23.6.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 165/1

(1)

En el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 661/2009 se enumeran los reglamentos de la CEPE anejos al «Acuerdo revisado de 1958» (3) que se aplican con carácter obligatorio. Esta lista debe actualizarse para reflejar la aplicación a nivel de la UE de nuevos requisitos en los correspondientes Reglamentos de la CEPE.

(2)

De conformidad con el artículo 13, apartado 14, del Reglamento (CE) n.o 661/2009, en el apéndice de su anexo IV se enumeran las Directivas derogadas con arreglo a las cuales las homologaciones de tipo concedidas antes del 1 de noviembre de 2012 deben seguir siendo válidas a menos que sean aplicables nuevos requisitos. Dado que, con la actualización del anexo IV son aplicables nuevos requisitos a escala de la UE, también es necesario actualizar el apéndice del anexo IV del Reglamento.

(3)

Debido a que los nuevos requisitos de los Reglamentos n.os 107 y 118 de la CEPE obligarán a los fabricantes a adaptar sus vehículos, debe darse un plazo suficiente para la aplicación de dichos requisitos.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Técnico sobre Vehículos de Motor.

23.6.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 165/4

(1)

La entrada 6 del anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 prohíbe la fabricación, la comercialización y el uso de fibras de amianto y de los artículos y mezclas que contengan estas fibras añadidas intencionadamente.

(2)

Los Estados miembros podían disponer una exención con respecto a la comercialización y el uso de diafragmas que contuvieran fibras de crisótilo para instalaciones de electrólisis ya existentes. Esto incluía la posibilidad de aplicar la exención a la comercialización de fibras de crisótilo para su uso en la fabricación o el mantenimiento de tales diafragmas y al uso de fibras de crisótilo para estos fines.

(3)

De las cinco instalaciones de electrólisis en relación con las cuales los Estados miembros comunicaron (2) en 2011 que habían concedido exenciones, solo dos, en Suecia y Alemania, siguen en funcionamiento.

(4)

El 18 de enero de 2013, de conformidad con la obligación que figura en el apartado 1 de la entrada 6, la Comisión Europea pidió a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas («la Agencia») que preparase un expediente del anexo XV conforme al artículo 69, apartado 1, del Reglamento REACH con vistas a la prohibición de la comercialización y el uso de diafragmas que contuvieran crisótilo. El 17 de enero de 2014, la Agencia finalizó el expediente del anexo XV, que proponía modificar la restricción vigente limitando al 31 de diciembre de 2025 la duración de las exenciones concedidas por los Estados miembros con respecto a la comercialización y el uso de diafragmas que contuvieran crisótilo y de fibras de crisótilo utilizadas exclusivamente en su mantenimiento y haciendo posible que los Estados miembros impusieran un requisito de información para permitir una mejor supervisión y ejecución.

(5)

A continuación, el expediente se sometió a consulta pública y al examen por el Comité de Evaluación del Riesgo (CER) y el Comité de Análisis Socioeconómico (CASE).

(6)

El 26 de noviembre de 2014, el CER dictaminó que en una planta no había exposición alguna de los trabajadores al crisótilo y que, en la otra, la exposición estaba minimizada, hasta un nivel de riesgo poco preocupante, por medidas de gestión de riesgos que eran eficaces para controlar los posibles riesgos derivados del uso del crisótilo. El mismo dictamen concluyó que no se producía ninguna fuga de crisótilo en el medio ambiente y que, por tanto, los beneficios para la salud y el medio ambiente del cierre inmediato de ambas plantas serían insignificantes. Además, por consideraciones relativas al procesamiento y la tecnología, en una de las plantas no se disponía de alternativas adecuadas.

(7)

Para continuar persiguiendo el objetivo de la eliminación progresiva del uso de crisótilo en la UE y dar más claridad y transparencia a la exención vigente, el CER mostró su acuerdo con que se introdujera la modificación propuesta en el expediente del anexo XV. El dictamen concluyó asimismo que era necesario actuar a escala de la Unión.

(8)

El 9 de marzo de 2015, el CASE adoptó un dictamen en el que constató que, en una planta, las celdas existentes que contuvieran amianto serían desmanteladas a más tardar en 2025 y que, en la otra, el operador alegaba que los ensayos en cuanto a la producción que se estaban realizando con diafragmas sin crisótilo en su instalación actual llevarían a la completa sustitución a más tardar en 2025. El CASE concluyó también que el cierre inmediato de esta planta implicaría costes por las pérdidas de valor añadido y puestos de trabajo, y tomó nota del compromiso del operador de esta última planta de cesar todas las importaciones de crisótilo a finales de 2017. Teniendo en cuenta el objetivo general de eliminar progresivamente el uso de crisótilo en la UE y para dar más claridad y transparencia a la exención vigente, el CASE recomendó que la duración de las exenciones concedidas por los Estados miembros con respecto a la comercialización de diafragmas y fibras se limitase hasta el fin de 2017, y concluyó que la modificación propuesta de la restricción vigente, modificada por el CASE, era la medida más adecuada a escala de la Unión.

(9)

La Decisión de Ejecución 2013/732/UE de la Comisión (3), por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) para la producción de cloro-álcali conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) sobre las emisiones industriales, dispone que el uso de diafragmas de amianto no es una MTD y que, por tanto, las condiciones de los permisos para las instalaciones de cloro-álcali que funcionan en la Unión deben actualizarse a más tardar el 12 de diciembre de 2017, de modo que dichas instalaciones ya no usen diafragmas de amianto a partir de esa fecha. Sin embargo, a diferencia de las células de mercurio, que no se consideran MTD en ningún caso, los Estados miembros pueden decidir que, en circunstancias específicas y excepcionales, puedan usarse diafragmas de amianto en una instalación particular durante un período más largo bien definido y en condiciones acordes con los objetivos medioambientales de la Directiva sobre las emisiones industriales, siempre que las condiciones y la duración de ese uso se especifiquen de forma jurídicamente vinculante.

(10)

Tras la adopción del dictamen del CASE, el operador de la planta en la que se prevé la sustitución completa para 2025 firmó un acuerdo vinculante con las autoridades del Estado miembro en cuestión con vistas a garantizar la sustitución gradual de los diafragmas que contuvieran crisótilo por un material alternativo sin amianto a partir de 2014 y a completar la sustitución a más tardar el 30 de junio de 2025. Por tanto, es conveniente que se limite hasta el 30 de junio de 2025, a más tardar, la duración de la exención concedida por los Estados miembros para permitir el uso de diafragmas que contengan crisótilo y de fibras de crisótilo utilizadas exclusivamente en su mantenimiento.

(11)

Es más, a pesar de que, según el acuerdo vinculante, el operador se comprometió a dejar de importar fibras de crisótilo y diafragmas que contuvieran crisótilo antes del fin de 2017, posteriormente confirmó que las importaciones ya habían finalizado, pues ya había adquirido suficientes fibras de crisótilo para gestionar la transición a un material alternativo. Por ello, conviene eliminar la posibilidad de que los Estados miembros puedan permitir la comercialización de diafragmas que contengan crisótilo y de fibras de crisótilo utilizadas exclusivamente para su mantenimiento.

(12)

Debe transmitirse a la Comisión un informe que indique la cantidad de crisótilo usada en diafragmas en las instalaciones que se acogen a exenciones. La legislación de la Unión sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores ya prevé que los empleadores deben reducir la exposición de los trabajadores a las fibras de crisótilo al mínimo y, en cualquier caso, por debajo de un valor límite establecido. Los Estados miembros pueden fijar valores límite más estrictos para esas fibras en el aire, y pueden exigir que sean objeto de medición o seguimiento periódicos. Los resultados de toda medición o seguimiento deben incluirse en el informe.

(13)

Se consultó al Foro de Intercambio de Información relativa al Cumplimiento de la Normativa y se tuvieron en cuenta sus recomendaciones.

(14)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 en consecuencia.

(15)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido en virtud del artículo 133 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006.

23.6.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 165/8

(1)

El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 255/2010 de la Comisión (2) (ATFM en su sigla inglesa), exige que se ajusten a las disposiciones de la OACI contenidas en el anexo las medidas de planificación, coordinación y ejecución de esa gestión que adopten las partes —o los agentes que actúen en su nombre— implicadas en los procesos de ATFM contemplados en el artículo 1, apartado 3. En dicho anexo se hace referencia a las definiciones y a varias de las disposiciones que establece el anexo 11 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional («Convenio de Chicago») y, más concretamente, a su decimotercera edición, de julio de 2001, que incorpora la enmienda n.o 47. Desde la adopción del Reglamento (UE) n.o 255/2010, la OACI ha modificado algunas de las definiciones y disposiciones del anexo 11 del Convenio de Chicago y, más recientemente, ha incorporado la enmienda n.o 49.

(2)

El anexo del Reglamento (UE) n.o 255/2010 hace referencia también a las disposiciones establecidas en los Procedimientos suplementarios regionales de la OACI (Doc 7030) y, más concretamente, a su quinta edición, fechada en 2007. Sin embargo, la quinta edición del Doc 7030 es, de hecho, de 2008 y debe por ello corregirse la referencia a la fecha de edición de 2007.

(3)

Es preciso, pues, corregir y actualizar las referencias del Reglamento (UE) n.o 255/2010 al anexo 11 del Convenio de Chicago y al Doc 7030 de la OACI para permitir que los Estados miembros cumplan sus obligaciones jurídicas internacionales y para garantizar la coherencia con el marco reglamentario internacional de la OACI.

(4)

Procede, por lo tanto, modificar en consecuencia el Reglamento (UE) n.o 255/2010.

(5)

Las medidas establecidas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Cielo Único creado en virtud del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

23.6.2016   

ES

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L 165/10

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1831/2003 establece la autorización de aditivos para su uso en la alimentación animal, así como los motivos y los procedimientos para conceder dicha autorización.

(2)

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 1831/2003, se presentó una solicitud de autorización del cloruro de amonio. Dicha solicitud iba acompañada de la información y la documentación exigidas con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1831/2003.

(3)

La solicitud se refiere a la autorización del cloruro de amonio como aditivo para piensos destinados a rumiantes, gatos y perros, que debe clasificarse en la categoría de «aditivos zootécnicos».

(4)

Este aditivo ya se autorizó para los corderos de engorde mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 832/2012 de la Comisión (2).

(5)

En su dictamen de 4 de diciembre de 2015 (3), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») concluyó que el preparado de cloruro de amonio, en las condiciones de uso propuestas, no tiene supuestamente efectos adversos para la salud de los animales, la salud humana o el medio ambiente, y que su uso puede reducir el valor pH urinario. La Autoridad no considera que sean necesarios requisitos específicos de seguimiento consecutivos a la comercialización. Asimismo, la Autoridad verificó el informe sobre el método de análisis del aditivo en piensos presentado por el laboratorio de referencia establecido por el Reglamento (CE) n.o 1831/2003.

(6)

La evaluación del cloruro de amonio muestra que se cumplen los requisitos de autorización establecidos en el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1831/2003. En consecuencia, procede autorizar el uso de este preparado según se especifica en el anexo del presente Reglamento.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

23.6.2016   

ES

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L 165/13

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

23.6.2016   

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L 165/15

(1)

Mediante el Reglamento (CE) n.o 2535/2001 de la Comisión (2) se abrieron contingentes arancelarios anuales de importación de productos del sector de la leche y los productos lácteos.

(2)

Las cantidades por las que se han presentado solicitudes de certificados de importación entre el 1 de junio de 2016 y el 10 de junio de 2016 para el subperíodo comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 son inferiores, en el caso de algunos contingentes, a las disponibles. Por consiguiente, procede determinar las cantidades por las que no se han presentado solicitudes y añadirlas a la cantidad fijada para el subperíodo contingentario siguiente.

(3)

A fin de garantizar la eficacia de la medida, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

23.6.2016   

ES

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L 165/17

(1)

Con arreglo al artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE, las autoridades competentes de los Estados miembros únicamente pueden permitir el envío a las autoridades competentes de un tercer país de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos que obren en poder de auditores legales o sociedades de auditoría autorizados por ellos, así como de informes de inspección o investigación relativos a las auditorías de que se trate, cuando dichas autoridades cumplan requisitos que la Comisión haya declarado adecuados y existan acuerdos de trabajo basados en la reciprocidad entre tales autoridades y las de los Estados miembros correspondientes. Por tanto, se debe determinar si las autoridades competentes de determinados terceros países cumplen los requisitos adecuados a efectos del envío a las mismas de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos o de informes de inspección o investigación en poder de auditores legales o sociedades de auditoría.

(2)

Las decisiones sobre la adecuación adoptadas con arreglo al artículo 47, apartado 3, de la Directiva 2006/43/CE no abarcan los demás requisitos específicos para el envío de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos o de informes de inspección o investigación en poder de auditores legales o sociedades de auditoría, como la celebración, entre las autoridades competentes, de acuerdos de trabajo sobre una base de reciprocidad según lo establecido en el artículo 47, apartado 1, letra d), de dicha Directiva, o los requisitos para la transferencia de datos personales que se contemplan en la letra e) de dicho artículo.

(3)

A efectos de la presente Decisión, las autoridades competentes de determinados territorios que hayan sido designadas por ley y se encarguen de la regulación y/o la supervisión de los auditores legales y las sociedades de auditoría, o de aspectos concretos de ambas tareas en dichos territorios deben ser asimiladas a autoridades competentes de terceros países.

(4)

El envío a las autoridades competentes de un tercer país o territorio de informes de inspección o investigación o de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos en poder de auditores legales o sociedades de auditoría refleja la considerable importancia que reviste, desde el punto de vista del interés general, el ejercicio de una supervisión pública independiente. En consecuencia, las autoridades competentes de los Estados miembros deben garantizar, en el marco de los acuerdos de trabajo a que se refiere el artículo 47, apartado 2, de la Directiva 2006/43/CE, que la autoridad competente del tercer país o territorio de que se trate únicamente utilice los documentos que se le envíen de conformidad con el artículo 47, apartado 1, de dicha Directiva para el ejercicio de sus funciones de supervisión pública, control de calidad externo e investigación de los auditores y las sociedades de auditoría.

(5)

El envío de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos en poder de auditores legales o sociedades de auditoría a la autoridad competente de un tercer país o territorio incluye la concesión de acceso a tal documentación o su transmisión a dicha autoridad por la autoridad competente del Estado miembro de que se trate o, previa autorización de esta última, por los auditores legales o las sociedades de auditoría en cuyo poder obren.

(6)

Cuando se llevan a cabo inspecciones o investigaciones, los auditores legales y las sociedades de auditoría no están autorizados a conceder acceso a sus papeles de trabajo de auditoría u otros documentos a las autoridades competentes de terceros países o territorios ni a transmitírselos en condiciones distintas a las establecidas en el artículo 47 de la Directiva 2006/43/CE y en la presente Decisión.

(7)

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47, apartado 4, de la Directiva 2006/43/CE, los Estados miembros deben garantizar que, a efectos de supervisión pública, control de calidad e investigación de los auditores legales y las sociedades de auditoría, los contactos entre los auditores legales o las sociedades de auditoría autorizados por ellos y la autoridad competente del tercer país o territorio tengan lugar a través de las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate.

(8)

Los Estados miembros deben garantizar que los acuerdos de trabajo que deben existir conforme a la Directiva 2006/43/CE para que sus autoridades competentes y las de los terceros países o territorios sometidos a la presente Decisión puedan intercambiarse papeles de trabajo de auditoría u otros documentos en poder de auditores legales o sociedades de auditoría, así como informes de inspección o investigación, sean convenidos sobre una base de reciprocidad e incluyan la protección de los secretos profesionales y la información comercial sensible que tales documentos puedan contener en relación con las entidades auditadas, en particular los derechos de propiedad industrial e intelectual, o con los auditores legales y las sociedades de auditoría que las hayan auditado.

(9)

Cuando el envío de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos en poder de auditores legales o sociedades de auditoría y de informes de inspección o investigación a las autoridades competentes del tercer país o territorio de que se trate suponga la divulgación de datos personales, tal divulgación únicamente es lícita si cumple asimismo los requisitos para las transferencias internacionales de datos establecidos en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2). Por consiguiente, el artículo 47, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/43/CE obliga a los Estados miembros a garantizar que el intercambio de datos personales entre sus autoridades competentes y las del tercer país o territorio de que se trate se atenga a lo dispuesto en el capítulo IV de la Directiva 95/46/CE. Los Estados miembros deben velar por que existan salvaguardias adecuadas para la protección de los datos personales transmitidos, en caso necesario establecidas mediante acuerdos vinculantes, y que a su vez las autoridades competentes del tercer país o territorio no divulguen los datos personales incluidos en los documentos enviados sin el acuerdo previo de las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate.

(10)

La adecuación de los requisitos que deben cumplir las autoridades competentes de un tercer país o territorio se evalúa a la luz de los requisitos de cooperación normativa establecidos en el artículo 36 de la Directiva 2006/43/CE o de resultados funcionales equivalentes en lo esencial. En particular, la adecuación debe evaluarse teniendo en cuenta las competencias que ejercen las autoridades competentes del tercer país o territorio considerado, las salvaguardias frente a la vulneración del secreto profesional o las normas sobre confidencialidad, así como las condiciones establecidas en las disposiciones legales y reglamentarias del tercer país o territorio con arreglo a las cuales sus autoridades competentes pueden cooperar con las autoridades competentes de los Estados miembros.

(11)

Las personas que estén o hayan estado empleadas por las autoridades competentes de los terceros países o territorios que reciban papeles de trabajo de auditoría u otros documentos de conformidad con el artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE, deben estar sujetas a las obligaciones del secreto profesional.

(12)

Los auditores legales y las sociedades de auditoría autorizados por un Estado miembro que auditan empresas que han emitido valores en Brasil, el Centro Financiero Internacional de Dubai, Guernesey, Indonesia, la Isla de Man, Jersey, Malasia, Sudáfrica, Corea del Sur, Taiwán o Tailandia, o que forman parte de un grupo que publica cuentas consolidadas obligatorias en alguno de esos terceros países o territorios se rigen por la normativa nacional del tercer país o territorio correspondiente. Por tanto, procede decidir si las autoridades competentes de esos terceros países y territorios cumplen requisitos que cabe considerar adecuados habida cuenta de los requisitos de cooperación normativa establecidos en el artículo 36 de la Directiva 2006/43/CE o de requisitos funcionales equivalentes en lo esencial.

(13)

A efectos del artículo 47 de la Directiva 2006/43/CE, se ha evaluado la adecuación de las autoridades competentes de Brasil, el Centro Financiero Internacional de Dubai, Guernesey, Indonesia, la Isla de Man, Jersey, Malasia, Sudáfrica, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia. Las decisiones sobre la adecuación de dichas autoridades deben basarse en tales evaluaciones.

(14)

La Comissão de Valores Mobiliários (Comisión de Valores Mobiliarios) de Brasil es competente para la supervisión pública, el control de calidad externo y la investigación de los auditores y las sociedades de auditoría. Impone salvaguardias adecuadas, al prohibir y sancionar la divulgación de información confidencial a terceras personas o autoridades por parte de los miembros o antiguos miembros de su personal. Con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias de Brasil, puede enviar a las autoridades competentes de los Estados miembros documentos equivalentes a los mencionados en el artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE. Así pues, a efectos del artículo 47, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/43/CE procede declarar adecuados los requisitos que cumple la Comissão de Valores Mobiliários de Brasil.

(15)

La Dubai Financial Service Authority (Autoridad de Servicios Financieros de Dubai) del Centro Financiero Internacional de Dubai es competente para la supervisión pública, el control de calidad externo y la investigación de los auditores y las sociedades de auditoría. Impone salvaguardias adecuadas, al prohibir y sancionar la divulgación de información confidencial a terceras personas o autoridades por parte de los miembros o antiguos miembros de su personal. Con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias de Dubai y del Centro Financiero Internacional de Dubai, la Dubai Financial Service Authority puede enviar a las autoridades competentes de los Estados miembros documentos equivalentes a los mencionados en el artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE. Así pues, a efectos del artículo 47, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/43/CE procede declarar adecuados los requisitos que cumple la Dubai Financial Service Authority del Centro Financiero Internacional de Dubai.

(16)

El Registrar of Companies (Registro Mercantil) de Guernesey es competente para la supervisión pública, el control de calidad externo y la investigación de los auditores y las sociedades de auditoría. Impone salvaguardias adecuadas, al prohibir y sancionar la divulgación de información confidencial a terceras personas o autoridades por parte de los miembros o antiguos miembros de su personal. Con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias de Guernesey, puede enviar a las autoridades competentes de los Estados miembros documentos equivalentes a los mencionados en el artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE. Así pues, a efectos del artículo 47, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/43/CE procede declarar adecuados los requisitos que cumple el Registrar of Companies de Guernesey.

(17)

El Finance Professions Supervisory Centre (Centro Supervisor de las Profesiones Financieras) de Indonesia es competente para la supervisión pública, el control de calidad externo y la investigación de los auditores y las sociedades de auditoría. Realiza sus funciones junto con o en paralelo a la Autoridad de Servicios Financieros, pero es el organismo regulador nacional de la profesión de auditoría en Indonesia. Por tanto, el Finance Professions Supervisory Centre de Indonesia es la autoridad competente a efectos del artículo 47, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/43/CE. Impone salvaguardias adecuadas, al prohibir y sancionar la divulgación de información confidencial a terceras personas o autoridades por parte de los miembros o antiguos miembros de su personal. La interpretación de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la actualidad en Indonesia permite sustentar la conclusión de que el Finance Professions Supervisory Centre puede enviar a las autoridades competentes de los Estados miembros documentos equivalentes a los mencionados en el artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE. Por tanto, la cooperación normativa entre el Finance Professions Supervisory Centre de Indonesia y las autoridades competentes de los Estados miembros debe estar sujeta a una estrecha supervisión y revisión por parte de la Comisión. Así pues, a efectos del artículo 47, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/43/CE procede declarar adecuados, por un período limitado de tiempo, los requisitos que cumple el Finance Professions Supervisory Centre de Indonesia.

(18)

La Financial Supervision Commission (Comisión de Supervisión Financiera) de la Isla de Man es competente para la supervisión pública, el control de calidad externo y la investigación de los auditores y las sociedades de auditoría. Impone salvaguardias adecuadas, al prohibir y sancionar la divulgación de información confidencial a terceras personas o autoridades por parte de los miembros o antiguos miembros de su personal. Con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias de la Isla de Man, puede enviar a las autoridades competentes de los Estados miembros documentos equivalentes a los mencionados en el artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE. Así pues, a efectos del artículo 47, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/43/CE procede declarar adecuados los requisitos que cumple la Financial Supervision Commission de la Isla de Man.

(19)

La Financial Services Commission (Comisión de Servicios Financieros) de Jersey es competente para la supervisión pública, el control de calidad externo y la investigación de los auditores y las sociedades de auditoría. Impone salvaguardias adecuadas, al prohibir y sancionar la divulgación de información confidencial a terceras personas o autoridades por parte de los miembros o antiguos miembros de su personal. Con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias de Jersey, puede enviar a las autoridades competentes de los Estados miembros documentos equivalentes a los mencionados en el artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE. Así pues, a efectos del artículo 47, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/43/CE procede declarar adecuados los requisitos que cumple la Financial Services Commission de Jersey.

(20)

El Audit Oversight Board (Consejo de Supervisión de la Auditoría) de Malasia es competente para la supervisión pública, el control de calidad externo y la investigación de los auditores y las sociedades de auditoría, incluidos los asuntos de cooperación con las autoridades extranjeras pertinentes en materia de intercambio y transmisión de información a efectos de la supervisión de la auditoría, y la presente Decisión únicamente debe abarcar esas competencias. El Audit Oversight Board desempeña sus funciones en nombre de la Securities Commission (Comisión de Valores) de Malasia, pero de manera independiente. Por tanto, el Audit Oversight Board de Malasia es la autoridad competente a efectos del artículo 47, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/43/CE. Impone salvaguardias adecuadas, al prohibir y sancionar la divulgación de información confidencial a terceras personas o autoridades por parte de los miembros o antiguos miembros de su personal. Con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias de Malasia, puede enviar a las autoridades competentes de los Estados miembros documentos equivalentes a los mencionados en el artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE. Así pues, a efectos del artículo 47, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/43/CE procede declarar adecuados los requisitos que cumple el Audit Oversight Board de Malasia.

(21)

El Independent Regulatory Board for Auditors (Consejo Regulador Independiente de los Auditores) de Sudáfrica es competente para la supervisión pública, el control de calidad externo y la investigación de los auditores y las sociedades de auditoría. Impone salvaguardias adecuadas, al prohibir y sancionar la divulgación de información confidencial a terceras personas o autoridades por parte de los miembros o antiguos miembros de su personal. Con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias de Sudáfrica, puede enviar a las autoridades competentes de los Estados miembros documentos equivalentes a los mencionados en el artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE. No obstante, para poder compartir documentos que se hayan obtenido en la ejecución de inspecciones o informes de inspección se debe contar con el consentimiento del auditor o la sociedad de auditoría inscritos en el Independent Regulatory Board for Auditors de Sudáfrica. Esa obligación puede dificultar la aplicación de los requisitos relativos a la cooperación normativa establecidos en el artículo 47 de la Directiva 2006/43/CE. Por lo tanto, la cooperación normativa entre el Independent Regulatory Board for Auditors de Sudáfrica y las autoridades competentes de los Estados miembros debe ser objeto de una estrecha supervisión y revisión por parte de la Comisión, a fin de evaluar si el requisito del consentimiento obstaculiza, en la práctica, el intercambio de información. Así pues, a efectos del artículo 47, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/43/CE procede declarar adecuados, por un período limitado de tiempo, los requisitos que cumple el Independent Regulatory Board for Auditors de Sudáfrica.

(22)

La Financial Services Commission (Comisión de Servicios Financieros) de Corea del Sur y, dentro de ella, el Financial Supervisory Service (Servicio de Supervisión Financiera) son competentes para la supervisión pública, el control de calidad externo y la investigación de los auditores y las sociedades de auditoría. La responsabilidad global sobre la política de auditoría corresponde a la primera, mientras que el segundo es responsable de la realización de las inspecciones e investigaciones por cuenta de aquella. La presente Decisión debe abarcar el Financial Supervisory Service adscrito a la Financial Services Commission y las competencias de esta última para la supervisión de las auditorías. La Financial Services Commission y el Financial Supervisor Service imponen salvaguardias adecuadas, al prohibir y sancionar la divulgación de información confidencial a terceras personas o autoridades por parte de los miembros o antiguos miembros de su personal. Con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias de Corea del Sur, pueden enviar a las autoridades competentes de los Estados miembros documentos equivalentes a los mencionados en el artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE. Así pues, a efectos del artículo 47, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/43/CE procede declarar adecuados los requisitos que cumplen la Financial Services Commission y el Financial Supervisor Service de Corea del Sur.

(23)

La Financial Supervisory Commission (Comisión de Supervisión Financiera) de Taiwán es competente para la supervisión pública, el control de calidad externo y la investigación de los auditores y las sociedades de auditoría. Impone salvaguardias adecuadas, al prohibir y sancionar la divulgación de información confidencial a terceras personas o autoridades por parte de los miembros o antiguos miembros de su personal. Con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias de Taiwán, puede enviar a las autoridades competentes de los Estados miembros documentos equivalentes a los mencionados en el artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE. Así pues, a efectos del artículo 47, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/43/CE procede declarar adecuados los requisitos que cumple la Financial Supervisory Commission de Taiwán.

(24)

La Securities and Exchange Commission (Comisión de Valores y Bolsa) de Tailandia es competente para la supervisión pública, el control de calidad externo y la investigación de los auditores y las sociedades de auditoría. Impone salvaguardias adecuadas, al prohibir y sancionar la divulgación de información confidencial a terceras personas o autoridades por parte de los miembros o antiguos miembros de su personal. Con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias de Tailandia, puede enviar a las autoridades competentes de los Estados miembros documentos equivalentes a los mencionados en el artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE. Así pues, a efectos del artículo 47, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/43/CE procede declarar adecuados los requisitos que cumple la Securities and Exchange Commission de Tailandia.

(25)

La presente Decisión no afecta a los acuerdos de cooperación a que se refiere el artículo 25, apartado 4, de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(26)

La presente Decisión tiene por finalidad facilitar la cooperación eficaz entre las autoridades competentes de los Estados miembros y las de Brasil, el Centro Financiero Internacional de Dubai, Guernesey, Indonesia, la Isla de Man, Jersey, Malasia, Sudáfrica, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia. Obedece al doble propósito de permitir que dichas autoridades ejerzan sus funciones de supervisión pública, control de calidad externo e investigación, y, al mismo tiempo, proteger los derechos de las partes interesadas. Los Estados miembros están obligados a comunicar a la Comisión los acuerdos de trabajo basados en la reciprocidad que hayan celebrado con tales autoridades, para que pueda evaluar si la cooperación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 47 de la Directiva 2006/43/CE.

(27)

El objetivo último de la cooperación en materia de supervisión de la auditoría desarrollada con Brasil, el Centro Financiero Internacional de Dubai, Guernesey, Indonesia, la Isla de Man, Jersey, Malasia, Sudáfrica, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia es alcanzar la confianza mutua en los respectivos sistemas de supervisión. De este modo, el envío de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos en poder de auditores legales o sociedades de auditoría y de informes de inspección o investigación debería de convertirse en la excepción. La confianza mutua estaría basada en la equivalencia entre los sistemas de supervisión de los auditores de la Unión y del tercer país o territorio de que se trate.

(28)

La Comisión seguirá constantemente la evolución del marco regulador y de supervisión de los terceros países y territorios considerados. La presente Decisión será revisada, en su caso, a la luz de los cambios en materia de regulación y supervisión que se produzcan en la Unión y en los terceros países y territorios considerados, teniendo en cuenta las fuentes de información pertinente disponibles. En particular, la Comisión, asistida por la Comisión de Organismos Europeos de Supervisión de Auditores contemplada en el artículo 30, apartado 7, letra c), y el artículo 30, apartado 12, del Reglamento (UE) n.o 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), puede volver a evaluar la adecuación en cualquier momento, en particular cuando se haya producido algún cambio en la legislación o los hechos pertinentes. Esa reevaluación puede dar lugar a la revocación de la declaración inicial de adecuación.

(29)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió su dictamen el 17 de diciembre de 2015.

(30)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 48, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE.

1)

la Comissão de Valores Mobiliários de Brasil;

2)

la Dubai Financial Service Authority del Centro Financiero Internacional de Dubai;

3)

el Registrar of Companies de Guernesey;

4)

el Finance Professions Supervisory Centre de Indonesia;

5)

la Financial Supervision Commission de la Isla de Man;

6)

la Financial Services Commission de Jersey;

7)

el Audit Oversight Board de Malasia;

8)

el Independent Regulatory Board for Auditors de Sudáfrica;

9)

la Financial Services Commission de Corea del Sur;

10)

la Financial Supervisory Commission de Taiwán;

11)

la Securities and Exchange Commission de Tailandia.