21.5.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 132/1

(1)

La presente Directiva tiene por objeto establecer garantías procesales para que los menores, es decir, las personas de menos de 18 años, sospechosos o acusados en procesos penales puedan comprender y seguir dichos procesos, a fin de permitirles ejercer su derecho a un juicio justo, prevenir su reincidencia y fomentar su inserción social.

(2)

Mediante el establecimiento de normas mínimas comunes sobre la protección de los derechos procesales de los menores sospechosos o acusados, la presente Directiva tiene la finalidad de reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia penal de cada uno de ellos y contribuir de este modo a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal. Dichas normas mínimas comunes deben suprimir también los obstáculos a la libre circulación de los ciudadanos en el territorio de los Estados miembros.

(3)

Aunque los Estados miembros son partes en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la experiencia ha puesto de manifiesto que, por sí sola, esa circunstancia no siempre aporta el grado de confianza suficiente en los sistemas judiciales penales de los demás Estados miembros.

(4)

El 30 de noviembre de 2009, el Consejo adoptó una Resolución relativa al plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales (3) (en lo sucesivo, «plan de trabajo»). Desde una perspectiva gradual, el plan de trabajo insta a adoptar medidas relativas a los siguientes derechos: traducción e interpretación (medida A); información sobre los derechos e información sobre los cargos (medida B); asesoramiento jurídico y justicia gratuita (medida C); comunicación con los familiares, el empleador y las autoridades consulares (medida D); y salvaguardias especiales para acusados o sospechosos que sean vulnerables (medida E). En el plan de trabajo se subraya que el orden en el que se mencionan los derechos es solamente indicativo, por lo que puede modificarse en función de las prioridades. El plan de trabajo está concebido para funcionar como un todo; solo cuando se ejecuten todos sus componentes se percibirán plenamente sus beneficios.

(5)

El 11 de diciembre de 2009, el Consejo Europeo acogió favorablemente el plan de trabajo y lo incorporó al Programa de Estocolmo: Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano (4) (punto 2.4). El Consejo Europeo destacó que el plan de trabajo no era exhaustivo y pidió a la Comisión que examinara nuevos aspectos de los derechos procesales mínimos de los sospechosos y acusados, y que estudiara la necesidad de abordar otras cuestiones, por ejemplo la presunción de inocencia, a fin de fomentar una mejor cooperación en ese ámbito.

(6)

Sobre la base del plan de trabajo se han adoptado hasta la fecha cuatro medidas sobre los derechos procesales en el proceso penal, a saber, las Directivas 2010/64/UE (5), 2012/13/UE (6), 2013/48/UE (7) y (UE) 2016/343 (8) del Parlamento Europeo y del Consejo.

(7)

La presente Directiva promueve los derechos del menor, teniendo en cuenta las directrices del Consejo de Europa sobre la justicia adaptada a los menores.

(8)

Cuando un menor sea sospechoso o acusado en un proceso penal o esté sujeto a un procedimiento relativo a una orden de detención europea con arreglo a la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo (9) (en lo sucesivo, «persona buscada»), los Estados miembros deben velar por que el interés superior del menor constituya siempre una consideración primordial, de conformidad con el artículo 24, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

(9)

Los menores sospechosos o acusados en procesos penales deben recibir una atención especial para preservar su potencial de desarrollo y reinserción social.

(10)

La presente Directiva debe aplicarse a los menores, sospechosos o acusados en un proceso penal, así como a los menores que sean personas buscadas. Con respecto a los menores que sean personas buscadas, las disposiciones pertinentes de la presente Directiva deben aplicarse desde el momento de su detención en el Estado miembro de ejecución.

(11)

La presente Directiva, o ciertas disposiciones de ella, también deben aplicarse a los sospechosos o acusados en procesos penales y a las personas buscadas que fueran menores en el momento en que quedaron sujetas a dichos procesos, pero hayan alcanzado posteriormente la edad de 18 años, y cuando la aplicación de la presente Directiva resulte adecuada habida cuenta de todas las circunstancias del caso, entre ellas la madurez y la vulnerabilidad de la persona de que se trate.

(12)

Respecto al supuesto de que, en el momento de convertirse en sospechosa o acusada en un proceso penal, una persona haya alcanzado los 18 años de edad, pero la infracción penal se haya cometido cuando la persona era menor, se insta a los Estados miembros a aplicar las garantías procesales previstas por la presente Directiva hasta que la persona cumpla la edad de 21 años, al menos en lo que respecta a las infracciones penales cometidas por el mismo sospechoso o acusado y que se investiguen y juzguen conjuntamente por estar inextricablemente ligadas a infracciones penales por las que se hubiese iniciado un proceso penal contra dicha persona antes de que cumpliera la edad de 18 años.

(13)

Los Estados miembros deben determinar la edad de los menores a partir de las declaraciones de los propios menores, la comprobación del estado civil, investigaciones documentales, otras pruebas y, si no se dispone de tales pruebas o no resultan concluyentes, un reconocimiento médico. El reconocimiento médico debe realizarse únicamente como último recurso, respetando estrictamente los derechos del menor así como su integridad física y dignidad humana. En caso de que persistan dudas sobre la edad de la persona, debe presumirse, a efectos de la presente Directiva, que es menor.

(14)

La presente Directiva no debe aplicarse a algunas infracciones leves. No obstante, debe aplicarse cuando el menor sospechoso o acusado sea privado de libertad.

(15)

En algunos Estados miembros una autoridad distinta de los órganos jurisdiccionales con competencia en materia penal puede estar facultada para imponer sanciones distintas de la privación de libertad en caso de infracciones relativamente leves. Así puede suceder, por ejemplo, en relación con infracciones de tráfico que se cometan en gran número y de las que puede quedar constancia mediante un control de tráfico. En tales situaciones, no sería razonable exigir que las autoridades competentes garanticen todos los derechos que reconoce la presente Directiva. Por lo tanto, en los casos en que la normativa de un Estado miembro contemple que esas autoridades puedan imponer sanciones por infracciones leves, y exista el derecho de recurso o la posibilidad de que el asunto se remita de otro modo a un órgano jurisdiccional competente en materia penal, la presente Directiva debe aplicarse únicamente al proceso incoado ante un órgano jurisdiccional a raíz de dicho recurso o remisión.

(16)

En algunos Estados miembros se consideran infracciones penales ciertas infracciones leves, en particular las infracciones de tráfico leves, las infracciones leves de las ordenanzas municipales generales y las infracciones leves del orden público. En tales situaciones, no sería razonable exigir que las autoridades competentes garanticen todos los derechos que reconoce la presente Directiva. Así pues, en los casos en que, con arreglo a la normativa de un Estado miembro, no puedan imponerse sanciones que conlleven privación de libertad para infracciones leves, la presente Directiva solo debe aplicarse a los procesos incoados ante órganos jurisdiccionales competentes en materia penal.

(17)

La presente Directiva debe aplicarse únicamente a los procesos penales. No debe aplicarse a otros tipos de procedimientos, en particular a aquellos que estén concebidos específicamente para menores y puedan dar lugar a medidas protectoras, correccionales o educativas.

(18)

La presente Directiva debe aplicarse teniendo en cuenta las disposiciones de las Directivas 2012/13/UE y 2013/48/UE. La presente Directiva establece nuevas garantías complementarias en lo relativo a la información que debe facilitarse al menor y al titular de la patria potestad a fin de tener en cuenta las necesidades y vulnerabilidades específicas de los menores.

(19)

Los menores deben recibir información sobre los aspectos generales del desarrollo del proceso. Con este fin se les debe facilitar, en particular, una breve explicación de las posteriores fases procesales, en la medida en que sea posible en interés del proceso penal, y sobre la función de las autoridades que intervienen. La información que se facilite debe depender de las circunstancias de cada caso.

(20)

Los menores deben recibir información sobre el derecho a un reconocimiento médico en la fase más temprana del proceso en que ello resulte adecuado, a más tardar cuando sean privados de libertad, si es que se adopta tal medida.

(21)

Si un menor es privado de libertad, la declaración de derechos que se le facilite de conformidad con la Directiva 2012/13/UE debe incluir información clara sobre los derechos del menor en virtud de la presente Directiva.

(22)

Los Estados miembros deben informar al titular de la patria potestad, por escrito, oralmente o de ambas formas, sobre los derechos procesales aplicables. Esta información debe facilitarse lo antes posible y con el grado de detalle necesario para salvaguardar la equidad del proceso y permitir el ejercicio efectivo de los derechos del menor.

(23)

En determinadas circunstancias, que también pueden referirse a una sola de las personas que ostenten la patria potestad, la información debe facilitarse a otro adulto adecuado designado por el menor y que la autoridad competente acepte como tal. Una de dichas circunstancias puede consistir en la concurrencia de motivos objetivos y fácticos que indiquen o hagan sospechar que facilitar la información al titular de la patria potestad podría comprometer seriamente el proceso penal, en particular, cuando las pruebas puedan ser destruidas o alteradas, los testigos puedan ser objeto de injerencias o el titular de la patria potestad haya podido estar involucrado en la presunta actividad delictiva junto con el menor.

(24)

Cuando dejen de existir las circunstancias que hayan llevado a las autoridades competentes a facilitar información a otro adulto adecuado en lugar de al titular de la patria potestad, se debe facilitar al titular de la patria potestad toda la información que el menor reciba de conformidad con la presente Directiva y que siga siendo pertinente en el proceso. Esa exigencia no debe prolongar innecesariamente el proceso penal.

(25)

Los menores sospechosos o acusados tienen derecho a la asistencia de un letrado de conformidad con la Directiva 2013/48/UE. Dado que los menores son vulnerables y no siempre son capaces de comprender y seguir plenamente un proceso penal, deben estar asistidos por un letrado en las situaciones previstas en la presente Directiva. En esas situaciones, los Estados miembros deben organizar la asistencia del menor por un letrado, cuando ni el menor ni el titular de la patria potestad hayan organizado dicha asistencia. Los Estados miembros deben proporcionar asistencia jurídica gratuita cuando resulte necesaria para que el menor sea asistido efectivamente por un letrado.

(26)

La asistencia letrada a efectos de la presente Directiva presupone que el menor tenga derecho a dicha asistencia con arreglo a la Directiva 2013/48/UE. Por consiguiente, cuando la aplicación de una disposición de la Directiva 2013/48/UE impida que el menor disponga de asistencia letrada en virtud de la presente Directiva, no debe aplicarse dicha disposición al derecho de los menores a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva 2013/48/UE. Por otra parte, las excepciones a la asistencia letrada previstas en la presente Directiva no deben afectar al derecho a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva 2013/48/UE al derecho a la asistencia jurídica gratuita con arreglo a la Carta y al CEDH, al Derecho nacional y al de la Unión.

(27)

Lo dispuesto en la presente Directiva en materia de asistencia letrada debe aplicarse sin demora indebida, en cuanto se ponga en conocimiento del menor su condición de sospechoso o acusado. A efectos de la presente Directiva, por asistencia letrada se entiende toda asistencia jurídica y representación por un letrado durante el proceso penal. Si, de conformidad con la presente Directiva, el menor debe recibir asistencia letrada durante el interrogatorio, debe estar presente un letrado. Sin perjuicio del derecho del menor a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva 2013/48/UE, la asistencia letrada no exige que un letrado tenga que estar presente en cada acto de investigación o de obtención de pruebas.

(28)

Siempre que se respete el derecho a un juicio justo, la obligación de los Estados miembros de prestar asistencia letrada a los menores sospechosos o acusados, de conformidad con la presente Directiva, no incluye las siguientes actuaciones: la identificación del menor; la decisión de si debe iniciarse una investigación; la comprobación de la posesión de armas u otras cuestiones de seguridad similares; los actos de investigación o de obtención de pruebas que no sean los mencionados específicamente en la presente Directiva, como los cacheos, los reconocimientos físicos, los análisis de sangre, de detección de alcohol u otros similares, o la obtención de fotografías o de huellas dactilares; o la presentación del menor ante una autoridad competente o su entrega al titular de la patria potestad o a otro adulto adecuado de conformidad con el Derecho nacional.

(29)

En caso de que un menor que inicialmente no fuese sospechoso ni acusado, por ejemplo un testigo, se convierta en sospechoso o acusado, debe tener derecho a no declarar contra sí mismo y a guardar silencio, de conformidad con el Derecho de la Unión y el CEDH, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de Justicia») y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, la presente Directiva hace referencia expresa a la situación concreta en que ese menor se convierte en sospechoso o acusado en el curso del interrogatorio realizado por la policía u otras autoridades policiales en el contexto de un proceso penal. Cuando, durante un interrogatorio, un menor que no sea sospechoso ni acusado se convierta en sospechoso o acusado, debe suspenderse el interrogatorio hasta que se ponga en conocimiento del menor su condición de sospechoso o acusado y disponga de asistencia letrada de conformidad con la presente Directiva.

(30)

Siempre que ello sea conforme con el derecho a un juicio justo, los Estados miembros deben poder establecer excepciones a la obligación de prestar asistencia letrada cuando no sea proporcionado, habida cuenta de las circunstancias del caso, partiendo de la base de que el interés superior del menor siempre debe constituir una consideración primordial. En cualquier caso, el menor debe disponer de asistencia letrada cuando se le presente ante el órgano jurisdiccional competente para decidir sobre su detención en cualquier fase del proceso dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva y durante su detención. Además, no se debe imponer una pena de privación de libertad a no ser que el menor haya contado con asistencia, letrada de manera que haya podido ejercer su derecho de defensa de modo efectivo y, en cualquier caso, durante la vista oral del juicio ante un órgano jurisdiccional. Los Estados miembros deben poder establecer disposiciones prácticas a este respecto.

(31)

Debe permitirse a los Estados miembros establecer excepciones temporales a la obligación de prestar asistencia letrada en la fase prejudicial cuando existan razones imperiosas, por ejemplo, una necesidad urgente de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona, o cuando sea imperativa una actuación inmediata de las autoridades de investigación para evitar comprometer seriamente el proceso penal en relación con una infracción penal grave, por ejemplo con el fin de obtener información sobre los presuntos autores de una infracción penal grave o para evitar que se pierdan pruebas importantes relativas a una infracción penal grave. Durante la vigencia de una excepción temporal por una de esas razones imperiosas, las autoridades competentes deben poder interrogar a un menor sin la presencia del letrado, siempre que se le haya informado de su derecho a guardar silencio y de que pueda ejercer ese derecho, y que el interrogatorio no menoscabe el derecho de defensa, incluido el derecho a no declarar contra sí mismo. Solo debe poder llevarse a cabo el interrogatorio en la medida necesaria para obtener información que sea esencial para evitar graves consecuencias negativas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona o para evitar comprometer seriamente el proceso penal. En principio, el recurso abusivo a esta excepción temporal supondría un perjuicio irremediable para el derecho de defensa.

(32)

Los Estados miembros deben establecer con claridad en su Derecho nacional los motivos y los criterios de tal excepción temporal y deben hacer un uso restrictivo de ella. Toda excepción temporal debe ser proporcionada, estrictamente limitada en el tiempo, no basarse exclusivamente en el tipo o la gravedad de la presunta infracción penal y no ir en detrimento de la equidad general del proceso. Los Estados miembros deben velar por que, cuando una autoridad competente que no sea un órgano jurisdiccional haya autorizado una excepción temporal en virtud de la presente Directiva, un órgano jurisdiccional pueda examinar la decisión de autorizar la excepción temporal, al menos durante la fase del juicio.

(33)

La confidencialidad de las comunicaciones entre el menor y su letrado es clave para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de defensa, y constituye una parte esencial del derecho a un juicio justo. Por consiguiente, los Estados miembros deben respetar, sin excepciones, la confidencialidad de las reuniones y otras formas de comunicación entre el letrado y el menor en el contexto de la asistencia letrada prevista en la presente Directiva. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de los procedimientos aplicables a la situación en que se sospeche, a partir de indicios objetivos y fácticos, que el letrado está implicado junto con el menor en la comisión de una infracción penal. Una actividad delictiva del letrado no puede reputarse asistencia legítima a los menores en el marco de la presente Directiva. La obligación de respeto de la confidencialidad implica no solo que los Estados miembros se abstengan de obstaculizar dichas comunicaciones o de acceder a ellas, sino también que, en caso de que el menor esté privado de libertad o se encuentre sujeto al control del Estado de otra forma, los Estados miembros deben velar por que las disposiciones en materia de comunicación sustenten y protejan esa confidencialidad. Ello se entiende sin perjuicio de los mecanismos existentes en los centros de detención para impedir que el detenido reciba envíos ilícitos, como puede ser el cribado de la correspondencia, siempre que tales mecanismos no permitan a las autoridades competentes leer las comunicaciones entre el menor y su letrado. La presente Directiva se entiende asimismo sin perjuicio de los procedimientos de Derecho nacional en virtud de los cuales pueda denegarse la transmisión de la correspondencia si el remitente no admite que dicha correspondencia se presente previamente ante un órgano jurisdiccional competente.

(34)

La presente Directiva se entiende sin perjuicio de que accidentalmente las autoridades competentes puedan vulnerar la confidencialidad como consecuencia de una operación legal de vigilancia. La presente Directiva se entiende asimismo sin perjuicio de la labor llevada a cabo, por ejemplo, por los servicios nacionales de inteligencia, a fin de garantizar la seguridad nacional de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE), o de toda labor que se incluya en el artículo 72 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en virtud del cual el título V de la parte III del TFUE, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, se entiende sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en cuanto al mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior.

(35)

Los menores sospechosos o acusados en procesos penales deben tener derecho a una evaluación individual que determine sus necesidades específicas en cuanto a protección, educación, formación profesional e inserción social, para determinar si necesitan medidas especiales durante el proceso penal y en qué medida, así como para determinar su grado de responsabilidad penal y la idoneidad de una sanción o medida educativa concreta.

(36)

En la evaluación individual se debe tener en cuenta, en particular, la personalidad y la madurez del menor y su contexto económico, social y familiar, incluidas sus condiciones de vida, así como cualquier vulnerabilidad específica del menor, como discapacidades intelectuales y dificultades de comunicación.

(37)

Debe poder adaptarse la extensión y el grado de detalle de las evaluaciones individuales a las circunstancias del caso, teniendo en cuenta la gravedad de la presunta infracción penal y las medidas que puedan adoptarse si el menor es declarado culpable de dicha infracción. Puede recurrirse a una evaluación individual realizada en el pasado reciente al mismo menor si ya está actualizada.

(38)

Las autoridades competentes deben tener en cuenta la información derivada de una evaluación individual para determinar si se ha de adoptar alguna medida específica relativa al menor (como la prestación de cualquier tipo de asistencia práctica), para evaluar la adecuación y efectividad de cualquier medida cautelar relativa al menor (como las decisiones sobre la prisión provisional o las medidas alternativas), y, considerando las características y circunstancias individuales del menor, para adoptar cualquier decisión o medida en el contexto del proceso penal, incluida la imposición de la pena. El hecho de que no se disponga aún de una evaluación individual no debe impedir que las autoridades competentes adopten tales medidas o decisiones, siempre que se respeten las condiciones establecidas en la presente Directiva, incluido que se realice una evaluación individual en la fase más temprana posible del proceso. Cuando se disponga de la evaluación individual, se podrían reexaminar la adecuación y la efectividad de las medidas o decisiones que se adoptan antes de realizarse la evaluación individual.

(39)

La evaluación individual debe realizarse en la fase más temprana posible del proceso y con antelación suficiente para que el fiscal, el juez u otra autoridad competente puedan tener en cuenta la información que se derive de ella antes de formular una acusación destinada al juicio. No obstante, debe ser posible formular una acusación aun no existiendo una evaluación individual, siempre que sirva al interés superior del menor. Así puede ocurrir, por ejemplo, cuando un menor se encuentra en prisión preventiva y esperar a la evaluación individual podría alargar innecesariamente tal privación de libertad.

(40)

Los Estados miembros deben poder prever excepciones a la obligación de realizar una evaluación individual, cuando la excepción esté justificada en las circunstancias del caso, habida cuenta, entre otros elementos, de la gravedad de la presunta infracción penal y las medidas que puedan adoptarse si el menor es declarado culpable de esa infracción, siempre que sea compatible con el interés superior del menor. En ese contexto, deben tenerse en cuenta todos los elementos pertinentes, incluido si el menor ha sido sometido o no recientemente a una evaluación individual en el contexto de un proceso penal o si el asunto puede tramitarse sin acusación.

(41)

El deber de cuidado para con el menor sospechoso o acusado es fundamental para la administración equitativa de la justicia, en particular cuando el menor está privado de libertad y, por tanto, se encuentra en una situación especialmente vulnerable. A fin de garantizar la integridad personal de los menores privados de libertad, dichos menores deben tener derecho a un reconocimiento médico. El reconocimiento médico debe ser realizado por un médico u otra persona cualificada, ya sea por iniciativa de las autoridades competentes, en particular cuando esté motivado por condiciones específicas de salud, o en respuesta a una solicitud del menor, del titular de la patria potestad, o del letrado del menor. Los Estados miembros deben establecer disposiciones prácticas sobre los reconocimientos médicos que se realicen con arreglo a la presente Directiva, y sobre el acceso de los menores a dichos reconocimientos. Esas disposiciones pueden referirse, en particular, al supuesto en que se presenten dos o más solicitudes de reconocimiento médico relativas al mismo menor en un breve período de tiempo.

(42)

Los menores sospechosos o acusados en procesos penales no siempre pueden comprender el contenido de los interrogatorios a que se les somete. Con el fin de garantizar una protección suficiente de esos menores, los interrogatorios efectuados por la policía u otras autoridades policiales deben grabarse por medios audiovisuales cuando ello resulte proporcionado, habida cuenta, entre otros, de si está presente o no un letrado y de si el menor está privado o no de libertad, y partiendo de la base de que el interés superior del menor siempre debe constituir una consideración primordial. La presente Directiva no exige a los Estados miembros grabar los interrogatorios de menores realizados por un órgano jurisdiccional.

(43)

Cuando, estando prevista una grabación audiovisual con arreglo a la presente Directiva, dicha grabación resulte imposible por un problema técnico insalvable, la policía u otras autoridades policiales deben poder realizar el interrogatorio al menor sin grabarlo por medios audiovisuales, siempre que se hayan realizado esfuerzos razonables para resolver el problema técnico, que no resulte adecuado retrasar el interrogatorio y que sea compatible con el interés superior del menor.

(44)

En cualquier caso, e independientemente de que el interrogatorio del menor se grabe o no por medios audiovisuales, dicho interrogatorio debe realizarse teniendo en cuenta la edad y madurez del menor.

(45)

Los menores se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad cuando se encuentran privados de libertad. Por este motivo, deben realizarse esfuerzos especiales para evitar la privación de libertad y, en particular, la detención de los menores en cualquiera de las fases del proceso antes de la decisión definitiva de un órgano jurisdiccional que determine si el menor en cuestión ha cometido la infracción penal, dados los posibles riesgos para su desarrollo físico, mental y social, y porque la privación de libertad podría dificultar su reinserción social. Los Estados miembros podrían establecer disposiciones prácticas, como directrices o instrucciones para los agentes de policía, sobre la aplicación de esa exigencia a las situaciones de custodia policial. En cualquier caso, esa exigencia se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que agentes de policía u otras autoridades policiales detengan a un menor en situaciones en que a primera vista se presuma necesario, por ejemplo, en caso de flagrante delito o inmediatamente después de la comisión de una infracción penal.

(46)

Las autoridades competentes deben considerar en todo momento medidas alternativas a la detención (medidas alternativas) y hacer uso de ellas cuando sea posible. Tales medidas alternativas podrían incluir la prohibición de que el menor acuda a ciertos lugares o la obligación del menor de residir en un lugar determinado, limitaciones relativas al contacto con personas concretas, la obligación de informar a las autoridades competentes, la participación en programas educativos o, previo consentimiento del menor, la participación en programas terapéuticos o de tratamiento de la drogodependencia.

(47)

La detención del menor debe estar sujeta a revisión periódica por parte de un órgano jurisdiccional, que puede ser unipersonal. Debe ser posible llevar a cabo tal revisión periódica de oficio por el órgano jurisdiccional, o a solicitud del menor, del letrado del menor o de una autoridad judicial que no sea un órgano jurisdiccional, en particular de un fiscal. Los Estados miembros deben establecer disposiciones prácticas al respecto, en particular en relación con la situación en que el órgano jurisdiccional ya haya efectuado de oficio la revisión periódica y el menor o el letrado del menor soliciten que se efectúe otra revisión.

(48)

Los menores detenidos deben estar amparados por medidas especiales de protección. En particular, debe mantenérseles separados de los adultos, a menos que se considere que el interés superior del menor requiera lo contrario, de conformidad con el artículo 37, letra c), de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Cuando un menor detenido cumpla la edad de 18 años, debe existir la posibilidad de que se mantenga la detención en régimen separado si las circunstancias de la persona concreta lo justifican. Dada la vulnerabilidad que les es inherente, debe prestarse especial atención al trato que se da a los menores detenidos. Los menores deben tener acceso a las estructuras educativas en función de sus necesidades.

(49)

Los Estados miembros deben velar por que los menores sospechosos o acusados que estén bajo custodia policial se encuentren separados de los adultos, a menos que se considere que el interés superior del menor requiera lo contrario o salvo que, en circunstancias excepcionales, no resulte posible en la práctica, siempre que se les mantenga junto con adultos de forma compatible con el interés superior del menor. Por ejemplo, en zonas escasamente pobladas, los menores pueden estar excepcionalmente bajo custodia policial junto con adultos, a no ser que sea contrario al interés superior del menor. En esas situaciones se debe exigir de las autoridades competentes una especial vigilancia para proteger la integridad física y el bienestar de los menores.

(50)

Los menores pueden permanecer detenidos junto con adultos jóvenes a no ser que ello sea contrario al interés superior del menor. Corresponde a los Estados miembros determinar a qué personas se considera adultos jóvenes, de conformidad con su Derecho y procedimientos nacionales. Se anima a los Estados miembros a determinar que las personas mayores de 24 años no sean consideradas adultos jóvenes.

(51)

En el caso de menores detenidos, los Estados miembros deben adoptar medidas adecuadas según lo dispuesto en la presente Directiva. Tales medidas deben garantizar, entre otros, el ejercicio regular y efectivo del derecho a la vida familiar. Los menores deben tener derecho a mantener contactos periódicos con sus padres, familiares y amigos a través de visitas y correspondencia, salvo que se exijan restricciones excepcionales por el interés superior del menor o en interés de la justicia.

(52)

Los Estados miembros también deben adoptar medidas adecuadas para garantizar el respeto de la libertad religiosa o de creencias del menor. A este respecto, los Estados miembros deben abstenerse, en particular, de injerencias en la religión o las creencias del menor. Sin embargo, no se exige a los Estados miembros que adopten medidas activas para asistir a los menores en la práctica de su religión.

(53)

Cuando proceda, los Estados miembros también deben adoptar medidas adecuadas en otras situaciones de privación de libertad. Las medidas adoptadas deben ser proporcionadas y adecuadas en relación con la naturaleza de la privación de la libertad, como la custodia policial o la detención, y con su duración.

(54)

Los profesionales en contacto directo con menores deben tener en cuenta las necesidades particulares de estos en función de los distintos grupos de edad, y velar por que los procesos se adapten en consecuencia. A tal efecto, dichos profesionales deben recibir formación especial para tratar con menores.

(55)

Los menores deben ser tratados de manera adecuada a su edad, madurez y nivel de comprensión, teniendo en cuenta las necesidades especiales que puedan tener, por ejemplo dificultades para comunicarse.

(56)

Teniendo en cuenta las diferencias entre los ordenamientos jurídicos y las tradiciones jurídicas de los Estados miembros, debe garantizarse del mejor modo posible la protección de la vida privada de los menores durante los procesos penales, a fin, en particular, de facilitar la reinserción social de los menores. Los Estados miembros deben establecer que las vistas en que participen menores se celebren, por regla general, sin presencia de público o deben permitir a los órganos jurisdiccionales decidir que esas vistas se celebren sin presencia de público. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que las sentencias se pronuncien públicamente de conformidad con el artículo 6 del CEDH.

(57)

Los menores deben tener derecho a estar acompañados por el titular de la patria potestad en las vistas en las que participen. Si la patria potestad del mismo menor la ostentan varias personas, este debe tener derecho a estar acompañado por todas ellas, a no ser que resulte imposible en la práctica pese a los esfuerzos razonables de las autoridades competentes. Los Estados miembros deben adoptar disposiciones prácticas para el ejercicio, por parte de los menores, del derecho a estar acompañados por el titular de la patria potestad durante las vistas en que participen, y sobre las condiciones en que se pueda excluir temporalmente de las vistas al acompañante. Esas disposiciones pueden referirse, entre otros, a situaciones en que el titular de la patria potestad se encuentre en la imposibilidad temporal de acompañar al menor o no desee hacer uso de la posibilidad de acompañarlo, siempre que se tenga en cuenta el interés superior del menor.

(58)

En determinadas circunstancias, que también pueden referirse a una de las personas titulares de la patria potestad, el menor debe tener derecho a estar acompañado durante las vistas de un adulto adecuado que no sea el titular de la patria potestad. Una de esas circunstancias se daría cuando el titular de la patria potestad que acompañe al menor pueda comprometer seriamente el proceso penal, en particular, cuando circunstancias objetivas y fácticas indiquen o hagan sospechar que las pruebas puedan ser destruidas o alteradas, los testigos puedan ser objeto de injerencias o el titular de la patria potestad haya podido estar involucrado en la presunta actividad delictiva junto con el menor.

(59)

De conformidad con la presente Directiva, los menores también deben tener derecho a estar acompañados por el titular de la patria potestad durante otras fases del proceso en que el menor esté presente, como por ejemplo durante el interrogatorio policial.

(60)

El derecho de un acusado a estar presente en el juicio se basa en el derecho a un juicio justo establecido en el artículo 47 de la Carta y en el artículo 6 del CEDH, según la interpretación del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los Estados miembros deben adoptar medidas adecuadas para proporcionar incentivos a la presencia de los menores en su propio juicio, también citándoles personalmente y enviando copia de la citación al titular de la patria potestad o, si esto fuera contrario al interés superior del menor, a otro adulto adecuado. Los Estados miembros deben adoptar disposiciones prácticas relativas a la presencia del menor en el juicio. Esas disposiciones podrían incluir normas sobre las condiciones en las que se puede excluir temporalmente del juicio a un menor.

(61)

Determinados derechos previstos en la presente Directiva deben aplicarse a los menores que sean personas buscadas a partir del momento de su detención en el Estado miembro de ejecución.

(62)

El procedimiento relativo a la orden de detención europea es crucial para la cooperación entre Estados miembros en materia penal. El cumplimiento de los plazos previstos en la Decisión Marco 2002/584/JAI es esencial para dicha cooperación. Por consiguiente, si bien los menores que son personas buscadas deben tener la posibilidad de ejercer plenamente los derechos que les confiere la presente Directiva en procedimientos relativos a la orden de detención europea, dichos plazos deben respetarse.

(63)

Los Estados miembros deben adoptar medidas adecuadas para garantizar que los jueces y fiscales que intervengan en procesos penales en que estén involucrados menores dispongan de aptitudes específicas en esa materia o tengan acceso efectivo a una formación específica, en particular en materia de derechos de los menores, técnicas adecuadas de interrogatorio, psicología infantil y comunicación mediante un lenguaje adaptado a los menores. Los Estados miembros también deben adoptar medidas adecuadas para promover que reciban ese tipo de formación los letrados que intervengan en procesos penales en que estén involucrados menores.

(64)

A fin de supervisar y evaluar la efectividad de la presente Directiva, es necesario que los Estados miembros recopilen los datos pertinentes, del conjunto de datos disponibles, sobre el ejercicio de los derechos establecidos en la misma. Tales datos incluyen los datos registrados por las autoridades judiciales y policiales y, en la medida de lo posible, los datos administrativos compilados por los servicios de asistencia sanitaria y social respecto a los derechos establecidos en la presente Directiva, en particular en relación con el número de menores a los que se ha prestado la asistencia de un letrado, el número de evaluaciones individuales realizadas, el número de grabaciones audiovisuales de interrogatorios y el número de menores privados de libertad.

(65)

Los Estados miembros deben respetar y garantizar los derechos establecidos en la presente Directiva, sin discriminación alguna por motivo alguno, como la raza, el color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opinión política o de otra índole, nacionalidad, origen étnico o social, patrimonio, discapacidad o nacimiento.

(66)

La presente Directiva promueve los derechos y principios fundamentales reconocidos por la Carta y por el CEDH, incluidos la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la integridad de la persona, los derechos del menor, la integración de las personas discapacitadas, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y el derecho de defensa. La presente Directiva debe aplicarse de conformidad con esos derechos y principios.

(67)

La presente Directiva establece normas mínimas. Los Estados miembros deben poder ampliar los derechos establecidos en ella para ofrecer un mayor nivel de protección. Este mayor nivel de protección no debe ser óbice al reconocimiento recíproco de las resoluciones judiciales que esas normas mínimas pretenden facilitar. El nivel de protección que proporcionen los Estados miembros nunca debe ser inferior al dispensado por la Carta o el CEDH, según la interpretación del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

(68)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de normas mínimas comunes aplicables a los menores sospechosos o acusados en procesos penales, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(69)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, estos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Directiva y no quedan vinculados por la misma ni sujetos a su aplicación.

(70)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

(71)

De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (10), en casos justificados, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Tratándose de la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisión de dichos documentos.

a)

sospechosos o acusados en procesos penales, o

b)

sujetos a procedimientos relativos a una orden de detención europea, con arreglo a lo dispuesto en la Decisión Marco 2002/584/JAI (en lo sucesivo, «personas buscadas»).

a)

cuando el Derecho de un Estado miembro contemple la imposición de una sanción por parte de una autoridad distinta de un órgano jurisdiccional con competencia en materia penal, y de que la imposición de tal sanción pueda ser objeto de recurso ante ese tipo de órgano jurisdiccional o ser remitida a él, o

b)

cuando no pueda imponerse una sanción de privación de libertad,

1)

«menor», toda persona de menos de dieciocho años;

2)

«titular de la patria potestad», toda persona que ostente la patria potestad de un menor;

3)

«patria potestad», todos los derechos y obligaciones conferidos a una persona física o jurídica en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos, en relación con la persona o los bienes de un menor, incluidos los derechos de guarda y custodia y de visita.

a)

con prontitud cuando se ponga en conocimiento del menor su condición de sospechoso o acusado, por lo que respecta a los derechos siguientes:

b)

en la fase más temprana del proceso en que ello resulte adecuado, por lo que respecta a los derechos siguientes:

c)

en el momento de la privación de libertad, por lo que respecta al derecho a un trato específico durante la privación de libertad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12.

a)

sea contrario al interés superior del menor;

b)

no sea posible porque, tras haberse realizado esfuerzos razonables, no se pueda localizar a ningún titular de la patria potestad o se desconozca su identidad;

c)

habida cuenta de circunstancias objetivas y fácticas, pueda comprometer seriamente el proceso penal.

a)

antes de que sean interrogados por la policía u otras autoridades policiales o judiciales;

b)

en el momento en que las autoridades de investigación u otras autoridades competentes realicen una actuación de investigación o de obtención de pruebas con arreglo al apartado 4, letra c);

c)

sin demora indebida tras la privación de libertad;

d)

habiendo sido citados a personarse ante un órgano jurisdiccional competente en materia penal, con la suficiente antelación antes de que se presenten ante dicho órgano jurisdiccional.

a)

los Estados miembros velarán por que los menores tengan derecho a entrevistarse en privado y a comunicarse con el letrado que los defienda, incluso con anterioridad a que sean interrogados por la policía u otras autoridades policiales o judiciales;

b)

los Estados miembros velarán por que los menores reciban asistencia letrada cuando sean interrogados y a que el letrado pueda intervenir de manera efectiva durante el interrogatorio. Esta intervención se desarrollará de acuerdo con los procedimientos previstos por el Derecho nacional, a condición de que tales procedimientos no menoscaben el ejercicio efectivo ni el contenido esencial del derecho de que se trate. Cuando un letrado intervenga durante el interrogatorio, se dejará constancia de este extremo de acuerdo con el procedimiento que prevea para ello el Derecho nacional;

c)

los Estados miembros velarán por que los menores reciban asistencia letrada, como mínimo, en los siguientes actos de investigación o de obtención de pruebas, si dichos actos están previstos en el Derecho nacional y si se requiere o permite que el sospechoso o acusado asista a dicho acto:

a)

cuando se les ponga a disposición del órgano jurisdiccional competente para decidir sobre su detención en cualquier fase del proceso dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, y

b)

durante la detención.

a)

una necesidad urgente de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona;

b)

una necesidad urgente de una actuación inmediata de las autoridades de investigación para evitar comprometer seriamente el proceso penal en relación con una infracción penal grave.

a)

determinar si procede adoptar alguna medida específica en favor del menor;

b)

evaluar la adecuación y efectividad de las medidas cautelares en relación con el menor;

c)

adoptar decisiones o medidas en el proceso penal, incluida la imposición de la condena.

a)

el menor;

b)

el titular de la patria potestad o el adulto adecuado al que se refieren los artículos 5 y 15;

c)

el letrado del menor.

a)

se considere que el interés superior del menor requiere lo contrario, o

b)

en circunstancias excepcionales, no resulte posible en la práctica dicha separación, siempre que se mantenga a los menores junto con adultos de una manera que sea compatible con el interés superior del menor.

a)

garantizar y salvaguardar su salud y su desarrollo físico y mental;

b)

garantizar su derecho a la educación y la formación, también en el caso de menores con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales;

c)

garantizar el ejercicio regular y efectivo de su derecho a la vida familiar;

d)

garantizar el acceso a programas que fomenten su desarrollo y su reinserción social, y

e)

garantizar el respeto de su libertad de religión o creencias.

a)

sea contraria al interés superior del menor;

b)

no sea posible porque, tras haberse realizado esfuerzos razonables, no se pueda localizar a ningún titular de la patria potestad o se desconozca su identidad, o

c)

habida cuenta de circunstancias objetivas y fácticas, comprometa seriamente el proceso penal.

a)

redunda en interés superior del menor estar acompañado por dicha persona, y

b)

la presencia de dicha persona no perjudica al curso normal del proceso penal.

21.5.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 132/21

(1)

Es preciso introducir una serie de modificaciones en las Directivas 2004/114/CE (4) y 2005/71/CE (5) del Consejo. En aras de la claridad, procede refundir ambas Directivas.

(2)

La presente Directiva debe responder a las necesidades determinadas en los informes de aplicación de las Directivas 2004/114/CE y 2005/71/CE, con el fin de subsanar las deficiencias detectadas, garantizar una mayor transparencia y seguridad jurídica y ofrecer un marco jurídico coherente a las distintas categorías de nacionales de países terceros que entran en la Unión. Para ello, se deben simplificar y racionalizar las disposiciones aplicables a las distintas categorías, reuniéndolas en un único instrumento. A pesar de que las categorías que regula la presente Directiva presentan ciertas diferencias, también comparten una serie de características que posibilitan su regulación bajo un marco jurídico común a escala de la Unión.

(3)

La presente Directiva debe contribuir al objetivo recogido en el Programa de Estocolmo de aproximar las legislaciones nacionales que establecen los requisitos de entrada y de residencia de los nacionales de países terceros. La inmigración procedente de fuera de la Unión es una fuente de personas altamente cualificadas, y especialmente los estudiantes y los investigadores son cada vez más solicitados. Estos desempeñan un importante papel en la configuración del activo clave de la Unión, a saber, el capital humano, y para garantizar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, contribuyendo de ese modo a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

(4)

Los informes de aplicación de las Directivas 2004/114/CE y 2005/71/CE señalaron ciertas carencias, sobre todo en relación con las condiciones de admisión, los derechos, las garantías de procedimiento, el acceso de los estudiantes al mercado laboral durante sus estudios y la disposiciones relativas a la movilidad dentro de la Unión. También se han estimado necesarias algunas mejoras concretas en lo relativo a las categorías optativas de nacionales de países terceros. Posteriores y más amplias consultas han destacado asimismo la necesidad de mejorar las posibilidades de búsqueda de empleo de los investigadores y estudiantes y la protección de los au pairs, que quedaban al margen de las Directivas 2004/114/CE y 2005/71/CE.

(5)

Con el fin de instaurar progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) contempla la adopción de medidas en los ámbitos del asilo, la inmigración y la protección de los derechos de los nacionales de países terceros.

(6)

La presente Directiva debe fijarse asimismo el objetivo de fomentar los contactos entre los ciudadanos y la movilidad como elementos importantes de la política exterior de la Unión, especialmente en lo que respecta a los países beneficiarios de la política europea de vecindad o a los socios estratégicos de la Unión. Debe permitir una mejor contribución al Enfoque Global de la Migración y la Movilidad y sus Asociaciones de Movilidad, que ofrecen una estructura concreta para el diálogo y la cooperación entre Estados miembros y países terceros, incluso con miras a facilitar y organizar la migración legal.

(7)

Las migraciones con los fines establecidos en la presente Directiva deberían fomentar la generación y la adquisición de conocimientos y capacidades. Constituyen una forma de enriquecimiento recíproco para los migrantes interesados, su Estado de origen y el Estado de que se trate, reforzando los vínculos culturales y aumentando la diversidad cultural.

(8)

La presente Directiva debe promocionar la Unión como un espacio atractivo para la investigación y la innovación, mejorando su posición en la competencia global por el talento y conduciendo, de esta manera, a un aumento de la competitividad general y los índices de crecimiento de la Unión, al tiempo que crea puestos de trabajo que aporten una mayor contribución al crecimiento del PIB. La apertura de la Unión a los nacionales de países terceros que pueden ser admitidos con fines de investigación forma también parte de la iniciativa emblemática denominada Unión por la Innovación. La creación de un mercado de trabajo abierto para los investigadores de la Unión y de países terceros se consideró también uno de los objetivos clave del Espacio Europeo de Investigación, espacio unificado en el que circulan libremente investigadores, conocimientos científicos y tecnología.

(9)

Conviene facilitar la admisión de aquellos nacionales de países terceros que solicitan su admisión con el fin de ejercer actividades de investigación, mediante un procedimiento de admisión independiente de su vínculo jurídico con el organismo de investigación de acogida y no exigiendo que, además de la autorización, tengan que solicitar un permiso de trabajo. Este procedimiento debe basarse en la colaboración entre los organismos de investigación y las autoridades de inmigración de los Estados miembros. Debe otorgar a esos organismos un papel central en el procedimiento de admisión, con el fin de facilitar y acelerar la entrada de los nacionales de países terceros que solicitan su admisión con el fin de ejercer actividades de investigación en la Unión, al tiempo que se preservan las prerrogativas de los Estados miembros en cuanto a política de inmigración. Los organismos de investigación, respecto de los cuales los Estados miembros deben tener la posibilidad de aprobarlos previamente, deben poder firmar con nacionales de países terceros convenios de acogida o contratos para la realización de actividades de investigación. Los Estados miembros deben expedir las autorizaciones sobre la base de los convenios de acogida o contratos, si se cumplen los requisitos de entrada y residencia.

(10)

Dado que los esfuerzos que se han de realizar para alcanzar el objetivo de invertir el 3 % del PIB en investigación afectan en gran medida al sector privado, debe estimularse en este sector, cuando proceda, la contratación de más investigadores en los próximos años.

(11)

A fin de que la Unión sea más atractiva para aquellos nacionales de países terceros que desean ejercer actividades de investigación en la Unión, se debe permitir que los miembros de su familia, según se definen en la Directiva 2003/86/CE del Consejo (6), les acompañen y disfruten de las disposiciones relativas a la movilidad dentro de la Unión. Esos miembros de la familia deben tener acceso al mercado de trabajo en el primer Estado miembro y, en caso de movilidad de larga duración, en los segundos Estados miembros, salvo en circunstancias excepcionales, como tasas de desempleo particularmente elevadas, en las que los Estados miembros deben conservar la posibilidad de comprobar que la vacante no puede ser cubierta recurriendo al mercado laboral nacional durante un período que no supere los doce meses. Con las excepciones establecidas en la presente Directiva, deben aplicarse todas las disposiciones contenidas en la Directiva 2003/86/CE, incluida la motivación para la denegación, la retirada, el rechazo o la renovación. Por consiguiente, podrían retirarse los permisos de residencia de los miembros de la familia o denegarse su renovación si la autorización del investigador al que acompañan llega a su fin y no gozan de ningún derecho de residencia autónomo.

(12)

Cuando proceda, debería alentarse a los Estados miembros a que otorguen a los doctorandos la consideración de investigadores a efectos de la presente Directiva.

(13)

La aplicación de la presente Directiva no debería favorecer la fuga de cerebros de los países emergentes o en desarrollo. En colaboración con los países de origen y a fin de establecer una política global de inmigración, deben adoptarse medidas destinadas a facilitar la reintegración de los investigadores en sus países de origen.

(14)

A fin de promover el rol de Europa en su conjunto como centro mundial de excelencia para los estudios y la formación, deben mejorarse y simplificarse los requisitos de entrada y residencia de aquellos que deseen trasladarse a la Unión con esos fines. Ese objetivo se ajusta a los de la agenda para la modernización de los sistemas de educación superior en Europa, especialmente en el contexto de la internacionalización de la enseñanza superior europea. Parte de este esfuerzo consiste en la aproximación de las correspondientes legislaciones nacionales de los Estados miembros. En este contexto, y de acuerdo con las Conclusiones del Consejo sobre la modernización de la enseñanza superior (7), el término «educación superior» engloba a todas las instituciones de enseñanza superior, que pueden incluir, entre otros, a las universidades, las universidades de ciencias aplicadas, los institutos técnicos, las escuelas superiores, las escuelas de negocios, las escuelas de ingeniería, los institutos universitarios técnicos, los colegios de educación superior, las escuelas de formación profesional, las universidades politécnicas y las academias superiores.

(15)

La ampliación y profundización del proceso de Bolonia, puesto en marcha a través de la Declaración conjunta de Bolonia de los ministros europeos de Educación, de 19 de junio de 1999, ha dado lugar a sistemas de enseñanza superior más comparables, compatibles y coherentes en los países participantes, y también fuera de ellos. Esto responde al hecho de que los Estados miembros han respaldado la movilidad de los estudiantes y a que las instituciones de enseñanza superior la han integrado en sus planes de estudios. Esta evolución ha de reflejarse en la mejora de las disposiciones sobre movilidad de los estudiantes en el interior de la Unión. Conseguir que la educación superior europea sea atractiva y competitiva es uno de los objetivos de la Declaración de Bolonia. El proceso de Bolonia ha desembocado en el establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior. Su estructura en tres ciclos, con planes y grados fácilmente comprensibles, así como la introducción de marcos de cualificaciones, hacen que estudiar en Europa resulte más atractivo para los nacionales de países terceros.

(16)

Los Estados miembros deberían determinar, con arreglo a su Derecho nacional, la duración y otras condiciones de los cursos preparatorios para estudiantes contemplados en la presente Directiva.

(17)

La prueba de la admisión de un nacional de un país tercero en una institución de enseñanza superior podrá consistir, entre otras posibilidades, en una carta o certificado de matrícula.

(18)

Los nacionales de países terceros que soliciten ser admitidos como personas en prácticas deben demostrar que han obtenido un título de educación superior en los dos años anteriores a la fecha de solicitud o que están realizando estudios en un país tercero que conducen a la obtención de un título de educación superior. Deben presentar también un convenio de formación que contenga una descripción del programa de formación, su objetivo educativo o componentes de las prácticas, su duración y las condiciones en que se procederá a la supervisión de la persona en prácticas, que acredite que recibirán formación real y no serán empleadas como el resto de los trabajadores. Además, se puede exigir a las entidades de acogida que demuestren que las prácticas no amortizan un puesto de trabajo. En los casos en los que el Derecho nacional, los acuerdos colectivos o las prácticas relativas a las personas en prácticas ya incluyan requisitos específicos, los Estados miembros han de poder exigir a los nacionales de países terceros que soliciten ser admitidos como personas en prácticas que cumplan dichos requisitos específicos.

(19)

Los trabajadores en formación que vengan a trabajar a la Unión en el marco de un traslado intraempresarial no están regulados por la presente Directiva, dado que se incluyen en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/66/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(20)

La presente Directiva debe apoyar los objetivos del Servicio Voluntario Europeo de desarrollar la solidaridad, el entendimiento mutuo y la tolerancia entre los jóvenes y las sociedades en las que viven, contribuyendo al mismo tiempo a reforzar la cohesión social y al fomento de la ciudadanía activa entre los jóvenes. A fin de velar por el acceso al Servicio Voluntario Europeo de forma coherente en toda la Unión, los Estados miembros deben aplicar las disposiciones de la presente Directiva a los nacionales de países terceros que presenten solicitudes a efectos del Servicio Voluntario Europeo.

(21)

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de aplicar las disposiciones de la presente Directiva a alumnos, voluntarios no incluidos en el Servicio Voluntario Europeo y au pairs, a fin de facilitar su entrada y residencia y velar por sus derechos.

(22)

Si los Estados miembros deciden aplicar la presente Directiva a los alumnos, se les anima a velar por que el procedimiento nacional de admisión de profesores que se limitan a acompañar a los alumnos en el marco de un programa de intercambio de alumnos o de un proyecto educativo sea coherente con el procedimiento previsto en la presente Directiva para los alumnos.

(23)

La colocación au pair contribuye a estimular los contactos interpersonales dando a los nacionales de países terceros la posibilidad de mejorar sus competencias lingüísticas y desarrollar su conocimiento y sus vínculos culturales con los Estados miembros. Al mismo tiempo, los au pairs nacionales de países terceros pueden estar expuestos a abusos. A fin de garantizar un trato equitativo de los au pairs y atender a sus necesidades específicas, los Estados miembros han de poder aplicar las disposiciones de la presente Directiva en lo que respecta a la entrada y la residencia de los au pairs.

(24)

Si los nacionales de países terceros pueden demostrar que obtienen recursos a lo largo del período de su estancia en el Estado miembro de que se trate, procedentes de subvenciones, ayudas y becas, un contrato de trabajo válido, una oferta de empleo en firme o una declaración de toma a cargo por una organización de un programa de intercambio de alumnos, una entidad de acogida de personas en prácticas, una organización de un programa de voluntariado, una familia de acogida o una organización mediadora en la colocación au pair, los Estados miembros deben tenerlo en cuenta al evaluar la disponibilidad de dichos recursos. Los Estados miembros han de poder establecer un importe de referencia indicativo que consideren que representa «recursos suficientes», que podría variar para cada una de las respectivas categorías de nacionales de países terceros.

(25)

Se anima a los Estados miembros a permitir a los solicitantes que presenten documentos e información en una lengua oficial de la Unión distinta de sus propias lenguas oficiales, determinadas por el Estado miembro en cuestión.

(26)

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de contemplar un procedimiento de aprobación de los organismos de investigación públicos o privados que deseen acoger a investigadores nacionales de países terceros, o para instituciones de enseñanza superior que deseen acoger a estudiantes nacionales de países terceros. Dicha aprobación debe ser conforme a los procedimientos establecidos en el Derecho nacional o en la práctica administrativa del Estado miembro en cuestión. Deben facilitarse las solicitudes en los organismos de investigación o instituciones de enseñanza superior aprobados, lo que debería agilizar la entrada de nacionales de países terceros que vengan a la Unión con fines de investigación o de estudio.

(27)

Los Estados miembros han de tener la posibilidad de establecer un procedimiento de aprobación para las respectivas entidades de acogida que deseen acoger a alumnos, personas en prácticas o voluntarios que sean nacionales de países terceros. Los Estados miembros han de tener la posibilidad de aplicar dicho procedimiento a algunas categorías de entidades de acogida o a todas. Dicha aprobación debe ser conforme a los procedimientos establecidos en el Derecho nacional o en la práctica administrativa del Estado miembro afectado. Las solicitudes para entidades de acogida aprobadas deberían agilizar la entrada de nacionales de países terceros que vengan a la Unión para hacer prácticas o voluntariado, o en programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos.

(28)

Si los Estados miembros establecen procedimientos de aprobación para las entidades de acogida, deben tener la facultad de decidir entre permitir la admisión únicamente por medio de las entidades de acogida aprobadas o establecer un procedimiento de aprobación, pero permitir al mismo tiempo la admisión por medio de entidades de acogida no aprobadas.

(29)

La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a expedir autorizaciones con fines de estudios, investigación o prácticas diferentes de los regulados por la presente Directiva a nacionales de un país tercero que se sitúen fuera de su ámbito de aplicación.

(30)

Una vez se cumplan los requisitos generales y específicos de admisión, los Estados miembros deben expedir una autorización dentro de unos plazos determinados. Si un Estado miembro expide permisos de residencia solamente en su territorio y se cumplen todos los requisitos de admisión contemplados en la presente Directiva, dicho Estado miembro debe conceder al nacional del país tercero los visados necesarios y velar por que las autoridades competentes cooperen eficazmente con este fin. En caso de que el Estado miembro no expida los visados, debe conceder al interesado de un país tercero un permiso equivalente autorizando la entrada.

(31)

Las autorizaciones deben indicar el estatuto del nacional de un país tercero de que se trate. Los Estados miembros han de poder indicar información adicional, en papel o en formato electrónico, siempre que ello no suponga la introducción de condiciones suplementarias.

(32)

Los distintos períodos de duración de las autorizaciones contempladas por la presente Directiva deben reflejar la naturaleza específica de la estancia de cada categoría de nacionales de países terceros a los que se aplica la presente Directiva.

(33)

Los Estados miembros deben tener derecho a determinar que la duración total de la residencia de los estudiantes no supere la duración máxima de los estudios, según se establezca en el Derecho nacional. A este respecto, la duración máxima de los estudios puede incluir también, si así lo contempla el Derecho nacional del Estado miembro en cuestión, la posible prórroga de estudios a fin de repetir uno o más cursos.

(34)

Los Estados miembros han de poder cobrar a los solicitantes tasas por la tramitación de las autorizaciones y comunicaciones. La cuantía de las tasas no debe ser desproporcionada ni excesiva a fin de no representar un obstáculo para los objetivos de la presente Directiva.

(35)

Los derechos otorgados a nacionales de un país tercero que se sitúen dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva no deben depender de la forma de autorización que expida cada Estado miembro.

(36)

Debe existir la posibilidad de denegar la admisión a los efectos de la presente Directiva por razones debidamente motivadas. En particular, debe poder denegarse la admisión cuando un Estado miembro considere, basándose en una evaluación de los hechos en cada caso individual y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, que el nacional de que se trate de un país tercero constituye una amenaza potencial para la seguridad, el orden o la salud públicos.

(37)

El objetivo de la presente Directiva no es regular la admisión y la residencia de nacionales de países terceros a efectos de empleo, y no pretende armonizar el Derecho o las prácticas nacionales en lo relativo al estatuto de los trabajadores. No obstante, es posible que en algunos Estados miembros se considere que categorías específicas de nacionales de países terceros a los que se aplica la presente Directiva hayan establecido una relación laboral de acuerdo con el Derecho, los convenios colectivos o la práctica nacionales. En caso de que un Estado miembro considere que los investigadores, voluntarios, personas en prácticas u au pairs nacionales de países terceros han iniciado una relación laboral, dicho Estado miembro debe conservar su derecho a determinar los volúmenes de admisión de la categoría o categorías afectadas de acuerdo con el artículo 79, apartado 5, del TFUE.

(38)

Cuando un investigador, voluntario, persona en prácticas u au pair nacional de un país tercero solicite que se admita el inicio de una relación laboral en un Estado miembro, dicho Estado miembro debe tener la posibilidad de comprobar que la vacante no puede ser ocupada recurriendo al mercado de trabajo nacional.

(39)

En lo que respecta a los estudiantes, no deben aplicarse volúmenes de admisión, ya que, aunque están autorizados a trabajar durante sus estudios de conformidad con las condiciones establecidas en la presente Directiva, solicitan la admisión al territorio de los Estados miembros para continuar sus estudios como actividad principal a tiempo completo, lo que podría incluir unas prácticas obligatorias.

(40)

Cuando, después de haber sido admitido en el territorio del Estado miembro en cuestión, un investigador, voluntario, persona en prácticas u au pair solicite renovar la autorización para iniciar o mantener una relación laboral en el Estado miembro de que se trate, excepto si se trata de un investigador que continúa la relación laboral con la misma entidad de acogida, dicho Estado miembro debe tener la posibilidad de comprobar que la vacante no puede ser ocupada recurriendo al mercado de trabajo nacional.

(41)

En caso de duda en lo que respecta a las motivaciones de la solicitud de admisión, los Estados miembros deben poder llevar a cabo las correspondientes comprobaciones o solicitar pruebas a fin de evaluar caso por caso, la investigación, los estudios, las prácticas, el voluntariado, el programa de intercambio de alumnos o proyecto educativo o la colocación au pair a los que se pretende acceder y luchar contra el abuso y el uso improcedente del procedimiento establecido en la presente Directiva.

(42)

Cuando la información facilitada sea incompleta, los Estados miembros deben notificar al solicitante, en un plazo razonable, la información complementaria que se requiere y fijar un plazo razonable para su presentación. Si no se ha facilitado la información complementaria en dicho plazo, se podría denegar la solicitud.

(43)

Las autoridades nacionales deben notificar al solicitante la decisión adoptada sobre la solicitud. Esa decisión debe notificarse por escrito a la mayor brevedad posible y, como máximo, en el plazo especificado en la presente Directiva.

(44)

La presente Directiva tiene por objeto facilitar la movilidad de investigadores y estudiantes dentro de la Unión, entre otras medidas reduciendo la carga administrativa relacionada con la movilidad en varios Estados miembros. A estos efectos, la presente Directiva establece un régimen específico de movilidad dentro de la Unión por el cual los nacionales de países terceros que posean una autorización con fines de investigación o estudios expedida por el primer Estado miembro están autorizados a entrar, permanecer y llevar a cabo una parte de su actividad de investigación o de sus estudios en un segundo Estado miembro o en varios, de conformidad con las disposiciones que rigen la movilidad con arreglo a la presente Directiva.

(45)

A fin de permitir a los investigadores moverse fácilmente de un organismo de investigación a otro con el fin de ejercer actividades de investigación, su movilidad de corta duración debe incluir estancias en segundos Estados miembros por períodos de hasta 180 días por Estado miembro en cualquier período de 360 días. La movilidad de larga duración para los investigadores debe incluir estancias en uno o varios segundos Estados miembros por períodos de más de 180 días por Estado miembro. Los miembros de la familia de los investigadores deben tener derecho a acompañar al investigador en esta movilidad. El procedimiento para su movilidad debe equipararse al del investigador al que acompañan.

(46)

En lo que respecta a los estudiantes cubiertos por programas de la Unión o multilaterales o por un acuerdo entre dos o más instituciones de enseñanza superior, a fin de velar por la continuidad de sus estudios la presente Directiva debe contemplar la movilidad en uno o varios segundos Estados miembros por períodos de hasta 360 días por Estado miembro.

(47)

Cuando un investigador o estudiante se traslade a un segundo Estado miembro basándose en un procedimiento de comunicación y sea necesario un documento para facilitar su acceso a servicios y derechos, dicho segundo Estado miembro ha de tener la posibilidad de expedir un documento para certificar que el investigador o estudiante está autorizado a permanecer en su territorio. Dicho documento no ha de constituir una condición adicional para disfrutar de los derechos contemplados en la presente Directiva y solo ha de tener carácter declarativo.

(48)

Si bien el régimen específico de movilidad que crea la presente Directiva debe crear unas normas autónomas relativas a la entrada y a la estancia por motivos de investigación o estudios en Estados miembros que no sean el que expidiera la autorización inicial, deben seguir siendo de aplicación todas las demás normas que rigen la circulación de personas a través de las fronteras, establecidas en las disposiciones correspondientes del acervo de Schengen.

(49)

Cuando la autorización sea expedida por un Estado miembro que no aplica íntegramente el acervo de Schengen y el investigador, los miembros de su familia o el estudiante, en el marco de la movilidad dentro de la Unión, cruce una frontera externa en la acepción del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), un Estado miembro debe tener derecho a solicitar pruebas de que el investigador o estudiante se traslada a su territorio con fines de investigación o estudios, o los familiares se trasladan a su territorio con el fin de acompañar al investigador en el marco de la movilidad. Además, en caso de cruzarse una frontera exterior en la acepción del Reglamento (UE) 2016/399, los Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de Schengen deben consultar el Sistema de Información de Schengen y denegar la entrada u oponerse a la movilidad de las personas para las que se haya introducido en dicho sistema una descripción a efectos de denegación de entrada o de estancia, según se recoge en el Reglamento (CE) n.o 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(50)

La presente Directiva debe permitir a los segundos Estados miembros solicitar que los investigadores o estudiantes que se trasladen en virtud de una autorización expedida por el primer Estado miembro y no cumplen o han dejado de cumplir los requisitos para la movilidad abandonen su territorio. Cuando el investigador o estudiante disponga de una autorización válida expedida por el primer Estado miembro, el segundo Estado miembro debe poder exigir a ese investigador o estudiante que regrese al primer Estado miembro, de conformidad con la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11). Cuando el segundo Estado miembro autorice la movilidad basándose en la autorización expedida por el primer Estado miembro y dicha autorización sea retirada o su vigencia se extinga durante el período de movilidad, el segundo Estado miembro ha de poder elegir entre retornar al investigador o estudiante a un país tercero, de conformidad con la Directiva 2008/115/CE, o pedir sin demora al primer Estado miembro que permita de nuevo la entrada del investigador o estudiante. En este último caso, el primer Estado miembro debe expedir al investigador o estudiante un documento autorizándole de nuevo la entrada en su territorio.

(51)

Las normas y políticas de la Unión en materia de inmigración, por una parte, y las políticas y programas de la Unión que favorecen la movilidad de investigadores y estudiantes a escala de la Unión, por otra, deben complementarse mutuamente en mayor medida. Al determinar el período de validez de la autorización expedida a investigadores y estudiantes, los Estados miembros deben tener en cuenta la previsión de movilidad a otros Estados miembros, de conformidad con las disposiciones sobre movilidad. Los investigadores o estudiantes cubiertos por programas de la Unión o multilaterales que incluyan medidas o acuerdos de movilidad entre dos o más instituciones de enseñanza superior deben tener derecho a recibir autorizaciones que abarquen al menos dos años, siempre que cumplan los requisitos de admisión pertinentes durante dicho período.

(52)

Para permitir a los estudiantes cubrir parte del coste de sus estudios y, siempre que sea posible, para adquirir experiencia práctica, debe serles concedido acceso, durante el tiempo que duren sus estudios, al mercado laboral del Estado miembro en el que cursen estudios, en las condiciones establecidas en la presente Directiva. Debe permitirse a los estudiantes trabajar una determinada cantidad mínima de horas, tal como especifica la presente Directiva a tales efectos. El principio del acceso de los estudiantes al mercado laboral debe ser la norma general. No obstante, en circunstancias excepcionales, los Estados miembros deben poder tener en cuenta la situación de sus mercados de trabajo nacionales.

(53)

Como parte de su empeño por asegurar la existencia de una mano de obra cualificada en el futuro, los estudiantes que se licencien en la Unión deben tener la posibilidad de permanecer en el territorio del Estado miembro en cuestión durante el tiempo que señala la presente Directiva, a fin de detectar oportunidades de trabajo o de crear una empresa. Los investigadores deben tener la posibilidad de hacer lo propio tras la culminación de su actividad investigadora según se defina en el convenio de acogida. A fin de que les sean expedidos permisos de residencia a tales efectos, se debe poder pedir a los investigadores y estudiantes que aporten pruebas de conformidad con los requisitos de la presente Directiva. Una vez que los Estados miembros expidan los permisos de residencia en cuestión, dejan de ser considerados como investigadores o estudiantes en el sentido de la presente Directiva. Los Estados miembros han de poder comprobar, tras un período de tiempo mínimo fijado en la presente Directiva, si tienen una oportunidad real de ser contratados o de crear una empresa. Esta posibilidad se entiende sin perjuicio de otras obligaciones de comunicación fijadas por el Derecho nacional con otros fines. La autorización expedida con el fin de detectar oportunidad de empleo o de creación de una empresa no debe suponer la concesión de un derecho de acceso automático al mercado laboral o de creación de una empresa. Los Estados miembros deben conservar la facultad de tomar en consideración la situación de su mercado laboral cuando el nacional de un país tercero a quien se le expidió una autorización para permanecer en el territorio con fines de búsqueda de empleo o para crear una empresa solicite un permiso de trabajo para cubrir una vacante.

(54)

Debe velarse por el trato equitativo de los nacionales de países terceros regulados por la presente Directiva, de conformidad con el artículo 79 del TFUE. Los investigadores deben gozar de igualdad de trato con los nacionales del Estado miembro afectado en lo que respecta al artículo 12, apartados 1 y 4, de la Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (12), sujeto a la posibilidad de que dicho Estado miembro limite la igualdad de trato en los casos concretos previstos en la presente Directiva. Debe seguir aplicándose la Directiva 2011/98/UE a los estudiantes, incluidas las restricciones previstas en dicha Directiva. Debe aplicarse la Directiva 2011/98/UE a las personas en prácticas, los voluntarios y au pairs cuando se considere que mantienen una relación laboral en el Estado miembro en cuestión. Las personas en prácticas, los voluntarios y au pairs, cuando no se considere que mantienen una relación laboral en el Estado miembro en cuestión, así como los alumnos, deben gozar de igualdad de trato con los nacionales del Estado miembro de que se trate en lo que respecta a un conjunto mínimo de derechos previstos en la presente Directiva. Esto incluye el acceso a bienes y servicios, entre los que no se incluyen las becas o préstamos para estudios o formación profesional.

(55)

La igualdad de trato concedida a los investigadores y estudiantes, así como a las personas en prácticas, voluntarios y au pairs cuando se considere que mantienen una relación laboral en el Estado miembro en cuestión, incluye la igualdad de trato en lo que respecta a las ramas de la seguridad social incluidas en la lista que figura en el artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (13). La presente Directiva no armoniza la legislación de los Estados miembros en materia de seguridad social. Se limita a aplicar el principio de igualdad de trato en el ámbito de la seguridad social a los nacionales de países terceros incluidos en su ámbito de aplicación. Además, la presente Directiva no concede derechos en aquellas situaciones excluidas del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, como en el caso de que los miembros de la familia residan en un país tercero. No obstante, esto no debe afectar al derecho de los supérstites que sean titulares de derechos generados por nacionales de países terceros incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva a percibir, cuando corresponda, las pensiones de supervivencia cuando residan en un país tercero.

(56)

En muchos Estados miembros, el derecho a las prestaciones familiares se supedita a un determinado vínculo con el Estado miembro en cuestión, ya que las prestaciones están pensadas para fomentar un desarrollo demográfico positivo con objeto de garantizar la futura mano de obra en dicho Estado miembro. Por consiguiente, cuando el investigador y su familia permanezcan temporalmente en un Estado miembro, la presente Directiva no debe afectar a la facultad del Estado miembro en cuestión de restringir, en determinadas condiciones, la igualdad de trato respecto de las prestaciones familiares.

(57)

En caso de movilidad entre Estados miembros, se aplica el Reglamento (UE) n.o 1231/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (14). La presente Directiva no debe conceder más derechos que los ya previstos en la legislación de la Unión vigente en el ámbito de la seguridad social para los nacionales de países terceros que tengan intereses transfronterizos entre Estados miembros.

(58)

La presente Directiva debe aplicarse sin perjuicio de las disposiciones más favorables contenidas en el Derecho de la Unión y en los instrumentos internacionales aplicables.

(59)

Los permisos de residencia contemplados en la presente Directiva deben ser expedidos por las autoridades competentes del Estado miembro usando el formato unificado establecido en el Reglamento (CE) n.o 1030/2002 del Consejo (15).

(60)

Cada Estado miembro debe velar por poner a disposición del público en general información adecuada y actualizada, especialmente en internet, en lo relativo a las entidades de acogida aprobadas a efectos de la presente Directiva y a las condiciones y procedimientos para la admisión de nacionales de países terceros en el territorio de los Estados miembros a efectos de la presente Directiva.

(61)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de conformidad con el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE).

(62)

Los Estados miembros deben aplicar las disposiciones de la presente Directiva sin discriminación alguna por motivos de sexo, raza, color, origen étnico o social, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

(63)

De conformidad con la declaración política común, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (16), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a sus medidas de incorporación, en los casos debidamente justificados, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos de incorporación nacionales. Tratándose de la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisión de dichos documentos.

(64)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer las condiciones de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas y Servicio Voluntario Europeo, como disposiciones de cumplimiento obligatorio, e intercambio de alumnos y de voluntariado distinto al Servicio Voluntario Europeo, como disposiciones optativas, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión o efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para lograr dicho objetivo.

(65)

De conformidad con los artículos 1 y 2 y con el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, estos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Directiva y no quedan vinculados por la misma ni sujetos a su aplicación.

(66)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

(67)

La obligación de incorporar la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyan una modificación de fondo respecto de las Directivas 2004/114/CE y 2005/71/CE. La obligación de incorporar las disposiciones que se mantienen inalteradas se deriva de dichas Directivas.

(68)

La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición y a las fechas de aplicación de las Directivas establecidos en el anexo I, parte B.

a)

los requisitos de entrada y residencia por un período superior a 90 días en el territorio de los Estados miembros, y los derechos de los nacionales de países terceros y, en su caso, de los miembros de sus familias, con fines de investigación, estudios, prácticas o voluntariado en el Servicio Voluntario Europeo y, cuando así lo decidan los Estados miembros, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos, voluntariado distinto al Servicio Voluntario Europeo o colocación au pair;

b)

los requisitos de entrada y residencia, y los derechos de los investigadores y, en su caso, de los miembros de sus familias, y de los estudiantes, a que hace referencia la letra a), en Estados miembros distintos del primer Estado miembro que les concede una autorización sobre la base de la presente Directiva.

a)

que soliciten protección internacional o que disfruten de protección internacional de conformidad con la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (17), o que disfruten de protección temporal de conformidad con la Directiva 2001/55/CE del Consejo (18) en un Estado miembro;

b)

cuya expulsión se haya suspendido por razones de hecho o de Derecho;

c)

que sean miembros de la familia de ciudadanos de la Unión que ejerzan su derecho a la libre circulación dentro de la Unión;

d)

que disfruten del estatuto de residente de larga duración en un Estado miembro de conformidad con la Directiva 2003/109/CE del Consejo (19);

e)

que disfruten, junto con los miembros de sus familias e independientemente de su nacionalidad, de derechos de libre circulación equivalentes a los de los ciudadanos de la Unión en virtud de acuerdos entre la Unión y sus Estados miembros y países terceros, o entre la Unión y países terceros;

f)

que vengan a la Unión como trabajadores en formación en el marco de un traslado intraempresarial con arreglo a la Directiva 2014/66/UE;

g)

que sean admitidos como trabajadores altamente cualificados de conformidad con la Directiva 2009/50/CE del Consejo (20).

a)

acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados entre la Unión, sola o con sus Estados miembros, por una parte, y uno o más países terceros, por otra parte, o

b)

acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados entre uno o más Estados miembros y uno o más países terceros.

a)

los requisitos generales establecidos en el artículo 7, y

b)

los requisitos específicos correspondientes incluidos en los artículos 8, 11, 12, 13, 14 o 16.

a)

presentar un documento de viaje válido, según disponga el Derecho nacional, y, si así se exige, una solicitud de visado o un visado válido o, en su caso, un permiso de residencia válido o un visado para estancias de larga duración válido; los Estados miembros podrán exigir que el período de validez del documento de viaje cubra al menos la duración de la estancia prevista;

b)

en caso de que el nacional de un país tercero sea menor de edad conforme al Derecho nacional del Estado miembro en cuestión, presentar una autorización paterna o un documento equivalente para la estancia prevista;

c)

presentar documentos que prueben que el nacional de un país tercero ha suscrito o, si así lo exige el Derecho nacional, ha solicitado suscribir un seguro de enfermedad para todos los riesgos cubiertos normalmente para los nacionales del Estado miembro en cuestión; el seguro deberá ser válido para la duración de la estancia prevista;

d)

si el Estado miembro así lo exige, presentar la prueba del pago de las tasas exigidas conforme al artículo 36 para tramitar la solicitud;

e)

presentar las pruebas que solicite el Estado miembro en cuestión de que el nacional de un país tercero podrá disponer durante la estancia prevista de recursos suficientes para cubrir los gastos de manutención sin recurrir al sistema de ayudas sociales del Estado miembro, así como el coste del viaje de regreso. La evaluación de los recursos suficientes se basará en un estudio individual de cada caso y tendrá en cuenta los recursos procedentes, entre otras fuentes, de subvenciones, ayudas y becas, un contrato de trabajo válido o una oferta de empleo en firme o una declaración de toma a cargo por una organización de un programa de intercambio de alumnos, una entidad de acogida de personas en prácticas, una organización de un programa de voluntariado, una familia de acogida o una organización mediadora en la colocación au pair.

a)

un organismo de investigación haya dejado de cumplir los requisitos previstos en el presente artículo, apartado 2, en el artículo 8, apartado 2, o en el artículo 10, apartado 7;

b)

la aprobación se haya obtenido fraudulentamente, o

c)

un organismo de investigación haya firmado de forma fraudulenta o con negligencia un convenio de acogida con un nacional de un país tercero.

a)

el título o propósito de la actividad de investigación o el ámbito de investigación;

b)

el compromiso, por parte del nacional de un país tercero, de tratar de completar la actividad de investigación;

c)

el compromiso, por parte del organismo de investigación, de acoger al nacional de un país tercero con el objetivo de completar la actividad de investigación;

d)

las fechas inicial y final de la actividad de investigación o su duración estimada;

e)

información sobre la movilidad prevista en uno o varios segundos Estados miembros, si se conoce la movilidad en el momento de la solicitud en el primer Estado miembro.

a)

información sobre la relación jurídica entre el organismo de investigación y el investigador;

b)

información sobre las condiciones de trabajo del investigador.

a)

el objeto de la actividad investigadora, su duración estimada y la disponibilidad de los medios financieros necesarios para su realización;

b)

las cualificaciones del nacional de un país tercero en relación con el objeto de la investigación; estas deberán acreditarse mediante copia certificada de las cualificaciones.

a)

el nacional de un país tercero ha sido admitido en una institución de enseñanza superior con objeto de cursar un programa de estudios;

b)

se han abonado los derechos de matrícula exigidos por la institución de enseñanza superior, si así lo exige el Estado miembro;

c)

se posee un conocimiento suficiente de la lengua del programa de enseñanza que se va a cursar, si así lo exige el Estado miembro;

d)

el nacional de un país tercero dispondrá de recursos suficientes para cubrir los costes de los estudios, si así lo exige el Estado miembro.

a)

que el nacional de un país tercero ni está por debajo de la edad y el grado mínimos ni supera la edad y el grado máximos establecidos por el Estado miembro de que se trate;

b)

su aceptación en un centro de enseñanza;

c)

su participación en un programa educativo estatal o regional reconocido en el contexto de un programa de intercambio de alumnos o proyecto educativo gestionado por un centro de enseñanza de conformidad con el Derecho o la práctica administrativa nacionales;

d)

que el centro de enseñanza o, en la medida en que así lo disponga el Derecho nacional, un tercero acepta hacerse responsable del nacional de un país tercero durante la estancia en el territorio del Estado miembro en cuestión, en particular en lo que respecta al coste de sus estudios;

e)

que el nacional de un país tercero se alojará durante su estancia con una familia o en un alojamiento especial dependiente del centro de enseñanza o, en la medida en que así lo disponga el Derecho nacional, en cualquier otra instalación que cumpla las condiciones fijadas por el Estado miembro en cuestión y elegida de acuerdo con las normas del programa de intercambio de alumnos o proyecto educativo en el que participe el nacional de un país tercero.

a)

presentar un convenio de prácticas con una entidad de acogida, que contemple una formación teórica y práctica. Los Estados miembros podrán exigir que dicho convenio de prácticas sea aprobado por la autoridad competente y que los términos en los que se basa el convenio cumplan los requisitos establecidos por el Derecho nacional, los convenios colectivos o las prácticas del Estado miembro de que se trate. El convenio de prácticas contendrá:

b)

aportar pruebas de que ha obtenido un título de educación superior en los dos años anteriores a la fecha de solicitud o que está realizando estudios que conducen a la obtención de un título de educación superior;

c)

aportar pruebas, si así lo exige el Estado miembro, de que el nacional de un país tercero dispondrá durante su estancia de recursos suficientes para cubrir los costes de las prácticas;

d)

aportar pruebas, si así lo exige el Estado miembro, de que el nacional de un país tercero ha recibido o recibirá formación lingüística para disponer de los conocimientos necesarios para realizar las prácticas;

e)

aportar pruebas, si así lo exige el Estado miembro, de que la entidad de acogida se hace responsable del nacional de un país tercero durante toda su estancia en el territorio del Estado miembro correspondiente, en particular en lo que respecta a los costes de manutención y alojamiento;

f)

aportar pruebas, si así lo exige el Estado miembro, de que si el nacional de un país tercero es alojado durante toda su estancia por la entidad de acogida, el alojamiento cumple las condiciones fijadas por el Estado miembro en cuestión.

a)

presentar un convenio con la entidad de acogida o, en la medida en que así lo disponga el Derecho nacional, otro organismo responsable en el Estado miembro en cuestión del programa de voluntariado en el que el nacional de un país tercero participe. El convenio incluirá:

b)

aportar pruebas, si el Estado miembro así lo exige, de que si el nacional de un país tercero es alojado durante toda su estancia por la entidad de acogida, el alojamiento cumple las condiciones fijadas por el Estado miembro en cuestión;

c)

aportar pruebas de que la entidad de acogida o, en la medida en que así lo disponga el Derecho nacional, otro organismo responsable del programa de voluntariado, ha suscrito un seguro de responsabilidad a terceros por sus actividades;

d)

aportar pruebas, si el Estado miembro así lo exige, de que el nacional de un país tercero ha recibido o recibirá una introducción básica al idioma, la historia y las estructuras sociales y políticas de dicho Estado miembro.

a)

presentar un acuerdo entre el nacional de un país tercero y la familia de acogida, en el que se determinen los derechos y obligaciones del nacional de un país tercero, en su condición de au pair, incluidos los pormenores referentes al dinero de bolsillo y las disposiciones para la asistencia a cursos del au pair, y el máximo de horas de las tareas familiares;

b)

ser mayor de dieciocho años y menor de treinta. En casos excepcionales, los Estados miembros podrán autorizar la admisión como au pair de un nacional de un país tercero que supere el límite de edad máximo;

c)

aportar pruebas de que la familia de acogida o una organización mediadora en la colocación au pair, en la medida en que el Derecho nacional así lo disponga, acepte hacerse responsable del nacional de un país tercero durante toda su estancia en el territorio del Estado miembro en cuestión, en particular en lo que respecta a los costes de estancia, alojamiento y riesgo de accidentes.

a)

un conocimiento básico de la lengua del Estado miembro de que se trate, o

b)

que ha terminado sus estudios secundarios, que posee una cualificación profesional o, en su caso, que cumple las condiciones para ejercer una profesión regulada, según disponga el Derecho nacional.

a)

cuando no se cumplan los requisitos generales establecidos en el artículo 7 o los requisitos específicos pertinentes establecidos en los artículos 8, 11, 12, 13, 14 o 16;

b)

cuando los documentos presentados hayan sido adquiridos fraudulentamente, falsificados o manipulados;

c)

cuando el Estado miembro de que se trate únicamente permita la admisión por medio de una entidad de acogida aprobada y esta no lo esté.

a)

cuando la entidad de acogida, otro organismo según se menciona en el artículo 14, apartado 1, letra a), un tercero según se menciona en el artículo 12, apartado 1, letra d), la familia de acogida o la organización mediadora en la colocación au pair haya dejado de cumplir sus obligaciones legales en materia de seguridad social, fiscalidad, derechos laborales o condiciones de trabajo;

b)

si procede, cuando la entidad de acogida o la familia de acogida que vaya a emplear al nacional de un país tercero no cumpla las condiciones de empleo establecidas en la legislación, los convenios colectivos o las prácticas nacionales en el Estado miembro de que se trate;

c)

cuando la entidad de acogida, otro organismo según se menciona en el artículo 14, apartado 1, letra a), un tercero según se menciona en el artículo 12, apartado 1, letra d), la familia de acogida o la organización mediadora en la colocación au pair haya sido objeto de una sanción de conformidad con el Derecho nacional por trabajo no declarado o ilegal;

d)

cuando la entidad de acogida se haya establecido u opere con la finalidad principal de facilitar la entrada de nacionales de países terceros que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva;

e)

en su caso, cuando la actividad de la entidad de acogida esté siendo o haya sido liquidada en virtud del Derecho nacional sobre insolvencia, o no se esté realizando actividad económica alguna;

f)

cuando el Estado miembro tenga pruebas o motivos serios y objetivos para determinar que el nacional de un país tercero residiría con fines distintos de aquellos para los que solicita la admisión.

a)

cuando el nacional de un país tercero ya no cumpla los requisitos generales establecidos en el artículo 7, a excepción de su apartado 6, o los requisitos específicos pertinentes establecidos en los artículos 8, 11, 12, 13, 14 o 16, o los requisitos del artículo 18;

b)

cuando la autorización o los documentos presentados hayan sido adquiridos fraudulentamente, falsificados o manipulados;

c)

cuando el Estado miembro de que se trate únicamente permita la admisión por medio de una entidad de acogida aprobada y esta no lo esté;

d)

cuando el nacional de un país tercero esté residiendo con fines distintos de aquellos para los que se le haya autorizado a residir.

a)

cuando la entidad de acogida, otro organismo según se menciona en el artículo 14, apartado 1, letra a), un tercero según se menciona en el artículo 12, apartado 1, letra d), la familia de acogida o la organización mediadora en la colocación au pair haya dejado de cumplir sus obligaciones legales en materia de seguridad social, fiscalidad, derechos laborales o condiciones de trabajo;

b)

si procede, cuando la entidad de acogida o la familia de acogida que emplee al nacional de un país tercero no cumpla las condiciones de empleo establecidas en las leyes, los convenios colectivos o las prácticas nacionales en el Estado miembro de que se trate;

c)

cuando la entidad de acogida, otro organismo según se menciona en el artículo 14, apartado 1, letra a), un tercero según se menciona en el artículo 12, apartado 1, letra d), la familia de acogida o la organización mediadora en la colocación au pair haya sido objeto de una sanción de conformidad con el Derecho nacional por trabajo no declarado o ilegal;

d)

cuando la entidad de acogida se haya establecido u opere con la finalidad principal de facilitar la entrada de nacionales de países terceros que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva;

e)

en su caso, cuando la actividad de la entidad de acogida esté siendo o haya sido liquidada en virtud del Derecho nacional en materia de insolvencia, o no se esté realizando actividad económica alguna;

f)

en el caso de los estudiantes, cuando se incumplan los límites temporales impuestos con arreglo al artículo 24 en lo que respecta al acceso a las actividades económicas, o cuando un estudiante no haga progresos suficientes en sus estudios conforme a lo dispuesto en el Derecho o en la práctica administrativa nacionales.

a)

con arreglo al artículo 12, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/98/UE, excluyendo los créditos y becas de estudio y de manutención u otros tipos de créditos y becas;

b)

con arreglo al artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98/UE, no concediendo prestaciones familiares a los investigadores que hayan sido autorizados a residir en el territorio del Estado miembro de que se trate por un período no superior a seis meses;

c)

con arreglo al artículo 12, apartado 1, letra f), de la Directiva 2011/98/UE, limitando su aplicación a los casos en los que el lugar de residencia registrado o habitual de los miembros de la familia del investigador para los que este solicita tales beneficios se encuentre en el territorio del Estado miembro en cuestión;

d)

con arreglo al artículo 12, apartado 1, letra g), de la Directiva 2011/98/UE, limitando el acceso a la vivienda.

a)

no se cumplan las condiciones establecidas en los apartados 3 y, en su caso, 2 y 5;

b)

los documentos presentados hayan sido obtenidos fraudulentamente, falsificados o alterados.

a)

cuando se presente la solicitud en el primer Estado miembro, si en esta fase ya se prevé la movilidad al segundo Estado miembro;

b)

una vez que el investigador haya sido admitido en el primer Estado miembro, tan pronto como se tenga conocimiento de la intención de movilidad al segundo Estado miembro.

a)

el convenio de acogida en el primer Estado miembro según lo previsto en el artículo 10 o, si el segundo Estado miembro lo exige, un convenio de acogida celebrado con el organismo de investigación del segundo Estado miembro;

b)

si no se especifica en el convenio de acogida, la duración prevista y las fechas de la movilidad;

c)

la prueba de que el investigador dispone de un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos normalmente cubiertos para los nacionales del Estado miembro de que se trate según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c);

d)

la prueba de que durante su estancia el investigador dispondrá de recursos suficientes para cubrir los costes de manutención sin tener que recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro, según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra e), así como los costes de viaje al primer Estado miembro en los casos a que se refiere el artículo 32, apartado 4, letra b).

a)

no se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 5 o, en su caso, el apartado 6;

b)

sea aplicable uno de los motivos de denegación enumerados en el artículo 20, apartado 1, letras b) o c), o en el apartado 2 de dicho artículo;

c)

haya transcurrido la duración máxima de estancia a la que se refiere el apartado 1.

a)

aplicará el artículo 28 y permitirá al investigador permanecer en el territorio, sobre la base de la autorización expedida por el primer Estado miembro y durante el período de validez de la misma, o

b)

aplicará el procedimiento previsto en los apartados 2 a 7.

a)

el segundo Estado miembro podrá exigir al investigador, al organismo de investigación del primer Estado miembro o al organismo de investigación del segundo Estado miembro que transmitan los documentos siguientes:

El segundo Estado miembro podrá exigir al solicitante que facilite la dirección del investigador de que se trate en su territorio. Cuando el Derecho nacional del segundo Estado miembro exija que se dé una dirección en el momento de la solicitud y el investigador de que se trate todavía no conozca su futura dirección, dicho Estado miembro aceptará una dirección temporal. En tal caso, el investigador facilitará su dirección permanente a más tardar en el momento en que se expida la autorización de la movilidad de larga duración.

El segundo Estado miembro podrá exigir al solicitante que presente los documentos en una lengua oficial de dicho Estado miembro o en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión que determine dicho Estado miembro;

b)

el segundo Estado miembro tomará una decisión sobre la solicitud de movilidad de larga duración y se la notificará por escrito al solicitante, cuanto antes y en un plazo máximo de 90 días a partir de la fecha en que fue presentada la solicitud completa a las autoridades competentes del segundo Estado miembro;

c)

no se exigirá al investigador que abandone los territorios de los Estados miembros a fin de presentar una solicitud ni se le someterá a la obligación de visado;

d)

el investigador estará autorizado a desarrollar parte de su actividad de investigación en el organismo de investigación del segundo Estado miembro hasta que las autoridades competentes tomen una decisión sobre la solicitud de movilidad de larga duración siempre que:

e)

no podrá presentarse una solicitud de movilidad de larga duración al mismo tiempo que una comunicación de movilidad de corta duración. En caso de que la necesidad de movilidad de larga duración surja después que haya comenzado la movilidad de corta duración del investigador, el segundo Estado miembro podrá requerir que la solicitud de movilidad de larga duración sea presentada al menos 30 días antes de que finalice el período de movilidad de corta duración.

a)

no se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 2, letra a);

b)

se aplique uno de los motivos de denegación enumerados en el artículo 20, a excepción de su apartado 1, letra a);

c)

la vigencia de la autorización del investigador en el primer Estado miembro se extinga durante el procedimiento, o

d)

en su caso, haya transcurrido la duración máxima de estancia que fija el apartado 1, párrafo segundo.

a)

no se cumplan o dejen de cumplirse las condiciones establecidas en el apartado 2, letra a), o en el apartado 4 del presente artículo, o

b)

se aplique uno de los motivos de retirada de la autorización enumerados en el artículo 21, a excepción del apartado 1, letra a), del apartado 2, letra f), y de los apartados 3, 5 y 6 de dicho artículo.

a)

los documentos y la información exigidos con arreglo al artículo 28, apartado 5, y apartado 6, letras b), c) y d), relativos a los miembros de la familia del investigador que le acompañen;

b)

la prueba de que el miembro de la familia ha residido como miembro de la familia del investigador en el primer Estado miembro de conformidad con el artículo 26.

a)

los documentos y la información exigidos con arreglo al artículo 29, apartado 2, letra a), incisos i), ii), iii) y v), relativos a los miembros de la familia del investigador que le acompañen;

b)

la prueba de que el miembro de la familia ha residido como miembro de la familia del investigador en el primer Estado miembro de conformidad con el artículo 26.

a)

en el momento de presentar la solicitud en el primer Estado miembro, si en esta fase ya se prevé la movilidad al segundo Estado miembro, o

b)

una vez que el estudiante haya sido admitido en el primer Estado miembro, tan pronto como se tenga conocimiento de la intención de movilidad al segundo Estado miembro.

a)

la prueba de que el estudiante está realizando parte de sus estudios en el segundo Estado miembro en el marco de un programa de la Unión o multilateral que incluye medidas de movilidad o un acuerdo entre dos o más instituciones de enseñanza superior y la prueba de que el estudiante ha sido aceptado por una institución de educación superior del segundo Estado miembro;

b)

si no se especifica en lo previsto en la letra a), la duración prevista y las fechas de la movilidad;

c)

la prueba de que el estudiante dispone de un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos normalmente cubiertos para los nacionales del Estado miembro de que se trate según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c);

d)

la prueba de que durante su estancia el estudiante dispondrá de recursos suficientes para cubrir los costes de manutención sin tener que recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro, según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra e), el coste de sus estudios, así como los costes de viaje al primer Estado miembro en los casos a que se refiere el artículo 32, apartado 4, letra b);

e)

la prueba de que se han pagado los derechos de matrícula exigidos por la institución de enseñanza superior, en su caso.

a)

no se cumplan las condiciones establecidas en los apartados 5 o 6;

b)

concurra uno de los motivos de denegación enumerados en el artículo 20, apartado 1, letras b) o c), o en el apartado 2, de dicho artículo;

c)

haya transcurrido la duración máxima de estancia a la que se refiere el apartado 1.

a)

una copia de la comunicación de conformidad con el artículo 28, apartado 2, o el artículo 31, apartado 2, o

b)

cuando el segundo Estado miembro autorice la movilidad sin comunicación, la prueba de que el estudiante realiza parte de sus estudios en el segundo Estado miembro en el marco de un programa de la Unión o multilateral que incluye medidas de movilidad o un acuerdo entre dos o más instituciones de enseñanza superior, o, en el caso de los investigadores, bien una copia del convenio de acogida en la que se especifiquen los detalles de la movilidad del investigador bien, cuando en el convenio de acogida no se especifiquen los detalles de la movilidad, una carta del organismo de investigación del segundo Estado miembro en la que se especifique como mínimo la duración de la movilidad dentro de la Unión y la ubicación del organismo de investigación del segundo Estado miembro.

a)

el segundo Estado miembro podrá exigir al investigador y, en su caso, a los miembros de su familia o al estudiante que cesen inmediatamente todas sus actividades y abandonen su territorio;

b)

el primer Estado miembro permitirá de nuevo, a petición del segundo Estado miembro, la entrada sin trámites y sin demora del investigador y, si en su caso, de los miembros de su familia, o del estudiante. Esto se aplicará del mismo modo si la vigencia de la autorización expedida por el primer Estado miembro se ha extinguido o si dicha autorización ha sido retirada durante el período de movilidad dentro del segundo Estado miembro.

a)

los procedimientos aplicados a la movilidad a que se refieren los artículos 28 a 31;

b)

si el Estado miembro permite la admisión de estudiantes e investigadores únicamente a través de organismos de investigación aprobados o de instituciones de enseñanza superior;

c)

los programas multilaterales para estudiantes e investigadores que incluyan medidas y acuerdos de movilidad entre dos o más instituciones de enseñanza superior.

21.5.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 132/58

(1)

La Directiva 1999/32/CE del Consejo (3) ha sido modificada en varias ocasiones (4) y de forma sustancial. Conviene, en aras de la claridad y la racionalidad, proceder a la codificación de dicha Directiva.

(2)

Uno de los objetivos de la política medioambiental de la Unión, definida en los programas de medio ambiente y, en particular, en el Sexto Programa de Medio Ambiente adoptado por la Decisión n.o 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), y el Séptimo Programa de Medio Ambiente adoptado por la Decisión n.o 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) es alcanzar unos niveles de calidad del aire tales que no den lugar a impactos negativos significativos ni a riesgos para la salud humana ni para el medio ambiente.

(3)

El artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tiene como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión.

(4)

La presente Directiva fija el contenido máximo autorizado de azufre del fuelóleo pesado, del gasóleo, del gasóleo para uso marítimo y del combustible diésel para uso marítimo utilizados en la Unión.

(5)

Las emisiones procedentes de los buques debido a la combustión de combustibles para uso marítimo con un alto contenido de azufre contribuyen a la contaminación del aire en forma de dióxido de azufre y partículas, lo que perjudica a la salud humana y al medio ambiente y participa en los depósitos ácidos. Sin las medidas establecidas en la presente Directiva, las emisiones procedentes de los buques serían, rápidamente, superiores a las emisiones de todas las fuentes terrestres.

(6)

La acidificación y el dióxido de azufre atmosférico dañan los ecosistemas sensibles, reducen la diversidad biológica y el valor recreativo y tienen efectos negativos en la producción agrícola y el crecimiento de los bosques. La lluvia ácida en los medios urbanos puede deteriorar considerablemente los edificios y el patrimonio arquitectónico. La contaminación por dióxido de azufre puede afectar también significativamente a la salud humana, en particular la de aquellos sectores de la población que padecen enfermedades respiratorias.

(7)

La acidificación es un fenómeno transfronterizo que exige, además de soluciones nacionales o locales, soluciones de la Unión.

(8)

Las emisiones de dióxido de azufre contribuyen a la formación de partículas en la atmósfera.

(9)

La contaminación del aire causada por los buques atracados en puerto es una grave causa de preocupación para muchas ciudades portuarias, en lo que respecta a sus esfuerzos por respetar los límites de calidad del aire establecidos por la Unión.

(10)

Los Estados miembros deben fomentar el uso de la red eléctrica en tierra toda vez que, hoy en día, la alimentación de electricidad de los buques se hace generalmente con ayuda de motores auxiliares.

(11)

La Unión y los Estados miembros como tales son Partes Contratantes del Convenio de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), de 13 de noviembre de 1979, sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia. El segundo Protocolo de la CEPE sobre contaminación transfronteriza por dióxido de azufre establece que las Partes Contratantes deben reducir sus emisiones de dióxido de azufre como mínimo en el 30 % especificado en el primer Protocolo, y el segundo Protocolo de la CEPE se basa en la premisa de que las cargas y los niveles críticos continuarán superándose en algunas zonas sensibles. Aún serán necesarias nuevas medidas destinadas a reducir las emisiones de dióxido de azufre. Las Partes Contratantes deben, por tanto, reducir aún más sus emisiones de dióxido de azufre.

(12)

Desde hace décadas, se reconoce que el azufre naturalmente presente en pequeñas cantidades en el petróleo y el carbón es la fuente más importante de emisiones de dióxido de azufre y que estas son una de las causas principales de la lluvia ácida y de la contaminación atmosférica que afectan a numerosas zonas urbanas e industriales.

(13)

Algunos estudios han demostrado que los beneficios derivados de reducir las emisiones de azufre mediante reducciones del contenido de azufre de los combustibles serán, con frecuencia, considerablemente superiores a los costes estimados para la industria en la presente Directiva. Existe y está bien implantada la tecnología para reducir el nivel de azufre de los combustibles líquidos.

(14)

Conforme al artículo 193 del TFUE, la presente Directiva no debe ser un obstáculo para el mantenimiento o la adopción, por parte de cada Estado miembro, de medidas de mayor protección para fomentar una rápida aplicación en relación con el contenido máximo de azufre de los combustibles para uso marítimo, por ejemplo utilizando métodos de reducción de emisiones fuera de las zonas de control de las emisiones de SOx. Dichas medidas deben ser compatibles con los Tratados y han de notificarse a la Comisión.

(15)

Antes de adoptar medidas de mayor protección, el Estado miembro debe notificar los proyectos de medidas a la Comisión con arreglo a la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(16)

El TFUE exige tener en consideración las características especiales de las regiones ultraperiféricas de la Unión, a saber, los departamentos franceses de ultramar, las Azores, Madeira y las Islas Canarias.

(17)

En relación con el límite establecido para el contenido de azufre del fuelóleo pesado, es conveniente prever excepciones para aquellos Estados miembros y regiones en los que las condiciones medioambientales lo permitan.

(18)

En relación con el límite establecido para el contenido de azufre del fuelóleo pesado, es conveniente asimismo prever excepciones para su uso en instalaciones de combustión que cumplan los valores límite de emisiones establecidos en la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8), o en el anexo V de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

(19)

En el caso de las instalaciones de combustión de las refinerías excluidas del ámbito del artículo 3, apartado 2, letra d), o del artículo 3, apartado 3, letra c), de la presente Directiva, la media de emisiones de dióxido de azufre en instalaciones de este tipo no debe superar los límites fijados en la Directiva 2001/80/CE, o en el anexo V de la Directiva 2010/75/UE, o en cualquier revisión futura de dichas Directivas. Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben tener presente que la sustitución por combustibles distintos de los referidos en el artículo 2 no debe producir un aumento de las emisiones de contaminantes que contribuyan a la acidificación.

(20)

En 2008, la Organización Marítima Internacional (OMI) aprobó una Resolución para modificar el anexo VI del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 («Convenio MARPOL»), que incluye reglas para la prevención de la contaminación atmosférica por los buques. El anexo VI revisado del Convenio MARPOL entró en vigor el 1 de julio de 2010.

(21)

El anexo VI revisado del Convenio MARPOL introduce, en particular, límites de azufre más estrictos para los combustibles de uso marítimo en las zonas de control de las emisiones de SOx (1,00 % a partir del 1 de julio de 2010 y 0,10 % a partir del 1 de enero de 2015), así como en las zonas marítimas fuera de las zonas de control de las emisiones de SOx (3,50 % a partir del 1 de enero de 2012 y, en principio, 0,50 % a partir del 1 de enero de 2020). La mayoría de los Estados miembros están obligados, de acuerdo con sus compromisos internacionales, a exigir que los buques utilicen combustibles con un contenido máximo de azufre del 1,00 % en las zonas de control de las emisiones de SOx desde el 1 de julio de 2010. Para garantizar la coherencia con el Derecho internacional y asegurar la correcta ejecución en la Unión de las nuevas normas sobre el azufre establecidas a nivel internacional, la presente Directiva debe alinearse con el anexo VI revisado del Convenio MARPOL. Para garantizar una calidad mínima del combustible utilizado por los buques a efectos del cumplimiento de las normas bien mediante los combustibles o bien mediante la tecnología, no debe permitirse la utilización en la Unión de combustibles para uso marítimo cuyo contenido de azufre supere la norma general del 3,50 % en masa, excepto los suministrados a buques que utilicen métodos de reducción de emisiones que operen con sistemas cerrados.

(22)

Es posible modificar el anexo VI del Convenio MARPOL sobre las zonas de control de las emisiones de SOx de conformidad con los procedimientos de la OMI. En caso de que en el anexo VI del Convenio MARPOL se introduzcan nuevos cambios, incluidas excepciones, con respecto a la aplicación de los límites en las zonas de control de las emisiones de SOx, la Comisión debe examinar dichos cambios y, en su caso, presentar sin demora la propuesta necesaria, de conformidad con el TFUE, para alinear plenamente esta Directiva con las reglas de la OMI sobre las zonas de control de las emisiones de SOx.

(23)

La designación de nuevas zonas de control de emisiones debe someterse al procedimiento de la OMI en virtud del anexo VI del Convenio MARPOL, sustentarse en motivos medioambientales y económicos bien fundados y ser avalada por datos científicos.

(24)

De conformidad con la Regla 18 del anexo VI revisado del Convenio MARPOL, los Estados miembros deben actuar para asegurar la disponibilidad de combustibles para uso marítimo conformes a la presente Directiva.

(25)

Habida cuenta de la dimensión global de las políticas medioambientales y de las emisiones procedentes de los buques, deben establecerse a escala mundial unas normas ambiciosas en materia de emisiones.

(26)

En la OMI, la Unión va a seguir abogando por una protección más eficaz de las zonas sensibles a las emisiones de SOx, así como por la reducción del contenido máximo de azufre del fuelóleo para calderas.

(27)

Los buques de pasajeros operan principalmente en los puertos o cerca de las zonas costeras y su impacto sanitario y ambiental es significativo. Con objeto de mejorar la calidad del aire en torno a los puertos y las costas, esos buques están obligados a utilizar combustibles para uso marítimo con un contenido máximo de azufre del 1,5 % hasta que se apliquen normas para el azufre más estrictas a todos los buques en las aguas territoriales, las zonas económicas exclusivas y las zonas de control de la contaminación de los Estados miembros.

(28)

Con vistas a facilitar la transición hacia nuevas tecnologías de los motores, lo que permitiría reducir en mayor medida las emisiones en el sector marítimo, la Comisión debe seguir estudiando las posibilidades para permitir y fomentar la instalación de motores de gas en los buques.

(29)

Para alcanzar los objetivos de la presente Directiva, es preciso que se ejecuten correctamente las obligaciones relativas al contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo. La experiencia adquirida en la aplicación de la Directiva 1999/32/CE ha puesto de manifiesto la necesidad de un régimen de supervisión y ejecución más estricto a fin de garantizar una aplicación adecuada de la presente Directiva. A tal fin, es necesario que los Estados miembros garanticen que el muestreo del combustible para uso marítimo comercializado o utilizado a bordo de los buques se realiza con la suficiente frecuencia y exactitud, y que se efectúa periódicamente la verificación de los diarios de navegación y los comprobantes de entrega de carburante de los buques. También es necesario que los Estados miembros establezcan un sistema de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva. Para garantizar una mayor transparencia de la información, conviene prever asimismo que el registro de proveedores locales de combustible para uso marítimo se ponga a disposición del público.

(30)

El cumplimiento de unos límites bajos respecto al contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo, especialmente en las zonas de control de las emisiones de SOx, podría traducirse en un aumento significativo del precio de dichos combustibles, al menos a corto plazo, y repercutir negativamente en la competitividad del transporte marítimo de corta distancia frente a otros modos de transporte, así como en la competitividad de las empresas del sector en países limítrofes de dichas zonas. Se requieren soluciones adecuadas para reducir los costes de cumplimiento de los sectores afectados, por ejemplo permitiendo otros métodos de cumplimiento más rentables que los basados en los combustibles y prestando, llegado el caso, el apoyo necesario. Sobre la base, entre otras fuentes, de los informes de los Estados miembros, la Comisión debe supervisar estrechamente las repercusiones del cumplimiento de las nuevas normas de calidad del combustible en el sector del transporte marítimo, especialmente por lo que respecta al posible cambio modal del transporte marítimo al transporte por carretera y, en su caso, debe proponer medidas adecuadas para contrarrestar esta tendencia.

(31)

Es importante limitar el cambio modal del transporte marítimo al transporte por carretera, dado que una proporción cada vez mayor de mercancías transportadas por carretera supondría una contradicción, en muchos casos, con los objetivos de la Unión relativos al cambio climático de la Unión y aumentaría la congestión.

(32)

Los costes de los nuevos requisitos para reducir las emisiones de dióxido de azufre pueden conllevar un cambio modal del transporte marítimo al transporte por carretera y repercutir negativamente en la competitividad de las empresas. La Comisión debe utilizar plenamente instrumentos como Marco Polo y la red transeuropea de transporte para prestar una asistencia específica de forma que se minimice el riesgo de cambio modal. Los Estados miembros pueden considerar necesario prestar ayuda a los operadores afectados por la presente Directiva, de conformidad con las normas aplicables sobre ayudas estatales.

(33)

De conformidad con las orientaciones existentes sobre las ayudas estatales para la protección del medio ambiente y sin perjuicio de futuros cambios al respecto, los Estados miembros pueden prestar ayuda estatal a los operadores afectados por la presente Directiva, incluida una ayuda para las operaciones de adaptación de los buques existentes, cuando dichas medidas de ayuda se consideren compatibles con el mercado interior, de conformidad con los artículos 107 y 108 del TFUE, habida cuenta, en particular, de las orientaciones aplicables sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente. En este contexto, la Comisión puede tener en cuenta que el uso de algunos métodos de reducción de emisiones va más allá de los requisitos de la presente Directiva, al reducir no solo las emisiones de dióxido de azufre, sino también otras emisiones.

(34)

Debe facilitarse el acceso a los métodos de reducción de emisiones. Esos métodos pueden dar lugar a reducciones de las emisiones al menos equivalentes, si no superiores, a las que se obtienen utilizando combustible con bajo contenido de azufre, siempre que no tengan repercusiones negativas importantes en el medio ambiente, como los ecosistemas marinos, y se hayan puesto a punto con arreglo a unos mecanismos de aprobación y control adecuados. Conviene que los métodos alternativos ya conocidos, como la utilización de sistemas embarcados de depuración de gases de escape, la mezcla de combustible para uso marítimo y gas natural licuado o el uso de biocombustibles sean reconocidos en la Unión. Es importante promover el ensayo y la puesta a punto de nuevos métodos de reducción de emisiones, a fin, entre otras razones, de limitar el cambio modal del transporte marítimo al transporte por carretera.

(35)

Los métodos de reducción de emisiones pueden lograr importantes reducciones de emisiones. Por consiguiente, la Comisión debe promover el ensayo y desarrollo de esas tecnologías, considerando, entre otros aspectos, la posibilidad de establecer un programa conjunto cofinanciado con la industria, que esté basado en principios de programas similares, como el programa «Clean Sky».

(36)

La Comisión, en colaboración con los Estados miembros y las partes interesadas, debe seguir desarrollando las medidas definidas en el Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión de 16 de septiembre de 2011, titulado «Pollutant emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport toolbox» (Reducción de las emisiones de contaminantes procedentes del transporte marítimo y herramientas para un transporte sostenible por vía acuática).

(37)

En caso de que se produzca una interrupción del suministro de petróleo crudo o de derivados del petróleo o de otros hidrocarburos, la Comisión podrá autorizar la aplicación de un valor límite más elevado en el territorio de un Estado miembro.

(38)

Los Estados miembros deben establecer los mecanismos de control apropiados para vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva. Deben presentarse a la Comisión informes sobre el contenido de azufre de los combustibles líquidos.

(39)

Es necesario que la presente Directiva aporte indicaciones más detalladas sobre el contenido y el formato de los informes para garantizar unos informes más armonizados.

(40)

Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la modificación de los valores equivalentes de emisión para los métodos de reducción de emisiones, y de los criterios de utilización de dichos métodos, establecidos en los anexos I y II de la presente Directiva con el fin de adaptarlos al progreso científico y técnico de tal modo que se logre una profunda coherencia con los instrumentos pertinentes de la OMI, así como por lo que respecta a la modificación del artículo 2, letras a) a e) y p), del artículo 13, apartado 2, letra b), inciso i) y del artículo 13, apartado 3, de la presente Directiva a fin de adaptar esas disposiciones al progreso científico y técnico. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(41)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(42)

Conviene que el Comité de seguridad marítima y prevención de la contaminación por los buques (COSS) establecido por el Reglamento (CE) n.o 2099/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) asista a la Comisión en la aprobación de los métodos de reducción de emisiones que no están regulados por la Directiva 96/98/CE del Consejo (12).

(43)

Es importante establecer unas sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para la aplicación de la presente Directiva. Los Estados miembros deben incluir en ellas multas calculadas de tal manera que se garantice que estas priven al menos a los responsables de los beneficios económicos derivados de su incumplimiento, y que se aumenten gradualmente en caso de incumplimientos reiterados. Los Estados miembros deben notificar a la Comisión el régimen de sanciones.

(44)

La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho interno de las Directivas que se indican el anexo III, parte B.

a)

al combustible destinado a fines de investigación y pruebas;

b)

al combustible destinado a ser transformado antes de su combustión final;

c)

al combustible que vaya a ser transformado en la industria del refino;

d)

al combustible utilizado y comercializado en las regiones ultraperiféricas de la Unión, siempre que los Estados miembros competentes puedan garantizar que en esas regiones:

e)

al combustible utilizado por los buques de guerra y demás buques destinados a usos militares. Sin embargo, los Estados miembros tratarán de garantizar, mediante la adopción de medidas oportunas que no perjudiquen las operaciones ni la capacidad operativa de dichos buques, que estos funcionan, dentro de lo que es razonable y práctico, en consonancia con lo dispuesto en la presente Directiva;

f)

a la utilización de combustible en un buque que sea necesaria para el fin concreto de proteger la seguridad de un buque o para salvar vidas en el mar;

g)

a la utilización de combustible en un buque que sea necesaria a causa de los daños sufridos por un buque o sus equipos, siempre que después de producirse el daño se hayan tomado todas las precauciones razonables para prevenir o reducir al máximo el exceso de emisiones y se tomen medidas lo antes posible para reparar los daños. La presente disposición no se aplicará si el propietario o el capitán han actuado con la intención de causar el daño o con imprudencia temeraria;

h)

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, al combustible utilizado a bordo de buques que utilicen métodos de reducción de emisiones con arreglo a los artículos 8 y 10.

i)

cualquier combustible líquido derivado del petróleo, con exclusión del combustible para uso marítimo, clasificado en los códigos NC 2710 19 51 a 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 o 2710 20 39, o

ii)

cualquier combustible líquido derivado del petróleo distinto del gasóleo definido en la letra b) y distinto de los combustibles para uso marino de acuerdo con la definición de las letras c), d) y e) que, debido a sus límites de destilación, pertenezca a la clase del fuelóleo pesado destinado a utilizarse como combustible y del que menos del 65 % en volumen (comprendidas las pérdidas) se destile a 250 oC por el método ASTM D86. Si la destilación no se puede determinar mediante el método ASTM D86, el producto derivado del petróleo también se clasificará como fuelóleo pesado;

i)

cualquier combustible líquido derivado del petróleo, con exclusión del combustible para uso marítimo, clasificado en los códigos NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 o 2710 20 19, o

ii)

cualquier combustible líquido derivado del petróleo, con exclusión del combustible para uso marítimo, del que menos del 65 % en volumen (comprendidas las pérdidas) se destile a 250 °C y por lo menos el 85 % en volumen (comprendidas las pérdidas) se destile a 350 °C por el método ASTM D86.

i)

el capitán y los miembros de la tripulación o cualquier otra persona empleada o con algún cometido que cumplir a bordo del buque, en las actividades propias de este, y

ii)

niños de edad inferior a un año;

i)

con arreglo a un horario publicado, o

ii)

con unas travesías tan regulares o frecuentes que pueden considerarse un horario;

a)

en las instalaciones de combustión contempladas en la Directiva 2001/80/CE, sujetas al artículo 4, apartados 1 o 2, o al artículo 4, apartado 3, letra a), de dicha Directiva, y que cumplan los límites de emisión de dióxido de azufre establecidos para esas instalaciones en dicha Directiva;

b)

en las instalaciones de combustión contempladas en la Directiva 2001/80/CE, sujetas al artículo 4, apartado 3, letra b), y al artículo 4, apartado 6, de dicha Directiva, y cuyas emisiones medias mensuales de dióxido de azufre no superen los 1 700 mg/Nm3, con un contenido de oxígeno en los gases de combustión del 3 % en volumen, en seco;

c)

en instalaciones de combustión no contempladas en las letras a) o b), y cuyas emisiones medias mensuales de dióxido de azufre no superen los 1 700 mg/Nm3, con un contenido de oxígeno en los gases de combustión del 3 % en volumen, en seco;

d)

para la combustión en refinerías, cuando las emisiones medias mensuales de dióxido de azufre promediadas entre todas las instalaciones de combustión de la refinería, independientemente del tipo de combustible o de combinación de combustibles usados, pero excluidas las instalaciones contempladas en las letras a) y b), las turbinas de gas y los motores de gas, no superen los 1 700 mg/Nm3, con un contenido de oxígeno en los gases de combustión del 3 % en volumen, en seco.

a)

en las instalaciones de combustión contempladas en el capítulo III de la Directiva 2010/75/UE, y que cumplan los límites de emisión de dióxido de azufre establecidos para esas instalaciones en el anexo V de la mencionada Directiva, o, en caso de que dichos valores límite de emisión no sean aplicables con arreglo a dicha Directiva, cuyas emisiones medias mensuales de dióxido de azufre no superen los 1 700 mg/Nm3, con un contenido de oxígeno en los gases de combustión del 3 % en volumen, en seco;

b)

en instalaciones de combustión no contempladas en la letra a), y cuyas emisiones medias mensuales de dióxido de azufre no superen los 1 700 mg/Nm3, con un contenido de oxígeno en los gases de combustión del 3 % en volumen, en seco;

c)

para la combustión en refinerías, cuando las emisiones medias mensuales de dióxido de azufre promediadas entre todas las instalaciones de combustión de la refinería, independientemente del tipo de combustible o de combinación de combustibles usados, pero excluidas las instalaciones contempladas en la letra a), las turbinas de gas y los motores de gas, no superen los 1 700 mg/Nm3, con un contenido de oxígeno en los gases de combustión del 3 % en volumen, en seco.

a)

a partir del 18 de junio de 2014, el 3,50 %;

b)

a partir del 1 de enero de 2020, el 0,50 %.

a)

hasta el 31 de diciembre de 2014, el 1,00 %;

b)

a partir del 1 de enero de 2015, el 0,10 %.

—

a los buques que enarbolen su pabellón, y

—

en el caso de los Estados miembros ribereños de Zonas de Control de Emisiones de SOx, los buques de cualquier pabellón mientras permanezcan en sus puertos.

a)

que presente un registro de las medidas adoptadas para tratar de lograr dicho cumplimiento, así como

b)

que aporte pruebas que demuestren que ha intentado adquirir combustible para uso marítimo conforme con la presente Directiva de acuerdo con su trayecto previsto y que, si no estaba disponible en la localidad prevista, ha intentado localizar fuentes alternativas de dicho combustible y que, a pesar de todos los esfuerzos por obtener combustible para uso marítimo conforme con la presente Directiva, este no estaba a la venta.

a)

mantener un registro público de proveedores locales de combustible para uso marítimo;

b)

asegurarse de que el contenido de azufre de todos los combustibles para uso marítimo vendidos en su territorio está documentado por el proveedor mediante un comprobante de entrega de combustible, acompañado por una muestra sellada firmada por el representante del buque receptor;

c)

tomar las medidas adecuadas contra los proveedores de combustible para uso marítimo si entregan combustible que no sea conforme con la especificación recogida en el comprobante de entrega de combustible;

d)

asegurarse de que se toman las medidas correctoras adecuadas para poner en conformidad a todo combustible para uso marítimo no conforme que se haya descubierto.

a)

cuando, con arreglo a los horarios publicados, los buques vayan a permanecer atracados durante menos de dos horas;

b)

a los buques que apagan todas las máquinas y se conectan a la electricidad en tierra mientras están atracados en un puerto.

a)

adoptará actos delegados con arreglo al artículo 16 por los que se modifiquen el anexo I y el anexo II;

b)

adoptará actos de ejecución en los que se establezcan los requisitos detallados para la supervisión de las emisiones, cuando proceda. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen al que se refiere el artículo 17, apartado 2.

a)

las orientaciones elaboradas por la OMI;

b)

los resultados de los ensayos realizados en virtud del artículo 10;

c)

el impacto sobre el medio ambiente, inclusive las reducciones de emisiones realizables y los impactos sobre ecosistemas en puertos cercados, dársenas y estuarios, así como

d)

la viabilidad de la supervisión y verificación.

a)

se notifiquen los ensayos por escrito a la Comisión y a cualquier puerto afectado como mínimo seis meses antes de su inicio;

b)

las autorizaciones de los ensayos no superen los dieciocho meses de duración;

c)

todos los buques implicados estén dotados de equipos inalterables de control continuo de las emisiones de gases de chimenea y los usen durante el período de ensayo;

d)

todos los buques implicados consigan unas reducciones de emisiones que sean al menos equivalentes a las que se lograrían mediante los límites de azufre en los combustibles especificados en la presente Directiva;

e)

existan sistemas adecuados de gestión de residuos para los residuos generados por los métodos de reducción de emisiones durante el período de ensayos;

f)

se proceda a una evaluación del impacto en el medio ambiente marino, especialmente en los ecosistemas de puertos cercados, dársenas y estuarios durante el período de ensayos, y

g)

los resultados completos se notifiquen a la Comisión y se hagan públicos en un plazo de seis meses a partir del final de los ensayos.

a)

inspección de los diarios de navegación y de los comprobantes de entrega de carburante de los buques, y

b)

si procede, los siguientes métodos de muestreo y análisis:

a)

la frecuencia del muestreo;

b)

los métodos de muestreo;

c)

la definición de muestra representativa del combustible examinado.

21.5.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 132/79

(1)

El 14 de septiembre de 2012, el Consejo autorizó a la Comisión a entablar negociaciones, en nombre de la Unión, de sus Estados miembros y de la República de Croacia, para celebrar un Protocolo por el que se modifica el Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino Hachemí de Jordania, por otra (1), para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia (en lo sucesivo, «Protocolo»).

(2)

Esas negociaciones concluyeron satisfactoriamente el 24 de abril de 2014.

(3)

Procede firmar el Protocolo en nombre de la Unión y de sus Estados miembros, a reserva de su celebración en una fecha posterior.

(4)

Conviene aplicar el Protocolo con carácter provisional.

21.5.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 132/81

21.5.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 132/85

(1)

El Reglamento (CE, Euratom) n.o 1150/2000 del Consejo (3) se refundió mediante el Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 del Consejo (4). El Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 entrará en vigor el día de la entrada en vigor de la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo (5). Dicha Decisión aún no ha entrado en vigor.

(2)

A fin de conceder tiempo suficiente a la Comisión (Eurostat) para la evaluación de los datos de renta nacional bruta (RNB) y para dar tiempo suficiente al Comité RNB para elaborar un dictamen sobre los datos de RNB, debe ser posible introducir cualquier cambio en la RNB de un ejercicio económico determinado hasta el 30 de noviembre del cuarto año posterior a dicho ejercicio económico. En consecuencia, el plazo de conservación de los documentos justificativos relacionados con los recursos propios basados en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y la RNB debe también ampliarse del 30 de septiembre al 30 de noviembre del cuarto año siguiente al ejercicio económico al que se refieren.

(3)

El presente Reglamento debe reflejar la práctica existente de acuerdo con la cual las cuentas de recursos propios de la Comisión a que hace referencia el artículo 9 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 («cuentas de recursos propios de la Comisión») se mantienen con los Tesoros de los Estados miembros o con sus bancos centrales nacionales. El término «Tesoro» debe abarcar igualmente otros organismos públicos que ejerzan funciones similares.

(4)

Las cuentas de recursos propios de la Comisión deben mantenerse libres de cualquier gasto e interés. La aplicación de gastos o intereses negativos reduciría el presupuesto de la Unión y conduciría a una desigualdad de trato de los Estados miembros. Por consiguiente, cuando sean aplicables intereses negativos a las cuentas de recursos propios de la Comisión, los Estados miembros interesados deben abonar un importe igual al importe del interés negativo. Dado que algunos Estados miembros no tienen la posibilidad de evitar las consecuencias financieras de la obligación de abonar dichos importes de intereses negativos en las cuentas de recursos propios de la Comisión, resulta apropiado que la Comisión, a la hora de cubrir sus necesidades de tesorería, trate de reducir dichas consecuencias disponiendo de forma prioritaria de las sumas consignadas en las cuentas correspondientes.

(5)

Las cuentas de recursos propios de la Comisión solo se podrán adeudar siguiendo instrucciones de la Comisión. Esto debe hacerse sin perjuicio de la aplicación de intereses negativos.

(6)

En aras de la claridad y legibilidad, el artículo 10 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 debe ser dividido en varios artículos.

(7)

La Comisión debe disponer en todo momento de suficientes recursos de tesorería disponibles para cumplir los requerimientos de pago derivados de la ejecución del presupuesto, que se concentran especialmente en los primeros meses del año. La Comisión dispone ya de la posibilidad de invitar a los Estados miembros a que aporten hasta dos doceavas partes adicionales para las necesidades específicas de pago de los gastos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAG) de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). A fin de reducir aún más el riesgo de retrasos en los pagos debidos a la escasez temporal de recursos de tesorería, la Comisión debe tener la posibilidad de invitar a los Estados miembros a aportar hasta la mitad de una doceava parte adicional para las necesidades específicas de pago de los gastos correspondientes a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), en la medida en que lo justifiquen las necesidades de tesorería. No obstante, para evitar una presión excesiva sobre los tesoros nacionales, el importe total que puede aportarse para un mismo mes no debe ser superior a dos doceavas partes adicionales. Además, debido a los requerimientos específicos de pagos aplicables al FEAG, esto no debe hacerse en detrimento del FEAG.

(8)

En virtud del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1150/2000, la Comisión debe calcular los ajustes de los recursos propios basados en el IVA y la RNB, e informar a los Estados miembros, a tiempo para que dichos ajustes puedan ser consignados en la cuenta de recursos propios de la Comisión el primer día hábil del mes de diciembre. Los importes de los ajustes puestos a disposición el primer día laborable de diciembre de 2014 alcanzaron un nivel sin precedentes. Con el fin de evitar limitaciones presupuestarias excesivamente onerosas para los Estados miembros poco antes del fin de año, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1377/2014 del Consejo (8) modificó el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1150/2000 para permitir que, en ciertas circunstancias excepcionales, los Estados miembros pudieran aplazar la consignación de estos ajustes en la cuenta de recursos propios de la Comisión.

(9)

El Reglamento (CE, Euratom) n.o 1150/2000 así modificado, dejará de aplicarse una vez que entre en vigor el Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014. No obstante, esto se entenderá sin perjuicio de la validez de los aplazamientos de la consignación de ajustes ya solicitados formalmente en virtud del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1377/2014 mientras este último Reglamento estaba en vigor.

(10)

En aras de la simplificación y con el fin de limitar la presión presupuestaria para los Estados miembros y la Comisión, en especial hacia el final del año, debe racionalizarse el procedimiento de ajuste de los recursos propios basados en el IVA y en la RNB. Debe preverse un lapso mayor de tiempo entre la notificación formal a los Estados miembros de los ajustes necesarios y su consignación en la cuenta de recursos propios de la Comisión. Dicha notificación y su consignación tendrán lugar en el mismo año, y ese año también será pertinente para registrar el impacto en las cuentas de la administración pública y a los efectos del Pacto de estabilidad y crecimiento. Debe realizarse una redistribución inmediata del importe global de los ajustes entre los Estados miembros con arreglo a sus respectivas participaciones en el recurso propio basado en la RNB. Esto eliminaría la necesidad de la excepción introducida por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1377/2014.

(11)

A fin de alcanzar los objetivos de la Unión, el procedimiento para el cálculo de los intereses debe garantizar, en particular, que los recursos propios se pongan a disposición a su debido tiempo y en su totalidad.

(12)

A fin de mejorar la seguridad jurídica y la claridad, deben definirse casos en los que se devenguen intereses de demora para los recursos propios basados en el IVA y la RNB. En vista de las particularidades de estos recursos propios, que cuentan con un ciclo de verificación que permite correcciones y ajustes, respectivamente, a lo largo de un período de cuatro años, ningún cambio en los recursos propios basados en el IVA y la RNB derivados de dichas correcciones o ajustes debe dar lugar al cálculo de intereses con carácter retroactivo. Por consiguiente, los intereses con respecto a dichos recursos solo deben ser exigibles por las demoras en la consignación de importes de doceavas partes mensuales y de importes resultantes del cálculo anual de ajustes para ejercicios económicos anteriores. Además, con el fin de mantener un incentivo adecuado para la adopción de medidas correctoras, también se devengarán intereses en caso de demora en la consignación de importes resultantes de correcciones particulares a las declaraciones del IVA en la fecha especificada de conformidad con las medidas tomadas por la Comisión en virtud del artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1553/89 del Consejo (9). Por otra parte, en caso de que un Estado miembro no proporcione, en el plazo explícito fijado por la Comisión, correcciones a los datos de RNB que resulten necesarias para abordar puntos notificados por la Comisión o por un Estado miembro, también se aplicarán intereses a cualquier aumento de los recursos propios que se derive de un ajuste llevado a cabo como consecuencia de abordar el punto notificado. Dichos intereses se devengarán a partir del momento en el que debía haberse consignado el importe del ajuste, es decir, el primer día hábil del mes de junio del año siguiente a aquel en el que hubiere vencido el plazo explícito hasta el momento en que se consigne el importe ajustado en la cuenta. De acuerdo con las normas vigentes y con el uso, cualquier retraso en la consignación respecto de recursos propios tradicionales debe dar lugar al cálculo de intereses.

(13)

El sistema de tipos de interés establecido en el artículo 12 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 contiene un incremento fijo de 2 puntos porcentuales del tipo básico y un incremento progresivo de un 0,25 % por cada mes de demora, aplicable a todo el período de demora. Este sistema de tipos de interés ha resultado crucial para garantizar la puesta a disposición de los recursos propios a su debido tiempo y en su totalidad y, por consiguiente, sus elementos clave deben mantenerse.

(14)

No obstante, las normas actuales, que prevén un tipo cada vez mayor, han dado lugar al pago de tipos de interés muy altos en casos excepcionales que implican demoras de muchos años. Con el fin de garantizar la proporcionalidad del sistema al tiempo que se mantiene el efecto disuasorio, el incremento acumulado de este tipo básico debe limitarse a un máximo anual de 16 puntos porcentuales.

(15)

Por otro lado, el incremento fijo existente de 2 puntos porcentuales del tipo básico, para períodos breves de demora en particular, podría dar lugar a una falta de incentivos para la puesta a disposición a su debido tiempo de los recursos propios si los costes de refinanciación en el mercado monetario son superiores a los intereses pagaderos. A fin de reforzar aún más el funcionamiento fluido del sistema, el incremento fijo del tipo básico debe por lo tanto elevarse a 2,5 puntos porcentuales y el tipo de interés resultante aplicable no debe ser inferior a dicho porcentaje, incluso cuando el tipo básico aplicable sea negativo. En particular, ello debe evitar los retrasos en la puesta a disposición de las doceavas partes mensuales de los recursos propios basados en el IVA y en la RNB, que actualmente representan más del 80 % de los ingresos del presupuesto de la Unión.

(16)

Con el fin de promover una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión y tener en cuenta las nuevas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), debe permitirse que los Estados miembros queden liberados de la obligación de poner a disposición del presupuesto de la Unión los importes de los recursos propios tradicionales que resulten ser irrecuperables debido al aplazamiento de la consignación en las cuentas o al aplazamiento de la notificación de las deudas aduaneras con el fin de no perjudicar las investigaciones judiciales que afecten a los intereses financieros de la Unión. La Comisión debe comunicar lo antes posible a los Estados miembros los criterios por los que se guiará la evaluación de los casos que incluyan esta posibilidad, y actualizarlos siempre que sea necesario.

(17)

El umbral de notificación para los casos de recursos propios tradicionales declarados o considerados irrecuperables debe incrementarse con el fin de reducir la carga administrativa para los Estados miembros y para la Comisión.

(18)

Conviene aclarar que la posibilidad de que la Comisión, de conformidad con el artículo 14, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014, retire fondos en cantidad superior a la de sus activos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la Unión únicamente en el caso de impago de un préstamo concedido o garantizado con arreglo a los reglamentos y decisiones del Consejo también comprende reglamentos y decisiones que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, deben ser adoptados no solo por el Consejo, sino también por el Parlamento Europeo y el Consejo en virtud de lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(19)

Salvo en casos excepcionales, la Comisión debe notificar a los Estados miembros, o a sus bancos centrales nacionales, sus órdenes de transacciones en metálico que afecten a las cuentas abiertas con fines de recursos propios al menos un día antes de que se ejecuten dichas órdenes.

(20)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 en consecuencia.

(21)

Por motivos de coherencia, el presente Reglamento debe entrar en vigor el mismo día que el Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014. La modificación contenida en el presente Reglamento del artículo 18 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2014 para salvaguardar la aplicación continuada de la excepción introducida por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1377/2014 hasta la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. La modificación contenida en el presente Reglamento del artículo 12 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 debe aplicarse cuando la fecha de vencimiento del recurso propio sea posterior a la entrada en vigor del presente Reglamento. No obstante, por razones de proporcionalidad, los Estados miembros también podrán beneficiarse de la limitación del incremento total del tipo de interés, así como de la limitación del pago de intereses por los recursos propios procedentes del IVA únicamente en relación con las demoras especificadas en el artículo 12 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014, modificado por el presente Reglamento, para recursos propios debidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, en caso de que dichos recursos propios fueran conocidos con posterioridad a dicha fecha.

1)

En el artículo 3, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«Los documentos justificativos relativos a los procedimientos y bases de carácter estadístico a que se refiere el artículo 3 del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1287/2003 serán conservados por los Estados miembros hasta el 30 de noviembre del cuarto año tras el ejercicio de que se trate. Los documentos justificativos relativos a la base del recurso propio basado en el IVA se conservarán durante el mismo período.».

2)

El artículo 6 se modifica como sigue:

3)

El artículo 9 se modifica como sigue:

4)

El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 10

Puesta a disposición de los recursos propios tradicionales

1.   Previa deducción de los gastos de recaudación, de conformidad con el artículo 2, apartado 3, y el artículo 10, apartado 3, de la Decisión 2014/335/UE, Euratom, la consignación de los recursos propios tradicionales contemplados en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la citada Decisión se efectuará, a más tardar, el primer día laborable después del decimonoveno día del segundo mes siguiente al mes en cuyo transcurso se hubieren constatado los derechos con arreglo al artículo 2 del presente Reglamento.

Sin embargo, para los derechos anotados en una contabilidad separada, con arreglo al artículo 6, apartado 3, párrafo segundo, la consignación deberá efectuarse, a más tardar, el primer día laborable después del decimonoveno día del segundo mes siguiente al mes en que se hubieren ingresado los derechos.

2.   En caso de necesidad, la Comisión podrá solicitar a los Estados miembros que anticipen en un mes la consignación de los recursos distintos del recurso propio basado en el IVA y del recurso propio basado en la RNB, a tenor de los datos de que dispongan el día quince del mismo mes.

La regularización de cada consignación anticipada se efectuará el mes siguiente, al proceder a la consignación mencionada en el apartado 1, y consistirá en la consignación negativa de un importe equivalente a aquel que haya sido consignado anticipadamente.

Artículo 10 bis

Puesta a disposición de los recursos propios basados en el IVA y en la RNB

1.   El abono del recurso propio basado en el IVA y del recurso propio basado en la RNB, teniendo en cuenta el efecto en estos recursos de la corrección de los desequilibrios presupuestarios concedida al Reino Unido y de la reducción bruta concedida a Dinamarca, los Países Bajos, Austria y Suecia, se efectuará el primer día laborable de cada mes, a razón de una doceava parte de los importes totales correspondientes que figuran en el presupuesto, convertidos en moneda nacional al tipo de cambio del último día de cotización del año natural anterior al ejercicio presupuestario publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, serie C.

2.   Para las necesidades específicas de pago de los gastos correspondientes al FEAG de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (*), y en función de la situación de la tesorería de la Unión, la Comisión podrá solicitar a los Estados miembros que anticipen en hasta dos meses durante el primer trimestre del ejercicio presupuestario la consignación de una doceava parte, o de una fracción de esta, de los importes previstos en el presupuesto en concepto de recurso propio basado en el IVA y de recurso propio basado en la RNB teniendo en cuenta el efecto en esos recursos de la corrección de los desequilibrios presupuestarios concedida al Reino Unido y de la reducción bruta concedida a Dinamarca, los Países Bajos, Austria y Suecia.

A reserva del párrafo tercero, para las necesidades específicas de pago de los gastos correspondientes a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (**), y en función de la situación de la tesorería de la Unión, la Comisión podrá solicitar a los Estados miembros que anticipen, durante los primeros seis meses del ejercicio presupuestario, la consignación adicional de hasta la mitad de la doceava parte de los importes previstos en el presupuesto en concepto de recurso propio basado en el IVA y de recurso propio basado en la RNB teniendo en cuenta el efecto en esos recursos de la corrección de los desequilibrios presupuestarios concedida al Reino Unido y de la reducción bruta concedida a Dinamarca, los Países Bajos, Austria y Suecia.

El importe total que la Comisión podrá solicitar que anticipen los Estados miembros en el mismo mes de acuerdo con los párrafos primero y segundo no superará, en ningún caso, el importe correspondiente a otras dos doceavas partes.

Después de los primeros seis meses, la consignación mensual solicitada no podrá superar la doceava parte de los recursos propios basados en el IVA y en la RNB, siempre dentro de los límites de los importes consignados por dicho concepto en el presupuesto.

La Comisión informará previamente a los Estados miembros, a más tardar, dos semanas antes de la consignación solicitada de conformidad con los párrafos primero y segundo.

La Comisión informará a los Estados miembros con suficiente antelación, y a más tardar seis semanas antes de la consignación solicitada de conformidad con el párrafo segundo, de su intención de solicitar tal consignación.

A estas consignaciones anticipadas se les aplicarán las disposiciones del apartado 4 relativas al importe que ha de consignarse en enero de cada año, así como las disposiciones del apartado 5 aplicables en caso de que el presupuesto no se hubiere adoptado definitivamente antes de comenzar el ejercicio.

3.   Cualquier modificación que se produzca en el tipo uniforme del recurso propio basado en el IVA, en el tipo del recurso propio basado en la RNB, en la corrección de los desequilibrios presupuestarios concedida al Reino Unido y en la financiación de la misma a que se refieren los artículos 4 y 5 de la Decisión 2014/335/UE, Euratom y en la financiación de la reducción bruta concedida a Dinamarca, los Países Bajos, Austria y Suecia requerirá la adopción definitiva de un presupuesto rectificativo y dará lugar a ajustes de las doceavas partes consignadas desde el principio del ejercicio.

Dichos ajustes se efectuarán al realizarse la primera consignación tras la aprobación definitiva del presupuesto rectificativo, siempre que esta tenga lugar antes del día dieciséis del mes. En caso contrario, los ajustes se efectuarán al producirse la segunda consignación después de su aprobación definitiva. No obstante lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento financiero, estos ajustes serán contabilizados en el ejercicio del presupuesto rectificativo en cuestión.

4.   Las doceavas partes correspondientes a la consignación del mes de enero de cada ejercicio se calcularán a partir de los importes previstos en el proyecto de presupuesto a que se refiere el artículo 314, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y se convertirán en moneda nacional al tipo de cambio del primer día de cotización después del 15 de diciembre del año natural anterior al ejercicio presupuestario en cuestión; el ajuste se efectuará con la consignación correspondiente al mes siguiente.

5.   Si el presupuesto no se hubiere adoptado a más tardar dos semanas antes de la consignación correspondiente a enero del ejercicio siguiente, los Estados miembros consignarán el primer día laborable de cada mes, incluido el mes de enero, una doceava parte del importe del recurso propio basado en el IVA y del recurso basado en la RNB, teniendo en cuenta el efecto en esos recursos de la corrección de los desequilibrios presupuestarios concedida al Reino Unido y de la reducción bruta concedida a Dinamarca, los Países Bajos, Austria y Suecia, consignadas en el último presupuesto definitivamente aprobado; el ajuste se efectuará en la primera fecha de exigibilidad tras la aprobación definitiva del presupuesto, siempre que esta tenga lugar antes del día dieciséis del mes. De no ser así, los ajustes se efectuarán en la segunda fecha de exigibilidad tras la aprobación definitiva del presupuesto.

6.   La financiación de la reducción bruta concedida a Dinamarca, los Países Bajos, Austria y Suecia no se revisará posteriormente en caso de que se modifiquen los datos de la RNB conforme al artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1287/2003.

Artículo 10 ter

Ajustes de los recursos propios basados en el IVA y en la RNB de ejercicios anteriores

1.   Tomando como base el estado anual de la base del recurso propio basado en el IVA previsto en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1553/89, en el año siguiente a la transmisión de dicho estado, se cargará a cada Estado miembro el importe derivado de los datos que figuren en dicho estado aplicando el tipo uniforme adoptado para el ejercicio al que se refiere el estado y se le abonarán los doce pagos realizados en ese ejercicio. No obstante, la base del recurso propio basado en el IVA de un Estado miembro a la que se aplique el citado tipo no podrá superar el porcentaje determinado en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Decisión 2014/335/UE, Euratom de su RNB contemplado en el artículo 2, apartado 7, párrafo primero, de dicha Decisión.

2.   Las posibles rectificaciones de la base del recurso propio basado en el IVA con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1553/89 darán lugar, para cada Estado miembro cuya base, habida cuenta de estas rectificaciones, no supere los porcentajes determinados en el artículo 2, apartado 1, letra b), y el artículo 10, apartado 2, de la Decisión 2014/335/UE, Euratom, a los siguientes ajustes del saldo obtenido con arreglo al apartado 1 del presente artículo:

Las modificaciones de la RNB contempladas en el apartado 4 del presente artículo, darán lugar asimismo a un ajuste del saldo de los Estados miembros cuya base de recurso propio basado en el IVA, habida cuenta de las rectificaciones a que se refiere el párrafo primero del presente apartado, se hubiere limitado a los porcentajes determinados en el artículo 2, apartado 1, letra b), y el artículo 10, apartado 2, de la Decisión 2014/335/UE, Euratom.

3.   Sobre la base de las cifras del agregado RNB a precios de mercado y de sus componentes del año anterior, facilitadas por los Estados miembros con arreglo al artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1287/2003, se cargará a cada Estado miembro, en el año siguiente a la presentación de las cifras, el importe que resulte de la aplicación a su RNB del tipo adoptado para el año anterior al de la presentación de las cifras y se le abonarán los pagos efectuados a lo largo de dicho año.