(1)

El Reglamento (CE) n.o 1166/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) establece un marco para las estadísticas europeas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas hasta 2016. Este Reglamento, por tanto, debe ser derogado.

(2)

El programa de encuestas europeas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas que se ha llevado a cabo en la Unión desde 1966 debe continuar, a fin de examinar las tendencias de la estructura de dichas explotaciones a escala de la Unión y proporcionar la base de conocimientos estadísticos necesaria para la formulación, aplicación, seguimiento, evaluación y revisión de las políticas en la materia, en particular, la política agrícola común (PAC), incluyendo medidas en materia de desarrollo rural, así como políticas medioambientales, de adaptación y mitigación del cambio climático y de uso de la tierra de la Unión, al igual que varios objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Esa base de conocimientos también es necesaria para estimar el impacto de estas políticas sobre la mano de obra femenina en las explotaciones agrícolas.

(3)

La recogida de datos estadísticos, en particular los relativos a la estructura de las explotaciones agrícolas, debe tener como objetivo, entre otros, el de aportar datos actualizados al proceso de toma de decisiones, con vistas a futuras reformas de la PAC.

(4)

Una evaluación internacional de las estadísticas agrícolas dio lugar a la adopción de la Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que fue aprobada por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (CENU) en 2010. Las estadísticas agrícolas europeas deben seguir, en su caso, las recomendaciones de la Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales, así como las del Programa mundial del censo agropecuario 2020 de la FAO.

(5)

El Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) proporciona un marco para el desarrollo, la producción y la difusión de estadísticas europeas, basadas en principios estadísticos comunes. Asimismo, establece criterios de calidad y hace referencia a la necesidad de minimizar la carga que soportan los encuestados y contribuir al objetivo más general de reducción de las cargas administrativas.

(6)

Debe establecerse un programa estadístico con fines múltiples sobre explotaciones agrícolas para los próximos diez años a fin de ofrecer un marco para la producción de estadísticas armonizadas, comparables y coherentes. Estas estadísticas deben tener por objeto responder a las necesidades políticas.

(7)

La Estrategia en materia de Estadísticas Agrícolas para 2020 y años posteriores, establecida por el Comité del Sistema Estadístico Europeo (CSEE) en noviembre de 2015, contempla la adopción de dos Reglamentos marco que abarcan todos los aspectos de las estadísticas agrícolas, excepto las Cuentas Económicas de la Agricultura. El presente Reglamento es uno de dichos Reglamentos marco.

(8)

A efectos de la armonización y comparabilidad de la información sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y con el fin de satisfacer las necesidades actuales de la organización del mercado único común y, en particular, del sector de las frutas y del sector vinícola, el Reglamento (UE) n.o 1337/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) debe integrarse con la información estructural a escala de explotación agrícola a partir de 2023 y sustituirse por el presente Reglamento. Procede por tanto derogar dicho Reglamento.

(9)

Disponer de estadísticas comparables de todos los Estados miembros sobre la estructura de las explotaciones agrícolas es importante para determinar el desarrollo de la PAC. Así pues, deberían utilizarse en la medida de lo posible clasificaciones y definiciones comunes para las variables.

(10)

Los registros de datos estadísticos relativos a las explotaciones agrícolas permiten tabular de forma cruzada los datos básicos y los datos de los módulos, por lo que puede obtenerse información basada en variables como el sexo del gerente de la explotación agrícola, la edad del gerente, la estructura de propiedad y el tamaño de la explotación agrícola, y la aceptación de las medidas medioambientales. Será posible proceder a una desagregación de los resultados para los criterios incluidos en los datos básicos y para las combinaciones de criterios.

(11)

La recogida de información sobre el año de nacimiento, el año en que empezó a trabajar como jefe de la explotación agrícola y el sexo podría proporcionar datos para el desarrollo de actuaciones respecto del relevo generacional y otros aspectos relacionados con el género.

(12)

Entre otras razones para actualizar los registros básicos de las explotaciones agrícolas y el resto de la información requerida para la estratificación en las encuestas por muestreo, es necesario efectuar un censo de las explotaciones agrícolas de la Unión al menos cada diez años. El censo más reciente tuvo lugar en 2009-2010.

(13)

Los Estados miembros en los que los períodos de trabajo de campo con vistas a la encuesta del año de referencia 2020 coincidan con los trabajos previstos para el censo decenal de población deben tener la posibilidad de adelantar un año el censo agrario, a fin de reducir la pesada carga que supone la realización simultánea de esas dos grandes recogidas de datos.

(14)

A fin de evitar imponer una carga innecesaria a las explotaciones agrícolas y a las administraciones nacionales, deben establecerse umbrales. Para llevar a cabo un análisis adecuado de la estructura de la agricultura europea, es necesario que el 98 % de la superficie agrícola utilizada y el ganado de las explotaciones estén cubiertos por las estadísticas. Esto significa en algunos Estados miembros que los umbrales recogidos en el presente Reglamento son demasiado elevados. No obstante, las explotaciones agrícolas situadas por debajo de esos umbrales son tan pequeñas que basta con realizar encuestas por muestreo cada diez años para hacer una estimación de su estructura y sus efectos sobre la producción, lo que reduce considerablemente los costes y las cargas al tiempo que permite concebir una política eficaz de respaldo y mantenimiento de las estructuras de las pequeñas explotaciones.

(15)

Las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas deben abarcar las superficies utilizadas para la producción agrícola, incluidas las tierras utilizadas por dos o más explotaciones agrícolas, por existir derechos de propiedad colectivos.

(16)

Es necesario obtener información sobre la afiliación de una explotación agrícola a un grupo de empresas, cuyas entidades están controladas por una entidad matriz.

(17)

A fin de reducir la carga que soportan los encuestados, los institutos nacionales de estadística y otras autoridades nacionales deben tener acceso a datos administrativos en la medida en que estos sean necesarios para el desarrollo, la producción y la difusión de estadísticas europeas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 bis del Reglamento (CE) n.o 223/2009.

(18)

Los Estados miembros o las autoridades nacionales responsables deben esforzarse por modernizar los modos de recogida de datos sobre las explotaciones agrícolas en la medida de lo posible. Debería promoverse el uso de soluciones digitales al respecto.

(19)

En aras de la flexibilidad del sistema europeo de estadísticas agrícolas y de la simplificación y modernización de dichas estadísticas, las variables que se recopilen deben asignarse a distintos grupos de recogida (datos básicos y módulos) que variarán en frecuencia, representatividad o ambas cosas.

(20)

La carga de respuesta de la encuesta y los costes derivados de la misma, pueden reducirse reutilizando los datos del año inmediatamente anterior o posterior al año de referencia. Esto resultaría particularmente pertinente en a aquellos aspectos en los que no cabe esperar cambios de gran calado de un año para otro.

(21)

En aras de la flexibilidad y para reducir la carga que soportan los encuestados, los institutos nacionales de estadística y otras autoridades nacionales, los Estados miembros deben poder hacer uso de encuestas estadísticas, registros administrativos y cualesquiera otras fuentes, métodos o planteamientos innovadores, entre ellos métodos con base científica y bien documentados como la imputación, la estimación o uso de modelos.

(22)

Es necesario mejorar la recogida de información sobre el uso de abonos y del uso del agua y los métodos de producción agrícola en las explotaciones agrícolas con el fin de producir estadísticas adicionales para el desarrollo de la política agroambiental y mejorar la calidad de los indicadores agroambientales.

(23)

En lo que respecta a la geocodificación de las explotaciones agrícolas, debe utilizarse el sistema de unidades estadísticas contemplado en el anexo III de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(24)

La Comisión debe respetar la confidencialidad de los datos transmitidos en virtud del Reglamento (CE) n.o 223/2009. La protección necesaria de la confidencialidad de los datos debe garantizarse, entre otros medios, limitando el uso de los parámetros de localización al análisis espacial de la información y mediante la agregación apropiada al publicar las estadísticas. Por ese motivo es necesario desarrollar un enfoque armonizado para la protección de los aspectos de confidencialidad y calidad en la difusión de los datos, así como velar para que el acceso en línea a las estadísticas oficiales sea más fácil e intuitivo.

(25)

El tratamiento de datos personales en virtud del presente Reglamento queda sujeto a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) y las disposiciones adoptadas de conformidad con dicho Reglamento o con el Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), según el caso.

(26)

El Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) establece la clasificación estadística de las actividades económicas en la Unión que se menciona en el presente Reglamento con el fin de definir la población de las explotaciones agrícolas.

(27)

De conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), las unidades territoriales deben definirse con arreglo a la clasificación de la Nomenclatura Común de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS).

(28)

Se debe requerir financiación, tanto de los Estados miembros como de la Unión, durante varios años para llevar a cabo la recogida de datos. Por ello, la Unión debe conceder ayuda a ese programa a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), de acuerdo con el Reglamento (CE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(29)

El presente Reglamento establece, para toda la duración del Marco Financiero Plurianual (MFP) vigente, una dotación financiera que, con arreglo al punto 17 del Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (11), constituye el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual. Este Reglamento dispone que el presupuesto para futuras recogidas de datos se establecerá en el contexto del MFP posterior.

(30)

Los aspectos económicos del presente Reglamento deben ser revisados en el período posterior a 2020 teniendo en cuenta el nuevo MFP y otras modificaciones pertinentes de los instrumentos de la Unión. La Comisión debe estudiar la posibilidad de proponer las modificaciones pertinentes del presente Reglamento tomando como base dicha revisión.

(31)

Dado que el objetivo del presente Reglamento es la elaboración sistemática de estadísticas europeas sobre las explotaciones agrícolas en la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros sino que, por razones de coherencia y comparabilidad, puede lograrse mejor, a escala de la Unión, esta última puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(32)

El Reglamento (CE) n.o 223/2009 establece un marco de referencia para las estadísticas europeas y exige que los Estados miembros cumplan los principios estadísticos y los criterios de calidad especificados en ese Reglamento. Los informes de calidad constituyen un elemento esencial para evaluar y mejorar la calidad de las estadísticas europeas, así como para la comunicación al respecto. El Comité del Sistema Estadístico Europeo (CSEE) aprobó una norma del SEE relativa a la estructura de los informes sobre calidad, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) n.o 223/2009. Esta norma debería contribuir a la armonización de los informes sobre calidad contemplados en el presente Reglamento.

(33)

Se ha llevado a cabo una evaluación de impacto, con arreglo al principio de la buena gestión financiera, a fin de centrar el programa estadístico establecido por el presente Reglamento en la necesidad de eficacia para alcanzar sus objetivos y a fin de incorporar las restricciones presupuestarias desde la fase inicial.

(34)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para especificar las descripciones de las variables enumeradas en el presente Reglamento y los elementos técnicos de los datos que deben presentarse, definir las descripciones de las variables y otras disposiciones prácticas para la recogida de datos ad hoc conforme dispone el presente Reglamento, así como establecer las disposiciones prácticas y los contenidos de los informes de calidad. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (12). Al ejercer tales competencias, la Comisión debe tener en cuenta aspectos como los costes y las cargas administrativas para las explotaciones agrícolas y los Estados miembros.

(35)

A fin de tener en cuenta las nuevas necesidades de información que surgen ante todo de los nuevos avances en la agricultura, la revisión de la legislación y el cambio de las prioridades de las políticas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) por lo que respecta a modificar los temas detallados enumerados en el presente Reglamento y a completar los correspondientes datos de módulo especificando la información que se ha de facilitar con carácter ad hoc, como se establece en el presente Reglamento. En aras de la compatibilidad y de facilitar el uso de otras fuentes de datos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la modificación de las variables que figuran en el presente Reglamento. Al ejercer tal competencia, la Comisión debe tener en cuenta aspectos tales como los costes y las cargas administrativas para las explotaciones agrícolas y los Estados miembros. Es de especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (13). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos deben tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(36)

Se consultó al Supervisor Europeo de Protección de Datos, que emitió un dictamen el 20 de noviembre de 2017 (14).

(37)

Se ha consultado al CSEE.

(1)

En su Comunicación de 30 de noviembre de 2016 relativa a un Plan de Acción Europeo de la Defensa, la Comisión se comprometió a complementar, favorecer y consolidar los esfuerzos de colaboración emprendidos por los Estados miembros para desarrollar capacidades de defensa que respondan a los retos en materia de seguridad, con el fin de fomentar una industria de la defensa competitiva, innovadora y eficiente en toda la Unión. Propuso, en particular, crear un Fondo Europeo de Defensa (en lo sucesivo, «Fondo») para apoyar la inversión en investigaciones comunes y en el desarrollo conjunto de equipos y tecnologías de defensa, incentivando así las adquisiciones y el mantenimiento conjuntos de los equipos y las tecnologías de defensa. El Fondo no sustituiría a las iniciativas nacionales en este sentido y supondría un incentivo para alentar a los Estados miembros a cooperar e invertir en mayor medida en el sector de la defensa. El Fondo apoyaría la cooperación durante todo el ciclo de desarrollo de productos y tecnologías de defensa, favoreciendo así las sinergias y la rentabilidad. El objetivo sería aportar capacidades, contar con una base competitiva e innovadora para la industria de la defensa en toda la Unión, por medios como la cooperación transfronteriza y la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes), y contribuir a una mayor cooperación en materia de defensa en toda la Unión.

(2)

Con el fin de fomentar la competitividad, la eficiencia y la capacidad de innovación de la industria de la defensa de la Unión, que contribuye a la autonomía estratégica de la Unión, debe establecerse un Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa (en lo sucesivo, «Programa»). El Programa debe tener como objetivo aumentar la competitividad de la industria de la defensa de la Unión, contribuyendo a la mejora de las capacidades de defensa (por ejemplo, en relación con la ciberdefensa) mediante el apoyo a la cooperación entre las empresas de toda la Unión, incluidas las pymes y las empresas de mediana capitalización, los centros de investigación y las universidades, y la colaboración entre Estados miembros, en la fase de desarrollo de productos y tecnologías de defensa, de modo que se aprovechen mejor las economías de escala en la industria de la defensa y se promueva la normalización de los sistemas de defensa a la vez que se mejora su interoperabilidad. La fase de desarrollo, que sigue a la fase de investigación y tecnología, entraña importantes riesgos y costes que entorpecen la posterior explotación de los resultados de la investigación e inciden negativamente en la competitividad de la industria de la defensa de la Unión. Al prestar su apoyo en la fase de desarrollo, el Programa contribuiría a una mejor explotación de los resultados de la investigación en materia de defensa y ayudaría a tender un puente entre la investigación y la producción. Asimismo, fomentaría todas las formas de innovación, ya que cabe esperar que las repercusiones positivas de dicho apoyo trasciendan al sector civil. El Programa complementa las actividades realizadas de conformidad con el artículo 182 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no incluye la producción ni la adquisición de productos o tecnologías de defensa.

(3)

Para lograr soluciones más innovadoras y fomentar un mercado interior abierto, el Programa debe prestar un apoyo de peso a la participación transfronteriza de las pymes y ayudar a generar nuevas oportunidades de mercado.

(4)

El Programa debe cubrir un período de dos años comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Ha de establecerse el importe destinado a su ejecución para dicho período.

(5)

El presente Reglamento establece una dotación financiera para la duración total del Programa que ha de constituir, durante el procedimiento presupuestario anual, la referencia principal para el Parlamento Europeo y el Consejo, en el sentido del punto 17 del Acuerdo interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (3).

(6)

A la hora de aplicar el Programa, todos los instrumentos de financiación deben utilizarse con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), al objeto de maximizar el desarrollo de productos y tecnologías de defensa. No obstante, habida cuenta de la duración bienal del Programa, el uso de instrumentos financieros podría entrañar dificultades prácticas. Por consiguiente, durante ese período inicial debe acordarse prioridad al uso de subvenciones y, en circunstancias excepcionales, a la contratación pública. Los instrumentos financieros podrían ser una herramienta apropiada para su uso en el Fondo después de 2020.

(7)

La Comisión puede confiar parte de la ejecución del Programa a las entidades determinadas en el artículo 58, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012.

(8)

Tras acordar las prioridades comunes en cuanto a capacidades de defensa a nivel de la Unión, especialmente por medio del Plan de Desarrollo de Capacidades, teniendo en cuenta también la revisión anual coordinada de la defensa, y con el fin de cumplir el nivel de ambición de la Unión acordado por el Consejo en sus Conclusiones de 14 de noviembre de 2016 y refrendado por el Consejo Europeo el 15 de diciembre de 2016, los Estados miembros determinan y consolidan las necesidades militares y establecen las especificaciones técnicas del proyecto.

(9)

Cuando corresponda, los Estados miembros deben también designar un director de proyecto, por ejemplo una organización de gestión de proyectos internacionales, como la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento, o una entidad, como la Agencia Europea de Defensa, que dirija el trabajo relacionado con el desarrollo de una acción de colaboración financiada por el Programa. Cuando se efectúe dicha designación, la Comisión debe consultar al director de proyecto sobre los progresos realizados con respecto a la acción antes de realizar el pago al beneficiario de la acción financiable, de forma que el director pueda garantizar que los beneficiarios respetan los plazos.

(10)

La ayuda financiera de la Unión no debe afectar a la transferencia de productos relacionados con la defensa dentro de la Unión de conformidad con la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), ni a la exportación de productos, equipos o tecnologías de defensa. Tampoco debe afectar al criterio de los Estados miembros por lo que se refiere a su política de transferencias dentro de la Unión y de exportación de dichos productos, también en consonancia con las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares establecidas en la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo (6).

(11)

Puesto que el objetivo del Programa es apoyar la competitividad y la eficiencia de la industria de la defensa de la Unión, mediante una reducción de los riesgos de la fase de desarrollo de los proyectos de cooperación, deben poder optar a financiación con cargo al Programa las acciones relacionadas con el desarrollo de un producto o tecnología de defensa, concretamente los estudios de viabilidad y otras medidas de apoyo, el diseño (incluidas las especificaciones técnicas en las que se base), la creación de prototipos de sistema, los ensayos, la calificación y la certificación, así como el aumento de la eficiencia en todo el ciclo de vida del producto o tecnología de defensa. La actualización de los productos y tecnologías de defensa existentes, incluida su interoperabilidad, debe poder optar a financiación con cargo al Programa. Las acciones de actualización de productos y tecnologías de defensa existentes deben poder optar a financiación solo cuando la información preexistente necesaria para realizar la acción no sea objeto de restricciones que limiten la capacidad de realizarla.

(12)

Dado que el objetivo del Programa consiste especialmente en aumentar la cooperación entre empresas de todos los Estados miembros, solo deben poder optar a financiación con cargo al Programa las acciones que vayan a realizarse por un consorcio de al menos tres empresas radicadas en, como mínimo, tres Estados miembros distintos.

(13)

La colaboración transfronteriza entre empresas en el desarrollo de productos y tecnologías de defensa se ha visto a menudo obstaculizada por la dificultad de acordar especificaciones o normas técnicas comunes. Su ausencia o escasez han dado lugar a una mayor complejidad, a retrasos y a costes inflados en la fase de desarrollo. En el caso de acciones que impliquen un nivel mayor de disposición tecnológica, un acuerdo sobre especificaciones técnicas comunes debe ser una condición primordial para que puedan optar a financiación con cargo al Programa. Los estudios de viabilidad y las acciones con objeto de apoyar la determinación de especificaciones o normas técnicas comunes también deben poder optar a financiación con cargo al Programa.

(14)

A fin de asegurar que, a la hora de aplicar el presente Reglamento, se respetan las obligaciones internacionales de la Unión y sus Estados miembros, las acciones relativas a productos o tecnologías cuyo uso, desarrollo o producción estén prohibidos por el Derecho internacional no deben poder optar a financiación con cargo al Programa. A este respecto, la financiabilidad de las acciones de desarrollo de nuevos productos o tecnologías de defensa, como los concebidos especialmente para lanzar ataques letales sin que exista control humano alguno sobre las decisiones de intervención, también debe estar sujeta a la evolución del Derecho internacional.

(15)

Puesto que el Programa tiene por objeto aumentar la competitividad y la eficiencia de la industria de la defensa de la Unión, solo las entidades que estén establecidas en la Unión y no estén sujetas a control por parte de terceros países o de entidades de terceros países deben poder, en principio, optar a financiación. Además, con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales de seguridad y defensa de la Unión y de sus Estados miembros, la infraestructura, las instalaciones, los activos y los recursos empleados por los beneficiarios y subcontratistas en una acción financiada con cargo al Programa no deben estar situados en el territorio de un tercer país.

(16)

En determinadas circunstancias, debe ser posible establecer una excepción al principio de que los beneficiarios y subcontratistas que participen en una acción no estén sujetos a control por parte de terceros países ni de entidades de terceros países. En este contexto, las empresas establecidas en la Unión que estén bajo el control de un tercer país o de una entidad de un tercer país deben poder optar a financiación, siempre que se cumplan estrictas condiciones pertinentes relativas a los intereses de la seguridad y la defensa de la Unión y de sus Estados miembros, según se disponga en el marco de la política exterior y de seguridad común con arreglo al título V del Tratado de la Unión Europea (TUE), también en términos de refuerzo de la base tecnológica e industrial de la defensa europea. La participación de dichas empresas no debe ser contraria a los objetivos del Programa. Los beneficiarios deben facilitar toda la información pertinente sobre la infraestructura, las instalaciones, los activos y los recursos que vayan a utilizarse en la acción. Deben tenerse en cuenta también los intereses de los Estados miembros en relación con la seguridad del suministro.

(17)

La cooperación entre los beneficiarios y subcontratistas que participen en la acción y las empresas que estén establecidas en terceros países o controladas por terceros países o por entidades de terceros países también debe estar sujeta a las condiciones pertinentes relacionadas con los intereses de seguridad y defensa de la Unión y sus Estados miembros. En este contexto, no debe haber accesos no autorizados por parte de terceros países o entidades de terceros países a información clasificada relativa a la ejecución de la acción. El acceso a información clasificada se autoriza conforme a las correspondientes normas de seguridad aplicables a la información clasificada de la Unión Europea y a la información clasificada en virtud de la clasificación nacional de seguridad.

(18)

Las acciones financiables desarrolladas en el contexto de la cooperación estructurada permanente en el marco institucional de la Unión garantizarían una mayor cooperación entre empresas de los distintos Estados miembros de forma continuada y, por lo tanto, contribuirían directamente a los objetivos del Programa. Tales acciones deben poder optar, pues, a un porcentaje de financiación incrementado. Las acciones financiables desarrolladas con un nivel apropiado de participación de empresas de mediana capitalización y de pymes (y, en particular, de pymes transfronterizas) apoyan la apertura de las cadenas de suministro y contribuyen a los objetivos del Programa. Por tanto, dichas acciones deben poder optar a un porcentaje de financiación incrementado para, entre otras cosas, compensar el aumento del riesgo y de la carga administrativa.

(19)

Si un consorcio desea participar en una acción financiable en el marco del Programa y la ayuda financiera de la Unión ha de tener la forma de subvención, el consorcio debe designar a uno de sus miembros como coordinador. El coordinador debe ser el principal punto de contacto con la Comisión.

(20)

La promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico de la industria de la defensa de la Unión debe permitir el mantenimiento y el desarrollo de las competencias y la pericia de la industria de la defensa de la Unión y contribuir a reforzar su independencia tecnológica e industrial. En este sentido, el Programa también puede contribuir a determinar los ámbitos en los que la Unión depende de terceros países para el desarrollo de productos y tecnologías de defensa. La citada promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico también debe estar en consonancia con los intereses de seguridad y defensa de la Unión. En consecuencia, la contribución de una acción a dichos intereses y a las prioridades en cuanto a capacidades de defensa acordadas por los Estados miembros en el marco de la política exterior y de seguridad común debe servir como criterio de adjudicación. Dentro de la Unión, las prioridades comunes en cuanto a capacidades de defensa se han determinado principalmente en el Plan de Desarrollo de Capacidades. Otros procesos de la Unión, como la revisión anual coordinada sobre defensa y la cooperación estructurada permanente, respaldan la aplicación de las prioridades pertinentes a través de una cooperación reforzada. En su caso, pueden tenerse en cuenta también prioridades regionales e internacionales, por ejemplo, en el marco de la OTAN, a condición de que convengan a los intereses de seguridad y defensa de la Unión y que no impidan la participación de ningún Estado miembro, a la vez que se tiene en cuenta la necesidad de evitar toda duplicación innecesaria.

(21)

Los Estados miembros trabajan de forma individual y conjunta en el desarrollo, la producción y el uso operativo de aeronaves, vehículos y buques no tripulados. El uso operativo en este contexto engloba la realización de ataques contra objetivos militares. La investigación y el desarrollo relacionados con el desarrollo de dichos sistemas, tanto militares como civiles, han sido respaldados con fondos de la Unión. Se prevé que esta situación se mantenga en el futuro, posiblemente también en el marco del Programa. Nada de lo dispuesto en el presente Reglamento debe obstaculizar el uso legítimo de esos productos o tecnologías de defensa desarrollados en el marco del Programa.

(22)

Con el fin de garantizar que las acciones financiadas sean viables, el compromiso de los Estados miembros de contribuir efectivamente a la financiación de la acción debe hacerse constar por escrito, por ejemplo, mediante una declaración de intenciones de los Estados miembros participantes.

(23)

Para garantizar que las acciones financiadas contribuyan a la competitividad y a la eficiencia de la industria europea de la defensa, deben estar orientadas al mercado, basarse en la demanda y ser viables desde el punto de vista comercial a medio y largo plazo, también en el caso de las tecnologías de doble uso. Por lo tanto, los criterios de financiabilidad deben tener en cuenta el hecho de que los Estados miembros tengan la intención de adquirir el producto final de defensa, o usar la tecnología, de forma coordinada, mientras que los criterios de adjudicación deben tener en cuenta el hecho de que los Estados miembros adopten el compromiso, ya sea político o jurídico, de utilizar, poseer o mantener conjuntamente el producto o tecnología finales de defensa.

(24)

Al evaluar las acciones propuestas para su financiación con cargo al Programa, deben tenerse en cuenta todos los criterios de adjudicación. Puesto que los criterios de adjudicación no son eliminatorios, las acciones propuestas que no cumplan uno o varios de esos criterios no quedarán automáticamente excluidas.

(25)

La ayuda financiera de la Unión con cargo al Programa no debe superar el 20 % de los costes financiables de la acción por lo que respecta a la creación de prototipos de sistemas, que es a menudo la acción más costosa en la fase de desarrollo. Sin embargo, debe existir la posibilidad de que la totalidad de los costes financiables esté cubierta para otras acciones en la fase de desarrollo. En ambos casos, los costes financiables deben entenderse en el sentido de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012.

(26)

Habida cuenta de que el Programa debe complementar las actividades de investigación, en particular en el ámbito de la defensa, y en aras de la coherencia y la simplificación administrativa, en la medida de lo posible deben aplicarse al Programa las mismas normas que se aplican a la Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa y al Programa Marco Horizonte 2020 de Investigación e Innovación (2014-2020). Por ello procede permitir el reembolso de los costes indirectos a un tipo fijo del 25 %, como en la mencionada Acción preparatoria y en dicho Programa Marco Horizonte 2020.

(27)

Dado que el apoyo de la Unión tiene por objeto aumentar la competitividad del sector de la defensa y afecta únicamente a la fase específica de desarrollo, la Unión no debe tener la propiedad o los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los productos o tecnologías de defensa resultantes de las acciones financiadas. El régimen de derechos de propiedad intelectual e industrial aplicable debe acordarse contractualmente por los beneficiarios. Los Estados miembros interesados también deben tener la posibilidad de participar en la contratación cooperativa consiguiente. Además, los resultados de las acciones financiadas con cargo al Programa no deben estar sujetos a ningún control ni restricción impuestos por terceros países o por entidades de terceros países.

(28)

La Comisión debe establecer un programa de trabajo bienal de conformidad con los objetivos del Programa. El programa de trabajo debe describir de manera pormenorizada las categorías de proyectos que se podrán financiar con cargo al Programa, entre los que se incluyen productos y tecnologías de defensa como los sistemas de aeronave pilotada a distancia, las telecomunicaciones por satélite, los servicios de posicionamiento, navegación y temporización, el acceso autónomo al espacio y la observación permanente de la Tierra, la sostenibilidad energética, la ciberseguridad y la seguridad marítima, así como capacidades militares de alta gama en los dominios aéreo, terrestre, marítimo y conjunto, incluida la mejora del conocimiento de la situación, la protección, la movilidad, la asistencia logística y sanitaria y las herramientas estratégicas.

(29)

Debe asistir a la Comisión en el establecimiento del programa de trabajo un comité de Estados miembros (en lo sucesivo, «comité»). La Comisión debe tratar de hallar soluciones que recaben el apoyo más amplio posible en el comité. En este contexto, el comité podrá reunirse en composición de expertos nacionales de defensa para prestar ayuda específica a la Comisión. Corresponde a los Estados miembros designar a sus representantes respectivos en dicho comité. Los miembros del comité deben tener la posibilidad efectiva de examinar en una fase temprana los proyectos de actos de ejecución y de manifestar su opinión.

(30)

Ante la política de la Unión sobre las pymes, que desempeñan un papel esencial para garantizar el crecimiento económico, la innovación, la creación de empleo y la integración social en la Unión, y el hecho de que las acciones financiadas necesitan normalmente la colaboración transnacional, es importante que el programa de trabajo refleje y permita el acceso y la participación transfronterizos, abiertos y transparentes, de las pymes y que, por tanto, al menos un 10 % del presupuesto general se destine a tales acciones, lo que permitirá incluir a las pymes en las cadenas de valor de las acciones. Debe preverse una categoría de proyectos dedicada específicamente a las pymes.

(31)

Para asegurar el éxito del Programa, la Comisión debe esforzarse por dialogar con un amplio espectro de la industria europea, incluidos las pymes y los proveedores no tradicionales del sector de la defensa.

(32)

Para aprovechar sus conocimientos especializados en el sector de la defensa, y conforme a las competencias que le atribuye el TUE, la Agencia Europea de Defensa debe ser invitada a participar, en calidad de observadora, en el comité. También se debe invitar a asistir al Servicio Europeo de Acción Exterior.

(33)

Por regla general, para seleccionar las acciones que ha de financiar el Programa, la Comisión o las entidades a las que se refiere el artículo 58, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 deben organizar convocatorias de propuestas conforme a lo previsto en dicho Reglamento y garantizar que los trámites administrativos sean tan simples como sea posible y supongan el mínimo posible de gastos añadidos. No obstante, en determinadas circunstancias, excepcionales y debidamente justificadas, puede concederse también financiación de la Unión en virtud del artículo 190 del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión (7).

(34)

Tras la evaluación de las propuestas recibidas con la ayuda de expertos independientes, cuyas credenciales en materia de seguridad deben haber validado los Estados miembros, la Comisión debe seleccionar las acciones que deben financiarse con cargo al Programa. La Comisión debe elaborar una base de datos de expertos independientes. La base de datos no debe hacerse pública. Los expertos independientes deben nombrarse en función de sus capacidades, experiencia y conocimientos, teniendo en cuenta las tareas que les serán asignadas. En la medida de lo posible, al nombrar a los expertos independientes, la Comisión debe adoptar las medidas adecuadas para lograr una composición equilibrada dentro de los grupos de expertos y los paneles de evaluación en lo tocante a la diversidad de sus competencias, experiencia, conocimientos, procedencia geográfica y género, y teniendo en cuenta la situación en el ámbito de la acción. Asimismo, se debe tratar de conseguir una rotación adecuada de los expertos y un buen equilibrio entre los sectores público y privado. Al objeto de garantizar la uniformidad de las condiciones de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a la adopción y la ejecución del programa de trabajo, así como para la concesión de la financiación a las acciones seleccionadas. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (8). Debe informarse a los Estados miembros de los resultados de la evaluación y del progreso de las acciones financiadas.

(35)

Para la adopción de los citados actos de ejecución debe emplearse el procedimiento de examen, teniendo en cuenta sus importantes implicaciones para la ejecución del presente Reglamento.

(36)

La Comisión debe elaborar un informe de ejecución al final del Programa, en el que se examinen las actividades financieras en términos de los resultados de su ejecución y, si es posible, de su repercusión. El informe de ejecución debe analizar también la participación transfronteriza de las pymes y de las empresas de mediana capitalización en acciones del Programa, así como la participación de pymes y empresas de mediana capitalización en la cadena de valor mundial. El informe debe incluir asimismo información sobre el origen de los beneficiarios y la distribución de los derechos de propiedad intelectual e industrial generados.

(37)

Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, detección e investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas y financieras.

(38)

La Comisión y los Estados miembros deben garantizar una promoción lo más amplia posible del Programa con el fin de aumentar su eficacia y mejorar así la competitividad de la industria de la defensa y de las capacidades de defensa de los Estados miembros.

(39)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros en vista de los costes y de los riesgos conexos, sino que pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(1)

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene por finalidad apoyar a los trabajadores que han sido despedidos y a los trabajadores por cuenta propia que han tenido que poner fin a su actividad a causa de importantes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial provocados por la globalización, la continuación de la crisis financiera y económica mundial o a una nueva crisis económica y financiera mundial, así como ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral.

(2)

El FEAG no puede superar la cantidad máxima anual de 150 millones EUR (a precios de 2011), de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo (3).

(3)

El 23 de octubre de 2017, Francia presentó una solicitud de movilización del FEAG en relación con el despido de trabajadores de Air France en su territorio. Dicha solicitud se completó con información adicional aportada de conformidad con el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1309/2013. La solicitud cumple los requisitos para determinar una contribución financiera del FEAG, según establece el artículo 13 del Reglamento (UE) n.o 1309/2013.

(4)

Procede, por tanto, movilizar el FEAG para proporcionar una contribución financiera de 9 894 483 EUR en respuesta a la solicitud presentada por Francia.

(5)

Con el fin de reducir al mínimo el tiempo necesario para movilizar el FEAG, la presente Decisión debe aplicarse a partir de la fecha de su adopción.