15.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 340/1

15.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 340/2

(1)

El Reglamento (UE) n.o 1380/2013 pretende eliminar progresivamente los descartes en todas las pesquerías de la Unión introduciendo la obligación de desembarcar las capturas de las especies sujetas a límites de capturas.

(2)

Su artículo 15, apartado 6, faculta a la Comisión para adoptar planes de descartes por medio de un acto delegado durante un período no superior a tres años, sobre la base de recomendaciones conjuntas establecidas por los Estados miembros en consulta con los consejos consultivos pertinentes.

(3)

Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido tienen un interés directo en la gestión de la pesca en el mar del Norte. Previa consulta al Consejo Consultivo del Mar del Norte, estos Estados miembros presentaron a la Comisión el 3 de junio de 2016 una recomendación conjunta relativa a un nuevo plan de descartes para determinadas pesquerías demersales en el mar del Norte. Se dispone de las aportaciones de los organismos científicos pertinentes, revisadas por el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP). El 14 de julio se celebró una reunión de un grupo de expertos de veintiocho Estados miembros y la Comisión, más el Parlamento Europeo como observador, en la que se debatieron estas medidas.

(4)

Las medidas incluidas en la recomendación conjunta se ajustan a lo dispuesto en el artículo 18, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013.

(5)

A efectos del Reglamento (UE) n.o 1380/2013, el mar del Norte comprende las zonas CIEM IIIa y IV. Dado que algunas poblaciones demersales pertinentes para la propuesta del plan de descartes se encuentran también en aguas de la Unión de la división CIEM IIa, los Estados miembros afectados recomiendan que también esta división quede cubierta por el plan de descartes.

(6)

Por lo que se refiere al mar del Norte, de conformidad con el artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1380/2013, la obligación de desembarque se aplica al menos desde el 1 de enero de 2016 en:

De conformidad con el artículo 15, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013, en el Reglamento Delegado (UE) 2015/2440 de la Comisión (3) se identificaban las especies que han de desembarcarse a partir del 1 de enero de 2016. Esas especies son el carbonero, el eglefino, la cigala, el lenguado común, la solla, la merluza y el camarón boreal. El Reglamento Delegado (UE) 2015/2440 también establecía la obligación de desembarcar las capturas accesorias de camarón boreal. El presente Reglamento debe restablecer las disposiciones relativas a las especies que han de desembarcarse, a partir del Reglamento Delegado (UE) 2015/2440, y especificar más especies y pesquerías a las que se aplica la obligación de desembarque en 2017 y 2018.

(7)

Los Estados miembros afectados alegan que el régimen de gestión del esfuerzo pesquero establecido en el capítulo III del Reglamento (CE) n.o 1342/2008 del Consejo (4) constituye un obstáculo para que se aplique con éxito la obligación de desembarque del bacalao, ya que dicho régimen podría impedir la flexibilidad necesaria para adaptar los patrones de pesca, como la elección de la zona y los artes de pesca, una vez introducida la obligación de desembarque. Los colegisladores están revisando actualmente el Reglamento (CE) n.o 1342/2008. Para evitar la aplicación simultánea del régimen de gestión del esfuerzo pesquero y de la obligación de desembarque del bacalao, esta última debe aplicarse únicamente una vez que aquel deje de ser aplicable.

(8)

El Reglamento Delegado (UE) 2015/2440 introdujo una exención de la obligación de desembarque de todas las capturas de las especies respecto de las cuales existan pruebas científicas que demuestren altas tasas de supervivencia («exención por alta capacidad de supervivencia») de las capturas de cigala en la división CIEM IIIa, a condición de que se utilicen determinadas redes de arrastre de fondo. Dicho Reglamento Delegado establecía que los Estados miembros que tienen un interés directo en la gestión del mar del Norte deben presentar a la Comisión más información científica en apoyo de la exención de las redes de arrastre especificadas. Esa información se presentó al CCTEP, que la encontró suficiente. Procede, por tanto, incluir dicha exención en el nuevo plan de descartes.

(9)

La recomendación conjunta incluye una exención por alta capacidad de supervivencia de las capturas de cigala en la subzona CIEM IV para determinados artes, con la condición de que se utilice un dispositivo de selectividad Netgrid.

(10)

La recomendación conjunta incluye una exención por alta capacidad de supervivencia de las capturas de lenguado común en la subzona CIEM IV para determinados artes y con determinadas condiciones que favorecen la supervivencia de esta especie.

(11)

Sobre la base de las pruebas científicas previstas en la recomendación conjunta y revisadas por el CCTEP, y teniendo en cuenta las características del arte, las prácticas de pesca y el ecosistema, procede incluir dichas exenciones en el presente Reglamento para 2017. Los Estados miembros deben presentar datos adicionales para que el CCTEP pueda evaluar mejor la tasa de supervivencia de la cigala y del lenguado común capturados en la subzona CIEM IV con las redes en cuestión y para que la Comisión pueda revisar la exención pertinente.

(12)

El Reglamento Delegado (UE) 2015/2440 introdujo exenciones de minimis para:

La recomendación conjunta sugiere que se sigan aplicando dichas exenciones. Procede, por tanto, incluir dichas exenciones en el nuevo plan de descartes.

(13)

La recomendación conjunta incluye una exención de minimis para las capturas combinadas de lenguado común, eglefino y merlán con determinadas redes de arrastre de fondo en la división CIEM IIIa; una exención de minimis para las capturas combinadas de lenguado, eglefino y merlán con nasas en la división CIEM IIIa; y, para 2018, una exención de minimis para el merlán capturado con redes de arrastre de fondo en la división CIEM IVc.

(14)

A la vista de las pruebas concluyentes presentadas por los Estados miembros para dichas exenciones, revisadas por el CCTEP, que llegó a la conclusión de que contenían argumentos razonados en cuanto a la dificultad de conseguir nuevas mejoras de la selectividad o a los desproporcionados costes de manipulación de las capturas no intencionadas, la Comisión considera adecuado establecer las exenciones de minimis con arreglo al porcentaje propuesto en la recomendación conjunta, dentro de los límites establecidos en el artículo 15, apartado 5, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1380/2013.

(15)

El artículo 18 bis del Reglamento (CE) n.o 850/98 faculta a la Comisión para establecer, a efectos de la aprobación de los planes de descartes y para las especies sujetas a la obligación de desembarque, tallas mínimas de referencia a efectos de conservación (TMRC) con el fin de garantizar la protección de los juveniles de organismos marinos. En su caso, para dichas TMRC pueden establecerse excepciones respecto de las tallas establecidas en el anexo XII del Reglamento (CE) n.o 850/98. Por lo que respecta a la cigala en la división CIEM IIIa, procede mantener las TMRC establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2015/2440, es decir, una longitud total de 105 mm y una longitud del caparazón de 32 mm. Debe añadirse una longitud mínima de la cola de 59 mm, vistas la recomendación conjunta y la evaluación del CCTEP, que considera que dicha longitud de la cola corresponde a las longitudes existentes, total y del caparazón.

(16)

Los planes de descartes también podrán incluir medidas técnicas para las pesquerías o especies a las que se aplica la obligación de desembarque. Con el fin de aumentar la selectividad de los artes de pesca y de reducir las capturas no deseadas en el Skagerrak, es conveniente mantener diversas medidas técnicas que se acordaron entre la Unión y Noruega en 2011 (5) y 2012 (6).

(17)

A fin de garantizar un control apropiado, deben acordarse requisitos específicos para que los Estados miembros establezcan listas de los buques contemplados por el presente Reglamento.

(18)

Puesto que las medidas previstas en el presente Reglamento tienen un impacto directo en las actividades económicas y en la planificación de la campaña de pesca de los buques de la Unión, el presente Reglamento debe entrar en vigor inmediatamente después de su publicación. Debe aplicarse del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 con el fin de cumplir el calendario establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013.

a)

capturas con trampas (FPO (7));

b)

capturas en la división CIEM IIIa con redes de arrastre de fondo (OTB, TBN) con un tamaño de malla de 70 mm como mínimo, equipadas con rejilla de selectividad por especies con separación entre las barras de la rejilla de 35 mm como máximo;

c)

capturas en la división CIEM IIIa con redes de arrastre de fondo (OTB, TBN) con un tamaño de malla de, como mínimo, 90 mm, equipadas con un panel Seltra;

d)

en 2017, capturas en la división CIEM IV con redes de arrastre de fondo (OTB, TBN) con un tamaño de malla de, como mínimo, 80 mm, equipadas con un dispositivo de selectividad Netgrid.

a)

de lenguado común, hasta un máximo del 3 % del total anual de capturas de esta especie por buques que utilicen redes de enmalle y trasmallos (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) en la división CIEM IIIa, subzona CIEM IV, y en las aguas de la Unión de la división CIEM IIa;

b)

de lenguado común más pequeño que la TMRC, hasta un máximo del 7 % (en 2017) y del 6 % (en 2018) del total anual de capturas de esta especie por buques que utilicen redes de arrastre de vara (TBB) de tamaño de malla de 80 a 119 mm, con mallas de mayor tamaño, en la ampliación de la red de arrastre de vara, en la subzona CIEM IV;

c)

de cigala más pequeña que la TMRC, hasta un máximo del 6 % del total anual de capturas de esta especie por buques que utilicen redes de arrastre de fondo (OTB, TBN, OTT, TB) de tamaño de malla de 80 a 99 mm, en la subzona CIEM IV y en las aguas de la Unión de la división CIEM IIa;

d)

de lenguado común y eglefino combinados, en 2017, más pequeños que la TMRC, hasta un máximo del 2 % del total anual de las capturas de cigala, lenguado común y eglefino en la pesquería de cigala por buques que utilicen redes de arrastre de fondo (OTB, TBN) de tamaño de malla igual o superior a 70 mm, equipadas con una rejilla de selectividad por especies con una separación entre las barras de la rejilla de un máximo de 35 mm, en la división CIEM IIIa;

e)

de lenguado común, eglefino y merlán combinados, en 2018, más pequeños que la TMRC, hasta un máximo del 4 % del total anual de las capturas de cigala, lenguado común, eglefino, merlán y camarón boreal en la pesquería de cigala por buques que utilicen redes de arrastre de fondo (OTB, TBN) de tamaño de malla igual o superior a 70 mm, equipadas con una rejilla de selectividad por especies con una separación entre las barras de la rejilla de un máximo de 35 mm, en la división CIEM IIIa;

f)

de lenguado común, eglefino y merlán combinados, más pequeños que la TMRC, hasta un máximo del 1 % del total anual de las capturas de cigala, lenguado común, eglefino, merlán y camarón boreal en la pesquería de camarón boreal por buques que utilicen redes de arrastre de fondo (OTB) de tamaño de malla igual o superior a 35 mm, equipadas con una rejilla de selectividad por especies con una separación entre las barras de la rejilla de un máximo de 19 mm, en la división CIEM IIIa;

g)

de lenguado común, eglefino y merlán combinados, hasta un máximo del 0,5 % del total anual de las capturas de cigala, lenguado común, eglefino, merlán y camarón boreal en la pesquería de cigala efectuadas con nasas (FPO), en la división CIEM IIIa;

h)

de merlán, en 2018, hasta un máximo del 7 % del total anual de las capturas de cigala, eglefino, lenguado común, camarón boreal, merlán, solla, carbonero y bacalao en la pesquería mixta de lenguado, merlán y especies sin límites de captura por buques que utilicen redes de arrastre de fondo (OTB, OTT) de tamaño de malla de 70 a 99 mm, en la división CIEM IVc.

a)

longitud total, 105 mm;

b)

longitud de la cola, 59 mm;

c)

longitud del caparazón, 32 mm.

a)

con un copo de tamaño de malla de 90 mm como mínimo, siempre que estén equipadas con un panel Seltra o una rejilla separadora con no más de 35 mm de separación entre las barras.

b)

con un copo de malla cuadrada de 70 mm como mínimo, equipadas de una rejilla separadora con no más de 35 mm de separación entre las barras;

c)

con tamaños mínimos de malla inferiores a 70 mm para la pesca de especies pelágicas o industriales, siempre que las capturas contengan más del 80 % de una o más especies pelágicas o industriales;

d)

con un copo de malla de 35 mm como mínimo para la pesca de Pandalus, equipadas con una rejilla separadora con no más de 19 mm de separación entre las barras.

—

esté fabricado con un panel superior de malla cuadrada de un mínimo de 120 mm,

—

tenga al menos 3 metros de longitud, y

—

sea al menos tan ancho como la anchura de la rejilla separadora.

15.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 340/9

(1)

Las contrapartes tienen la obligación de protegerse contra las exposiciones crediticias frente a las contrapartes de contratos de derivados, percibiendo para ello márgenes cuando dichos contratos no se compensan a través de una entidad de contrapartida central. El presente Reglamento establece las normas aplicables con vistas a un intercambio de garantías reales oportuno, exacto y con una segregación adecuada. Procede que estas normas se apliquen con carácter obligatorio a las garantías reales que las contrapartes están obligadas a percibir o aportar de conformidad con el presente Reglamento. Sin embargo, las contrapartes que accedan a percibir o aportar garantías reales al margen de los requisitos del presente Reglamento han de poder optar por intercambiar o no esas garantías de conformidad con estas normas.

(2)

Las contrapartes que estén sujetas a los requisitos del artículo 11, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 648/2012 deben tener en cuenta los diferentes perfiles de riesgo de las contrapartes no financieras que se sitúen por debajo del umbral de compensación contemplado en el artículo 10 de dicho Reglamento, a la hora de establecer sus procedimientos de gestión del riesgo respecto de los contratos de derivados extrabursátiles celebrados con dichas entidades. Procede, por tanto, permitir que las contrapartes determinen si el nivel de riesgo de crédito de contraparte que suponen esas contrapartes no financieras que se sitúan por debajo del mencionado umbral de compensación debe o no reducirse mediante el intercambio de garantías reales. Cabe suponer que las contrapartes no financieras establecidas en un tercer país que se situarían por debajo del umbral de compensación si estuvieran establecidas en la Unión tienen los mismos perfiles de riesgo que las contrapartes no financieras establecidas en la Unión y que se sitúen por debajo del umbral de compensación, por lo que resulta oportuno aplicar el mismo planteamiento a ambos tipos de entidades para evitar todo arbitraje regulador.

(3)

Es necesario proteger a las contrapartes de contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada contra el riesgo de un posible impago de la otra contraparte. Por lo tanto, se requieren dos tipos de garantías reales en forma de márgenes para gestionar adecuadamente los riesgos a los que están expuestas tales contrapartes. El primero de ellos es el margen de variación, que protege a las contrapartes frente a las exposiciones relacionadas con el valor actual de mercado de sus contratos de derivados extrabursátiles. El segundo tipo es el margen inicial, que protege a las contrapartes frente a las posibles pérdidas que podrían acarrear las variaciones en el valor de mercado de la posición en derivados que se produzcan entre el último intercambio de márgenes de variación antes del impago de una contraparte y el momento en que se sustituyan los contratos de derivados extrabursátiles o se cubra el riesgo correspondiente.

(4)

Dado que las entidades de contrapartida central («ECC») pueden estar autorizadas como entidades de crédito con arreglo a la legislación de la Unión, es necesario excluir de los requisitos del presente Reglamento los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada que las ECC suscriban durante un proceso de gestión de impagos, puesto que tales contratos están ya sujetos a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 153/2013 (2) y, por tanto, no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento.

(5)

En el caso de los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada que conllevan el pago por adelantado de una prima para garantizar la ejecución del contrato, la contraparte que recibe el pago de la prima («vendedor de la opción») no tiene una exposición actual o potencial futura frente a la otra contraparte. Asimismo, el valor diario a precios de mercado de tales contratos queda ya cubierto por el pago de dicha prima. Por tanto, si el conjunto de operaciones compensables se compone de tales posiciones en opciones, el vendedor de la opción ha de poder optar por no percibir márgenes iniciales o de variación en relación con esos tipos de derivados extrabursátiles, en la medida en que dicho vendedor no esté expuesto a ningún riesgo de crédito. La contraparte que pague la prima («comprador de la opción») debe, sin embargo, percibir márgenes iniciales y de variación.

(6)

Si bien los procedimientos de resolución de litigios contenidos en acuerdos bilaterales entre contrapartes son útiles para minimizar la duración y la frecuencia de los litigios, las contrapartes deben, en un principio, percibir al menos el importe no litigioso en el caso de que el importe de una petición de margen sea objeto de litigio. De este modo se reducirá el riesgo resultante de las operaciones litigiosas y se asegurará, por tanto, que los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada estén, en la medida de lo posible, cubiertos por garantías reales.

(7)

Con el fin de garantizar condiciones de competencia equitativas entre países, cuando una contraparte establecida en la Unión celebre un contrato de derivados extrabursátiles no compensado de forma centralizada con una contraparte establecida en un tercer país, debe realizarse un intercambio mutuo de márgenes iniciales y de variación. Resulta oportuno que las contrapartes establecidas en la Unión y que realicen operaciones con contrapartes establecidas en terceros países sigan estando sujetas a la obligación de evaluar la exigibilidad jurídica de los acuerdos bilaterales y la eficacia de los acuerdos de segregación.

(8)

Conviene permitir que las contrapartes apliquen un importe mínimo de transferencia a la hora de intercambiar garantías reales para reducir la carga operativa derivada del intercambio de cantidades limitadas en aquellos casos en que las exposiciones solo varíen ligeramente. No obstante, debe garantizarse que este importe mínimo de transferencia se utilice como instrumento operativo y no con miras a servir de línea de crédito sin garantía real entre las contrapartes. Por consiguiente, debe fijarse un nivel máximo para el importe mínimo de transferencia.

(9)

Por razones operativas, podría ser más adecuado en algunos casos fijar importes mínimos de transferencia independientes para los márgenes inicial y de variación. En tales casos, las contrapartes han de tener la posibilidad de acordar importes mínimos de transferencia independientes para los márgenes inicial y de variación. No obstante, la suma de los importes mínimos de transferencia independientes no debe superar el nivel máximo del importe mínimo de transferencia. Por razones prácticas, se ha de poder definir el importe mínimo de transferencia en la moneda en la que se intercambien normalmente los márgenes, que puede no ser el euro.

(10)

Es posible que algunos terceros países determinen un ámbito de aplicación diferente al del Reglamento (UE) n.o 648/2012 a efectos de sus requisitos de intercambio de garantías reales en relación con los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada. Por consiguiente, en el supuesto de que el presente Reglamento exija que solo los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada y regulados por el Reglamento (UE) n.o 648/2012 se incluyan en los cálculos de márgenes para los conjuntos transfronterizos de operaciones compensables, las contrapartes de diferentes países o territorios tendrían potencialmente que duplicar los cálculos exigidos para tener en cuenta las diferentes definiciones o los diferentes espectros de productos en función de sus respectivos requisitos en materia de márgenes. Ello podría falsear los cálculos de los márgenes. Además, aumentaría probablemente el riesgo de litigios. Así pues, permitir el uso de una gama más amplia de productos en los conjuntos transfronterizos de operaciones compensables, que incluya todos los contratos de derivados extrabursátiles sujetos al intercambio de garantías reales en uno u otro país o territorio, facilitaría el proceso de percepción de márgenes. Este planteamiento es coherente con el objetivo de reducción del riesgo sistémico del Reglamento (UE) n.o 648/2012, puesto que una gama más amplia de productos estaría sujeta a los requisitos en materia de márgenes.

(11)

Las contrapartes pueden optar por percibir los márgenes iniciales en efectivo, en cuyo caso la garantía real no debe someterse a ningún recorte, siempre que la moneda de la garantía coincida con la moneda en la que se denomine el contrato. No obstante, cuando los márgenes iniciales se perciban en efectivo en una moneda distinta de la moneda en que se denomine el contrato, el desfase de divisas puede generar riesgo de tipo de cambio. Por este motivo, debe aplicarse un recorte por desfase de divisas a los márgenes iniciales percibidos en efectivo en otra moneda. En el caso de los márgenes de variación percibidos en efectivo, y en consonancia con el marco del CSBB y la OICV, no es necesario ningún recorte, incluso cuando el pago se realice en una moneda diferente de la del contrato.

(12)

Al fijar el nivel de los requisitos en materia de márgenes iniciales, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores han considerado explícitamente dos aspectos en el marco por ellos definido, que se recoge en el documento «Margin requirements for non-centrally cleared derivatives» [requisitos en materia de márgenes para los derivados no compensados de forma centralizada], de marzo de 2015 (en lo sucesivo, «marco CSBB-OICV»). El primer aspecto es el de la disponibilidad de activos líquidos y de elevada calidad crediticia que cubran los requisitos de margen inicial. El segundo es el del principio de proporcionalidad, ya que las contrapartes, financieras y no financieras, de menores dimensiones podrían verse afectadas de forma desproporcionada por los requisitos de margen inicial. A fin de mantener condiciones de competencia equitativas, el presente Reglamento debe introducir un umbral que coincida exactamente con el previsto en el marco CSBB-OICV y por debajo del cual dos contrapartes no estén obligadas a intercambiar ningún margen inicial. De esta forma se reducirán de manera sustancial los costes y la carga operativa de los participantes de menores dimensiones y se responderá a la voluntad de disponer de activos líquidos de elevada calidad crediticia sin socavar los objetivos generales del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(13)

Aunque los umbrales han de calcularse siempre a nivel de grupo, los fondos de inversión deben tratarse como un caso especial, ya que pueden ser gestionados por un mismo gestor de inversiones y considerarse un solo grupo. No obstante, si los fondos son grupos de activos diferenciados y no están cubiertos por garantías reales o personales, ni respaldados por otros fondos de inversión o por el propio gestor de inversiones, son relativamente inmunes al riesgo respecto del resto del grupo. Dichos fondos de inversión deben, por tanto, tratarse como entidades separadas a la hora de calcular los umbrales, en consonancia con lo previsto en el marco CSBB-OICV.

(14)

Por lo que respecta al margen inicial, es probable que los requisitos del presente Reglamento tengan un impacto medible en la liquidez del mercado, dado que los activos proporcionados como garantía real no pueden ser objeto de liquidación o reutilizados de otro modo durante la vigencia del contrato de derivados extrabursátiles no compensado de forma centralizada. Dichos requisitos representan un cambio significativo en la práctica del mercado y suponen ciertos desafíos de tipo práctico y operativo que deberán gestionarse a medida que los nuevos requisitos entren en vigor. Teniendo en cuenta que el margen de variación cubre ya las fluctuaciones verificadas en el valor de los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada hasta el momento del impago, se considera proporcionado aplicar un umbral de 8 000 millones EUR en concepto de importe nocional bruto de los contratos pendientes a efectos de la aplicación de los requisitos de margen inicial. Este umbral se aplica a nivel de grupo o, cuando la contraparte no forme parte de un grupo, a nivel de la entidad individual. Procede utilizar como referencia apropiada el importe nocional bruto agregado de los contratos pendientes, dado que constituye un parámetro adecuado para medir el tamaño y la complejidad de una cartera de contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada. Asimismo, es una referencia fácil de supervisar y notificar. Estos umbrales se ajustan también a lo contemplado en el marco CSBB-OICV para los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada y son, por tanto, coherentes con las normas internacionales.

(15)

Resulta oportuno incluir también en el cálculo del importe nocional bruto agregado las exposiciones resultantes de contratos o contrapartes que estén temporal o permanentemente exentos, o parcialmente exentos, de márgenes. El motivo para ello es que todos los contratos contribuyen a la determinación del tamaño y la complejidad de la cartera de una contraparte. En consecuencia, los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada que puedan estar exentos de los requisitos del presente Reglamento son igualmente relevantes para determinar el tamaño, la escala y la complejidad de la cartera de la contraparte y deben, por tanto, incluirse también en el cálculo de los umbrales.

(16)

Procede establecer procedimientos especiales de gestión del riesgo para determinados tipos de contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada que presentan perfiles de riesgo específicos. En particular, el intercambio del margen de variación sin margen inicial debe, en consonancia con el marco CSBB-OICV, considerarse un intercambio apropiado de garantías reales respecto de los contratos sobre divisas liquidados mediante entrega física. Del mismo modo, como las permutas de divisas pueden descomponerse en una secuencia de contratos a plazo sobre divisas, únicamente debe cubrirse mediante el margen inicial el componente de tipo de interés.

(17)

Es conveniente tener en cuenta los impedimentos a los que se enfrentan los emisores de bonos garantizados o los fondos de cobertura a la hora de constituir garantías reales. Bajo una serie de condiciones específicas, procede, pues, no imponer a los emisores de bonos garantizados o los fondos de cobertura la obligación de aportar garantías reales. De esta forma se ofrecería cierta flexibilidad a los emisores de bonos garantizados o los fondos de cobertura, garantizando a un tiempo que los riesgos para sus contrapartes sean limitados. Los emisores de bonos garantizados o los fondos de cobertura pueden enfrentarse con impedimentos jurídicos a la hora de aportar o percibir garantías reales no en efectivo en concepto de márgenes inicial o de variación o de aportar el margen de variación en efectivo, ya que el pago del margen de variación podría considerarse un derecho de mayor prelación que los derechos de los titulares de los bonos, lo que podría originar un impedimento jurídico. Del mismo modo, la posibilidad de sustituir o retirar el margen inicial podría considerarse un derecho de mayor prelación que los derechos de los titulares de los bonos, tropezando con el mismo tipo de limitaciones. Sin embargo, nada impide a un emisor de bonos garantizados o un fondo de cobertura devolver el efectivo percibido anteriormente en concepto de margen de variación. Si bien las contrapartes de los emisores de bonos garantizados o los fondos de cobertura deben, pues, tener la obligación de aportar el margen de variación en efectivo y el derecho de recuperar la totalidad o parte del mismo, los emisores de bonos garantizados o los fondos de cobertura solo deben estar obligados a aportar un margen de variación por el importe en efectivo recibido previamente.

(18)

Las contrapartes deben evaluar siempre la exigibilidad jurídica de sus acuerdos de compensación y segregación. Si estas evaluaciones resultan negativas con respecto al marco jurídico de un tercer país, las contrapartes deben recurrir a medidas diferentes del intercambio mutuo de márgenes. En aras de la coherencia con las normas internacionales, a fin de evitar que las contrapartes de la Unión se vean en la imposibilidad de negociar con contrapartes de esos países, y de garantizar condiciones de competencia equitativas para las contrapartes de la Unión, conviene establecer un umbral mínimo por debajo del cual estas puedan negociar con contrapartes establecidas en dichos países sin intercambiar márgenes iniciales o de variación. Cuando las contrapartes tengan la posibilidad de percibir márgenes y puedan asegurarse de que, en relación con las garantías reales percibidas, por oposición a las aportadas, puedan cumplirse las disposiciones del presente Reglamento, las contrapartes de la Unión deben estar siempre obligadas a percibir garantías reales. Resulta oportuno restringir, mediante la fijación de un límite, las exposiciones resultantes de contratos con contrapartes establecidas en terceros países que no estén cubiertas por ningún intercambio de garantías reales debido a los impedimentos jurídicos existentes en dichos países, ya que el capital no se considera equivalente al intercambio de márgenes en relación con las exposiciones resultantes de contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada y no todas las contrapartes sujetas a los requisitos en materia de márgenes del presente Reglamento están también sujetas a requisitos de capital. Este límite debe fijarse de tal modo que sea fácil de calcular y verificar. Con objeto de prevenir la acumulación de un riesgo sistémico y de evitar que ese trato especial cree la posibilidad de eludir lo dispuesto en el presente Reglamento, el límite debe fijarse en un nivel moderado. Cabe considerar que este tratamiento es suficientemente prudente, ya que existen también otras técnicas de reducción del riesgo como alternativa a los márgenes.

(19)

A fin de prevenir la eventualidad de que las garantías reales no puedan liquidarse de inmediato tras el impago de una contraparte, es necesario tener en cuenta, al calcular el margen inicial, el período de tiempo comprendido entre el último intercambio de garantías reales que cubran un conjunto compensable de contratos con una contraparte en situación de impago y el momento en que los contratos se liquiden y el riesgo de mercado resultante vuelva a cubrirse. Este período se conoce como «período de riesgo del margen» y coincide con el instrumento contemplado en el artículo 272, apartado 9, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), en lo que respecta al riesgo de crédito de contraparte de las entidades de crédito. No obstante, dado que los objetivos de ambos Reglamentos son diferentes, y el Reglamento (UE) n.o 575/2013 solo establece normas para calcular el período de riesgo del margen a efectos de los requisitos de fondos propios, el presente Reglamento debe recoger las normas sobre dicho período que resultan necesarias específicamente en el contexto de los procedimientos de gestión del riesgo de los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada. El período de riesgo del margen debe tener en cuenta los procesos que exige el presente Reglamento para el intercambio de márgenes.

(20)

Los márgenes, tanto iniciales como de variación, deben, por regla general, intercambiarse a más tardar al término del día hábil siguiente a la fecha de ejecución. No obstante, se permite ampliar el plazo para el intercambio del margen de variación siempre que se compense mediante un cálculo adecuado del período de riesgo del margen. Alternativamente, cuando no se imponga requisito alguno de margen inicial, procede permitir una ampliación si se percibe un importe apropiado en concepto de margen de variación adicional.

(21)

A la hora de desarrollar modelos de margen inicial y de calcular el período de riesgo del margen adecuado, las contrapartes deben tener en cuenta la necesidad de disponer de modelos que reflejen la liquidez del mercado, el número de participantes en ese mercado y el volumen de los correspondientes contratos de derivados extrabursátiles. Al mismo tiempo, es preciso desarrollar un modelo que ambas partes puedan entender y reproducir y en el que puedan basarse para resolver litigios. Por tanto, debe permitirse a las contrapartes calibrar el modelo y calcular el período de riesgo del margen solo en función de las condiciones de mercado, sin necesidad de ajustar sus estimaciones a las características de contrapartes específicas. Esto, a su vez, implica que las contrapartes puedan optar por adoptar diferentes modelos para calcular los importes del margen inicial a intercambiar entre ellas, y que dichos importes del margen inicial puedan no ser simétricos.

(22)

Aunque es necesario recalibrar un modelo de margen inicial con la suficiente frecuencia, una nueva calibración podría dar lugar a que los requisitos en materia de márgenes alcancen niveles imprevistos. Por esta razón, procede establecer un período de tiempo adecuado durante el cual los márgenes aún puedan intercambiarse sobre la base de la calibración anterior. Las contrapartes dispondrán así de tiempo suficiente para satisfacer las peticiones de márgenes resultantes de la nueva calibración.

(23)

Las garantías reales deben considerarse libremente transferibles si, en caso de impago de quien las aporte, no existen impedimentos legales o reglamentarios ni derechos de terceros, incluidos los terceros depositarios. Sin embargo, algunos derechos en forma de cargas, tales como los costes y gastos ocasionados por la transferencia de la garantía real, habitualmente impuestas a todas las transferencias de valores, no deben considerarse un impedimento, ya que ello llevaría a identificar siempre un impedimento.

(24)

La contraparte perceptora debe tener la capacidad operativa necesaria para liquidar la garantía real en caso de impago del aportante de la misma. La contraparte perceptora también debe tener la posibilidad de emplear el producto en efectivo de la liquidación para celebrar un contrato equivalente con otra contraparte o para cubrir el riesgo resultante. El acceso al mercado debe ser, por tanto, una condición previa para el perceptor de la garantía real, a fin de poder venderla, con o sin pacto de recompra, en un plazo de tiempo razonable. Esta capacidad debe ser independiente del aportante de la garantía real.

(25)

La liquidez y calidad crediticia de las garantías reales percibidas deben ser suficientemente elevadas para permitir a la contraparte perceptora liquidar las posiciones sin sufrir pérdidas, debido a variaciones de valor importantes, en caso de impago de la otra contraparte. La calidad crediticia de las garantías reales debe evaluarse a partir de métodos reconocidos, como las calificaciones de las agencias de calificación crediticia externa. No obstante, a fin de mitigar el riesgo de recurso automático a calificaciones externas, resulta oportuno introducir una serie de salvaguardias adicionales. Estas salvaguardias deben incluir la posibilidad de utilizar un modelo basado en calificaciones internas («IRB») aprobado y de retrasar la sustitución de las garantías reales que dejen de ser admisibles debido a la rebaja de la calificación, con vistas a atenuar de manera eficiente el posible «efecto acantilado» que pueda generar la excesiva dependencia de evaluaciones crediticias externas.

(26)

Aunque los recortes reducen el riesgo de que las garantías reales percibidas no sean suficientes para cubrir las necesidades de márgenes en momentos de tensión financiera, también son necesarias otras medidas de reducción del riesgo cuando se acepten garantías reales distintas del efectivo, a fin de garantizar que puedan liquidarse de manera efectiva. En particular, las contrapartes deben velar por que las garantías reales percibidas estén razonablemente diversificadas en términos de emisores individuales, tipos de emisores y clases de activos.

(27)

El impacto en la estabilidad financiera de la liquidación de garantías reales aportadas por contrapartes que no tengan importancia sistémica es limitado. Además, los límites de concentración aplicables al margen inicial podrían resultar gravosos para las contrapartes con pequeñas carteras de derivados extrabursátiles, ya que estas pueden no disponer sino de una gama limitada de garantías reales admisibles que aportar. Por consiguiente, aun cuando la diversificación de las garantías reales sea una medida válida de reducción del riesgo, las contrapartes sin importancia sistémica no deben estar obligadas a diversificarlas. Por otra parte, las entidades financieras de importancia sistémica y otras contrapartes con grandes carteras de derivados extrabursátiles que negocien entre sí deben aplicar los límites de concentración como mínimo al margen inicial, incluso en lo que respecta a las garantías reales admisibles que comprendan títulos de deuda soberana de los Estados miembros. Estas contrapartes son suficientemente sofisticadas, ya sea para transformar las garantías reales o para acceder a múltiples mercados y emisores y poder diversificar en la medida necesaria las garantías reales aportadas. El artículo 131 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) prevé la identificación de las entidades de importancia sistémica con arreglo al Derecho de la Unión. Sin embargo, habida cuenta del amplio ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.o 648/2012, procede introducir un umbral cuantitativo, de manera que la obligación de aplicar límites de concentración recaiga también en aquellas contrapartes que, aun cuando puedan no estar incluidas en las clasificaciones existentes de entidades de importancia sistémica, deben, no obstante, estar sujetas a límites de concentración, debido al tamaño de sus carteras de derivados extrabursátiles.

(28)

Los sistemas de planes de pensiones están sujetos a requisitos de garantías reales bilaterales. No obstante, es importante evitar que estos requisitos resulten excesivamente gravosos para la rentabilidad de dichos planes y, por consiguiente, para los ingresos de jubilación de los futuros pensionistas. Los pasivos de los sistemas de planes de pensiones frente a los pensionistas están denominados en las monedas locales, por lo que sus inversiones deben denominarse en la misma moneda con objeto de evitar los costes y riesgos derivados de desfases de divisas. Procede, por tanto, disponer que los límites de concentración no se apliquen a los sistemas de planes de pensiones de la misma forma que a otras contrapartes. No obstante, es importante que existan procedimientos adecuados de gestión del riesgo para controlar y subsanar los posibles riesgos de concentración a los que dé lugar ese régimen especial. La aplicación de estas disposiciones a los sistemas de planes de pensiones debe ser objeto de un seguimiento y reexaminarse a la luz de la evolución del mercado.

(29)

Resulta oportuno reconocer las dificultades que entraña segregar las garantías reales en efectivo, permitiendo a las contrapartes aportar una cantidad limitada del margen inicial en forma de efectivo y a los depositarios reinvertir esa garantía en efectivo. Sin embargo, el efectivo mantenido por un depositario es un pasivo de este frente a la contraparte que aporta la garantía real, el cual genera un riesgo de crédito para esta contraparte. Por tanto, a fin de reducir el riesgo sistémico, el uso de efectivo como margen inicial debe estar sujeto a requisitos de diversificación, al menos para las entidades de importancia sistémica. Resulta oportuno exigir a dichas entidades bien que limiten la cantidad del margen inicial percibido en efectivo, bien que diversifiquen las exposiciones recurriendo a varios depositarios.

(30)

El valor de la garantía real no debe tener una correlación positiva significativa con la solvencia de su aportante o el valor de la correspondiente cartera de derivados no compensados de forma centralizada, ya que ello mermaría la eficacia de la protección ofrecida por la garantía real percibida. En consecuencia, no deben aceptarse como garantía los valores emitidos por el aportante de la garantía real o las empresas vinculadas al mismo. Las contrapartes deben tener asimismo la obligación de controlar que las garantías reales percibidas no estén sujetas a otras formas de riesgo de correlación adversa.

(31)

La contraparte que no haya incurrido en impago debe tener la posibilidad de liquidar los activos recibidos en garantía, en concepto de margen inicial o de variación, en un tiempo suficientemente corto para protegerse frente a las pérdidas sobre contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada en caso de impago de la contraparte. Dichos activos deben, por tanto, ser muy líquidos y no han de estar expuestos a un riesgo de crédito, de mercado o de tipo de cambio excesivo. En la medida en que el valor de la garantía real esté expuesto a estos riesgos, conviene aplicar los oportunos recortes en función del riesgo.

(32)

Con el fin de asegurar la transferencia de la garantía real en su debido momento, las contrapartes deben contar con procedimientos operativos eficaces. Ello implica que los procedimientos para el intercambio bilateral de garantías reales sean suficientemente detallados, transparentes y sólidos. Si las contrapartes no acuerdan y establecen un marco operativo con vistas a calcular, notificar y finalizar con eficiencia las peticiones de márgenes, pueden producirse litigios e intercambios fallidos de garantías reales que dan lugar a exposiciones no garantizadas frente a contratos de derivados extrabursátiles. En consecuencia, es esencial que las contrapartes establezcan políticas y normas internas claras respecto de las transferencias de garantías reales. Cualquier desviación de esas políticas debe ser rigurosamente examinada por todas las partes interesadas pertinentes a nivel interno que deben autorizar dichas desviaciones. Además, resulta oportuno que todas las condiciones aplicables al intercambio operativo de garantías reales se registren con exactitud y en detalle de manera sólida, rápida y sistemática.

(33)

Las contrapartes que suscriban contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada deben celebrar un acuerdo de intercambio de garantías reales en aras de la seguridad jurídica. En consecuencia, el acuerdo de intercambio de garantías reales debe incluir todos los derechos y obligaciones importantes de las contrapartes aplicables a los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada.

(34)

La garantía real protege a la contraparte perceptora en caso de impago de la contraparte aportante. No obstante, ambas contrapartes tienen también el deber de velar por que el modo en que se mantenga la garantía real percibida no aumente el riesgo de pérdida de la garantía real excedentaria aportada por la otra contraparte en caso de impago de la contraparte perceptora. Por esta razón, el acuerdo bilateral entre las contrapartes debe permitir a ambas acceder a la garantía real oportunamente cuando tengan derecho a hacerlo, y de ahí que sean necesarias normas sobre la segregación y normas que prevean una evaluación de la eficacia del acuerdo a este respecto, teniendo en cuenta las restricciones jurídicas y las prácticas del mercado de cada país o territorio.

(35)

La rehipotecación, repignoración o reutilización de las garantías reales percibidas en concepto de márgenes iniciales crearía nuevos riesgos para las contrapartes, debido a los derechos de terceros sobre los activos en caso de impago. Las complicaciones jurídicas y operativas podrían retrasar la devolución de la garantía real en caso de impago del perceptor de la garantía inicial o el tercero, o incluso imposibilitarla. A fin de preservar la eficiencia del marco y asegurar una adecuada reducción de los riesgos de crédito de contraparte, no debe, por tanto, autorizarse la rehipotecación, repignoración o reutilización de la garantía real recibida como margen inicial.

(36)

Dadas las dificultades que entraña segregar el efectivo, las prácticas actuales para el intercambio de garantías reales en efectivo en algunos países o territorios y la necesidad de recurrir al efectivo en lugar de a los valores en determinadas circunstancias, cuando la transferencia de estos puede resultar imposible por restricciones operativas, conviene que las garantías reales en efectivo recibidas en concepto de márgenes iniciales sean siempre mantenidas por un banco central o una entidad de crédito tercera, pues ello asegura su segregación con respecto a las dos contrapartes del contrato. Para garantizar esa separación, la entidad de crédito tercera no debe pertenecer al mismo grupo que ninguna de las contrapartes.

(37)

Cuando una contraparte notifique a la autoridad competente pertinente su intención de acogerse a la exención de las operaciones intragrupo, y al objeto de que la autoridad competente pueda decidir si se cumplen las condiciones para la exención, la contraparte debe presentar un expediente completo que incluya toda la información necesaria para que la autoridad competente pueda llevar a cabo su evaluación.

(38)

Para que pueda considerarse que un grupo cuenta con procedimientos suficientemente consistentes y sólidos de gestión del riesgo, han de satisfacerse una serie de condiciones. El grupo debe realizar un seguimiento sistemático de las exposiciones intragrupo, y debe garantizarse la oportuna liquidación de las obligaciones resultantes de los contratos de derivados extrabursátiles intragrupo sobre la base de instrumentos de seguimiento y de liquidez a nivel de grupo que sean coherentes con la complejidad de las operaciones intragrupo.

(39)

Para que pueda aplicarse la exención de las operaciones intragrupo, ha de existir la certeza de que ninguna disposición legal, reglamentaria o administrativa, u otra disposición obligatoria del ordenamiento jurídico vigente, puede impedir legalmente a las contrapartes pertenecientes al grupo cumplir su obligación de transferir fondos o reembolsar los pasivos o valores con arreglo a las condiciones de las operaciones intragrupo. De forma análoga, las contrapartes del grupo o el propio grupo no deben tener prácticas operativas o comerciales que puedan dar lugar a la carencia de fondos disponibles para satisfacer diariamente las obligaciones de pago al vencimiento, o a la imposibilidad de realizar rápidamente una transferencia electrónica de fondos.

(40)

El presente Reglamento incluye una serie de requisitos detallados que deben cumplirse al objeto de que un grupo pueda quedar exento de aportar márgenes en las operaciones intragrupo. Además de esos requisitos, en caso de que una de las dos contrapartes del grupo esté domiciliada en un tercer país con respecto al cual aún no se haya adoptado una declaración de equivalencia de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, el grupo debe proceder al intercambio de márgenes de variación y márgenes iniciales debidamente segregados en relación con todas las operaciones intragrupo con las filiales de esos terceros países. A fin de evitar una aplicación desproporcionada de los requisitos en materia de márgenes, y teniendo en cuenta los requisitos similares impuestos en lo que respecta a las obligaciones de compensación, el presente Reglamento debe prever una aplicación diferida de ese requisito concreto. De este modo se dispondría de tiempo suficiente para llevar a cabo el proceso de elaboración de la declaración de equivalencia, sin exigir a los grupos con filiales domiciliadas en terceros países una asignación ineficiente de recursos.

(41)

Teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, las contrapartes con carteras de menor tamaño y, por tanto, con operaciones generalmente de menor tamaño deben disponer de más tiempo para adaptar sus sistemas y procesos internos al objeto de cumplir los requisitos del presente Reglamento. A fin de alcanzar un equilibrio adecuado entre la reducción de los riesgos resultantes de los derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada y la aplicación proporcionada del presente Reglamento, así como en aras de la coherencia internacional y para minimizar las posibilidades de arbitraje regulador con vistas a evitar perturbaciones del mercado, es necesario establecer un período de introducción gradual de los requisitos. El período de introducción gradual de los requisitos contenidos en el presente Reglamento tiene en cuenta el plan convenido en el marco CSBB-OICV, que fue establecido por referencia a un estudio de impacto cuantitativo que englobaba las entidades de crédito de la Unión.

(42)

El Reglamento Delegado de la Comisión (*1) aclara la definición de los contratos a plazo sobre divisas liquidados mediante entrega física dentro de la Unión. Sin embargo, por ahora, esa definición no es aplicable y dichos productos se definen de forma no homogénea en la Unión. Por consiguiente, con el fin de evitar crear condiciones de competencia no equitativas en la Unión, es necesario hacer concordar la aplicación de las correspondientes técnicas de reducción del riesgo con la fecha de aplicación del pertinente acto delegado. Para evitar retrasos excesivos en la introducción de las técnicas de reducción del riesgo, se establece también una fecha concreta en la que, en cualquier caso, deben aplicarse los pertinentes requisitos.

(43)

Con vistas a evitar la fragmentación del mercado y asegurar condiciones de competencia equitativas a nivel mundial a las contrapartes establecidas en la Unión, y atendiendo al hecho de que, en algunos países o territorios, no existen requisitos equivalentes sobre el intercambio de márgenes iniciales y de variación respecto de las opciones sobre una acción única y las opciones sobre índices bursátiles, resulta oportuno introducir gradualmente el régimen aplicable a tales productos. Este período de introducción paulatina permitirá disponer de tiempo para hacer un seguimiento de la evolución de la normativa en otros países o territorios y velar por que se hayan establecido requisitos adecuados en la Unión para reducir el riesgo de crédito de contraparte en relación con tales contratos, evitando al mismo tiempo las posibilidades de arbitraje regulador.

(44)

Por motivos de seguridad jurídica y para evitar posibles perturbaciones en los mercados financieros, conviene aclarar el tratamiento de los contratos existentes.

(45)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados a la Comisión por la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados.

(46)

La Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados han llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, han analizado los costes y beneficios potenciales conexos y han recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector Bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Seguros y Reaseguros y del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Pensiones de Jubilación establecidos de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), y del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(47)

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 10, apartado 1, párrafos quinto, sexto y séptimo, del Reglamento (UE) n.o 1093/2010, en el artículo 10, apartado 1, párrafos quinto, sexto y séptimo, del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 y en el artículo 10, apartado 1, párrafos quinto, sexto y séptimo, del Reglamento (UE) n.o 1094/2010, el presente Reglamento incorpora modificaciones introducidas en los proyectos de normas técnicas de regulación, que fueron presentados nuevamente a la Comisión, en forma de dictamen formal, por la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados, sobre la base de las modificaciones propuestas por la Comisión.

a)

la admisibilidad de las garantías reales a efectos de los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada de conformidad con la sección 2;

b)

el cálculo y la percepción de los márgenes a efectos de los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada de conformidad con la sección 3;

c)

la gestión y la segregación de las garantías reales a efectos de los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada de conformidad con la sección 5;

d)

el cálculo del valor ajustado de las garantías reales de conformidad con la sección 6;

e)

el intercambio de información entre las contrapartes y la autorización y registro de cualesquiera excepciones a los procedimientos de gestión del riesgo a que se refiere el apartado 1;

f)

la notificación de las excepciones previstas en el capítulo II a la alta dirección;

g)

los términos de todos los acuerdos necesarios que deberán celebrar las contrapartes, a más tardar, en el momento en que se suscriba un contrato de derivados extrabursátiles no compensado de forma centralizada, incluidos los términos del acuerdo de compensación y los términos del acuerdo de intercambio de garantías reales de conformidad con el artículo 3;

h)

la verificación periódica de la liquidez de las garantías reales que se vayan a intercambiar;

i)

la oportuna recuperación de la garantía real, por la contraparte que la haya aportado de la que la haya percibido, en caso de impago, y

j)

el seguimiento sistemático de las exposiciones resultantes de los contratos de derivados extrabursátiles que constituyan operaciones intragrupo y la oportuna liquidación de las obligaciones resultantes de dichos contratos.

a)

cualesquiera obligaciones de pago que se originen entre las contrapartes;

b)

las condiciones para la compensación de las obligaciones de pago;

c)

los hechos constitutivos de impago u otros hechos que impliquen la resolución de los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada;

d)

todos los métodos de cálculo utilizados en relación con las obligaciones de pago;

e)

las condiciones para la compensación de las obligaciones de pago en caso de resolución;

f)

la transferencia de derechos y obligaciones en caso de resolución;

g)

la legislación por la que se regirán las operaciones de los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada.

a)

los niveles y el tipo de garantía real requeridos;

b)

los mecanismos de segregación;

c)

el conjunto de operaciones compensables a que se refiere el intercambio de garantías reales;

d)

los procedimientos de notificación, confirmación y ajuste de las peticiones de márgenes;

e)

los procedimientos de liquidación de las peticiones de márgenes para cada tipo de garantía real admisible;

f)

los procedimientos, métodos, plazos y reparto de responsabilidades para el cálculo de los márgenes y la valoración de las garantías reales;

g)

los hechos que se consideren constitutivos de impago o que impliquen la resolución del acuerdo;

h)

la legislación aplicable al contrato de derivados extrabursátiles no compensado de forma centralizada;

i)

la legislación aplicable al acuerdo de intercambio de garantías reales.

a)

efectivo en forma de dinero abonado en cuenta en cualquier divisa, o derecho similar a la devolución de dinero, como las cuentas de depósito del mercado de dinero;

b)

oro en forma de lingotes de oro puro asignado de buena entrega reconocida;

c)

títulos de deuda emitidos por las administraciones centrales o los bancos centrales de los Estados miembros;

d)

títulos de deuda emitidos por administraciones regionales o autoridades locales de los Estados miembros cuyas exposiciones se traten como exposiciones frente a la administración central del mismo Estado miembro de conformidad con el artículo 115, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;

e)

títulos de deuda emitidos por entes del sector público de los Estados miembros cuyas exposiciones se traten como exposiciones frente a la administración central, administración regional o autoridad local del mismo Estado miembro de conformidad con el artículo 116, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;

f)

títulos de deuda emitidos por administraciones regionales o autoridades locales de los Estados miembros distintos de los mencionados en la letra d);

g)

títulos de deuda emitidos por entes del sector público de los Estados miembros distintos de los mencionados en la letra e);

h)

títulos de deuda emitidos por los bancos multilaterales de desarrollo enumerados en el artículo 117, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;

i)

títulos de deuda emitidos por las organizaciones internacionales enumeradas en el artículo 118 del Reglamento (UE) n.o 575/2013;

j)

títulos de deuda emitidos por las administraciones o los bancos centrales de terceros países;

k)

títulos de deuda emitidos por administraciones regionales o autoridades locales de terceros países que cumplan los requisitos de las letras d) y e);

l)

títulos de deuda emitidos por administraciones regionales o autoridades locales de terceros países distintos de los mencionados en las letras d) y e);

m)

títulos de deuda emitidos por entidades de crédito o empresas de inversión, incluidos los bonos a que se refiere el artículo 52, apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8);

n)

bonos de empresas;

o)

el tramo de mayor prelación de una titulización, tal como se define en el artículo 4, punto 61, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, que no sea una retitulización tal como se define en el artículo 4, punto 63, de dicho Reglamento;

p)

bonos convertibles, siempre que solo puedan convertirse en acciones que estén incluidas en un índice especificado con arreglo a lo previsto en el artículo 197, apartado 8, letra a), del Reglamento (UE) n.o 575/2013;

q)

acciones incluidas en un índice especificado con arreglo a lo previsto en el artículo 197, apartado 8, letra a), del Reglamento (UE) n.o 575/2013;

r)

acciones o participaciones en organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 5.

a)

que los activos no hayan sido emitidos por la contraparte aportante;

b)

que los activos no hayan sido emitidos por entidades que formen parte del grupo al que pertenezca la contraparte aportante;

c)

que los activos no estén sujetos de ningún otro modo a un riesgo significativo de correlación adversa, tal como se define en el artículo 291, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

a)

que las acciones o participaciones posean una cotización pública diaria;

b)

que los OICVM se limiten a invertir en activos que sean admisibles de conformidad con el artículo 4, apartado 1;

c)

que los OICVM se ajusten a los criterios establecidos en el artículo 132, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

a)

las calificaciones internas a que se refiere el apartado 3 de la contraparte perceptora;

b)

las calificaciones internas a que se refiere el apartado 3 de la contraparte aportante, cuando esta esté establecida en la Unión o en un tercer país en el que dicha contraparte esté sujeta a supervisión consolidada que se considere equivalente a la regulada por el Derecho de la Unión, de conformidad con el artículo 127 de la Directiva 2013/36/UE;

c)

una evaluación de la calidad crediticia efectuada por una agencia externa de calificación crediticia (ECAI) reconocida, tal como se define en el artículo 4, punto 98, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, o una evaluación de la calidad crediticia realizada por una agencia de crédito a la exportación, tal como se contempla en el artículo 137 de dicho Reglamento.

a)

de nivel 4 o de numeración más elevada en el caso de los activos a que se refiere el apartado 1;

b)

de un nivel con una numeración superior a 4 en el caso de los activos a que se refiere el apartado 2.

a)

prohibirán a las contrapartes intercambiar activos adicionales que se evalúen como poseedores de la calidad crediticia contemplada en el apartado 3;

b)

establecerán un calendario con arreglo al cual los activos evaluados como poseedores de la calidad crediticia contemplada en el apartado 3 y ya intercambiados como garantía real serán sustituidos a lo largo de un período no superior a dos meses;

c)

fijarán un nivel de calidad crediticia que exija la sustitución inmediata de los activos contemplados en el apartado 3;

d)

permitirán a las contrapartes incrementar los recortes aplicados a las pertinentes garantías reales, en la medida en que estas no hayan sido sustituidas con arreglo al calendario a que se refiere la letra b).

a)

la suma de los valores del margen inicial percibido en las clases de activos a que se refiere el artículo 4, apartado 1, letras b), f), g) y l) a r), emitidos por un mismo emisor o por empresas que pertenezcan al mismo grupo no será superior al más elevado de los valores siguientes:

b)

la suma de los valores del margen inicial percibido en las clases de activos a que se refiere el artículo 4, apartado 1, letras o), p) y q), cuando los activos de las clases a que se refieren las letras p) y q) de ese artículo hayan sido emitidos por entidades, según se definen en el Reglamento (UE) n.o 575/2013, no será superior al más elevado de los valores siguientes:

a)

la suma de los valores del margen inicial percibido en las clases de activos a que se refiere el artículo 4, apartado 1, letras c) a l), emitidos por un mismo emisor o por emisores domiciliados en el mismo país no será superior al 50 % del margen inicial percibido de esa contraparte;

b)

cuando el margen inicial se perciba en efectivo, el límite de concentración del 50 % a que se refiere la letra a) tendrá también en cuenta las exposiciones al riesgo derivadas del mantenimiento de ese efectivo por terceros poseedores o depositarios.

a)

entidades clasificadas como entidades de importancia sistémica mundial con arreglo al artículo 131 de la Directiva 2013/36/UE;

b)

entidades clasificadas como otras entidades de importancia sistémica con arreglo al artículo 131 de la Directiva 2013/36/UE;

c)

contrapartes que no sean sistemas de planes de pensiones y en relación con las cuales la suma de los valores de las garantías reales que deban percibirse sea superior a 1 000 millones EUR.

a)

que se ejecute o se añada al conjunto de operaciones compensables un nuevo contrato de derivados extrabursátiles no compensado de forma centralizada;

b)

que expire o se elimine del conjunto de operaciones compensables un contrato existente de derivados extrabursátiles no compensado de forma centralizada;

c)

que un contrato existente de derivados extrabursátiles no compensado de forma centralizada dé lugar a un pago o una entrega distintos de la aportación y percepción de márgenes;

d)

que el margen inicial se calcule con arreglo al método estándar a que se refiere el artículo 11, apartado 1, y un contrato ya existente se reclasifique por lo que respecta a la categoría de activo a que se refiere el anexo IV, apartado 1, como consecuencia de la reducción del plazo de vencimiento residual;

e)

que no se haya realizado ningún cálculo en los diez días hábiles anteriores.

a)

cuando dos contrapartes estén situadas en el mismo huso horario, el cálculo se basará en el conjunto de operaciones compensables del anterior día hábil;

b)

cuando dos contrapartes no estén situadas en el mismo huso horario, el cálculo se basará en las operaciones del conjunto de operaciones compensables suscritas antes de las 16:00 horas del anterior día hábil en el huso horario en el que antes sean las 16:00 horas.

a)

bien dentro del mismo día hábil correspondiente a la fecha de cálculo, determinada de conformidad con el artículo 9, apartado 3;

b)

bien, cuando se cumplan las condiciones del apartado 2, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de cálculo, determinada de conformidad con el artículo 9, apartado 3.

a)

los conjuntos de operaciones compensables consistentes en contratos de derivados no sujetos a requisitos de margen inicial de conformidad con el presente Reglamento, cuando la contraparte aportante haya aportado, en la fecha de cálculo del margen de variación o con anterioridad, un importe anticipado de garantías reales admisibles calculado de manera idéntica a la aplicable a los márgenes iniciales de conformidad con el artículo 15, con respecto al cual la contraparte perceptora haya utilizado un período de riesgo del margen al menos igual al número de días comprendidos entre la fecha de cálculo y la fecha de percepción, ambas inclusive;

b)

los conjuntos de operaciones compensables consistentes en contratos sujetos a requisitos de margen inicial de conformidad con el presente Reglamento, cuando el margen inicial se haya ajustado de una de las maneras siguientes:

a)

el modelo incorporará los factores de riesgo correspondientes a cada una de las monedas en que se denominen esos contratos del conjunto de operaciones compensables;

b)

el modelo incorporará los factores de riesgo de tipo de interés correspondientes a cada una de las monedas en que se denominen dichos contratos;

c)

la curva de rendimiento se dividirá en un mínimo de seis períodos de vencimiento respecto de las exposiciones al riesgo de tipo de interés en las principales monedas y mercados;

d)

el modelo reflejará el riesgo de movimientos entre distintas curvas de rendimiento y entre diferentes períodos de vencimiento;

e)

el modelo incorporará factores de riesgo independientes, como mínimo, para cada acción, índice de acciones, materia prima o índice de materias primas que sean significativos para dichos contratos;

f)

el modelo reflejará el riesgo derivado de posiciones menos líquidas y posiciones con transparencia de precios limitada dentro de escenarios de mercado realistas;

g)

el modelo reflejará el riesgo, que otras características del modelo no permitan ya reflejar, inherente a contratos de derivados cuya clase de activo subyacente sea el crédito;

h)

el modelo reflejará el riesgo de movimientos entre factores de riesgo subyacentes similares, aunque no idénticos, y la exposición a variaciones de valor resultantes de desfases de vencimiento;

i)

el modelo reflejará las principales dependencias no lineales;

j)

el modelo incorporará métodos utilizados para realizar pruebas retrospectivas que comprendan pruebas estadísticas de los resultados del modelo;

k)

el modelo determinará qué circunstancias originarán un cambio de modelo, su calibración u otras medidas correctoras.

a)

el período que pueda transcurrir entre el último intercambio de margen de variación y el impago de la contraparte;

b)

el plazo estimado necesario para sustituir cada uno de los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada del conjunto de operaciones compensables o cubrir los riesgos resultantes de los mismos, teniendo en cuenta el nivel de liquidez del mercado en el que se negocian esos tipos de contratos, el volumen total de los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada en dicho mercado y el número de participantes en ese mercado.

a)

que los datos disponibles sean insuficientes o no reflejen la verdadera volatilidad de un contrato de derivados extrabursátiles o de una cartera de contratos de derivados extrabursátiles dentro del conjunto de operaciones compensables;

b)

que las aproximaciones den lugar a un nivel de márgenes prudente.

a)

tipos de interés, divisas e inflación;

b)

acciones;

c)

crédito;

d)

materias primas y oro;

e)

otros.

a)

una validación inicial del modelo por personas debidamente cualificadas que sean independientes de las personas que desarrollen el modelo;

b)

una validación complementaria siempre que se introduzca un cambio significativo en el modelo de margen inicial y al menos una vez al año;

c)

un proceso periódico de auditoría para evaluar lo siguiente:

a)

permitirá que un tercero bien informado pueda comprender el diseño y los detalles operativos del modelo de margen inicial;

b)

recogerá las hipótesis fundamentales y las limitaciones del modelo de margen inicial;

c)

definirá las circunstancias en las que las hipótesis del modelo de margen inicial dejarán de ser válidas.

a)

una valoración diaria de las garantías reales mantenidas de conformidad con la sección 6;

b)

un régimen jurídico y una estructura de mantenimiento de garantías reales que permitan acceder a las garantías reales recibidas cuando estén en manos de un tercero;

c)

que, cuando sea el aportante de las garantías reales quien mantenga el margen inicial, dichas garantías se mantengan en cuentas de custodia inmunes a la insolvencia;

d)

que el margen inicial distinto del efectivo se mantenga de conformidad con los apartados 3 y 4;

e)

que el efectivo percibido en concepto de margen inicial se mantenga en cuentas de efectivo en bancos centrales o entidades de crédito que cumplan todas las condiciones siguientes:

f)

la disponibilidad de las garantías reales no utilizadas para el liquidador u otro responsable del procedimiento de insolvencia de la contraparte en situación de impago;

g)

que el margen inicial pueda transferirse libre y oportunamente a la contraparte aportante en caso de impago de la contraparte perceptora;

h)

que las garantías reales distintas del efectivo sean transferibles sin ninguna restricción legal o reglamentaria o derechos de terceros, incluidos los del liquidador de la contraparte aportante o del tercero depositario, excepto las cargas por comisiones y gastos aplicables al mantenimiento de cuentas de custodia y las cargas habitualmente impuestas a todos los valores en un sistema de compensación en el que puedan mantenerse tales garantías reales;

i)

que toda garantía real no utilizada se devuelva íntegramente a la contraparte aportante, con exclusión de los costes y gastos ocasionados por el proceso de percepción y mantenimiento de la garantía.

a)

que la sustitución se efectúe con arreglo a las condiciones del acuerdo entre las contrapartes a que se refiere el artículo 3;

b)

que la otra garantía real sea admisible de conformidad con la sección 2;

c)

que el valor de la otra garantía real sea suficiente para satisfacer todos los requisitos en materia de márgenes tras aplicar los pertinentes recortes.

a)

en los libros y registros de un tercero poseedor o depositario;

b)

a través de otros mecanismos jurídicamente vinculantes.

a)

cuando la contraparte perceptora mantenga la garantía real en calidad de propietaria, deberá segregarse del resto de activos que sean propiedad de dicha contraparte;

b)

cuando la contraparte aportante mantenga la garantía real sin tener calidad de propietaria, deberá segregarse del resto de activos que sean propiedad de dicha contraparte;

c)

cuando la garantía real se mantenga en los libros y registros de un depositario u otro tercero poseedor, deberá segregarse de los activos que sean propiedad de los mismos.

a)

la integración de las estimaciones en el proceso de gestión del riesgo de la contraparte, que se efectuará al menos una vez al año;

b)

la integración de los recortes estimados en la gestión cotidiana del riesgo;

c)

la validación de cualquier modificación significativa en el procedimiento de cálculo de las estimaciones;

d)

la comprobación de la coherencia, oportunidad y fiabilidad de las fuentes de datos utilizadas para calcular las estimaciones;

e)

la exactitud e idoneidad de las hipótesis de volatilidad.

a)

el margen de variación a pagar desde que se haya percibido por última vez, calculado de conformidad con el artículo 10 e incluyendo cualquier exceso de garantía real;

b)

el margen inicial a pagar desde que se haya percibido por última vez, calculado de conformidad con el artículo 11 e incluyendo cualquier exceso de garantía real.

a)

derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada y sujetos a requisitos en materia de márgenes con arreglo al presente Reglamento;

b)

contratos que cumplan las dos condiciones siguientes:

a)

los contratos de derivados extrabursátiles liquidados mediante entrega física que solo suponen el intercambio de dos monedas diferentes en una fecha futura determinada y a un tipo fijo acordado en la fecha de negociación del contrato relativo al intercambio («contratos a plazo sobre divisas»);

b)

los contratos de derivados extrabursátiles liquidados mediante entrega física que solo suponen un intercambio de dos monedas diferentes en una fecha determinada y a un tipo fijo acordado en la fecha de negociación del contrato relativo al intercambio, y un intercambio a la inversa de las dos monedas en una fecha posterior y a un tipo fijo que también se haya acordado en la fecha de negociación del contrato relativo al intercambio («permutas de tipos de cambio»);

c)

el intercambio del principal en los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada en virtud de los cuales las contrapartes se intercambian únicamente el importe del principal y los pagos de intereses en una moneda por el importe del principal y los pagos de intereses en otra moneda, en momentos determinados y con arreglo a una fórmula específica («permutas de divisas»).

a)

que los fondos sean conjuntos de activos diferenciados y segregados a efectos de la insolvencia o la quiebra del fondo;

b)

que los conjuntos de activos segregados no estén cubiertos por garantías reales o personales, ni respaldados financieramente de algún otro modo por otros fondos de inversión o sus gestores.

a)

ninguna de las contrapartes pertenezca a un grupo;

b)

las contrapartes formen parte de grupos diferentes;

c)

ambas contrapartes pertenezcan al mismo grupo.

a)

que los fondos sean conjuntos de activos diferenciados y segregados a efectos de la insolvencia o la quiebra del fondo;

b)

que los conjuntos de activos segregados no estén cubiertos por garantías reales o personales, ni respaldados financieramente de algún otro modo por otros fondos de inversión o sus gestores.

a)

que el emisor de los bonos garantizados o el fondo de cobertura no aporten un margen de variación, sino que este se perciba de su contraparte en efectivo y se devuelva a su contraparte al vencimiento;

b)

que no se aporte o perciba un margen inicial.

a)

que el contrato de derivados extrabursátiles no se extinga en caso de resolución o insolvencia del emisor de bonos garantizados o el fondo de cobertura;

b)

que la contraparte del derivado extrabursátil celebrado con emisores de bonos garantizados o con fondos de cobertura para bonos garantizados tenga como mínimo la misma prelación que los titulares del bono garantizado, salvo si la contraparte del derivado extrabursátil celebrado con emisores de bonos garantizados o con fondos de cobertura para bonos garantizados es la parte que incurre en impago o la parte afectada, o renuncia a su prelación;

c)

que el contrato de derivados extrabursátiles esté inscrito o registrado en el fondo de cobertura del bono garantizado, de conformidad con la legislación nacional en materia de bonos garantizados;

d)

que el contrato de derivados extrabursátiles se utilice solo para cubrir los desfases de tipos de interés o de divisas del fondo de cobertura en relación con el bono garantizado;

e)

que el conjunto de operaciones compensables no incluya contratos de derivados extrabursátiles ajenos al fondo de cobertura del bono garantizado;

f)

que el bono garantizado con el que el contrato de derivados extrabursátiles esté asociado cumpla los requisitos del artículo 129, apartados 1, 2 y 3, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;

g)

que el fondo de cobertura del bono garantizado con el que el contrato de derivados extrabursátiles esté asociado esté sujeto a un requisito reglamentario de cobertura mediante garantía real de al menos el 102 %.

a)

que el examen jurídico a que se refiere el artículo 2, apartado 3, confirme que el acuerdo de compensación y, en su caso, el acuerdo de intercambio de garantías reales no son jurídicamente exigibles con certeza en todo momento;

b)

que el examen jurídico a que se refiere el artículo 19, apartado 6, confirme que los requisitos de segregación contemplados en el artículo 19, apartados 3, 4 y 5, no pueden cumplirse.

a)

que se aplique el apartado 1, letra a), y, cuando proceda, letra b);

b)

que los exámenes jurídicos a que se refiere el apartado 1, letras a) y b), confirmen que la percepción de garantías reales de conformidad con el presente Reglamento no es posible, aun en términos brutos;

c)

que la ratio calculada de conformidad con el apartado 3 sea inferior al 2,5 %.

a)

la suma de los importes nocionales de cualesquiera contratos de derivados extrabursátiles pendientes del grupo al que pertenezca la contraparte que se hayan celebrado después de la entrada en vigor del presente Reglamento y con respecto a los cuales no se haya percibido ningún margen de contrapartes establecidas en un tercer país en relación con el cual se aplique el apartado 2, letra b);

b)

la suma de los importes nocionales de todos los contratos de derivados extrabursátiles pendientes del grupo al que pertenezca la contraparte, con exclusión de los contratos de derivados extrabursátiles que constituyan operaciones intragrupo.

a)

toda la información necesaria para evaluar si se cumplen las condiciones especificadas en el artículo 11, apartados 6, 7, 8, 9 o 10, según proceda, del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

b)

la información y los documentos a que se refiere el artículo 18, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) n.o 149/2013 de la Comisión (10).

a)

si la exención es total o parcial;

b)

en caso de exención parcial, las limitaciones claramente definidas de la exención.

a)

las condiciones del artículo 11, apartados 6, 7, 8, 9 o 10, según proceda, del Reglamento (UE) n.o 648/2012 que no se cumplan;

b)

un resumen de los motivos por los que se considera que tales condiciones no se cumplen.

a)

controles de divisas y de cambios;

b)

un marco legal, reglamentario, administrativo o contractual que impida el apoyo financiero mutuo o que afecte significativamente a la transferencia de fondos dentro del grupo.

c)

la verificación de cualquiera de las condiciones de actuación temprana, reestructuración y resolución contempladas en la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (11), como consecuencia de la cual la autoridad competente prevea un impedimento para la rápida transferencia de fondos propios o el reembolso de pasivos;

d)

la existencia de intereses minoritarios que limitan el poder de decisión dentro de las entidades que forman el grupo;

e)

la naturaleza de la estructura jurídica de la contraparte, tal como se define en sus estatutos, escritura de constitución y reglamento interno.

a)

insuficientes activos líquidos o sin cargas a disposición de la contraparte pertinente en su debido momento;

b)

impedimentos de carácter operativo que retrasan o imposibilitan de forma efectiva tales transferencias o reembolsos en su debido momento.

a)

un mes después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento en el caso de que ambas contrapartes tengan, o pertenezcan a grupos cada uno de los cuales tenga, un importe nocional medio agregado de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada superior a 3 billones EUR;

b)

a partir del 1 de septiembre de 2017, si ambas contrapartes tienen, o pertenecen a grupos cada uno de los cuales tiene, un importe nocional medio agregado de derivados no compensados de forma centralizada superior a 2 250 000 millones EUR;

c)

a partir del 1 de septiembre de 2018, si ambas contrapartes tienen, o pertenecen a grupos cada uno de los cuales tiene, un importe nocional medio agregado de derivados no compensados de forma centralizada superior a 1 500 000 millones EUR;

d)

a partir del 1 de septiembre de 2019, si ambas contrapartes tienen, o pertenecen a grupos cada uno de los cuales tiene, un importe nocional medio agregado de derivados no compensados de forma centralizada superior a 750 000 millones EUR;

e)

a partir del 1 de septiembre de 2020, si ambas contrapartes tienen, o pertenecen a grupos cada uno de los cuales tiene, un importe nocional medio agregado de derivados no compensados de forma centralizada superior a 8 000 millones EUR.

a)

tres años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento en caso de que, a efectos del artículo 11, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, no se haya adoptado ninguna decisión de equivalencia de conformidad con el artículo 13, apartado 2, de dicho Reglamento en relación con el tercer país de que se trate;

b)

en caso de que, a efectos del artículo 11, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, se haya adoptado una decisión de equivalencia de conformidad con el artículo 13, apartado 2, de dicho Reglamento en relación con el tercer país de que se trate, aquella de las siguientes fechas que sea posterior:

a)

que una de ellas esté establecida en un tercer país y la otra, en la Unión;

b)

que la contraparte establecida en un tercer país sea una contraparte financiera o una contraparte no financiera;

c)

que la contraparte establecida en la Unión sea:

d)

que ambas contrapartes estén íntegramente comprendidas en la misma consolidación de conformidad con el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

e)

que ambas contrapartes estén sujetas a procedimientos adecuados y centralizados de evaluación, medición y control del riesgo;

f)

que se cumplan los requisitos del capítulo III.

a)

un mes después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento en el caso de contrapartes que tengan ambas, o pertenezcan a grupos cada uno de los cuales tenga, un importe nocional medio agregado de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada superior a 3 billones EUR;

b)

el 1 de marzo de 2017 o un mes después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, si esta fuera posterior, en el caso de las demás contrapartes.

a)

el 31 de diciembre de 2018 si el Reglamento a que se refiere la letra b) no es aún de aplicación;

a)

la fecha de entrada en vigor del Reglamento Delegado (UE) .../... de la Comisión (*2), en el que se especifiquen algunos elementos técnicos relacionados con la definición de instrumentos financieros en lo que respecta a los contratos a plazo sobre divisas liquidados mediante entrega física, o la fecha determinada con arreglo al apartado 1, si esta es posterior.

a)

que esté registrado el último día hábil de los meses de marzo, abril y mayo de 2016 en relación con las contrapartes a que se refiere el artículo 36, apartado 1, letra a);

b)

que esté registrado el último día hábil de los meses de marzo, abril y mayo del año a que se refiere cada una de las letras del artículo 36, apartado 1;

c)

que incluya a todas las entidades del grupo;

d)

que incluya todos los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada del grupo;

e)

que incluya todos los contratos de derivados extrabursátiles intragrupo no compensados de forma centralizada del grupo, contabilizando cada uno de ellos una sola vez.

a)

que los fondos sean conjuntos de activos diferenciados y segregados a efectos de la insolvencia o la quiebra del fondo;

b)

que los conjuntos de activos segregados no estén cubiertos por garantías reales o personales, ni respaldados financieramente de algún otro modo por otros fondos de inversión o sus gestores.

15.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 340/47

(1)

De conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, la solicitud de registro de la denominación «Oliva di Gaeta» presentada por Italia, ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, procede registrar la denominación citada.

15.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 340/48

(1)

Por Decisión (UE) 2016/1623 de 1 de junio de 2016 (2), el Consejo autorizó la firma y la aplicación provisional del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados del AAE de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC), por otra (3) («Acuerdo»).

(2)

El Acuerdo prevé que los derechos de aduana sobre las importaciones en la Unión de las mercancías originarias de los Estados del AAE de la SADC se reducirán o se eliminarán de conformidad con el cronograma de eliminación arancelaria que figura en el anexo I del Acuerdo. El anexo I establece que, para determinadas mercancías originarias de Sudáfrica, la reducción o la eliminación de los derechos de aduana se conceden dentro de los contingentes arancelarios.

(3)

La Parte 1, sección B, del anexo I del Acuerdo establece que la Unión ha de gestionar los contingentes arancelarios según su orden de llegada. La Comisión gestionará estos contingentes arancelarios de conformidad con las normas sobre la gestión de los contingentes arancelarios establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión (4).

(4)

El Protocolo n.o 4 del Acuerdo establece que, en el caso de aplicación provisional del presente Acuerdo por la UE y de su ratificación por Sudáfrica, la aplicación de los artículos del Acuerdo de Comercio, Desarrollo y Cooperación con Sudáfrica (5), que se establecen en el título II sobre el comercio y el título III sobre cuestiones relacionadas con el comercio, y sus correspondientes anexos y protocolos, a excepción de su artículo 31 sobre transporte marítimo, quedará en suspenso. Por tanto, el Reglamento (CE) n.o 2793/1999 del Consejo (6) debe quedar en suspenso a partir de la fecha de aplicación provisional del Acuerdo.

(5)

El artículo 16 del Protocolo n.o 3 del Acuerdo establece que las concesiones de acceso al mercado agrícola solo se otorgarán a la parte que presente la notificación con arreglo al artículo 3, apartado 3, de dicho Protocolo a partir del primer día del mes siguiente al de la recepción de tal notificación por la otra Parte. Puesto que la correspondiente notificación se recibió en octubre de 2016, las correspondientes concesiones deben otorgarse a partir del 1 de noviembre de 2016.

Con el fin de garantizar la aplicación y gestión efectivas de los contingentes arancelarios concedidos en virtud del Acuerdo, que la Comisión administrará según su orden de llegada, el presente Reglamento debe aplicarse a partir del 1 de noviembre de 2016.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Código Aduanero.

15.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 340/57

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

15.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 340/59

(1)

De conformidad con el artículo 8, apartado 2, de la Decisión (PESC) 2016/610, el Consejo autorizó al Comité Político y de Seguridad a adoptar las decisiones apropiadas en materia de aceptación de las contribuciones propuestas por terceros Estados a la Misión de Formación Militar PCSD de la Unión Europea en la República Centroafricana (EUTM RCA).

(2)

De conformidad con la recomendación del Comandante de la Misión EUTM RCA sobre la propuesta de una contribución de la República de Serbia, y con el asesoramiento recibido del Comité Militar de la Unión Europea sobre este tema, procede aceptar la contribución del mencionado país y considerarla significativa.

(3)

De conformidad con el artículo 5 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la elaboración y aplicación de decisiones y acciones de la Unión con implicaciones en el ámbito de la defensa. Por consiguiente, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión, y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

15.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 340/60

(1)

El traslado a Grecia de solicitantes de protección internacional de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) (en lo sucesivo, «Reglamento de Dublín») está suspendido por los Estados miembros desde 2011, a raíz de sendas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) (2), que detectaron deficiencias sistémicas en el sistema griego de asilo, lo que supone una violación de los derechos fundamentales de los solicitantes de protección internacional trasladados de otros Estados miembros a Grecia en virtud del Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo (3).

(2)

El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha supervisado la situación en Grecia desde que el TEDH dictó en 2011 la sentencia M.S.S/Bélgica y Grecia sobre la base de los informes de situación que Grecia debe presentar como prueba de la ejecución de la sentencia, así como de datos procedentes de ONG y organizaciones internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que operan en Grecia. A petición de Grecia, presentada en junio de 2016, el Comité ministerial aceptó posponer el procedimiento de evaluación aduciendo que Grecia se encuentra bajo una gran presión migratoria, que la situación es excepcional e inestable y que no es la misma que cuando se dictó la sentencia M.S.S hace cinco años.

(3)

Como consecuencia de la sentencia M.S.S, Grecia se comprometió a reformar su sistema de asilo sobre la base de un Plan de acción nacional de reforma del sistema de asilo y de gestión de la migración presentado en agosto de 2010 y revisado en enero de 2013 (en lo sucesivo, «Plan de acción de Grecia»). El 1 de octubre de 2015, Grecia presentó un calendario de ejecución del programa de reubicación y de establecimiento de los puntos críticos al Consejo, que también define determinadas acciones prioritarias para garantizar la aplicación de las medidas acordadas pendientes en materia de asilo y acogida.

(4)

Al mismo tiempo, la actual crisis migratoria y de los refugiados sigue ejerciendo presión sobre los sistemas de asilo y migración griegos al tratarse del principal país de primera entrada en la ruta del Mediterráneo oriental. Entre el mes de enero y el 4 de diciembre de 2016, han llegado a Grecia 171 909 migrantes de forma irregular (4). Si bien la Declaración UE-Turquía (5) ha dado lugar a un descenso significativo del número de llegadas diarias a Grecia desde Turquía (6), también ha atribuido nuevas responsabilidades a las autoridades griegas. Además, el número medio de llegadas diarias a Grecia ha aumentado desde principios de agosto de 2016 en relación con el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2016 (7). Por otro lado, la situación en Grecia también ha cambiado significativamente tras el cierre de hecho de la ruta de los Balcanes Occidentales, que impide seguir viaje a los nacionales de terceros países. Como consecuencia de ello, se encuentran en Grecia actualmente más de 62 000 nacionales de terceros países llegados de forma irregular (8). Al mismo tiempo, el régimen de reubicación de emergencia basado en dos Decisiones del Consejo (9) (en lo sucesivo, «Decisiones de reubicación»), está mostrando una tendencia positiva, en particular en Grecia, en donde las transferencias de reubicación han ascendido y se han estabilizado actualmente en 1 000 por mes. Sin embargo, son necesarios nuevos esfuerzos de todos los Estados miembros para aliviar la presión sobre Grecia. Con este fin, la Comisión invita a todos los Estados miembros a que realicen compromisos y procedan a reubicaciones mensuales para alcanzar al menos la cifra de 2 000 transferencias de reubicación al mes a partir de diciembre de 2016 y aumentar progresivamente las reubicaciones mensuales (10).

(5)

Los días 10 de febrero y 15 de junio de 2016, la Comisión remitió sendas Recomendaciones a la República Helénica sobre las medidas urgentes que Grecia debía adoptar con vistas a la reanudación de los traslados en virtud del Reglamento de Dublín (11). En dichas Recomendaciones se concluía que la situación en Grecia aún requería considerables mejoras antes de que la Comisión pudiera evaluar la posible reanudación de los traslados a Grecia en virtud de dicho Reglamento. El 28 de septiembre de 2016, la Comisión dirigió una tercera Recomendación a la República Helénica sobre las medidas urgentes específicas que Grecia debía adoptar con vistas a la reanudación de los traslados en virtud del Reglamento de Dublín (12) (en lo sucesivo, «la tercera Recomendación»). La tercera Recomendación concluía que Grecia seguía enfrentándose a la difícil situación creada por la tramitación de un gran número de nuevas solicitudes de asilo, principalmente derivadas del ejercicio de «prerregistro» y de las continuas llegadas irregulares de migrantes. Existían, además, otras medidas importantes que debían adoptarse para subsanar las deficiencias sistémicas restantes del sistema de asilo griego, en particular su insuficiente capacidad. Sobre la base de los nuevos avances logrados, cualquier reanudación futura de los traslados a Grecia en virtud del Reglamento de Dublín debía, de acuerdo con la tercera Recomendación, tener en cuenta el impacto que esta delicada situación tiene sobre el funcionamiento general del sistema de asilo, y debería por lo tanto iniciarse paulatinamente, caso por caso.

(6)

Por carta de 22 de noviembre de 2016, Grecia facilitó a la Comisión información complementaria actualizada sobre la situación de los solicitantes de asilo en Grecia y los progresos realizados para reformar su sistema de asilo. Grecia también expresó su preocupación ante la perspectiva de una posible reanudación de los traslados del sistema de Dublín dado el número de migrantes en Grecia y puso de relieve la carga enorme y desproporcionada en relación con el tamaño del país, lo que ha llevado a una situación en la que su capacidad de asilo y acogida ha alcanzado el límite. Grecia señaló también que el número de reubicaciones desde Grecia a otros Estados miembros sigue estando muy por debajo del nivel previsto en las Decisiones de reubicación. Sin embargo, Grecia subrayó que no busca una exclusión permanente del sistema de Dublín e hizo un llamamiento a una solidaridad y apoyo auténticos hasta que la situación se haya regularizado plenamente en el país.

(7)

Según datos de Grecia de 22 de noviembre de 2016, desde el 1 de enero de 2016 hasta la fecha se han presentado 39 000 solicitudes de asilo al Servicio de Asilo griego. Los casos pendientes de examen en primera instancia ascendían el 30 de septiembre a más de 17 000. Según cálculos de las autoridades griegas, hasta un total de 50 000 solicitudes de asilo se habrán presentado hasta finales de 2016 (13). Debido a la regularización de la situación de Grecia y la mejora del acceso al procedimiento de asilo, entre otros factores, la carga de casos de solicitud de asilo a que hace frente el Servicio de Asilo griego es significativamente mayor que en años precedentes.

(8)

En sus anteriores recomendaciones, la Comisión tomaba nota de las mejoras que Grecia ha introducido en su marco legislativo para garantizar la incorporación a su ordenamiento jurídico de las nuevas disposiciones legales de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (14) sobre los procedimientos de asilo refundida y de algunas de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (15) sobre las condiciones de acogida refundida. El 3 de abril de 2016, el Parlamento griego adoptó una nueva ley (Ley 4375/2016) (16). El 22 de junio de 2016, el Parlamento aprobó una enmienda a la Ley 4375/2016 que, entre otras cosas, modificaba la composición de los comités de apelación y el derecho de los solicitantes de asilo a ser oídos por estos (17). El 31 de agosto de 2016, el Parlamento griego adoptó también una ley relativa a los niños refugiados en edad escolar que residen en Grecia (18).

(9)

Por lo que se refiere a la capacidad de acogida, Grecia ha incrementado significativamente su capacidad total de acogida tanto de migrantes irregulares como de solicitantes de protección internacional. Según la información diaria facilitada por las autoridades griegas, a 6 de diciembre de 2016 se contaba con 71 539 plazas disponibles, principalmente en instalaciones temporales de acogida, incluido el alojamiento proporcionado por el ACNUR (véase el considerando 11), tanto para los migrantes irregulares como para los solicitantes de protección internacional en Grecia (19). No obstante, la masificación en las islas del mar Egeo plantea serios retos en términos de capacidad: la capacidad máxima de acogida sigue siendo de aproximadamente 8 200 plazas, mientras que el número total de migrantes registrados en las islas ascendía a 16 295 a 5 de diciembre de 2016 (20).

(10)

Grecia ha ampliado también el alojamiento de los solicitantes vulnerables, en particular de los menores no acompañados. El 17 de noviembre de 2016 había 1 191 plazas en refugios para menores no acompañados, con independencia de que sean o no solicitantes de asilo. Para finales de 2016 se prevé la habilitación de 130 plazas adicionales para menores no acompañados. Sin embargo, la capacidad destinada a acoger a solicitantes vulnerables dista mucho de ser suficiente teniendo en cuenta que las instalaciones están actualmente completas y que hay una lista de espera de 1 199 menores no acompañados para los que es preciso habilitar instalaciones adecuadas (21). Los progresos son demasiado lentos en este ámbito, y es evidente que Grecia necesita redoblar sus esfuerzos para garantizar que se dispone de un número adecuado de centros de acogida para los menores no acompañados y responder a la demanda de este tipo de alojamiento.

(11)

En enero de 2016, se firmó un acuerdo de delegación entre la Comisión y el ACNUR, por un total de 80 millones EUR, para crear 20 000 plazas de alojamiento abiertas (alquiler de apartamentos, vales para hoteles y programas de acogida familiar), principalmente en beneficio de los solicitantes de protección internacional que pueden optar a la reubicación. El acuerdo de delegación se revisó en julio de 2016, con el fin de incluir también en el plan de alojamiento la posibilidad de crear plazas en los lugares de reubicación gestionados por el ACNUR, y de precisar en el texto que el grupo destinatario del plan incluye no solo a los candidatos a la reubicación, sino también a otros solicitantes de asilo, y en particular a los candidatos a la reunificación familiar del sistema de Dublín, incluidos los menores no acompañados o separados de sus familias, las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, las familias monoparentales, las personas con enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas y otros. Desde septiembre, las plazas disponibles han aumentado de forma significativa (en torno a 8 100). La ACNUR se comprometió en diciembre de 2015 a crear 20 000 plazas para los solicitantes que pueden optar a la reubicación en el marco del régimen de arrendamiento y, a 6 de diciembre, había 20 145 plazas disponibles, incluidas 6 344 plazas en hoteles y edificios enteros, 11 711 plazas en apartamentos, 484 plazas en familias de acogida, 960 en instalaciones de reubicación y 646 plazas en instalaciones específicas para menores no acompañados (22). Dado que el actual acuerdo de delegación expira el 31 de diciembre de 2016, la Comisión inició las conversaciones con el ACNUR para prorrogar el régimen en 2017 sobre la base de una evaluación actualizada de las necesidades de acogida de Grecia.

(12)

En términos de calidad, muchas de las instalaciones de acogida en Grecia todavía no satisfacen los requisitos estipulados en la Directiva 2013/33/UE sobre las condiciones de acogida para los solicitantes de protección internacional, en particular en las islas y en algunas de las instalaciones temporales en el continente. Las instalaciones de los «puntos críticos» en las islas no solo están masificadas, sino que presentan también condiciones materiales deficientes en términos de salubridad e higiene y acceso a servicios básicos tales como la asistencia sanitaria, en particular para los grupos vulnerables. La seguridad es insuficiente, y persisten las tensiones entre las diferentes nacionalidades. En el continente, si bien las condiciones que ofrece el régimen de arrendamiento del ACNUR son adecuadas, gran parte de la capacidad de acogida restante consiste en campamentos (actualmente 53 en uso) e instalaciones de emergencia con niveles muy distintos, y a menudo inadecuados, tanto desde el punto de vista de las condiciones materiales como de la seguridad. Ha comenzado la preparación para el invierno de algunas de estas instalaciones, pero los avances son lentos. Incluso con las mejoras, será difícil convertir algunos de los campos en instalaciones permanentes de acogida adecuadas y tal vez sea preciso cerrar algunos y consolidar otros.

(13)

Por otra parte, la coordinación general de la organización de la acogida en Grecia es deficiente debido a la falta de un marco jurídico claro y de un sistema de seguimiento, con una gestión ad hoc de unos campos por parte del Ministerio de Migración y de otros por parte del Servicio de Acogida e Identificación. Todavía no se ha tomado decisión alguna en cuanto a qué instalaciones deben ser permanentes. El Servicio de Acogida se halla aun inmerso en el proceso de consolidación de las capacidades.

(14)

De lo anterior se desprende que Grecia aún tiene que progresar en la creación de una capacidad de acogida abierta permanente, adecuada y suficiente para los solicitantes de asilo, que debería cumplir las normas previstas en el acervo de la UE. Dicha capacidad debería contar con una gestión centralizada de las instalaciones de acogida, junto con un sistema de seguimiento constante de las normas aplicables a las condiciones materiales de las instalaciones y a los servicios en ellas prestados. Parte de las instalaciones temporales deberán transformarse en permanentes; no obstante conviene conservar una capacidad suficiente en instalaciones temporales para tener en cuenta los problemas de capacidad que se deriven de flujos imprevistos. Además, como ya se solicita en la tercera Recomendación, es de suma importancia que las autoridades griegas faciliten datos más exactos sobre la capacidad de acogida y lleven a cabo una evaluación de las necesidades exhaustiva y actualizada permanentemente en términos de capacidad total de acogida y de la naturaleza de esa capacidad.

(15)

Se han observado mejoras sustanciales en relación con la creación de las oficinas de asilo regionales recogida en las Recomendaciones anteriores. La ley griega prevé el establecimiento de oficinas regionales de asilo en las regiones de Ática, Salónica, Tracia, Epiro, Tesalia, Grecia occidental, Creta, Lesbos, Quíos, Samos, Leros y Rodas (23). Por decisión del director del Servicio de Asilo, también es posible establecer unidades de asilo autónomas a fin de hacer frente al aumento de las necesidades del Servicio de Asilo. De acuerdo con la información facilitada por Grecia en su carta de 22 de noviembre de 2016, hasta ahora se han puesto en marcha siete oficinas regionales, en las regiones del Ática, Salónica, Tracia, Lesbos, Samos, Rodas y Patras. Además, son operativas nueve unidades de asilo autónomas en el Pireo, Evros, Xanthi, Leros, Kos, Corintio y una unidad de reubicación en Alimos. La Ley dispone que otras tres oficinas de asilo regionales deben entrar en funcionamiento en la zona de Kos, Epiro (Ioannina), Creta (Heraklio) y Tesalia (Volos).

(16)

El servicio de asilo griego está en proceso de incrementar su capacidad. En la actualidad 478 personas trabajan en el Servicio de Asilo (24). Esta cifra incluye el personal del servicio central y de las oficinas regionales y unidades de asilo existentes. El presupuesto nacional cubre 250 puestos, mientras que el resto se financia a través de distintas fuentes de la UE y del EEE. Está previsto que a finales de este año se llegue a una plantilla de 659 personas. A estas cifras se suman los trabajadores con contratos de duración determinada del ACNUR y los expertos de los Estados miembros desplegados a través de la EASO en el Servicio de Asilo griego por un período determinado. La intención de las autoridades griegas es sustituir todo el personal contractual por personal permanente a finales de 2017 y no aumentar la capacidad. El Servicio de Asilo griego ha informado a la Comisión de que no es viable un aumento más rápido de la plantilla debido a la falta de personal directivo para formar, tutelar y supervisar a los recién contratados. Dado que el Servicio de Asilo ha triplicado su talla a lo largo de 2016, ha indicado que necesita urgentemente consolidarse, sobre todo en lo que respecta a la cualificación del personal y de los cuadros directivos intermedios.

(17)

Dada la magnitud del incremento del número de solicitudes de asilo en Grecia, aún no está claro que el nivel de dotación de personal, actual y previsto, del Servicio de Asilo sea suficiente para tramitar a tiempo y de forma adecuada el número de casos existente, y el de los que probablemente se presenten en el futuro. Una de las prioridades principales del Servicio de Asilo debería ser reducir el tiempo transcurrido entre la realización y la presentación de una solicitud, que actualmente es a menudo demasiado largo, afecta a los derechos reconocidos y causa frustración a los afectados. La duración de este tiempo debe reducirse de conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los procedimientos de asilo, que exige que la persona que hizo una solicitud de asilo tenga una oportunidad efectiva de presentar la solicitud lo antes posible. También es fundamental que, una vez presentadas, las solicitudes se tramiten en los plazos establecidos en la Directiva y, por tanto, normalmente en un plazo de 6 meses. La tramitación de una solicitud de asilo en la actualidad requiere varios meses en el mejor de los casos, a excepción de los casos de reubicación que son objeto de un tratamiento más breve, y existe una gran incertidumbre sobre la velocidad a la que se absorberá la actual acumulación de solicitudes pendientes. La Comisión, no obstante, toma debida nota de las preocupaciones que Grecia expresó en su carta de 22 de noviembre de 2016 según la cual un aumento aún más rápido del personal del Servicio de Asilo podría amenazar con afectar a la coherencia y la calidad de las decisiones.

(18)

Es urgente valorar si es suficiente el aumento de los efectivos del Servicio de Asilo registrado hasta la fecha y también evaluar cómo la Comisión, las agencias de la UE pertinentes y también los Estados miembros podrían ayudar mejor a Grecia a tratar estas solicitudes en un plazo más breve. Debe llevarse a cabo una evaluación de las necesidades exhaustiva y continuamente actualizada que tenga en cuenta el número de solicitudes de asilo pendientes de resolución y que probablemente tenga que tramitar el Servicio de Asilo griego en su momento, así como el personal disponible necesario o que pueda hacer falta para la tramitación de dichas solicitudes. Este personal puede estar formado por recursos adicionales facilitados por Grecia y a través del despliegue de expertos de los de los Estados miembros en forma de equipo de apoyo de la EASO. Al tiempo que se mantiene la calidad, debe explorarse la forma de racionalizar los métodos de trabajo para que sean más eficientes y para acelerar los procedimientos y entrevistas con el apoyo de la EASO, cuando proceda.

(19)

Los solicitantes de asilo deben poder acceder a una tutela judicial efectiva en caso de denegación de su solicitud. Se han realizado importantes avances a este respecto. En virtud de la Ley 4375/2016, adoptada en abril de 2016, se establecieron el Órgano de Apelación y los comités de apelación. La Ley 4399/2016, aprobada en junio de 2016, establece nuevos comités de apelación. Son competentes para examinar los recursos contra las decisiones del Servicio de Asilo griego presentadas a partir del 20 de julio de 2016. Con carácter prioritario, los comités de apelación se centran principalmente en los recursos presentados en las islas griegas, para contribuir así a la aplicación de la Declaración UE-Turquía. En la actualidad existen seis comités de apelación. Desde el 21 de julio funciona un nuevo comité de apelación suplente de los comités permanentes (25). A fin de hacer frente al creciente número de casos y de gestionar los casos pendientes, Grecia tiene la intención de crear otros siete comités que se espera estén operativos a finales de diciembre de 2016, de forma que a finales de febrero de 2017 se disponga de un total de 20.

(20)

La Ley 4399/2016 también modifica la estructura de dichos comités, que ahora están formados por tres miembros: dos jueces del Tribunal administrativo y un ciudadano griego con antecedentes y experiencia pertinentes propuesto por el ACNUR o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

(21)

De acuerdo con la información facilitada por las autoridades griegas en su carta de 22 de noviembre de 2016, desde el 21 de julio de 2016 se han presentado 2 347 recursos antes los comités de apelación, pero tan solo se han emitido 573 resoluciones.

(22)

Los antiguos comités de apelación para los «recursos atrasados», establecidos para conocer de los recursos atrasados en Grecia, recibieron inicialmente un mandato adicional para conocer, además de los recursos de fondo contra las resoluciones en primera instancia, los recursos contra las decisiones por motivos de admisibilidad como parte de la Declaración UE-Turquía. De acuerdo con la información facilitada por las autoridades griegas el 22 de noviembre, más de 2 000 recursos presentados entre el mes de abril y el 20 de julio de 2016 se han interpuesto ante los comités para los «recursos atrasados». La creación de los nuevos comités de apelación el 24 de junio de 2016 (26) ha aliviado la carga de los 20 comités de apelación para los «recursos atrasados», permitiéndoles acelerar el ritmo de resolución de los recursos pendientes.

(23)

Se ha avanzado en los recursos largamente pendientes del antiguo procedimiento regido por el Decreto Presidencial 114/2010. El retraso actual se cifra en unos 6 589 recursos a 22 de noviembre de 2016 (frente a un total de aproximadamente 51 000 recursos atrasados a principios de 2013 y de 8 075 recursos en septiembre de 2016). Las autoridades griegas han concedido permisos con fines humanitarios a las personas cuyas solicitudes de asilo llevaban pendientes mucho tiempo y que reunían las condiciones para obtener permisos de residencia por motivos humanitarios u otros de carácter excepcional, de conformidad con la Ley 4375/2016. Los permisos de residencia se expiden por un período de dos años renovable (27). Otorgan a los beneficiarios, que dejan de ser considerados solicitantes de asilo, los mismos derechos y prestaciones que la protección subsidiaria en Grecia (28). Algunos de los recursos atrasados se examinan, sin embargo, en cuanto al fondo. Pese a los significativos progresos realizados desde la primera Recomendación, Grecia debe proseguir sus esfuerzos para resolver los recursos pendientes, velando por que los afectados tengan la oportunidad de ejercer su derecho a una tutela judicial efectiva.

(24)

Dado el aumento del número de solicitudes presentadas en Grecia desde la aplicación de la Declaración UE-Turquía, es fundamental contar con un Órgano de Apelación con una dotación de personal plena, capaz de hacer frente al incremento significativo previsto del número de recursos. Al tiempo que se mantiene la calidad y sin perjuicio de la independencia de sus miembros, los comités han de incrementar su eficacia. Esto podría incluir, en particular, una mayor frecuencia de las reuniones de los comités de apelación, el uso de asistencia jurídica en la redacción de las resoluciones, la especialización de los comités y la dedicación a tiempo completo de sus miembros. También debe contratarse más personal de apoyo (29). Asimismo, debe llevarse a cabo una evaluación continua de las necesidades sobre la base del número de recursos actualmente pendientes ante los diversos órganos de apelación y que probablemente les corresponda resolver a fin de determinar si el número de comités y sus métodos de trabajo son los adecuados.

(25)

La prestación de asistencia jurídica gratuita se ha incluido en la nueva Ley 4375/2016 para los solicitantes en la fase de recurso. Sin embargo, no se han adoptado aún todas las medidas para poner en práctica esta Ley. El 9 de septiembre de 2016 se adoptó una Decisión Ministerial de aplicación de las disposiciones en materia de asistencia jurídica contempladas en la Ley 4375/2016. La financiación de la prestación de asistencia jurídica gratuita se ha garantizado a través del programa nacional en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). Además, se otorgó un acuerdo de subvención al ACNUR con cargo a la financiación en concepto de ayuda de emergencia del FAMI, por un importe total de 30 millones EUR (30). El ACNUR está utilizando esta financiación, entre otras cosas, para prestar asistencia jurídica gratuita a los solicitantes de protección internacional en la fase de recurso hasta principios de 2017, momento en el que las autoridades griegas deben establecer su propio régimen de asistencia jurídica gratuita. Se están ejecutando dos proyectos en colaboración con organizaciones no gubernamentales (Metaction y Greek Council for Refugees): uno en las islas, con plena cobertura de todos los recursos, y otro en el continente, con una cobertura parcial para recursos interpuestos en Atenas y Salónica, aunque no para los solicitantes de asilo en internamiento. El 19 de septiembre, Grecia informó a la Comisión de que la lista de abogados que debe elaborar el Servicio de Asilo se establecerá a principios de 2017. Grecia debería adoptar las medidas necesarias para garantizar sin demora el derecho a la asistencia jurídica gratuita de todos los solicitantes de asilo que interponen un recurso.

(26)

Sigue existiendo una seria preocupación por la protección de los solicitantes vulnerables, incluidos los menores no acompañados, en particular debido a la falta de un sistema de tutela que funcione correctamente, a las deficiencias en términos de alojamiento adecuado y a una preocupación en general en relación con su seguridad. La nueva Ley 4375/2016 prevé la creación de dos nuevas entidades —una Dirección de Acogida y una Dirección de Integración Social— que incluyen servicios especializados para la acogida e integración de los menores no acompañados dentro del Ministerio de Interior y Reconstrucción Administrativa, incluida la puesta a disposición de un representante legal. A pesar de ello, las autoridades griegas todavía tienen que adoptar medidas de ejecución para asegurar que los menores no acompañados disfruten en la práctica de garantías procesales y condiciones de acogida apropiadas. Todavía está pendiente de adopción un nuevo marco legislativo que prevea un sistema de tutela eficiente. Las autoridades griegas han confirmado que el Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social, a cargo de los menores no acompañados, está elaborando una nueva ley de tutela que debería estar lista antes de que finalice 2016. Con arreglo a la misma se crearía un servicio especial, posiblemente un departamento, encargado del sistema de tutela. Aunque el Gobierno griego ya ha adoptado una Decisión ministerial relativa a la determinación de la edad de los menores no acompañados que soliciten asilo (31), se sigue informando de la preocupación que suscita la aplicación de la misma en la práctica debido a la falta de identificación y a la falta de tutela judicial legal en relación con la determinación de la edad llevada a cabo por la policía.

(27)

Se han registrado avances significativos en lo que se refiere al acceso a la educación. La Ley 4415/20 16 de agosto de 2016, tiene por objeto, en particular, garantizar apoyo psicosocial y educación a los hijos menores de los solicitantes de asilo, así como facilitar la integración en el sistema educativo griego de quienes permanecerán en Grecia, tras un período de preparación transitorio. Pese a la resistencia local, las autoridades griegas están tomando medidas importantes para aplicar este marco jurídico plenamente y de manera efectiva.

(28)

Según diversas partes interesadas, la situación de los menores no acompañados sigue siendo precaria por lo general, con numerosas dudas en cuanto a su seguridad en las instalaciones de recepción en el continente y en las islas. Algunas partes señalan que los menores son aún objeto de internamiento o destinados a «zonas protegidas» en las instalaciones de acogida abiertas durante largos períodos, hacinados en condiciones insalubres, y sin representante alguno ni acceso a la asistencia jurídica gratuita, hasta que se encuentra alojamiento adecuado para ellos (32). Como se indica en el considerando 10, la falta de alojamiento adecuado para los menores es un problema importante que aún debe solventarse a la mayor brevedad posible.

(29)

La Comisión Europea ha proporcionado una financiación sustancial a Grecia para apoyar al país en sus esfuerzos por adaptar su sistema de gestión de asilo a las normas de la UE. Desde principios de 2015, se han adjudicado a Grecia más de 352 millones EUR en ayuda de emergencia a través de los Fondos de Asuntos de Interior [Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y Fondo de Seguridad Interior (FSI)], bien directamente a las autoridades griegas o a través de las agencias de la Unión y las organizaciones internacionales que operan en el país. De esta cantidad, en julio de 2016 se adjudicaron unos 90 millones EUR directamente a las autoridades griegas para reforzar su capacidad de mejora de las condiciones de vida y prestación de servicios de asistencia sanitaria primaria en los centros de alojamiento de refugiados, así como de prestación de servicios de acogida y asistencia sanitaria a los migrantes. También se está aportando a las organizaciones humanitarias asociadas a través del recientemente creado Instrumento de Ayuda de Emergencia una financiación considerable (aproximadamente 198 millones EUR), destinada a cubrir las necesidades humanitarias básicas de los migrantes y refugiados. Esta financiación contribuye a la puesta en práctica del plan de respuesta a situaciones de emergencia elaborado conjuntamente por la Comisión, la administración griega y las partes interesadas pertinentes para hacer frente a la situación humanitaria sobre el terreno y a la aplicación de la Declaración UE-Turquía.

(30)

Esta asistencia de emergencia viene a sumarse a los 509 millones EUR asignados a Grecia para el período 2014-2020 a través de sus programas nacionales en el marco del FAMI y el FSI, convirtiendo a Grecia en el primer beneficiario de los Fondos de Asuntos de Interior de la UE de entre los Estados miembros de la UE.

(31)

Grecia debe garantizar que dichos recursos financieros se utilicen plenamente, de la forma más eficaz y efectiva posible y sin más demora. A tal efecto, se están revisando los programas nacionales de Grecia al amparo de los Fondos de Asuntos de Interior (FAMI y FSI) para adaptarlos a las nuevas prioridades. Ha concluido la revisión del programa nacional del FAMI y la del programa nacional del FSI se encuentra en su fase final y debería concluirse en breve. Además, aunque ya ha terminado la designación formal de la nueva autoridad responsable, de conformidad con los requisitos establecidos en las bases jurídicas, aún deben racionalizarse los procedimientos y medidas operativas para asegurar que las autoridades griegas inician la plena movilización de la financiación disponible en el marco de los programas nacionales con el fin de hacer frente a necesidades urgentes, en particular en el ámbito de la acogida y otros servicios para los migrantes presentes en el país.

(32)

Tal como se reconocía en la Comunicación de la Comisión de 4 de marzo de 2016 titulada «Restablecer Schengen» (33), garantizar el correcto funcionamiento del sistema de Dublín es una parte fundamental de los esfuerzos necesarios a mayor escala para estabilizar la política de asilo, migración y fronteras. Los esfuerzos por normalizar el funcionamiento del sistema de Dublín deberían permitir que el espacio Schengen volviera a su vez a un funcionamiento normal. El incentivo que para los solicitantes de asilo llegados de forma irregular a Grecia supone la posibilidad de desplazarse a continuación a otros Estados miembros, cuyo origen está en la suspensión de los traslados del sistema de Dublín a Grecia desde 2011, es uno de los principales factores que llevan a los movimientos secundarios que han dificultado el funcionamiento correcto del sistema de Schengen. Por consiguiente, es importante que las autoridades griegas adopten urgentemente las medidas pendientes que se indican en la presente Recomendación. Al mismo tiempo, debe ser prioritaria la reforma del Reglamento de Dublín propuesta por la Comisión (34), que se funda en el objetivo de solidaridad y de reparto justo de la carga entre los Estados miembros. Las negociaciones sobre esta propuesta están en curso.

(33)

La Comisión reconoce los importantes avances realizados por Grecia, con la asistencia de la Comisión, la EASO, los Estados miembros y las organizaciones internacionales y no gubernamentales para mejorar el funcionamiento del sistema de asilo griego desde la sentencia M.S.S. en 2011. No obstante, Grecia sigue enfrentándose a la difícil situación creada por la tramitación de un gran número de nuevas solicitudes de asilo, principalmente derivadas del ejercicio de prerregistro y de las continuas llegadas irregulares de migrantes, aunque a niveles inferiores a los registrados antes de marzo de 2016, así como de sus responsabilidades en la aplicación de la Declaración UE-Turquía. Existen, además, otras medidas importantes que deberán tomarse para remediar las persistentes deficiencias del sistema griego de asilo, en particular por lo que respecta a la calidad de los servicios de acogida, al tratamiento de los solicitantes vulnerables y a la velocidad de registro, presentación y examen de las solicitudes de asilo en ambas instancias. Con objeto de tener en cuenta la incidencia de esta delicada situación sobre el funcionamiento general del sistema de asilo y de cara a evitar la imposición de una carga insostenible para Grecia, aún no es posible recomendar una plena reanudación de los traslados del sistema de Dublín a Grecia, aunque este siga siendo el objetivo final.

(34)

Sin embargo, Grecia ha realizado avances significativos en la creación de las estructuras institucionales y jurídicas fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema de asilo y, por otra parte, hay buenas perspectivas para el pleno funcionamiento del sistema de asilo en un futuro próximo, una vez que se hayan subsanado las demás deficiencias, en particular por lo que respecta a las condiciones de acogida y al tratamiento de las personas vulnerables, incluidos los menores no acompañados. Por lo tanto, procede recomendar la reanudación gradual y sobre la base de garantías individuales de las traslados, teniendo en cuenta las capacidades de acogida y de tratamiento de las solicitudes de conformidad con la legislación pertinente de la UE, y teniendo también en cuenta el actual tratamiento deficiente de determinadas categorías de personas, en particular, los solicitantes vulnerables, incluidos los menores no acompañados. Además, la reanudación no debe aplicarse con carácter retroactivo, sino referirse a los solicitantes de asilo de los que Grecia sea responsable a partir de una fecha específica para evitar someter al país a una carga insostenible. Debe recomendarse que dicha fecha se fije en el 15 de marzo de 2017.

(35)

Sobre la base de lo anterior, la presente Recomendación establece las medidas que las autoridades griegas deben adoptar o mantener con vistas a la reanudación de los traslados del sistema de Dublín de los solicitantes de asilo que hayan entrado de forma irregular en Grecia a través de las fronteras exteriores a partir del 15 de marzo de 2017 en adelante, o de los que Grecia sea responsable en virtud de criterios distintos de los establecidos en el artículo 13 del capítulo III del Reglamento (UE) n.o 604/2013 a partir de esa fecha. Teniendo presente este objetivo, Grecia debe adoptar urgentemente todas las medidas indicadas en la presente Recomendación. De conformidad con el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad, los demás Estados miembros también deberían contribuir a la consecución de este objetivo, en particular mediante el despliegue de expertos para ayudar a las autoridades respondiendo a las distintas convocatorias de la EASO y mediante el pleno cumplimiento de las obligaciones de reubicación que les correspondan en virtud de las Decisiones de reubicación.

(36)

La presente Recomendación también establece las modalidades para la reanudación de los traslados, entre las que deberían figurar una estrecha cooperación entre las autoridades griegas y las autoridades del Estado miembro desde el que se realiza el traslado en casos individuales de traslado, sobre la base del deber de cooperación leal entre Estados miembros, incluidas las destinadas a garantizar que la persona vaya a estar convenientemente alojada de conformidad con las normas establecidas en la Directiva 2013/33/UE y que su solicitud se tratará de conformidad con la Directiva 2013/32/UE. Para ello será necesario que Grecia ofrezca garantías concretas en relación con el modo en que será tratada la persona que vaya a ser trasladada. Además, debería establecerse un mecanismo de información y de apoyo de la EASO compuesto por un equipo de expertos de los Estados miembros con objeto de ayudar a garantizar que estas normas se apliquen en la práctica en lo que se refiere a las personas trasladadas.

(37)

La información periódica por parte de Grecia sobre los avances realizados en la aplicación de estas medidas es esencial para garantizar la plena aplicación de la presente Recomendación. Grecia debe, por tanto, presentar un primer informe a más tardar el 15 de febrero de 2017, de acuerdo con lo establecido en la presente Recomendación, que debe incluir, en particular, una descripción de la forma en que las autoridades griegas están aplicando el procedimiento para ofrecer garantías en casos individuales de transferencia en relación con la legislación pertinente de la UE. A partir de esa fecha, Grecia debe presentar cada dos meses un informe sobre la aplicación de la presente Recomendación.

(38)

Sobre la base de estos informes y de cualquier otra información pertinente a su alcance o como consecuencia de otros acontecimientos; la Comisión informará regularmente sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente Recomendación y, en caso necesario, actualizará las recomendaciones contenidas en la misma.

(39)

La responsabilidad de decidir sobre la reanudación de los traslados en casos individuales incumbe exclusivamente a las autoridades de los Estados miembros bajo el control de sus órganos jurisdiccionales, que podrán plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia Europeo sobre la interpretación del Reglamento de Dublín.

1.

Grecia debería proseguir sus esfuerzos para velar por que las instalaciones de acogida sean suficientes para alojar a todos los solicitantes de protección internacional en su territorio y para que las condiciones de acogida en todas estas instalaciones cumplan las normas establecidas en el Derecho de la UE. Como primera prioridad, Grecia debería:

Grecia también debería velar por que, además de los centros permanentes, se disponga, o pueda disponerse a corto plazo, de un número adecuado de centros de acogida abiertos temporales con el fin de permitir alojar en condiciones adecuadas a los flujos imprevistos de solicitantes de protección internacional y a las personas a su cargo.

Las autoridades griegas deberían llevar a cabo una evaluación exhaustiva de las necesidades en términos de capacidad de acogida total requerida y de la naturaleza de esa capacidad, y actualizar continuamente esta evaluación conforme evolucione la situación.

2.

Grecia debería continuar sus esfuerzos para garantizar que todos los solicitantes de protección internacional tengan acceso efectivo al procedimiento de asilo, en particular:

La evaluación de las necesidades a que se refiere la letra a) debería actualizarse continuamente y contener información sobre el número de personas contratadas.

3.

Grecia debería proseguir sus esfuerzos para garantizar que todos los solicitantes de protección internacional gocen de una tutela judicial efectiva, asegurando en particular:

Las autoridades griegas deberían determinar, sobre la base de una evaluación de las necesidades completa y continua, el número de comités de apelación dependientes del nuevo Órgano de Apelación que se necesiten para examinar todos los recursos presentados por los solicitantes de protección internacional, el personal preciso para asegurar el buen funcionamiento de dichos comités, y cualesquiera otras medidas, como cambios en los métodos de trabajo, que pudieran ser necesarias. Esto debería incluir en particular determinar si son suficientes los 20 comités de apelación cuya creación está prevista para finales de febrero de 2017.

4.

Grecia debería garantizar que el marco jurídico de acceso a la asistencia jurídica gratuita sea eficaz en la práctica y que todos los solicitantes de asilo cuenten con la asistencia jurídica necesaria para la revisión judicial de las decisiones administrativas sobre las solicitudes de protección internacional. En particular, Grecia debería:

5.

Grecia debería garantizar el establecimiento de estructuras adecuadas y adoptar las medidas apropiadas para la identificación y el trato de los solicitantes vulnerables, incluidos los menores no acompañados. En particular, Grecia debería:

6.

Grecia debería garantizar que la financiación sustancial de la UE se utiliza plenamente, en particular mediante la movilización sin demora de los recursos disponibles con cargo al FAMI y al FSI en el marco de sus programas nacionales y la exploración de vías de financiación complementaria con cargo a los Fondos Estructurales. En este contexto, Grecia debería adoptar las medidas necesarias para movilizar plenamente los fondos disponibles en el marco de los programas nacionales con el fin de hacer frente a necesidades urgentes, especialmente en el ámbito de la acogida y otros servicios para los migrantes presentes en Grecia, en particular mediante la mejora de la coordinación entre las partes interesadas pertinentes, el refuerzo de la capacidad operativa y la mejora de los mecanismos de aplicación.

7.

Se invita a los Estados miembros a proporcionar apoyo adicional a Grecia mediante el nombramiento de expertos para responder a las diversas convocatorias de la EASO, la ampliación del período de despliegue y la identificación de perfiles de expertos más especializados y experimentados.

8.

Se recomienda que el traslado de solicitantes de asilo a Grecia en virtud del Reglamento (UE) n.o 604/2013 se reanude en las condiciones y con arreglo a las modalidades establecidas en los puntos 9 y 10.

9.

La reanudación de los traslados debería aplicarse a los solicitantes de asilo que entraron de forma irregular en Grecia a través de las fronteras exteriores a partir del 15 de marzo de 2017 o a otras personas para las que Grecia es responsable con arreglo a criterios distintos de los del artículo 13 del capítulo III del Reglamento (UE) n.o 604/2013 a partir de esa fecha gradualmente, en función de las capacidades de acogida y tratamiento de solicitudes en Grecia de conformidad con las Directivas 2013/32/UE y 2013/33/UE. Los solicitantes de asilo vulnerables, incluidos los menores no acompañados no deberían ser trasladados a Grecia por el momento.

10.

Previamente al traslado de un solicitante a Grecia, se invita a las autoridades de los Estados miembros a cooperar estrechamente con las autoridades griegas para garantizar el cumplimiento de las condiciones señaladas en el punto 9 y, en particular, que se recibirá al solicitante en una instalación de acogida que cumpla las normas establecidas en la legislación de la UE, y en concreto en la Directiva 2013/33/UE sobre las condiciones de acogida, que su solicitud se examinará dentro de los plazos que se especifican en la Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos de asilo, y que será tratada de acuerdo con la legislación de la UE en cualquier otro aspecto pertinente. Se invita a las autoridades griegas a cooperar plenamente en la prestación de esas garantías a los demás Estados miembros.

11.

La EASO debería crear y desplegar en Grecia un equipo de expertos de los Estados miembros con el cometido de apoyar la cooperación entre los Estados miembros y de informar de si las personas trasladadas de vuelta a Grecia con arreglo al Reglamento de Dublín son tratadas de conformidad con las garantías que ha de facilitar Grecia y a las que se hace alusión en el punto 10.

12.

Grecia debería presentar, el 15 de febrero de 2017 a más tardar, un informe sobre los progresos en la aplicación de la presente Recomendación. El informe deberá incluir, en particular, una descripción de las medidas adoptadas para subsanar las deficiencias pendientes detectadas en la presente Recomendación, incluido el modo en que las autoridades griegas han desplegado, o tienen previsto desplegar, los recursos humanos y materiales necesarios a que se hace referencia en los puntos 1 a 5 de la presente Recomendación y una descripción de la evaluación constante de las necesidades a la que se refieren los puntos 1 a 3 de la misma. Además, debería describir de forma detallada el modo en que las autoridades griegas tienen la intención de aplicar el procedimiento para ofrecer las garantías individuales a las que se hace referencia en el punto 10.

13.

El informe debería incluir la información siguiente:

14.

A partir del 15 de febrero de 2017, Grecia debería presentar un informe cada dos meses sobre la aplicación de la presente Recomendación.

15.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 340/72