18.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 185/1

(1)

En su Comunicación de 3 de marzo de 2010 titulada «Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador», la Comisión subrayó la necesidad de desarrollar condiciones favorables para la inversión en conocimiento e innovación con el fin de lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la Unión. El Parlamento Europeo y el Consejo han respaldado dicha estrategia.

(2)

En sus resoluciones de 28 de julio de 2010 y de 18 de diciembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho a un agua potable segura y limpia y al saneamiento, como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida. Exhortó asimismo a una realización progresiva del derecho humano al agua potable, destacando el importante papel de la cooperación internacional en ese contexto.

(3)

El Reglamento (UE) n.o 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) estableció el Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) (en lo sucesivo, «Horizonte 2020»). Horizonte 2020 tiene por objetivo conseguir un mayor impacto en la investigación y la innovación, contribuyendo al refuerzo de las asociaciones entre entes públicos, en particular mediante la participación de la Unión en programas emprendidos por varios Estados miembros, con miras a un desarrollo sostenible.

(4)

Las asociaciones entre entes públicos deben perseguir el desarrollo de sinergias más estrechas, aumentar la coordinación y evitar duplicaciones innecesarias con programas de investigación e innovación de la Unión, internacionales, nacionales y regionales, y deben respetar plenamente los principios generales de Horizonte 2020, con el objetivo de reforzar la investigación y la innovación para contribuir a lograr un desarrollo sostenible, en particular los relativos a la apertura y la transparencia.

(5)

De conformidad con el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1291/2013, las actividades de investigación e innovación realizadas en el marco de la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región Mediterránea (PRIMA) deben dedicarse exclusivamente a aplicaciones civiles.

(6)

El Reglamento (UE) n.o 1291/2013 define la «seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía» y la «acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas» como dos de los retos de la sociedad prioritarios que deben abordarse mediante el apoyo a las inversiones en investigación e innovación. Además, el Reglamento (UE) n.o 1291/2013 reconoce que las actividades de investigación e innovación para afrontar esos retos deben llevarse a cabo a nivel de la Unión y a nivel superior, dado el carácter transnacional y la naturaleza mundial del clima y del medio ambiente, su escala y complejidad, y la dimensión internacional de la cadena de suministro de alimentos y productos agrícolas.

(7)

El Reglamento (UE) n.o 1291/2013 reconoce que la cooperación internacional con terceros países es necesaria para abordar eficazmente los retos comunes. La cooperación internacional en investigación e innovación es un aspecto fundamental de los compromisos mundiales de la Unión y desempeña una función importante en la colaboración de la Unión con países de la vecindad europea. A ese respecto, la región mediterránea reviste una importancia estratégica para la Unión desde el punto de vista político, económico, cultural, científico y medioambiental.

(8)

Para garantizar la coherencia con el Reglamento (UE) n.o 1290/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), las acciones que entran en el ámbito de aplicación de la presente Decisión deben respetar los derechos fundamentales y observar los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Tales acciones deben cumplir todas las obligaciones jurídicas derivadas del Derecho internacional y del Derecho de la Unión, entre ellas las decisiones aplicables de la Comisión, como la Comunicación de 28 de junio de 2013 de la Comisión (5), y respetar los principios éticos, entre los que se incluye evitar cualquier irregularidad en la integridad de la investigación.

(9)

En su Comunicación de 7 de junio de 2016 sobre la creación de un nuevo Marco de Asociación con terceros países en el contexto de la Agenda Europea de Migración, la Comisión subrayó la necesidad de que todas las políticas, incluidas las de investigación e innovación, hagan frente a las causas profundas de la migración mediante un nuevo modelo de cooperación en el que participen inversores privados, así como la necesidad de multiplicar los limitados recursos presupuestarios y centrarse en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y en infraestructuras sostenibles.

(10)

PRIMA tiene por objeto la realización de un programa conjunto para fomentar las capacidades de investigación e innovación y el desarrollo de conocimientos y soluciones innovadoras comunes destinados a mejorar la eficiencia, protección, seguridad y sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y del suministro y la gestión integrados del agua en la región mediterránea. PRIMA debe contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible recientemente acordados y a la futura Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, así como a los objetivos del Acuerdo de París.

(11)

El suministro y la gestión integrados del agua, incluidos la reutilización y el tratamiento del agua, significa que se tengan en cuenta todos los distintos usos de los recursos hídricos.

(12)

Un sistema agroalimentario sostenible debería tener como objetivo responder a la necesidad de los ciudadanos y el medio ambiente de disponer de alimentos seguros, sanos y asequibles, y de que la transformación, la distribución y el consumo de alimentos y piensos sea más sostenible con el fin de reducir al mínimo la pérdida y el desperdicio agroalimentario.

(13)

Respecto de los recursos hídricos y los sistemas agroalimentarios, una gobernanza abierta, democrática y participativa reviste una importancia crucial para que se apliquen las soluciones más rentables en beneficio del conjunto de la sociedad.

(14)

Para asegurar la participación en PRIMA de los terceros países no asociados a Horizonte 2020 (Argelia, Egipto, Jordania, el Líbano y Marruecos), se precisan acuerdos internacionales de cooperación científica y tecnológica entre la Unión y dichos terceros países, a fin de hacer extensivo a los mismos el régimen jurídico establecido por la presente Decisión.

(15)

En consonancia con los objetivos de Horizonte 2020, cualquier otro Estado miembro y cualquier tercer país asociado a Horizonte 2020 debe tener derecho a participar en PRIMA si se compromete a contribuir a su financiación y a adoptar las disposiciones legislativas, reglamentarias, administrativas y de otro tipo que sean necesarias para proteger los intereses financieros de la Unión.

(16)

A fin de garantizar la realización conjunta de PRIMA, debe crearse una estructura ejecutiva (en lo sucesivo, «PRIMA-IS»). PRIMA-IS debe ser la beneficiaria de la contribución financiera de la Unión y garantizar la ejecución eficaz y transparente de PRIMA.

(17)

Con el fin de alcanzar los objetivos de PRIMA, cualquier tercer país no asociado a Horizonte 2020, en particular los países del Mediterráneo meridional, debe poder participar si se compromete a contribuir a la financiación de PRIMA y si PRIMA-IS aprueba su participación. Dicha participación también debe establecerse en el acuerdo internacional correspondiente de cooperación científica y tecnológica entre dicho tercer país y la Unión.

(18)

La contribución financiera de la Unión debe estar supeditada a los compromisos formales de los Estados participantes de contribuir a la financiación de PRIMA y al cumplimiento y la ejecución de dichos compromisos de conformidad con la presente Decisión. Debe ofrecerse flexibilidad a los Estados participantes para contribuir financieramente a PRIMA-IS de forma opcional, con objeto de financiar acciones indirectas, de modo que se logre un alto grado de integración financiera. Además, los Estados participantes deben aportar una contribución financiera o en especie a las actividades realizadas sin contribución financiera de la Unión y al presupuesto administrativo de PRIMA-IS que no esté cubierto por la contribución financiera de la Unión. El período durante el cual los Estados participantes deben aportar su contribución debe definirse claramente.

(19)

Procede establecer un límite máximo para la contribución financiera de la Unión a PRIMA con cargo a Horizonte 2020. Dentro de ese límite, la contribución financiera de la Unión debe igualar la contribución de los Estados participantes a PRIMA, a fin de conseguir un importante efecto multiplicador y garantizar una mayor integración de los programas de los Estados participantes. Debe ser posible utilizar una parte limitada de la contribución financiera de la Unión para cubrir los costes administrativos de PRIMA-IS. Es preciso garantizar una administración eficiente de PRIMA y reducir al mínimo los costes administrativos.

(20)

Con el fin de evitar que se prolongue el período de funcionamiento de PRIMA, conviene fijar un plazo para el inicio de las últimas actividades que reciban financiación, incluidas las últimas convocatorias.

(21)

Las actividades de PRIMA deben estar en consonancia con los objetivos y las prioridades de investigación e innovación de Horizonte 2020 y con los principios y condiciones generales establecidos en el artículo 26 del Reglamento (UE) n.o 1291/2013. PRIMA debe tener en cuenta las definiciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos relativas al nivel de madurez de la tecnología en la clasificación de la investigación tecnológica, el desarrollo de productos y las actividades de demostración.

(22)

PRIMA debe apoyar todo tipo de actividades de investigación e innovación, en particular los proyectos de investigación, desarrollo e innovación, los demostradores e instalaciones piloto innovadores, la creación de capacidades, la formación, las actividades de sensibilización y difusión y la movilidad de los investigadores, abordando una amplia gama de niveles de madurez de la tecnología y garantizando un equilibrio adecuado entre los proyectos de mayor y menor envergadura.

(23)

Con objeto de lograr una mayor repercusión, debe buscarse la coherencia entre PRIMA y otros proyectos de investigación e innovación realizados en el marco de Horizonte 2020, como la Comunidad de Conocimiento e Innovación sobre «Alimentación» (Food KIC) del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, u otros instrumentos de la Unión, como el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, y deben evitarse posibles solapamientos.

(24)

La labor de PRIMA debe realizarse mediante planes de trabajo anuales que establezcan las actividades que se acometerán en un año determinado. PRIMA-IS debe realizar un seguimiento constante de los resultados de las convocatorias y de las acciones que financia, y examinar en qué medida se han abordado adecuadamente los temas científicos, los efectos previstos y el exceso de propuestas, es decir, las propuestas por encima del umbral que no pudieron recibir financiación. En casos justificados, PRIMA-IS debe adoptar medidas correctoras mediante la modificación del plan de trabajo anual o incluyéndolas en los siguientes planes de trabajo anuales.

(25)

Con el fin de alcanzar los objetivos de PRIMA, PRIMA-IS debe prestar apoyo financiero, principalmente en forma de subvenciones, a los participantes en las acciones que financie. Debe seleccionar dichas acciones a través de convocatorias abiertas y competitivas, bajo su responsabilidad.

(26)

Deben detectarse y eliminarse los obstáculos que impidan la participación de recién llegados en las actividades de PRIMA.

(27)

Con el fin de alcanzar los objetivos de PRIMA, y de conformidad con las normas y principios aplicables, como el principio de excelencia científica, PRIMA-IS debe tener por objeto facilitar, a través del plan de trabajo anual, una parte adecuada de su financiación, de aproximadamente el 25 % de la contribución financiera de la Unión, lo que reflejará el compromiso de los países socios mediterráneos con PRIMA, a entidades jurídicas establecidas en terceros países determinados, considerados como Estados participantes.

(28)

Las convocatorias gestionadas por PRIMA-IS deben publicarse también en el portal único para participantes, así como a través de otros medios electrónicos de difusión de Horizonte 2020 gestionados por la Comisión.

(29)

PRIMA-IS debe hacer pública la información sobre la ejecución de las acciones financiadas.

(30)

La contribución financiera de la Unión debe gestionarse de conformidad con el principio de buena gestión financiera y con las normas sobre gestión indirecta establecidas en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) y en el Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión (7).

(31)

Con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión, la Comisión debe tener derecho a suprimir, reducir o suspender la contribución financiera de la Unión si PRIMA se desarrolla de forma inadecuada, parcial o tardía, o si los Estados participantes no contribuyen, o contribuyen de forma parcial o tardía, a la financiación de PRIMA.

(32)

En consonancia con el objetivo global de Horizonte 2020 de conseguir una mayor simplificación, deben evitarse conjuntos de normas que sean diferentes de los de Horizonte 2020. Por lo tanto, la participación en acciones indirectas financiadas por PRIMA-IS está sujeta al Reglamento (UE) n.o 1290/2013. No obstante, debido a los objetivos específicos y a las necesidades operativas concretas de PRIMA, es preciso prever un número limitado de excepciones con arreglo al artículo 1, apartado 3, de dicho Reglamento.

(33)

Con el fin de tener en cuenta las características específicas del ámbito geográfico de PRIMA, son necesarias excepciones a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1, letra b), y en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1290/2013, para adaptar las condiciones mínimas de participación en acciones indirectas. En particular, para adaptarse a las características específicas de PRIMA, el número mínimo de participantes ha de ser de tres entidades jurídicas, como excepción a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1290/2013, establecidas en tres Estados participantes distintos, de modo que se fomente una cooperación euromediterránea equilibrada. Además, es necesaria una excepción a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1290/2013 para garantizar que las condiciones mínimas de participación en las acciones indirectas no sean discriminatorias para las entidades establecidas en terceros países que sean Estados participantes.

(34)

Son necesarias excepciones a lo dispuesto en el artículo 10, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n.o 1290/2013 para garantizar que, como norma general, solo puedan optar a financiación las entidades jurídicas establecidas en un Estado participante o creadas en virtud del Derecho de la Unión, o las organizaciones internacionales de interés europeo. No obstante, PRIMA-IS debe poder financiar a beneficiarios establecidos en un país que no sea un Estado participante, siempre y cuando considere que dicha participación es esencial o cuando la financiación esté prevista en un acuerdo internacional. PRIMA-IS debe supervisar la participación de dichas entidades.

(35)

A efectos de simplificación, las cargas administrativas deben ser estrictamente proporcionales a los efectos previsibles para todas las partes. Deben evitarse las dobles auditorías y la documentación o presentación de informes que supongan cargas desproporcionadas. Al efectuar las auditorías, se deben tener en cuenta de forma adecuada las características específicas de los programas nacionales.

(36)

Las auditorías de los perceptores de fondos de la Unión previstas de acuerdo con la presente Decisión deben conllevar una reducción de la carga administrativa, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 1291/2013.

(37)

Los intereses financieros de la Unión deben protegerse mediante medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, en particular mediante la prevención, la detección y la investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, mediante sanciones administrativas de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012.

(38)

La Comisión, teniendo en cuenta los puntos de vista de los Estados participantes y las opiniones expresadas por un gran número de interesados, debe llevar a cabo una evaluación intermedia en la que se evalúe de manera especial la calidad y eficacia de PRIMA y el progreso hacia los objetivos establecidos, así como una evaluación final, y debe elaborar informes sobre dichas evaluaciones.

(39)

A petición de la Comisión, PRIMA-IS y los Estados participantes deben presentar toda la información que la Comisión necesite para elaborar los informes sobre la evaluación de PRIMA y, al hacerlo, debe fomentarse el uso de un formato armonizado.

(40)

El objetivo de la presente Decisión es reforzar la integración y adaptación de los sistemas y actividades de investigación e innovación en los países mediterráneos en los ámbitos de los sistemas agroalimentarios, para hacerlos sostenibles, y del suministro y la gestión integrados del agua. La magnitud de las actividades de investigación e innovación necesarias para hacer frente a los retos a que se enfrenta la región mediterránea es enorme, debido al carácter sistémico de los problemas más graves. El ámbito de aplicación de la investigación y la innovación es complejo, multidisciplinar y requiere un enfoque multilateral y transfronterizo. Un enfoque colaborativo con una amplia serie de Estados participantes puede ayudar a aumentar la magnitud y el ámbito de aplicación necesarios, mediante la puesta en común de los recursos económicos e intelectuales necesarios. Dado que el objetivo de la presente Decisión no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, integrando los esfuerzos nacionales en un planteamiento coherente de la Unión, estableciendo una colaboración entre programas nacionales compartimentados de investigación e innovación, ayudando a diseñar estrategias comunes de investigación y financiación transfronterizas y alcanzando la masa crítica necesaria de agentes e inversiones, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(41)

Por consiguiente, la Unión debe participar en PRIMA.

a)

cumpla la condición establecida en el artículo 4, apartado 1, letra c), y cumpla, en particular, el artículo 11, apartado 5;

b)

la estructura ejecutiva de PRIMA («PRIMA-IS») apruebe su participación en PRIMA, tras examinar la importancia de su participación para la consecución de los objetivos de PRIMA, y

c)

celebre un acuerdo internacional de cooperación científica y tecnológica con la Unión, en el que se establezcan las condiciones de su participación en PRIMA.

a)

formulación de una agenda estratégica, común y a largo plazo en el ámbito de los sistemas agroalimentarios, con objeto de que sean sostenibles, y en el del suministro y la gestión integrados del agua;

b)

orientación de los programas nacionales de investigación e innovación pertinentes hacia la aplicación de la agenda estratégica;

c)

participación de todos los actores relevantes de los sectores público y privado en la aplicación de la agenda estratégica, mediante la puesta en común de conocimientos y recursos financieros para alcanzar la masa crítica necesaria;

d)

refuerzo de las capacidades de financiación de la investigación e innovación, y de las capacidades de ejecución de todos los actores implicados, incluidos las pymes, el ámbito académico, las organizaciones no gubernamentales y los centros de investigación locales.

a)

financiar las actividades mencionadas en el artículo 6, apartado 1, letra a);

b)

sufragar los costes administrativos de PRIMA-IS, hasta un máximo del 6 % de la contribución financiera de la Unión a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

a)

la prueba aportada por los Estados participantes de que PRIMA se ha creado de conformidad con la presente Decisión;

b)

la designación por los Estados participantes, o por las organizaciones designadas por los Estados participantes, de una entidad con personalidad jurídica, tal como se establece en el artículo 58, apartado 1, letra c), inciso vi), del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012, como PRIMA-IS, que será responsable de realizar PRIMA de modo eficiente, de recibir, asignar y supervisar la contribución financiera de la Unión a que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la presente Decisión, así como la contribución de los Estados participantes, cuando proceda, y de garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de PRIMA;

c)

el compromiso de cada Estado participante de contribuir a la financiación de PRIMA con un importe adecuado procedente de los recursos nacionales pertinentes para los objetivos de PRIMA;

d)

la prueba aportada por PRIMA-IS de su capacidad de desarrollar PRIMA, en particular mediante la recepción, asignación y supervisión de la contribución financiera de la Unión a que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la presente Decisión en el marco de la gestión indirecta del presupuesto de la Unión de conformidad con los artículos 58, 60 y 61 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012;

e)

el establecimiento de un modelo eficiente de gobierno para PRIMA de conformidad con el artículo 12;

f)

la adopción por PRIMA-IS, previa aprobación de la Comisión, de los principios comunes a que se refiere el artículo 6, apartado 9.

a)

la consecución por PRIMA-IS de los objetivos establecidos en el artículo 2 y de las actividades a que se refiere el artículo 6;

b)

el mantenimiento de un modelo adecuado y eficiente de gobierno de conformidad con el artículo 12;

c)

el cumplimiento por PRIMA-IS de las obligaciones de información establecidas en el artículo 60, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012;

d)

el cumplimiento por parte de los Estados participantes de los compromisos a que se refiere el apartado 1, letra c), del presente artículo.

a)

contribuciones financieras, en su caso, a PRIMA-IS con objeto de financiar las acciones indirectas a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra a);

b)

contribuciones financieras o en especie destinadas a realizar las actividades a las que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra b), y

c)

contribuciones financieras o en especie al presupuesto administrativo de PRIMA-IS no cubiertas por la contribución financiera de la Unión según lo establecido en el artículo 3, apartado 3, letra b).

a)

acciones indirectas en el sentido de los Reglamentos (UE) n.o 1290/2013 y (UE) n.o 1291/2013, que PRIMA-IS organizará y financiará conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la presente Decisión, principalmente mediante subvenciones, con arreglo a los resultados de las convocatorias transnacionales, abiertas y competitivas, incluidas:

b)

actividades financiadas por los Estados participantes sin la contribución financiera de la Unión a que se refiere el artículo 3, apartado 1, que consistan en:

a)

las propuestas deberán ser proyectos transnacionales que cuenten, como mínimo, con la participación de tres entidades jurídicas independientes establecidas en tres países distintos considerados Estados participantes de conformidad con la presente Decisión, como máximo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de propuestas de la convocatoria correspondiente, de las cuales:

b)

las propuestas se seleccionarán mediante convocatorias transnacionales y serán evaluadas con ayuda de al menos tres expertos independientes, basándose en los siguientes criterios de adjudicación: excelencia, impacto, y calidad y eficiencia de la realización;

c)

las propuestas se clasificarán en función de los resultados de la evaluación. La selección será efectuada por PRIMA y seguirá preferiblemente esa clasificación. Los Estados participantes acordarán un modo de financiación adecuado que permita maximizar el número de propuestas por encima del umbral que deban financiarse a partir de esa clasificación, en particular facilitando importes de reserva a las contribuciones nacionales para las convocatorias. En caso de que uno o más proyectos no pudieran financiarse, se podrán seleccionar los proyectos inmediatamente posteriores en la clasificación.

a)

al menos una establecida en un Estado miembro o en un tercer país asociado a Horizonte 2020 y no comprendida en la letra b), y

b)

al menos una establecida en un tercer país mencionado en el artículo 1, apartado 2, o en un tercer país ribereño del mar Mediterráneo.

a)

cualquier entidad jurídica establecida en un Estado participante o creada en virtud del Derecho de la Unión;

b)

cualquier organización internacional de interés europeo, según se define en el artículo 2, apartado 1, punto 12, del Reglamento (UE) n.o 1290/2013.

a)

que PRIMA-IS considere que su participación es esencial para llevar a cabo la acción;

b)

que la financiación esté estipulada en un acuerdo científico y tecnológico bilateral o en cualquier otro acuerdo entre la Unión y la organización internacional o, en el caso de las entidades establecidas en un país que no sea Estado participante, el país en el que esté establecida la entidad jurídica.

a)

los requisitos aplicables a la contribución de PRIMA-IS en relación con los indicadores de rendimiento que figuran en el anexo II de la Decisión 2013/743/UE;

b)

los requisitos aplicables a la contribución de PRIMA-IS al seguimiento al que hace referencia el anexo III de la Decisión 2013/743/UE;

c)

los indicadores de rendimiento específicos relacionados con el funcionamiento de PRIMA-IS;

d)

los requisitos aplicables a PRIMA-IS relativos a la presentación de información sobre costes administrativos y cifras concretas relativas al funcionamiento de PRIMA;

e)

las modalidades de presentación de los datos necesarios para garantizar que la Comisión pueda satisfacer sus obligaciones de difusión y notificación;

f)

las modalidades de aprobación o rechazo por la Comisión del proyecto de plan de trabajo anual, los principios comunes a que se refiere el artículo 6, apartado 9, y los requisitos de información de los Estados participantes, antes de su adopción por PRIMA-IS, y

g)

las disposiciones para la publicación de convocatorias por parte de PRIMA-IS, en particular en el portal único para participantes, así como a través de otros medios electrónicos de difusión de Horizonte 2020 gestionados por la Comisión.

a)

el Patronato, que tendrá un presidente y un copresidente;

b)

el Comité Director;

c)

la Secretaría, dirigida por el director;

d)

el Comité Consultivo Científico.

a)

el plan de trabajo anual;

b)

los principios comunes a los que se refiere el artículo 6, apartado 9, y

c)

los requisitos de información de los Estados participantes a PRIMA-IS.

a)

pondrá en práctica el plan de trabajo anual;

b)

asistirá a los demás órganos de PRIMA-IS;

c)

supervisará el funcionamiento de PRIMA y elaborará informes al respecto;

d)

gestionará la contribución financiera de la Unión a que se refiere el artículo 3, apartado 1, y las contribuciones financieras de los Estados participantes e informará sobre su uso;

e)

aumentará la proyección pública de PRIMA mediante actividades de apoyo y comunicación;

f)

será el punto de enlace de la Comisión, de conformidad con el convenio de delegación a que se refiere el artículo 8;

g)

garantizará la transparencia de las actividades de PRIMA.

a)

asesorará al Patronato sobre las prioridades y necesidades estratégicas;

b)

asesorará al Patronato sobre el contenido y el alcance del proyecto de plan de trabajo anual desde un punto de vista científico y técnico;

c)

examinará los aspectos científicos y técnicos del funcionamiento de PRIMA y emitirá un dictamen al respecto en su informe anual.

18.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 185/16

(1)

El 6 de febrero de 2017, el Consejo constató que el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos contribuye a desestabilizar la situación política y de seguridad en Libia.

(2)

El 17 de julio de 2017, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2017/1338 (3), por la que se aplican restricciones a la exportación de determinadas mercancías a Libia que podrían ser utilizadas para el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos.

(3)

Resulta necesario un acto reglamentario de la Unión a fin de aplicar las medidas, en particular con el fin de garantizar su aplicación uniforme por parte de los agentes económicos en todos los Estados miembros.

(4)

Por consiguiente, procede modificar el Reglamento (UE) 2016/44 en consecuencia.

1)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 2 bis

1.   Se requerirá autorización previa para:

2.   El anexo VII incluirá los bienes que podrían ser utilizados para el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos.

3.   El apartado 1 no se aplicará a la venta, el suministro, la transferencia o la exportación, directa o indirectamente, de los bienes establecidos en el anexo VII, así como a la prestación de asistencia técnica o servicios de intermediación, financiación o asistencia financiera relacionados con dichos bienes por las autoridades de los Estados miembros al Gobierno de Libia o a sus organismos.

4.   La autoridad competente de que se trate no concederá la autorización a que se refiere el apartado 1 cuando existan motivos razonables para creer que tales bienes puedan utilizarse a efectos de tráfico de migrantes y la trata de seres humanos.

5.   Cuando una de las autoridades competentes contempladas en el anexo IV deniegue, anule, suspenda, modifique sustancialmente o revoque una autorización con arreglo al presente artículo, el Estado miembro de que se trate lo notificará a los demás Estados miembros y a la Comisión, y compartirá con ellos la información pertinente.».

2)

En el artículo 20, se inserta la letra siguiente:

18.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 185/19

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1183/2005 del Consejo (2) da efecto a la Decisión 2010/788/PESC del Consejo (3) y establece determinadas medidas dirigidas contra personas que incurran en violación del embargo de armas en relación con la República Democrática del Congo, incluida la inmovilización de sus activos.

(2)

La Resolución 2360 (2017) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 21 de junio de 2017, modificó los criterios para la designación de las personas y entidades sujetas a las medidas restrictivas establecidas en los párrafos 9 y 11 de la Resolución 1807 (2008) de dicho Consejo de Seguridad. La Decisión (UE) 2017/1340 da efecto a la Resolución 2360 (2017).

(3)

La Decisión (UE) 2017/1340 entra dentro del ámbito de aplicación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, por lo tanto, resulta necesario un acto reglamentario de la Unión para darle efecto, en particular con el fin de garantizar su aplicación uniforme por parte de los agentes económicos de todos los Estados miembros.

(4)

El Reglamento (CE) n.o 1183/2005 debe ser modificado en consecuencia.

18.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 185/20

(1)

El 18 de enero de 2012, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 36/2012.

(2)

Habida cuenta de la gravedad de la situación en Siria, en particular, del uso por parte del régimen sirio de armas químicas y de su participación en la proliferación de armas químicas, procede añadir a dieciséis personas a la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012.

(3)

Por lo tanto, procede modificar el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012 en consecuencia.

18.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 185/24

(1)

El Reglamento (UE) n.o 642/2010 de la Comisión (2) establece las normas de cálculo y fijación de los derechos de importación de ciertos productos. En lo que se refiere al trigo blando, el trigo duro y el maíz, el derecho de importación puede depender de la diferencia entre la calidad real del producto importado y la calidad del producto consignada en el certificado de importación. Con este fin, la aduana efectúa análisis cualitativos basados en muestras representativas y hay previstas garantías adicionales.

(2)

El Reglamento Delegado (UE) 2016/1237 de la Comisión (3) establece los casos en que es necesario un certificado de importación. Ya no se exige el certificado de importación para los productos del sector de los cereales declarados para despacho a libre práctica en condiciones distintas de las de los contingentes arancelarios. Por consiguiente, se ha eliminado la obligación de depositar una garantía para el certificado de importación en relación con los productos a que se refiere el artículo 12, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1342/2003 de la Comisión (4).

(3)

En el artículo 2, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 642/2010 se prevé una reducción del derecho de importación para algunos puertos de descarga, para los que las autoridades aduaneras expedirán un certificado siguiendo el modelo que figura en el anexo I de dicho Reglamento. Ese modelo todavía incluye una referencia al número del certificado de importación como información adicional sobre el propio certificado de importación. Además, a fin de evitar cualquier confusión, procede sustituir el término «certificado» por «documento».

(4)

El artículo 3, apartado 4, y el artículo 6, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n.o 642/2010 prevén una garantía adicional, excepto en caso de que los certificados de importación vayan acompañados de determinados certificados de conformidad. En esos artículos y en el artículo 7, apartado 4, deben suprimirse las referencias al «certificado de importación» o a la garantía correspondiente, o bien sustituirse por referencias a la declaración de despacho a libre práctica. Al mismo tiempo, el término «garantía adicional» debe sustituirse por un término más apropiado.

(5)

En aras de la claridad y la seguridad jurídicas, resulta apropiado sustituir las referencias al Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo (5), al Reglamento (CE) n.o 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) y al Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión (7) por referencias al Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) y al Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión (9).

(6)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 642/2010 en consecuencia.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios.

1)

En el artículo 1, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   Los tipos de los derechos del arancel aduanero común contemplados en el apartado 1 serán los vigentes en el momento al que se refiere el artículo 172, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (*1).

(*1)  Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).»."

2)

En el artículo 2, apartado 4, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«La autoridad aduanera del puerto de descarga expedirá, siguiendo el modelo que figura en el anexo I, un documento que atestigüe la cantidad que se descargue de cada producto. La disminución del derecho previsto en el párrafo primero solo se concederá cuando ese documento acompañe a la mercancía hasta el momento del cumplimiento de los trámites aduaneros de importación.».

3)

En el artículo 3, los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:

«3.   Serán aplicables las disposiciones relativas a la utilización para fines específicos del artículo 254, apartados 1, 4 y 5, del Reglamento (UE) n.o 952/2013.

4.   No obstante lo dispuesto en el artículo 211, apartado 3, letra c), del Reglamento (UE) n.o 952/2013, el importador deberá constituir ante el organismo competente una garantía específica de 24 EUR por tonelada en el caso del maíz vítreo, excepto cuando la declaración de despacho a libre práctica vaya acompañada de un certificado de conformidad expedido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) argentino mencionado en el artículo 7, apartado 2, párrafo primero, letra a), del presente Reglamento.

No obstante, en caso de que el derecho aplicable el día de la aceptación del despacho a libre práctica sea inferior a 24 EUR por tonelada de maíz, la garantía específica será igual al importe del derecho.».

4)

El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 6

1.   En el caso del trigo blando de calidad alta, el importador deberá constituir ante el organismo competente una garantía de 95 EUR por tonelada en la fecha de aceptación de la declaración de despacho a libre práctica, salvo que la declaración vaya acompañada de un certificado de conformidad expedido por el “Federal Grain Inspection Service” (FGIS) o por la “Canadian Grain Commission” (CGC) de conformidad con el artículo 7, apartado 2, párrafo primero, letras b) o c).

No obstante, si los derechos de aduana para todas las categorías cualitativas de trigo blando hubiesen sido suspendidos en virtud del artículo 219 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (*2), la garantía específica no será necesaria durante todo el período en que se aplique la suspensión de los derechos de aduana.

2.   En el caso del trigo duro, el importador deberá constituir ante el organismo competente una garantía específica en la fecha de aceptación de la declaración de despacho a libre práctica, salvo que la declaración vaya acompañada de un certificado de conformidad expedido por el “Federal Grain Inspection Service” (FGIS) o por la “Canadian Grain Commission” (CGC) de conformidad con el artículo 7, apartado 2, párrafo primero, letras b) o c).

El importe de esa garantía específica será igual a la diferencia, el día de aceptación de la declaración de despacho a libre práctica, entre el derecho de importación más elevado y el derecho aplicable a la cantidad indicada, incrementada en 5 EUR por tonelada. No obstante, en caso de que el derecho de importación aplicable a las distintas calidades de trigo duro sea igual a cero, no se exigirá la garantía específica.

(*2)  Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n .o 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 671).»."

5)

En el artículo 7, apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«2.   Los siguientes certificados de conformidad serán oficialmente reconocidos por la Comisión de acuerdo con los principios establecidos en los artículos 58 y 59 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión (*3):

(*3)  Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558).»."

6)

En el artículo 7, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.   Cuando, como consecuencia del resultado de los análisis, el trigo blando de calidad alta, el trigo duro y el maíz vítreo importados se clasifiquen en una categoría de calidad estándar inferior a la que figure en la declaración de despacho a libre práctica, el importador deberá abonar la diferencia entre el derecho de importación aplicable al producto que figure en la declaración y el aplicable al producto realmente importado. En este caso, se liberará la garantía específica prevista en el artículo 3, apartado 4, y en el artículo 6, apartados 1 y 2, excepto el suplemento de 5 EUR a que se refiere el artículo 6, apartado 2, párrafo segundo.

En caso de que la diferencia a que se refiere el párrafo primero no se abone en el plazo de un mes, se ejecutará la garantía específica mencionada en el artículo 3, apartado 4, y en el artículo 6, apartados 1 y 2.».

7)

El anexo I se sustituye por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.

18.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 185/29

(1)

Como resultado de un acuerdo entre la Unión y los Estados Unidos de América celebrado en virtud de la Decisión 2013/125/UE del Consejo (2), el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 624/2013 de la Comisión (3) modificó el anexo I del Reglamento (CE) n.o 32/2000, con efectos a partir del 1 de julio de 2013, para abrir un nuevo contingente arancelario de 1 550 toneladas consolidado en el GATT para las importaciones en la Unión de preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en el código NC 2106 90 98, originarias de los Estados Unidos de América.

(2)

Dado que los contingentes arancelarios específicos para cada país se asignan en función del origen de las mercancías, se consideró oportuno introducir en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 32/2000 la obligación de presentar un certificado de origen, con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicable de la Unión sobre el origen no preferencial, siempre que se haga una declaración de despacho a libre práctica por lo que se refiere a las preparaciones alimenticias destinadas a beneficiarse del nuevo contingente arancelario.

(3)

No obstante, por carta de 26 de abril de 2016, los Estados Unidos de América solicitaron que se suprimiera esta obligación. En su carta explican que los productos que se benefician del contingente arancelario se exportan desde cualquier lugar de los Estados Unidos y, aunque la tarea de expedir certificados de origen está descentralizada, los recursos necesarios para cumplir con un sistema de certificación en papel hacen esta tarea excesivamente engorrosa.

(4)

Por lo que respecta al riesgo de que puedan ser importados en virtud del contingente arancelario productos no originarios de los Estados Unidos si se elimina la obligación, el artículo 61 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) ya permite a las autoridades aduaneras exigir que el declarante acredite el origen de las mercancías mediante otras pruebas que la presentación de un certificado de origen con arreglo a lo dispuesto en los artículos 57, 58 y 59 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión (5). La correcta aplicación de las normas puede así garantizarse, aunque se suprima la obligación de presentar un certificado de origen para reducir la carga administrativa a los exportadores.

(5)

En consecuencia, habida cuenta de estas circunstancias excepcionales, procede conceder a los importadores de estos productos el beneficio del contingente arancelario sin tener que presentar un certificado de origen.

(6)

Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 32/2000 en consecuencia.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Código Aduanero.

18.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 185/31

(1)

En el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 329/2007 se enumeran las personas, entidades y organismos designados por el Comité de Sanciones o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) a los que se aplica la inmovilización de capitales y recursos económicos contemplada en dicho Reglamento.

(2)

En el anexo V del Reglamento (CE) n.o 329/2007 se enumera la lista de personas, entidades y organismos no contenidos en el anexo IV pero que han sido enumerados por el Consejo y a los que se aplica la inmovilización de capitales y recursos económicos contemplada en dicho Reglamento.

(3)

El 5 de junio de 2017, el Comité de Sanciones modificó las entradas correspondientes a dos entidades sujetas a medidas restrictivas.

(4)

El 2 de junio de 2017, el CSNU adoptó la Resolución 2356 (2017) por la que se añaden catorce personas físicas y cuatro entidades a la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas. Dichas personas y entidades han sido añadidas al anexo IV del Reglamento (CE) n.o 329/2007 mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/970 (2). Por consiguiente, procede suprimir a algunas de estas personas y entidades del anexo V del Reglamento (CE) n.o 329/2007, puesto que ahora figuran en el anexo IV.

(5)

Los anexos IV y V deben modificarse en consecuencia.

18.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 185/35

(1)

El artículo 13 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo (2) prevé un Margen para Imprevistos de hasta el 0,03 % de la renta nacional bruta de la Unión.

(2)

De conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013, la Comisión calculó el importe total del Margen para Imprevistos para 2014 (3).

(3)

Mediante la Decisión (UE) 2015/435 (4), el Parlamento Europeo y el Consejo movilizaron el Margen para Imprevistos para poner a disposición los créditos de pago adicionales en 2014, que se compensarían en 2018-2020.

(4)

Según la previsión de pagos intermedios presentada en el contexto de la revisión intermedia, cabe esperar que aumente la presión sobre los techos de pagos anuales en los años 2018-2020.

(5)

El proyecto de presupuesto para el año 2017 presenta un margen por debajo del techo de pagos de 9 600 millones EUR, lo que permite la compensación del importe total movilizado en 2014.

(6)

Procede, por tanto, modificar la Decisión (UE) 2015/435 en consecuencia.

1)

El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 1

En el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, el Margen para Imprevistos se movilizará para poner a disposición el importe de 2 818 233 715 EUR en créditos de pago por encima del techo de pagos del marco financiero plurianual.».

2)

El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 2

El importe de 2 818 233 715 EUR se compensará con el margen existente con respecto al techo de pagos para el año 2017.».

18.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 185/37

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1005/2008 (en lo sucesivo, «Reglamento INDNR») establece un sistema de la Unión para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (en lo sucesivo, «pesca INDNR»).

(2)

El capítulo VI del Reglamento INDNR regula el procedimiento que debe seguirse para la identificación de los terceros países no cooperantes, las gestiones que han de realizarse ante los países que se identifiquen como terceros países no cooperantes, el establecimiento de una lista de terceros países no cooperantes, la supresión de un tercer país no cooperante de dicha lista, la publicidad que se debe dar a esta y las eventuales medidas de urgencia.

(3)

El 24 de marzo de 2014, el Consejo adoptó la Decisión de Ejecución 2014/170/UE (2) por la que se establece una lista de terceros países no cooperantes en la lucha contra la pesca INDNR, de conformidad con el Reglamento INDNR.

(4)

De conformidad con el artículo 32 del Reglamento INDNR, mediante la Decisión de 1 de octubre de 2015 (en lo sucesivo, «Decisión de 1 de octubre de 2015») (3), la Comisión notificó a la Unión de las Comoras (en lo sucesivo, «Comoras») la posibilidad de identificar a dicho país como un tercer país no cooperante.

(5)

La Comisión incluyó en su Decisión de 1 de octubre de 2015 información sobre los hechos y las consideraciones más importantes que motivaban esa posible identificación.

(6)

La Decisión de 1 de octubre de 2015 fue notificada a las Comoras, junto con una carta de la misma fecha en la que se sugería que dicho país aplicase, en estrecha colaboración con la Comisión, un plan de acción destinado a corregir las deficiencias identificadas.

(7)

Concretamente, la Comisión invitó a las Comoras a: i) adoptar todas las medidas necesarias para llevar a cabo las actuaciones contempladas en el plan de acción propuesto por la Comisión; ii) evaluar la aplicación de dichas acciones; y iii) enviar cada seis meses un informe detallado a la Comisión que evaluara la aplicación de cada una de esas acciones, en lo que respecta, particularmente, a su efectividad individual o global a la hora de garantizar un sistema de control pesquero plenamente conforme.

(8)

Se brindó a las Comoras la posibilidad de remitir una respuesta escrita y oral a la Decisión de 1 de octubre de 2015, así como a otra información pertinente comunicada por la Comisión, y se les permitió presentar pruebas con vistas a refutar o completar los hechos referidos en la mencionada Decisión. Se aseguró a las Comoras el derecho a solicitar información adicional o a suministrarla.

(9)

Mediante su Decisión de 1 de octubre de 2015 y su carta, la Comisión abrió un proceso de diálogo con las Comoras y señaló que estimaba que un período de seis meses era, en principio, suficiente para alcanzar un acuerdo.

(10)

La Comisión continuó recabando y verificando toda la información que estimó necesaria. Se examinaron y tuvieron en cuenta todas las observaciones orales y escritas presentadas por las Comoras a raíz de la Decisión de 1 de octubre de 2015. Se mantuvo informadas a las Comoras, bien de forma oral o por escrito, acerca de las deliberaciones de la Comisión.

(11)

Sin embargo, la Comisión consideró que las Comoras no habían abordado en suficiente medida las cuestiones motivo de preocupación ni las deficiencias señaladas en la Decisión de 1 de octubre de 2015. Además, la Comisión estimó que las medidas sugeridas en el plan de acción tampoco habían sido aplicadas íntegramente. En consecuencia, la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución (UE) 2017/889 (4) en que identificó a las Comoras como tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR.

(12)

Sobre la base de la investigación y diálogo llevados a cabo por la Comisión, incluidos el intercambio de correspondencia y las reuniones celebradas, así como los motivos que subyacen a la Decisión de 1 de octubre de 2015 y a la Decisión de Ejecución (UE) 2017/889, procede incluir a las Comoras en la lista de terceros países no cooperantes en la lucha contra la pesca INDNR.

(13)

En virtud del artículo 34, apartado 1, del Reglamento INDNR, el Consejo, a propuesta de la Comisión y por mayoría cualificada, suprimirá de la lista de terceros países no cooperantes al tercer país que demuestre que la situación por la que fue incluido en la lista ha sido rectificada. También se tendrá en cuenta para decidir la supresión de un tercer país de la lista si el tercer país de que se trate incluido en ella ha adoptado medidas concretas para lograr una mejora duradera de la situación.

(14)

En su Decisión de 1 de octubre de 2015, la Comisión analizó las obligaciones de las Comoras y evaluó si cumplían sus obligaciones internacionales en su calidad de Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto, Estado ribereño o Estado de comercialización. A efectos de ese examen, la Comisión tuvo en cuenta los parámetros enumerados en el artículo 31, apartados 4 a 7, del Reglamento INDNR.

(15)

La Comisión examinó el cumplimiento por parte de las Comoras de sus obligaciones en consonancia con las constataciones recogidas en la Decisión de 1 de octubre de 2015, y, a tenor de la información pertinente facilitada al respecto por las Comoras, del plan de acción propuesto, así como de las medidas adoptadas para corregir la situación.

(16)

Las principales deficiencias constatadas por la Comisión tienen que ver con varios tipos de incumplimiento de obligaciones contempladas en el Derecho internacional, en particular, conectadas con la ausencia de adopción de un marco jurídico apropiado y de procedimientos de matriculación y de concesión de licencias, la falta de cooperación y de intercambio de información con la administración comorense y con terceros países en los que operan buques comorenses, así como la ausencia de un sistema de seguimiento, control y vigilancia apropiado y eficaz, y la inexistencia de un régimen sancionador disuasorio. Otras deficiencias detectadas están relacionadas en general con el cumplimiento de obligaciones internacionales, entre las que cabe citar las recomendaciones y resoluciones de las organizaciones regionales de ordenación pesquera. También se ha observado el incumplimiento de recomendaciones y resoluciones que emanan de organismos relevantes, tal como el Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, de las Naciones Unidas, y las Directrices voluntarias para la actuación del Estado de abanderamiento, ambos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. No obstante, el incumplimiento de recomendaciones y resoluciones no vinculantes se ha considerado solamente una prueba suplementaria, y no el fundamento de la identificación.

(17)

En la Decisión de Ejecución (UE) 2017/889 la Comisión identificó a las Comoras como un tercer país no cooperante conforme al Reglamento INDNR.

(18)

En lo que concierne a las posibles limitaciones de las Comoras por su condición de país en desarrollo, cabe señalar que el estado de desarrollo en materia de pesca y el comportamiento general de las Comoras en relación con la gestión de ese sector pueden encontrarse menoscabados por el nivel de desarrollo del país. No obstante, atendiendo a la naturaleza de las deficiencias observadas en las Comoras, el nivel de desarrollo de ese país no puede excusar plenamente ni justificar de ninguna otra manera el comportamiento general de las Comoras como Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto, Estado ribereño o Estado de comercialización en relación con la pesca y la insuficiencia de sus actuaciones para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR.

(19)

Teniendo en cuenta la Decisión de 1 de octubre de 2015 y la Decisión de Ejecución (UE) 2017/889, así como el proceso de diálogo mantenido con las Comoras por la Comisión y sus resultados, cabe concluir que las actuaciones emprendidas por las Comoras a la luz de sus obligaciones como Estado de abanderamiento son insuficientes para cumplir los artículos 63, 64, 91, 94, 117 y 118 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

(20)

Por consiguiente, las Comoras han incumplido sus obligaciones con arreglo al Derecho internacional, en su calidad de Estado de abanderamiento, de adoptar medidas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR.

(21)

A tenor de las conclusiones anteriormente expuestas con respecto a las Comoras, se debe incluir a este país, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento INDNR, en la lista de terceros países no cooperantes establecida por la Decisión de Ejecución 2014/170/UE. Por lo tanto, debe modificarse dicha Decisión en consecuencia.

(22)

La inclusión de las Comoras en la lista de terceros países no cooperantes en la lucha contra la pesca INDNR supone la aplicación de las medidas establecidas en el artículo 38 del Reglamento INDNR. El artículo 38, apartado 1, del Reglamento INDNR dispone la prohibición de la importación de productos de la pesca capturados por los buques que enarbolan el pabellón de terceros países no cooperantes. En el caso de las Comoras, dicha prohibición debe abarcar todas las cuotas y especies, es decir todos los productos de la pesca tal como se definen en el artículo 2, apartado 8, del Reglamento INDNR, dado que la identificación de las Comoras como tercer país no cooperante no se debe solamente al hecho de no haberse adoptado medidas adecuadas en relación con la pesca INDNR de una determinada población o especie.

(23)

La pesca INDNR, entre otros efectos, esquilma las poblaciones de peces, destruye los hábitats marinos, socava la conservación y la explotación sostenible de los recursos marinos, distorsiona la competencia, pone en peligro la seguridad alimentaria, supone una desventaja injusta para los pescadores legales y afecta negativamente a las comunidades costeras. Dada la magnitud de los problemas relacionados con la pesca INDNR, se considera necesario que la Unión aplique con la mayor rapidez las medidas relativas a las Comoras como tercer país no cooperante. Por consiguiente, la presente Decisión debe entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(24)

Si las Comoras demuestran que la situación por la que han sido incluidas en la lista ha sido rectificada, el Consejo, a propuesta de la Comisión y por mayoría cualificada, suprimirá a las Comoras de la lista de terceros países no cooperantes de conformidad con el artículo 34, apartado 1, del Reglamento INDNR. También debe tenerse en cuenta para decidir la supresión si las Comoras han adoptado medidas concretas para lograr una mejora duradera de la situación.

18.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 185/41

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1005/2008 (en lo sucesivo, «Reglamento INDNR») establece un sistema de la Unión para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (en lo sucesivo, «pesca INDNR»).

(2)

El capítulo VI del Reglamento INDNR regula el procedimiento que debe seguirse para la identificación de los terceros países no cooperantes, las gestiones que han de realizarse ante los países que se identifiquen como terceros países no cooperantes, el establecimiento de una lista de terceros países no cooperantes, la supresión de un tercer país no cooperante de dicha lista, la publicidad que se debe dar a esta y las eventuales medidas de urgencia.

(3)

El 24 de marzo de 2014, el Consejo adoptó la Decisión de Ejecución 2014/170/UE (2) que estableció una lista de terceros países no cooperantes en la lucha contra la pesca INDNR en virtud del Reglamento INDNR.

(4)

De conformidad con el artículo 32 del Reglamento INDNR, mediante la Decisión de 12 de diciembre de 2014 (en lo sucesivo, «Decisión de 12 de diciembre de 2014») (3), la Comisión notificó a San Vicente y las Granadinas la posibilidad de identificar a dicho país como un tercer país no cooperante.

(5)

La Comisión incluyó en su Decisión de 12 de diciembre de 2014 información sobre los hechos y las consideraciones más importantes que motivaban esa posible identificación.

(6)

La Decisión de 12 de diciembre de 2014 fue notificada a San Vicente y las Granadinas junto con una carta con la misma fecha en la que se sugería que dicho país aplicase, en estrecha colaboración con la Comisión, un plan de acción destinado a corregir las deficiencias identificadas.

(7)

Concretamente, la Comisión invitó a San Vicente y las Granadinas a: i) adoptar todas las medidas necesarias para llevar a cabo las actuaciones contempladas en el plan de acción propuesto por la Comisión, ii) evaluar la aplicación de dichas acciones, y iii) enviar cada seis meses un informe detallado a la Comisión que evaluara la aplicación de cada una de dichas acciones, en lo que respecta, particularmente, a su efectividad individual o global a la hora de garantizar un sistema de control pesquero plenamente conforme.

(8)

Se brindó a San Vicente y las Granadinas la posibilidad de responder por escrito u oralmente a la Decisión de 12 de diciembre de 2014, así como a otra información pertinente comunicada por la Comisión, y se le permitió presentar pruebas con vistas a refutar o completar los hechos referidos en la mencionada Decisión. Se aseguró a San Vicente y las Granadinas el derecho a solicitar información adicional o a suministrarla.

(9)

Mediante su Decisión de 12 de diciembre de 2014 y su carta, la Comisión abrió un proceso de diálogo con San Vicente y las Granadinas y señaló que estimaba que un período de seis meses era, en principio, suficiente para alcanzar un acuerdo.

(10)

La Comisión continuó recabando y verificando toda la información que estimó necesaria. Se examinaron y tuvieron en cuenta todas las observaciones orales y escritas presentadas por San Vicente y las Granadinas a raíz de la Decisión de 12 de diciembre de 2014. Se mantuvo informado a San Vicente y las Granadinas, bien de forma oral o por escrito, acerca de las deliberaciones de la Comisión.

(11)

Sin embargo, a juicio de la Comisión, San Vicente y las Granadinas no había abordado en suficiente medida las cuestiones motivo de preocupación ni las deficiencias señaladas en la Decisión de 12 de diciembre de 2014. Por otra parte, la Comisión concluyó que tampoco se habían aplicado íntegramente las medidas contempladas en el plan de acción. Por consiguiente, mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2017/918 (4), la Comisión identificó a San Vicente y las Granadinas como tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR.

(12)

Sobre la base de la investigación y diálogo llevados a cabo por la Comisión, incluidos el intercambio de correspondencia y las reuniones celebradas, así como los motivos que subyacen a la Decisión de 12 de diciembre de 2014 y a la Decisión de Ejecución (UE) 2017/918, procede incluir a San Vicente y las Granadinas en la lista de terceros países no cooperantes en la lucha contra la pesca INDNR.

(13)

En virtud del artículo 34, apartado 1, del Reglamento INDNR, el Consejo, a propuesta de la Comisión y por mayoría cualificada, suprimirá de la lista de terceros países no cooperantes al tercer país que demuestre que la situación por la que fue incluido en la lista ha sido rectificada. También se tendrá en cuenta para decidir la supresión de un tercer país de la lista si el tercer país de que se trate incluido en ella ha adoptado medidas concretas para lograr una mejora duradera de la situación.

(14)

En su Decisión de 12 de diciembre de 2014, la Comisión analizó las obligaciones de San Vicente y las Granadinas y evaluó si cumplía sus obligaciones internacionales en su calidad de Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto, Estado ribereño o Estado de comercialización. A efectos de ese examen, la Comisión tuvo en cuenta los parámetros enumerados en el artículo 31, apartados 4 a 7, del Reglamento INDNR.

(15)

La Comisión examinó el cumplimiento por parte de San Vicente y las Granadinas de sus obligaciones en consonancia con las constataciones recogidas en la Decisión de 12 de diciembre de 2014, y, a tenor de la información pertinente facilitada al respecto por San Vicente y las Granadinas, del plan de acción propuesto, así como de las medidas adoptadas para corregir la situación.

(16)

Las principales deficiencias constatadas por la Comisión en el plan de acción propuesto tienen que ver con el incumplimiento de obligaciones contempladas en el Derecho internacional, en particular, en lo tocante a la adopción de un marco jurídico apropiado, así como la ausencia de un sistema de seguimiento, control y vigilancia apropiado y eficaz, de un programa de observadores y de un régimen sancionador disuasorio. Otras deficiencias detectadas están relacionadas en general con el cumplimiento de obligaciones internacionales, entre las que cabe citar las recomendaciones y resoluciones de las organizaciones regionales de ordenación pesquera y los requisitos para la matriculación de buques con arreglo al Derecho internacional. También se ha observado el incumplimiento de recomendaciones y resoluciones que emanan de organismos relevantes, tales como el Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las Directrices para la actuación del Estado de abanderamiento, ambos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. No obstante, el incumplimiento de recomendaciones y resoluciones no vinculantes se ha considerado solamente una prueba suplementaria, y no el fundamento de la identificación.

(17)

En la Decisión de Ejecución (UE) 2017/918, la Comisión identificó a San Vicente y las Granadinas como un tercer país no cooperante conforme al Reglamento INDNR.

(18)

En lo que concierne a las posibles limitaciones de San Vicente y las Granadinas por su condición de país en desarrollo, cabe señalar que el estado de desarrollo y el comportamiento general de este país en relación con la pesca no se ven menoscabados por su nivel de desarrollo general.

(19)

Teniendo en cuenta la Decisión de 12 de diciembre de 2014 y la Decisión de Ejecución (UE) 2017/918, así como el proceso de diálogo mantenido con San Vicente y las Granadinas por la Comisión y los resultados de dicho proceso, cabe concluir que las actuaciones emprendidas por San Vicente y las Granadinas a la luz de sus obligaciones como Estado de abanderamiento son insuficientes para cumplir los artículos 63, 64, 91, 94 y 117 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los artículos 7, 18, 19, 20 y 23 del Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias, y el artículo III, apartado 8, del Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar de las Naciones Unidas.

(20)

Por consiguiente, San Vicente y las Granadinas ha incumplido sus obligaciones con arreglo al Derecho internacional, en su calidad de Estado de abanderamiento, de adoptar medidas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR.

(21)

A tenor de las conclusiones anteriormente expuestas con respecto a San Vicente y las Granadinas, se debe incluir a este país, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento INDNR, en la lista de terceros países no cooperantes establecida por la Decisión de Ejecución 2014/170/UE. Por lo tanto, debe modificarse dicha Decisión en consecuencia.

(22)

La inclusión de San Vicente y las Granadinas en la lista de terceros países no cooperantes en la lucha contra la pesca INDNR supone la aplicación de las medidas establecidas en el artículo 38 del Reglamento INDNR. El artículo 38, apartado 1, del Reglamento INDNR dispone la prohibición de la importación de productos de la pesca capturados por los buques que enarbolan el pabellón de terceros países no cooperantes. En el caso de San Vicente y las Granadinas, dicha prohibición debe abarcar todas las poblaciones y las especies, es decir, todos los productos de la pesca, tal como se definen en el artículo 2, apartado 8, del Reglamento INDNR, dado que la identificación de San Vicente y las Granadinas como tercer país no cooperante no se debe solamente al hecho de no haberse adoptado medidas adecuadas en relación con la pesca INDNR de una determinada población o especie.

(23)

La pesca INDNR, entre otros efectos, esquilma las poblaciones de peces, destruye los hábitats marinos, socava la conservación y la explotación sostenible de los recursos marinos, distorsiona la competencia, pone en peligro la seguridad alimentaria, supone una desventaja injusta para los pescadores legales y afecta negativamente a las comunidades costeras. Dada la magnitud de los problemas relacionados con la pesca INDNR, se considera necesario que la Unión aplique con la mayor rapidez las medidas relativas a San Vicente y las Granadinas como tercer país no cooperante. Por consiguiente, la presente Decisión debe entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(24)

Si San Vicente y las Granadinas demuestra que la situación por la que ha sido incluido en la lista ha sido rectificada, el Consejo, a propuesta de la Comisión y por mayoría cualificada, suprimirá a San Vicente y las Granadinas de la lista de terceros países no cooperantes de conformidad con el artículo 34, apartado 1, del Reglamento INDNR. También debe tenerse en cuenta para decidir la supresión si San Vicente y las Granadinas ha adoptado medidas concretas para lograr una mejora duradera de la situación.

18.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 185/45

(1)

El 26 de enero de 2015, el 5 de febrero de 2015 y el 23 de junio de 2015, el Consejo adoptó las Decisiones (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) y (UE) 2015/994 (3) por las que se nombra a los miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020.

(2)

Ha quedado vacante un puesto de miembro del Comité de las Regiones a raíz del término del mandato de D. Augusto ROLLANDIN.

—

D. Pierluigi MARQUIS, Consigliere e Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

18.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 185/46

(1)

El 26 de enero de 2015, el 5 de febrero de 2015 y el 23 de junio de 2015, el Consejo adoptó las Decisiones (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) y (UE) 2015/994 (3) por las que se nombra a los miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020.

(2)

Ha quedado vacante un puesto de suplente del Comité de las Regiones a raíz del término del mandato de D.a Ingrid VAN ENGELSHOVEN.

—

D.a S. (Saskia) BRUINES, wethouder van de gemeente 's-Gravenhage.

18.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 185/47

(1)

El 26 de enero de 2015, el 5 de febrero de 2015 y el 23 de junio de 2015, el Consejo adoptó las Decisiones (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) y (UE) 2015/994 (3) por las que se nombra a los miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020.

(2)

Han quedado vacantes dos puestos de miembros del Comité de las Regiones a raíz del término de los mandatos de D.a Uta-Maria KUDER y D. Detlef MÜLLER.

(3)

Ha quedado vacante un puesto de suplente del Comité de las Regiones a raíz del término del mandato de D. Andreas TEXTER.

a)

como miembros a:

y

b)

como suplente a:

18.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 185/48

(1)

El 26 de enero de 2015, el 5 de febrero de 2015 y el 23 de junio de 2015, el Consejo adoptó las Decisiones (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) y (UE) 2015/994 (3) por las que se nombra a los miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el periodo comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020.

(2)

Ha quedado vacante un puesto de miembro del Comité de las Regiones a raíz del término del mandato de D. Marc SANT.

(3)

Ha quedado vacante un puesto de suplente a raíz del nombramiento de D. Mario FAVA como miembro del Comité de las Regiones,

a)

como miembro a:

y

b)

como suplente a:

18.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 185/49

(1)

El 31 de julio de 2015, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2015/1333 (1).

(2)

El Consejo ha advertido anteriormente de la importancia de la estabilidad en Libia y se ha ofrecido a prestar apoyo a las autoridades libias, tal y como se declara en el Acuerdo Político Libio, para luchar contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos.

(3)

El tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos contribuyen a desestabilizar la situación política y de seguridad de Libia.

(4)

Deben aplicarse restricciones a la exportación a Libia de determinados productos que pueden servir para facilitar el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos.

(5)

Procede, por tanto, modificar la Decisión (PESC) 2015/1333 del Consejo en consecuencia.

18.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 185/51

(1)

El 27 de mayo de 2016, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2016/849.

(2)

De conformidad con el artículo 33, apartado 1, de la Decisión (PESC) 2016/849, el Consejo modificará su anexo I en función de las decisiones que adopte el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, «Consejo de Seguridad») o el Comité de Sanciones.

(3)

El 5 de junio de 2017, el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la Resolución 1718 (2006) del Consejo de Seguridad modificó las menciones relativas a dos entidades sujetas a medidas restrictivas.

(4)

El 2 de junio de 2017, el Consejo de Seguridad añadió catorce personas y cuatro entidades a la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas. Esas personas y entidades fueron incluidas, en consecuencia, en el anexo I de la Decisión (PESC) 2016/849 mediante la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/975 del Consejo (2). Por tanto, debe suprimirse del anexo II de la Decisión (PESC) 2016/849 a algunas de esas personas y entidades, al estar ahora incluidas en el anexo I.

(5)

Procede modificar, por tanto, los anexos I y II de la Decisión (PESC) 2016/849 en consecuencia.

18.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 185/55

(1)

El 20 de diciembre de 2010, el Consejo adoptó la Decisión 2010/788/PESC.

(2)

El 21 de junio de 2017, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2360 (2017), que modifica los criterios de inclusión en la lista que se aplican en relación con las medidas restrictivas de las Naciones Unidas.

(3)

Son necesarias nuevas disposiciones de la Unión con el fin de aplicar determinadas medidas.

(4)

Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2010/788/PESC en consecuencia.

18.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 185/56

(1)

El 31 de mayo de 2013, el Consejo adoptó la Decisión 2013/255/PESC.

(2)

Habida cuenta de la gravedad de la situación en Siria, en particular, del uso por parte del régimen sirio de armas químicas y de su participación en la proliferación de armas químicas, procede añadir a dieciséis personas a la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo I de la Decisión 2013/255/PESC.

(3)

Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2013/255/PESC en consecuencia.

18.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 185/60

(1)

El 22 de mayo de 2013, el Consejo adoptó la Decisión 2013/233/PESC (1) por la que se establece la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia).

(2)

El 19 de enero de 2016, el Comité Político y de Seguridad (CPS) acordó utilizar la actual estructura de la EUBAM Libia para planear una posible cooperación civil con el Gobierno de Consenso Nacional de Libia, a petición de este, en materia de Política Común de Seguridad y Defensa y la reforma del sector de la seguridad, contribuyendo así a la labor de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), y, sobre esa base, acordó prorrogar el mandato de la EUBAM Libia seis meses más. Posteriormente, el 15 de febrero de 2016, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2016/207 (2) por la que se prorrogaba la EUBAM Libia hasta el 21 de agosto de 2016.

(3)

El 4 de agosto de 2016, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2016/1339 (3) por la que se modifica la Decisión 2013/233/PESC, y se prorroga hasta el 21 de agosto de 2017.

(4)

La Declaración de Malta de los miembros del Consejo Europeo sobre los aspectos exteriores de la migración, de 3 de febrero de 2017, subrayaba especialmente que los esfuerzos para estabilizar Libia son en la actualidad más importantes que nunca, y que la Unión hará cuanto esté en su mano para contribuir a dicho objetivo. En Libia, el desarrollo de capacidades es fundamental para que las autoridades adquieran el control sobre las fronteras terrestres y marítimas y para combatir las actividades de tránsito y contrabando.

(5)

En sus Conclusiones sobre Libia de 6 de febrero de 2017, el Consejo reafirmó en particular su pleno apoyo a la UNSMIL y concluyó que la EUBAM Libia seguirá trabajando con las autoridades libias y ayudándolas con vistas a una posible futura misión civil, en cuanto la situación lo permita, en el ámbito policial, el Estado de Derecho y la gestión de fronteras.

(6)

El 4 de julio de 2017, el CPS acordó, basándose en la revisión estratégica de la misión, prorrogar el mandato de la EUBAM Libia hasta el 31 de diciembre de 2018.

(7)

La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (en lo sucesivo, «AR») queda autorizada a comunicar a Europol, Frontex, a las Naciones Unidas y a la Interpol, la información clasificada generada a efectos de la EUBAM Libia, de conformidad con la Decisión 2013/488/UE (4).

(8)

La Decisión 2013/233/PESC debe modificarse en consecuencia.

(9)

La EUBAM Libia se llevará a cabo en el contexto de una situación que puede deteriorarse y que podría obstaculizar el logro de los objetivos de la acción exterior de la Unión que se indican en el artículo 21 del Tratado.

1)

El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 2

Objetivos

La EUBAM Libia asistirá en un proceso civil general de planificación de la reforma del sector de la seguridad, con miras a prepararse para una eventual misión civil en materia de Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD).

Los objetivos de la EUBAM Libia son trabajar con las autoridades libias y ayudarlas en los ámbitos de la gestión fronteriza, los medios coercitivos para el cumplimiento de la ley y el sistema de justicia penal en general.».

2)

En el artículo 3, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   A fin de cumplir los objetivos fijados en el artículo 2, la EUBAM Libia:

3)

En el artículo 5, el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:

«7.   El comandante civil de la operación, el jefe de la Delegación de la Unión en Libia y el jefe de Misión de la EUBAM Libia se consultarán mutuamente según corresponda. Si procede, se consultará asimismo al consejero principal en cuestiones de género del Servicio Europeo de Acción Exterior.».

4)

En el artículo 6, el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:

«7.   El jefe de misión se coordinará, según corresponda, con otros actores de la Unión sobre el terreno. Sin perjuicio de la cadena de mando, el jefe de misión recibirá orientación política local del jefe de la Delegación de la Unión en Libia.».

5)

En el artículo 9, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   El CPS ejercerá, bajo la responsabilidad del Consejo y del AR, el control político y la dirección estratégica de la EUBAM Libia. Con tal fin, el Consejo autoriza al CPS a tomar las decisiones oportunas de conformidad con el artículo 38, párrafo tercero, del TUE. Dicha autorización lo faculta para nombrar al jefe de misión, a propuesta del AR, y para modificar los documentos de planeamiento. Las competencias de decisión con respecto a los objetivos y la finalización de la EUBAM Libia seguirán correspondiendo al Consejo.».

6)

En el artículo 11, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.   Los miembros del personal de la EUBAM Libia recibirán una formación obligatoria en materia de seguridad antes de entrar en funciones, de conformidad con los documentos de planeamiento. Recibirán asimismo una formación periódica de actualización in situ organizada por el agente de seguridad de la misión.».

7)

En el artículo 13, apartado 1, el último párrafo se sustituye por el texto siguiente:

«El importe de referencia financiera destinado a cubrir los gastos relacionados con la EUBAM Libia para el período comprendido entre el 22 de agosto de 2016 y el 30 de noviembre de 2017 será de17 000 000 EUR.».

8)

En el artículo 15, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.   El AR queda autorizado para comunicar a Europol y a Frontex UE información clasificada generada a efectos de la EUBAM Libia, de conformidad con la Decisión 2013/488/UE.».

9)

En el artículo 15, se añaden los apartados siguientes:

«5.   El AR queda autorizado para comunicar a las Naciones Unidas toda información clasificada de la UE hasta el grado “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” elaborada a efectos de la EUBAM Libia, de conformidad con la Decisión 2013/488/UE.

6.   El AR queda autorizado para comunicar a las Naciones Unidas toda información clasificada de la UE hasta el grado “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” generada a efectos de la EUBAM Libia, de conformidad con la Decisión 2013/488/UE. En espera de la celebración de un acuerdo entre la Unión e Interpol, la EUBAM Libia podrá comunicar dicha información a las oficinas centrales nacionales de Interpol de los Estados miembros, de conformidad con los acuerdos a los que lleguen el comandante civil de la operación y el jefe de la oficina central nacional correspondiente.

7.   El AR queda autorizado para celebrar los acuerdos necesarios para aplicar las disposiciones en materia de intercambio de información que figuran en el presente artículo.

8.   El AR podrá delegar las autorizaciones para comunicar información así como la facultad de celebrar los acuerdos mencionados en el presente artículo en sus subordinados, en el comandante civil de la operación y en el jefe de misión.».

10)

En el artículo 16, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«Se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2018.».