27.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/1

(1)

El Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra («el Protocolo»), se firmó en nombre de la Unión y de sus Estados miembros el 18 de junio de 2015.

(2)

Procede aprobar el Protocolo.

27.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/2

(1)

Mediante la Decisión (UE) 2016/837 (2), el Consejo autorizó la firma, en nombre de la Unión Europea, y la aplicación provisional del Acuerdo entre la Unión Europea, Islandia, el Principado de Liechtenstein y el Reino de Noruega sobre un Mecanismo Financiero del EEE para el período 2014-2021, el Acuerdo entre el Reino de Noruega y la Unión Europea sobre un Mecanismo Financiero Noruego para el período 2014-2021, el Protocolo Adicional del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega y el Protocolo Adicional del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea e Islandia.

(2)

El texto del Protocolo adicional del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea e Islandia (en lo sucesivo, «el Protocolo Adicional»), que se adjunta a la Decisión (UE) 2016/837 del Consejo prevé la renovación de tres contingentes arancelarios exentos de derechos, que finalizaron el 30 de abril de 2014, y un nuevo contingente arancelario exento de derechos para el despacho a libre práctica en la Unión Europea de determinados pescados y productos de la pesca originarios de Islandia.

(3)

De conformidad con el Protocolo Adicional, los volúmenes de los contingentes arancelarios para el período del 1 de mayo de 2014 hasta la fecha efectiva de aplicación provisional del Protocolo Adicional se asignarán proporcionalmente y estarán disponibles para el período comprendido entre la fecha de aplicación provisional del Protocolo Adicional y el 30 de abril de 2021. El Protocolo Adicional no establece la transferencia de los volúmenes restantes de un contingente arancelario a un posterior período de solicitud.

(4)

Es necesario modificar el Reglamento (CE) n.o 499/96 con el fin de aplicar los contingentes arancelarios establecidos en el Protocolo Adicional.

(5)

Los contingentes arancelarios se aplicarían desde la fecha efectiva de aplicación provisional del Protocolo adicional hasta el 30 de abril de 2021. El presente Reglamento debe, por tanto, aplicarse a partir de la fecha de aplicación provisional del Protocolo Adicional establecida en el artículo 3 de la Decisión del Consejo (UE) 2016/837.

(6)

El Reglamento (UE) n.o 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) derogó el Reglamento (CE) n.o 104/2000 del Consejo (4) y puso fin al sistema de precios de referencia de los productos de la pesca. Por tanto, es necesario suprimir el requisito establecido en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 499/96 sobre el respeto de los precios de referencia.

(7)

El Protocolo n.o 3 del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República de Islandia en lo relativo a la definición de la noción de «productos originarios» y a los métodos de cooperación administrativa fue modificado mediante la Decisión n.o 1/2016 del Comité Mixto UE-Islandia de 17 de febrero de 2016 (5). Es necesario, por lo tanto, disponer que es aplicable el Protocolo n.o 3 modificado.

(8)

Las normas relativas a la gestión de los contingentes arancelarios se establecen en el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión (6), que sustituye al Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión (7), de 1 de mayo de 2016. El artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 499/96 debe modificarse para tener en cuenta las nuevas normas.

(9)

El anexo del Reglamento (CE) n.o 499/96 debe modificarse a fin de tener en cuenta las modificaciones de los códigos de la nomenclatura combinada («códigos NC») establecida en el Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo (8) y de las subdivisiones TARIC. En aras de la claridad, resulta oportuno sustituir íntegramente el anexo del Reglamento (CE) n.o 499/96.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Código Aduanero.

1)

El artículo 1 queda modificado como sigue:

2)

El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 2

Los contingentes arancelarios fijados en el presente Reglamento se administrarán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 a 54 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión (**).

(**)  Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Código aduanero de la Unión (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558).»."

3)

Se suprime el artículo 3.

4)

El anexo se sustituye por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.

27.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/11

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1831/2003 regula la autorización de aditivos para su uso en la alimentación animal, así como los motivos y los procedimientos para conceder dicha autorización. El artículo 10 de dicho Reglamento contempla el reexamen de los aditivos autorizados con arreglo a la Directiva 82/471/CEE del Consejo (2).

(2)

La L-treonina fue autorizada sin límite de tiempo con arreglo a la Directiva 82/471/CEE mediante la Directiva 88/485/CEE de la Comisión (3), y se inscribió a continuación en el Registro de aditivos para alimentación animal como producto existente, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1831/2003.

(3)

De conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1831/2003, leído en relación con su artículo 7, se presentaron solicitudes para el reexamen de la L-treonina como aditivo para piensos destinados a todas las especies animales. También se presentaron solicitudes para la autorización de la L-treonina para todas las especies animales de conformidad con el artículo 7 de dicho Reglamento. Las solicitudes iban acompañadas de la información y la documentación exigidas con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1831/2003.

(4)

Las solicitudes se refieren a la autorización de la L-treonina producida por Escherichia coli DSM 25086, Escherichia coli FERM BP-11383, Escherichia coli FERM BP-10942, Escherichia coli NRRL B-30843, Escherichia coli KCCM11133P, Escherichia coli DSM 25085, Escherichia coli CGMCC 3703 o Escherichia coli CGMCC 7.58 como aditivo para piensos destinados a todas las especies animales, clasificado en la categoría de «aditivos nutricionales».

(5)

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») concluyó, en sus dictámenes de 9 de julio de 2013 (4), 29 de enero de 2014 (5), 9 de septiembre de 2014 (6), 9 de septiembre de 2015 (7), 1 de diciembre de 2015 (8) y 19 de abril de 2016 (9), que, en las condiciones de uso propuestas, la L-treonina producida por Escherichia coli DSM 25086, Escherichia coli FERM BP-11383, Escherichia coli FERM BP-10942, Escherichia coli NRRL B-30843, Escherichia coli KCCM11133P, Escherichia coli DSM 25085, Escherichia coli CGMCC 3703 y Escherichia coli CGMCC 7.58 no tiene efectos adversos sobre la salud animal, la salud humana o el medio ambiente, y que se la considera una fuente eficaz del aminoácido treonina en la alimentación animal; para que la L-treonina suplementaria sea plenamente eficaz en los rumiantes, debe protegerse contra la degradación en la panza. La Autoridad no considera que sean necesarios requisitos específicos de seguimiento consecutivo a la comercialización. Asimismo, la Autoridad verificó el informe sobre el método de análisis del aditivo para piensos presentado por el laboratorio de referencia establecido por el Reglamento (CE) n.o 1831/2003.

(6)

En sus dictámenes, la Autoridad expresó su preocupación con respecto a la seguridad de la L-treonina para las especies destinatarias cuando se administra a través del agua para beber. No obstante, la Autoridad no propone un contenido máximo para la L-treonina. Así pues, en caso de que se administre la L-treonina a través del agua para beber, conviene advertir al usuario que tenga en cuenta la aportación de todos los aminoácidos esenciales a la dieta.

(7)

La evaluación de la L-treonina muestra que se cumplen los requisitos de autorización establecidos en el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1831/2003. Por consiguiente, procede autorizar el uso de dicha sustancia según lo especificado en el anexo del presente Reglamento.

(8)

Al no existir motivos de seguridad que exijan la aplicación inmediata de las modificaciones de las condiciones de autorización de la L-treonina, conviene conceder un período de transición que permita a las partes interesadas prepararse para cumplir los nuevos requisitos derivados de la autorización.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

27.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/16

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

27.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/19

(1)

Con arreglo al artículo 126 del Tratado, los Estados miembros deben evitar déficits públicos excesivos.

(2)

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se basa en el objetivo de lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento incluye el Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (1), que se adoptó con objeto de fomentar la rápida corrección de los déficits públicos generales excesivos.

(3)

El 27 de abril de 2009, el Consejo, basándose en una Recomendación de la Comisión, decidió declarar, de conformidad con el artículo 104, apartado 6, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la existencia de un déficit excesivo en España y emitió una Recomendación para que se corrigiese el déficit excesivo para 2012, de conformidad con el artículo 104, apartado 7, de dicho Tratado. Desde entonces, el Consejo ha emitido tres recomendaciones para España (el 2 de diciembre de 2009, el 10 de julio de 2012 y el 21 de junio de 2013), sobre la base del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que ampliaban el plazo para corregir el déficit excesivo hasta 2013, 2014 y 2016 respectivamente. En las tres recomendaciones, el Consejo consideraba que España había tomado medidas eficaces, pero que habían surgido factores económicos adversos e inesperados, con importantes efectos desfavorables en las finanzas públicas (2).

(4)

En su Recomendación de 21 de junio de 2013, el Consejo recomendaba que España alcanzara un objetivo de déficit global del 6,5 % del PIB en 2013, del 5,8 % del PIB en 2014, del 4,2 % del PIB en 2015 y del 2,8 % del PIB en 2016, en consonancia con una mejora del saldo estructural del 1,1 %, 0,8 %, 0,8 % y 1,2 % del PIB en los años comprendidos entre 2013 y 2016, respectivamente, sobre la base de las previsiones de primavera de 2013 de la Comisión, ampliadas hasta 2016. Para lograr esas mejoras, se pidió a España que aplicara medidas adicionales que representaran el 2 %, el 1 % y el 1,5 % del PIB en 2014, 2015 y 2016 respectivamente. Además, se instaba a España a: i) reforzar la eficacia del marco institucional aumentando aún más la transparencia en la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y creando una autoridad fiscal independiente que proporcionara análisis y asesoramiento y supervisara la conformidad de la política presupuestaria con las normas presupuestarias nacionales y de la Unión; ii) tomar medidas concretas para frenar el aumento del déficit estructural de la Seguridad Social, y iii) hacer más hincapié en el saneamiento favorable al crecimiento, particularmente realizando análisis sistemáticos del gasto y del sistema tributario. Por último, y para asegurar el éxito de la estrategia de saneamiento presupuestario, la Recomendación subrayaba la importancia de apoyar ese saneamiento mediante amplias reformas estructurales acordes con las recomendaciones del Consejo a España en el contexto del Semestre Europeo y el procedimiento de desequilibrio macroeconómico.

(5)

Las previsiones de primavera de 2013 de la Comisión, ampliadas a 2016, en las que se basaba la Recomendación de 21 de junio de 2013 del Consejo, preveían que la economía española se contrajera un 1,5 % en 2013 para crecer un 0,9 %, un 1,4 % y un 1,9 %, respectivamente, en los tres años siguientes. Se preveía un crecimiento nominal del PIB del 0,1 % y el 2,0 % en 2013 y 2014, respectivamente, y del 2,6 % y el 3,2 % en los dos años siguientes.

(6)

En su Recomendación de 21 de junio de 2013, el Consejo fijaba como plazo el 1 de octubre de 2013 para tomar medidas efectivas conforme a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1467/97. El 15 de noviembre de 2013, partiendo de las previsiones de otoño de 2013, la Comisión concluyó que España había actuado eficazmente para atenerse a dicha Recomendación, si bien se vislumbraban riesgos de incumplimiento en 2014. Por tal motivo, la Comisión consideró que en ese momento no era preciso adoptar ninguna medida adicional dentro del procedimiento de déficit excesivo. Desde ese momento quedó suspendido el procedimiento de déficit excesivo.

(7)

En posteriores evaluaciones se señalaron los riesgos de incumplimiento de la Recomendación del Consejo de 21 de junio de 2013. En julio de 2014, el Consejo concluyó que las medidas en las que se sustentaba la estrategia presupuestaria planteada en el programa de estabilidad de 2014 debían especificarse con mayor detalle y que eran necesarios esfuerzos adicionales para cumplir plenamente dicha Recomendación. Basándose en su evaluación del programa de estabilidad de 2015, el Consejo concluyó en julio de 2015 que existía el riesgo de que España no cumpliera lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Del mismo modo, todos los dictámenes de la Comisión sobre los proyectos de planes presupuestarios de España para 2014, 2015 y 2016 concluyeron que España corría el riesgo de no cumplir lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En particular, la Comisión apuntaba a riesgos relacionados con el hecho de que el esfuerzo estructural previsto en los planes era inferior al recomendado por el Consejo. Además, la Comisión señalaba riesgos para la consecución de los objetivos de déficit global.

(8)

El 9 de marzo de 2016, basándose en sus previsiones de invierno de 2016, la Comisión concluyó que también había riesgo de incumplir el plazo para la corrección del déficit excesivo, dado el aún significativo exceso sobre el 4,2 % del PIB que se preveía para el objetivo intermedio del saldo presupuestario en 2015 y el hecho de que el ajuste presupuestario conseguido hasta entonces era muy inferior al recomendado. Por todo ello, la Comisión dirigió a España una Recomendación para que redoblara los esfuerzos a fin de garantizar el cumplimiento de la Recomendación de 21 de junio de 2013 del Consejo. A tal efecto, se recomendó a España: i) adoptar medidas para garantizar una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo, en particular utilizando plenamente, según el caso, los instrumentos preventivos y correctivos previstos en la Ley de Estabilidad española para controlar las desviaciones, a nivel de las administraciones locales y autonómicas, de los objetivos respectivos de déficit, deuda y regla de gasto, y ii) informar a la Comisión sobre sus medidas incluidas en respuesta a la Recomendación de la Comisión en la actualización de su proyecto de plan presupuestario para 2016 o, a más tardar, en una sección específica de su futuro programa de estabilidad de 2016.

(9)

Una nueva evaluación de las medidas tomadas por España para corregir en 2016 a más tardar la situación de déficit excesivo en respuesta a la Recomendación de 21 de junio de 2013 del Consejo lleva a las conclusiones siguientes:

(10)

Según las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el déficit público general será del 3,9 % del PIB en 2016 y del 3,1 % del PIB en 2017. El programa de estabilidad de 2016 prevé un déficit del 3,6 % y el 2,9 % del PIB en 2016 y 2017 respectivamente. Por tanto, no es probable que España logre una corrección oportuna y duradera de su déficit excesivo en 2016. La ratio deuda/PIB disminuyó ligeramente, pasando del 99,3 % en 2014 al 99,2 % en 2015, gracias a que las ventas netas de activos financieros compensaron sobradamente el impacto de un aumento del déficit más rápido que el crecimiento del PIB nominal. Según las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, en 2016 la ratio de deuda volverá a aumentar al 100,3 % para disminuir posteriormente.

(11)

Desde 2012, el marco presupuestario español se ha ido reforzando, en particular para evitar las desviaciones y garantizar el cumplimiento, por parte de todos los niveles de la Administración, de los respectivos objetivos de déficit, deuda y regla de gasto. Desde la Recomendación de 21 de junio de 2013 del Consejo, España ha reforzado aún más el marco presupuestario nacional al modificar la Ley de Estabilidad de 2012, a fin de ofrecer incentivos para que las Administraciones Públicas reduzcan los atrasos en los pagos del sector público a los proveedores comerciales y al crear, en noviembre de 2013, una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Sin embargo, aunque la Ley de Estabilidad incluye instrumentos para evitar y corregir desviaciones respecto de los objetivos presupuestarios nacionales, la experiencia de 2014 y 2015 demuestra que podrían haberse utilizado en mayor medida. A raíz de la Recomendación de la Comisión de 9 de marzo de 2016, el Gobierno español ha empezado a aplicar en la Ley de Estabilidad disposiciones correctoras en relación con las administraciones regionales, que anteriormente no se habían aplicado. Además, el Gobierno central aprobó recortes de gastos en la cantidad de 2 000 millones EUR.

(12)

En diciembre de 2013, España aprobó una reforma que revisa la indexación de las pensiones e introduce a partir de 2019 un ajuste automático de las nuevas pensiones de los futuros jubilados ante la evolución de la esperanza de vida. Desde junio de 2013, España viene realizando una reforma de la Administración Pública destinada a mejorar su eficiencia. Al mismo tiempo, en 2014, España introdujo una reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre sociedades que, pese a tener aspectos positivos (por ejemplo, reduciendo la cuña fiscal), no estaba financiada en su totalidad.

(13)

De todo ello se concluye que la respuesta de España a la Recomendación de 21 de junio de 2013 del Consejo ha sido insuficiente. España no alcanzó el objetivo intermedio de déficit global en 2015, y no se prevé que ponga fin a su déficit excesivo en 2016. El esfuerzo fiscal queda muy por debajo de las recomendaciones del Consejo y la política presupuestaria en 2015 fue expansiva.

27.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/23

(1)

En virtud de la Decisión 2011/30/UE de la Comisión (2), los auditores y sociedades de auditoría que presentan informes de auditoría referentes a las cuentas anuales o consolidadas de empresas constituidas en los terceros países que se enumeran en el anexo II de dicha Decisión, y cuyos valores negociables estén admitidos a cotización en un mercado regulado de un Estado miembro, están exentos del cumplimiento de los requisitos del artículo 45 de la Directiva 2006/43/CE respecto de determinados ejercicios, siempre que faciliten a las autoridades competentes de ese Estado miembro cierta información.

(2)

La Comisión ha procedido a evaluar los sistemas de supervisión pública, control de calidad, investigación y sanciones aplicados a los auditores y sociedades de auditoría de los terceros países que se enumeran en el anexo II de la Decisión 2011/30/UE. Las evaluaciones se han llevado a cabo con la asistencia del Grupo Europeo de Organismos de Supervisión de Auditores y atendiendo a los criterios dispuestos en los artículos 29, 30 y 32 de la Directiva 2006/43/CE, que son los que regulan los sistemas de supervisión pública, control de calidad, investigación y sanciones aplicables a los auditores y sociedades de auditoría de los Estados miembros. Tras esas evaluaciones, se observa que Mauricio, Nueva Zelanda y Turquía tienen para los auditores y sociedades de auditoría unos sistemas de supervisión pública, control de calidad, investigación y sanciones que cumplen requisitos equivalentes a los contenidos en los artículos 29, 30 y 32 de la Directiva 2006/43/CE. Procede, por tanto, considerar que esos sistemas son equivalentes a los sistemas de supervisión pública, control de calidad, investigación y sanciones aplicables a los auditores y sociedades de auditoría de los Estados miembros.

(3)

El objetivo último de la cooperación entre los Estados miembros y terceros países en lo que respecta a los sistemas de supervisión pública, control de calidad, investigación y sanciones aplicados a los auditores y sociedades de auditoría ha de ser conseguir que cada parte confíe en los sistemas de supervisión de la otra parte basándose en su equivalencia.

(4)

Las Bermudas, las Islas Caimán, Egipto y Rusia han establecido ya o están estableciendo sistemas de supervisión pública, control de calidad, investigación y sanciones para los auditores y sociedades de auditoría. Sin embargo, debido a la reciente creación de esos sistemas, aún falta determinada información, las normas no se aplican plenamente, las inspecciones no se llevan a cabo o no se imponen sanciones. Para poder realizar una nueva evaluación que permita tomar una decisión respecto de la equivalencia de dichos sistemas, se precisa obtener información complementaria de esos terceros países con el fin de entender mejor tales sistemas. Es, pues, oportuno que el período transitorio previsto en la Decisión 2011/30/UE se prorrogue en lo que respecta a los auditores y sociedades de auditoría que presenten informes de auditoría referentes a las cuentas anuales o consolidadas de empresas constituidas en dichos terceros países y cuyos valores negociables estén admitidos a cotización en un mercado regulado de un Estado miembro.

(5)

Para proteger a los inversores, es preciso que los auditores y sociedades de auditoría que presenten informes de auditoría referentes a las cuentas anuales o consolidadas de empresas constituidas en los terceros países que figuran en el anexo II de la Decisión 2011/30/UE, y cuyos valores negociables estén admitidos a cotización en un mercado regulado de un Estado miembro, puedan proseguir, durante un período adicional comprendido entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de julio de 2018, sus actividades auditoras en la Unión sin estar registrados con arreglo al artículo 45 de la Directiva 2006/43/CE, siempre que faciliten la información requerida. En tal caso, esos auditores y sociedades de auditoría deben poder continuar sus actividades conforme a los requisitos del pertinente Estado miembro, de cara a los informes de auditoría relativos a las cuentas anuales o consolidadas de los ejercicios que se inicien durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de julio de 2018. La presente Decisión no afecta a la facultad de los Estados miembros de aplicar sus sistemas de investigación y sanciones a dichos auditores y sociedades de auditoría.

(6)

La Comisión controlará periódicamente la evolución de la cooperación con terceros países en materia de regulación y supervisión. La decisión de reconocer la equivalencia o prorrogar el período transitorio se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que la Comisión proceda en cualquier momento a revisar dicha decisión. Esta revisión puede dar lugar a la revocación del reconocimiento de equivalencia o a la terminación anticipada del período transitorio. Procede, por tanto, modificar la Decisión 2011/30/UE en consecuencia.

(7)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 48, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE.

1)

En el artículo 1, se añade el párrafo tercero siguiente:

«A efectos del artículo 46, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE, los sistemas de supervisión pública, control de calidad, investigación y sanciones de los auditores y sociedades de auditoría de los terceros países que se indican a continuación cumplen requisitos que se considerarán equivalentes a los contenidos en los artículos 29, 30 y 32 de dicha Directiva con relación a las actividades de auditoría referentes a las cuentas anuales o consolidadas de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de agosto de 2016:

2)

En el artículo 2, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   Ningún Estado miembro aplicará el artículo 45 de la Directiva 2006/43/CE a aquellos auditores y sociedades de auditoría que presenten informes de auditoría referentes a las cuentas anuales o consolidadas de empresas constituidas en los terceros países que figuran en el anexo II de la presente Decisión, y cuyos valores negociables estén admitidos a cotización en un mercado regulado de ese Estado miembro con arreglo a lo definido en el artículo 4, apartado 1, punto 14, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (*), en relación con los ejercicios que se inicien entre el 2 de julio de 2010 y el 31 de julio de 2018, siempre que tales auditores y sociedades faciliten a las autoridades competentes del Estado miembro interesado la totalidad de la información siguiente:

(*)  Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).»;"

3)

El texto del anexo II se sustituye por el texto del anexo de la presente Decisión.