinarios.

(169)

En concreto, la mayoría de los acreedores garantizados votaron a favor del Plan debido a que estaban convencidos de que, en caso de liquidación, no obtendrían el importe íntegro de sus créditos. El hecho de que la AAAS contara con créditos tanto garantizados como presupuestarios no afectaba a esta observación sobre la igualdad de condiciones, puesto que la AAAS solamente podía esperar una mayor recuperación en el marco del Plan que en el supuesto de la liquidación.

(170)

El hecho de que los acreedores garantizados votaran a favor del Plan y aceptaran una cancelación como parte de él implicaba que los créditos de los acreedores presupuestarios carecían de valor en el supuesto de liquidación. En concreto, con miras a garantizar que estos últimos votaran a favor del Plan, los acreedores garantizados aceptaron limitar su parte de los beneficios (mediante una cancelación de facto de sus créditos del 20 % al 27 %) en favor de las categorías inferiores que, en caso de liquidación, no habrían recibido nada.

(171)

El voto a favor de la mayoría de los acreedores ordinarios (el 40,5 % de cuyos créditos estaban en posesión de Electrica) también refleja su confianza en el Plan, si bien su voto tenía una importancia limitada, puesto que no podían esperar la devolución de ningún crédito, tanto en el supuesto de liquidación como en el del Plan de Reorganización.

(172)

En segundo lugar, las autoridades rumanas a las que la Comisión ofreció la posibilidad de presentar observaciones sobre un borrador de prueba de OEM elaborado por la Comisión, desde el punto de vista de los acreedores garantizados, presupuestarios y ordinarios y de los proveedores esenciales en función de las pruebas de que se disponía en aquel momento (cuya versión final constituye el anexo I de la presente Decisión), realizaron una serie de comentarios al respecto. En concreto, las autoridades rumanas relativizan la diferencia entre la venta de Oltchim EFE prevista en el Plan de Reorganización y la venta in situ estudiada por la Comisión como uno de los tres posibles supuestos de liquidación. Rumanía pone de relieve que no cabía esperar que el supuesto de liquidación generara mayores beneficios que el Plan de Reorganización. Por último, Rumanía presentó observaciones técnicas sobre cómo habría estimado un acreedor en una economía de mercado los beneficios y los costes, tanto en el supuesto del Plan de Reorganización como en el de liquidación, excepto los pasivos ambientales cuya neutralización es cuestionada por Rumanía.

(173)

En tercer lugar, de manera general, la opción elegida por los acreedores al votar a favor del Plan les reportaba una ventaja evidente, puesto que los beneficios derivados de la venta de los activos operativos en lotes, incluso si únicamente representaban el 57 %, implicaba muchas más ventajas que el supuesto medio en caso de quiebra. Además de lo anteriormente señalado, se preveía obtener ingresos adicionales con la venta del 43 % restante de los activos, de modo que su beneficio sería superior en el contexto de la reorganización. Además, estaba previsto que Oltchim pagara aproximadamente 8 millones EUR de su deuda viva durante el primer semestre de 2018, lo que implicaría una reducción de la deuda y una mayor distribución entre los acreedores como parte del procedimiento de reorganización.

(174)

En su Decisión de incoación (véase el considerando 85), la Comisión determinó que el proceso de venta previsto en el Plan de Reorganización inicialmente aprobado podría generar una continuidad económica entre Oltchim SA y el posible comprador de Oltchim EFE. Con miras a evitar la transferencia de posibles ayudas estatales incompatibles a los compradores de los activos de Oltchim, las autoridades rumanas decidieron reestructurar el proceso de venta para garantizar la discontinuidad económica entre Oltchim y sus posibles compradores.

(175)

En concreto, entre julio y agosto de 2016, con la ayuda de asesores, Oltchim llevó a cabo un análisis de sus activos e identificó diferentes opciones para su oferta por lotes con miras a maximizar el posible precio de venta total. Este proceso dio lugar a la identificación de nueve lotes de activos (57). Después de que en agosto de 2016 se anunciara públicamente la venta de Oltchim, se envió un memorando informativo a veintitrés licitadores y se amplió en varias ocasiones el plazo para la presentación de ofertas vinculantes, habiéndose llevado a cabo también un proceso adicional de debida diligencia, con visitas sobre el terreno y debida diligencia técnica.

(176)

El 6 de marzo de 2017, la Junta General de Acreedores aprobó el Plan modificado, basado en la venta por lotes de activos en lugar de mediante una EFE. El juez síndico confirmó el Plan de Reorganización modificado el 28 de junio de 2017 y su decisión pasó a ser definitiva el 16 de octubre de 2017 (cuando el tribunal superior rechazó una apelación presentada por una tercera parte).

(177)

Una vez recibidas las ofertas vinculantes, el vendedor (AT Kearney, en nombre de Oltchim) identificó las siguientes posibles combinaciones de ofertas vinculantes como las de mayor valor añadido para los acreedores:

(178)

La reunión de la Junta de Acreedores tuvo lugar el 18 de diciembre de 2017, y en ella se aprobó el Acuerdo de Venta de Activos con Chimcomplex y se rechazaron todas las demás ofertas (58). Puesto que la decisión de la Junta de Acreedores fue recurrida ante los tribunales, se amplió el plazo inicial hasta el 17 de octubre de 2018.

(179)

En lo relativo al lote 6, se renegoció el precio de venta con DSG y se aumentó de 1,9 a 2,6 millones EUR. Partiendo de esta base, el 1 de febrero de 2018 se firmó un acuerdo de compra de los activos. La venta fue aprobada por la Junta de Acreedores el 26 de febrero de 2018 y se finalizó el 12 de junio de 2018.

(180)

En cuanto a los activos no vendidos restantes (lote 7: procesamiento de PVC, lote 8: fábrica petroquímica de Bradu, lote 9: anhídrido ftálico y determinados activos concretos del lote 7: cloroetileno/PVC), la Junta de Acreedores intentó lograr mejores ofertas en términos de precio, pero las negociaciones no resultaron satisfactorias.

(181)

En mayo de 2018 se puso en marcha una nueva licitación para los lotes de activos (no funcionales) restantes 8 y 9, así como para la parte no vendida del lote 7 (59). El plazo previsto para la liquidación de los activos restantes es abril de 2019.

(182)

En primer lugar, la Comisión examinará si las medidas 1 a 3 a favor de Oltchim implican ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE (véase la sección 6.1). Posteriormente, la Comisión estudiará si Oltchim era una empresa en crisis (véase la sección 6.2). Por último, la Comisión analizará si la ayuda ya se ha ejecutado (véase la sección 6.3) y, por consiguiente, si dicha ayuda es compatible con el mercado interior (véase la sección 6.4).

(183)

En virtud de lo previsto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE «serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

(184)

Los criterios previstos en el artículo 107, apartado 1, del TFUE son acumulativos. Por consiguiente, para que una medida pueda calificarse como ayuda en el sentido de esta disposición, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones acumulativas:

(185)

Tal y como ha determinado el Tribunal de Justicia (60), para que una medida se considere como ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE, a) debe financiarse con cargo a recursos públicos, bien indirecta o directamente a través de un organismo intermediario que actúe en virtud de las competencias que se le hayan asignado, y b) debe ser imputable al Estado. La noción de Estado miembro incluye a las autoridades públicas de todos los niveles, independientemente de que se trate de una autoridad nacional, regional o local (61).

(186)

Tal y como se indica en el considerando 14, la AAAS forma parte de la administración pública y está subordinada al Gobierno. Por consiguiente, que este organismo no ejecutara la deuda atrasada (capital e intereses), la acumulación adicional de deudas y la cancelación de las deudas que normalmente se deberían haber pagado a la AAAS suponen una carga para el presupuesto público e implican recursos estatales.

(187)

Habida cuenta de lo anterior, la medida 1 es imputable al Estado e implica una transferencia de recursos públicos.

(188)

En los casos en que una autoridad pública concede una ventaja a un beneficiario, la medida es por definición imputable al Estado, aun cuando la autoridad en cuestión goce de autonomía jurídica respecto de otras autoridades públicas.

(189)

La imputabilidad es menos evidente, sin embargo, cuando la ventaja se concede a través de empresas públicas (62). En tales casos, es necesario determinar si procede considerar que las autoridades públicas intervinieron de algún modo en la adopción de la medida (63).

(190)

En este sentido, procede reconocer que la imputabilidad al Estado de una medida adoptada por una empresa pública puede deducirse de un conjunto de indicios derivados de las circunstancias del asunto y del contexto en el que se adoptó (64). Estos son algunos de los posibles indicios para establecer la imputabilidad:

(191)

En cuanto a Salrom, la Comisión señala que el consejo de administración de la empresa es nombrado por la junta general de accionistas en un contexto en el que el Estado rumano posee la mayoría de las acciones (51 %) de esta empresa y nombra a representantes del Estado como miembros del consejo de administración.

(192)

Además, puesto que Salrom está considerada como empresa pública, su presupuesto anual está sujeto a aprobación por parte del Estado. Esta aprobación previa incluye, entre otros, los importes correspondientes a los créditos comerciales de los clientes (entre los que se incluye Oltchim).

(193)

En cualquier caso, no es necesario concluir que las acciones de Salrom son imputables al Estado respecto de la medida 2, puesto que la Comisión considera que esta medida no constituye ayuda para Salrom (véase el considerando 263).

(194)

En cuanto a CET Govora, la Comisión señala que esta empresa está registrada como empresa totalmente pública cuyo único accionista es la provincia de Vâlcea y que, antes de que se iniciara el procedimiento de insolvencia, estaba administrada por el Consejo Provincial de Vâlcea (66).

(195)

Además, la Comisión señala que las decisiones de firmar un nuevo contrato de electricidad con Oltchim y, posteriormente, de ampliar el suministro se adoptaron en aplicación de una serie de decisiones emitidas por el Consejo Provincial de Vâlcea (67) con miras a garantizar el suministro de Oltchim.

(196)

Asimismo, sería poco probable considerar que CET Govora estaba libre de influencias del Estado al estudiar el comportamiento de la empresa en un contexto más amplio; por ejemplo, inmediatamente después del intento de privatización fallido, el director ejecutivo de CET Govora fue nombrado director ejecutivo de Oltchim en octubre de 2012 y, posteriormente, volvió a CET Govora en febrero de 2013, justo después de que comenzara el procedimiento de insolvencia de Oltchim (68).

(197)

A pesar de que Rumanía asegura que el director ejecutivo de CET Govora recomendó al Consejo Provincial de Vâlcea adoptar decisiones en el mejor interés de la empresa durante el período evaluado, otros datos revelados por los escándalos de corrupción a alto nivel en los que estaba implicado el director ejecutivo de CET Govora (quien finalmente fue declarado culpable por los tribunales penales nacionales, junto con un miembro del Gobierno) contradicen esta afirmación (69). En concreto, en junio de 2018, los tribunales de lo penal nacionales declararon al ministro de Transporte en el cargo culpable de cargos de tráfico de influencias sobre el director ejecutivo de CET Govora, con miras a que este último celebrara una serie de contratos perjudiciales e innecesarios en nombre de CET Govora con el fin último de captar los recursos de la empresa. Por su actividad delictiva conjunta de uso indebido del cargo y tráfico de influencias de manera continuada entre octubre de 2011 y julio de 2014, los tribunales penales nacionales declararon culpables tanto al ministro como al director ejecutivo de CET Govora.

(198)

Por lo tanto, independientemente de la posición subjetiva de CET Govora respecto de los motivos de seguir facilitando suministros a Oltchim, la Comisión señala que no es posible que CET Govora adoptara la decisión recurrida sin tener en cuenta los requisitos de las autoridades públicas, y que la base sobre la que actuó en última instancia CET Govora fueron las directivas emitidas por instituciones gubernamentales (por ejemplo, las decisiones del Consejo Provincial de Vâlcea). Por lo tanto, la Comisión concluye que, en el caso de CET Govora, la medida es imputable al Estado.

(199)

Puesto que CET Govora es una empresa pública, la Comisión concluye que su decisión de posponer el plazo previsto para los pagos y de seguir facilitando suministros a Oltchim supone una carga para los recursos públicos.

(200)

Habida cuenta de lo anterior, la medida 2 es imputable al Estado en lo relativo a CET Govora e implica una transferencia de recursos públicos.

(201)

En primer lugar, la Comisión señala que, según lo previsto en la Ley de insolvencia, el Plan no podía aprobarse sin el consentimiento de la AAAS (titular de la mayoría del valor de los créditos correspondientes a la categoría de los acreedores presupuestarios) o de CET Govora (titular de la mayoría del valor de los créditos correspondientes a la categoría de los proveedores cautivos, es decir, los acreedores ordinarios en virtud del artículo 96 de la Ley de insolvencia), cuyas acciones eran imputables al Estado (véanse los considerandos 187 y 200).

(202)

En segundo lugar, la Comisión señala que el Plan de Reorganización fue elaborado por el síndico, perteneciente al Estado. Por lo tanto, el Plan de Reorganización se adoptó gracias a la aprobación de acreedores públicos y privados que previamente habían firmado, en noviembre de 2012, el memorando impulsado por el Estado.

(203)

Dicho memorando (firmado por doce partes, de las que diez pertenecían a la administración pública o eran de propiedad pública (70) y solo dos eran entidades financieras privadas (71); véase el considerando 31) fue elaborado por tres ministerios y aprobado por el primer ministro. Por lo tanto, el memorando fue el canal utilizado por el Estado al máximo nivel para mantener a Oltchim en el mercado.

(204)

En tercer lugar, la Comisión observa que esta intención del Estado de mantener a Oltchim con vida se señaló y confirmó en repetidas ocasiones tanto antes como durante el procedimiento de insolvencia.

(205)

Además, el cuadro resumen de los créditos (véase el cuadro 1) indica que los signatarios del memorando poseían créditos por un valor total de 539 millones EUR. Los créditos de estos signatarios, junto con los créditos de CET Govora [cuyas acciones son imputables al Estado en lo relativo a la medida 3 (véanse los considerandos 200 y 201)], alcanzaban un valor de 569 millones EUR, de un total de 759 millones EUR de créditos. Por lo tanto, los signatarios del memorando y CET Govora también disponían de la mayoría necesaria para la aprobación del Plan (83) en las cuatro categorías de acreedores, excepto en la de los trabajadores, categoría que naturalmente también prefería el Plan (hecho reconocido por las autoridades rumanas (84)). El elevado rango de los signatarios públicos del memorando hace sumamente improbable que incluso los bancos privados y otros agentes privados decidieran dejar de lado los objetivos del memorando a la hora de votar a favor o en contra del Plan: ni los bancos privados signatarios del memorando ni Electrica podían negarse de manera razonable a tener en cuenta las declaraciones reiteradas del accionariado de Oltchim SA (véanse los considerandos 27, 28 y 30) de que el Estado rumano no permitiría la quiebra de Oltchim, ni tampoco podían hacer caso omiso del memorando que habían firmado, que había sido aprobado por el primer ministro. Según las explicaciones de Rumanía, en aquel momento el Tribunal determinó que también debería cumplirse la siguiente condición prevista en el artículo 101, apartado 2, de la Ley de insolvencia, incluso si un acreedor no signatario del memorando estuviera en contra del Plan: en concreto, basándose en la información facilitada por Rumanía, el Tribunal determinó que «ninguna de las categorías que se oponen al Plan y ninguno de los acreedores que se oponen al Plan debe recibir un importe inferior al que habría recibido en caso de quiebra», independientemente de la comparación que habría hecho un OEM entre los beneficios del Plan de Reorganización y del supuesto de liquidación (véase la sección 6.1.2.3). Por lo tanto, el memorando permitió al Estado garantizar la adopción del Plan de Reorganización por parte de los acreedores.

(206)

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión observa que el memorando impulsado por el Estado y su objetivo (es decir, salvar a Oltchim a toda costa, tal y como reiteró públicamente en varias ocasiones el Estado entre el intento de privatización fallido de septiembre de 2012 y la votación de los acreedores sobre el Plan en 2015) garantizaban la mayoría necesaria en el marco de la Junta de Acreedores con miras a garantizar la adopción del Plan de Reorganización. Tal y como se indica en los considerandos 31, 203 y 235 y siguientes, dicho memorando era imputable al Estado.

(207)

En concreto, a través del memorando, el Gobierno estableció el marco en el que sus signatarios pudieran colaborar entre sí con miras a identificar y ejecutar soluciones que protegieran los derechos de los trabajadores, los accionistas y los acreedores.

(208)

Además, «el proyecto de acuerdo garantiza la facilitación de capital circulante por parte de los bancos signatarios con miras a [que Oltchim pueda] seguir llevando a cabo actividades de producción en las instalaciones reactivadas, así como para volver a poner en funcionamiento gradualmente otras instalaciones de producción, con el objetivo de atraer a más posibles candidatos interesados en la privatización de la empresa». Es muy poco probable que, en el marco de la declaración pública de las autoridades, cualquiera de las partes invitados a firmar el memorando se hubiera negado a adherirse a él. Además, la norma prevista en el memorando para la colaboración entre los signatarios —es decir, «con la ayuda de los expertos en reestructuración, elaborar una estrategia que garantice la viabilidad a largo plazo con miras a lograr para Oltchim un nivel sostenible de rentabilidad, solvencia, liquidez y efectivo («Estrategia de Reanudación Sostenible»)»— era relativamente limitada e imprecisa, puesto que únicamente se centraba en «obtener algunos resultados positivos tras el análisis de viabilidad» (negrita añadida).

(209)

A través del memorando, el Gobierno reiteró su determinación de hacer todo lo necesario por mantener a Oltchim en funcionamiento y reestructurar la empresa. En esta misma línea, tanto las entidades privadas como públicas que lo firmaron se comprometieron a contribuir a una estrategia a largo plazo para la reestructuración de Oltchim, mucho antes de que se sometiera a votación el posible Plan de Reorganización en la Junta de Acreedores. Todos los signatarios del memorando votaron a favor del Plan de Reorganización en 2015, con la única excepción de CFR Marfă, que era relativamente menos importante para la supervivencia de Oltchim que los socios financieros y los demás acreedores públicos, habida cuenta de que Oltchim también recurrió a Ermewa para sus necesidades de transporte.

(210)

La cláusula n.o 8 del memorando prevé la protección y el mantenimiento de los derechos e intereses de los signatarios. Sin embargo, esta cláusula, y especialmente su segunda parte, se limita a afirmar lo obvio, es decir, que el memorando en sí mismo, en el momento de la firma, todavía no constituía una renuncia anticipada de los derechos de los bancos, Electrica o AVAS en cuanto acreedores. Por lo tanto, la Comisión considera que la mera participación en ese momento y el compromiso de cooperar en el futuro en virtud de lo previsto en el memorando son pruebas de que los acreedores signatarios (tanto públicos como privados) emprendían claramente el camino hacia la reestructuración de Oltchim.

(211)

Esta intención de mantener a Oltchim en funcionamiento es incluso más evidente cuando se tienen en cuenta el tiempo y el esfuerzo financiero adicionales que dedicaron a la reanudación de Oltchim los tres bancos (cuyos créditos de pasivos respecto de Oltchim aumentaron considerablemente durante este período) y la AAAS (y otras partes signatarias), que, en esa misma óptica, se abstuvieron de adoptar medidas para la ejecución inmediata de sus créditos.

(212)

En cuanto a la Administración Nacional «Aguas Rumanas», según lo previsto en su estatuto de funcionamiento y organización públicamente disponible (85), la Comisión señala lo siguiente:

(213)

En primer lugar, en cuanto a su condición jurídica y a su integración en las estructuras de la administración pública, la Administración Nacional «Aguas Rumanas» es una institución pública de interés nacional que dispone de capacidad jurídica y está coordinada por la autoridad central pública para el agua (es decir, el Ministerio de Aguas y Bosques) (86).

(214)

En segundo lugar, en cuanto a la naturaleza de sus actividades, el objetivo de esta empresa es ejecutar la estrategia y la política nacionales en materia de gestión cuantitativa y cualitativa de los recursos hídricos y garantizar el cumplimiento de la reglamentación sobre este ámbito. A este respecto, administra y explota la infraestructura del sistema nacional de gestión del agua. Asimismo, la empresa lleva a cabo una serie de actividades de interés nacional y social, como el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado rumano a través de acuerdos y convenios internacionales (87).

(215)

En tercer lugar, en cuanto al nivel de la supervisión ejercida por las autoridades públicas sobre su personal directivo, la Administración Nacional «Aguas Rumanas» está gestionada por un consejo de administración formado por once miembros, todos ellos nombrados para un mandato de cuatro años por orden del jefe de la autoridad central pública para el agua. Según este mismo artículo, el consejo de administración debe incluir obligatoriamente a un representante del Ministerio de Hacienda y a un miembro de la autoridad central pública para el agua. Además, el director general de la Administración Nacional «Aguas Rumanas» es nombrado, suspendido y eximido del cargo por orden del jefe de la autoridad central pública para el agua (88).

(216)

En cuarto lugar, en lo relativo a la financiación de sus actividades, el presupuesto de ingresos y gastos de la empresa es aprobado por el consejo de administración con el refrendo del jefe de la autoridad central pública para el agua (89).

(217)

Por lo tanto, en vista de los factores mencionados en el considerando 190, la Comisión concluye lo siguiente: i) su estatuto jurídico, ii) su integración en la administración pública, iii) la naturaleza de sus actividades y tareas (que normalmente no se llevan a cabo en el mercado en condiciones de competencia con operadores privados), iv) la supervisión de su personal directivo por parte de las autoridades públicas y v) el procedimiento de aprobación del presupuesto de ingresos y gastos indican que las acciones de la Administración Nacional «Aguas Rumanas» son imputables al Estado.

(218)

Habida cuenta de los elementos anteriormente descritos (en concreto, que el memorando garantizó la mayoría de votos para la adopción del Plan de Reorganización y la cooperación de los principales acreedores en las medidas en curso y futuras), la Comisión concluye que la concesión de la medida 3 por parte de la AAAS, Electrica, Salrom, CET Govora y la Administración Nacional «Aguas Rumanas» es imputable al Estado.

(219)

Las medidas evaluadas son claramente selectivas, puesto que se concedieron exclusivamente a Oltchim. Otras empresas del sector petroquímico y de otros sectores que se encontraban en una situación de hecho y de derecho comparable, habida cuenta del objetivo buscado con las medidas, no recibieron la misma ventaja. En virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el mero hecho de que se refuerce la posición competitiva de una empresa en comparación con las demás empresas con las que compite al concedérsele un beneficio económico que de otro modo no habría recibido en el curso normal de sus actividades es indicativo de un posible falseamiento de la competencia (90).

(220)

Sin embargo, Rumanía afirma que las medidas no confirieron ventaja económica alguna a Oltchim, puesto que se ajustaban a la prueba de OEM, habida cuenta de que las autoridades públicas y las empresas públicas actuaron igual que lo habrían hecho los acreedores privados, los inversores o los proveedores con miras a minimizar sus pérdidas y maximizar sus beneficios (91).

(221)

Sin embargo, parece que la prueba de OEM no se aplica al presente caso. En primer lugar, la Comisión recuerda que el Tribunal había determinado previamente que la aplicabilidad del principio del inversor en una economía de mercado depende en última instancia en que el Estado haya conferido, en su capacidad de accionista y no en su capacidad de autoridad pública, una ventaja económica a una empresa que le pertenezca (92). En esta misma línea, no era posible aplicar la prueba de OEM al Estado en su capacidad de acreedor de Oltchim a través de la AAAS y de otros acreedores públicos, puesto que la prueba del acreedor privado no se aplica a las medidas adoptadas por el Estado en su capacidad de autoridad pública al firmar el memorando.

(222)

Tal y como se explica en los considerandos 204 y siguientes, 274 y 276, el Estado actuó de manera continuada y clara en su capacidad de autoridad pública para salvar a Oltchim de la quiebra, entre otras cosas, a través de declaraciones públicas y de la conclusión de un memorando con los principales acreedores privados y públicos implicados, y no como accionista inversor en una empresa ni como acreedor. Por consiguiente, la Comisión considera que la prueba de OEM no se aplica al presente caso (93).

(223)

Sin embargo, en aras de la exhaustividad, la Comisión también ha llevado a cabo la prueba de OEM aplicando el principio del acreedor en una economía de mercado para cada una de las tres medidas analizadas, para lo que ha pedido a las autoridades de Rumanía información reciente adicional sobre los diferentes agentes implicados y sus decisiones, ha recabado información de todas las fuentes públicas disponibles y ha elaborado sus propios supuestos de estimación en función de las pruebas disponibles en el momento en que se adoptaron las medidas evaluadas.

(224)

La gestión de la deuda de Oltchim mantenida por la AAAS ya se evaluó en la Decisión de la Comisión de 2012 en vista de la privatización inminente que se preveía en aquel momento. Por consiguiente, la Comisión considera apropiado analizar el comportamiento de la AAAS después de dicha Decisión a partir del momento en que fracasó la privatización.

(225)

Un acreedor privado normalmente busca obtener la devolución máxima de los importes que le debe un deudor en crisis (94).

(226)

A pesar de que Rumanía afirma que, en virtud de la Decisión de la Comisión de 2012, la ejecución retrasada de los créditos no implicaba ayudas (puesto que la AAAS aplicó intereses en función de la Comunicación sobre los tipos de referencia de 2008 hasta que se inició el procedimiento de insolvencia de Oltchim), la Comisión señala que la situación existente en marzo de 2012, momento en que la Comisión emitió su Decisión, difería en gran medida del período investigado debido a que, en este último supuesto, no se preveía la realización de una privatización inminente. En este sentido, la Comisión observa que la conclusión extraída en la Decisión de la Comisión de 2012 estaba sujeta a la condición de que Oltchim se privatizara en su totalidad inmediatamente después de la conversión de la deuda. Sin embargo, el Estado, a través del Ministerio de Economía y en cuanto accionista mayoritario, no tuvo en cuenta la posibilidad de que determinados accionistas minoritarios pudieran bloquear la capitalización prevista de la deuda. Finalmente, se produjo este bloqueo y la capitalización de la deuda no tuvo lugar. Como resultado, al finalizar la licitación con un ganador que no logró cumplir sus obligaciones como comprador, la propia privatización fracasó.

(227)

La Comisión señala que todos los acreedores, y especialmente la AAAS, conocían la complicada situación financiera de Oltchim, que experimentaba un declive continuado. Por lo tanto, la AAAS dispuso de tiempo suficiente para preparar, evaluar internamente y aplicar medidas destinadas a recuperar sus créditos en caso de que en septiembre de 2012 volviera a fracasar la privatización. Por consiguiente, el período de cinco meses investigado, que abarca desde septiembre de 2012 hasta el 31 de enero de 2013, fue lo suficientemente largo como para que la AAAS adoptara todas las medidas necesarias e intentara recuperar las deudas (el 99 % de la deuda de la AAAS no estaba garantizada, tal y como se indica en el cuadro 1). En este sentido, la Comisión señala que empresas como Electrica sí que adoptaron esas medidas, si bien no tuvieron éxito.

(228)

En primer lugar, la legislación especial por la que se rige la recuperación de las deudas públicas (95) prevé derechos especiales para la AAAS que incluyen la ejecución directa de sus créditos sin una resolución judicial. En concreto, el artículo 50, apartados 1 y 2, de la Ordenanza Gubernamental de Urgencia n.o 51/1998 prevé lo siguiente: 1) la AVAB (actual AAAS) podrá establecer sus propios cuerpos de agentes judiciales o utilizar otros agentes judiciales con miras a hacer cumplir sus órdenes de ejecución, y 2) los procedimientos de ejecución para la realización de activos bancarios por parte de la AVAB deberán ser llevados a cabo bien por sus propios cuerpos de agentes judiciales o por otros agentes judiciales.

(229)

A pesar de que la Comisión lo solicitó en reiteradas ocasiones, Rumanía no facilitó pruebas que demostraran que la AAAS había intentado adoptar todas las medidas que cabía esperar que un acreedor en una economía de mercado hubiera puesto en marcha para recuperar sus créditos. Además, Rumanía afirma que la Ley de privatización impedía a la AAAS solicitar la ejecución de sus créditos a Oltchim (96), ya que dicha ley prevé que, una vez iniciado el procedimiento de administración especial, los acreedores presupuestarios no podrán ejecutar sus deudas y no actuarán con miras a adoptar ese tipo de medidas de ejecución mientras la empresa esté preparándose para la privatización (97). Sin embargo, aunque esta situación respalda la presencia de una ventaja selectiva concedida a Oltchim imputable al Estado, el hecho de que la AAAS no adoptara medidas tuvo lugar en un contexto en el que, por motivos desconocidos, el Ministerio de Economía había mantenido a Oltchim en el marco del régimen especial para el procedimiento de privatización incluso después de que la privatización fracasara en septiembre de 2012. La AAAS podría haber intentado recurrir la decisión del Ministerio de prologar sin motivo este régimen especial.

(230)

En segundo lugar, Rumanía no facilitó ningún estudio, informe ni documento interno que demostrara que la AAAS había actuado como un OEM al decidir que se abstendría de recuperar sus créditos después de la privatización fallida de septiembre de 2012. Según el informe más reciente disponible en aquel momento sobre la recuperación de los créditos de la AAAS (estudio Raiffeisen de 2011), la tasa de recuperación de la AAAS en el supuesto de la liquidación habría sido del 12 % (98).

(231)

Otros acreedores, incluidas entidades públicas, adoptaron medidas inmediatas durante ese período para recuperar sus deudas. En concreto, Electrica —a quien, según el informe Raiffeisen de 2011, correspondía la misma tasa de recuperación que a la AAAS— inició la ejecución de sus deudas el 1 de noviembre de 2012 y logró embargar las cuentas bancarias de Oltchim. Las dos empresas privadas Polcheme SA y Bulrom Gas, cuyos créditos en 2013 eran el octavo y el décimo más significativos de los veintiún acreedores garantizados, también pusieron en marcha medidas de ejecución. Aunque la AAAS era el acreedor más importante de Oltchim y podría haber utilizado su posición para obtener mejores términos de negociación en lo relativo a la recuperación de su deuda, decidió no hacerlo.

(232)

A pesar de lo afirmado por Rumanía, firmar el memorando no equivale ni sustituye a hacer todo lo posible por estar informado, puesto que el llamado «análisis de viabilidad» al que se hace referencia en el memorando fue solicitado y utilizado posteriormente por tres acreedores financieros, pero no por la propia AAAS. Rumanía no facilitó pruebas de que la AAAS hubiera llevado a cabo este tipo de análisis interno.

(233)

Por consiguiente, el comportamiento general de la AAAS (a pesar de conocer previamente las dificultades estructurales de Oltchim) no consistió en hacer todo lo posible por recuperar sus créditos, o al menos por lograr una mejor posición como acreedor, y parecía que estaba más dirigido a rescatar a Oltchim y mantenerla en funcionamiento.

(234)

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión considera que la AAAS habría tenido más probabilidades de recuperar sus créditos si hubiera adoptado medidas, teniendo también en cuenta que Oltchim había suspendido su producción y, por lo tanto, carecía de perspectivas de beneficios de explotación en un futuro cercano.

(235)

En tercer lugar, en lugar de intentar ejecutar sus deudas, la AAAS impulsó, junto con los Ministerios de Hacienda, Economía y Transporte y la Oficina de Propiedad Nacionalizada y Privatización de la Industria, el memorando (véanse in extenso los considerandos 31 y 203 y siguientes) aprobado el 13 de noviembre de 2012 por el primer ministro rumano y firmado por el Estado y siete acreedores, de los que cinco eran públicos [AAAS, Salrom, CFR Marfă, CEC Bank, Electrica (que en aquel momento todavía pertenecía plenamente al Estado)] y dos privados [Banca Comercială Română (posteriormente denominado «Erste Bank») y Banca Transilvania]. Al contrario de lo afirmado por Rumanía, debido a la importancia de los acreedores públicos y las autoridades estatales cosignatarios, el memorando no puede considerarse como una transacción en igualdad de condiciones (99).

(236)

En concreto, diez de las doce partes signatarias pertenecen a la administración pública o son propiedad pública (100), y solo dos son instituciones financieras privadas (101). El memorando fue impulsado por el Estado (Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Ministerio de Transporte e Infraestructuras, AAAS y OPSPI) y aprobado por el primer ministro. Además, el porcentaje de créditos mantenidos por acreedores privados solamente representaba alrededor del 20 % de los créditos totales de los signatarios del memorando. Por lo tanto, la participación pública era considerable y la intervención de los operadores privados, limitada. Por último, las condiciones de las transacciones no son comparables, puesto que el 77 % de los créditos de los dos acreedores privados que habían firmado el memorando estaba garantizado, frente a una media de solamente el 14 % de los créditos en el caso de los acreedores públicos.

(237)

El memorando demuestra que los acreedores públicos aceptaron el supuesto de la no recuperación sin evaluar correctamente otras alternativas. En concreto, el apartado 2.3 del memorando indica que las partes están de acuerdo con una lista de medidas destinadas a intentar poner en marcha una estrategia de reanudación sostenible, a condición de que el análisis de la viabilidad concluya con un resultado positivo. Rumanía nunca presentó el análisis de viabilidad, pero mencionó que los bancos habían realizado dicho estudio. Según R/BDO, Banca Transilvania y Erste Bank (acreedores privados), así como CEC Bank (acreedor público), encargaron el estudio a Alvarez&Marsal, que presentó un informe que contenía medidas de reestructuración en el que se confirmaba la viabilidad de reorganizar las actividades de Oltchim una vez ejecutadas las medidas propuestas. Según la prensa rumana (102), las autoridades de Rumanía han demostrado que el informe de Alvarez&Marsal, solicitado por los bancos acreedores para evaluar la situación de Oltchim confirmaba la hipótesis de las autoridades y la necesidad de conceder ayuda de rescate en la forma propuesta.

(238)

Rumanía no presentó pruebas de que la AAAS hubiera llevado a cabo o solicitado este estudio, y mucho menos de que realmente lo hubiera utilizado. Rumanía tampoco demostró que la AAAS realmente hubiera utilizado el informe de Alvarez&Marsal, además, como se desprende de las fuentes públicas a las que se hace referencia en el considerando 237, el informe solo confirmaba la necesidad de conceder ayuda, y no necesariamente la viabilidad a largo plazo de la reorganización.

(239)

En este sentido, la Comisión reitera, tal y como se señala en el considerando 22, su conclusión de que la capitalización de la deuda (y, por lo tanto, la cancelación de la deuda en favor de Oltchim) seguida de una privatización completa no comportaba una ventaja en el supuesto de que la empresa se privatizara por completo inmediatamente después de la capitalización de la deuda. El memorando confirma la intención de la AAAS de prologar la no recuperación de las deudas y de acumular nuevas deudas.

(240)

Rumanía también afirma que la AAAS estudió la posibilidad de solicitar un embargo de las cuentas de Oltchim, pero que no pudo hacerlo debido a que dichas cuentas ya habían sido embargadas por otros acreedores. Sin embargo, Rumanía no ha facilitado pruebas que lo demuestren. En cualquier caso, la AAAS no actuó como un acreedor privado prudente, puesto que no adoptó ninguna medida destinada a proteger sus créditos. Si la AAAS hubiera intervenido antes, no se habría privado a sí misma de la oportunidad de ser la primera en embargar las cuentas de Oltchim (es decir, antes que otros acreedores, como Electrica en noviembre de 2012) o de obtener pignoraciones del capital inmobiliario (como hizo Salrom).

(241)

Rumanía afirma que, si la AAAS hubiera solicitado la ejecución de su crédito, se habría inducido a Oltchim a poner en marcha el procedimiento de insolvencia. La Comisión considera que, simplemente al amenazar con poner en marcha la liquidación, la AAAS podría haber logrado una mayor influencia sobre Oltchim con miras a recuperar sus créditos. Si la AAAS hubiera activado el procedimiento de insolvencia, habría adquirido el poder real de proponer una reorganización de Oltchim que le permitiera maximizar la recuperación de sus créditos, especialmente a través de una venta por lotes (véase el considerando 265). Disponer de esta posibilidad habría cambiado considerablemente la posición de la AAAS.

(242)

Cuando la Junta de Acreedores llevó a cabo la votación en marzo de 2015, la capacidad de elección de la AAAS, debido a su pasividad previa, se limitaba a la liquidación y al Plan de Reorganización. Por consiguiente, si la AAAS hubiera actuado como un acreedor prudente, habría hecho uso de las disposiciones de la Ley de insolvencia que permiten que todo acreedor que represente más del 20 % de los créditos proponga un plan de reorganización (103). Al actuar de esta forma, la AAAS habría adoptado medidas que le hubieran permitido elegir otro tipo de plan de reorganización (venta a través de lotes de activos), un supuesto de maximización de los ingresos (explicado en detalle en el considerando 265) que debería haber tenido lugar desde septiembre de 2012, inmediatamente después de la privatización fallida.

(243)

En vista de lo anteriormente señalado, la Comisión considera que la medida 1 concede a Oltchim una ventaja selectiva a través de la no ejecución y, en relación con el aumento de los créditos de Oltchim, que entre septiembre de 2012 y enero de 2013 ascendían a 152 millones RON (104) (33 millones EUR), del valor temporal asignado a posponer la solicitud de ejecución de los créditos de la AAAS, lo que implica una mayor exposición a Oltchim.

(244)

Tal y como ya se ha explicado (véase el considerando 29), Oltchim logró reactivar la producción en 2012 gracias a la decisión de CET Govora y Salrom de seguir facilitándole suministros a pesar de que no haber pagado las deudas pendientes.

(245)

La Comisión manifestó dudas sobre que un operador en una economía de mercado hubiera adoptado las mismas decisiones que estas dos empresas públicas en vista de las dificultades económicas de Oltchim.

(246)

Durante la fase de investigación, Rumanía presentó argumentos válidos sobre la interdependencia tecnológica existente entre, por una parte, Salrom y CET Govora y, por otra, Oltchim. Estos argumentos fueron confirmados por terceras partes, entre otros, los síndicos de Oltchim y CET Govora, y pueden resumirse como sigue: