23.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/1

(1)

La Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) crea un espacio ferroviario europeo único con una serie de normas comunes que regulan desde la gobernanza de las empresas ferroviarias y de los administradores de infraestructuras hasta la financiación de estas y el cobro de cánones por su utilización, y desde las condiciones de acceso a las infraestructuras y servicios ferroviarios hasta la supervisión reglamentaria del mercado ferroviario. La realización del espacio ferroviario europeo único debe culminarse ampliando el principio de acceso abierto a los mercados ferroviarios nacionales y reformando la gobernanza de los administradores de infraestructuras con el objetivo de garantizar la igualdad de acceso a tales infraestructuras.

(2)

El tráfico ferroviario de viajeros no ha crecido al mismo ritmo que otros medios de transporte. La consecución del espacio ferroviario europeo único deberá contribuir a un mayor desarrollo del transporte por ferrocarril como alternativa creíble a otros medios de transporte. En este contexto, resulta vital que la legislación por la que se establece el espacio ferroviario europeo único se aplique efectivamente dentro de los plazos fijados.

(3)

En la Unión, el mercado del transporte ferroviario de mercancías y el de los servicios de transporte internacional de viajeros por ferrocarril se encuentran abiertos a la competencia desde 2007 y 2010 respectivamente, en aplicación de la Directiva 2004/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y la Directiva 2007/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Además, algunos Estados miembros también han abierto a la competencia sus servicios nacionales de transporte de viajeros, estableciendo derechos de libre acceso abiertos, convocando licitaciones para la concesión de contratos de servicio público o haciendo uso de ambos métodos. Esta apertura del mercado debería repercutir positivamente en el funcionamiento del espacio ferroviario europeo único, dando lugar a una mejora de los servicios que se ofrecen a los usuarios.

(4)

Mediante excepciones concretas al ámbito de aplicación de la Directiva 2012/34/UE, los Estados miembros deben poder tener en cuenta las características específicas de la estructura y organización de los sistemas ferroviarios en sus respectivos territorios, al tiempo que garantizan la integralidad del espacio ferroviario europeo único.

(5)

La explotación de las infraestructuras ferroviarias de una red incluye los sistemas de control-mando y de señalización. Mientras la línea está operativa, el administrador de infraestructuras debe garantizar, en particular, que la infraestructura sea adecuada para su uso previsto.

(6)

Para determinar si una empresa debe considerarse integrada verticalmente, debe aplicarse el concepto de control tal como se entiende en el Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (7). Cuando un administrador de infraestructuras y una empresa ferroviaria sean plenamente independientes entre sí, pero ambos estén controlados directamente por el Estado sin una entidad intermediaria, deben considerarse entidades separadas. No se debe considerar entidad intermediaria a un ministerio de un gobierno que ejerza control simultáneamente sobre una empresa ferroviaria y sobre un administrador de infraestructuras.

(7)

La presente Directiva introduce más requisitos destinados a garantizar la independencia del administrador de infraestructuras. Los Estados miembros deben poder elegir libremente entre diferentes modelos organizativos, desde la plena separación estructural hasta la integración vertical, siempre que se respeten las salvaguardias adecuadas para garantizar la imparcialidad del administrador de infraestructuras en lo que concierne a las funciones esenciales, la gestión del tráfico y la planificación del mantenimiento. Dentro de los límites establecidos en los marcos sobre fijación de cánones y adjudicación de capacidad, los Estados miembros deben cerciorarse de que el administrador de infraestructuras goza de independencia organizativa y en la toma de decisiones por lo que respecta a las funciones esenciales.

(8)

Las empresas integradas verticalmente deben contar con salvaguardias que impidan que otras personas jurídicas que formen parte de esas mismas empresas ejerzan una influencia decisiva en los nombramientos y las destituciones de las personas responsables de tomar decisiones sobre las funciones esenciales. En este contexto, los Estados miembros deben asegurarse de que existan procedimientos para la presentación de denuncias.

(9)

Los Estados miembros deben crear un marco nacional relativo a la evaluación del conflicto de intereses. Dentro de este marco, el organismo regulador deberá tener en cuenta todos los intereses personales financieros, económicos o profesionales que puedan influir de manera indebida en la imparcialidad del administrador de infraestructuras. En los casos en los que un administrador de infraestructuras y una empresa ferroviaria sean independientes entre sí, el hecho de que estén directamente controlados por la misma autoridad de un Estado miembro no debe considerarse que da lugar a un conflicto de intereses en el sentido de la presente Directiva.

(10)

La toma de decisiones por parte de los administradores de infraestructuras con respecto a la adjudicación de surcos ferroviarios y a la fijación de cánones por el uso de las infraestructuras son funciones esenciales para garantizar un acceso equitativo y no discriminatorio a las infraestructuras ferroviarias. Deben establecerse salvaguardias más rigurosas con el fin de evitar toda influencia indebida en las decisiones que adopte el administrador de infraestructuras en relación con tales funciones. Estas salvaguardias deben adaptarse para tener en cuenta las diferentes estructuras de gobierno de las entidades ferroviarias

(11)

Asimismo, deben tomarse medidas adecuadas para garantizar que las funciones de gestión del tráfico y planificación del mantenimiento se ejercen con imparcialidad a fin de evitar toda distorsión de la competencia. En este marco, los administradores de infraestructuras deben garantizar que las empresas ferroviarias tengan acceso a la información pertinente. Así, cuando los administradores de infraestructuras concedan a las empresas ferroviarias un mayor acceso al proceso de gestión del tráfico, deben respetar el principio de igualdad de condiciones de todas las empresas ferroviarias concernidas.

(12)

Cuando quien realiza las funciones esenciales sea un organismo independiente de fijación de cánones o adjudicación, o de ambas cosas, debe garantizarse la imparcialidad del administrador de infraestructuras por lo que respecta al mantenimiento y a la gestión del tráfico sin necesidad de transferir estas funciones a una entidad independiente.

(13)

Los reguladores deben tener la potestad de supervisar la gestión del tráfico, la planificación de la renovación y las obras de mantenimiento programado o no programado, con el fin de garantizar que tales acciones no dan lugar a discriminación.

(14)

Como norma general, los Estados miembros deben garantizar que el administrador de infraestructuras sea el responsable de la explotación, el mantenimiento y la renovación de una red y que se le confíe el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias de dicha red. Cuando estas funciones se externalicen a entidades distintas, el administrador de infraestructuras debe, no obstante, conservar el poder de supervisión y asumir en último término la responsabilidad de ejercerlas.

(15)

Los administradores de infraestructuras que formen parte de una empresa integrada verticalmente pueden externalizar funciones diferentes de las funciones esenciales dentro de dicha empresa respetando las condiciones fijadas en la presente Directiva, siempre que no surja un conflicto de intereses y que se garantice la confidencialidad de la información sensible a efectos comerciales. Las funciones esenciales no deben externalizarse a ninguna otra entidad de la empresa integrada verticalmente, a menos que dicha entidad realice exclusivamente funciones esenciales.

(16)

Cuando proceda, y especialmente por razones de eficiencia, por ejemplo en casos de asociaciones público-privadas, las funciones de gestión de las infraestructuras pueden repartirse entre diversos administradores de infraestructuras. Cada uno de estos administradores deberá asumir plena responsabilidad de las funciones que ejerza.

(17)

Deben evitarse las transferencias financieras entre el administrador de infraestructuras y las empresas ferroviarias, así como, en empresas integradas verticalmente, entre el administrador de infraestructuras y cualquier otra entidad jurídica de la empresa integrada, cuando puedan distorsionar la competencia en el mercado, en particular a consecuencia de las subvenciones cruzadas.

(18)

Los administradores de infraestructuras ferroviarias pueden utilizar los ingresos procedentes de las actividades de gestión de la red de infraestructuras que impliquen el uso de fondos públicos para financiar su propia actividad o para pagar dividendos a sus inversores, a modo de retribución por sus inversiones en las infraestructuras ferroviarias. Entre dichos inversores pueden estar incluidos el Estado y cualquier accionista privado, pero no las empresas que formen parte de una empresa integrada verticalmente y que ejerzan el control tanto sobre una empresa ferroviaria como sobre dicho administrador de infraestructuras ferroviarias. Los dividendos generados por actividades que no impliquen la utilización de fondos públicos o ingresos procedentes de cánones por el uso de infraestructura ferroviaria también pueden ser empleados por empresas que formen parte de una empresa integrada verticalmente y que ejerzan el control tanto sobre una empresa ferroviaria como sobre dicho administrador de infraestructuras ferroviarias.

(19)

Los principios de fijación de cánones no deben excluir la posibilidad de que los ingresos procedentes de los cánones por el uso de las infraestructuras pasen a través de cuentas del Estado.

(20)

Cuando, en empresas integradas verticalmente, el administrador de infraestructuras no tenga una personalidad jurídica diferenciada y las funciones esenciales estén externalizadas mediante su asignación a un organismo independiente de fijación de cánones y/o de adjudicación de capacidad, las disposiciones pertinentes relativas a la transparencia financiera y a la independencia del administrador de infraestructuras deben ser aplicables mutatis mutandis a determinados departamentos de la empresa.

(21)

Para lograr que la gestión de la red y el uso de la infraestructura sean eficientes, los administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias deben garantizar la coordinación entre sí mediante el uso de mecanismos adecuados para tal fin.

(22)

Con vistas a facilitar la prestación de servicios ferroviarios eficaces y eficientes en la Unión, deberá establecerse una Red Europea de Administradores de Infraestructuras a partir de plataformas existentes. A los efectos de la participación en esta red, los Estados miembros deberán poder determinar libremente qué organismo u organismos consideran su principal administrador de la infraestructura.

(23)

Dada la heterogeneidad de las redes en cuanto a sus dimensiones y su densidad y la variedad de estructuras organizativas de las entidades nacionales, locales y regionales, así como sus experiencias respectivas en el proceso de apertura del mercado, debe dejarse a los Estados miembros flexibilidad suficiente para que organicen sus redes ferroviarias de manera que puedan prestarse servicios de libre acceso y servicios sujetos a contratos de servicio público, a fin de garantizar que se ofrecen servicios de gran calidad a todos los viajeros.

(24)

La concesión a las empresas ferroviarias de la Unión del derecho de acceso a las infraestructuras ferroviarias de todos los Estados miembros para que exploten servicios nacionales de transporte ferroviario de viajeros podría tener implicaciones en la organización y financiación de esos servicios cuando se enmarquen en un contrato de servicio público. Los Estados miembros deben tener la facultad, basada en una decisión del organismo regulador competente, de limitar ese derecho de acceso cuando pueda comprometer el equilibrio económico de los contratos de servicio público.

(25)

El derecho de las empresas ferroviarias a tener acceso a las infraestructuras no afecta a la posibilidad de que una autoridad competente conceda derechos exclusivos de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) o adjudique un contrato de servicio público directamente con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 5 de dicho Reglamento. La existencia de dicho contrato de servicio público no debe permitir a los Estados miembros limitar el derecho de acceso de otras empresas ferroviarias a las infraestructuras ferroviarias de que se trate para la prestación de servicios de transporte ferroviario de viajeros, a menos que tales servicios pongan en peligro el equilibrio económico del contrato de servicio público.

(26)

En caso de que lo soliciten las partes interesadas, los organismos reguladores deberán evaluar, sobre la base de un análisis económico objetivo, si se pondría en entredicho el equilibrio económico de los contratos de servicio público existentes.

(27)

El proceso de evaluación ha de tener en cuenta la necesidad de garantizar a todos los actores del mercado la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio de sus actividades. Dicho proceso debe ser lo más sencillo, eficaz y transparente posible, además de coherente con el procedimiento de adjudicación de la capacidad de infraestructura.

(28)

Siempre que se garantice un acceso no discriminatorio, los Estados miembros podrán agregar condiciones específicas al derecho de acceso a las infraestructuras con el fin de permitir la aplicación de un plan de horarios integrado para los servicios nacionales de transporte de pasajeros por ferrocarril.

(29)

El desarrollo de la infraestructura ferroviaria y la mejora de la calidad de los servicios ferroviarios de transporte de pasajeros son prioridades clave en la promoción de un sistema de transporte y movilidad sostenible en Europa. En particular, el desarrollo de una red ferroviaria de alta velocidad tiene el potencial de crear conexiones mejores y más rápidas entre los centros económicos y culturales de Europa. Los servicios ferroviarios de alta velocidad unen a las personas y los mercados de manera rápida, fiable, respetuosa con el medio ambiente y eficiente en términos de coste respecto a su coste, y fomentan el trasvase de pasajeros hacia el ferrocarril. Por consiguiente, es particularmente importante fomentar las inversiones tanto públicas como privadas en infraestructuras ferroviarias de alta velocidad, crear condiciones favorables para un retorno positivo de las inversiones y maximizar los beneficios económicos y sociales de dichas inversiones. Los Estados miembros deben seguir teniendo la posibilidad de optar por diferentes maneras de fomentar las inversiones en infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y el uso de las líneas de alta velocidad.

(30)

Con vistas a desarrollar el mercado de servicios de transporte de viajeros de alta velocidad y promover un uso óptimo de la infraestructura disponible, y a fin de fomentar la competitividad de los servicios de transporte de pasajeros de alta velocidad para generar efectos beneficiosos para los pasajeros, el libre acceso a los servicios de transporte de viajeros de alta velocidad solo debe limitarse en circunstancias concretas y tras un análisis económico objetivo realizado por el organismo regulador.

(31)

A fin de facilitar a los pasajeros el acceso a los datos necesarios para planificar viajes y reservar billetes dentro de la Unión, deben promoverse los sistemas comunes de información y de billetes combinados que hayan sido desarrollados por el mercado. Dada la importancia que tiene el promover unos sistemas de transporte público sin fisuras, debe fomentarse el que las empresas ferroviarias trabajen en el desarrollo de sistemas que posibiliten opciones de movilidad multimodal, transfronteriza y de puerta a puerta.

(32)

Los sistemas de billetes combinados deben ser interoperables y no discriminatorios. Las empresas ferroviarias deben contribuir a su desarrollo poniendo a disposición de manera no discriminatoria y en un formato interoperable todos los datos pertinentes necesarios para planificar viajes y reservar billetes. Los Estados miembros deberán asegurarse de que dichos sistemas no discriminan entre empresas ferroviarias y respetan la necesidad de velar por la confidencialidad de la información comercial, la protección de datos de carácter personal y las normas de competencia. La Comisión debe supervisar el desarrollo de dichos sistemas e informar de ello y, en su caso, presentar propuestas legislativas.

(33)

Los Estados miembros deben velar por que la prestación de servicios ferroviarios se ajuste a los requisitos relacionados con la garantía de una adecuada protección social y garantice, al mismo tiempo, un adecuado progreso hacia la realización del espacio ferroviario europeo único. En este contexto, las obligaciones que se deriven de convenios colectivos vinculantes o de acuerdos alcanzados entre los interlocutores sociales y las normas sociales correspondientes con arreglo a la legislación nacional deben respetarse. Dichas obligaciones se entenderán sin perjuicio de la legislación de la Unión en el ámbito social y laboral. La Comisión deberá apoyar activamente el trabajo emprendido por el diálogo social sectorial en materia de ferrocarriles.

(34)

En el marco de la revisión en curso de la Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9) sobre la certificación de los maquinistas de locomotoras y trenes en el sistema ferroviario de la Comunidad, la Comisión debe evaluar si son necesarios nuevos actos legislativos relativos a la certificación del personal de tren.

(35)

Los Estados miembros han de poder decidir libremente sobre las estrategias de financiación adecuadas para acelerar la puesta en marcha del Sistema Europeo de Control de Trenes (ETCS, por sus siglas en inglés), en particular, para establecer o no una distinción entre los cánones de acceso a las vías.

(36)

Los administradores de infraestructuras deben cooperar en caso de incidentes o accidentes que afecten al tráfico transfronterizo, con el fin de compartir toda información pertinente que permita restablecer rápidamente la normalidad del tráfico.

(37)

Con miras a alcanzar los objetivos del espacio ferroviario europeo único, los organismos reguladores deben cooperar para garantizar un acceso no discriminatorio a las infraestructuras ferroviarias.

(38)

Concretamente, es esencial que los organismos reguladores cooperen en cuestiones relativas a servicios ferroviarios internacionales o a infraestructuras ferroviarias binacionales que requieran decisiones de dos o más organismos reguladores a efectos de coordinar sus procesos de toma de decisiones, con vistas a evitar la inseguridad jurídica y velar por la eficiencia de los servicios ferroviarios internacionales.

(39)

En el proceso de apertura de los mercados ferroviarios nacionales a la competencia mediante la concesión de acceso a las redes a cualquier empresa ferroviaria, los Estados miembros deberán contar con un período transitorio suficiente para adaptar sus legislaciones nacionales y sus estructuras organizativas. Por consiguiente, los Estados miembros deben poder mantener sus normas nacionales vigentes en relación con el acceso al mercado hasta que termine el período transitorio.

(40)

Con arreglo a la Declaración política conjunta de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión, sobre los documentos explicativos (10), los Estados miembros se han comprometido en casos justificados a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Tratándose de la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisión de dichos documentos.

1)

El artículo 2 se modifica de la forma siguiente:

2)

El artículo 3 se modifica de la forma siguiente:

3)

En el artículo 6, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   A efectos del presente artículo, los Estados miembros que apliquen el artículo 7 bis, apartado 3, exigirán que la empresa se organice en distintas unidades de negocio que no posean personalidad jurídica independiente dentro de la misma.».

4)

El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 7

Independencia del administrador de infraestructuras

1.   Los Estados miembros se asegurarán de que el administrador de infraestructuras es responsable de la explotación, el mantenimiento y la renovación de una red y de que se le confía el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias de dicha red, de conformidad con el Derecho nacional.

Los Estados miembros velarán por que ninguna de las demás entidades jurídicas que formen parte de la empresa integrada verticalmente tenga una influencia decisiva en las decisiones tomadas por el administrador de infraestructuras en relación con las funciones esenciales.

Los Estados miembros velarán por que los miembros del consejo de supervisión y del consejo de administración del administrador de infraestructuras y los administradores que le rindan cuentas directamente actúen de modo no discriminatorio y que su imparcialidad no se vea afectada por ningún conflicto de interés.

2.   Los Estados miembros se asegurarán de que el administrador de infraestructuras se organice como una entidad jurídicamente distinta de cualquier empresa ferroviaria y, en el caso de las empresas integradas verticalmente, de cualquier otra entidad jurídica encuadrada en ellas.

3.   Los Estados miembros se asegurarán de que las mismas personas no puedan ser contratadas o nombradas al mismo tiempo:

4.   En el caso de empresas integradas verticalmente, los miembros del consejo de administración del administrador de infraestructuras ferroviarias y las personas responsables de la toma de decisiones sobre las funciones esenciales no deben recibir ninguna remuneración basada en los resultados de la empresa de ninguna otra entidad jurídica que forme parte de la empresa integrada verticalmente ni deben recibir primas relacionadas principalmente con los resultados financieros de empresas ferroviarias en particular. Sin embargo, pueden ofrecérseles incentivos relacionados con los resultados globales del sistema ferroviario.

5.   En el caso de que los sistemas de información sean comunes a diferentes entidades dentro de una empresa integrada verticalmente, el acceso a información sensible relacionada con funciones esenciales se restringirá al personal autorizado del administrador de infraestructuras ferroviarias. La información sensible no podrá ser transmitida a otras entidades que formen parte de una empresa integrada verticalmente.

6.   Lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo se entiende sin perjuicio de los derechos de toma de decisiones de los Estados miembros en lo que respecta al desarrollo y la financiación de las infraestructuras ferroviarias y de las competencias de los Estados miembros en lo que respecta a la financiación de las infraestructuras y a la fijación de cánones para su uso, así como de adjudicación de la capacidad, tal y como se define en el artículo 4, apartado 2, y en los artículos 8, 29 y 39.».

5)

Se añaden los artículos siguientes:

«Artículo 7 bis

Independencia de las funciones esenciales

1.   Los Estados miembros deberán asegurarse de que el administrador de infraestructuras ferroviarias es independiente desde el punto de vista organizativo y de toma de decisiones en lo que respecta a las funciones esenciales dentro de los límites establecidos en el artículo 4, apartado 2, y en los artículos 29 y 39.

2.   Para la aplicación del apartado 1, los Estados miembros deberán en particular asegurarse de que:

3.   Los Estados miembros podrán decidir que la fijación de cánones por el uso de las infraestructuras y la adjudicación de surcos ferroviarios sean ejecutadas por un órgano responsable de la fijación de cánones y/o por un órgano responsable de la adjudicación de surcos ferroviarios que tengan forma jurídica, organización y toma de decisiones independiente de cualquier empresa ferroviaria. En este caso, los Estados miembros podrán decidir no aplicar lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, y en el artículo 7, apartado 3, letras c) y d).

El artículo 7, apartado 3, letra a), y el artículo 7, apartado 4, se aplicarán mutatis mutandis a los responsables de departamento encargados de la administración de las infraestructuras y de la prestación de servicios ferroviarios.

4.   Las disposiciones de la presente Directiva referidas a las funciones esenciales de un administrador de infraestructuras ferroviarias se aplicarán al órgano independiente de fijación de cánones y/o de adjudicación.

Artículo 7 ter

Imparcialidad del administrador de infraestructuras ferroviarias respecto a la gestión del tráfico y a la planificación del mantenimiento

1.   Los Estados miembros velarán por que las funciones de gestión del tráfico y planificación del mantenimiento se ejerzan de manera transparente y no discriminatoria y de que las personas responsables de la toma de decisiones con respecto a dichas funciones no se vean afectadas por ningún conflicto de intereses.

2.   En lo que respecta a la gestión del tráfico, los Estados miembros deberán asegurarse de que las empresas ferroviarias, en casos de interrupciones que les afecten, disponen de un acceso pleno y puntual a la información pertinente. Cuando el administrador de infraestructuras ferroviarias conceda un acceso más avanzado al proceso de gestión del tráfico, deberá hacerlo para las empresas ferroviarias afectadas de forma transparente y no discriminatoria.

3.   En lo que respecta a la planificación a largo plazo de mantenimiento y/o renovación de gran calado de las infraestructuras ferroviarias, el administrador de infraestructuras ferroviarias consultará a los candidatos y tendrá en cuenta, en la mayor medida posible, las preocupaciones manifestadas.

El administrador de infraestructuras llevará a cabo la programación de los trabajos de mantenimiento de manera no discriminatoria.

Artículo 7 quater

Externalización y compartición de las funciones del administrador de infraestructuras ferroviarias

1.   Siempre que no genere conflictos de intereses y que se garantice la confidencialidad de la información sensible a efectos comerciales, el administrador de infraestructuras ferroviarias podrá:

El administrador de infraestructuras ferroviarias mantendrá el poder de supervisión y será responsable en última instancia del ejercicio de las funciones descritas en el artículo 3, apartado 2. Cualquier entidad que asuma funciones esenciales deberá respetar los artículos 7, 7 bis, 7 ter y 7 quinquies.

2.   No obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, las funciones de gestión de las infraestructuras podrán ser llevadas a cabo por diferentes administradores de infraestructuras ferroviarias, incluidos los que son parte en acuerdos de asociación público-privada, siempre y cuando todos ellos cumplan los requisitos del artículo 7, apartados 2 a 6, y los artículos 7 bis, 7 ter y 7 quinquies y asuman la plena responsabilidad por el ejercicio de las funciones en cuestión.

3.   Cuando las funciones esenciales no se asignen a una compañía eléctrica, esta estará exenta de las normas aplicables a los administradores de infraestructuras, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de las disposiciones pertinentes relativas al desarrollo de la red, en particular del artículo 8.

4.   Sujeto a la supervisión del organismo regulador o a cualquier otro organismo competente independiente determinado por el Estado miembro, un administrador de infraestructuras ferroviarias podrá celebrar acuerdos de cooperación con una o más empresas ferroviarias de forma no discriminatoria y con vistas a ofrecer ventajas a los clientes, como precios reducidos o una mejora del funcionamiento en la parte de la red cubierta por el acuerdo.

Dicho organismo supervisará la ejecución de los acuerdos en cuestión y podrá, en casos debidamente justificados, aconsejar su rescisión.

Artículo 7 quinquies

Transparencia financiera

1.   Respetando los procedimientos nacionales aplicables en cada Estado miembro, el administrador de infraestructuras ferroviarias solo podrá emplear los ingresos procedentes de las actividades de gestión de la red de infraestructuras, incluidos los fondos públicos, para financiar su propia actividad, incluidos los pagos de sus créditos. El administrador de infraestructuras ferroviarias también podrá usar estos ingresos para pagar dividendos a los propietarios de la sociedad, que pueden incluir a cualquier accionista privado, pero que excluyen a las empresas que formen parte de una empresa integrada verticalmente y que controlen tanto a una empresa ferroviaria como a dicho administrador de infraestructuras ferroviarias.

2.   Los administradores de infraestructuras ferroviarias no concederán préstamos a empresas ferroviarias, ya sea de forma directa o indirecta.

3.   Las empresas ferroviarias no concederán préstamos a administradores de infraestructuras ferroviarias, ya sea de forma directa o indirecta.

4.   Los préstamos entre entidades jurídicas de una empresa integrada verticalmente solo se concederán, desembolsarán y reembolsarán a los tipos y condiciones de mercado que reflejen el perfil de riesgo individual de la entidad en cuestión.

5.   Los préstamos entre entidades jurídicas de una empresa integrada verticalmente concedidos antes del 24 de diciembre de 2016 se mantendrán hasta su vencimiento, siempre y cuando fueran pactados a tipos de mercado y de que realmente sean desembolsados y reembolsados.

6.   Cualquier servicio ofrecido por otras entidades jurídicas de una empresa integrada verticalmente al administrador de infraestructuras ferroviarias se basará en contratos y se pagará o bien a precios de mercado o bien a precios que reflejen el coste de producción, más un margen de beneficio razonable.

7.   Las deudas atribuidas al administrador de infraestructuras ferroviarias se separarán claramente de las atribuidas a las otras entidades jurídicas de las empresas integradas verticalmente. Estas deudas se reembolsarán por separado. Esto no impide que el pago final de las deudas se realice a través de una empresa que forme parte de una empresa integrada verticalmente y que controle a la vez a una empresa ferroviaria y a un administrador de infraestructuras y como miembros del consejo de administración de dicho administrador de infraestructuras, o a través de otra entidad dentro de la empresa.

8.   La contabilidad del administrador de infraestructuras ferroviarias y la de las otras entidades jurídicas dentro de una empresa integrada verticalmente se llevarán de forma que se garantice el cumplimiento del presente artículo y permita una contabilidad separada y un circuito financiero transparente dentro de la empresa.

9.   Dentro de las empresas integradas verticalmente, el administrador de infraestructuras ferroviarias mantendrá registros detallados de cualquier relación comercial o financiera con las otras entidades jurídicas dentro de dicha empresa.

10.   Cuando las funciones esenciales sean llevadas a cabo por un órgano independiente de fijación de cánones y/o de adjudicación, de conformidad con el artículo 7 bis, apartado 3, y los Estados miembros no estén aplicando el artículo 7, apartado 2, las disposiciones del presente artículo se aplicarán mutatis mutandis. Las referencias al administrador de infraestructuras ferroviarias, la empresa ferroviaria y otras entidades jurídicas de una empresa integrada verticalmente en el presente artículo se entenderán como referencias a las respectivas unidades de negocio de la empresa. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo se demostrará en la contabilidad separada de las respectivas unidades de negocio de la empresa.

Artículo 7 sexies

Mecanismos de coordinación

Los Estados miembros se asegurarán de que se establecen mecanismos de coordinación adecuados para garantizar la coordinación entre sus principales administradores de infraestructuras ferroviarias y todas las empresas ferroviarias interesadas, así como los candidatos a que se refiere el artículo 8, apartado 3. Cuando proceda, se invitará a participar a representantes de los usuarios de los servicios de transporte ferroviario de mercancías y de pasajeros y a las autoridades nacionales, regionales o locales. El organismo regulador podrá participar como observador. La coordinación se referirá, entre otros aspectos, a:

El administrador de infraestructuras ferroviarias elaborará y publicará directrices para la coordinación en consulta con las partes interesadas. La coordinación se llevará a cabo al menos una vez al año y el administrador de infraestructuras ferroviarias publicará en su sitio web un informe recapitulativo de las actividades emprendidas con arreglo al presente artículo.

La coordinación en virtud del presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de los solicitantes de apelar al organismo regulador y de las facultades del organismo regulador contempladas en el artículo 56.

Artículo 7 septies

Red Europea de Administradores de Infraestructuras

1.   Con vistas a facilitar la prestación de servicios ferroviarios eficaces y eficientes en la Unión, los Estados miembros se asegurarán de que sus principales administradores de infraestructuras ferroviarias participen y cooperen en una red, que celebre reuniones a intervalos regulares para:

A los efectos de la letra d), la red identificará principios y prácticas comunes para la supervisión y la comparación de los resultados de una manera coherente.

La coordinación con arreglo al presente apartado se entenderá sin perjuicio del derecho de los solicitantes de apelar al organismo regulador y de las facultades del organismo regulador contempladas en el artículo 56.

2.   La Comisión será miembro de la red. Apoyará el trabajo de la red y facilitará la coordinación.».

6)

El artículo 10 se modifica de la forma siguiente:

7)

El artículo 11 se modifica de la forma siguiente:

8)

Se añaden los artículos siguientes:

«Artículo 11 bis

Servicios de transporte de viajeros de alta velocidad

1.   Con vistas a desarrollar el mercado de servicios de transporte de viajeros de alta velocidad, promover un uso óptimo de las infraestructuras disponibles y a fin de fomentar la competitividad de los servicios de transporte de pasajeros de alta velocidad para generar efectos beneficiosos para los pasajeros, sin perjuicio del artículo 11, apartado 5, el ejercicio del derecho de acceso contemplado en el artículo 10 en lo que respecta a los servicios de transporte de pasajeros de alta velocidad solo podrá estar sujeto a los requisitos establecidos por el organismo regulador de conformidad con el presente artículo.

2.   En caso de que el organismo regulador, tras el examen previsto en el artículo 11, apartados 2, 3 y 4, determine que el servicio de transporte de pasajeros de alta velocidad previsto entre un punto de origen y de destino determinados compromete el equilibrio económico de un contrato de servicio público que cubre la misma ruta o una ruta alternativa, el organismo regulador indicará posibles cambios en el servicio que aseguren que se cumplen las condiciones para conceder el derecho de acceso contemplado en el artículo 10, apartado 2. Dichos cambios podrán incluir una modificación del servicio previsto.».

«Artículo 13 bis

Sistemas comunes de información y de billetes combinados

1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (*2) y en la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (*3), los Estados miembros podrán exigir que las empresas ferroviarias que exploten servicios nacionales de transporte de viajeros participen en el establecimiento de sistemas comunes de información y de billetería integrada para la oferta de billetes, billetes combinados y reservas; podrán también decidir que dichos sistemas sean establecidos por las autoridades competentes. Los Estados miembros habrán de garantizar que, en caso de establecerse, esos sistemas no distorsionen el mercado ni discriminen entre las distintas empresas ferroviarias y que sean gestionados por una persona jurídica pública o privada o una asociación integrada por todas las empresas ferroviarias que exploten servicios de transporte de viajeros.

2.   La Comisión supervisará la evolución del mercado ferroviario en lo que respecta a la introducción y el uso de sistemas comunes de información y billetes combinados y evaluará la necesidad de adoptar medidas a escala de la Unión, tomando en consideración iniciativas de mercado. En particular estudiará el acceso no discriminatorio de los viajeros que usen el ferrocarril a los datos necesarios para planificar viajes y reservar billetes. A más tardar el 31 de diciembre de 2022, presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la disponibilidad de estos sistemas comunes de información y billetes combinados, que se acompañará, si procede, de propuestas legislativas.

3.   Los Estados miembros dispondrán que las empresas ferroviarias que exploten servicios de transporte de viajeros establezcan planes de emergencia y se aseguren de que dichos planes están debidamente coordinados para que, en caso de perturbación grave de los servicios, se preste a los viajeros la asistencia que contempla el artículo 18 del Reglamento (CE) n.o 1371/2007.

(*2)  Reglamento (CE) n.o 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (DO L 315 de 3.12.2007, p. 14)."

(*3)  Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, por la que se establece el marco para la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte (DO L 207 de 6.8.2010, p. 1).»."

9)

En el artículo 19 se añade la letra siguiente:

10)

En el artículo 32, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.   Los cánones de infraestructuras por la utilización de corredores de ferrocarril que se especifican en el Reglamento (UE) 2016/919 de la Comisión (*4) se podrán diferenciar para incentivar que en determinados trenes se instale el ETCS conforme con la versión adoptada por la Decisión 2008/386/CE de la Comisión (*5) y con las versiones posteriores. Esta diferenciación no podrá tener como consecuencia ningún incremento en los ingresos del administrador de infraestructuras.

Los Estados miembros podrán decidir que esta diferenciación de cánones por utilización de infraestructuras no se aplique a las líneas ferroviarias especificadas en el Reglamento (UE) 2016/919 por las que solo puedan circular trenes equipados con ETCS.

Los Estados miembros podrán decidir ampliar esta diferenciación a líneas ferroviarias no especificadas en el Reglamento (UE) 2016/919.

(*4)  Reglamento (UE) 2016/919 de la Comisión, de 27 de mayo de 2016, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a los subsistemas de “control-mando y señalización” del sistema ferroviario de la Unión Europea (DO L 158 de 15.6.2016, p. 1)."

(*5)  Decisión 2008/386/CE de la Comisión, de 23 de abril de 2008, por la que se modifican el anexo A de la Decisión 2006/679/CE sobre la especificación técnica de interoperabilidad referente al subsistema de control y mando y señalización del sistema ferroviario transeuropeo convencional y el anexo A de la Decisión 2006/860/CE sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa al subsistema control-mando y señalización del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad (DO L 136 de 24.5.2008, p. 11).»."

11)

En el artículo 38, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.   El candidato que desee solicitar capacidad de infraestructuras con el fin de explotar un servicio de transporte de viajeros en un Estado miembro en el que el derecho de acceso a las infraestructuras ferroviarias esté limitado con arreglo al artículo 11 deberá informar a los administradores de infraestructuras ferroviarias y a los organismos reguladores interesados con una antelación mínima de 18 meses respecto a la entrada en vigor del horario de servicio al que corresponda la solicitud de capacidad. Para poder evaluar los posibles efectos económicos en los contratos de servicio público existentes, los organismos reguladores velarán por que se informe sin demora, y en todo caso en un plazo de diez días, a las autoridades competentes que hayan podido adjudicar un servicio de transporte de viajeros por ferrocarril en el itinerario que contemple el contrato de servicio público, así como a cualquier otra autoridad competente interesada que tenga derecho a limitar el acceso en virtud del artículo 11 y a cualquier empresa ferroviaria que esté ejecutando el contrato de servicio público en el itinerario de ese servicio de transporte de viajeros.».

12)

En el artículo 53, apartado 3, se añade el párrafo siguiente:

«El organismo regulador podrá exigir al administrador de infraestructuras ferroviarias que ponga dicha información a su disposición si lo considera necesario.».

13)

En el artículo 54, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   En caso de perturbación del tráfico ferroviario ocasionada por un fallo técnico o un accidente, el administrador de infraestructuras tomará todas las medidas necesarias para restablecer la normalidad. A tal fin, el administrador de infraestructuras elaborará un plan de contingencias en el que se enumerarán los diversos organismos que deben ser informados en caso de incidente importante o de perturbación grave del tráfico ferroviario. En caso de que la perturbación pueda tener consecuencias sobre el tráfico transfronterizo, el administrador de infraestructuras compartirá la información pertinente con los demás administradores de infraestructuras cuya red y tráfico puedan verse afectados por la perturbación. Los administradores de infraestructuras correspondientes cooperarán para restablecer el tráfico transfronterizo.».

14)

El artículo 56 se modifica como sigue:

15)

El artículo 57 se modifica de la siguiente manera:

16)

En el artículo 63, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   A más tardar el 31 de diciembre de 2024, la Comisión evaluará el efecto que haya causado la presente Directiva en el sector ferroviario y presentará un informe sobre su aplicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.

En particular, el informe evaluará el desarrollo de los servicios ferroviarios de alta velocidad y la existencia de prácticas discriminatorias relativas al acceso a las líneas de alta velocidad. La Comisión estudiará si es necesario presentar propuestas legislativas.

A más tardar en esa misma fecha, la Comisión analizará si persisten prácticas discriminatorias u otras formas de perturbación de la competencia en relación con los administradores de infraestructuras ferroviarias que formen parte de empresas integradas verticalmente. Presentará, en su caso, nuevas propuestas legislativas.».

23.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/18

(1)

Las relaciones entre la Unión Europea (en lo sucesivo, «Unión») y el Reino Hachemí de Jordania (en lo sucesivo, «Jordania») se desarrollan en el marco de la política europea de vecindad (PEV). Jordania firmó un Acuerdo de Asociación (2) con la Unión el 24 de noviembre de 1997, que entró en vigor el 1 de mayo de 2002. En el marco de ese acuerdo, la Unión y Jordania establecieron gradualmente una zona de libre comercio durante un período transitorio de 12 años. Además, en 2007 entró en vigor un acuerdo relativo a una mayor liberalización de los productos agrícolas (3). En 2010, la Unión concedió a Jordania el estatuto de «socio avanzado», lo que supone una ampliación de las áreas de cooperación. Un protocolo que establece un mecanismo de resolución de litigios comerciales entre la UE y Jordania, rubricado en diciembre de 2009, entró en vigor el 1 de julio de 2011. El diálogo político bilateral y la cooperación económica se han seguido desarrollando en el contexto del Acuerdo de Asociación y del marco único de apoyo adoptado para 2014-2017.

(2)

Desde 2011, Jordania ha emprendido una serie de reformas políticas para reforzar la democracia parlamentaria y el Estado de Derecho. Se ha instituido un Tribunal Constitucional y una Comisión Electoral Independiente y el Parlamento jordano ha aprobado una serie de importantes leyes, tales como la Ley electoral y la Ley de partidos políticos y leyes sobre la descentralización y los municipios.

(3)

La economía jordana se ha visto muy afectada por la agitación en la región, principalmente en los países vecinos Irak y Siria. En un entorno mundial deteriorado, dicha agitación regional ha supuesto una notable disminución de los ingresos exteriores y ha ejercido presión sobre las finanzas públicas. El turismo y las entradas de inversiones extranjeras directas se han visto afectados adversamente y se ha producido el bloqueo de las rutas comerciales y la perturbación del suministro de gas natural procedente de Egipto. Por otra parte, la economía jordana también se ha visto afectada por una gran afluencia de refugiados sirios, que ha aumentado la presión sobre sus finanzas públicas, sus servicios públicos y sus infraestructuras.

(4)

Desde el estallido de los conflictos en Siria en 2011, la Unión ha expresado su firme compromiso de apoyar a Jordania a abordar las consecuencias económicas y sociales de la crisis siria, y particularmente de la presencia de un gran número de refugiados sirios en su territorio. La Unión ha aumentado su ayuda financiera a Jordania, reforzando su cooperación en muchos ámbitos, tales como la sociedad civil, el sistema electoral, la seguridad, el desarrollo regional y las reformas sociales y económicas. Además, la Unión ha ofrecido a Jordania la posibilidad de celebrar un acuerdo sobre una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo.

(5)

En este difícil contexto económico y financiero, las autoridades jordanas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron en agosto de 2012 un primer programa de ajuste económico, respaldado por un acuerdo de derechos de giro (ADG) trienal por un importe de 2 000 millones USD. Ese programa finalizó con éxito en agosto de 2015. En el marco de dicho programa, Jordania realizó avances considerables en el saneamiento fiscal, facilitados, entre otras cosas, por la bajada de los precios del petróleo, y en una serie de reformas estructurales.

(6)

En diciembre de 2012, Jordania solicitó una ayuda macrofinanciera adicional de la Unión. En respuesta a dicha solicitud, en diciembre de 2013 se aprobó una decisión concediendo una ayuda macrofinanciera (4) (AM-I) de 180 millones EUR en forma de préstamos. El Memorando de Entendimiento en el que se definen las condiciones de la AM-I entró en vigor el 18 de marzo de 2014. Tras la aplicación de las medidas acordadas, el primer tramo de la AM-I se desembolsó el 10 de febrero de 2015, y el segundo, el 15 de octubre del mismo año.

(7)

Desde el estallido de la crisis siria, la Unión ha asignado cerca de 1 130 millones EUR a Jordania. Esto incluye, además de los 180 millones EUR de la primera operación de ayuda macrofinanciera, 500 millones EUR correspondientes a la cooperación bilateral programada de forma periódica en favor de Jordania, financiada por el Instrumento Europeo de Vecindad, aproximadamente 250 millones EUR procedentes del presupuesto comunitario y más de 30 millones EUR procedentes del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz. Además, el Banco Europeo de Inversiones ha puesto a disposición préstamos por valor de 264 millones EUR desde 2011.

(8)

La intensificación de la crisis siria en 2015 afectó gravemente a Jordania a través de sus efectos sobre el comercio, el turismo y la confianza de los inversores. Jordania también se vio afectada por la disminución del apoyo financiero recibido de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, afectado por la bajada de los precios del petróleo. Como consecuencia de ello, se ha vuelto a ralentizar el crecimiento económico, ha aumentado el desempleo y han aparecido nuevas necesidades de financiación de la hacienda pública y del sector exterior.

(9)

En este difícil contexto, la Unión ha reafirmado su compromiso de ayudar a Jordania para afrontar sus retos económicos y sociales y llevar a cabo su proceso de reformas. En particular, ese compromiso se expresó en la conferencia «Supporting Syria and the Region» («Apoyo a Siria y a su región») celebrada en Londres el 4 de febrero de 2016, en la que la Unión comprometió un apoyo financiero de 2 390 millones EUR en el período 2016-2017 para los países más afectados por la crisis de los refugiados, incluida Jordania. El apoyo político y económico de la Unión al proceso de reformas de Jordania es coherente con la política de la Unión respecto de la región del Mediterráneo Meridional, según se define en el marco de la PEV.

(10)

Habida cuenta del deterioro de la situación económica y financiera de Jordania, el FMI y este país también iniciaron conversaciones sobre un nuevo acuerdo de un mayor importe, que adoptaría la forma de un Servicio Ampliado del Fondo (en lo sucesivo, «programa del FMI») y probablemente abarcaría un período de tres años a partir del segundo semestre de 2016. El nuevo programa del FMI estaría encaminado a aliviar las dificultades de balanza de pagos a corto plazo, fomentando al mismo tiempo la aplicación de enérgicas medidas de ajuste.

(11)

Ante el deterioro de la situación y las perspectivas económicas, Jordania solicitó en marzo de 2016 una nueva ayuda macrofinanciera de la Unión.

(12)

Dado que Jordania es un país al que se aplica la política europea de vecindad, debe considerarse que puede recibir la ayuda macrofinanciera de la Unión.

(13)

La ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser un instrumento financiero excepcional por el que se preste apoyo, no vinculado ni asignado, a la balanza de pagos, al objeto de hacer frente a las necesidades inmediatas de financiación exterior del beneficiario, y debe sustentar la aplicación de un programa que contenga medidas decididas y de aplicación inmediata en materia de ajuste y de reformas estructurales, encaminadas a mejorar la posición de la balanza de pagos a corto plazo.

(14)

Habida cuenta de que la balanza de pagos de Jordania presenta aún un significativo déficit de financiación residual, por encima de los recursos facilitados por el FMI y otras instituciones multilaterales, la ayuda macrofinanciera de la Unión a Jordania se considera, en las excepcionales circunstancias actuales, una respuesta apropiada a su solicitud de apoyo a la estabilización económica conjuntamente con el programa del FMI. La ayuda macrofinanciera de la Unión respaldaría la estabilización económica y el programa de reforma estructural de Jordania, complementando los recursos puestos a disposición en el marco del acuerdo financiero del FMI.

(15)

La ayuda macrofinanciera de la Unión debe estar encaminada a apoyar el restablecimiento de una situación de financiación exterior sostenible para Jordania, respaldando así su desarrollo económico y social.

(16)

La determinación del importe de la ayuda macrofinanciera de la Unión se basa en una evaluación cuantitativa completa de las necesidades residuales de financiación exterior de Jordania, y tiene en cuenta su capacidad de financiarse con sus propios recursos, particularmente con las reservas internacionales de que dispone. La ayuda macrofinanciera de la Unión debe complementar los programas y recursos del FMI y del Banco Mundial. La determinación del importe de la ayuda también tiene en cuenta las contribuciones financieras esperadas de donantes multilaterales y la necesidad de garantizar un reparto equitativo de la carga entre la Unión y los otros donantes, así como la situación en materia de activación de los demás instrumentos de financiación exterior de la Unión en Jordania y el valor añadido de la participación global de la Unión.

(17)

La Comisión debe garantizar que la ayuda macrofinanciera de la Unión se ajuste, sustancialmente y desde el punto de vista jurídico, a los principios fundamentales y los objetivos de los distintos ámbitos de la acción exterior, a las medidas adoptadas respecto de dichos ámbitos y a otras políticas pertinentes de la Unión.

(18)

La ayuda macrofinanciera de la Unión debe apoyar la política exterior de la Unión respecto de Jordania. Los servicios de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior deben colaborar estrechamente en todas las fases de la operación de ayuda macrofinanciera con el fin de coordinar la política exterior de la Unión y garantizar su coherencia.

(19)

La ayuda macrofinanciera de la Unión debe apoyar el compromiso de Jordania con los valores compartidos con la Unión, tales como la democracia, el Estado de Derecho, la buena gobernanza, el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, y su compromiso con los principios de un comercio abierto, basado en normas y equitativo.

(20)

Una condición previa para conceder la ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser que Jordania respete unos mecanismos democráticos eficaces, tales como un sistema parlamentario multipartidista, y el Estado de Derecho, y garantice el respeto de los derechos humanos. Por otra parte, la ayuda macrofinanciera de la Unión debe tener como objetivos específicos fortalecer la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas de los sistemas de gestión de las finanzas públicas de Jordania y debe promover las reformas estructurales en favor de un crecimiento duradero e integrador, de la creación de empleo y del saneamiento fiscal. La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior deben controlar regularmente el cumplimiento de las condiciones previas y la consecución de esos objetivos.

(21)

Con objeto de garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión asociados a la presente ayuda macrofinanciera, es necesario que Jordania adopte medidas que permitan prevenir y combatir el fraude, la corrupción y cualesquiera otras irregularidades en el marco de la presente ayuda. Además, conviene adoptar disposiciones para que la Comisión realice verificaciones, y el Tribunal de Cuentas, auditorías.

(22)

El desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión debe realizarse sin perjuicio de las facultades del Parlamento Europeo y del Consejo, en su calidad de autoridad presupuestaria.

(23)

Los importes de la dotación requerida para la ayuda macrofinanciera deben ser compatibles con los créditos presupuestarios previstos en el marco financiero plurianual.

(24)

La ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser gestionada por la Comisión. Con objeto de garantizar que el Parlamento Europeo y el Consejo estén en condiciones de seguir la aplicación de la presente Decisión, la Comisión debe informarles regularmente de la evolución de la ayuda y facilitarles los documentos pertinentes.

(25)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución de la presente Decisión, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(26)

La ayuda macrofinanciera de la Unión debe supeditarse al cumplimiento de determinadas condiciones de política económica, que se habrán de establecer en un memorando de entendimiento. A fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación y por motivos de eficiencia, debe facultarse a la Comisión para negociar tales condiciones con las autoridades jordanas bajo la supervisión del comité de representantes de los Estados miembros previsto por el Reglamento (UE) n.o 182/2011. Según lo dispuesto en dicho Reglamento, en todos aquellos casos que difieran de los previstos en él, debe aplicarse, como norma general, el procedimiento consultivo. Considerando que una ayuda superior a 90 millones EUR puede tener efectos importantes, conviene utilizar el procedimiento de examen para operaciones superiores a dicho umbral. Considerando el importe de la ayuda macrofinanciera a Jordania, el procedimiento de examen ha de aplicarse a la adopción del Memorando de Entendimiento y a cualquier reducción, suspensión o cancelación de la ayuda.

a)

la condición previa establecida en el artículo 2;

b)

una trayectoria satisfactoria continuada en la ejecución de un programa que contenga sólidas medidas de ajuste y de reforma estructural apoyadas por un acuerdo de crédito no cautelar del FMI, y

c)

el cumplimiento satisfactorio de las condiciones financieras y de política económica acordadas en el Memorando de Entendimiento.

a)

que garanticen que Jordania controla periódicamente que la financiación recibida con cargo al presupuesto de la Unión se ha empleado adecuadamente, toma medidas apropiadas para prevenir las irregularidades y el fraude y, en caso necesario, emprende acciones legales para recuperar los fondos proporcionados en el marco de la presente Decisión que hayan sido objeto de una asignación indebida;

b)

que garanticen la protección de los intereses financieros de la Unión, particularmente contemplando medidas específicas encaminadas a prevenir y combatir el fraude, la corrupción y otras posibles irregularidades que afecten a la ayuda macrofinanciera de la Unión, de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo (10), el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo (11) y el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (12);

c)

que autoricen expresamente a la Comisión, y en particular a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, o a sus representantes a efectuar controles, tales como controles y verificaciones in situ;

d)

que autoricen expresamente a la Comisión y al Tribunal de Cuentas a realizar auditorías durante el período de disponibilidad de la ayuda macrofinanciera de la Unión, y una vez finalizado dicho período, incluyendo auditorías documentales e in situ tales como las evaluaciones operativas, y

e)

que garanticen que la Unión está habilitada a exigir un reembolso anticipado del préstamo cuando se haya establecido que, en relación con la gestión de la ayuda macrofinanciera de la Unión, Jordania se ha visto involucrada en cualquier acto de fraude o corrupción o en cualquier otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros de la Unión.

a)

examinará los progresos registrados en la ejecución de la ayuda macrofinanciera de la Unión;

b)

evaluará la situación y las perspectivas económicas de Jordania, así como los avances realizados en la aplicación de las medidas a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 1;

c)

indicará la relación entre las condiciones de política económica establecidas en el Memorando de Entendimiento, los resultados económicos y presupuestarios de Jordania y las decisiones de la Comisión de desembolsar los tramos de la ayuda macrofinanciera de la Unión.

23.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/26

(1)

El artículo 43, apartado 3, del Tratado dispone que el Consejo, a propuesta de la Comisión, debe adoptar las medidas relativas a la fijación y el reparto de las posibilidades de pesca.

(2)

De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), las medidas de conservación deben adoptarse teniendo en cuenta los dictámenes científicos, técnicos y económicos disponibles, incluidos, cuando proceda, los informes elaborados por el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP).

(3)

Corresponde al Consejo adoptar las medidas sobre la fijación y el reparto de las posibilidades de pesca por pesquerías o grupos de pesquerías en el mar Negro, incluidas, en su caso, determinadas condiciones relacionadas funcionalmente con ellas. De conformidad con el artículo 16, apartados 1 y 4, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013, las posibilidades de pesca deben distribuirse entre los Estados miembros de tal modo que se garantice la estabilidad relativa de las actividades pesqueras de cada uno de ellos en relación con cada población o pesquería y de conformidad con los objetivos de la política pesquera común recogidos en el artículo 2, apartado 2, de dicho Reglamento.

(4)

Las oportunidades de pesca deben fijarse sobre la base de los dictámenes científicos disponibles, teniendo en cuenta los aspectos biológicos y socioeconómicos, asegurando un trato justo a los distintos sectores de la pesca y en función de las opiniones expresadas durante la consulta de los interesados.

(5)

En el caso de las pesquerías de espadín, la obligación de desembarque a que se refiere el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 se aplica desde el 1 de enero de 2015. El artículo 16, apartado 2, de dicho Reglamento dispone que, cuando se establezca una obligación de desembarque para una población de peces, las posibilidades de pesca se fijarán teniendo en cuenta el cambio desde la fijación de las posibilidades de pesca como reflejo de los desembarques a la fijación de las posibilidades de pesca como reflejo de las capturas.

(6)

La utilización de las posibilidades de pesca que se fijan en el presente Reglamento está supeditada al Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo (2), y en particular a sus artículos 33 y 34, relativos, respectivamente, al registro de las capturas y a la notificación de los datos sobre el agotamiento de las posibilidades de pesca. Es necesario, por lo tanto, especificar los códigos que deben utilizar los Estados miembros para enviar a la Comisión los datos sobre los desembarques de las poblaciones a las que se aplica el presente Reglamento.

(7)

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 847/96 del Consejo (3), es necesario precisar qué poblaciones se encuentran sujetas a las diversas medidas fijadas en el citado Reglamento.

(8)

Las posibilidades de pesca deben utilizarse respetando íntegramente el Derecho de la Unión aplicable.

(9)

Para evitar la interrupción de las actividades pesqueras y garantizar los medios de subsistencia de los pescadores de la Unión, es importante abrir dichas pesquerías del mar Negro el 1 de enero de 2017. Por razones de urgencia, el presente Reglamento debe entrar en vigor inmediatamente después de su publicación.

a)

Rodaballo (Psetta maxima)

b)

Espadín (Sprattus sprattus)

a)

los intercambios efectuados en virtud del artículo 16, apartado 8, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013;

b)

las deducciones y reasignaciones efectuadas en virtud del artículo 37 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009;

c)

las deducciones efectuadas en virtud de los artículos 105 y 107 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009.

23.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/31

(1)

El 12 de julio de 2016, el Consejo adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1127 (2) por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001, por el que se establece una lista actualizada de personas, grupos y entidades a los que se aplica el Reglamento (CE) n.o 2580/2001.

(2)

El Consejo ha determinado que otras tres personas han participado en actos terroristas a tenor del artículo 1, apartados 2 y 3, de la Posición Común 2001/931/PESC del Consejo (3), que una autoridad competente ha adoptado una decisión respecto de ellas en el sentido del artículo 1, apartado 4, de la mencionada Posición Común, y que dichas personas deben estar sujetas a las medidas restrictivas específicas previstas en el Reglamento (CE) n.o 2580/2001.

(3)

La lista de personas, grupos y entidades a los que se aplica el Reglamento (CE) n.o 2580/2001 debe actualizarse en consecuencia.

23.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/33

(1)

El Reglamento (UE) n.o 1380/2013 pretende eliminar progresivamente los descartes en todas las pesquerías de la Unión al introducir la obligación de desembarcar las capturas de las especies sujetas a límites de capturas.

(2)

El artículo 15, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 faculta a la Comisión para adoptar planes de descartes por medio de un acto delegado durante un período no superior a tres años con arreglo a recomendaciones conjuntas establecidas por los Estados miembros en consulta con los consejos consultivos pertinentes.

(3)

Mediante el Reglamento Delegado (UE) 2015/2439 (2), la Comisión estableció un plan de descartes relativo a determinadas pesquerías demersales en aguas suroccidentales para el período 2016-2018 a raíz de una recomendación conjunta presentada por los Estados miembros en 2015.

(4)

Bélgica, España, Francia, los Países Bajos y Portugal tienen un interés directo de gestión de la pesca en las aguas suroccidentales. El 31 de mayo de 2016, estos Estados miembros presentaron una recomendación conjunta a la Comisión previa consulta al Consejo Consultivo de las Aguas Suroccidentales. El Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP) revisó las contribuciones científicas que se habían obtenido de los organismos científicos pertinentes. Las medidas contenidas en la recomendación conjunta se ajustan a lo dispuesto en el artículo 18, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 y, por tanto, pueden incluirse en el presente Reglamento.

(5)

Por lo que respecta a las aguas suroccidentales, de conformidad con el artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1380/2013, la obligación de desembarque debe aplicarse a las especies que definen las pesquerías a partir del 1 de enero de 2016 a más tardar.

(6)

El Reglamento Delegado (UE) 2015/2439 estableció disposiciones para introducir la obligación de desembarque en relación con determinadas pesquerías demersales en aguas suroccidentales durante el período 2016-2018.

(7)

De conformidad con la nueva recomendación conjunta presentada por los Estados miembros en 2016, el plan de descartes para 2017 debe abarcar las pesquerías de lenguado común, merluza, rape y cigala (solamente en el interior de las zonas de distribución de las poblaciones a que se hace referencia como «unidades funcionales») en las divisiones VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe del CIEM; las de cigala en las divisiones VIIIc y IXa del CIEM (solo en el interior de unidades funcionales); las del lenguado común y la solla en la división IXa del CIEM; la de la merluza en las divisiones VIIIc y IXa del CIEM y la del rape en las divisiones VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId, VIIIe y IXa del CIEM.

(8)

La recomendación conjunta propone aplicar una exención a la obligación de desembarque a las cigalas pescadas con redes de arrastre en las subzonas VIII y IX del CIEM, ya que las pruebas científicas existentes indican posibles altas tasas de supervivencia, teniendo en cuenta las características de las artes utilizadas en la pesca de esta especie, las prácticas de pesca y el ecosistema. En su evaluación, el CCTEP llegó a la conclusión de que los últimos experimentos muestran unas tasas de supervivencia que se sitúan en la horquilla de la tasa de supervivencia observada en los trabajos anteriores. Está previsto realizar otros estudios que proporcionen más información sobre posibles tasas de supervivencia en esta pesquería. Por lo tanto, esta exención debe incluirse en el Reglamento para el año 2017, con una disposición por la que se pida a los Estados miembros interesados que presenten datos adicionales a la Comisión sobre pruebas en curso para que el CCTEP pueda evaluar plenamente las justificaciones de la exención.

(9)

La recomendación conjunta incluye tres exenciones de minimis respecto de la obligación de desembarque para determinadas pesquerías y dentro de determinados límites. Las pruebas aportadas por los Estados miembros fueron examinadas por el CCTEP, que llegó a la conclusión de que la recomendación conjunta contiene argumentos razonados en lo referente a la dificultad de aumentar la selectividad, en combinación con los costes desproporcionados que conlleva la manipulación de capturas no intencionadas. Habida cuenta de lo expuesto, procede establecer las exenciones de minimis con arreglo al porcentaje propuesto en la recomendación conjunta y en niveles no superiores a los permitidos por el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013.

(10)

La exención de minimis aplicable al lenguado común, hasta un máximo del 5 % del total anual de capturas de esta especie por parte de los buques que la pescan en las divisiones VIIIa y VIIIb del CIEM con redes de arrastre de vara y redes de arrastre de fondo, se basa en la enorme dificultad de alcanzar una mayor selectividad. El CCTEP concluyó que la información es suficiente para justificar esta exención, de modo que procede incluir esta exención en el presente Reglamento.

(11)

La exención de minimis para el lenguado común, hasta un máximo del 3 % del total anual de capturas de esta especie por parte de los buques que la pescan en las divisiones VIIIa y VIIIb del CIEM con trasmallos y redes de enmalle, se basa en el hecho de que la viabilidad de incrementar la selectividad resulta muy difícil de conseguir. El CCTEP concluyó que la información es suficiente para justificar la exención solicitada, de modo que procede incluirla en el presente Reglamento.

(12)

La exención de minimis para la merluza, hasta un máximo del 7 % en 2017 y del 6 % en 2018 del total anual de capturas de esta especie por parte de los buques que la pescan en las divisiones VIII y IX del CIEM con redes de arrastre, se basa en la enorme dificultad de alcanzar una mayor selectividad. El CCTEP llegó a la conclusión de que la información suplementaria sobre selectividad que se había presentado no aportaba pruebas adicionales a efectos de demostrar la dificultad de alcanzar tal selectividad para los métiers implicados. Por consiguiente, es conveniente realizar labores adicionales para mejorar la justificación de esta exención. Procede, en consecuencia, recoger esta exención en el presente Reglamento solo para el año 2017 y únicamente con la condición de que los Estados miembros presenten más información para respaldarla a efectos de su evaluación por el CCTEP.

(13)

Procede, por tanto, derogar el Reglamento Delegado (UE) 2015/2439 de la Comisión y sustituirlo por un nuevo Reglamento.

(14)

Dado que las medidas previstas en el presente Reglamento inciden directamente en las actividades económicas vinculadas con la campaña de pesca de los buques de la Unión y en la planificación de esta, el presente Reglamento debe entrar en vigor inmediatamente después de su publicación. Debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2017.

a)

respecto a la merluza (Merluccius merluccius), hasta un máximo del 7 % en 2017 y hasta el 6 % en 2018 del total anual de capturas de esta especie por parte de buques que utilicen redes de arrastre y jábegas (códigos de arte: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX y SV) y pesquen esta especie en las subzonas VIII y IX del CIEM;

b)

respecto al lenguado común (Solea solea), hasta un máximo del 5 % del total anual de capturas de esta especie por parte de buques que utilicen redes de arrastre de vara (código de arte: TBB) y redes de arrastre de fondo (códigos de arte: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT y TX) y pesquen esta especie en las divisiones VIIIa y VIIIb del CIEM;

c)

respecto al lenguado común (Solea solea), hasta un máximo del 3 % del total anual de capturas de esta especie por parte de buques que utilicen trasmallos y redes de enmalle (códigos de arte: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR y GEN) y pesquen esta especie en las divisiones VIIIa y VIIIb del CIEM.

23.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/39

(1)

El Reglamento (UE) n.o 1380/2013 pretende eliminar progresivamente los descartes en todas las pesquerías de la Unión al introducir la obligación de desembarcar las capturas de las especies sujetas a límites de capturas.

(2)

El artículo 15, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 faculta a la Comisión para adoptar planes de descartes por medio de un acto delegado durante un período no superior a tres años con arreglo a recomendaciones conjuntas establecidas por los Estados miembros en consulta con los consejos consultivos pertinentes.

(3)

Mediante el Reglamento Delegado (UE) 2015/2438 (2), la Comisión estableció un plan de descartes relativo a determinadas pesquerías demersales en aguas noroccidentales para el período 2016-2018 a raíz de una recomendación conjunta presentada por los Estados miembros en 2015.

(4)

Bélgica, Irlanda, España, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido tienen un interés directo de gestión de la pesca en las aguas noroccidentales. El 3 de junio de 2016, estos Estados miembros presentaron una nueva recomendación conjunta a la Comisión previa consulta al Consejo Consultivo de las Aguas Noroccidentales. El Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP) revisó las contribuciones científicas que se habían obtenido de los organismos científicos pertinentes. Las medidas contenidas en la recomendación conjunta se ajustan a lo dispuesto en el artículo 18, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 y, por tanto, pueden incluirse en el presente Reglamento.

(5)

Por lo que respecta a las aguas noroccidentales, de conformidad con el artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1380/2013, la obligación de desembarque debe aplicarse a las especies que definen las pesquerías sujetas a límites de capturas a partir del 1 de enero de 2016 a más tardar. La recomendación conjunta determinó las flotas que estarían sujetas a la obligación de desembarque en las pesquerías mixtas de bacalao, eglefino, merlán y carbonero; en las pesquerías de cigala; en la pesquería mixta de lenguado común y solla, y en las pesquerías de la merluza y el abadejo.

(6)

El Reglamento Delegado (UE) 2015/2438 estableció disposiciones para introducir la obligación de desembarque en relación con determinadas pesquerías demersales en aguas noroccidentales durante el período 2016-2018.

(7)

De acuerdo con la nueva recomendación conjunta que presentaron los Estados miembros en 2016, el plan de descartes debe cubrir, a partir de 2017, las especies correspondientes a la pesquería extremadamente heterogénea de bacalao, eglefino, merlán y carbonero, la pesquería de cigala, la pesquería mixta de lenguado común y solla, así como las pesquerías de merluza y abadejo. Deben regularse asimismo las especies de captura accesoria en determinadas pesquerías.

(8)

La recomendación conjunta sugería que se aplicase una exención de la obligación de desembarque a las cigalas capturadas mediante trampas y nasas en las subzonas VI y VII del CIEM, al demostrar las pruebas científicas la existencia de altas tasas de supervivencia habida cuenta de las características de las artes, las prácticas de pesca y el ecosistema. El CCTEP concluyó que la exención estaba justificada. Por lo tanto, procede mantener esta exención en el presente Reglamento.

(9)

La recomendación conjunta propone que se aplique una exención a la obligación de desembarque en lo que respecta a las capturas de lenguado por debajo de la talla mínima de referencia a efectos de conservación que se haya pescado por artes de arrastre con puertas de 80 a 99 mm, en la división VIId del CIEM, dentro del perímetro de seis millas náuticas a partir de la costa y fuera de zonas de viveros identificadas en las operaciones de pesca que cumplan determinadas condiciones específicas. Las pruebas científicas demuestran altas tasas de supervivencia, teniendo en cuenta las características de las artes de pesca y del ecosistema. El CCTEP observó que la supervivencia depende de una serie de factores, hizo un llamamiento a la cautela a la hora de ampliar los resultados de las pruebas a otras pesquerías y recomendó que se realicen unas pruebas adicionales pertinentes en apoyo de esta solicitud. En consecuencia, esta exención debe incluirse en el presente Reglamento para 2017 con la condición de que la flota que se acoja a esta exención faene en condiciones comparables a las de la prueba, y de que los Estados miembros en cuestión se comprometan a efectuar pruebas suplementarias. El CCTEP debe evaluar en 2017 los resultados de estas pruebas suplementarias.

(10)

La recomendación conjunta incluye siete exenciones de minimis respecto de la obligación de desembarque para determinadas pesquerías y dentro de determinados límites. El CCTEP, que examinó las pruebas aportadas por los Estados miembros, llegó a la conclusión general de que la recomendación conjunta contenía argumentos razonados, apoyados en algunos casos en una valoración cualitativa de los costes, en cuanto a la dificultad de conseguir nuevas mejoras de selectividad o a los costes desproporcionados de manipulación de las capturas no intencionadas. Habida cuenta de cuanto antecede y al no existir información científica divergente, procede incluir estas exenciones de minimis en el presente Reglamento con arreglo al porcentaje propuesto en la recomendación conjunta y en niveles no superiores a los permitidos por el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013.

(11)

La exención de minimis aplicable al lenguado común, hasta un máximo del 3 % en 2017-2018 del total anual de capturas de esta especie por parte de buques que utilicen trasmallos y redes de enmalle para capturar lenguado común en las divisiones VIId, VIIe, VIIf y VIIg del CIEM, se basa en la enorme dificultad de alcanzar una mayor selectividad. El CCTEP concluyó que la exención está bien definida y, por lo tanto, debe incluirse en el presente Reglamento.

(12)

La exención de minimis aplicable al merlán, hasta un máximo del 7 % en 2017 y hasta un máximo del 6 % en 2018 del total anual de capturas de esta especie por parte de los buques sujetos a la obligación de desembarcar este pescado y que utilicen redes de arrastre de fondo y jábegas de tiro inferior a 100 mm, así como redes de arrastre pelágico, para capturar merlán en las divisiones VIId y VIIe del CIEM, se basa la enorme dificultad de alcanzar una mayor selectividad.

(13)

La exención de minimis aplicable al merlán, hasta un máximo del 7 % en 2016 y 2017 y hasta un máximo del 6 % en 2018 del total anual de capturas de esta especie por parte de los buques sujetos a la obligación de desembarcar este pescado y que utilicen redes de arrastre de fondo y jábegas de tiro inferior a 100 mm, para capturar merlán en las divisiones VIIb a VIIj del CIEM, se basa en la enorme dificultad de alcanzar una mayor selectividad.

(14)

La exención de minimis aplicable al merlán, hasta un máximo del 7 % en 2017 y hasta un máximo del 6 % en 2018 del total anual de capturas de esta especie por parte de los buques sujetos a la obligación de desembarcar este pescado y que utilicen redes de arrastre de fondo y jábegas de tiro inferior a 100 mm, para capturar merlán en la subzona VII del CIEM (excepto las divisiones VIIa, VIId y VIIe), se basa en la enorme dificultad de alcanzar una mayor selectividad.

(15)

Por lo que respecta a las tres exenciones de minimis relativas al merlán, el Reglamento Delegado (UE) 2015/2438 exigía a los Estados miembros interesados que presentaran a la Comisión más información científica que respaldase la solicitud de exención. El CCTEP señaló que, si bien sigue estando pendiente la prueba completa, la información suplementaria que se ha presentado aborda algunas de las preocupaciones que había planteado previamente. El CCTEP resaltó la necesidad de un enfoque más coherente para esta población. Con arreglo a las pruebas científicas revisadas por el CCTEP, y teniendo en cuenta que han mejorado las pruebas adicionales que apoyan la solicitud, puede mantenerse esta exención e incluirse en el presente Reglamento.

(16)

La exención de minimis aplicable a la cigala, hasta un máximo del 7 % en 2017 y hasta un máximo del 6 % en 2018 del total anual de capturas de esta especie por parte de los buques sujetos a la obligación de desembarcar cigala en la subzona VII del CIEM se basa en la enorme dificultad de alcanzar una mayor selectividad. El CCTEP concluyó que la exención estaba justificada, por lo que conviene incluirla en el presente Reglamento.

(17)

La exención de minimis aplicable a la cigala, hasta un máximo del 7 % en 2017 y hasta un máximo del 6 % en 2018 del total anual de capturas de esta especie por parte de los buques sujetos a la obligación de desembarcar cigala en la subzona VI del CIEM se basa en la enorme dificultad de alcanzar una mayor selectividad y en la información justificativa cuantitativa sobre los desproporcionados costes de manipulación de las capturas no intencionadas. El CCTEP concluyó que la exención estaba justificada, por lo que conviene incluirla en el presente Reglamento.

(18)

La exención de minimis aplicable al lenguado común, hasta un máximo del 3 % en 2017 y 2018 del total anual de capturas de esta especie por parte de los buques que utilicen artes de mayor selectividad (redes TBB) con un tamaño de malla de 80 a 119 mm en las divisiones VIId, VIIe, VIIf y VIIg del CIEM, se basa en la enorme dificultad de alcanzar una mayor selectividad. El CCTEP observó que con la exención se compensa el uso de artes más selectivas y que la exención de minimis solicitada tiene la finalidad de cubrir los descartes residuales. Por consiguiente, conviene incluir esta exención en el presente Reglamento.

(19)

Procede, por tanto, derogar el Reglamento Delegado (UE) 2015/2438 de la Comisión y sustituirlo por un nuevo Reglamento.

(20)

Dado que las medidas previstas en el presente Reglamento inciden directamente en las actividades económicas vinculadas con la campaña de pesca de los buques de la Unión y en la planificación de esta, el presente Reglamento debe entrar en vigor inmediatamente después de su publicación. Debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2017.

a)

a la cigala (Nephrops norvegicus) capturada con trampas y nasas (códigos de artes (3) FPO y FIX) en las subzonas VI y VII del CIEM;

b)

al lenguado común (Solea solea) en 2017 por debajo de la talla mínima de referencia a efectos de conservación que se haya pescado por artes de arrastre (códigos de artes OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT y TX) con puertas de 80 a 99 mm, en la división VIId del CIEM, dentro del perímetro de seis millas náuticas a partir de la costa y fuera de zonas de viveros identificadas en las operaciones de pesca que cumplan las siguientes condiciones específicas: los buques deben tener una eslora máxima de 10 metros y una potencia de motor máxima de 180 kW cuando faenen en aguas de una profundidad inferior o igual a 15 metros, y el arrastre debe tener una duración limitada no superior a noventa minutos. Dichas capturas de lenguado común deberán ponerse en libertad inmediatamente.

a)

respecto al merlán (Merlangius merlangus), hasta un máximo del 7 % en 2017 y hasta un máximo del 6 % en 2018 del total anual de capturas de esta especie por parte de los buques sujetos a la obligación de desembarcar este pescado con redes de arrastre de fondo y jábegas de tiro inferior a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT y TX), así como redes de arrastre pelágico (OTM y PTM), para capturar merlán en las divisiones VIId y VIIe del CIEM;

b)

respecto al merlán (Merlangius merlangus), hasta un máximo del 7 % en 2017 y hasta un máximo del 6 % en 2018 del total anual de capturas de esta especie por parte de los buques sujetos a la obligación de desembarcar este pescado con redes de arrastre de fondo y jábegas de tiro inferior a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT y TX), así como redes de arrastre pelágico (OTM y PTM), para capturar merlán en las divisiones VIIb a VIIj del CIEM;

c)

respecto al merlán (Merlangius merlangus), hasta un máximo del 7 % en 2017 y hasta un máximo del 6 % en 2018 del total anual de capturas de esta especie por parte de los buques sujetos a la obligación de desembarcar este pescado con redes de arrastre de fondo y jábegas de tiro inferior a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT y TX), así como redes de arrastre pelágico (OTM y PTM) para capturar merlán en la subzona VII del CIEM, excepto en las divisiones VIIa, VIId y VIIe;

d)

respecto a la cigala (Nephrops norvegicus), hasta un máximo del 7 % en 2017 y hasta un máximo del 6 % en 2018 del total anual de capturas de esta especie por parte de buques sujetos a la obligación de desembarcar este crustáceo en la subzona VII del CIEM;

e)

respecto a la cigala (Nephrops norvegicus), hasta un máximo del 7 % en 2017 y hasta un máximo del 6 % en 2018 del total anual de capturas de esta especie por parte de buques sujetos a la obligación de desembarcar este crustáceo en la subzona VI del CIEM;

f)

respecto al lenguado común (Solea solea), hasta un máximo del 3 % en 2017 y 2018 del total anual de capturas de esta especie por parte de buques que utilicen trasmallos y redes de enmalle para la captura de este pescado en las divisiones VIId, VIIe, VIIf y VIIg del CIEM;

g)

respecto al lenguado común (Solea solea), hasta un máximo del 3 % en 2017 y 2018 del total anual de capturas de esta especie por parte de buques sujetos a la obligación de desembarcar este pescado que utilicen artes de mayor selectividad (redes TBB) con un tamaño de malla de 80 a 119 mm en las divisiones VIId, VIIe, VIIf, VIIg y VIIh del CIEM.

23.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/48

(1)

El Reglamento (UE) n.o 1380/2013 pretende eliminar progresivamente los descartes en todas las pesquerías de la Unión introduciendo la obligación de desembarcar las capturas de las especies sujetas a límites de capturas.

(2)

El artículo 15, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 faculta a la Comisión para adoptar planes de descartes por medio de un acto delegado durante un período no superior a tres años, sobre la base de recomendaciones conjuntas establecidas por los Estados miembros en consulta con los consejos consultivos pertinentes. Los planes de descartes también pueden incluir medidas técnicas relativas a la pesca.

(3)

Italia, como único Estado miembro con un interés directo en la gestión de la pesca de moluscos bivalvos Venus spp. en las aguas territoriales italianas, presentó una recomendación a la Comisión con arreglo al procedimiento del artículo 18 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013. Esta recomendación se presentó en forma de un plan nacional de gestión de los descartes de la población de Venus spp., previa consulta al Consejo Consultivo del Mediterráneo (MEDAC). Tras la presentación de esta recomendación, el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP) revisó las contribuciones científicas presentadas por Italia. Las medidas incluidas en la recomendación conjunta cumplen lo dispuesto en el artículo 18, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013.

(4)

El artículo 15 bis del Reglamento (CE) n.o 1967/2006 faculta a la Comisión para establecer, a efectos de la aprobación de los planes de descartes y para las especies sujetas a la obligación de desembarque, una talla mínima de referencia a efectos de conservación con el fin de garantizar la protección de los juveniles de organismos marinos. En lo que respecta a la talla mínima de referencia a efectos de conservación, en su caso pueden establecerse excepciones a las tallas establecidas en el anexo III de dicho Reglamento.

(5)

Según las conclusiones del CCTEP sobre el plan nacional de gestión de los descartes de Venus spp., esta especie es una de las que tiene una alta tasa de supervivencia, lo cual justifica una solicitud de excepción a la obligación de desembarque para la fracción de las capturas descartada. Una reducción de 25 mm a 22 mm de una talla mínima de referencia a efectos de conservación no es incompatible con la longitud en la madurez, por lo que no debe tener un impacto significativo en la protección de los juveniles. Se prevé que solo dará lugar a una pequeña reducción del potencial de reproducción de las poblaciones, lo cual no parece que tenga mucho impacto sobre la población. Por último, se llegó a la conclusión de que la propuesta de programa de seguimiento científico puede proporcionar datos suficientes para evaluar los efectos del plan de descartes.

(6)

A fin de garantizar un control adecuado de la aplicación de la obligación de desembarque, el Estado miembro debe elaborar una lista de los buques cubiertos por el presente Reglamento.

(7)

Habida cuenta de que las medidas previstas en el presente Reglamento tienen un impacto directo en las actividades económicas y en la planificación de la campaña de pesca de los buques de la Unión, el presente Reglamento debe entrar en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. De conformidad con el artículo 15, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013, el presente Reglamento debe aplicarse durante un período máximo de tres años,

23.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/50

(1)

El Reglamento (UE) n.o 1380/2013 pretende eliminar progresivamente los descartes en todas las pesquerías de la Unión al introducir la obligación de desembarcar las capturas de las especies sujetas a límites de capturas.

(2)

El artículo 15, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 faculta a la Comisión para adoptar planes de descartes por medio de un acto delegado durante un período no superior a tres años con arreglo a recomendaciones conjuntas establecidas por los Estados miembros en consulta con los consejos consultivos pertinentes.

(3)

El Reglamento (UE) n.o 1394/2014 de la Comisión (2) establece un plan de descartes para determinadas pesquerías pelágicas en las aguas suroccidentales con vistas a facilitar la aplicación de la obligación de desembarque mediante ciertos mecanismos de flexibilidad.

(4)

De conformidad con el artículo 15, apartado 5, letra e), del Reglamento (UE) n.o 1380/2013, los planes de descartes pueden comprender el establecimiento de tallas mínimas de referencia a efectos de conservación.

(5)

Bélgica, España, Francia, los Países Bajos y Portugal tienen un interés directo de gestión de la pesca en las aguas suroccidentales. Previa consulta al Consejo Consultivo de las Aguas Suroccidentales y al Consejo Consultivo para las Especies Pelágicas, estos Estados miembros presentaron a la Comisión el 30 de mayo de 2016 una recomendación conjunta en la que proponían, no obstante lo dispuesto en el anexo XII del Reglamento (CE) n.o 850/98 del Consejo (3), fijar la talla mínima de referencia a efectos de conservación para el jurel (Trachurus spp.) en la división VIIIc y la subzona IX del CIEM en 12 cm en lo que respecta a un 5 % de las cuotas respectivas de España y Portugal. Además, la recomendación conjunta sugería que, dentro de este límite del 5 % de la cuota de jurel, en la pesca artesanal en playas con redes de cerco (xávega) en la división IXa del CIEM, el 1 % de la cuota de Portugal pudiera ser capturada con una talla inferior a 12 cm.

(6)

El Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP) revisó las contribuciones científicas que se habían obtenido de los organismos científicos pertinentes. El CCTEP llegó a la conclusión de que la reducción de la talla mínima de referencia según propone la recomendación conjunta conlleva un riesgo reducido derivado del cambio de un patrón de explotación pesquera tradicional de las pesquerías afectadas. Este patrón de explotación, combinado con unos índices de explotación pesquera moderada, no parece ser perjudicial para la dinámica de las poblaciones en cuestión. Al mismo tiempo, el CCTEP señaló que puede resultar complicado controlar las capturas con distintos límites de tamaño de los peces, y la falta de un control adecuado puede aumentar la mortalidad. Además, es importante que se respeten los límites porcentuales establecidos para los tamaños inferiores. Por consiguiente, es fundamental que los Estados miembros interesados establezcan medidas de control apropiadas por lo que respecta a la pesquería en cuestión.

(7)

Las medidas contenidas en la recomendación conjunta se ajustan a lo dispuesto en el artículo 18, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 y, por tanto, pueden incluirse en el plan de descartes para determinadas pesquerías pelágicas en las aguas suroccidentales.

(8)

Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento Delegado (UE) n.o 1394/2014 en consecuencia.

(9)

Dado que las medidas previstas en el presente Reglamento inciden directamente en las actividades económicas vinculadas con la campaña de pesca de los buques de la Unión y en la planificación de esta, el presente Reglamento debe entrar en vigor inmediatamente después de su publicación. Debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2017.

23.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/52

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1484/95 de la Comisión (3) establece las disposiciones de aplicación del régimen de aplicación de los derechos adicionales de importación y fija los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, los huevos y la ovoalbúmina.

(2)

Según se desprende del control periódico de los datos en los que se basa la fijación de los precios representativos de los productos de los sectores de la carne de aves de corral, los huevos y la ovoalbúmina, procede que los precios representativos de importación de algunos productos se modifiquen teniendo en cuenta las variaciones que registran los precios en función de su origen.

(3)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en consecuencia.

(4)

Debido a la necesidad de que esta medida se aplique lo más rápidamente posible una vez que estén disponibles los datos actualizados, es preciso que el presente Reglamento entre en vigor el día de su publicación.

23.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/55

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

23.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/57

(1)

En virtud de la Decisión 2010/452/PESC, el Comité Político y de Seguridad (CPS) está autorizado, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 38 del Tratado, a adoptar las decisiones adecuadas relativas al control político y la dirección estratégica de la Misión de Observación de la Unión Europea en Georgia (EUMM Georgia), incluida la decisión de nombrar un jefe de misión.

(2)

El 19 de diciembre de 2014, el CPS adoptó la Decisión EUMM GEORGIA/1/2014 (2), por la que se nombró a D. Kęstutis JANKAUSKAS jefe de la Misión de la EUMM Georgia del 15 de diciembre de 2014 al 14 de diciembre de 2015.

(3)

El 13 de noviembre de 2015, el CPS adoptó la Decisión (PESC) 2015/2200 (EUMM GEORGIA/1/2015) (3) prorrogando el mandato de D. Kęstutis JANKAUSKAS como jefe de la Misión de la EUMM Georgia del 15 de diciembre de 2015 al 14 de diciembre de 2016.

(4)

El 12 de diciembre de 2016, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2016/2238 (4), que prorroga el mandato de EUMM Georgia del 15 de diciembre de 2016 al 14 de diciembre de 2018.

(5)

La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha propuesto que se prorrogue el mandato de D. Kęstutis JANKAUSKAS como jefe de la Misión de la EUMM Georgia del 15 de diciembre de 2016 al 14 de diciembre de 2017.

23.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/59

(1)

En virtud de la Decisión 2014/219/PESC se autoriza al Comité Político y de Seguridad (CPS), de conformidad con el artículo 38 del Tratado, a adoptar las decisiones pertinentes a efectos del ejercicio del control político y de la dirección estratégica de la Misión EUCAP Sahel Mali, incluida la decisión de nombrar a un Jefe de Misión.

(2)

El 26 de mayo de 2014, el CPS adoptó la Decisión EUCAP Sahel Mali/1/2014 (3), por la que se nombra a D. Albrecht CONZE Jefe de la Misión EUCAP Sahel Mali del 26 de mayo de 2014 al 14 de enero de 2015.

(3)

El mandato de D. Albrecht CONZE como Jefe de la Misión EUCAP Sahel Mali se ha prorrogado varias veces, la última de ellas mediante la Decisión (PESC) 2016/938 (4), que prorroga su mandato como Jefe de la Misión EUCAP Sahel Mali hasta el 14 de enero de 2017.

(4)

La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha propuesto que se prorrogue el mandato de D. Albrecht CONZE como Jefe de la Misión EUCAP Sahel Mali desde el 15 de enero de 2017 hasta el 14 de julio de 2017.

23.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/60

(1)

El 18 de julio de 2005, el Consejo adoptó la Acción Común 2005/575/PESC relativa a la creación de la Escuela Europea de Seguridad y Defensa (EESD) (1). Dicha Acción Común fue sustituida por la Acción Común 2008/550/PESC (2). A su vez, esa Acción Común fue sustituida por la Decisión 2013/189/PESC del Consejo (3).

(2)

En noviembre de 2008, el Consejo Europeo adoptó la iniciativa europea relativa a los intercambios de jóvenes oficiales, inspirada en Erasmus1 (4) y acordó que un grupo encargado de la aplicación se reuniría en el marco de la Junta Académica Ejecutiva de la EESD.

(3)

El 15 de julio de 2016, la Junta de Dirección de la EESD aprobó unas recomendaciones sobre las perspectivas de la EESD para el futuro.

(4)

Las actividades de formación y educación en el marco de la EESD se llevarán a cabo en el ámbito de la PCSD y de la PESC, incluidas sus áreas de estabilización de conflictos, resolución de conflictos y de las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible.

(5)

Puesto que el personal de la EESD puede nutrirse principalmente de personal destinado en comisión de servicios, puede ser necesario que el puesto de director de proyecto y administrador financiero lo ejerza un miembro del personal contratado.

(6)

De conformidad con la Decisión 2010/427/UE del Consejo (5), el SEAE debe facilitar a la EESD el apoyo que anteriormente le prestaba la Secretaría General del Consejo.

a)

seguir incrementando la cultura europea común en materia de seguridad y defensa en el marco de la Unión y fomentar los principios establecidos en el artículo 21, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea fuera de la Unión;

b)

fomentar una mejor comprensión de la PCSD, como parte esencial de la PESC;

c)

dotar a las instancias de la Unión de personal bien informado capaz de trabajar eficientemente en todos los aspectos de la PCSD y de la PESC;

d)

dotar a las administraciones de los Estados miembros de personal bien informado, familiarizado con las políticas de la Unión, instituciones y procedimientos, en el ámbito de la PCSD y de la PESC;

e)

aportar al personal de las misiones y operaciones de la PCSD una comprensión común de los principios de funcionamiento de las misiones y operaciones de la PCSD y un sentimiento de identidad común europea;

f)

impartir formación y educación que respondan a las necesidades educativas y de formación de las misiones y operaciones de la PCSD;

g)

dar apoyo a las asociaciones de la Unión en el ámbito de la PCSD y de la PESC, en particular a las asociaciones con los países que participan en las misiones de la PCSD;

h)

apoyar la gestión civil de crisis, incluso en el ámbito de la prevención de conflictos y el establecimiento y mantenimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible;

i)

fomentar la iniciativa europea de intercambio de jóvenes oficiales;

j)

contribuir a fomentar las relaciones y contactos profesionales entre los participantes en las actividades de formación y educación.

a)

cursos de enseñanza básica y avanzada que fomenten la comprensión genérica de la PCSD y de la PESC;

b)

cursos de desarrollo de liderazgo;

c)

cursos de apoyo directo a las misiones y operaciones de la PCSD, incluido el despliegue previo y la formación o educación dentro de la propia misión u operación;

d)

cursos de apoyo a las asociaciones de la UE y a los países que participen en las misiones y operaciones de la PCSD;

e)

módulos de apoyo a la educación y formación civil y militar en el ámbito de la PCSD y de la PESC;

f)

cursos, seminarios, programas y conferencias en el ámbito de la PCSD y de la PESC destinados a públicos especializados o con temática específica;

g)

módulos comunes gestionados en el marco de la iniciativa europea de intercambio de jóvenes oficiales, inspirada en el programa Erasmus.

a)

apoyará las relaciones que han de establecerse entre los institutos a que se refiere el artículo 5, apartado 1, que intervengan en la red a que se refiere dicho apartado (en lo sucesivo, «red»);

b)

gestionará y seguirá desarrollando un sistema de aprendizaje electrónico que apoye las actividades de formación y educación en el ámbito de la PCSD y de la PESC o que, en circunstancias excepcionales, se utilice en actividades de formación y educación aisladas;

c)

desarrollará y elaborará material de formación y educación en el ámbito de la PCSD y de la PESC recurriendo también al material pertinente ya existente;

d)

apoyará una asociación de antiguos alumnos entre los que hayan participado en las actividades de formación;

e)

apoyará programas de intercambio en el ámbito de la PCSD y de la PESC entre los institutos de formación y educación de los Estados miembros;

f)

actuará como administrador del compartimento del módulo «Schoolmaster» del proyecto «Goalkeeper» y proporcionará contribuciones al Programa anual de formación de la Unión en PCSD a través de dicho módulo;

g)

prestará apoyo a la organización de formación y educación en el ámbito de la prevención de conflictos y de la gestión civil de crisis, establecimiento y mantenimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible, y a las iniciativas de reforma del sector de la seguridad, así como a las iniciativas de promoción de la ciberseguridad y a la sensibilización ante amenazas híbridas;

h)

organizará y celebrará una conferencia anual de trabajo en red convocando juntos a expertos civiles y militares sobre la formación y educación en materia de PCSD de los institutos y de formación y educación de los Estados miembros y ministerios, así como, si procede, agentes externos relevantes en el campo de la formación y la educación, y

i)

mantendrá relaciones con los actores pertinentes en el ámbito de la libertad, seguridad y justicia, en el ámbito del desarrollo y la cooperación, así como con las organizaciones internacionales pertinentes.

a)

con la Agencia de la UE para la Formación Policial (CEPOL);

b)

con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex);

c)

con la Agencia Europea de Defensa (AED);

d)

con el Centro de Satélites de la Unión Europea (Satcen), y

e)

con la Oficina Europea de Policía (Europol).

a)

cumplir sus funciones y realizar sus objetivos;

b)

celebrar los contratos y acuerdos administrativos necesarios para su funcionamiento, incluida la capacidad de enviar personal en comisión de servicios e incorporar personal contratado; adquirir equipo, en particular material didáctico;

c)

disponer de cuentas bancarias, y

d)

personarse como parte en actuaciones judiciales.

a)

la Junta de Dirección responsable de la coordinación global y de la dirección de las actividades de formación y educación de la EESD;

b)

la Junta Académica Ejecutiva, encargada de la calidad y la coherencia de las actividades de formación y educación de la EESD;

c)

el director de la EESD (en lo sucesivo, «director»), único representante legal de la EESD, responsable de la gestión financiera y administrativa de la EESD así como de la asistencia a la Junta de Dirección y a la Junta Académica Ejecutiva para la organización y gestión de las actividades de la EESD;

d)

la Secretaría de la EESD (en lo sucesivo, «Secretaría»), que presta asistencia al director en el cumplimiento de sus funciones y, en particular, en la asistencia a la Junta Académica Ejecutiva, para asegurar la calidad y coherencia globales de las actividades de educación y formación de la EESD.

a)

aprobar y revisar periódicamente el concepto de formación y educación de la EESD que refleje los requisitos de formación y educación de la EESD aprobados;

b)

aprobar el programa académico anual de la EESD;

c)

seleccionar y dar prioridad a las actividades de formación y educación gestionadas en el marco de la EESD, teniendo en cuenta los medios a disposición de la EESD y los requisitos en materia de educación y formación definidos;

d)

seleccionar el o los Estados miembros que acogerán las actividades de formación y educación de la EESD y los institutos que las llevarán a cabo;

e)

decidir la apertura de actividades específicas de formación y educación de la EESD para la participación de terceros países en el marco político general establecido por el Comité Político y de Seguridad;

f)

adoptar los planes de estudios para todas las actividades de formación y educación de la EESD;

g)

tomar nota de los informes de evaluación de los cursos;

h)

tomar nota del informe anual general sobre las actividades de formación y educación de la EESD, y adoptar las recomendaciones pertinentes, que se remitirán a los correspondientes órganos del Consejo;

i)

facilitar una orientación general para el trabajo de la Junta Académica Ejecutiva;

j)

nombrar a los presidentes de la Junta Académica Ejecutiva y de sus distintas configuraciones;

k)

adoptar las decisiones necesarias para el funcionamiento de la EESD, en la medida en que no sean competencia de otros órganos;

l)

aprobar el presupuesto anual y los eventuales presupuestos rectificativos, a propuesta del director;

m)

aprobar las cuentas anuales y aprobar la gestión del director;

n)

aprobar nuevas normas de aplicación a los gastos gestionados por la EESD;

o)

aprobar eventuales acuerdos de financiación o acuerdos técnicos con la Comisión, con el SEAE con agencias de la Unión o con Estados miembros, en relación con la financiación de la EESD o con la ejecución de sus gastos;

p)

contribuir al proceso de selección del director, tal como se define en el artículo 11, apartado 3.

a)

facilitar asesoramiento y recomendaciones académicas a la Junta de Dirección;

b)

aplicar, por medio de la red, el programa académico anual aprobado;

c)

supervisar el sistema de aprendizaje electrónico;

d)

elaborar unos planes de estudios para todas las actividades de formación y educación de la EESD;

e)

hacerse cargo de la coordinación general de las actividades de formación y educación de la EESD entre todos los institutos;

f)

revisar los criterios de las actividades de formación y educación acometidas en el curso académico anterior;

g)

presentar a la Junta de Dirección propuestas de actividades de formación y educación para el curso académico siguiente;

h)

asegurar una evaluación sistemática de todas las actividades de formación y educación de la EESD y aprobar los informes de evaluación de los cursos;

i)

contribuir a un proyecto de informe general anual sobre las actividades de la EESD;

j)

apoyar la aplicación de la iniciativa europea de intercambio de jóvenes oficiales, inspirada en el programa Erasmus.

a)

será el responsable de sus actividades;

b)

será el único representante legal de la EESD;

c)

será responsable de la gestión financiera y administrativa de la EESD;

d)

asesorará a la Junta de Dirección y a la Junta Académica y apoyará su trabajo, y

e)

ejercerá la representación de la EESD por lo que se refiere a las actividades de formación y educación de la EESD tanto dentro como fuera de la red.

a)

adoptará todas las medidas necesarias, incluso aprobará las instrucciones administrativas internas y la publicación de anuncios, para garantizar el funcionamiento efectivo de las actividades de la EESD;

b)

elaborará el anteproyecto de informe anual de la EESD y lo someterá a la Junta de Dirección sobre la base de las propuestas presentadas por la Junta Académica;

c)

coordinará la ejecución del programa de trabajo de la EESD;

d)

mantendrá contactos con las correspondientes autoridades de los Estados miembros;

e)

mantendrá contactos con los correspondientes agentes externos de formación y educación en el ámbito de la PCSD y de la PESC;

f)

celebrará, cuando proceda, acuerdos técnicos sobre actividades de formación y educación de la EESD con las correspondientes autoridades y agentes de formación y educación en el ámbito de la PCSD y de la PESC;

g)

desempeñará cualquier otra función que le asigne la Junta de Dirección.

a)

elaborará y someterá a la Junta de Dirección todo proyecto de presupuesto;

b)

adoptará los presupuestos tras su aprobación por la Junta de Dirección;

c)

ejercerá la función de ordenador de pagos por lo que se refiere al presupuesto de la EESD;

d)

abrirá una o varias cuentas bancarias en nombre de la EESD;

e)

negociará, someterá a la Junta de Dirección y celebrará con la Comisión y con el SEAE o con Estados miembros acuerdos de financiación y acuerdos técnicos en relación con la financiación de la EESD o con la ejecución de sus gastos;

f)

seleccionará al personal de la Secretaría, con la asistencia de un comité de selección;

g)

negociará y firmará en nombre de la EESD los canjes de notas necesarios para incorporar en la Secretaría personal enviado en comisión de servicios;

h)

negociará y firmará en nombre de la EESD los contratos de trabajo del personal remunerado con cargo al presupuesto de la EESD;

i)

en general, representará a la EESD en toda actuación jurídica que tenga repercusiones financieras;

j)

someterá a la Junta de Dirección las cuentas anuales de la EESD.

a)

personal enviado en comisión de servicios a la EESD por las instituciones de la Unión, el SEAE y los organismos de la Unión;

b)

expertos nacionales enviados en comisión de servicios a la EESD por los Estados miembros;

c)

personal contratado cuando no esté disponible ningún experto nacional para el puesto de asistente financiero y administrativo y previa aprobación por parte de la Junta de Dirección.

23.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/74

(1)

El 12 de diciembre de 2003, el Consejo Europeo adoptó la Estrategia de la Unión Europea contra la proliferación de armas de destrucción masiva (en lo sucesivo, «Estrategia»), que contiene, en su capítulo III, una lista de medidas que es preciso tomar para combatir dicha proliferación y que deben tomarse tanto dentro de la Unión Europea como en terceros países.

(2)

La Unión aplica activamente la Estrategia y pone en práctica las medidas enumeradas en su capítulo III, especialmente a través de la aportación de medios financieros en apoyo a proyectos específicos acometidos por instituciones multilaterales, como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

(3)

El 17 de noviembre de 2003, el Consejo adoptó la Posición Común 2003/805/PESC (1) sobre la universalización y refuerzo de los acuerdos multilaterales relativos a la no proliferación de las armas de destrucción masiva y sus vectores. Dicha Posición Común invita, entre otras cosas, al fomento de la celebración de acuerdos globales de salvaguardias y protocolos adicionales del OIEA, y en virtud de ella la Unión se compromete a tratar de que el sistema de verificación del OIEA se rija por los acuerdos globales de salvaguardias y por protocolos adicionales.

(4)

El 17 de mayo de 2004, el Consejo adoptó la Acción Común 2004/495/PESC (2) sobre el apoyo a las actividades del OIEA inscritas en su Programa de Seguridad Nuclear y en el marco de la aplicación de la Estrategia.

(5)

El 18 de julio de 2005, el Consejo adoptó la Acción Común 2005/574/PESC (3) sobre el apoyo a las actividades del OIEA en los ámbitos de la seguridad y la verificación nucleares y en el marco de la aplicación de la Estrategia.

(6)

El 12 de junio de 2006, el Consejo adoptó la Acción Común 2006/418/PESC (4), sobre el apoyo a las actividades del OIEA en los ámbitos de la seguridad y la verificación nucleares y en el marco de la aplicación de la Estrategia.

(7)

El 14 de abril de 2008, el Consejo adoptó la Acción Común 2008/314/PESC (5) sobre el apoyo a las actividades del OIEA en los ámbitos de la seguridad y la verificación nucleares y en el marco de la aplicación de la Estrategia.

(8)

El 27 de septiembre de 2010, el Consejo adoptó la Decisión 2010/585/PESC (6) sobre el apoyo a las actividades del OIEA en los ámbitos de la seguridad y la verificación nucleares y en el marco de la aplicación de la Estrategia.

(9)

El 21 de octubre de 2013, el Consejo adoptó la Decisión 2013/517/PESC (7) sobre el apoyo de la Unión a las actividades del OIEA en los ámbitos de la seguridad y la verificación nucleares y en el marco de la aplicación de la Estrategia.

(10)

El 8 de mayo de 2016 entró en vigor la Enmienda de la Convención sobre protección física de los materiales nucleares (en lo sucesivo, «Enmienda de la CPFMN»). La Unión y sus Estados miembros promovieron la Enmienda a través de contactos diplomáticos y de la financiación de las actividades del OIEA en ese sentido. Tras su entrada en vigor, será preciso prolongar los esfuerzos para garantizar su aplicación nacional y universalización.

(11)

El OIEA persigue los mismos objetivos de los considerandos 3 a 10 mediante la aplicación del Plan de Seguridad Nuclear, financiado en su totalidad mediante contribuciones voluntarias a su Fondo de Seguridad Nuclear.

(12)

La Unión se compromete a reforzar la seguridad nuclear en todo el mundo y está dispuesta a seguir prestando asistencia a terceros países en ese ámbito. La Unión se congratula de las medidas recientes de refuerzo del programa de seguridad nuclear del OIEA, así como de la Conferencia Internacional sobre Seguridad Nuclear: Compromisos y Medidas, organizada por el OIEA del 5 al 9 de diciembre de 2016. El objetivo de la Unión es mantener la sostenibilidad y la eficacia de la aplicación de las Acciones comunes 2004/495/PESC, 2005/574/PESC, 2006/418/PESC, 2008/314/PESC y de la Decisión 2010/585/PESC de apoyo a los planes de seguridad nuclear del OIEA (en lo sucesivo, «Acciones comunes y Decisiones previas»), y se compromete a proporcionar apoyo adicional con vistas a la adopción del Plan de Seguridad Nuclear 2018-2021 del OIEA. Se pondrá en marcha una estrecha coordinación con la iniciativa de centros de excelencia de la UE sobre material químico, biológico, radiológico y nuclear (QBRN), así como con otras iniciativas y programas, para evitar duplicaciones y sacar el máximo provecho de la relación coste/eficacia y proseguir la reducción de riesgos.

(13)

La aplicación técnica de la presente Decisión se confiará al OIEA que, sobre la base de su larga y ampliamente reconocida experiencia en el ámbito de la seguridad nuclear, podría en gran medida reforzar las capacidades pertinentes en los países objetivo. Los proyectos que apoya la Unión pueden financiarse solamente mediante contribuciones voluntarias del fondo de seguridad nuclear del OIEA. Esas contribuciones que habrá de aportar la Unión serán de gran utilidad para permitir que el OIEA desempeñe un papel clave en el ámbito de la seguridad nuclear mediante el apoyo a los esfuerzos de los países para cumplir con sus responsabilidades de seguridad nuclear.

(14)

La responsabilidad de la seguridad nuclear dentro de un Estado le corresponde a este exclusivamente.

a)

avanzar hacia la universalización de los instrumentos internacionales de no proliferación y de seguridad nuclear;

b)

ayudar a los Estados a establecer la formación técnica, científica y humana local necesaria para una seguridad nuclear efectiva y sostenible;

c)

reforzar la capacidad de prevención, detección, respuesta, protección de la población, las propiedades, el medio ambiente y la sociedad ante actos no autorizados delictivos o intencionales que supongan el uso de material nuclear o radiactivo fuera del control reglamentario;

d)

reforzar la detección del tráfico ilícito de materiales nucleares y demás materiales radiactivos, así como la respuesta a dicho tráfico;

e)

contribuir a la seguridad informática en el campo nuclear;

f)

reforzar la seguridad de las fuentes radiactivas para que puedan almacenarse de forma segura en los países que necesitan apoyo, incluida la repatriación al país de origen o al proveedor;

g)

reforzar la protección física de los materiales nucleares y demás materiales radiactivos.

a)

garantizar la sostenibilidad y efectividad del apoyo proporcionado mediante Acciones comunes y Decisiones previas;

b)

reforzar la infraestructura nacional de apoyo a la seguridad nuclear de los Estados;

c)

reforzar el marco legislativo y reglamentario de los Estados;

d)

reforzar los sistemas de seguridad nuclear y las medidas relativas a materiales nucleares y otros materiales radiactivos;

e)

reforzar la infraestructura y capacidad institucionales de los Estados para hacer frente a materiales nucleares y radiactivos fuera de control reglamentario;

f)

reforzar la respuesta y capacidad de reacción de los Estados frente a la delincuencia informática y mitigar su repercusión sobre la seguridad nuclear;

g)

mejorar las capacidades educativas y formativas en el campo de la seguridad nuclear;

h)

garantizar el apoyo continuo y específico para la aplicación y la universalización de la Enmienda de la CPFMN.