29.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 321/1

(1)

El 25 de junio de 2012, el Consejo autorizó a la Comisión y a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a entablar negociaciones con Nueva Zelanda sobre un acuerdo marco que sustituyese a la Declaración Conjunta sobre Relaciones y Cooperación entre la Unión Europea y Nueva Zelanda de 21 de septiembre de 2007.

(2)

Las negociaciones del Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Nueva Zelanda, por otra (en lo sucesivo, «el Acuerdo») concluyeron con éxito el 30 de julio de 2014. El Acuerdo refleja tanto la estrecha relación histórica y los vínculos cada vez más fuertes entre las Partes, como su voluntad de fortalecer y ampliar sus relaciones de forma ambiciosa e innovadora.

(3)

El artículo 58 del Acuerdo establece que, a la espera de la entrada en vigor del Acuerdo, la Unión y Nueva Zelanda podrán aplicar provisionalmente determinadas disposiciones del mismo, acordadas mutuamente por ambas Partes.

(4)

Procede, por lo tanto, firmar el Acuerdo en nombre de la Unión y que algunas de sus disposiciones se apliquen de forma provisional, hasta tanto no terminen los procedimientos necesarios para su celebración.

—

artículo 3 (Diálogo),

—

artículo 4 (Cooperación en el marco de organizaciones regionales e internacionales),

—

artículo 5 (Diálogo político),

—

artículo 53 (Comité Mixto), excepto el apartado 3, letras g) y h), y

—

título X (Disposiciones finales), excepto el artículo 57 y el artículo 58, apartados 1 y 3, en la medida en que sea necesario para garantizar la aplicación provisional de las disposiciones del Acuerdo mencionadas en el presente artículo.

29.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 321/3

a)

reuniones de líderes, que se celebrarán regularmente cuando las Partes lo consideren necesario;

b)

consultas y visitas a nivel ministerial, que se celebrarán en las ocasiones y lugares que determinen las Partes;

c)

consultas a nivel de ministros de Asuntos Exteriores, que se celebrarán periódicamente, y si es posible, anualmente;

d)

reuniones a nivel de altos funcionarios para celebrar consultas sobre temas de interés mutuo o sesiones de información y cooperación con respecto a acontecimientos nacionales o internacionales importantes;

e)

diálogos sectoriales sobre cuestiones de interés común; e

f)

intercambios de delegaciones entre el Parlamento Europeo y el Parlamento de Nueva Zelanda.

a)

fomentar los principios básicos en relación con los valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho, en particular en los foros multilaterales; y

b)

colaborar en y coordinarse, si procede, para hacer avanzar en la práctica los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho, también en terceros países.

a)

adoptando las medidas necesarias para firmar, ratificar o adherirse, según proceda, a todos los demás instrumentos internacionales pertinentes, y aplicándolos en su totalidad;

b)

estableciendo un sistema eficaz de controles nacionales a la exportación, controlando las exportaciones y el tránsito de mercancías relacionadas con las armas de destrucción masiva, incluyendo el control de su uso final y de las tecnologías de doble uso, y estableciendo sanciones eficaces para las infracciones a los controles a la exportación.

a)

adoptar las medidas necesarias para aplicar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y, en su caso, los instrumentos correspondientes;

b)

compartir su experiencia con los socios regionales en materia de adopción de los ajustes legales requeridos para permitir la ratificación y aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; y

c)

cooperar en pro de la consecución del objetivo de la universalidad e integridad del Estatuto de Roma.

a)

en el marco de la plena aplicación, entre otras, de las Resoluciones 1267, 1373 y 1540 del CSNU, así como de otras resoluciones de Naciones Unidas e instrumentos internacionales aplicables;

b)

intercambiando información sobre grupos terroristas y sus redes de apoyo, de conformidad con el Derecho nacional e internacional aplicable;

c)

intercambiando puntos de vista sobre:

d)

cooperando para profundizar el consenso internacional sobre la lucha contra el terrorismo y su marco normativo y trabajando con vistas a un acuerdo relativo al Convenio general sobre el terrorismo internacional, a fin de complementar los actuales instrumentos de las Naciones Unidas contra el terrorismo; y

e)

promoviendo la cooperación entre los Estados miembros de las Naciones Unidas para ejecutar efectivamente la Estrategia mundial de las Naciones Unidas contra el terrorismo por todos los medios adecuados.

a)

intercambiar puntos de vista y, en su caso, coordinar sus posiciones sobre cuestiones de desarrollo en los foros regionales e internacionales para promover un crecimiento integrador y sostenible para el desarrollo humano; e

b)

intercambiar información sobre sus respectivos programas de desarrollo y, llegado el caso, coordinar las actividades en los países beneficiarios para aumentar su impacto en el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.

a)

un diálogo anual sobre política comercial a nivel de altos funcionarios, complementado con reuniones ministeriales sobre comercio, cuando las Partes así lo acuerden;

b)

un diálogo anual sobre comercio agrícola; y

c)

otros intercambios sectoriales, cuando las Partes así lo acuerden.

a)

la puesta en común de información;

b)

la aplicación de los requisitos de importación en todo el territorio de la otra Parte;

c)

la verificación de la totalidad o de parte de los sistemas de inspección y certificación de las autoridades de la otra Parte, de conformidad con las normas internacionales pertinentes del Codex Alimentarius, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria relativas a la evaluación de estos sistemas; y

d)

el reconocimiento de zonas libres de plagas o enfermedades y zonas de baja prevalencia de plagas o enfermedades.

a)

cuestiones relacionadas con la oferta y la demanda, cuestiones de comercio e inversión bilaterales, así como cuestiones de interés relacionadas con el comercio internacional;

b)

las barreras arancelarias y no arancelarias impuestas a las materias primas, las mercancías, los servicios y las inversiones;

c)

los marcos reglamentarios respectivos de las Partes; y

d)

las mejores prácticas en relación con el desarrollo sostenible de la industria minera, incluida la política de minerales, la ordenación del territorio y los procedimientos de autorización.

a)

la práctica, promoción, difusión, racionalización, gestión, armonización, protección y aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual;

b)

la prevención de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual;

c)

la lucha contra la falsificación y la piratería mediante formas adecuadas de cooperación; y

d)

el funcionamiento de los organismos responsables de la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual.

a)

Nueva Zelanda readmitirá a cualquiera de sus nacionales ilegalmente presente en el territorio de un Estado miembro, a petición de este último y sin mediar más trámites; y

b)

cada Estado miembro deberá readmitir a cualquiera de sus nacionales ilegalmente presente en el territorio de Nueva Zelanda, a petición de esta última y sin mediar más trámites.

a)

el intercambio de puntos de vista sobre los distintos aspectos de la sociedad de la información, en particular el despliegue de la banda ancha de alta velocidad; las políticas y reglamentaciones sobre comunicaciones electrónicas, incluido el servicio universal; las licencias y autorizaciones generales; la protección de la privacidad y los datos personales; la administración electrónica y la administración abierta; la seguridad de Internet y la independencia y eficiencia de las autoridades reguladoras;

b)

la interconexión e interoperatividad de las redes de investigación y las infraestructuras y servicios de datos informáticos y científicos, sobre todo en un contexto regional;

c)

la normalización, certificación y difusión de nuevas tecnologías de la información y la comunicación;

d)

los aspectos de seguridad, confianza y privacidad de las tecnologías y servicios de la información y la comunicación, incluidas la promoción de la seguridad en línea, la lucha contra el uso indebido de la tecnología de la información y de todas las formas de medios de comunicación electrónicos, y la puesta en común de información; y

e)

el intercambio de puntos de vista sobre las medidas destinadas a abordar la cuestión de los costes de la itinerancia móvil internacional.

a)

cooperación en materia de movilidad en la formación de las personas mediante la promoción y la facilitación de intercambios de estudiantes, investigadores, personal académico y administrativo de centros de educación superior, y profesores;

b)

proyectos conjuntos de cooperación entre centros de enseñanza y formación de la Unión Europea y de Nueva Zelanda con objeto de promover el desarrollo de planes de estudios, programas de estudios y titulaciones conjuntos y movilidad de personal y estudiantes;

c)

cooperación institucional, vínculos y asociaciones con vistas a reforzar el elemento educativo del triángulo del conocimiento y fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos técnicos; y

d)

apoyo a la reforma de las políticas a través de estudios, conferencias, seminarios, grupos de trabajo o evaluaciones comparativas e intercambio de información y buenas prácticas, especialmente en vista de los procesos de Bolonia y Copenhague, y de principios y herramientas que permitan aumentar la transparencia y la innovación en la educación.

a)

protección de la salud;

b)

vigilancia de las enfermedades transmisibles (como la gripe y brotes agudos de enfermedad)y otras actividades en el ámbito de aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005), incluidas medidas de preparación contra las amenazas transfronterizas graves y, en particular, la planificación de la preparación y la evaluación de riesgos;

c)

cooperación sobre normas y evaluación de la conformidad para gestionar la normativa y el riesgo de los productos (incluidos los productos farmacéuticos y sanitarios);

d)

cuestiones relativas a la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud («OMS») para el Control del Tabaco; y

e)

cuestiones relativas a la aplicación del Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud.

a)

la transición hacia economías con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a través de estrategias y acciones de mitigación adecuadas a nivel nacional, incluidas estrategias de crecimiento respetuosas del medio ambiente;

b)

el diseño, la puesta en práctica y el funcionamiento de mecanismos basados en el mercado, en particular los regímenes de comercio de emisiones de carbono;

c)

instrumentos de financiación públicos y privados para luchar contra el cambio climático;

d)

la investigación, desarrollo y despliegue de tecnologías con bajas emisiones de gases de efecto invernadero; y

e)

el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y el análisis de sus efectos, incluido el desarrollo y la aplicación de estrategias de adaptación, según proceda.

a)

el desarrollo de políticas que refuercen la seguridad energética;

b)

la promoción del comercio y la inversión mundial en el campo de la energía;

c)

la mejora de la competitividad;

d)

la mejora del funcionamiento de los mercados energéticos mundiales;

e)

el intercambio de información y de experiencias políticas a través de los foros multilaterales sobre energía existentes;

f)

la promoción de la utilización de las fuentes de energía renovables, así como el desarrollo y la utilización de energías limpias, sostenibles y diversificadas, incluidas tecnologías renovables y tecnologías energéticas con bajas emisiones de carbono;

g)

la consecución de un uso racional de la energía tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, promoviendo la eficiencia energética en la producción, el transporte, la distribución y el uso final de la energía;

h)

la realización de sus respectivos compromisos internacionales para racionalizar y suprimir progresivamente a medio plazo las subvenciones a los combustibles fósiles ineficientes que fomentan un consumo desmedido; y

i)

la puesta en común de buenas prácticas en materia de exploración y producción de energía.

a)

el intercambio de información sobre sus respectivas políticas y prácticas;

b)

el fortalecimiento de las relaciones en materia de aviación entre la Unión y Nueva Zelanda, con vistas a:

c)

los objetivos de acceso sin restricciones a los mercados marítimos internacionales y al comercio marítimo basado en la competencia leal sobre una base comercial; y

d)

el principio de reconocimiento mutuo de los permisos de conducción para los vehículos de motor terrestres.

a)

garantizar, mediante una gestión efectiva por parte de la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central, y sobre la base de los mejores conocimientos científicos disponibles, la conservación a largo plazo y la utilización sostenible de las poblaciones de peces altamente migratorios en toda su zona de distribución en el océano Pacífico occidental y central, por ejemplo dando pleno reconocimiento, de conformidad con los convenios pertinentes de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales, a las necesidades especiales de los pequeños Estados y territorios insulares en desarrollo y garantizando un proceso de toma de decisiones transparente;

b)

garantizar la conservación y el uso racional de los recursos vivos marinos bajo el amparo de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, incluidos los esfuerzos para luchar contra las actividades de pesca INDNR en la zona de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos;

c)

garantizar la adopción y aplicación de medidas de conservación y gestión eficaces de las poblaciones competencia de las organizaciones regionales de ordenación pesquera del Pacífico sur; y

d)

facilitar la adhesión a las organizaciones regionales de ordenación pesquera en las que una de las Partes sea miembro y la otra desee ingresar.

a)

promover la aplicación efectiva del presente Acuerdo;

b)

supervisar la evolución de las relaciones entre las Partes en su conjunto;

c)

recabar, según proceda, información de los comités u otros organismos creados en virtud de otros acuerdos específicos entre las Partes que formen parte del marco institucional común, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, y tomar en consideración cualquier informe presentado por ellos;

d)

intercambiar puntos de vista y hacer sugerencias sobre cualquier cuestión de interés común, en particular las acciones futuras y los recursos disponibles para llevarlas a cabo;

e)

establecer prioridades en relación con los objetivos del presente Acuerdo;

f)

buscar medios apropiados para prevenir las dificultades que pudieran presentarse en los ámbitos contemplados por el presente Acuerdo;

g)

esforzarse por resolver las diferencias que surjan en la aplicación o interpretación del presente Acuerdo;

h)

examinar la información presentada por una de las Partes, de conformidad con el artículo 54; y

i)

hacer recomendaciones y adoptar decisiones, cuando proceda, para dar efecto a aspectos específicos del presente Acuerdo.

29.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 321/31

Anexo 6, nueva nota explicativa 0.42 bis:

Se añade una nueva nota explicativa del artículo 42 bis redactada en los siguientes términos:

Anexo 2, artículo 4, apartado 2, inciso i):

El texto actual se sustituye por el siguiente:

Anexo 2, artículo 4, apartado 2, inciso iii):

El texto actual se sustituye por el siguiente:

Anexo 2, nuevo artículo 5:

Tras el artículo 4 modificado se inserta el artículo siguiente:

Anexo 2, croquis n.o 9:

El actual croquis n.o 9 se sustituye por el siguiente

«Croquis n.o 9

EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VEHÍCULO CON TOLDOS CORREDIZOS

Croquis n.o 9 — continuación

Croquis n.o 9 — continuación

»

Anexo 2, nuevo croquis n.o 10:

Tras el nuevo croquis n.o 9, se insertará el siguiente:

«Croquis n.o 10

EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VEHÍCULO CON TECHO ENTOLDADO CORREDIZO

Croquis n.o 10 — continuación

Croquis n.o 10 — continuación

»

Anexo 7, parte I, artículo 5, apartado 2, inciso i):

El texto actual se sustituye por el siguiente:

Anexo 7, parte I, artículo 5, apartado 2, inciso iii):

El texto actual se sustituye por el siguiente:

Anexo 7, parte I, nuevo artículo 6:

Tras el artículo 5 modificado se inserta el artículo siguiente:

Anexo 7, parte I, croquis n.o 9:

El actual croquis n.o 9 se sustituye por el siguiente

«Croquis n.o 9

EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CONTENEDOR CON TOLDOS CORREDIZOS

Croquis n.o 9 — continuación

Croquis n.o 9 — continuación

»

Anexo 7, parte I, nuevo croquis n.o 10:

Tras el nuevo croquis n.o 9, se insertará el siguiente:

«Croquis n.o 10

EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CONTENEDOR CON TECHO ENTOLDADO CORREDIZO

Croquis n.o 10 — continuación

Croquis n.o 10 — continuación

»

29.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 321/45

(1)

Habida cuenta de la situación actual del mercado de la leche desnatada en polvo en términos de recuperación de precios y del elevado volumen de las existencias de intervención, procede abrir la venta de leche desnatada en polvo de intervención pública mediante procedimiento de licitación de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1240.

(2)

Con el fin de gestionar de forma adecuada las ventas de la intervención, es necesario especificar la fecha antes de la cual debe haber entrado en el régimen de intervención pública la leche desnatada en polvo destinada a la venta.

(3)

De conformidad con el artículo 28, apartado 4, letras b), c) y d), del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1240, es necesario fijar los períodos en los que pueden presentarse licitaciones, la cantidad mínima para la cual puede presentarse una licitación y el importe de la garantía que deberá constituirse al presentar una licitación.

(4)

A efectos de la aplicación del artículo 31, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1240, es necesario establecer los plazos en los que los Estados miembros deben notificar a la Comisión todas las licitaciones admisibles.

(5)

En aras de una eficiente administración, los Estados miembros deben presentar sus notificaciones a la Comisión de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 792/2009 de la Comisión (3).

(6)

El Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios no ha emitido ningún dictamen en el plazo fijado por su presidente.

29.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 321/48

(1)

El 18 de abril de 2012, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 325/2012 del Consejo (2) («Reglamento impugnado»), el Consejo estableció un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ácido oxálico originario de la India y de la República Popular China en el intervalo del 14,6 % al 52,2 % a raíz de una investigación antidumping con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo (3).

(2)

Mediante sentencia de 20 de mayo de 2015 (4), el Tribunal General anuló el Reglamento impugnado, en lo relativo a Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd, un productor exportador chino que cooperó. El Tribunal General declaró que el razonamiento del Consejo sobre dos asuntos relativos a la determinación del nivel de eliminación del perjuicio no era conforme con el artículo 296 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(3)

A raíz de la sentencia del Tribunal General, la Comisión publicó un anuncio informando de que había decidido reabrir la investigación antidumping relativa al ácido oxálico, para dar cumplimiento a la sentencia por lo que respecta a Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

(4)

Como se indica en los considerandos 66 y 83 del Reglamento impugnado, Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd había alegado que la Comisión no había incluido en su totalidad un ajuste del 6,5 % correspondiente al derecho de aduana normal en el cálculo de los márgenes de perjuicio.

(5)

En la investigación original, la Comisión comprobó que la alegación estaba justificada y revisó los cálculos en relación con el margen de perjuicio como sigue: la media ponderada final de los precios de importación se calculó añadiendo a la media ponderada de los precios de exportación cif en la frontera de la Unión de Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd, para ambos tipos de ácido oxálico (refinado y sin refinar), en primer lugar, un 6,5 % de derechos de aduana y, a continuación, un importe fijo de 10 EUR/tonelada para los costes posteriores a la importación.

(6)

La consecuencia de ello fue una disminución del margen de perjuicio de Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd al 18,7 %. Sin embargo, como ya se indicaba en los considerandos 83 y 87 del Reglamento impugnado, el reducido margen de perjuicio se mantuvo por encima del margen de dumping establecido para Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (14,6 %), que es la base para el derecho antidumping impuesto.

(7)

Como se indica en los considerandos 142 y 143 del Reglamento (UE) n.o 1043/2011de la Comisión (5), por el que se aplican medidas provisionales en este caso, y tal como se confirmó en el Reglamento impugnado, el beneficio utilizado para el cálculo del nivel de eliminación del perjuicio fue del 8 % del volumen de negocios, que se consideró que era el beneficio que la industria de la Unión podría razonablemente esperar obtener en condiciones normales de competencia, en ausencia de dumping perjudicial. Se presentan a continuación las consideraciones relativas al uso de esta cifra.

(8)

En la investigación que dio lugar al Reglamento impugnado se constató que, durante el período considerado, la industria de la Unión fue deficitaria o tuvo unos beneficios muy limitados. Ese nivel de beneficios resultaba insuficiente para mantener la producción a medio plazo. Además, durante el período considerado en la investigación original hubo importaciones significativas a precios que, por término medio, eran inferiores a los precios objeto de dumping en el período original de investigación. Estas importaciones a bajo precio tuvieron un impacto negativo en el rendimiento económico de la industria de la Unión. Así pues, los niveles de beneficio realmente alcanzados por la industria de la Unión durante el período considerado no pueden considerarse un beneficio que la industria de la Unión podría razonablemente esperar obtener en condiciones normales de competencia.

(9)

Además, durante la investigación original, la Comisión no recabó ningún dato sobre el beneficio de la industria de la Unión durante el período anterior al período considerado. Por consiguiente, no se dispone de datos de los beneficios de la industria de la Unión durante el período inmediatamente anterior al período considerado, que podrían utilizarse como margen de beneficio razonable para calcular el margen de perjuicio. Tras la comunicación de la información, Yuanping alegó que la Comisión debería haber utilizado información de fuera del período considerado para proceder a una evaluación apropiada a fin de establecer el objetivo de beneficio.

(10)

No se aceptó esta alegación. Los tribunales de la UE han reconocido a la Comisión una amplia facultad de apreciación por lo que respecta al período que debe tomarse en consideración a efectos de la determinación del perjuicio (6). La Comisión, al inicio de la investigación original, estableció un plazo para recoger datos para la evaluación del perjuicio, es decir, el período considerado (del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010), y no recabó datos fuera de ese período. Además, como se explica en el considerando 23, en el marco de la reanudación de la investigación, la Comisión tiene que basarse únicamente en la información de la que se disponía durante la investigación original.

(11)

La Comisión, por tanto, analizó el objetivo de beneficios propuesto por el denunciante en la investigación que dio lugar al Reglamento impugnado. En la denuncia se proponía el objetivo de margen de beneficio del 10 % para el cálculo del margen de perjuicio. A este respecto, la Comisión observó que el margen de beneficio utilizado por el Consejo en una investigación anterior relativa a las importaciones de ácido oxálico originario de la India y de la República Popular China en 1991 era del 10 % (7). El denunciante justificó la cifra alegando que podía alcanzarse un tal nivel de rentabilidad produciendo con plena utilización de la capacidad. Sin embargo, el margen de beneficio propuesto por el denunciante no se refiere a datos reales de beneficio logrado en ausencia de importaciones objeto de dumping, en condiciones normales de competencia, sino a una situación teórica de plena utilización de la capacidad. Dado que el denunciante no ha demostrado que se alcanzara, o se hubiera podido alcanzar, la plena utilización de la capacidad en que basaba el objetivo de beneficio propuesto en condiciones normales de mercado en ausencia de importaciones objeto de dumping, no era posible utilizar el objetivo de beneficio alegado.

(12)

En estas circunstancias, la Comisión examinó el margen de beneficio determinado en otras investigaciones relativas al sector químico, que también hace un uso intensivo de capital, como en el caso del ácido oxálico, y con un proceso de producción similar.

(13)

En lo que respecta a los márgenes de beneficio utilizados en anteriores investigaciones en el sector químico (8) (incluido el margen de beneficio utilizado en la investigación anterior sobre el ácido oxálico) se constató que, como media, se había considerado que un margen de beneficio en torno al 8 % constituía un beneficio razonable que la industria de la Unión podría lograr en condiciones normales de mercado en ausencia del dumping perjudicial.

(14)

Además, la Comisión examinó el margen de beneficio utilizado en las investigaciones relativas a otros sectores que, como el químico, hacen un uso intensivo de capital. A este respecto, la Comisión consideró que el margen de beneficio utilizado en tales investigaciones (9) era coherente con el margen de beneficio medio constatado para el sector químico, incluido el ácido oxálico.

(15)

Sobre la base de las observaciones mencionadas y en ausencia de datos reales sobre niveles de rentabilidad que podía alcanzar la industria de la Unión durante el período de investigación en condiciones normales y en ausencia de dumping perjudicial, la Comisión consideró apropiado establecer dicho margen de beneficio razonable sobre la base del margen de beneficio medio establecido en las investigaciones antidumping para otras industrias químicas y otras industrias de características similares, como la de hacer un uso intensivo de capital. Sobre esta base, la Comisión llegó a la conclusión de que 8 % era el margen de beneficio que la industria de la Unión podría razonablemente esperar obtener en condiciones normales de competencia, es decir, en ausencia de importaciones objeto de dumping, por lo que procedía utilizar dicho margen de beneficio para calcular el nivel de eliminación del perjuicio.

(16)

La Comisión comunicó los hechos y consideraciones mencionados el 29 de junio de 2016. Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd y la industria de la Unión tuvieron la oportunidad de formular sus observaciones al respecto.

(17)

Se recibieron observaciones en los plazos establecidos y se tuvieron debidamente en cuenta. Además, el 11 de agosto de 2016 se celebró una reunión entre los servicios de la Comisión y Yuanping.

(18)

A raíz de los comentarios recibidos de las partes interesadas, se modificó algo el documento inicial de 29 de junio de 2016. Por tanto, la Comisión comunicó de nuevo estos hechos y consideraciones a las partes interesadas el 24 de agosto de 2016.

(19)

Tras la comunicación de la información, Oxaquim manifestó que no estaba claro si la alegación de Yuanping mencionada en el considerando 4 se había tenido total o solo parcialmente en cuenta. La Comisión confirmó que la solicitud se había tenido en cuenta en su totalidad. En efecto, como se explica en detalle en los considerandos 5 y 6, la revisión del cálculo realizado por la Comisión durante la investigación original refleja plenamente las observaciones formuladas por Yuanping en el momento de la investigación original.

(20)

Por su parte, Yuanping alegó que en la ejecución de la sentencia del Tribunal, la Comisión realizó un análisis a posteriori para justificar las conclusiones de la investigación original. Según Yuanping, esto quedaba manifiesto por el hecho de que la Comisión se basó en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1138/2011 del Consejo (10), que se publicó tras la evaluación del objetivo de beneficio en el presente procedimiento. Yuanping alegó que tal análisis a posteriori no podía utilizarse para justificar las conclusiones iniciales. Esta alegación no es correcta y se rechazó por las razones que se exponen a continuación.

(21)

En primer lugar, por lo que se refiere a los casos en que se basó la evaluación del objetivo de beneficio (solo algunos de los cuales se mencionan en el Reglamento), la afirmación de Yuanping es objetivamente incorrecta. El objetivo de beneficio en todos estos casos, incluido el Reglamento mencionado por Yuanping, se había establecido, con carácter provisional o definitivo, con anterioridad a la determinación del margen de beneficio en la investigación original.

(22)

En segundo lugar, para ejecutar la sentencia del Tribunal de conformidad con el artículo 266 del TFUE, la Comisión debe, de conformidad con el artículo 296 del TFUE, motivar las conclusiones de la investigación original con respecto a las cuales el Tribunal consideró que la motivación era insuficiente. Al hacerlo, la Comisión debe basarse en la información disponible en el momento de la investigación original.

(23)

En consecuencia, la Comisión motivó estas conclusiones, por ejemplo, la utilización del 8 % como objetivo de beneficio, utilizando solo información en la que ya antes se había basado durante la investigación original.

(24)

Además, toda la información presentada por la Comisión en el presente Reglamento ya formaba parte del expediente de la investigación original o estaba públicamente disponible en ese momento. Dicha información volvió a facilitarse a Yuanping en el contexto de esta investigación, lo que demuestra que la Comisión no tuvo en cuenta ningún dato nuevo en su exposición de motivos mejorada.

(25)

Yuanping alegó también que un procedimiento administrativo no es suficiente para corregir los errores señalados por el Tribunal.

(26)

Este argumento se rechazó. El Tribunal de Justicia no estableció que las conclusiones de la Comisión fueran material o sustancialmente erróneas. Lo que el Tribunal estableció es que, en algunos casos, el Reglamento impugnado estaba insuficientemente motivado. La manera adecuada de cumplir la sentencia del Tribunal es proporcionar una motivación mejorada en el presente Reglamento, de conformidad con el artículo 296 del TFUE.

(27)

Por último, Yuanping alegó que la cifra utilizada por la Comisión para los costes posteriores a la importación, a saber, 10 EUR/tonelada, era demasiado baja. Como prueba de esta alegación, Yuanping facilitó a la Comisión varias facturas de 2016, en las cuales los costes posteriores a la importación eran presuntamente superiores.

(28)

Se rechazó esta alegación. Las cifras de los costes posteriores a la importación utilizadas por la Comisión en la investigación original eran el resultado de la información verificada de los importadores no vinculados que cooperaron. A este respecto, Yuanping no justificó la razón por la que la Comisión debe calcular esta cifra utilizando datos no verificados de un período no incluido en el período de investigación original.

(29)

El presente Reglamento se ajusta al dictamen del Comité establecido en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009.

29.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 321/53

(1)

El 10 de noviembre de 2008, el Consejo adoptó la Acción Común 2008/851/PESC (1) relativa a la Operación militar de la UE Atalanta.

(2)

El 21 de noviembre de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/827/PESC (2) que modifica la Acción Común 2008/851/PESC y prorroga Atalanta hasta el 12 de diciembre de 2016.

(3)

La revisión estratégica de Atalanta 2016 condujo a la conclusión de que procede prorrogar el mandato de Atalanta hasta diciembre de 2018.

(4)

Debe modificarse en consecuencia la Acción Común 2008/851/PESC.

(5)

De conformidad con el artículo 5 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la elaboración y aplicación de decisiones y acciones de la Unión con implicaciones en el ámbito de la defensa. Dinamarca no participa en la aplicación de la presente Decisión y, por consiguiente, no contribuye a la financiación de esta operación.

1)

En el artículo 14 se añade el apartado siguiente:

«5.   El importe de referencia financiera destinado a cubrir los gastos comunes de la operación militar de la UE durante el período comprendido entre el 13 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 será de 11 064 000 EUR. El porcentaje del importe de referencia que contempla el artículo 25, apartado 1, de la Decisión (PESC) 2015/528 del Consejo (*1) será del 0 %.

(*1)  Decisión (PESC) 2015/528 del Consejo, de 27 de marzo de 2015, por la que se crea un mecanismo para administrar la financiación de los costes comunes de las operaciones de la Unión Europea que tengan repercusiones en el ámbito militar o de la defensa (Athena) y por la que se deroga la Decisión 2011/871/PESC (DO L 84 de 28.3.2015, p. 39).»."

2)

En el artículo 16, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   La operación militar de la UE finalizará el 31 de diciembre de 2018.».

29.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 321/55

(1)

El 22 de julio de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/486/PESC (1), relativa a la Misión asesora de la Unión Europea para la reforma del sector de la seguridad civil en Ucrania (EUAM Ucrania).

(2)

La Decisión 2014/486/PESC, modificada por la Decisión (PESC) 2015/2249 (2), dotaba a la EUAM Ucrania de un importe de referencia financiera hasta el 30 de noviembre de 2016 y de un mandato hasta el 30 de noviembre de 2017.

(3)

El 12 de mayo de 2016, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2016/712 (3) por la que se adapta el importe de referencia financiera para el período que finaliza el 30 de noviembre de 2016.

(4)

Debe preverse un importe de referencia financiera para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2017 y, por lo tanto, la Decisión 2014/486/PESC debe modificarse en consecuencia.

1)

En el artículo 14, el apartado 1 sustituye por el texto siguiente:

«1.   El importe de referencia financiera destinado a cubrir los gastos asociados EUAM Ucrania hasta el 30 de noviembre de 2014 será de 2 680 000 EUR. El importe de referencia financiera destinado a cubrir los gastos asociados a la EUAM Ucrania para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2014 y el 30 de noviembre de 2015 ascenderá a 13 100 000 EUR. El importe de referencia financiera destinado a cubrir los gastos asociados a la EUAM Ucrania para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 30 de noviembre de 2016 ascenderá a 17 670 000 EUR. El importe de referencia financiera destinado a cubrir los gastos asociados a la EUAM Ucrania para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2017 ascenderá a 20 800 000 EUR. El Consejo decidirá el importe de referencia financiera para los períodos subsiguientes.».

2)

En el artículo 17, se intercala el apartado siguiente:

«1 bis.   Se autoriza a la AR a comunicar a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (“Frontex”) información clasificada de la Unión Europea y documentos elaborados a efectos de EUAM Ucrania, hasta el grado de clasificación determinado por el Consejo de conformidad con la Decisión 2013/488/UE. A tal efecto, se establecerán acuerdos entre la AR y Frontex.».

29.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 321/57

(1)

Mediante notificación electrónica de 9 de enero de 2014, las autoridades italianas notificaron, de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del Tratado, la compensación adicional concedida a Aziende Riunite Filovie ed Autolinee (en lo sucesivo, «Arfea») para la prestación de servicios de transporte de viajeros en autobús sobre la base de concesiones de servicios adjudicadas por la Región de Piamonte (en lo sucesivo, «Región») durante el período 1997-1-998 (en lo sucesivo, «período considerado»), en ejecución de una sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Piamonte (en lo sucesivo, «TAR Piamonte»).

(2)

La notificación fue registrada con el número de asunto SA.38132. Tras una petición de información enviada por la Comisión el 7 de febrero de 2014 con el objeto de aclarar si se había abonado la compensación adicional, el 11 de marzo de 2014, la Región confirmó que había efectuado el pago de la compensación adicional a Arfea el 7 de febrero de 2014, esto es, después de que el Gobierno italiano notificara la medida a la Comisión. Por lo tanto, se considera que la medida no fue notificada.

(3)

Las autoridades italianas presentaron información adicional el 7 de abril de 2014, el 21 de mayo de 2014 y el 20 de agosto de 2014, después de que la Comisión enviara una petición de información el 24 de julio de 2014.

(4)

Mediante carta de 23 de febrero de 2015, la Comisión informó a Italia de que había decidido incoar el procedimiento con arreglo al artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tratado») con respecto a la ayuda. Las autoridades italianas remitieron, por carta de 16 de abril de 2015, sus observaciones sobre la Decisión de incoación.

(5)

En esta Decisión, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2), la Comisión invitaba a los terceros interesados a presentar sus observaciones sobre la medida en cuestión.

(6)

El único tercero que presentó observaciones en respuesta a la Decisión de incoar el procedimiento fue Arfea, es decir, el beneficiario de la medida. Se recibieron las observaciones el 30 de julio de 2015, y el 18 de agosto de 2015 dichas observaciones se transmitieron a Italia, dándole la oportunidad de responder. Italia remitió sus consideraciones mediante carta de 24 de septiembre de 2015.

(7)

Arfea es una sociedad privada que presta servicios de transporte público local sobre la base de concesiones y servicios de transporte privado en régimen de empresa. Más concretamente, de acuerdo con las autoridades italianas, durante todo el periodo considerado (1997 y 1998), Arfea gestionó una red de conexiones mediante autobús en calidad de concesionaria en las provincias de Alessandria y Asti (en lo sucesivo, «Provincias»). Asimismo, la sociedad proporcionó otros servicios privados, como servicios turísticos y alquiler de autobuses.

(8)

De conformidad con la información que presentaron las autoridades italianas para el citado servicio relativo al periodo 1997-1-998, la Región ya ha efectuado el pago de las ayudas públicas a Arfea con arreglo a la deliberación de la Giunta Regionale o D.G.R., de 16 de febrero de 1984, n.o 658-2-014 (en lo sucesivo, «deliberación de 1984»), que incorpora la Ley n.o 151/1981 (3) y la Ley regional n.o 16/1982 (4). Dichas leyes estipulaban las normas relativas a la concesión de ayudas públicas para inversiones y déficits de explotación de entidades o empresas que prestan servicios de transporte de viajeros. Con arreglo al artículo 1 de la Ley regional n.o 16/82, dichos servicios corresponden a aquellos «destinados normalmente al transporte colectivo de personas y cosas, realizados de manera continuada o periódica con tarifas, horarios, frecuencia e itinerarios prefijados y oferta indiferenciada». En 1997, Arfea también solicitó y obtuvo por parte de la Región ayudas públicas adicionales para ese mismo año, de conformidad con el artículo 12 de la Ley n.o 472/1999. Dado que parece que esta compensación pública se adjudicó a Arfea más de diez años antes de que la Comisión enviase su primera solicitud de información a la República Italiana, dicha compensación no será objeto de una evaluación en el marco de la presente Decisión.

(9)

En 2007, tras una sentencia del Consiglio di Stato (el Tribunal Supremo Administrativo italiano), que concedía una compensación de servicio público retroactiva a un proveedor de servicios de transporte directamente sobre la base del Reglamento (CEE) n.o 1191/69 del Consejo (5) además de la compensación que ya había recibido con arreglo a la legislación nacional (6), Arfea solicitó a la Región una compensación de servicio público adicional en virtud de dicho Reglamento, debido a las desventajas económicas causadas por la supuesta imposición de obligaciones de servicio público (en lo sucesivo, «OSP»), en 1997 y 1998, respectivamente. Según Arfea, el importe de la compensación percibida, que se calculó de conformidad con la legislación nacional, no era suficiente para compensar completamente los déficits de gestión de las OSP. La Región rechazó esta solicitud mediante notas de 14 de mayo de 2007 y 25 de enero de 2008. Mediante recursos n.os 913/2007 y 438/2008, Arfea y otros proveedores de servicios impugnaron las notas con las que se habían rechazado sus solicitudes de compensación adicional.

(10)

Mediante sentencias de 18 de febrero de 2010 (n.os 976 y 977/2010), el Tribunal Administrativo Regional de Piamonte (en lo sucesivo, «TAR Piamonte») admitió los recursos de Arfea y concluyó que esta última tenía derecho a percibir la compensación adicional por el servicio público prestado, con arreglo al Reglamento (CEE) n.o 1191/69.

(11)

En dicha sentencia, el TAR Piamonte declaró que no se puede negar a una empresa que gestiona un servicio público la compensación de los costes soportados por la prestación del servicio. La compensación insuficiente que concedió Italia podría haber representado una desventaja injustificada para la sociedad concesionaria. El TAR Piamonte considera, además, que Arfea tenía derecho a recibir una compensación por el servicio público, aun no habiendo solicitado previamente la supresión de las OSP. Según el TAR Piamonte, el importe exacto de la compensación adicional adeudada a Arfea debía haber sido fijado por la Región sobre la base de datos fiables extraídos de la contabilidad de la empresa que mostraran la diferencia entre los costes imputables a la parte de la actividad de Arfea afectada por la obligación de servicio público y los correspondientes ingresos. No obstante, la Región no calculó el importe de la compensación que debía abonar a Arfea, de acuerdo con las disposiciones del TAR.

(12)

Mediante las resoluciones n.os 198 y 199, de 14 de febrero de 2013, el TAR Piamonte designó un perito (en lo sucesivo, «perito») para que comprobara si los importes que solicitaba Arfea (1 446 526 EUR para 1997 y 421 884 EUR para 1998) se habían calculado de conformidad con el Reglamento (CEE) n.o 1191/1969 y con arreglo a los apartados 87 a 95 de la sentencia Altmark (7). Las sentencias del TAR (giudizio per l'ottemperanza) n.os 1070 y 1071/2013, de 10 de octubre de 2013, muestran que el perito había comprobado que la desventaja económica en forma de infracompensación sufrida por Arfea correspondía a 1 196 780 EUR para 1997 y a 102 814 EUR para 1998. El TAR cuantificó los importes de la compensación adicional que la Región estaba obligada a pagar a Arfea y ordenó el abono de dichos importes antes del 7 de febrero de 2014. Las autoridades italianas confirmaron que la Región había efectuado el pago de los importes en favor de Arfea el 7 de febrero de 2014.

(13)

El pago de estas compensaciones adicionales a Arfea por la Región, en cumplimiento de las sentencias n.os 1070 y 1071/2013, constituye la medida no notificada y el objeto de la presente Decisión.

(14)

Como se describe en la sección anterior, el TAR designó un perito para que determinara la compensación adicional que la Región debía a Arfea. El 17 de junio de 2013, el perito presentó dos informes, uno en relación con 1997 y otro con 1998. El perito aportó correcciones contables al importe de la compensación que habían calculado los asesores de Arfea, pero confirmó que la metodología que se había aplicado para calcular la compensación adicional era conforme con los artículos 10 y siguientes del Reglamento (CEE) n.o 1191/69 y con los apartados 87 a 95 de la sentencia Altmark. La metodología que aplicó el experto fue la siguiente:

(15)

En sus informes, el perito explica que la Región había certificado los datos que se emplearon a efectos de la comprobación. Contrariamente a las afirmaciones de las autoridades italianas, el perito considera posible determinar, sobre la base de las cuentas de Arfea, los costes derivados del cumplimiento de las obligaciones de servicio público supuestamente impuestas por la Región de Piamonte. Según el perito, algunos costes se pueden imputar directamente, mientras que otros se pueden separar solamente mediante una imputación indirecta de los mismos a las actividades públicas y privadas de Arfea. La imputación indirecta de los costes comunes se efectuó en razón de parámetros indicados en el llamado «modelo de base» que Arfea elaboró, supuestamente, siguiendo las instrucciones de la Región (en lo sucesivo, «Instrucciones 97»). Dichos parámetros indicaban el porcentaje de actividades relativas al servicio público urbano e interurbano que había concedido la Región y el porcentaje de otras actividades de carácter privado (p.ej., alquiler de autobuses). El perito aplicó dichos porcentajes a los costes comunes para los que no había sido posible, supuestamente, mantener cuentas separadas.

(16)

Por lo que concierne a la conformidad con la sentencia Altmark, el perito no se pronuncia sobre la cuestión de si realmente se adjudicaron a Arfea obligaciones de servicio público definidas claramente, ya que no forma parte de su encargo. El perito confirma que los parámetros para calcular las ayudas públicas se establecieron mediante la deliberación de 1984 y que la compensación adicional que quedaba comprobada en sus informes no rebasaba el importe necesario para cubrir total o parcialmente los costes derivados del cumplimiento de las OSP, habida cuenta de los ingresos correspondientes y de un beneficio razonable por ejecutar dichas obligaciones.

(17)

El perito se muestra de acuerdo con los cálculos que realizaron los asesores de Arfea sobre el beneficio razonable, que se define como remuneración media del capital, sobre la base de las siguientes hipótesis:

(18)

Por último, el perito afirma que los costes unitarios de Arfea en 1997 y 1998 concuerdan con los de una empresa media gestionada de manera eficiente que presta servicios similares en el mercado.

(19)

Por consiguiente, las compensaciones adicionales para 1997 y 1998 (1 196 780 EUR para 1997 y 102 814 EUR para 1998) corresponderían a la diferencia entre el déficit comprobado y la incidencia financiera neta, menos las ayudas públicas que abonó la Región.

(20)

Las autoridades italianas presentaron copia de 28 concesiones (licencias de concesión) que las Provincias expidieron a Arfea en relación con la prestación de servicios en 27 tramos regionales y un tramo interregional, con diferentes plazos de validez. Algunas de las concesiones se hallaban claramente en vigor durante el periodo considerado, mientras que para otras no se encontraron pruebas para la renovación, sino solamente modificaciones posteriores.

(21)

Todos los acuerdos preveían concesiones anuales, cuya renovación estaba sujeta a la presentación de una solicitud al menos un mes antes de la fecha de vencimiento y al pago de una tasa de concesión. Todas las concesiones preveían que los servicios se prestaran integralmente por cuenta y riesgo de la empresa. Varias concesiones remiten a cuadros regionales que fijan las tarifas. Cinco concesiones indican que la prestación del servicio no da lugar a un derecho a subvenciones o compensaciones de ningún tipo. Las 23 concesiones restantes indican que el acceso a las ayudas públicas está sujeto al respeto de las disposiciones de las concesiones y que los cálculos pertinentes se deben efectuar sobre la base de la deliberación de 1984 (10).

(22)

Como se desprende de la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión albergaba numerosas dudas con respecto a la compatibilidad de la medida con el mercado interior.

(23)

En primer lugar, la Comisión tenía dudas acerca de que se cumplieran los cuatro criterios que estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de Justicia») en la sentencia Altmark.

(24)

En segundo lugar, la Comisión albergaba dudas en relación con el hecho de que se exonerase a la medida en cuestión de la obligación de notificación, de conformidad con el artículo 17, apartado 2 del Reglamento (CEE) n.o 1191/69. En particular, la Comisión manifestó sus dudas acerca del hecho de que, en primer lugar, la Región hubiese impuesto de manera unilateral a Arfea una OSP y, en segundo lugar, que la compensación considerada fuese conforme con todas las disposiciones del Reglamento (CEE) n.o 1191/69. En el caso de que no se cumpliera ninguna de las dos condiciones, sería necesario valorar la compatibilidad de la medida notificada con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1370/2007.

(25)

En tercer lugar, la Comisión tenía dudas sobre la posible compatibilidad de la medida a tenor de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1370/2007. La Comisión dudaba que Arfea hubiera recibido el encargo de cumplir obligaciones de servicio público (OSP) de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1370/2007 mediante un contrato de servicio público o a través de la aplicación de normas generales. Asimismo, en caso de que pudiera considerarse que los acuerdos de concesión constituían contratos de servicio público, la Comisión dudaba que respetasen las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1370/2007, que define el contenido obligatorio de los contratos de servicio público. La Comisión, además, albergaba dudas acerca del hecho de que la compensación que se concedió a Arfea se hubiera calculado a tenor de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1370/2007 para evitar una compensación excesiva.

(26)

En cuarto lugar, la Comisión tenía dudas en relación con la naturaleza exacta de la medida en cuestión. Concretamente, la Comisión dudaba de que la medida considerada, en lugar de una concesión de compensación de servicio público, pudiera considerarse una indemnización por daños y perjuicios debidos a actos ilícitos, lo cual no constituye una ventaja conforme al artículo 107, apartado 1, del Tratado.

(27)

Las autoridades italianas consideran que la medida notificada constituye una ayuda estatal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado; concretamente porque no cumple todos los criterios que estableció el Tribunal de Justicia en la sentencia Altmark. Según las autoridades italianas, además, la compensación concedida por la Región no cumplía ni el Reglamento (CEE) n.o 1191/69 ni al Reglamento (CE) n.o 1370/2007. En este sentido, Italia presentó, en esencia, los siguientes argumentos.

(28)

Las autoridades italianas subrayaron que no existía una imposición, ni unilateral ni contractual, de obligaciones de servicio público para la prestación de servicios de autobús durante el periodo considerado. El primer lugar, Italia afirma que Arfea operaba en virtud de concesiones que debían renovarse cada año mediante solicitud previa de la empresa interesada. Dichas concesiones (un total de 28, que se enumeran en el considerando 19) preveían la obligación de adoptar un sistema de tarifas aprobado por la Región para un recorrido preestablecido que tenía como contrapartida el derecho de prestar los servicios en cuestión de forma exclusiva, pero no indicaban OSP específicas a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de Reglamento (CEE) n.o 1191/69. De forma análoga, según las autoridades italianas, las concesiones no indicaban parámetros de compensación establecidos previamente en relación con OSP específicas. La concesión de una compensación a posteriori mediante sentencia de un tribunal italiano sería incompatible con dicho requisito.

(29)

En segundo lugar, todas las licencias de concesión establecen que «se entiende que la empresa operadora presta el servicio por su cuenta y riesgo» y que el coste correspondiente corre totalmente a cargo del contratista. A pesar de que las concesiones que otorgaron las autoridades italianas establecían que la empresa prestase el servicio completamente por su cuenta y riesgo, Arfea solicitó la prórroga en repetidas ocasiones.

(30)

En tercer lugar, las licencias de concesión muestran, además, que la empresa solicitó varias veces que se modificaran los tramos cubiertos por sus autobuses y, por consiguiente, cabe descartar que la Administración regional o provincial concedente impusiera posibles OSP, aunque fuera de manera implícita.

(31)

Asimismo, las autoridades italianas explicaron que, frente al derecho de prestar servicios de transporte en exclusiva, conforme a las modalidades y con las modificaciones que la empresa solicitó introducir, esta última recibió, como compensación del servicio prestado, las ayudas de explotación que prevé la legislación italiana, sobre la base del coste normalizado determinado con arreglo a la deliberación de 1984. El coste normalizado del servicio se calculó de conformidad con la legislación en vigor en aquel entonces (Ley n.o 151/81 y Ley regional n.o 16/82), que establecía una ayuda para los servicios de transporte local prestados en razón de un coste normalizado aprobado, que debía conducir a la compensación íntegra del déficit de explotación de la empresa. Con arreglo a la legislación italiana, las ayudas de ejercicio pretendían alcanzar el equilibrio económico del gestor del servicio, mientras que otros posibles déficits debían imputarse a la falta de eficiencia de la gestión de la empresa. Por consiguiente, estaba previsto de forma expresa que dichos déficits adicionales continuasen corriendo a cargo de la empresa, ya que no se habían adoptado todas las medidas necesarias para reducir los costes y aumentar las ganancias.

(32)

Asimismo, las autoridades afirman que el cálculo de la compensación adicional que realizó a posteriori el perito que designó el tribunal constituye una violación clara de las disposiciones relativas a los métodos comunes de compensación, con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CEE) n.o 1191/69. De acuerdo con las autoridades italianas, el perito al que consultó el tribunal se limitó a analizar los gastos y los ingresos que presentó el asesor de la empresa, que se habían determinado a posteriori y en ausencia de una separación adecuada de las cuentas. Concluyó, tras señalar las discrepancias de algunas partidas, que el resultado obtenido era, en esencia, correcto.

(33)

Asimismo, las autoridades italianas consideran que la compensación no respeta ni siquiera las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1370/2007. En particular, el cálculo del importe de la compensación no respetaría la metodología que recoge el anexo del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 para calcular la incidencia financiera neta del cumplimiento de las OSP.

(34)

Por último, las autoridades italianas afirman que las sentencias del TAR requerían el pago de una compensación financiera a Arfea por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público en 1997 y 1998, pero no estipulaban la concesión de una indemnización por daños y perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del pago de dichas ayudas. Las autoridades italianas explicaron que el 6 de junio de 2014 Arfea presentó una demanda de indemnización por daños y perjuicios, además de la compensación que ya había concedido el TAR. Según las autoridades italianas, esto demostraría que la compensación que el TAR reconoció a Arfea, y que es objeto de la presente Decisión, no tenía valor de indemnización.

(35)

El único tercero que presentó observaciones en respuesta a la Decisión de incoar el procedimiento fue Arfea, es decir, el beneficiario de la medida. En su exposición, Arfea no está de acuerdo con las posiciones preliminares que adoptó la Comisión en dicha Decisión.

(36)

Arfea afirma, en primer lugar, que la Comisión debería valorar la compatibilidad y la legitimidad de la medida considerada solamente a tenor de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n.o 1191/69 y no con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1370/2007. Según Arfea, el Reglamento (CE) n.o 1370/2007 no puede aplicarse a situaciones que se originaron con anterioridad a su entrada en vigor, es decir, el 3 de diciembre de 2009, como ya confirmó el Tribunal en la sentencia de 20 de marzo de 2013 en el asunto T-92/11, Andersen. No obstante, Arfea afirma que, en todo caso, las compensaciones que le fueron reconocidas cumplen el Reglamento (CE) n.o 1370/2007.

(37)

En segundo lugar, Arfea afirma que recibió el encargo de cumplir las obligaciones de servicio público de conformidad con el artículo 2, apartados 1 y 2 del Reglamento (CEE) n.o 1191/69. De acuerdo con Arfea, los servicios de transporte público local constituyen servicios públicos. En Italia, estos servicios se asignan mediante concesiones administrativas y las obligaciones de servicios públicos ligadas a la prestación de servicios se recogen en los acuerdos de concesión, así como en los convenios y licencias que se adjuntan a dichos acuerdos. En el caso de Arfea, las obligaciones de servicio público guardarían relación con los programas explotación, los recorridos de las líneas, las paradas y las tarifas. Por lo que se refiere al hecho de que las concesiones requieren que el servicio se preste por cuenta y riesgo de la empresa operadora, Arfea afirma que esto se refiere a los riesgos relativos a la seguridad de los viajeros y de terceros, pero no al riesgo general de la empresa.

(38)

En tercer lugar, Arfea afirma que la falta de solicitud de supresión de las OSP, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CEE) n.o 1191/69, no la priva del derecho a la compensación con arreglo a dicho Reglamento. Según Arfea, el procedimiento que establece el artículo 4 del Reglamento (CEE) n.o 1191/69 no se aplicaría a las OSP impuestas a una empresa con posterioridad a la entrada en vigor de dicho Reglamento. Esta interpretación del artículo 4 del Reglamento (CEE) n.o 1191/69, de acuerdo con Arfea, queda confirmada en la sentencia del Tribunal de Justicia, de 3 de marzo de 2014, del asunto C-518/12, CTP.

(39)

En cuarto lugar, por lo que concierne al cálculo del importe de la compensación que el TAR Piamonte reconoció a Arfea, esta última afirma que la Comisión no puede cuestionar el informe del perito que designó el tribunal, en la medida en que se trata de una acción de instrucción técnica de la que es competente el juez nacional exclusivamente. En todo caso, según Arfea, los parámetros para calcular la compensación se habrían definido previamente en la deliberación del Consiglio regionale de 16 de febrero de 1984 y la compensación no resultaría excesiva. Las compensaciones consideradas serían, por lo tanto, conformes con las disposiciones que recoge al respecto el Reglamento (CEE) n.o 1191/69.

(40)

En quinto lugar, según Arfea, los argumentos descritos en los considerandos 37, 38 y 39 se aplicarían también a la valoración de la compatibilidad de la compensación considerada con las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1370/2007. Sin embargo, por lo que se refiere a la conformidad de las compensaciones con los requisitos formales que establece dicho Reglamento, citados por la Comisión en los apartados 64 y siguientes de la Decisión de incoar el procedimiento, Arfea afirma que estos no se aplican en el asunto considerado. De acuerdo con Arfea, sería imposible, tanto jurídica como lógicamente, demostrar la conformidad con tales requisitos, dado que la situación considerada data de muchos años antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.o 1370/2007.

(41)

Por último, Arfea afirma que las compensaciones que le reconoció el TAR Piamonte cumplen los cuatro criterios que prevé la sentencia Altmark. En primer lugar, Arfea habría recibido el encargo de cumplir obligaciones de servicio público definidas claramente, con arreglo al primer criterio de la sentencia Altmark. En segundo lugar, los parámetros para calcular la compensación se habrían definido previamente de manera transparente y objetiva en la deliberación del Consiglio regionale de 16 de febrero de 1984, a tenor del segundo criterio de la sentencia Altmark. En tercer lugar, el informe del perito habría establecido que la compensación no rebasaba el coste derivado del cumplimiento de las obligaciones de servicio público, habida cuenta de un margen de beneficio razonable, de conformidad con el tercer criterio de la sentencia Altmark. Por último, Arfea sería una empresa mediana gestionada de manera eficiente, conforme al cuarto criterio de la sentencia Altmark, como demuestra el hecho de que su coste medio/km era inferior a los costes normalizados regionales.

(42)

En respuesta a las observaciones que formuló Arfea, las autoridades italianas objetan la posición expresada en sus observaciones sobre la Decisión de incoar el procedimiento sin más comentarios.

(43)

En virtud del artículo 107, apartado 1, del Tratado, «[…] serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

(44)

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 107, apartado 1, del Tratado, una medida de apoyo constituye ayuda estatal si se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

(45)

La Comisión observa que la sentencia del TAR obliga a la Región a pagar una compensación adicional a Arfea por la prestación de servicios de autobús de línea en 1997 y 1998 en las rutas incluidas en el ámbito de competencias de la Región. El perito calculó que Arfea había sufrido una desventaja económica o infracompensación equivalente a 1 196 780 EUR en 1997 y a 102 814 EUR en 1998 como consecuencia de las supuestas OSP que le habían sido impuestas. El 7 de febrero de 2014, la Región abonó este importe a Arfea para dar cumplimiento a dicha sentencia.

(46)

El hecho de que la Región haya sido obligada por un órgano jurisdiccional nacional a pagar una compensación a una empresa no implica la no imputabilidad a la Región que ha ejecutado la sentencia, dado que los órganos jurisdiccionales nacionales del Estado en cuestión, en tanto que organismos estatales, están sujetos a un deber de cooperación leal (11).

(47)

La medida es, pues, imputable al Estado, y los fondos utilizados para el pago de la compensación son fondos estatales.

(48)

La Comisión observa, en primer lugar, que Arfea desarrolla una actividad económica, en concreto, el transporte de viajeros, a cambio de una remuneración. Por lo tanto, Arfea debe ser considerada una «empresa» a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado.

(49)

Por otra parte, la concesión de la medida debería considerarse selectiva, ya que solo beneficia a Arfea.

(50)

Por lo que se refiere a la concesión de una ventaja económica, de la sentencia Altmark se desprende que la compensación concedida por el Estado o mediante fondos estatales como compensación directa en contrapartida de las prestaciones realizadas por las empresas beneficiarias para el cumplimiento de obligaciones de servicio público no confiere una ventaja a dichas empresas y, por lo tanto, no constituye ayuda estatal a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado si se cumplen los cuatro criterios acumulativos:

(51)

La sentencia Altmark exige que se cumplan todos y cada uno de estos cuatro criterios de forma acumulativa para descartar la presencia de una ventaja económica para las empresas que reciban una compensación por las obligaciones de servicio público impuestas.

(52)

Por lo que concierne al primer criterio de la sentencia Altmark, la Comisión observa, en primer lugar, que compete a los Estados miembros demostrar que una empresa determinada ha recibido el encargo de cumplir obligaciones de servicio público y que la imposición de dichas obligaciones está justificada mediante consideraciones de interés general (12). No obstante, las autoridades italianas no han explicado qué obligaciones de servicio público justificadas mediante consideraciones de interés general se impusieron a Arfea. Por el contrario, afirmaron que Arfea no había recibido el encargo de cumplir ninguna obligación de servicio público.

(53)

En segundo lugar, la Comisión observa que el concepto de obligación de servicio público se refiere a condiciones impuestas a un operador que este, si considerase su propio interés comercial, no aceptaría o solo a cambio de una recompensa. Asimismo, la autoridad competente debe definir de manera clara dichas condiciones en un acto de atribución. En este sentido, Arfea no ha sido capaz de precisar las obligaciones de servicio público que se le habían impuesto ni de demostrar que dichas OSP habían quedado definidas de forma clara en un acto de atribución. Asimismo, por los motivos expuestos en los considerandos 77 a 82, la Comisión considera que existen razones fundadas para afirmar que no se impusieron a Arfea obligaciones de servicio público definidas de forma clara.

(54)

Por lo que concierne al segundo criterio de la sentencia Altmark, la Comisión observa que los parámetros para calcular la compensación que se concedió a Arfea en virtud de las sentencias del TAR no se habían definido en la fase preliminar. Dichos parámetros son únicamente el resultado de un cálculo que el perito realizó a posteriori sobre la base de varias hipótesis que no estaban motivadas de manera adecuada y en ausencia de una separación de las cuentas.

(55)

Contrariamente a las afirmaciones de Arfea, no se puede considerar que los parámetros para calcular las compensaciones en cuestión se hubieran definido en la deliberación del Consiglio regionale, de 16 de febrero de 1984. De hecho, las compensaciones que el TAR reconoció a Arfea constituyen compensaciones adicionales, cuyo objeto concreto era cubrir los gastos financieros de las supuestas OSP que se habían impuesto a Arfea, y que no habrían cubierto integralmente las compensaciones ya concedidas a la empresa mediante la aplicación de la deliberación del Consiglio regionale, de 16 de febrero de 1984.

(56)

Este enfoque contradice el segundo criterio de la sentencia Altmark y cualquier compensación concedida sobre dicha base constituye una ayuda estatal. En la sentencia Altmark el Tribunal aclaró que «constituye una intervención financiera incluida en el concepto de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado la compensación por parte de un Estado miembro de las pérdidas sufridas por una empresa sin que se hayan establecido previamente los parámetros de tal compensación, cuando, a posteriori, se comprueba que la explotación de determinados servicios en el marco de la ejecución de obligaciones de servicio público no ha sido económicamente viable» (13).

(57)

La Comisión concluye, por lo tanto, que la medida notificada no cumple el segundo criterio de la sentencia Altmark.

(58)

Por lo que se refiere al tercer criterio de la sentencia Altmark, la Comisión considera, en primer lugar, que, cuando una empresa desarrolla tanto actividades que están sujetas a OSP como actividades que no lo están, no se pueden determinar con precisión los costes derivados del cumplimiento de las OSP en ausencia de una separación adecuada de las cuentan entre las diferentes actividades del proveedor.

(59)

En el caso considerado, las autoridades italianas afirmaron que Arfea no había adoptado un sistema adecuado de separación de las cuentas entre las actividades supuestamente sujetas a OSP impuestas por la Región del Piamonte y sus otras actividades. Asimismo, la Comisión manifestó sus dudas en relación con el hecho de que Arfea hubiese adoptado dicho sistema de separación de las cuentas y la empresa no formuló observaciones al respecto. Además de los extractos bancarios de las cuentas de Arfea, que el perito designado por el tribunal empleó para determinar el importe de las compensaciones, no se observa ninguna separación de las cuentas entre las diferentes actividades de Arfea. El perito designado por el tribunal realizó el reparto de los costes a posteriori, de acuerdo con el modelo de base que habían preestablecido los asesores de Arfea, que determinaba los porcentajes de los gastos que se debían atribuir a las diferentes actividades de la empresa.

(60)

En segundo lugar, la Comisión considera que los niveles de ganancias que el perito tomó en consideración para calcular el importe de las compensaciones son superiores al que se puede considerar un beneficio razonable a tenor del tercer criterio de la sentencia Altmark.

(61)

El perito consideró que una tasa de rendimiento del capital invertido del 12,89 % para 1997 y del 10,81 % para 1998 era un nivel de ganancias razonable; estas tasas se basan en el rendimiento de bonos del Tesoro decenales italianos (6,8 % en 1997) más una prima por el riesgo medio (4,8 % en 1997) corregido al alza para tomar en cuenta la situación financiera de Arfea (1,28 para 1997).

(62)

En este sentido, la Comisión observa que la prima de riesgo que determinó el perito es especialmente alta, si se considera que la exposición al riesgo de Arfea era bastante limitada. De hecho, Arfea ejercitaba las concesiones conforme a un derecho exclusivo que la protegía de la competencia de otros operadores y la compensación que determinó el perito cubría el supuesto coste total derivado del cumplimiento de las obligaciones de servicio público.

(63)

La Comisión considera, además, que, a pesar de haber observado que el sector de los transportes presentaba un riesgo medio inferior al del mercado, el perito corrigió al alza la prima de riesgo con el fin de tomar en cuenta la exposición financiera de Arfea, que era superior a la media del sector. Así, el perito no tuvo en cuenta el riesgo de una empresa media de transportes, sino el riesgo de Arfea, que era superior a la media del sector.

(64)

Habida cuenta de lo que precede, la Comisión considera que no se cumple el tercer criterio de la sentencia Altmark.

(65)

Una vez considerado el carácter acumulativo de los criterios de la sentencia Altmark, y dado que la medida considerada no cumple los primeros tres criterios, no existen motivos por los que la Comisión deba examinar si se cumple el cuarto criterio de dicha sentencia.

(66)

Sobre la base de las consideraciones arriba descritas, la Comisión considera que la compensación adicional que se abonó a Arfea por los servicios prestados durante el periodo considerado no cumplen los cuatro criterios acumulativos de la sentencia Altmark y, por lo tanto, confiere a la empresa una ventaja económica selectiva con arreglo al artículo 107, apartado 1, del Tratado.

(67)

La Comisión observa, en primer lugar, que las compensaciones consideradas se concedieron a Arfea en virtud de dos sentencias del TAR Piamonte de 10 de octubre de 2013; la Región del Piamonte abonó dichas compensaciones el 7 de febrero de 2014, es decir, mucho tiempo después de que el mercado del transporte de viajeros en autobús se abriera a la competencia de la Unión Europea.

(68)

En este sentido, el Tribunal de Justicia observó en la sentencia Altmark que desde 1995 varios Estados miembros habían comenzado a abrir algunos mercados de transporte a empresas establecidas en otros Estados miembros, ya en aquel momento había varias empresas que ofrecían servicios de transporte local o regional en Estados miembros distintos de su país de origen.

(69)

En conclusión, debe considerarse que cualquier compensación concedida a Arfea puede falsear la competencia en el ámbito de la prestación de servicios de transporte de viajeros en autobús, y afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros hasta el punto de repercutir negativamente en la posibilidad para las empresas de transporte establecidas en otros Estados miembros de ofrecer sus servicios en Italia, y refuerza la posición de mercado de Arfea, eximiéndola de gastos que de otro modo habría tenido que soportar en el marco de sus actividades económicas cotidianas.

(70)

La Comisión observa asimismo que Arfea opera en otros mercados, como los servicios de transporte privado, y que, por lo tanto, compite con otras empresas dentro de la Unión que también operan en estos mercados. Cualquier compensación concedida a Arfea falsearía necesariamente la competencia y afectaría a los intercambios comerciales entre Estados miembros en tales mercados.

(71)

Por consiguiente, la Comisión concluye que la medida falsea la competencia y afecta a los intercambios comerciales entre Estados miembros.

(72)

Habida cuenta de cuanto antecede, la Comisión considera que la medida constituye ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado.

(73)

El razonamiento del TAR según el cual Arfea tenía derecho a una compensación adicional por las OSP con arreglo al Reglamento (CEE) n.o 1191/69 implica que Arfea habría debido adquirir el derecho a la compensación adicional en el momento en que concedió los servicios, y dichos pagos de la compensación debían ser dispensados del procedimiento de notificación obligatoria a tenor del artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 1191/69. De lo contrario, si la compensación constituyera ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado, la falta de notificación de la compensación haría que esta fuera ilegal en virtud del artículo 108 del Tratado. Esto es así porque, sobre la base del artículo 17, apartado 2, de dicho Reglamento, las compensaciones que resulten de la aplicación del mismo serán dispensadas del procedimiento de información previa previsto en el artículo 108, apartado 3, del Tratado, y, por lo tanto, de la obligación de notificación previa.

(74)

En este sentido, de la sentencia Combus se desprende que el concepto de «compensación por obligaciones de servicio público», según la definición que figura en dicha disposición, debe interpretarse de manera muy restrictiva (14). La exención de la obligación de notificación contemplada en el artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 1191/69 se refiere únicamente a las compensaciones por obligaciones de servicio público impuestas de forma unilateral a una empresa a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de dicho Reglamento, y calculadas según el método descrito en los artículos 10 a 13 del mismo (métodos comunes de compensación). Sin embargo, no se aplica a los contratos de servicio público, tal y como se definen en el artículo 14 de dicho Reglamento. La compensación pagada en virtud de un contrato de servicio público, según la definición que figura en el artículo 14 del Reglamento (CEE) n.o 1191/69, que constituya ayuda estatal, debe notificarse a la Comisión con anterioridad a su ejecución. De conformidad con el artículo 108 del Tratado, en el caso de no notificación, dicha compensación se considerará una ayuda ejecutada ilegalmente.

(75)

Con el fin de determinar si, en el asunto que nos ocupa, el artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 1191/69 dispensa efectivamente a las autoridades italianas de la obligación de notificación previa, es necesario, en primer lugar, saber si la Región impuso unilateralmente una obligación de servicio público a Arfea y, en segundo lugar, si la compensación concedida por dicha obligación se atiene a lo establecido en el Reglamento (CEE) n.o 1191/69. La Comisión evaluará sucesivamente ambas cuestiones.

(76)

Según Arfea, la Región del Piamonte le impuso obligaciones de servicio público que estaban definidas en los acuerdos de concesión para la prestación de servicios de transporte por autobús, así como en los convenios y licencias que se adjuntaban a dichos acuerdos. Tales obligaciones de servicio público guardarían relación con los programas de explotación, los recorridos de las líneas, las paradas y las tarifas.

(77)

La Comisión observa, en primer lugar, que todos los acuerdos de concesión preveían un periodo de validez anual y eran renovables mediante solicitud del proveedor de los servicios de transporte, previo pago de una tasa de concesión. Por consiguiente, tales concesiones constituían los pilares de una relación contractual entre Arfea y la Región del Piamonte, que Arfea suscribió de manera voluntaria.

(78)

Por lo tanto, no se puede considerar que, sobre la base de dichos acuerdos, se hayan impuesto a Arfea obligaciones de servicio público, de conformidad con el Reglamento (CEE) n.o 1191/69. De acuerdo con el Tribunal en relación con la sentencia de 3 de marzo de 2016 en el asunto T-15/14 Simet, la suscripción voluntaria de una relación contractual es diferente de la imposición unilateral de OSP y no da lugar a una obligación de compensación, a tenor de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n.o 1191/69 (15).

(79)

En segundo lugar, la Comisión observa que Arfea no identificó de forma clara los convenios ni las licencias que se adjuntaban a los acuerdos de concesión que le habrían impuesto las obligaciones de servicio público. No obstante, la Comisión considera que Arfea se refiere a las licencias relativas a los tramos y los horarios adjuntos a los acuerdos de concesión, así como a las tablas que fijan las tarifas regionales, que hacían referencia a algunos acuerdos de concesión.

(80)

Por lo que concierne a dichas licencias, la Comisión señala que no se puede considerar que estas constituyan una imposición unilateral de OSP a Arfea. De hecho, al igual que hizo con los acuerdos de concesión, Arfea las había suscrito de manera voluntaria. Asimismo, el contenido (por ejemplo, los tramos), había sido modificado para varias concesiones a petición de Arfea. Por lo tanto, no se puede considerar que constituyan una imposición unilateral de obligaciones de servicio público, con arreglo al artículo 2 del Reglamento (CEE) n.o 1191/69.

(81)

Por lo que concierne a las tablas que fijan las tarifas regionales, que comprenden las tarifas máximas para todos los viajeros, la Comisión observa que, en la sentencia de 3 de marzo de 2016 en el asunto T-15/14 Simet, el Tribunal precisó que las disposiciones de carácter general en materia de tarifas no imponen OSP, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento (CEE) n.o 1191/69. De hecho, según el Tribunal, el concepto de obligación tarifaria, conforme a dicha disposición, se limita a las tarifas máximas impuestas para una categoría concreta de viajeros o de productos y no comprende las medidas generales de política de precios (16).

(82)

Por último, la Comisión indica que, en todo caso, el hecho de que Arfea hubiese solicitado la renovación de las concesiones y que incluso hubiese pagado una tasa a tal efecto no puede conciliarse con la imposición de una obligación de servicio público en virtud del artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CEE) n.o 1191/69. De hecho, conforme a dicha disposición, se entenderá por obligaciones de servicio público «las obligaciones que la empresa de transporte no aceptaría, o no en la misma medida ni en las mismas condiciones, si considerara su propio interés comercial». De acuerdo con lo que señalaba el Tribunal en la sentencia de 3 de marzo de 2016 en el asunto T-15/14 Simet, resulta poco creíble que una empresa solicite la renovación de una concesión, habida cuenta de las obligaciones relacionadas con ella, si la explotación correspondiente es contraria a sus intereses comerciales.

(83)

Aunque se demostrara que se impusieron unilateralmente a Arfea obligaciones de servicio público, quod non, la compensación por tales servicios debería ajustarse al método común de compensación establecido por el Reglamento (CEE) n.o 1191/69 (sección IV) para poder quedar dispensada de la obligación de información previa contemplada en el artículo 17, apartado 2, de dicho Reglamento. La Comisión no cree que se dé esta circunstancia.

(84)

En tal sentido, la Comisión menciona, en primer lugar, que de los artículos 10 y 11 del Reglamento (CEE) n.o 1191/69 se desprende que una compensación no puede ser superior a los gastos económicos que soporta una empresa como consecuencia de la imposición de obligaciones de servicio público. Asimismo, el artículo 1, apartado 5 del Reglamento (CEE) n.o 1191/69, en la versión que en entró en vigor el 1 de julio de 1992, prevé que: «En caso de que una empresa de transporte explote al mismo tiempo servicios sujetos a obligaciones de servicio público y otras actividades, dichos servicios públicos deberán integrarse en secciones independientes que cumplan como mínimo los siguientes requisitos:

[…]».

(85)

En segundo lugar, la Comisión observa que en el artículo 13 del Reglamento (CEE) n.o 1191/69 se exige que la Administración fije previamente el importe de la compensación.

(86)

En el caso que nos ocupa, la Comisión considera que la compensación concedida a Arfea no satisface estos requisitos.

(87)

En primer lugar, la Comisión señala que, conforme al considerando 59, no ha quedado demostrado que Arfea hubiese adoptado un sistema adecuado para separar las cuentas entre las actividades supuestamente sujetas a OSP y sus otras actividades, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 5, letra a), del Reglamento (CEE) n.o 1191/69. Sin embargo, los extractos bancarios de las cuentas de Arfea relativas a 1997 y 1998, que empleó el perito designado por el Tribunal para determinar el importe de las compensaciones, muestran que no se habían diferenciado los gastos en función de la actividad de la cual se derivaban.

(88)

En segundo lugar, la Comisión señala que, en contra de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CEE) n.o 1191/69, la compensación que se concedió a Arfea no se había fijado con anterioridad, sino que se había determinado sobre la base de una valoración a posteriori, conforme al mandato del TAR.

(89)

A la luz de estas observaciones, la Comisión concluye que la compensación que el TAR Piamonte consideró que debía abonarse a Arfea no estaba dispensada del procedimiento de información previa contemplado en el artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 1191/69.

(90)

Al no haberse demostrado que la medida en cuestión estuviera dispensada de la obligación de notificación previa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 1191/69, será preciso comprobar su compatibilidad con el mercado interior, dado que se considera que constituye ayuda estatal a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado, tal y como se indica en la sección 6.1.

(91)

El artículo 93 del Tratado contiene normas relativas a la compatibilidad de las ayudas estatales en el ámbito de la coordinación de los transportes y de las obligaciones de servicio público en el sector de los transportes y constituye una lex specialis con respecto al artículo 107, apartado 3, y al artículo 106, apartado 2, en la medida en que contiene normas específicas relativas a la compatibilidad de las ayudas estatales. El Tribunal de Justicia ha dictaminado que ese artículo «únicamente reconoce la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas a los transportes en casos bien determinados que no perjudiquen los intereses generales [de la Unión]» (17).

(92)

El 3 de diciembre de 2009, entró en vigor el Reglamento (CE) n.o 1370/2007, que deroga el Reglamento (CEE) n.o 1191/69 y el Reglamento (CEE) n.o 1107/70 del Consejo (18). El Reglamento (CE) n.o 1370/2007 se aplica a la compensación de las obligaciones de servicio público relativas a los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera.

(93)

La Comisión considera que el examen de la compatibilidad de la medida no notificada debe realizarse con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1370/2007, que constituye la normativa vigente en el momento de la adopción de la presente Decisión. Además, la Comisión observa que la compensación adicional concedida a Arfea por el TAR se desembolsó el 7 de febrero de 2014 (19).

(94)

El artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 establece que «las compensaciones de servicio público para la prestación de servicios públicos de transporte de viajeros o para cumplir las obligaciones tarifarias establecidas en virtud de normas generales, abonadas de conformidad con el presente Reglamento, serán compatibles con el mercado común y quedarán exentas de la obligación de notificación previa establecida en el artículo [108, apartado 3], del Tratado».

(95)

Por las razones que se exponen a continuación, la Comisión cree que la compensación no notificada no se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1370/2007 y, por consiguiente, no puede ser declarada compatible con el mercado interior con arreglo al artículo 9, apartado 1, de dicho Reglamento.

(96)

En primer lugar, la Comisión señala que los acuerdos de concesión no cumplen las disposiciones del artículo 4 de dicho Reglamento, que define el contenido obligatorio de los contratos de servicio público y de las normas generales:

(97)

En segundo lugar, la Comisión observa que la medida en cuestión no cumple las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 en relación con el cálculo del importe de la compensación.

(98)

El artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 establece que, en el caso de los contratos de servicio público adjudicados directamente, la compensación debe cumplir las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 y las disposiciones establecidas en el anexo, a fin de garantizar que la compensación no supera el nivel necesario para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público.

(99)

El punto 2 del anexo del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 establece que la compensación no podrá rebasar el importe correspondiente a la incidencia financiera equivalente a la suma de los siguientes factores: los costes soportados en relación con la OSP, menos los ingresos derivados de los títulos de viaje, menos las posibles incidencias financieras positivas generadas dentro de la red, que está gestionada en función de la obligación de servicio público, más un beneficio razonable. El punto 4 del anexo establece que los gastos y los ingresos deben calcularse de conformidad con las normas contables y fiscales en vigor. El punto 5 del anexo dispone lo siguiente: «cuando un operador de servicio público explote a la vez servicios compensados sometidos a obligaciones de servicio de transporte público y otras actividades, la contabilidad de dichos servicios públicos deberá separarse de forma que se cumplan como mínimo las condiciones siguientes:

(100)

No obstante, como se describe en el considerando 59, Arfea no adoptó un sistema adecuado de separación de las cuentas entre las actividades supuestamente sujetas a OSP y sus otras actividades, a tenor de lo que dispone el punto 5 del anexo del Reglamento (CE) n.o 1370/2007. Por consiguiente, es imposible demostrar que, sea cual sea el importe de la compensación finalmente decidida, esta no rebase el importe correspondiente a la incidencia financiera neta, que equivale a la suma de las incidencias, positivas o negativas, del cumplimiento de la obligación de servicio público en los costes y los ingresos del operador de servicio público [punto 2 del anexo del Reglamento (CE) n.o 1370/2007]. Asimismo, en ausencia de parámetros establecidos con anterioridad, cada cálculo de la compensación debe ser efectuado necesariamente a posteriori sobre la base de hipótesis arbitrarias, como hicieron los asesores de Arfea y el perito designado por el TAR Piamonte. Por último, como muestran los considerandos 60 a 63, los niveles de beneficio que el perito tomó en consideración para calcular el importe de las compensaciones superan el nivel de lo que se puede considerar un margen de beneficio razonable.

(101)

En tercer lugar, la Comisión señala que la propia Arfea había reconocido que las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 no se cumplen en el caso considerado, y afirma que sería jurídica y lógicamente imposible demostrar dicha conformidad, ya que la situación considerada data de muchos años antes de que entrara en vigor dicho Reglamento.

(102)

Por consiguiente, la Comisión considera que la compensación adicional decretada por el TAR no se concedió de conformidad con las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1370/2007, y, por lo tanto, no es compatible con el mercado interior.

(103)

En la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión invitaba a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre la cuestión de si la sentencia del TAR no se refería más bien a la concesión de una indemnización por daños y perjuicios por una supuesta infracción de la ley, y no a la concesión de una compensación por servicio público en virtud de los Reglamentos del Consejo vigentes. Solamente las autoridades italianas presentaron observaciones al respecto, afirmando que la medida en cuestión constituía una compensación por el cumplimiento de las OSP y no una indemnización por daños y perjuicios.

(104)

A este respecto, la Comisión observa que, en determinadas circunstancias, la concesión de una indemnización por daños y perjuicios resultantes de actos ilícitos o comportamientos imputables a las autoridades nacionales (20) no constituye una ventaja y, por lo tanto, no se considera ayuda estatal a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado (21). El objetivo de la indemnización por daños y perjuicios es diferente del de las ayudas estatales en la medida en que la indemnización tiene por objeto devolver a la parte perjudicada a la situación en que se encontraba con anterioridad a la acción causante del daño, como si esta no hubiera tenido lugar (restitutio in integrum).

(105)

No obstante, para no recaer en el ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales, la indemnización por daños y perjuicios debe basarse en una regla general en materia de indemnización (22). Asimismo, en la sentencia Lucchini, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que un órgano jurisdiccional nacional no puede aplicar el Derecho nacional si tal aplicación tiene por efecto impedir «la aplicación del Derecho comunitario en la medida en que haría imposible la recuperación de una ayuda de Estado concedida en contra del Derecho comunitario» (23). La razón de ser de esta sentencia es que una norma de Derecho nacional no puede aplicarse cuando dicha aplicación impide la correcta aplicación del Derecho de la Unión (24). A este respecto, en la sentencia de 3 de marzo de 2016 relativa al asunto T-15/14 Simet, el Tribunal estableció que una indemnización por daños y perjuicios derivada de la imposición de obligaciones de servicio público no puede eludir la calificación de ayuda estatal por el solo hecho de constituir una indemnización por daños y perjuicios, en la medida en que esto permitiría eludir la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (25).

(106)

Por lo que se refiere a las compensaciones adicionales concedidas a Arfea por el TAR, la Comisión observa que las sentencias del TAR hacen referencia al derecho de Arfea a percibir los importes a título de compensación en virtud de los artículos 6, 10 y 11 del Reglamento (CEE) n.o 1191/69, cuyo valor debe ser fijado por la Administración sobre la base de datos fiables. Esto parece indicar que el derecho de Arfea a percibir una compensación adicional no se deriva, según el TAR, de una regla general en materia de indemnización por daños y perjuicios causados por actos ilícitos o comportamientos de las autoridades nacionales, sino más bien de los derechos supuestamente reconocidos por el Reglamento (CEE) n.o 1191/69.

(107)

En segundo lugar, la Comisión señala que el 6 de junio de 2014 Arfea presentó una instancia ante los órganos jurisdiccionales italianos solicitando una indemnización por daños y perjuicios por parte de la Región del Piamonte, además de las compensaciones ya concedidas a la empresa por el TAR. En la demanda, Arfea afirmaba haber sufrido daños y perjuicios como consecuencia de la demora en el reconocimiento de las compensaciones adeudadas por la Región para 1997 y 1998. Este hecho indica que Arfea no considera que las compensaciones concedidas por el TAR constituyan una indemnización por daños y perjuicios.

(108)

En tercer lugar, la Comisión considera que, en todo caso, conceder una indemnización a favor de Arfea para compensar los gastos financieros derivados de la presunta imposición unilateral ilícita de OSP por parte de las autoridades italianas constituiría una violación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

(109)

La indemnización, en efecto, tendría para Arfea exactamente el mismo efecto que la concesión de una compensación por obligaciones de servicio público durante el período considerado, aunque las licencias de concesión que regulaban los servicios en cuestión no estuvieran dispensadas de la obligación de notificación previa, ni cumplieran los requisitos materiales previstos en el Reglamento (CEE) n.o 1191/69 o en el Reglamento (CE) n.o 1370/2007, como se ha demostrado anteriormente.

(110)

Así, la disponibilidad de esta concesión permitiría efectivamente eludir las normas sobre ayudas estatales y las condiciones, establecidas por el legislador de la Unión, en las que las autoridades competentes, al imponer o contratar obligaciones de servicio público, compensan a los operadores por los gastos soportados a cambio de la ejecución de dichas obligaciones. De hecho, una indemnización por daños y perjuicios equivalente al importe de las sumas de una ayuda que se había previsto conceder supondría una concesión indirecta de la ayuda estatal ilegal e incompatible con el mercado interno (26). Como se ha descrito anteriormente, el Tribunal aclaró que, en tales circunstancias, no se pueden eludir las normas en materia de ayudas estatales simplemente por el hecho de que la medida en cuestión consistiría en una indemnización por daños y perjuicios (27).

(111)

Por lo tanto, la Comisión no cree que la sentencia del TAR constituya la concesión de una indemnización por los perjuicios sufridos por Arfea debido a actos ilícitos o cualquier otro comportamiento de las autoridades nacionales, sino más bien la concesión de ayudas estatales ilegales e incompatibles, prohibidas por el artículo 107, apartado 1, del Tratado.

(112)

A la luz de las anteriores consideraciones, la Comisión concluye que la medida no notificada constituye una ayuda estatal a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado, incompatible con el mercado interior.

(113)

De conformidad con el Tratado y según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión es competente para decidir si el Estado en cuestión debe suprimir o modificar la ayuda una vez comprobada su incompatibilidad con el mercado interior (28). De la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia también se desprende que, en el caso de las ayudas que la Comisión considera incompatibles con el mercado interior, la obligación de suprimir la ayuda, impuesta al Estado miembro tiene por objeto restablecer la situación preexistente (29).

(114)

El Tribunal de Justicia ha establecido al respecto que este objetivo se alcanza una vez que el beneficiario ha reembolsado los importes recibidos en forma de ayudas ilegales, perdiendo así la ventaja de la que había gozado en el mercado frente a sus competidores, y una vez que se restablece la situación anterior a la concesión de la ayuda (30).

(115)

De conformidad con la jurisprudencia, el artículo 16, apartado 1 del Reglamento (UE) n.o 2015/1589 del Consejo (31) recoge lo siguiente: «Cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda […]».

(116)

Por consiguiente, dado que las medidas en cuestión se ejecutaron incumpliendo el artículo 108 del Tratado y deben considerarse ayuda ilegal e incompatible, deben recuperarse con el fin de restablecer la situación que existía en el mercado antes de su concesión. La recuperación comprende el periodo a partir del momento en que Arfea empezó a disfrutar de la ventaja, esto es, cuando las ayudas se pusieron a su disposición (el 7 de febrero de 2014), hasta su reembolso efectivo; las sumas por reembolsar comprenden los intereses acumulados hasta la recuperación efectiva.

a)

el importe total (principal e intereses) que debe recuperarse del beneficiario;

b)

una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y previstas para el cumplimiento de la presente Decisión;

c)

documentos que demuestren que se ha ordenado al beneficiario que reembolse la ayuda.

—

los costes derivados en relación con una obligación de servicio público o una serie de obligaciones impuestas por la autoridad o las autoridades competentes, que figuren en un contrato de servicio público o en una norma general,

—

menos cualquier incidencia financiera positiva surgida en la red explotada con arreglo a la obligación o las obligaciones de servicio público de que se trate,

—

menos los ingresos procedentes de tarifas o cualquier otro ingreso producido al cumplir la obligación o las obligaciones de servicio público de que se trate,

—

más un beneficio razonable,

29.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 321/76

(1)

La gripe aviar es una enfermedad vírica infecciosa de las aves, incluidas las de corral. En las aves de corral domésticas, la infección por los virus de la gripe aviar causa dos formas principales de esta enfermedad, que se distinguen por su virulencia. La forma de baja patogenicidad suele causar solamente síntomas leves, mientras que la forma altamente patógena provoca una mortalidad muy elevada en la mayoría de las especies de aves de corral. Esta enfermedad puede tener repercusiones graves en la rentabilidad de la cría de aves de corral.

(2)

La gripe aviar afecta principalmente a las aves, pero en algunas circunstancias también puede afectar a las personas, si bien el riesgo es generalmente muy bajo.

(3)

En caso de brote de gripe aviar, existe el riesgo de que el agente de la enfermedad se propague a otras explotaciones en las que se críen aves de corral u otras aves cautivas. En consecuencia, puede propagarse de un Estado miembro a otros, así como a terceros países, a través del comercio de aves vivas o de sus productos.

(4)

La Directiva 2005/94/CE del Consejo (3) establece una serie de medidas preventivas relacionadas con la vigilancia y la detección temprana de la gripe aviar, así como las medidas mínimas de lucha que deben aplicarse en caso de brote de dicha enfermedad en aves de corral u otras aves cautivas. Dicha Directiva dispone el establecimiento de zonas de protección y de vigilancia en caso de brote de gripe aviar altamente patógena.

(5)

Los Países Bajos han notificado a la Comisión un brote de gripe aviar de alta patogenicidad del subtipo H5N8 en una explotación de su territorio donde hay aves de corral u otras aves cautivas y han adoptado inmediatamente las medidas exigidas de conformidad con la Directiva 2005/94/CE, incluido el establecimiento de zonas de protección y de vigilancia.

(6)

La Comisión ha examinado dichas medidas en colaboración con los Países Bajos y considera que los límites de las zonas de protección y de vigilancia establecidas por la autoridad competente de ese Estado miembro se encuentran a una distancia suficiente de la explotación en la que se ha confirmado el brote.

(7)

Con objeto de prevenir cualquier perturbación innecesaria del comercio dentro de la Unión y evitar la imposición de obstáculos injustificados al comercio por parte de terceros países, es necesario describir rápidamente a nivel de la Unión las zonas de protección y de vigilancia establecidas en relación con la gripe aviar de alta patogenicidad en los Países Bajos.

(8)

Por consiguiente, a la espera de la próxima reunión del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, deben delimitarse en la presente Decisión las zonas de protección y de vigilancia de los Países Bajos en las que han de aplicarse las medidas de control zoosanitario establecidas en la Directiva 2005/94/CE, y debe fijarse la duración de esta regionalización.

(9)

La presente Decisión debe reexaminarse en la próxima reunión del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

29.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 321/80

(1)

La gripe aviar es una enfermedad vírica infecciosa de las aves, incluidas las de corral. En las aves de corral domésticas, la infección por los virus de la gripe aviar causa dos formas principales de esta enfermedad, que se distinguen por su virulencia. La forma de baja patogenicidad suele causar solamente síntomas leves, mientras que la forma altamente patógena provoca una mortalidad muy elevada en la mayoría de las especies de aves de corral. Esta enfermedad puede tener repercusiones graves en la rentabilidad de la cría de aves de corral.

(2)

La gripe aviar afecta principalmente a las aves, pero en algunas circunstancias también puede afectar a las personas, si bien el riesgo es generalmente muy bajo.

(3)

En caso de brote de gripe aviar, existe el riesgo de que el agente de la enfermedad se propague a otras explotaciones en las que se críen aves de corral u otras aves cautivas. En consecuencia, puede propagarse de un Estado miembro a otros, así como a terceros países, a través del comercio de aves vivas o de sus productos.

(4)

La Directiva 2005/94/CE del Consejo (3) establece una serie de medidas preventivas relacionadas con la vigilancia y la detección temprana de la gripe aviar, así como las medidas mínimas de lucha que deben aplicarse en caso de brote de dicha enfermedad en aves de corral u otras aves cautivas. Dicha Directiva dispone el establecimiento de zonas de protección y de vigilancia en caso de brote de gripe aviar altamente patógena.

(5)

Suecia ha notificado a la Comisión un brote de gripe aviar de alta patogenicidad del subtipo H5N8 en una explotación de su territorio donde hay aves de corral u otras aves cautivas y ha adoptado inmediatamente las medidas exigidas de conformidad con la Directiva 2005/94/CE, incluido el establecimiento de zonas de protección y de vigilancia.

(6)

La Comisión ha examinado dichas medidas en colaboración con Suecia y considera que los límites de las zonas de protección y de vigilancia establecidas por la autoridad competente de ese Estado miembro se encuentran a una distancia suficiente de la explotación en la que se ha confirmado el brote.

(7)

Con objeto de prevenir cualquier perturbación innecesaria del comercio dentro de la Unión y evitar la imposición de obstáculos injustificados al comercio por parte de terceros países, es necesario describir rápidamente a nivel de la Unión las zonas de protección y de vigilancia establecidas en relación con la gripe aviar de alta patogenicidad en Suecia.

(8)

Por consiguiente, a la espera de la próxima reunión del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, deben delimitarse en la presente Decisión las zonas de protección y de vigilancia de Suecia en las que han de aplicarse las medidas de control zoosanitario establecidas en la Directiva 2005/94/CE, y debe fijarse la duración de esta regionalización.

(9)

La presente Decisión debe reexaminarse en la próxima reunión del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.