19.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 193/1

(1)

Las prioridades políticas actuales en materia de fiscalidad internacional ponen de relieve la necesidad de garantizar el pago del impuesto allí donde se generen los beneficios y el valor. Así pues, es imprescindible restablecer la confianza en la equidad de los sistemas fiscales y permitir a los gobiernos ejercer de forma eficaz su potestad tributaria. Estos nuevos objetivos políticos se han traducido en recomendaciones de actuación concretas en el contexto de la iniciativa contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (en lo sucesivo, «BEPS», por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El Consejo Europeo acogió con satisfacción estos trabajos en sus Conclusiones de 13 y 14 de marzo de 2013 y de 19 y 20 de diciembre de 2013. En respuesta a la necesidad de lograr una imposición más equitativa, la Comisión, en su Comunicación de 17 de junio de 2015, estableció un Plan de Acción para un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea.

(2)

Los informes finales sobre los quince puntos de acción de la OCDE contra la BEPS se hicieron públicos el 5 de octubre de 2015. Los informes fueron acogidos con satisfacción por el Consejo en sus Conclusiones de 8 de diciembre de 2015. En ellas, el Consejo subrayó la necesidad de encontrar soluciones comunes y a la vez flexibles, a escala de la UE, que se ajusten a las conclusiones BEPS de la OCDE. Además, en las Conclusiones se respalda una rápida y efectiva aplicación coordinada de las medidas contra la BEPS en el plano de la UE y se considera que las directivas de la UE deben ser, en su caso, el mejor medio para poner en práctica las conclusiones BEPS de la OCDE a escala de la UE. Para el buen funcionamiento del mercado interior es esencial que, como mínimo, los Estados miembros cumplan los compromisos que han adquirido en virtud del proyecto BEPS y, más en general, que adopten medidas destinadas a desalentar las prácticas de elusión fiscal y garantizar una fiscalidad justa y eficaz en la Unión, de manera suficientemente coherente y coordinada. En un mercado caracterizado por la gran integración de las economías, es necesario adoptar enfoques estratégicos comunes y una acción coordinada a fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior y potenciar al máximo los efectos positivos de la iniciativa contra la BEPS. Por otra parte, solo un marco común puede permitir evitar la fragmentación del mercado y poner fin al falseamiento del mercado y a las asimetrías existentes en la actualidad. Por último, contar con medidas nacionales de aplicación que se atengan a un planteamiento común en toda la Unión aportaría seguridad jurídica a los contribuyentes, ya que dichas medidas serían compatibles con el Derecho de la Unión.

(3)

Es necesario establecer normas que refuercen el nivel medio de protección contra la planificación fiscal abusiva en el mercado interior. Dado que esas normas tendrían que incorporarse a veintiocho sistemas nacionales distintos del impuesto sobre sociedades, deben quedar circunscritas a nociones de carácter general, y su aplicación debe dejarse en manos de los Estados miembros, pues son ellos quienes se hallan mejor situados para configurar los elementos específicos de las mismas, de la forma que mejor se adapte a sus sistemas del impuesto sobre sociedades. Este objetivo podría lograrse mediante el establecimiento de un nivel mínimo de protección frente a las prácticas de elusión fiscal en los sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades en toda la Unión. Por tanto, es preciso coordinar las respuestas de los Estados miembros a la hora de aplicar los resultados de las quince acciones de la OCDE contra la BEPS, con el fin de mejorar la eficacia del mercado interior en su conjunto en la lucha contra las prácticas de elusión fiscal. Procede, por tanto, establecer un nivel mínimo común de protección del mercado interior en sectores específicos.

(4)

Es preciso establecer normas aplicables a todos los contribuyentes sujetos al impuesto sobre sociedades en un determinado Estado miembro. Teniendo en cuenta que esto supondría abarcar una gama más amplia de impuestos nacionales, no es deseable ampliar el ámbito de aplicación de la presente Directiva a tipos de entidades no sujetos al impuesto sobre sociedades en un Estado miembro; esto es, en particular a las entidades transparentes. Dichas normas deben aplicarse asimismo a los establecimientos permanentes de los contribuyentes del impuesto sobre sociedades que puedan estar situados en otro u otros Estados miembros. Los contribuyentes del impuesto sobre sociedades pueden ser residentes a efectos fiscales en un Estado miembro o estar establecidos con arreglo a la legislación de un Estado miembro. Los establecimientos permanentes de entidades residentes a efectos fiscales en un tercer país también deben estar cubiertos por dichas normas si están situados en uno o varios Estados miembros.

(5)

Es necesario establecer normas contra la erosión de las bases imponibles en el mercado interior y el traslado de beneficios fuera del mismo. Para contribuir al logro de ese objetivo se necesitan normas en los siguientes ámbitos: limitación de la deducibilidad de los intereses, imposición de salida, norma general contra las prácticas abusivas, normas relativas a las sociedades extranjeras controladas y normas para hacer frente a las asimetrías híbridas. Cuando la aplicación de dichas normas provoque una doble imposición, los contribuyentes deben poder beneficiarse de una deducción del impuesto pagado en otro Estado miembro o en un tercer país, según el caso. Por tanto, las normas no solo deben tener por objeto contrarrestar las prácticas de elusión fiscal, sino también evitar la creación de otros obstáculos al mercado, como, por ejemplo, la doble imposición.

(6)

En un intento de reducir su deuda tributaria global, los grupos de empresas recurren cada vez más a la BEPS mediante el pago de intereses excesivos. La norma de limitación de intereses es necesaria para desincentivar estas prácticas, limitando la deducibilidad de los costes de endeudamiento excedentarios del contribuyente. Por lo tanto, resulta necesario fijar una razón de deducibilidad que haga referencia a los beneficios imponibles de los contribuyentes antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones («EBITDA», por sus siglas en inglés). Los Estados miembros podrían reducir esta razón, o establecer plazos o restringir los costes de empréstitos excesivos no compensados que pueden traspasarse hacia años anteriores o posteriores para garantizar un nivel superior de protección. Dado que se trata de establecer unas normas mínimas, los Estados miembros podrían adoptar una medida distinta relativa a los beneficios del contribuyente antes de intereses e impuestos («EBIT», por sus siglas en inglés) establecida de tal modo que equivalga a la razón basada en el EBITDA. Además de la norma de limitación de intereses dispuesta en la presente Directiva, los Estados miembros podrían utilizar también normas específicas contra la financiación intragrupo de la deuda mediante participación de capital, en particular normas en materia de subcapitalización. Los ingresos exentos de impuestos no deberían compensarse con los gastos financieros deducibles. Ello se debe a que, a la hora de determinar el importe de intereses que puede deducirse, solo debería tenerse en cuenta la renta imponible.

(7)

Cuando el contribuyente forme parte de un grupo que mantenga cuentas consolidadas obligatorias, a efectos de la concesión a dicho contribuyente del derecho a deducir importes más elevados de los costes de endeudamiento excedentarios, puede tenerse en cuenta el endeudamiento del grupo en su conjunto a escala mundial. También puede ser conveniente establecer normas para una disposición de salida de capital en caso de que la norma de limitación de intereses no se aplique si la empresa puede demostrar que su capital por encima de la razón de activos totales es globalmente igual o superior a la razón del grupo equivalente. La norma de limitación de los intereses debería aplicarse en relación con los costes de endeudamiento excedentarios de un contribuyente, con independencia de que los costes provengan de deuda contraída a nivel nacional, transfronterizo dentro de la Unión o con un tercer país, o bien de terceros, empresas asociadas o del interior del grupo. Cuando un grupo incluya más de una entidad en un Estado miembro, dicho Estado miembro puede tener en cuenta la posición global de todo el grupo en el mismo Estado, e incluso un sistema separado de imposición de las entidades que permita la transferencia de beneficios o de intereses entre entidades de un mismo grupo, cuando se apliquen las normas que limiten la deducibilidad de los intereses.

(8)

A fin de reducir los costes administrativos y derivados del cumplimiento de las normas sin reducir significativamente su efecto recaudatorio, puede ser conveniente establecer una cláusula de seguridad (safe harbour) para que los intereses netos sean siempre reducibles hasta un importe determinado, cuando ello conduzca a una deducción mayor que la correspondiente a la razón basada en el EBITDA. Los Estados miembros podrían reducir el umbral monetario fijado para garantizar un nivel de protección más elevado de su base impositiva nacional. Dado que la BEPS se produce en principio a través del pago de intereses excesivos entre entidades que son empresas asociadas, es adecuado y necesario permitir que se excluya a entidades aisladas del ámbito de aplicación de la norma de limitación de intereses, dado que el riesgo de elusión fiscal es limitado. Con el fin de facilitar la transición a la nueva norma sobre limitación de intereses, los Estados miembros podrían introducir una cláusula de derechos adquiridos que cubriese los empréstitos existentes cuando sus condiciones no se hubieran modificado posteriormente. Esto significa que en caso de modificación posterior, la citada cláusula no se aplicaría a ningún aumento del importe o de la duración del empréstito, sino que se limitaría a las condiciones originales del mismo. Sin perjuicio de las normas sobre ayudas estatales, los Estados miembros también podrían excluir los costes de endeudamiento excedentarios ocasionados por empréstitos utilizados para financiar proyectos de infraestructura pública a largo plazo, considerando que estos regímenes financieros suponen poco o ningún riesgo de BEPS. En este contexto, los Estados miembros deben demostrar adecuadamente que estos regímenes financieros para proyectos de infraestructura pública tienen características particulares que justifican este tratamiento en comparación con otros regímenes de financiación sometidos a la norma restrictiva.

(9)

Si bien se suele admitir que las sociedades financieras, es decir, las entidades financieras y las compañías de seguros, también deberían estar sujetas a limitaciones en materia de deducibilidad de los intereses, se reconoce al mismo tiempo que esos dos sectores presentan características específicas que requieren un enfoque individualizado. Habida cuenta de que los debates a este respecto aún no son lo suficientemente concluyentes ni en el contexto internacional ni en el de la Unión, todavía no es posible establecer normas específicas en los sectores financiero y de seguros, y los Estados miembros, por consiguiente, deben poder excluir estos sectores del ámbito de aplicación de la norma sobre limitación de intereses.

(10)

La función de los impuestos de salida es garantizar que cuando un contribuyente traslade activos o su residencia fiscal fuera de la jurisdicción fiscal de un Estado, dicho Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su territorio aun cuando la plusvalía en cuestión todavía no se haya realizado en el momento de la salida. Por consiguiente, resulta necesario especificar los casos en que los contribuyentes están sujetos a normas en materia de imposición de salida y son gravados por las plusvalías no realizadas generadas en los activos que hayan trasladado. Asimismo es conveniente aclarar que las transferencias de activos, incluido el efectivo, entre una sociedad matriz y sus filiales no entran en el ámbito de aplicación de la norma prevista sobre la imposición de salida. A fin de calcular los importes, es fundamental fijar el valor de mercado de los activos trasladados en el momento de la salida de estos activos basándose en el principio de plena competencia. Para garantizar la compatibilidad de la norma con el uso del método del crédito, es deseable que los Estados miembros puedan referirse al momento en que se pierde el derecho a gravar los activos trasladados. El derecho de gravamen debería definirse a nivel nacional. Es también necesario permitir que el Estado receptor impugne el valor de los activos trasladados establecido por el Estado de salida, cuando este valor no corresponda al del mercado. Los Estados miembros podrían recurrir para ello a los mecanismos existentes de resolución de litigios. Es necesario abordar, dentro de la Unión, la aplicación del impuesto de salida e ilustrar las condiciones para atenerse al Derecho de la Unión. En tales situaciones, los contribuyentes deben tener derecho a elegir entre el pago inmediato del importe evaluado del impuesto de salida o su pago aplazado, posiblemente junto con los intereses y una garantía, durante algunos años, liquidando su deuda fiscal mediante pagos fraccionados.

Los Estados miembros podrían solicitar a tal efecto que los contribuyentes afectados incluyan la información necesaria en una declaración. El impuesto de salida no debe aplicarse cuando el traslado de los activos revista carácter temporal y se prevea que los activos retornen al Estado miembro del responsable del traslado, cuando el traslado se realice a fin de cumplir los requisitos prudenciales de capital o a efectos de la gestión de la liquidez, o en los casos de operaciones de financiación de valores o de entrega de activos como garantía.

(11)

Las normas generales contra las prácticas abusivas se incluyen en los sistemas impositivos para hacer frente a las prácticas fiscales de este tipo que todavía no se hayan abordado a través de disposiciones específicas. Así pues, dichas normas generales tienen como función colmar las lagunas existentes y no deben afectar a la aplicabilidad de las normas específicas de lucha contra el fraude. Dentro de la Unión, esas normas generales deben aplicarse a los mecanismos considerados falseados; en otros casos, el contribuyente debe tener derecho a elegir la estructura más eficaz desde el punto de vista fiscal para sus operaciones comerciales. Además, es importante garantizar la aplicación uniforme de esas normas generales en situaciones de ámbito nacional, dentro de la Unión y en relación con terceros países, de modo que su alcance y los resultados de su aplicación en situaciones nacionales y transfronterizas no difieran. No debería impedirse a los Estados miembros aplicar sanciones cuando sean aplicables dichas normas generales. A la hora de evaluar si debe considerarse que un mecanismo está falseado, podría permitirse a los Estados miembros considerar todos los motivos económicos válidos, incluidas las actividades financieras.

(12)

Las normas sobre sociedades extranjeras controladas (SEC) permiten reasignar la renta de una filial controlada sujeta a un bajo nivel de imposición a su sociedad matriz. La sociedad matriz pasa entonces a tributar por la renta reasignada en su Estado de residencia a efectos fiscales. En función de las prioridades de ese Estado, las normas sobre SEC pueden aplicarse a toda una filial sujeta a imposición reducida o a categorías específicas de ingresos, o exclusivamente a la renta que haya sido desviada artificialmente a la filial. En particular, con el fin de garantizar que las normas sobre SEC constituyen una respuesta proporcionada a problemas de tipo BEPS, es fundamental que los Estados miembros que limiten sus normas sobre SEC a rentas que se hayan desviado artificialmente hacia la filial tengan como objetivo preciso situaciones en las que la mayor parte de las funciones decisorias que generaron la desviación de las rentas a nivel de la filial controlada se lleven a cabo en el Estado miembro del contribuyente. Con objeto de limitar la carga administrativa y los costes de cumplimiento, también debería resultar aceptable que dichos Estados miembros eximan a determinadas entidades con escasa rentabilidad o un escaso margen de beneficio que generen un menor riesgo de elusión fiscal. En consecuencia, es necesario que las normas sobre SEC incluyan los beneficios de los establecimientos permanentes cuando dichos beneficios no estén sujetos a imposición o estén exentos de impuestos en el Estado miembro del contribuyente. Sin embargo, en virtud de las normas sobre SEC, no procede gravar los beneficios de los establecimientos permanentes a los que se deniegue la exención fiscal con arreglo a las normas nacionales, debido a que estos establecimientos permanentes son tratados como si fueran sociedades extranjeras controladas. Para garantizar un nivel de protección superior, los Estados miembros podrían rebajar el umbral de control o emplear un umbral más elevado al comparar el impuesto sobre sociedades efectivamente pagado con el que se hubiera aplicado en el Estado miembro del contribuyente. Al trasponer las normas sobre SEC a su legislación nacional los Estados miembros podrían utilizar un umbral fraccionario del tipo impositivo lo suficientemente alto.

Es conveniente abordar las situaciones que se produzcan tanto en terceros países como en la Unión. Para respetar las libertades fundamentales, conviene combinar las categorías de rentas previstas con una exclusión sustancial destinada a limitar, dentro de la Unión, el impacto de las normas a los casos en que la SEC de que se trate no realice una actividad económica de importancia. Es conveniente que las administraciones tributarias y los contribuyentes cooperen para recabar los hechos y circunstancias pertinentes para determinar si se está aplicando la norma de exclusión sustancial. Debería ser aceptable que, al transponer las normas sobre SEC al Derecho nacional, los Estados miembros usen listas blancas, grises o negras de terceros países, que sean elaboradas conforme a determinados criterios establecidos en la presente Directiva, y puedan incluir el nivel del tipo impositivo del impuesto sobre sociedades, o recurrir a listas blancas de Estados miembros elaboradas con arreglo a estos criterios.

(13)

Las asimetrías híbridas se deben a diferencias en la calificación jurídica de pagos (instrumentos financieros) o entidades, que surgen en el contexto de la interacción entre los ordenamientos jurídicos de dos jurisdicciones. Esas asimetrías tienen a menudo por efecto una doble deducción (es decir, la deducción en ambos Estados miembros) o una deducción de la renta en un Estado sin su inclusión en la base imponible del otro. Para neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos asimétricos es necesario establecer normas por las cuales una de las dos jurisdicciones de una asimetría tenga que denegar la deducción de un pago que conduzca a ese resultado. En este contexto, conviene aclarar que las medidas destinadas a combatir las asimetrías híbridas en la presente Directiva tienen por objeto hacer frente a situaciones de asimetría imputables a diferencias en la calificación jurídica de un instrumento financiero o de una entidad, y no tienen por objeto afectar a las características generales del sistema fiscal de un Estado miembro. Aunque, en el marco del Grupo del código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas, los Estados miembros han acordado orientaciones en materia de tratamiento fiscal de las entidades híbridas y los establecimientos permanentes híbridos dentro de la Unión, así como en materia de tratamiento fiscal de las entidades híbridas en las relaciones con terceros países, aún es necesario adoptar normas vinculantes. Es fundamental que se siga trabajando sobre las asimetrías híbridas entre Estados miembros y terceros países, así como sobre otras asimetrías híbridas, tales como las relativas a los establecimientos permanentes.

(14)

Es necesario aclarar que la aplicación de las normas contra la elusión fiscal que figuran en la presente Directiva no debe afectar a la obligación de los contribuyentes de cumplir con el principio de plena competencia ni al derecho del Estado miembro a ajustar al alza una deuda tributaria, de conformidad con el principio de plena competencia, en su caso.

(15)

Se ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). El derecho a la protección de los datos personales de conformidad con el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), se aplica al tratamiento de datos personales efectuado en el marco de la presente Directiva.

(16)

Considerando que uno de los objetivos fundamentales de la presente Directiva es mejorar la resistencia del mercado interior en su conjunto frente a las prácticas de elusión fiscal transfronteriza, ese objetivo no puede ser alcanzado suficientemente por los Estados miembros de forma individual. Los sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades son dispares y una acción independiente por parte de cada Estado miembro no haría sino reproducir la actual fragmentación del mercado interior en materia de fiscalidad directa. De este modo, persistirían las ineficiencias y falseamientos en la interacción de las distintas medidas nacionales, lo cual se traduciría en descoordinación. En efecto, gran parte de la ineficacia observada en el mercado interior provoca esencialmente problemas de carácter transfronterizo, por lo que las medidas para hacerle frente deben adoptarse preferentemente a escala de la Unión. Así pues, es fundamental adoptar soluciones que sean válidas para el mercado interior en su conjunto, lo que puede lograrse mejor a escala de la Unión. Por tanto, la Unión puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. Mediante el establecimiento de un nivel mínimo de protección del mercado interior, la presente Directiva solo pretende alcanzar un grado mínimo básico de coordinación dentro de la Unión, con el fin de materializar sus objetivos.

(17)

La Comisión debe evaluar la aplicación de la presente Directiva a los cuatro años de su entrada en vigor y presentará al Consejo un informe al respecto. Los Estados miembros deben comunicar a la Comisión toda la información necesaria para llevar a cabo esa evaluación.

a)

una entidad en la que el contribuyente detente directa o indirectamente una participación de al menos un 25 % en los derechos de voto o tenga derecho a percibir al menos un 25 % de los beneficios;

b)

una persona física o una entidad que detente directa o indirectamente una participación de al menos un 25 % en los derechos de voto o en la propiedad del capital de un contribuyente o tenga derecho a percibir al menos un 25 % de los beneficios de dicho contribuyente.

a)

una entidad de crédito o una empresa de inversión, con arreglo al artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), o un gestor de fondos de inversión alternativos con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), o una sociedad de gestión de un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios, con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7);

b)

una empresa de seguros, con arreglo al artículo 13, punto 1, de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8);

c)

una empresa de reaseguros, con arreglo al artículo 13, punto 4, de la Directiva 2009/138/CE;

d)

un fondo de pensiones de empleo que se inscriba en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9), salvo que un Estado miembro haya optado por no aplicar en parte o en su totalidad a dicho fondo la Directiva en cuestión con arreglo a lo dispuesto en su artículo 5, o el gestor de un fondo de pensiones de empleo contemplado en el artículo 19, apartado 1, de dicha Directiva;

e)

un organismo de pensiones que gestione regímenes considerados sistemas de seguridad social contemplados en el Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) y el Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), así como cualquier persona jurídica establecida con el objeto de invertir en dichos regímenes;

f)

un fondo de inversión alternativo gestionado por un gestor de fondos de inversión alternativos con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/61/UE o un fondo de inversión alternativo supervisado con arreglo a la normativa nacional aplicable;

g)

los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios con arreglo al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE;

h)

una entidad de contrapartida central con arreglo al artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (12);

i)

un depositario central de valores con arreglo al artículo 2, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (13);

a)

una deducción del mismo pago, o de los mismos gastos o pérdidas, tanto en el Estado en el que se origine el pago, se generen los gastos o se hayan sufrido las pérdidas, como en otro Estado («doble deducción»), o

b)

una deducción de un pago en el Estado en el que tiene su origen el pago sin la correspondiente inclusión a efectos fiscales de dicho pago en el otro Estado («deducción sin inclusión»).

a)

una entidad que esté autorizada u obligada a aplicar las normas en nombre de un grupo, según la definición prevista en el Derecho tributario nacional;

b)

una entidad de un grupo, como se defina en el Derecho tributario nacional, que no consolide los resultados de sus miembros a efectos fiscales.

a)

deducir los costes de endeudamiento excedentarios hasta 3 000 000 EUR;

b)

deducir íntegramente los costes de endeudamiento excedentarios si el contribuyente es una entidad aislada.

a)

empréstitos suscritos antes del 17 de junio de 2016, siempre que la exclusión no se haga extensiva a ninguna modificación a posteriori de dichos empréstitos;

b)

empréstitos utilizados para financiar proyectos de infraestructura pública a largo plazo, cuando tanto el promotor del proyecto como los costes de endeudamiento, los activos y la renta estén en la Unión.

a)

bien a deducir íntegramente los costes de endeudamiento excedentarios si puede demostrar que la razón entre sus fondos propios y el total de sus activos es igual o superior a la razón equivalente del grupo, siempre que:

o

b)

bien a deducir los costes de endeudamiento excedentarios en una cuantía superior a la que tendría derecho a deducir en virtud del apartado 1. Este límite más elevado de la deducibilidad de los costes de endeudamiento excedentarios será aplicable al grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera del que el contribuyente forma parte y se calculará en dos fases:

a)

traspasar a un período posterior, sin limitación temporal, costes de endeudamiento excedentarios que no puedan deducirse en el período fiscal en curso con arreglo a los apartados 1 a 5;

b)

traspasar a un período posterior, sin limitación temporal, y a un período anterior, hasta un máximo de tres años, costes de endeudamiento excedentarios que no puedan deducirse en el período fiscal en curso con arreglo a los apartados 1 a 5, o

c)

traspasar a un período posterior, sin limitación temporal, costes de endeudamiento excedentarios y, hasta un máximo de cinco años, la capacidad no utilizada de deducir intereses que no pueden deducirse en el período fiscal en curso con arreglo a los apartados 1 a 5.

a)

cuando el contribuyente traslade activos desde su sede de dirección a su establecimiento permanente en otro Estado miembro o en un tercer país, en la medida en que, debido al traslado, el Estado miembro en el que se encuentra la sede ya no tenga derecho a gravar dichos activos;

b)

cuando el contribuyente traslade activos desde su establecimiento permanente en un Estado miembro a su sede de dirección o a otro establecimiento permanente en otro Estado miembro o en un tercer país, en la medida en que, debido al traslado, el Estado miembro en el que se encuentra el establecimiento permanente ya no tenga derecho a gravar dichos activos;

c)

cuando el contribuyente traslade su residencia fiscal a otro Estado miembro o a un tercer país, excepto en relación con aquellos activos que sigan estando vinculados de manera efectiva a un establecimiento permanente en el primer Estado miembro;

d)

cuando el contribuyente traslade la actividad realizada por su establecimiento permanente de un Estado miembro a otro o a un tercer país, en la medida en que, debido al traslado, el Estado miembro en el que se encuentra el establecimiento permanente ya no tenga derecho a gravar dichos activos.

a)

cuando el contribuyente traslade activos desde su sede de dirección a su establecimiento permanente en otro Estado miembro o en un tercer país que sea parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE);

b)

cuando el contribuyente traslade activos desde su establecimiento permanente en un Estado miembro a su sede de dirección o a otro establecimiento permanente en otro Estado miembro o en un tercer país que sea parte en el Acuerdo sobre el EEE;

c)

cuando el contribuyente traslade su residencia fiscal a otro Estado miembro o a un tercer país que sea parte en el Acuerdo sobre el EEE;

d)

cuando el contribuyente traslade la actividad realizada por su establecimiento permanente a otro Estado miembro o a un tercer país que sea parte en el Acuerdo sobre el EEE.

a)

los activos trasladados o la actividad realizada por el establecimiento permanente del contribuyente se vendan o se enajenen de algún otro modo;

b)

los activos trasladados se trasladen posteriormente a un tercer país;

c)

la residencia fiscal del contribuyente o la actividad realizada por su establecimiento permanente se trasladen posteriormente a un tercer país;

d)

el contribuyente se halle en situación de quiebra o liquidación;

e)

el contribuyente incumpla sus obligaciones en relación con los pagos fraccionados y no corrija su situación a lo largo de un período razonable, que no excederá de doce meses.

a)

en el caso de una entidad, cuando el contribuyente, solo o conjuntamente con sus empresas asociadas, posea una participación directa o indirecta de más del 50 % en los derechos de voto, o posea directa o indirectamente más del 50 % del capital o tenga derecho a percibir más del 50 % de los beneficios de dicha entidad, y

b)

el impuesto sobre sociedades efectivamente pagado por sus beneficios por parte de la entidad o del establecimiento permanente de que se trate sea menor que la diferencia entre el impuesto sobre sociedades que se habría aplicado a dicha entidad o establecimiento permanente en virtud del sistema del impuesto sobre sociedades aplicable en el Estado miembro del contribuyente y el impuesto sobre sociedades efectivamente pagado sobre sus beneficios por la entidad o establecimiento permanente de que se trate.

a)

las rentas no distribuidas de la entidad o las rentas del establecimiento permanente que se deriven de las siguientes categorías:

La presente letra a) no será de aplicación cuando la sociedad extranjera controlada lleve a cabo una actividad económica de importancia basada en una plantilla, un equipamiento, bienes e instalaciones, de lo que darán fe los hechos y circunstancias pertinentes.

Cuando la sociedad extranjera controlada esté registrada o situada en un tercer país que no forme parte del Acuerdo EEE, los Estados miembros podrán decidir abstenerse de aplicar el anterior párrafo;

o

b)

las rentas no distribuidas de la entidad o establecimiento permanente derivadas de mecanismos falseados que se han establecido con el objetivo esencial de obtener una ventaja fiscal.

A efectos de la presente letra b), un mecanismo o serie de mecanismos se considerarán falseados en la medida en que la entidad o establecimiento permanente no poseyera los activos o no hubiera asumido los riesgos que generan una parte o la totalidad de su renta si no estuviera controlada por una sociedad en la que las personas influyentes ejercen funciones, pertinentes en relación con dichos activos y riesgos, que contribuyen a la generación de la renta de la sociedad controlada.

a)

con beneficios contables no superiores a 750 000 EUR e ingresos no comerciales no superiores a 75 000 EUR, o

b)

cuyos beneficios contables no representen más del 10 % de sus gastos de explotación durante el período impositivo.

19.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 193/15

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1183/2005 del Consejo (2) hace efectiva la Decisión 2010/788/PESC y establece determinadas medidas dirigidas contra personas que incurran en violación del embargo de armas en relación con la República Democrática del Congo, incluida la inmovilización de sus activos.

(2)

La Resolución 2293 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, «el Consejo de Seguridad»), de 21 de junio de 2016, modificó los criterios de designación de las personas y entidades sujetas a las medidas restrictivas establecidas en los apartados 9 y 11 de la Resolución 1807 (2008) del Consejo de Seguridad, y amplió las disposiciones relativas al embargo de armas. En su Decisión (PESC) 2016/1173 (3), el Consejo decidió ampliar en consecuencia el alcance de los criterios.

(3)

Resulta necesario un acto reglamentario de la Unión para otorgarle efecto, en particular, con el fin de garantizar su aplicación uniforme por parte de los agentes económicos de todos los Estados miembros.

(4)

Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (CE) n.o 1183/2005 en consecuencia.

1)

En el artículo 1 ter, apartado 1, se añade la letra siguiente:

2)

En el artículo 2 bis, el apartado 1 se modifica como sigue:

19.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 193/17

(1)

De conformidad con el artículo 125 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, los productores de remolacha azucarera y las empresas azucareras deben celebrar acuerdos escritos interprofesionales. El anexo XI de dicho Reglamento establece determinadas condiciones de compra de la remolacha hasta el final de la campaña de comercialización 2016/17, mientras que el anexo X de dicho Reglamento establece las condiciones a partir del 1 de octubre de 2017, una vez finalice el régimen de cuotas.

(2)

A fin de tener en cuenta las características específicas del sector del azúcar y la evolución prevista del mismo en el período siguiente al fin del régimen de cuotas, deben modificarse las condiciones de compra de remolacha contempladas en el anexo X.

(3)

A partir del 1 de octubre de 2017, el sector del azúcar de remolacha deberá adaptarse al fin del régimen de cuotas, incluidos el fin del precio mínimo de la remolacha y la regulación de las cantidades de producción interna. Por lo tanto, el sector necesita un marco jurídico claro en esta transición desde un sector muy regulado a uno más liberalizado. Los productores y las empresas azucareras han solicitado una mayor seguridad jurídica en lo que atañe a las normas aplicables a los mecanismos de reparto del valor, incluidos los beneficios y las pérdidas derivadas de los precios de mercado.

(4)

La cadena de suministro de azúcar de remolacha de la Unión se caracteriza por un gran número de productores de remolacha azucarera, cuyas explotaciones son en su mayoría de pequeño tamaño, y un número limitado de empresas azucareras, generalmente grandes. Habida cuenta de que los proveedores de remolacha necesitan planificar y organizar sus suministros de remolacha a las fábricas de azúcar durante los períodos de recolección de remolacha, los productores tienen interés en negociar determinadas condiciones relativas a las cláusulas de reparto del valor en el marco de la compra de remolacha por las empresas correspondientes. Esta característica es inherente a la cadena de abastecimiento de azúcar, que sigue existiendo independientemente de la existencia o no de un régimen de cuotas. Las cláusulas de reparto del valor contempladas en el anexo XI, punto XI, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 actualmente permiten a los productores de remolacha y a las empresas azucareras garantizar sus suministros en condiciones de compra predefinidas, con la certeza de compartir los beneficios y costes generados por la cadena de suministro en beneficio de los productores de remolacha. El beneficio del reparto del valor también transmite directamente a los productores las señales de precios del mercado.

(5)

La evolución previsible del sector en el período siguiente al fin del régimen de cuotas en combinación con los precios relativamente bajos del azúcar observados recientemente no son susceptibles de impulsar la entrada en el mercado de nuevos transformadores de azúcar, ya que las inversiones necesarias para crear una instalación de transformación de azúcar exigirían, para ser rentables, un precio del azúcar más elevado que el precio de mercado previsto en las próximas campañas de comercialización. Las perspectivas a medio plazo de la Comisión prevén un ajuste de precios a la baja tras el fin del régimen de cuotas. Por lo tanto, se prevé que la estructura actual de la industria azucarera de la UE, incluida la relación entre los productores de remolacha y las empresas azucareras, se mantendrá en los años de comercialización siguientes a la abolición del régimen de cuotas, ya que previsiblemente pocas nuevas empresas entrarán en el mercado.

(6)

Si no se mantienen las cláusulas de reparto del valor, podría ponerse en peligro la posición de los productores de remolacha en la cadena alimentaria. Si perdiesen la posibilidad de negociar cláusulas de reparto del valor, y especialmente en una situación de precios bajos, los productores de remolacha podrían encontrase en clara desventaja económica.

(7)

Por lo tanto, siguen siendo válidas las razones para modificar el anexo X del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 para permitir la negociación de cláusulas de reparto del valor. Por consiguiente, la posibilidad de negociar tales cláusulas seguiría siendo necesaria después del 1 de octubre de 2017.

(8)

Con el fin de facilitar la negociación de las cláusulas de reparto del valor, es preciso que tales negociaciones solo sean posibles entre una empresa y sus proveedores actuales o potenciales.

(9)

Con objeto de garantizar un proceso de negociación flexible, la introducción de una cláusula de reparto del valor debe ser optativa.

(10)

Procede, por tanto, modificar el anexo X del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 en consecuencia.

19.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 193/19

(1)

Mediante el Reglamento (CE) n.o 1796/1999 del Consejo (2), el Consejo estableció un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de cables de acero originarias, entre otros países, de la República Popular China. A raíz de dos reconsideraciones por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, las medidas antidumping se mantuvieron mediante el Reglamento (CE) n.o 1858/2005 del Consejo (3) y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 102/2012 del Consejo (4).

(2)

Mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 400/2010 del Consejo (5), se amplió el derecho antidumping sobre las importaciones de cables de acero originarios, entre otros países, de la República Popular China, a las importaciones del mismo producto procedentes de la República de Corea, hayan sido o no declaradas originarias de la República de Corea, a raíz de una investigación antielusión de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de base. Mediante el mismo Reglamento, se eximió a determinados productores exportadores coreanos de estas medidas ampliadas.

(3)

Las medidas actualmente en vigor son un derecho antidumping impuesto mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 102/2012 a las importaciones de cables de acero originarios, entre otros países, de la República Popular China, ampliado a las importaciones de cables de acero procedentes, entre otros países, de la República de Corea, hayan sido o no declaradas originarias de la República de Corea, modificado en último lugar por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/90 de la Comisión (6) («las medidas en vigor»). Las importaciones en la Unión del producto objeto de reconsideración procedente de la República de Corea están sujetas a un derecho del 60,4 %, excepto en el caso de los productos fabricados por las empresas que estaban exentas de este último.

(4)

La Comisión Europea (en lo sucesivo, «la Comisión») recibió una solicitud de exención de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de cables de acero originarios de la República Popular China, ampliadas a las importaciones procedentes de la República de Corea, independientemente de que se declaren originarias de la República de Corea o no, de conformidad con el artículo 11, apartado 4, y el artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base.

(5)

La solicitud fue presentada el 7 de septiembre de 2015 por Daechang Steel Co. Ltd. (en lo sucesivo, «el solicitante»), productor exportador de cables de acero de la República de Corea (en lo sucesivo, «el país afectado») y se limitaba al solicitante.

(6)

El solicitante ha aportado indicios razonables de que no exportó el producto objeto de reconsideración a la Unión durante el período de investigación utilizado en la investigación que dio lugar a la imposición de las medidas ampliadas (del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2009), de que no está vinculado a ninguno de los productores exportadores del producto afectado que están sujetos a los derechos antidumping en vigor, de que no ha eludido las medidas aplicables a los cables de acero originarios de China, y de que ha contraído una obligación contractual irrevocable de exportar una cantidad significativa a la Unión.

(7)

Una vez examinadas las pruebas presentadas por el solicitante y previa consulta a los Estados miembros, y después de ofrecer a la industria de la Unión la posibilidad de presentar observaciones, la Comisión inició la investigación el 26 de noviembre de 2015 mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2179 de la Comisión (7). Además, con arreglo al artículo 3 de dicho Reglamento, la Comisión instó a las autoridades aduaneras a adoptar las medidas adecuadas para registrar las importaciones del producto objeto de reconsideración procedentes de la República de Corea y producido y vendido para su exportación a la Unión por el solicitante, de conformidad con el artículo 14, apartado 5, del Reglamento de base.

(8)

El producto objeto de reconsideración son los cables de acero, incluidos los cables cerrados, a excepción de los de acero inoxidable, con un corte transversal máximo superior a 3 mm, procedentes de la República de Corea, se hayan declarado o no originarios de la República de Corea («el producto objeto de reconsideración»), clasificados actualmente en los códigos NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 y ex 7312 10 98 (códigos TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 y 7312109813).

(9)

El período de referencia abarcaba el período comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015. Se recopilaron datos desde 2008 hasta el final del período en cuestión («el período de investigación»).

(10)

La Comisión comunicó oficialmente el inicio de la reconsideración al solicitante así como a los representantes de la República de Corea. Se invitó a las partes interesadas a que dieran a conocer sus puntos de vista y se les informó de la posibilidad de solicitar una audiencia. No se recibieron tales solicitudes.

(11)

La Comisión envió también un cuestionario al solicitante, del que recibió una respuesta dentro del plazo fijado. La Comisión buscó y verificó sobre el terreno toda la información que consideró necesaria para la reconsideración. Se llevó a cabo una inspección en los locales del solicitante.

(12)

La Comisión examinó si se cumplían las condiciones para conceder una exención en virtud del artículo 11, apartado 4, y del artículo 13, apartado 4, a saber:

(13)

Además, la investigación confirmó que el solicitante no había exportado el producto objeto de reconsideración a la Unión durante el período de investigación de la investigación antielusión que condujo a la ampliación de las medidas, es decir, del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2009. Las primeras exportaciones del producto objeto de reconsideración efectuadas por el solicitante se produjeron después de la ampliación de las medidas a la República de Corea, más precisamente en el segundo semestre de 2015.

(14)

Además, la investigación confirmó que el solicitante no estaba vinculado a ningún exportador o productor chino sujeto a las medidas antidumping impuestas por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 102/2012.

(15)

Por otro lado, la investigación confirmó que el solicitante es un verdadero productor del producto objeto de reconsideración y que no practica la elusión. El solicitante compra alambrón de acero producido en el país y materiales como zinc y plomo, pero también importa alambrón de acero de la República Popular China, para proceder posteriormente a decaparlo, trefilarlo, galvanizarlo, trefilarlo nuevamente y cerrarlo en sus fábricas en la República de Corea. El producto acabado se vende dentro del país y también se exporta a los Estados Unidos, Asia y la Unión.

(16)

Las actividades de producción pueden considerarse una operación de montaje o acabado. El artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base especifica las condiciones según las cuales se considera que una operación de montaje está eludiendo las medidas. Según la letra b) de dicho artículo, un requisito para ello consiste en que las partes en cuestión constituyan más del 60 % del valor total de las partes del producto montado. Durante la investigación, se determinó que el porcentaje que representaban las materias primas chinas utilizadas por el solicitante estaba muy por debajo del umbral del 60 % exigido por el artículo 13, apartado 2, letra b), del Reglamento de base. El porcentaje de partes chinas (es decir, materias primas) utilizadas era del 38 %. En caso de que se supere dicho umbral, en el artículo 13, apartado 2, letra b), se exige que se determine si se alcanzó el límite del 25 % de valor añadido («la prueba de valor añadido»). Dado que no se superó el umbral del 60 % del valor total de las partes, sobre la base de los costes reales habidos durante el período de referencia, no era necesario determinar si se había alcanzado el umbral del 25 % de valor añadido a tenor del artículo 13, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.

(17)

El solicitante inició la producción del producto objeto de reconsideración a mediados de 2015. Debido a lo excepcional de los costes de fabricación incurridos durante la fase de inicio de la producción, se efectuó otro cálculo sobre la base de los costes de fabricación estándar (excluidos los costes de inicio y anticipando una alta tasa de utilización de la capacidad productiva). Se determinó que la proporción de materias primas de origen chino entonces constituía más del 60 % del valor total de las partes del producto final (69 %). Por este motivo, fue preciso realizar la prueba del valor añadido establecida en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base. Esta prueba demostró que el valor añadido a las partes originarias de la República Popular China era significativamente superior al umbral del 25 % de los costes de fabricación, establecido en el artículo 13, apartado 2, letra b), del Reglamento de base. Por lo tanto, se consideró que las actividades de producción del solicitante no constituían una elusión a tenor del artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base.

(18)

Por último, la investigación confirmó que el solicitante no compraba el producto acabado objeto de reconsideración procedente de la República Popular China para revenderlo o reexpedirlo a la Unión y que la empresa podía justificar todas sus exportaciones realizadas durante el período de referencia.

(19)

En vista de las conclusiones descritas en los considerandos 13 a 18, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el solicitante cumple las condiciones para acogerse a una exención en virtud del artículo 11, apartado 4, y del artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base.

(20)

Estas constataciones se comunicaron al solicitante y a la industria de la Unión, que tuvieron la oportunidad de presentar sus observaciones. El solicitante declaró que estaba de acuerdo con las conclusiones de la Comisión. No se formuló ninguna otra observación.

(21)

De conformidad con las constataciones mencionadas, debe añadirse el solicitante a la lista de empresas eximidas del derecho antidumping establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 102/2012.

(22)

Tal como se establece en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 400/2010, la aplicación de la exención está condicionada a la presentación a las autoridades aduaneras de los Estados miembros de una factura comercial en buena y debida forma, que debe ajustarse a los requisitos establecidos en el anexo de dicho Reglamento. De no presentarse una factura de este tipo, debe seguir aplicándose el derecho antidumping.

(23)

Además, sigue siendo válida la exención de las medidas ampliadas concedida a las importaciones de cables de acero producidos por el solicitante, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base, a condición de que los hechos finalmente comprobados justifiquen la exención. En caso de que hubiera nuevos indicios razonables de lo contrario, la Comisión podría iniciar una investigación para determinar si estaría justificada la retirada de la exención.

(24)

La exención de las medidas ampliadas concedida a las importaciones de cables de acero producidos por el solicitante se basa en las constataciones de la presente reconsideración. Así pues, esta exención solamente es aplicable a las importaciones de cables de acero procedentes de la República de Corea y producidos por la mencionada entidad jurídica específica. Las importaciones de cables de acero fabricados por cualquier empresa cuyo nombre no se mencione específicamente en el artículo 1, apartado 4, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 102/2012, incluidas las entidades vinculadas a las empresas específicamente mencionadas, no podrán beneficiarse de la exención y deberán estar sujetas al tipo de derecho residual impuesto por dicho Reglamento.

(25)

Debe modificarse el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 102/2012, modificado en último lugar por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2016/90, para incluir Daechang Steel Co. Ltd. en el cuadro que figura en su artículo 1, apartado 4.

(26)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.o 1225/2009.

19.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 193/25

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

19.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 193/27

(1)

Mediante el Reglamento (CE) n.o 341/2007 de la Comisión (2) se abrieron contingentes arancelarios anuales de importación de ajos.

(2)

Las cantidades por las que se han presentado solicitudes de certificados de importación «A» durante los siete primeros días civiles del mes de julio de 2016, para el subperíodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2016 son superiores, en el caso de algunos contingentes, a las disponibles. Por consiguiente, procede determinar en qué medida pueden expedirse los certificados de importación «A» mediante la fijación de un coeficiente de asignación aplicable a las cantidades solicitadas, calculado de acuerdo con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1301/2006 de la Comisión (3).

(3)

A fin de garantizar la eficacia de la medida, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

19.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 193/29

(1)

El Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Indonesia, por otra (1) (en lo sucesivo, «el Acuerdo»), entró en vigor el 1 de mayo de 2014.

(2)

De conformidad con el artículo 41 del Acuerdo, se estableció un Comité Mixto con el fin de garantizar, entre otras cosas, el funcionamiento y aplicación adecuados del Acuerdo (en lo sucesivo, «el Comité Mixto»).

(3)

Con el fin de contribuir a la aplicación efectiva del Acuerdo, debe adoptarse el reglamento interno del Comité Mixto.

(4)

En virtud del artículo 41 del Acuerdo, el Comité Mixto podrá crear grupos de trabajo especializados para que le asistan en la realización de sus tareas.

(5)

Por consiguiente, la posición de la Unión en el Comité Mixto en lo que se refiere a la adopción del reglamento interno y el establecimiento de grupos de trabajo especializados debe basarse en los proyectos de Decisiones del Comité Mixto que se adjuntan.

a)

la adopción del reglamento interno del Comité Mixto, y

b)

la creación de grupos de trabajo especializados,

19.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 193/38

(1)

El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (2) (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE») entró en vigor el 1 de enero de 1994.

(2)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 98 y, en particular, en el artículo 102 del Acuerdo EEE, el Comité Mixto del EEE puede decidir modificar, entre otros, el anexo IX del Acuerdo EEE, que contiene disposiciones sobre los servicios financieros.

(3)

Los actos que se citan a continuación se refieren a los servicios financieros y deben incorporarse al Acuerdo EEE:

(4)

Por lo tanto, procede modificar el anexo IX del Acuerdo EEE en consecuencia.

(5)

Por lo tanto, la posición de la Unión en el seno del Comité Mixto del EEE debe basarse en los proyectos de Decisiones adjuntos.