3.2.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 29/1

(1)

Es necesario establecer normas para la evaluación por parte de las autoridades competentes de los métodos internos adoptados por las entidades para calcular los requisitos de fondos propios y establecer normas detalladas con respecto a los procedimientos para el intercambio de dichas evaluaciones entre las autoridades competentes facultadas para realizar un seguimiento de la gama de exposiciones ponderadas por riesgo o los requisitos de fondos propios de las entidades con permiso para usar métodos internos para el cálculo de estas exposiciones o requisitos de fondos propios.

(2)

La evaluación de la calidad de los métodos avanzados utilizados por las entidades permite efectuar una comparación de los métodos internos a escala de la UE, a través de la cual la Autoridad Bancaria Europea (ABE) ayuda a las autoridades competentes en su evaluación de la posible subestimación de los requisitos de fondos propios. Las normas sobre los procedimientos de intercambio de evaluaciones deben contener las disposiciones apropiadas sobre el calendario de ese intercambio de las evaluaciones con las autoridades competentes pertinentes y con la ABE.

(3)

Las autoridades competentes responsables de la supervisión de las entidades que formen parte de un grupo objeto de supervisión consolidada tienen un interés legítimo en la calidad de los métodos internos utilizados por dichas entidades, ya que contribuyen a la decisión conjunta de la aprobación de los métodos internos en primer lugar, en virtud del artículo 20 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2). Las normas para el procedimiento de intercambio de las evaluaciones realizadas de conformidad con el artículo 78, apartado 3, de la Directiva 2013/36/UE también deben especificar cómo se aplican las obligaciones generales relativas a la cooperación y al intercambio de información en los colegios, en el contexto particular del ejercicio de evaluación comparativa.

(4)

Con el fin de garantizar que las evaluaciones realizadas de conformidad con el artículo 78, apartado 3, de la Directiva 2013/36/UE se puedan compartir de forma viable y eficiente, las autoridades competentes deben dar a conocer sus estimaciones u opiniones sobre el nivel de posible subestimación de los requisitos de fondos propios derivados de los métodos internos utilizados por las entidades, así como la justificación de las conclusiones de la evaluación por ellas realizada. Además, las medidas correctoras ya aplicadas o previstas por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 78, apartado 4, de dicha Directiva son también pertinentes para las demás autoridades competentes responsables de la supervisión de las entidades que formen parte de un grupo objeto de supervisión consolidada, ya que tienen un interés legítimo en la calidad constante de los métodos internos utilizados por dichas entidades. Además, las medidas correctoras ya aplicadas o previstas por las autoridades competentes también deben comunicarse a la ABE, de conformidad con el artículo 107, apartado 1, de dicha Directiva, ya que son necesarias para que esta lleve a cabo sus funciones.

(5)

El informe emitido por la ABE para ayudar a las autoridades competentes en su evaluación de la calidad de los métodos internos constituye la piedra angular del ejercicio de evaluación comparativa, dado que dicho informe contiene los resultados de la comparación de las entidades pertinentes con otras entidades similares a escala de la UE. Por consiguiente, la información contenida en el informe de la ABE debe constituir la base sobre la cual las autoridades competentes decidan qué empresas y carteras deben evaluar con «atención especial», tal como exige el artículo 78, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2013/36/UE.

(6)

Los resultados de la evaluación de la calidad de los métodos internos dependen de la calidad de los datos notificados por las entidades pertinentes conforme al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2070 de la Comisión (3), que también deben ser coherentes y comparables. Por consiguiente, las autoridades competentes deben tener que confirmar la correcta aplicación de ese Reglamento de Ejecución por las entidades, especialmente en lo que se refiere a la aplicación de la opción de que disponen las entidades de abstenerse de notificar determinadas carteras individuales.

(7)

Cuando las autoridades competentes calculen las estadísticas de referencia basadas en el método estándar, debe efectuarse un ajuste de los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito que resulten de la aplicación de dicho método, por motivos de prudencia. Este ajuste debe establecerse al nivel aplicado para el cálculo del límite mínimo de Basilea I transitorio sobre la base del artículo 500 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

(8)

En el caso del riesgo de mercado, actualmente no se considera apropiado calcular estadísticas de referencia basadas en el método estándar, ya que pueden originar distorsiones. Debido a importantes diferencias metodológicas en el cálculo de los requisitos de fondos propios de acuerdo con el método estándar y los métodos internos, como consecuencia sobre todo de acusadas diferencias en la agregación o diversificación de las posiciones individuales, una comparación entre las dos medidas en el caso del riesgo de mercado de las pequeñas carteras no proporcionaría ninguna indicación significativa de una posible subestimación de los requisitos de fondos propios. Cuando los cálculos del método estándar se tengan en cuenta en la evaluación de los modelos de riesgo de crédito, solo deben usarse como estadísticas de referencia y no como niveles mínimos.

(9)

Cuando evalúen la calidad global de los métodos internos de las entidades y el grado de variabilidad observado en algunos métodos particulares, las autoridades competentes no deben centrarse únicamente en los resultados, sino que deben aspirar a determinar los factores clave de la variabilidad y extraer conclusiones de los diferentes métodos de modelización. Por consiguiente, las autoridades competentes deben tener en cuenta los resultados de los cálculos alternativos del valor en riesgo (VaR) y del valor en riesgo en situación de tensión (sVaR), basados en las series temporales de pérdidas y ganancias.

(10)

Dado que el papel de las autoridades competentes en cuanto a la investigación y la confirmación de la calidad de los métodos internos es fundamental, además de la información notificada por las entidades de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2070, las autoridades competentes deben hacer uso de las facultades que les otorga el Reglamento (UE) n.o 575/2013 para aprobar y revisar los métodos internos, de manera proactiva, buscando cualquier información adicional que les vaya a ser de utilidad para llevar a cabo la evaluación continua de la calidad de los métodos internos.

(11)

Para la evaluación del riesgo de mercado, las pruebas retrospectivas, sobre la base de los cambios reales o hipotéticos del valor de una cartera, deben llevarse a cabo diariamente para las posiciones al cierre de la jornada, tal como establece el artículo 366, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 575/2013. El número de rebasamientos debe comunicarse a las autoridades competentes e utilizarse de forma regular para evaluar los resultados del modelo y determinar los factores de recargo de los multiplicadores del VaR y del sVaR reglamentarios. Por consiguiente, no se debe aplicar ni evaluar ninguna prueba retrospectiva adicional para las carteras en relación con los métodos internos de cálculo del riesgo de mercado.

(12)

El hecho de que el resultado del ejercicio de evaluación comparativa para una cartera individual sea un valor extremo o figure en el informe de la ABE como que debe ser revisado por las autoridades competentes no implica necesariamente que el modelo utilizado por la entidad sea correcto o incorrecto. En este sentido, las evaluaciones llevadas a cabo por las autoridades competentes deben utilizarse a modo de herramienta para obtener un conocimiento más profundo sobre los modelos de las entidades y las hipótesis de modelización. Asimismo, el análisis de las posibles diferencias entre los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito, según las notificaciones de las entidades con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2070, y los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito derivados del uso de parámetros de riesgo históricamente observados debe ser utilizado por las autoridades competentes como indicador de subestimaciones significativas y sistemáticas de los requisitos de fondos propios, pero nunca debe sustituir a las validaciones propiamente dichas del método interno.

(13)

A la hora de usar los resultados de la evaluación comparativa, las autoridades competentes deben tener en cuenta las posibles limitaciones de los datos y reflejarlas en su evaluación según proceda. Sobre la base de los parámetros históricos, la ABE debe calcular, a través de la información recogida, medidas adicionales que también contribuyan al análisis. Del mismo modo, dado que los requisitos de fondos propios derivados de modelos de riesgo de mercado dependen de la cartera y las conclusiones obtenidas de forma desagregada no se pueden extrapolar de manera acrítica a carteras reales mantenidas por las entidades, debe considerarse con la debida precaución cualquier conclusión preliminar basada únicamente en los niveles totales de capital que se deriven de las carteras agregadas. A la hora de evaluar los resultados obtenidos, las autoridades competentes deben tener en cuenta que incluso las carteras agregadas que comprendan el mayor número de instrumentos seguirán siendo muy diferentes de una cartera real en términos de tamaño y estructura. Además, dado que la mayoría de las entidades no podrán modelizar todas las carteras no agregadas, los resultados pueden no ser comparables en todos los casos. Asimismo, se debe tener en cuenta que los datos no reflejarán todas las acciones relativas a los fondos propios, tales como restricciones sobre los beneficios de la diversificación o recargos de fondos propios introducidas para abordar las deficiencias de modelización conocidas o los factores de riesgo omitidos.

(14)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Bancaria Europea a la Comisión.

(15)

La Autoridad Bancaria Europea ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha solicitado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector Bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

a)

las conclusiones y el fundamento de la evaluación, sobre la base de la aplicación de las normas de evaluación a que se refieren los artículos 3 a 11;

b)

sus opiniones sobre el nivel de la posible subestimación de los requisitos de fondos propios derivados de los métodos internos usados por las entidades.

a)

deberán considerar los valores derivados de la modelización que el informe de la ABE haya estimado extremos como una indicación de diferencias significativas en los requisitos de fondos propios, de conformidad con el artículo 78, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2013/36/UE;

b)

deberán considerar los valores derivados de la modelización y la desviación estándar de dichos valores para las exposiciones de la misma cartera de referencia o carteras de referencia similares identificadas en el informe de la ABE como una indicación preliminar de diferencias significativas y de diversidad reducida o elevada, según proceda, en los requisitos de fondos propios, de conformidad con el artículo 78, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2013/36/UE;

c)

deberán considerar las posibles diferencias calculadas de conformidad con el artículo 4 del presente Reglamento como una indicación preliminar de una subestimación significativa y sistemática de los requisitos de fondos propios, de conformidad con el artículo 78, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2013/36/UE;

d)

deberán considerar las posibles diferencias entre los parámetros de riesgo estimados que notifiquen las entidades, con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2070, y los parámetros de riesgo históricamente observados («parámetros históricos») notificados por las entidades, de conformidad con dicho Reglamento de Ejecución, como una indicación preliminar de diferencias significativas en los requisitos de fondos propios, de conformidad con el artículo 78, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2013/36/UE;

e)

deberán considerar las posibles diferencias entre los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito que notifiquen las entidades, con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2070 y los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito derivados del uso por las entidades de los parámetros históricos de conformidad con dicho Reglamento de Ejecución o computados por la ABE en su informe al que hace referencia el artículo 78, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva 2013/36/UE, como una indicación preliminar de subestimación significativa y sistemática de los requisitos de fondos propios, de conformidad con el artículo 78, apartado 3, párrafo primero, de dicha Directiva. A la hora de usar el informe proporcionado por la ABE, las autoridades competentes podrán tener en cuenta las posibles limitaciones de datos y reflejarlas en su evaluación como estimen oportuno.

a)

para las carteras con bajo nivel de impago (LDP), a nivel de cartera, excluidas las exposiciones a las administraciones centrales o los bancos centrales de los Estados miembros denominadas y financiadas en la moneda nacional, según se contempla en el artículo 114, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;

b)

para las carteras con elevado nivel de impago, a nivel de la cartera.

a)

para las evaluaciones relacionadas con métodos relativos al riesgo de crédito, aplicando las normas a que se refieren los artículos 7 y 8;

b)

para las evaluaciones relacionadas con métodos relativos al riesgo de mercado, aplicando las normas a que se refieren los artículos 9 y 11.

a)

el informe de la ABE a que se refiere el artículo 78, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva 2013/36/UE;

b)

los informes periódicos de validación de la entidad:

c)

la documentación del modelo, incluidos manuales, documentación sobre el desarrollo y el calibrado del modelo y la metodología de los métodos internos;

d)

informes sobre visitas in situ.

a)

si la entidad usa estimaciones propias de pérdida en caso de impago (LGD) y factores de conversión conforme al artículo 143 del Reglamento (UE) n.o 575/2013;

b)

el perímetro de aplicación del modelo y la representatividad de las carteras de referencia;

c)

las características clave de los modelos, como la distinción entre los modelos diseñados y calibrados a nivel de grupo centralizado (global) y los modelos diseñados y calibrados únicamente a nivel del país de acogida (local), los modelos comprados a proveedores o elaborados por entidades, los modelos desarrollados y calibrados que usan datos internos y los modelos desarrollados y calibrados que usan datos externos;

d)

la fecha de aprobación del modelo y la fecha de desarrollo del modelo;

e)

la comparación de las tasas de impago previstas y observadas durante un período de tiempo pertinente;

f)

la comparación del descenso previsto de la LGD con el descenso observado la LGD;

g)

la comparación entre las exposiciones en el momento del impago estimadas y observadas;

h)

la longitud de la serie temporal utilizada y, en su caso, la inclusión de los años con dificultades o la naturaleza y significatividad de cualquier ajuste para reflejar condiciones desfavorables y añadir márgenes prudenciales en la calibración de los modelos;

i)

los cambios recientes en la composición de la cartera de la entidad a la que se aplique el método interno;

j)

la situación micro y macroeconómica de la cartera de la entidad, la estrategia de riesgo y de negocio, así como el proceso interno, como los procedimientos de recuperación de activos en situación de impago («procedimientos de renegociación»);

k)

la posición actual en el ciclo, la óptica elegida en cuanto a las calificaciones, esto es, la referida a un momento en el tiempo o la referida a todo el ciclo y la ciclicidad observada en el modelo;

l)

el número y dimensión de los grados de calificación usados por las entidades en la probabilidad de impago (PD), la LGD y los modelos de factores de conversión;

m)

las definiciones de tasas de sanación y de recuperación usadas por la entidad;

n)

la inclusión o no de procedimientos abiertos de renegociación en la serie temporal usada para la calibración de los modelos de LGD, cuando proceda.

a)

diferente orden de clasificación de las contrapartes incluidas en las muestras de LDP o diferentes niveles de PD asignados a cada grado;

b)

tipos específicos de líneas de crédito, instrumentos de garantía real o ubicación de las contrapartes;

c)

heterogeneidad de las PD, las LGD, los vencimientos o los factores de conversión;

d)

prácticas de cobertura mediante garantías reales;

e)

nivel de independencia respecto de la evaluación procedente de calificaciones externas y frecuencia de la actualización de la calificación interna.

a)

el informe de la ABE a que se refiere el artículo 78, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva 2013/36/UE;

b)

los informes de validación de la entidad, elaborados por terceros independientes cualificados, cuando el modelo interno se desarrolle inicialmente y cuando se realicen cambios significativos en el mismo. Esta información incluirá pruebas para demostrar que los supuestos adoptados en el contexto de los métodos internos son apropiados y no subestiman o sobrestiman el riesgo, pruebas retrospectivas específicas diseñadas en relación con los riesgos y estructuras de sus carteras, así como el empleo de carteras hipotéticas para garantizar que los métodos internos puedan tener en cuenta características estructurales particulares que puedan surgir, por ejemplo, riesgos de base significativos y el riesgo de concentración;

c)

notificaciones del número y justificación de los rebasamientos que se deriven de las pruebas retrospectivas diarias, observados en el año anterior, sobre la base de las pruebas retrospectivas relativas a los cambios reales o hipotéticos en el valor de la cartera;

d)

la documentación del modelo, incluidos manuales, documentación sobre el desarrollo y el calibrado del modelo y la metodología para los métodos internos;

e)

los informes sobre visitas in situ.

a)

la elección de la metodología elegida por la entidad para el VaR;

b)

el perímetro de aplicación del modelo y la representatividad de las carteras de referencia;

c)

la justificación y el fundamento en el caso de que se incorpore un factor de riesgo al modelo de precios de la entidad, pero no al modelo de medición del riesgo;

d)

el conjunto de factores de riesgo incorporados que correspondan a los tipos de interés de cada moneda en la que la entidad tenga, en balance o fuera de balance, posiciones sensibles a los tipos de interés;

e)

el número de segmentos de vencimiento en los que se divide cada curva de rendimiento;

f)

la metodología aplicada para reflejar el riesgo de movimientos imperfectamente correlacionados entre distintas curvas de rendimiento;

g)

el conjunto de factores de riesgo modelizados correspondientes al oro y a las distintas monedas en las que estén denominadas las posiciones de la entidad;

h)

el número de factores de riesgo usados para reflejar el riesgo de las acciones;

i)

la metodología aplicada para evaluar el riesgo debido a posiciones menos líquidas y a posiciones con una transparencia de precios limitada en escenarios de mercado realistas;

j)

el historial de las variables sustitutivas utilizadas en el modelo y la evaluación de su impacto en las medidas del riesgo;

k)

la longitud de la serie temporal utilizada para el VaR;

l)

la metodología aplicada para determinar el período de tensión para sVaR, y la adecuación del período de tensión seleccionado para las carteras de referencia;

m)

las metodologías aplicadas en el modelo de medición del riesgo para reflejar la ausencia de linealidad en relación con las opciones, en especial cuando la entidad utilice métodos de aproximación Taylor en lugar de una revaloración completa, y otros productos, así como para reflejar el riesgo de correlación y el riesgo de base;

n)

las metodologías aplicadas para reflejar el riesgo de base asociado al nombre, debiendo determinar si son sensibles a diferencias idiosincrásicas significativas entre posiciones similares pero no idénticas, así como el riesgo de evento;

o)

las metodologías aplicadas para reflejar el riesgo de evento;

p)

para el método interno aplicable al riesgo de impago y migración incrementales (IRC), las metodologías aplicadas para determinar los horizontes de liquidez por posición, así como las PD, las LGD y las matrices de transición utilizadas en la simulación a que se refiere el artículo 374 del Reglamento (UE) n.o 575/2013;

q)

para el método interno para la negociación de correlación, las metodologías aplicadas para reflejar los riesgos contemplados en el artículo 377, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, así como los supuestos de correlación entre los factores de riesgo pertinentes modelizados.

a)

cualquier cálculo alternativo homogeneizado del VaR que pueda proporcionar la ABE en su informe al que hace referencia el artículo 78, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva 2013/36/UE, haciendo uso de los datos disponibles sobre pérdidas y ganancias;

b)

la dispersión que se observa en la medida del VaR proporcionada por las entidades con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2070.

a)

malentendidos en cuanto a las posiciones o los factores de riesgo involucrados;

b)

aplicación incompleta del modelo;

c)

falta de factores de riesgo;

d)

diferencias en la calibración de las series de datos empleadas en la simulación de la modelización;

e)

factores de riesgo adicionales incorporado al modelo;

f)

supuestos modelo alternativos aplicados;

g)

diferencias atribuibles a la metodología aplicada por la entidad.

a)

el nivel de fondos propios por cartera no agregada;

b)

el efecto de los beneficios de diversificación que cada entidad aplique a las carteras agregadas, comparando la suma de los fondos propios de las carteras no agregadas a que se hace referencia en la letra a) del presente apartado con el nivel de los fondos propios previstos para la cartera agregada, tal como recoge el informe de la ABE a que hace referencia el artículo 78, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva 2013/36/UE.

a)

el efecto de los recargos prudenciales;

b)

el efecto de los recargos prudenciales no contemplados en los datos recogidos por la ABE.

3.2.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 29/10

(1)

Con el fin de garantizar una aplicación uniforme de la nomenclatura combinada anexa al Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo (2), es necesario adoptar disposiciones sobre la clasificación de las mercancías que se indican en el anexo del presente Reglamento.

(2)

El Reglamento (CEE) n.o 2658/87 establece las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura combinada. Dichas reglas se aplican también a cualquier otra nomenclatura que se base total o parcialmente en aquella, o que le añada subdivisiones adicionales, y que haya sido establecida por disposiciones específicas de la Unión para poder aplicar medidas arancelarias o de otro tipo al comercio de mercancías.

(3)

De conformidad con esas reglas generales, las mercancías que se describen en la columna 1 del cuadro del anexo deben clasificarse, por los motivos indicados en la columna 3, en el código NC que figura en la columna 2.

(4)

Procede disponer que la información arancelaria vinculante emitida respecto a las mercancías contempladas en el presente Reglamento que no se ajuste a las disposiciones del mismo pueda seguir siendo invocada por su titular durante un período determinado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34, apartado 9, del Reglamento (UE) n.o 952/2013. Ese período debe ser de tres meses.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Código Aduanero.

3.2.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 29/13

(1)

Con el fin de garantizar una aplicación uniforme de la nomenclatura combinada anexa al Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo (2), es necesario adoptar disposiciones sobre la clasificación de las mercancías que se indican en el anexo del presente Reglamento.

(2)

El Reglamento (CEE) n.o 2658/87 establece las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura combinada. Dichas reglas se aplican también a cualquier otra nomenclatura que se base total o parcialmente en aquella, o que le añada subdivisiones adicionales, y que haya sido establecida por disposiciones específicas de la Unión para poder aplicar medidas arancelarias o de otro tipo al comercio de mercancías.

(3)

De conformidad con esas reglas generales, las mercancías que se describen en la columna 1 del cuadro del anexo deben clasificarse, por los motivos indicados en la columna 3, en el código NC que figura en la columna 2.

(4)

Procede disponer que la información arancelaria vinculante emitida respecto a las mercancías contempladas en el presente Reglamento que no se ajuste a las disposiciones del mismo pueda seguir siendo invocada por su titular durante un período determinado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34, apartado 9, del Reglamento (UE) n.o 952/2013. Ese período debe ser de tres meses.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Código Aduanero.

3.2.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 29/16

(1)

Con el fin de garantizar una aplicación uniforme de la nomenclatura combinada anexa al Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo (2), es necesario adoptar disposiciones sobre la clasificación de las mercancías que se indican en el anexo del presente Reglamento.

(2)

El Reglamento (CEE) n.o 2658/87 establece las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura combinada. Dichas reglas se aplican también a cualquier otra nomenclatura que se base total o parcialmente en aquella, o que le añada subdivisiones adicionales, y que haya sido establecida por disposiciones específicas de la Unión para poder aplicar medidas arancelarias o de otro tipo al comercio de mercancías.

(3)

De conformidad con esas reglas generales, las mercancías que se describen en la columna 1 del cuadro del anexo deben clasificarse, por los motivos indicados en la columna 3, en el código NC que figura en la columna 2.

(4)

Procede disponer que la información arancelaria vinculante emitida respecto a las mercancías contempladas en el presente Reglamento que no se ajuste a las disposiciones del mismo pueda seguir siendo invocada por su titular durante un período determinado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34, apartado 9, del Reglamento (UE) n.o 952/2013. Ese período debe ser de tres meses.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Código Aduanero.

3.2.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 29/19

(1)

En el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1210/2003 figura la lista de organismos públicos, sociedades e instituciones así como personas físicas y jurídicas, entidades y organismos asociados del anterior Gobierno de Irak a los que afecta el bloqueo de fondos y recursos económicos ubicados fuera de Irak a 22 de mayo de 2003 establecido en dicho Reglamento.

(2)

El 26 de enero de 2017, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió suprimir una entrada de su lista de personas o entidades a las que afecta el bloqueo de capitales y recursos económicos.

(3)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1210/2003.

3.2.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 29/21

(1)

Los Reglamentos (CE) n.o 853/2004 y (CE) n.o 854/2004 introducen cambios significativos en las normas y los procedimientos que deben cumplir los operadores de empresas alimentarias y las autoridades competentes de los Estados miembros. Dado que la aplicación de varias de esas normas y procedimientos con efecto inmediato habría planteado dificultades prácticas en algunos casos, fue necesario adoptar medidas transitorias.

(2)

El informe de 28 de julio de 2009 de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la experiencia adquirida en la aplicación de los Reglamentos (CE) n.o 852/2004, (CE) n.o 853/2004 y (CE) n.o 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativos a la higiene (3) («informe») presenta un resumen de dicha experiencia sustentado en datos que incluye las dificultades que encontraron todas las partes implicadas en 2006, 2007 y 2008 al aplicar estos Reglamentos.

(3)

El informe contiene reacciones sobre las experiencias en relación con las medidas transitorias establecidas en el Reglamento (CE) n.o 2076/2005 de la Comisión (4). En el informe se hace también referencia a las dificultades señaladas con respecto al suministro local de pequeñas cantidades de determinados alimentos, y se indica que es necesario aclarar las condiciones de importación si se aplican normas de importación nacionales en ausencia de normas establecidas a nivel de la Unión y que las crisis relacionadas con los alimentos importados que contienen tanto productos de origen vegetal como productos transformados de origen animal (productos compuestos) confirman la necesidad de reforzar el control de estos productos.

(4)

El Reglamento (UE) n.o 1079/2013 de la Comisión (5) establece medidas transitorias aplicables durante un período transitorio, que finaliza el 31 de diciembre de 2016, para lograr una transición fluida a la plena aplicación de las normas y los procedimientos nuevos. La duración del período transitorio se estableció teniendo en cuenta la revisión del marco reglamentario sobre higiene prevista en los Reglamentos (CE) n.o 853/2004 y (CE) n.o 854/2004.

(5)

Además, sobre la base de la información recopilada durante las recientes auditorías efectuadas por los inspectores de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión y de la información facilitada por las autoridades competentes de los Estados miembros y los sectores alimentarios pertinentes de la Unión, es necesario mantener determinadas medidas transitorias establecidas en el Reglamento (UE) n.o 1079/2013 a la espera de la introducción de los requisitos permanentes mencionados en el preámbulo del presente Reglamento.

(6)

El Reglamento (CE) n.o 853/2004 excluye de su ámbito de aplicación el suministro directo, por parte del productor, de pequeñas cantidades de carne de aves de corral y lagomorfos sacrificados en la explotación al consumidor final o a establecimientos locales de venta al por menor que suministran directamente dicha carne como carne fresca al consumidor final. Limitar esta disposición a la carne fresca impondría una carga adicional a los pequeños productores. En consecuencia, el Reglamento (UE) n.o 1079/2013 contempla una excepción a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 853/2004 para el suministro directo de tales productos en determinadas condiciones, sin limitarlo a la carne fresca. Debe mantenerse esa excepción durante el nuevo período transitorio previsto en el presente Reglamento, mientras se estudia la posibilidad de aplicar una excepción permanente.

(7)

Los Reglamentos (CE) n.o 853/2004 y (CE) n.o 854/2004 establecen determinadas normas para la importación de productos de origen animal y productos compuestos en la Unión. El Reglamento (UE) n.o 1079/2013 establece medidas transitorias de excepción a algunas de esas normas en relación con determinados productos compuestos respecto a los cuales aún no se han establecido a nivel de la Unión requisitos de salud pública para su importación en esta última, por ejemplo los productos compuestos distintos de los mencionados en el artículo 3, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) n.o 28/2012 de la Comisión (6).

(8)

Está a punto de adoptarse por procedimiento legislativo ordinario una propuesta de la Comisión de Reglamento sobre controles oficiales en la cadena agroalimentaria. Una vez adoptado y aplicable, ese Reglamento constituirá la base jurídica para un enfoque adaptado al riesgo en el control de los productos compuestos en el momento de la importación. Deben contemplarse excepciones durante un nuevo período transitorio de cuatro años, tras el cual, previsiblemente, será aplicable el nuevo Reglamento.

(9)

Los Reglamentos (CE) n.o 853/2004 y (CE) n.o 854/2004 permiten la importación de productos de origen animal procedentes de establecimientos que manipulen productos de origen animal respecto a los cuales el anexo III del Reglamento (CE) n.o 853/2004 no establezca ningún requisito específico, salvo que se haya establecido una lista armonizada de terceros países y un modelo común de certificado de importación. Se necesita más tiempo para consultar a las partes interesadas y a las autoridades competentes de los Estados miembros y de los terceros países, teniendo en cuenta el impacto que el establecimiento de esa lista y del modelo de certificado de importación pueden tener en las importaciones de estos alimentos.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

3.2.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 29/24

(1)

En el artículo 53 del Reglamento (CE) n.o 178/2002 se contempla la posibilidad de que la Unión adopte medidas de emergencia adecuadas en relación con alimentos importados de un tercer país a fin de proteger la salud de las personas o de los animales o el medio ambiente, en caso de que sea evidente que existe un riesgo grave que no puede controlarse satisfactoriamente con medidas adoptadas de forma individual por los Estados miembros.

(2)

En el artículo 11 del Reglamento (CE) n.o 178/2002, se dispone que los alimentos importados en la Unión para ser comercializados en ella deben cumplir los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria o condiciones que la Unión reconozca al menos como equivalentes o bien, en caso de que exista un acuerdo específico entre la Unión y el país exportador, los requisitos de dicho acuerdo.

(3)

En el Reglamento (CE) n.o 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), se establecen las normas generales de higiene de los alimentos para los operadores o explotadores de empresa alimentaria.

(4)

En el artículo 11 del Reglamento (CE) n.o 882/2004 se establecen los requisitos para los métodos de muestreo y análisis utilizados en los controles oficiales.

(5)

El artículo 14 del Reglamento (CE) n.o 178/2002 establece que no deben comercializarse alimentos que no sean seguros. De conformidad con el Reglamento (CE) n.o 882/2004, las autoridades competentes deben comprobar si los explotadores de empresa alimentaria cumplen la legislación de la Unión.

(6)

En el Reglamento (CE) n.o 669/2009 de la Comisión (4) se establecen normas sobre la intensificación de los controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal enumerados en su anexo I.

(7)

Durante muchos años, han sido muy frecuentes los casos de incumplimiento relativos a aspectos de seguridad microbiológica en las semillas de sésamo (ajonjolí) y las hojas de betel (Piper betle L.) originarias de la India. Por tanto, en 2014 se estableció una mayor frecuencia de controles oficiales sobre la importación de estos alimentos con respecto a la presencia de Salmonella spp. No obstante, esta intensificación de los controles confirmó la elevada frecuencia de casos en que dichos alimentos incumplían los criterios de seguridad microbiológica debido a Salmonella spp. Por tanto, la importación de estos alimentos constituye un grave riesgo para la salud pública en la Unión y es necesario que esta adopte medidas de emergencia.

(8)

Para proteger la salud de las personas en la Unión, es preciso que las autoridades competentes de los países exportadores garanticen que los alimentos han sido elaborados de conformidad con las disposiciones en materia de higiene establecidas en el Reglamento (CE) n.o 852/2004. A fin de garantizar una aplicación armonizada de los controles de importación en toda la Unión, todas las partidas de dichos productos deben ir acompañadas de un certificado sanitario firmado por las autoridades competentes de los países exportadores y de los resultados de pruebas analíticas que garanticen que han sido objeto de muestreo y análisis con respecto a la presencia de agentes patógenos microbiológicos, con resultados satisfactorios.

(9)

En el artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 669/2009, se dispone que los explotadores de empresa alimentaria que sean responsables de las partidas deben notificar de forma previa la llegada y la naturaleza de tales partidas en el punto de entrada designado (PED).

(10)

El artículo 8 del mismo Reglamento dispone que, en aras de la intensificación de los controles oficiales, estos deben incluir controles documentales, identificativos y físicos. Deben efectuarse controles documentales, sin dilaciones indebidas, de todas las partidas en los dos días laborables siguientes a su llegada al PED, así como controles identificativos y físicos, incluidos análisis de laboratorio, con las frecuencias establecidas en el anexo I de dicho Reglamento.

(11)

A fin de garantizar una organización eficiente y unos controles de importación armonizados a nivel de la Unión con respecto a la presencia de agentes patógenos microbiológicos en determinados alimentos procedentes de determinados terceros países, deben establecerse condiciones específicas para la importación de dichos alimentos. En aras de la claridad jurídica, procede contemplar conjuntamente, en un solo Reglamento, todos los alimentos procedentes de terceros países sujetos a condiciones específicas a causa de riesgos microbiológicos. Por consiguiente, las disposiciones en materia de hojas de betel procedentes de la India establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/166 de la Comisión (5) deben introducirse en el presente Reglamento y el Reglamento (CE) n.o 669/2009 debe modificarse en consecuencia.

(12)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2016/166 debe ser derogado y sustituido al mismo tiempo por un Reglamento más general que establezca, debido a la contaminación microbiológica, disposiciones generales con respecto a la importación de determinados alimentos procedentes de determinados terceros países.

(13)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

a)

las partidas de los alimentos mencionados en el anexo I («alimentos») se introduzcan únicamente de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente Reglamento;

b)

las partidas de dichos alimentos se introduzcan en la Unión únicamente a través del punto de entrada designado («PED»).

a)

cumplimentarán los apartados correspondientes de la parte II del DCE;

b)

adjuntarán los resultados del muestreo y del análisis efectuados conforme al apartado 2 del presente artículo;

c)

facilitarán el DCE, con su número de referencia correspondiente;

d)

sellarán y firmarán el original del DCE;

e)

harán y guardarán una copia del DCE firmado y sellado.

a)

el número de partidas introducidas, incluidos el tamaño en términos de peso neto y el país de origen de cada partida;

b)

el número de partidas sometidas a muestreo para análisis;

c)

los resultados de los controles identificativos y físicos a los que se refiere el artículo 8, apartado 2.

3.2.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 29/35

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1831/2003 regula la autorización de aditivos para su uso en la alimentación animal, así como los motivos y los procedimientos para conceder dicha autorización.

(2)

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 1831/2003, se presentó una solicitud de autorización de un preparado de Bacillus subtilis (DSM 28343). Dicha solicitud iba acompañada de la información y la documentación exigidas con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1831/2003.

(3)

La solicitud se refiere a la autorización del preparado de Bacillus subtilis (DSM 28343) como aditivo en alimentos para pollos de engorde, que debe ser clasificado en la categoría de aditivos «aditivos zootécnicos».

(4)

En su dictamen de 24 de mayo de 2016 (2), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («Autoridad») concluyó que, en las condiciones de uso propuestas, el preparado de Bacillus subtilis (DSM 28343) no tiene efectos adversos para la salud animal, la salud humana o el medio ambiente y puede mejorar el rendimiento de los pollos de engorde. La Autoridad no considera que sean necesarios requisitos específicos de seguimiento tras la comercialización. Asimismo, la Autoridad verificó el informe sobre el método de análisis del aditivo para piensos presentado por el laboratorio de referencia establecido por el Reglamento (CE) n.o 1831/2003.

(5)

La evaluación del preparado de Bacillus subtilis (DSM 28343) muestra que se cumplen las condiciones de autorización establecidas en el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1831/2003. En consecuencia, procede autorizar el uso de este preparado según se especifica en el anexo del presente Reglamento.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

3.2.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 29/38

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

3.2.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 29/40

(1)

El artículo 486 del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra (1) (en lo sucesivo, «Acuerdo»), contempla la aplicación provisional de parte del Acuerdo.

(2)

En el artículo 4 de la Decisión 2014/668/UE del Consejo (2) se especifican las disposiciones del Acuerdo que deben aplicarse provisionalmente. Entre ellas se incluyen las disposiciones sobre la creación y el funcionamiento del Subcomité de Gestión para Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios (en lo sucesivo, «Subcomité SFS»), el Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible, el Subcomité Aduanero y el Subcomité de Indicaciones Geográficas.

(3)

El artículo 74 del Acuerdo dispone que el Subcomité SFS ha de adoptar su reglamento interno en su primera reunión.

(4)

El artículo 300 del Acuerdo establece que el Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible ha de adoptar su reglamento interno.

(5)

El artículo 83 del Acuerdo dispone que el Subcomité Aduanero ha de adoptar su reglamento interno.

(6)

El artículo 211 del Acuerdo dispone que el Subcomité de Indicaciones Geográficas ha de adoptar su reglamento interno.

(7)

Procede determinar las posiciones que se deben adoptar en nombre de la Unión en el Comité SFS, en el Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible, en el Subcomité Aduanero y en el Subcomité de Indicaciones Geográficas, con respecto a la adopción de los reglamentos internos correspondientes a dichos Subcomités.

3.2.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 29/61

(1)

Francia notificó su intención de conceder una aprobación que supone una excepción a las normas comunes de seguridad aérea que desarrollan el Reglamento (CE) n.o 216/2008, establecidas en el Reglamento (UE) n.o 1321/2014 de la Comisión (2). De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartado 7, del Reglamento (CE) n.o 216/2008, la Comisión ha evaluado la necesidad de la excepción propuesta, así como el nivel de protección resultante, sobre la base de la recomendación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (en lo sucesivo denominada «EASA») de 24 de septiembre de 2015 (3).

(2)

La excepción propuesta, notificada por Francia el 24 de julio de 2015, se refiere al anexo I (Parte M), punto M.A.501, del Reglamento (UE) n.o 1321/2014, que establece que no podrá instalarse en una aeronave ningún elemento que no haya sido debidamente declarado apto para el servicio en un formulario EASA 1 (o equivalente).

(3)

La excepción propuesta se refiere a la instalación de motores R755B2M en las aeronaves YMF5C matriculadas en Francia. Esas aeronaves las fabrica WACO Classic Aircraft Corporation, establecida en los Estados Unidos de América, que es titular del certificado de tipo EASA.IM.A.055 aprobado por la EASA y del certificado de producción de la FAA n.o 328CE, que aprueba la producción del tipo de aeronave en cuestión. Los motores R755B2M los fabrica AIR REPAIR, también establecida en los Estados Unidos de América, que es titular del certificado de tipo EASA.E.092 aprobado por la EASA. AIR REPAIR proporciona sus motores a WACO Classic Aircraft Corporation para su instalación. Ahora bien, AIR REPAIR no cuenta con una aprobación de producción ni con una aprobación de estación de reparación FAA 145, por lo que no puede entregar motores a otros clientes mediante el formulario de aptitud para el servicio. Según la información recibida por la EASA, AIR REPAIR no desea obtener una aprobación de producción ni una aprobación en virtud de la parte 145 de la EASA.

(4)

Teniendo en cuenta que los nuevos motores producidos por AIR REPAIR no pueden entregarse a clientes con un formulario EASA 1 (o equivalente), las autoridades francesas explicaron que la excepción respecto al requisito del punto M.A.501 es necesaria para garantizar que los propietarios de aeronaves YMF5C que tengan previsto adquirir un motor nuevo P/N (modelo) R755B2M, número de serie 17819, puedan instalar ese motor en sus aeronaves en Francia.

(5)

Las autoridades francesas explicaron que puede alcanzarse un nivel de protección equivalente por otros medios. Esos medios consisten en el requisito de que el fabricante de aeronaves declare que los motores que van a instalarse son similares a los que el fabricante instalaría en su línea de producción y en el requisito de que dichos motores sean instalados por personal cualificado y de conformidad con el manual de mantenimiento de las aeronaves aplicable que contenga la información necesaria para la retirada y la instalación de dichos motores.

(6)

Sobre la base de la recomendación de la EASA de 24 de septiembre de 2015, la Comisión considera que por esos otros medios puede conseguirse un nivel de protección equivalente al conseguido mediante la aplicación del anexo I (Parte M), punto M.A.501, del Reglamento (UE) n.o 1321/2014. En consecuencia, debe permitirse a Francia conceder la excepción propuesta.

(7)

De conformidad con el artículo 14, apartado 7, del Reglamento (CE) n.o 216/2008, toda decisión de la Comisión por la que autorice a un Estado miembro la concesión de una excepción propuesta tiene que ser notificada a todos los Estados miembros, que también tendrán derecho a aplicar la medida en cuestión. Por consiguiente, los destinatarios de la presente Decisión deben ser todos los Estados miembros. La descripción de la excepción, así como las condiciones a las que esté sujeta, debe ser tal que permita a los demás Estados miembros aplicar también dicha medida cuando estén en la misma situación, sin necesidad de una nueva decisión de la Comisión. De conformidad con el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 216/2008, los Estados miembros, cuando apliquen esa medida, deben intercambiar información al respecto, ya que tal aplicación puede tener efectos fuera de los Estados miembros que conceden la excepción.

(8)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de la Agencia Europea de Seguridad Aérea.

3.2.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 29/63

(1)

La Decisión 2010/166/UE de la Comisión (2) establece las condiciones técnicas y operativas necesarias para permitir el uso del GSM a bordo de los buques (servicios de MCV) en la Unión.

(2)

El desarrollo de medios de comunicación perfeccionados fruto del progreso técnico puede mejorar la capacidad de todos los ciudadanos para permanecer conectados en todo lugar y momento, en consonancia con el programa de política del espectro radioeléctrico establecido por la Decisión n.o 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), y contribuir a la realización del mercado único digital. Por otra parte, el espectro debe utilizarse de conformidad con los principios de neutralidad tecnológica y de servicios establecidos en la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(3)

La Decisión 2010/166/UE insta a los Estados miembros a vigilar la utilización de las bandas de 900 MHz y 1 800 MHz por los sistemas que prestan servicios de MCV en sus mares territoriales, en particular en lo que respecta a la pertinencia continuada de todas las condiciones contenidas en dicha Decisión y a los casos de interferencia perjudicial. Asimismo, los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión un informe sobre sus conclusiones y la Comisión debe, cuando proceda, revisar la Decisión 2010/166/UE.

(4)

Los informes presentados por los Estados miembros a la Comisión han confirmado claramente la necesidad de permitir el uso de nuevas tecnologías de comunicación en el MCV.

(5)

Al objeto de facilitar el despliegue de aplicaciones de MCV en la Unión, el 16 de noviembre de 2015 la Comisión confirió un mandato a la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (en lo sucesivo, «CEPT»), de conformidad con el artículo 4, apartado 2, de la Decisión 676/2002/CE, con el fin de estudiar la posibilidad de coexistencia de los dispositivos marítimos que utilizan la tecnología LTE con las redes de comunicaciones electrónicas terrenales que operan en la bandas de 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz y 2 500-2 570/2 620-2 690 MHz y la coexistencia de los dispositivos marítimos que utilizan la tecnología UMTS con las redes de comunicaciones electrónicas terrestres que operan en la bandas de 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz.

(6)

A raíz de ese mandato, el 17 de junio de 2016 la CEPT aprobó su informe n.o 62, en el que llegó a la conclusión de que sería posible operar el MCV, siempre que se cumplan las condiciones técnicas pertinentes, utilizando la tecnología LTE en las bandas de 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz y 2 500-2 570/2 620-2 690 MHz y la tecnología UMTS en la banda 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz. Por tanto, procede modificar la Decisión 2010/166/UE sobre la base de los resultados del informe n.o 62 de la CEPT a fin de incluir estas tecnologías y frecuencias y permitir el uso de sistemas basados en estas tecnologías a bordo de los buques.

(7)

Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el anexo, y a fin de proteger otros usos autorizados del espectro, los Estados miembros podrán introducir restricciones geográficas adicionales al funcionamiento del sistema de MCV en su mar territorial.

(8)

Considerando la importancia de las tecnologías LTE y UMTS para las comunicaciones inalámbricas en la Unión, la posibilidad de utilizar sistemas LTE de MCV y sistemas UMTS de MCV, según se describe en la presente Decisión, debe aplicarse tan pronto como sea posible, y a más tardar seis meses después de la fecha de notificación de la presente Decisión.

(9)

Las especificaciones técnicas de MCV deben seguir siendo objeto de revisión con el fin de garantizar que sean acordes con los avances tecnológicos.

(10)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité del Espectro Radioeléctrico.

1)

El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 1

La finalidad de la presente Decisión es armonizar las condiciones técnicas relativas a la disponibilidad y la utilización eficiente de las bandas de frecuencias de 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900/2 100 MHz y 2 600 MHz para los sistemas que prestan servicios de comunicaciones móviles a bordo de los buques dentro de los mares territoriales de la Unión.».

2)

El artículo 2 queda modificado como sigue:

3)

El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 3

1.   Los Estados miembros pondrán al menos 2 MHz de espectro en la dirección ascendente y 2 MHz, del espectro emparejado correspondiente, en la dirección descendente, dentro de las bandas de 900 y/o 1 800 MHz, a disposición de los sistemas GSM que prestan servicios de MCV, sobre una base de ausencia de interferencia y de protección, en sus mares territoriales.

2.   Tan pronto como sea posible, y a más tardar a los seis meses de la fecha de notificación de la presente Decisión, los Estados miembros pondrán 5 MHz de espectro en la dirección ascendente y 5 MHz, del espectro emparejado correspondiente, en la dirección descendente a disposición de los sistemas UMTS, dentro de las bandas 1 900/2 100 MHz, y de los sistemas LTE, dentro de las bandas de 1 800 y 2 600 MHz, que prestan servicios de MCV, sobre una base de ausencia de interferencia y de protección, en sus mares territoriales.

3.   Los Estados miembros velarán por que los sistemas mencionados en los apartados 1 y 2 cumplan las condiciones que figuran en el anexo.».

4)

El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 4

Los Estados miembros vigilarán el uso de las bandas de frecuencias por parte de los sistemas que prestan servicios de MCV en sus mares territoriales, a los que se hace referencia en el artículo 3, apartados 1 y 2, en particular por lo que se refiere a si siguen siendo pertinentes todas las condiciones especificadas en el artículo 3 y a los casos de interferencia perjudicial.».

5)

El anexo se sustituye por el texto que figura en el anexo de la presente Decisión.

3.2.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 29/69

3.2.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 29/69