ISSN 1977-0685

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 271

European flag  

Edición en lengua española

Legislación

58° año
16 de octubre de 2015


Sumario

 

II   Actos no legislativos

Página

 

 

REGLAMENTOS

 

*

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1850 de la Comisión, de 13 de octubre de 2015, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el comercio de productos derivados de la foca ( 1 )

1

 

*

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1851 de la Comisión, de 15 de octubre de 2015, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 948/2014 en lo que atañe al período de almacenamiento contractual y al importe de la ayuda que debe concederse para el almacenamiento privado de leche desnatada en polvo

12

 

*

Reglamento Delegado (UE) 2015/1852 de la Comisión, de 15 de octubre de 2015, por el que se abre, con carácter temporal y excepcional, un régimen de ayuda al almacenamiento privado de determinados quesos y se fija por anticipado el importe de la ayuda

15

 

*

Reglamento Delegado (UE) 2015/1853 de la Comisión, de 15 de octubre de 2015, que establece una ayuda excepcional de carácter temporal para los productores de los sectores ganaderos

25

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1854 de la Comisión, de 15 de octubre de 2015, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

31

 

 

DECISIONES

 

*

Decisión (UE) 2015/1855 del Consejo, de 13 de octubre de 2015, por la que se establece la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en el seno del Consejo de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y en el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio en lo que respecta a la petición de los países menos adelantados miembros de que se les conceda una prórroga del período de transición de conformidad con el artículo 66, apartado 1, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, en relación con determinadas obligaciones relativas a los productos farmacéuticos, y una exención de las obligaciones del artículo 70, apartados 8 y 9, de dicho Acuerdo

33

 

 

III   Otros actos

 

 

ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

 

*

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 321/14/COL, de 10 de septiembre de 2014, por el que se modifican por centésima vez las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la adopción de nuevas Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis [2015/1856]

35

 


 

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.


II Actos no legislativos

REGLAMENTOS

16.10.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 271/1


REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1850 DE LA COMISIÓN

de 13 de octubre de 2015

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el comercio de productos derivados de la foca

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el comercio de productos derivados de la foca (1), y, en particular, su artículo 3, apartado 4,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (CE) no 1007/2009 autoriza, en determinadas condiciones, la comercialización de productos derivados de la foca procedentes de la caza realizada por los inuit u otras comunidades indígenas. También permite la comercialización de productos derivados de la foca cuando la importación de tales productos es de carácter ocasional y los productos importados consisten exclusivamente en objetos destinados al uso personal de los viajeros o de sus familiares.

(2)

El Reglamento (UE) no 737/2010 de la Comisión (2) establece disposiciones de aplicación para la comercialización de productos derivados de la foca, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1007/2009.

(3)

El Reglamento (UE) 2015/1775 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) modifica el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1007/2009 y deroga el Reglamento (UE) no 737/2010, con efecto a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento. Es necesario, por tanto, establecer medidas de aplicación del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1007/2009, en su versión modificada.

(4)

Es conveniente disponer que los organismos que cumplen determinados requisitos se incluyan en una lista de organismos reconocidos que emiten certificados del cumplimiento de las condiciones de comercialización de productos derivados de la foca.

(5)

Deben definirse unos modelos de certificado y sus copias para facilitar la gestión y comprobación de los certificados.

(6)

Deben implantarse procedimientos de control de los certificados. Esos procedimientos deben ser lo más simples y prácticos posible, de forma que no comprometan la credibilidad y coherencia del sistema.

(7)

Debe permitirse el uso de sistemas electrónicos para facilitar el intercambio de datos entre las autoridades competentes, la Comisión y los organismos reconocidos.

(8)

A efectos del presente Reglamento, el tratamiento de los datos personales, en particular los contenidos en los certificados, debe ajustarse a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y al Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(9)

Teniendo en cuenta que el presente Reglamento establece disposiciones de aplicación del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1007/2009, modificado por el Reglamento (UE) 2015/1775, que se aplica a partir del 18 de octubre de 2015, procede que entre en vigor con carácter urgente.

(10)

Las medidas del presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido con arreglo al artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo (6).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento establece disposiciones de aplicación para la comercialización de productos derivados de la foca y la importación de productos derivados de la foca destinados al uso personal de los viajeros o de sus familiares, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1007/2009.

Artículo 2

Uso personal de los viajeros o de sus familiares

1.   Los productos derivados de la foca destinados al uso personal de los viajeros o de sus familiares solo podrán importarse cuando se cumplan los requisitos siguientes:

a)

que los productos derivados de la foca formen parte de la indumentaria de los viajeros, o sean llevados a mano o en su equipaje personal;

b)

que los productos derivados de la foca formen parte de los objetos personales de una persona física que cambie su lugar de residencia habitual trasladándose de un tercer país a la Unión;

c)

que los productos derivados de la foca sean adquiridos in situ por los viajeros en un tercer país e importados por ellos en una fecha posterior, con la condición de que, al llegar al territorio de la Unión, dichos viajeros presenten a las autoridades aduaneras del Estado miembro los siguientes documentos:

i)

una notificación escrita de importación,

ii)

un documento que pruebe que los productos han sido adquiridos en el tercer país en cuestión.

2.   A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, letra c), la notificación escrita y el documento justificativo deberán ser validados por las autoridades aduaneras y devueltos a los viajeros. Para la importación, la notificación y el documento justificativo deberán presentarse a las autoridades aduaneras junto con la declaración en aduana relativa a los productos de que se trate.

Artículo 3

Organismos reconocidos

1.   Se incluirán en una lista de organismos reconocidos los organismos que demuestren que cumplen los requisitos siguientes:

a)

tener personalidad jurídica;

b)

tener la capacidad necesaria para determinar que se cumplen los requisitos del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1007/2009;

c)

tener la capacidad necesaria para emitir y gestionar los certificados mencionados en el artículo 4, apartado 1, así como para efectuar el tratamiento y archivo de los datos;

d)

tener la capacidad necesaria para cumplir sus funciones evitando conflictos de interés;

e)

tener la capacidad necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos fijados en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1007/2009;

f)

tener la capacidad necesaria para retirar el certificado mencionado en el artículo 4, apartado 1, o suspender su validez en caso de incumplimiento de los requisitos impuestos por el presente Reglamento y para tomar medidas a fin de informar de ello a las autoridades competentes y las autoridades aduaneras de los Estados miembros;

g)

someterse a la auditoría de un tercero independiente;

h)

trabajar en el ámbito nacional o regional.

2.   Para ser incluido en la lista citada en el apartado 1, el organismo deberá presentar una solicitud a la Comisión, acompañándola de documentos que demuestren que cumple los requisitos recogidos en el apartado 1.

3.   El organismo reconocido presentará a la Comisión los informes de auditoría elaborados por el tercero independiente mencionado en el apartado 1, letra g), a finales de cada ciclo de presentación de informes.

Artículo 4

Certificados

1.   Previa solicitud, cuando se cumplan los requisitos para la comercialización establecidos en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1007/2009, el organismo reconocido emitirá certificados conformes a los modelos recogidos en el anexo del presente Reglamento.

2.   El organismo reconocido expedirá el certificado al solicitante y conservará una copia en sus archivos durante tres años.

3.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, cuando se comercialice un producto derivado de la foca, el original del certificado se entregará con el producto derivado de la foca en el momento de la comercialización. El solicitante podrá conservar una copia del certificado.

4.   En toda factura posterior deberá indicarse el número del certificado.

5.   Se considerará que un producto derivado de la foca acompañado por el certificado emitido de conformidad con el apartado 1 se ajusta a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1007/2009.

6.   La aceptación de una declaración en aduana para el despacho a libre práctica de un producto derivado de la foca con arreglo al artículo 79 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo (7) estará supeditada a la presentación de un certificado emitido de conformidad con el apartado 1 del presente artículo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 2913/92, las autoridades aduaneras conservarán una copia del certificado en sus archivos.

7.   En caso de duda respecto a la autenticidad o exactitud de un certificado emitido de conformidad con el apartado 1, así como cuando sea necesario asesoramiento complementario, las autoridades aduaneras y otras autoridades de observancia tomarán contacto con la autoridad competente designada por el Estado miembro en cuestión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6. La autoridad competente con la que se haya establecido el contacto decidirá las medidas que deban tomarse.

Artículo 5

Formato de los certificados

1.   Los certificados mencionados en el artículo 4, apartado 1, podrán consistir en documentos en papel o en formato electrónico.

2.   En caso de certificado electrónico, el producto derivado de la foca deberá ir acompañado, en el momento de su comercialización, de un ejemplar impreso de dicho certificado.

3.   La utilización del certificado se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras formalidades que implique la comercialización.

4.   La autoridad competente designada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 podrá exigir que el certificado sea traducido a la lengua oficial del Estado miembro en el que vaya a comercializarse el producto.

Artículo 6

Autoridades competentes

1.   Cada Estado miembro designará una o varias autoridades competentes encargadas de las tareas siguientes:

a)

comprobar, a petición de las autoridades aduaneras de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 7, los certificados de los productos derivados de la foca importados;

b)

controlar la emisión de certificados por parte de los organismos reconocidos establecidos en dicho Estado miembro y que ejercen su actividad en él;

c)

conservar una copia del certificado de los productos derivados de la foca procedentes de actividades de caza de focas emitido en dicho Estado miembro.

2.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión las autoridades competentes por ellos designadas de conformidad con el apartado 1.

3.   La Comisión publicará en sus páginas web la lista de autoridades competentes designadas de conformidad con el apartado 1. La lista se actualizará periódicamente.

Artículo 7

Sistemas electrónicos para el intercambio y registro de datos

1.   Las autoridades competentes podrán utilizar sistemas electrónicos para el intercambio y registro de los datos indicados en los certificados.

2.   Los Estados miembros prestarán atención a la complementariedad, compatibilidad e interoperabilidad de los sistema electrónicos a que se refiere el apartado 1.

Artículo 8

Protección en lo que respecta al tratamiento de datos personales

El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio del nivel de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales con arreglo a las disposiciones del Derecho de la Unión y del Derecho nacional y, en particular, no altera las obligaciones ni los derechos establecidos en la Directiva 95/46/CE y en el Reglamento (CE) no 45/2001. Se garantizará la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, en particular por lo que se refiere a la divulgación o comunicación de los datos personales indicados en los certificados.

Artículo 9

Disposición transitoria

Los certificados emitidos por un organismo reconocido de conformidad con el Reglamento (UE) no 737/2010 antes del 18 de octubre de 2015 seguirán siendo válidos después de esa fecha.

Artículo 10

Entrada en vigor y aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 18 de octubre de 2015.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 13 de octubre de 2015.

Por la Comisión

El Presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  DO L 286 de 31.10.2009, p. 36.

(2)  Reglamento (UE) no 737/2010 de la Comisión, de 10 de agosto de 2010, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el comercio de productos derivados de la foca (DO L 216 de 17.8.2010, p. 1).

(3)  Reglamento (UE) 2015/1775 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1007/2009 sobre el comercio de productos derivados de la foca y se deroga el Reglamento (UE) no 737/2010 de la Comisión (DO L 262 de 7.10.2015, p. 1).

(4)  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

(5)  Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

(6)  Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (DO L 61 de 3.3.1997, p. 1).

(7)  Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302 de 19.10.1992, p. 1).


ANEXO

Image

Image

Image

Image

Image

Notas explicativas

Generalidades:

Complétese con letras mayúsculas

Casilla 1.

Organismo emisor

Nombre y dirección del organismo reconocido que emite el certificado.

Casilla 2.

Espacio reservado al país emisor

Espacio reservado al país emisor.

Casilla 3.

Número de certificado

Número de emisión del certificado.

Casilla 4.

País donde se comercializa el producto

País donde está previsto comercializar el producto derivado de la foca en primer lugar en la Unión Europea.

Casilla 5.

Código ISO

Código de dos letras del país indicado en la casilla 4.

Casilla 6.

Descripción comercial

Descripción comercial del producto o productos derivados de la foca. La designación deberá concordar con el contenido de la casilla 7.

Casilla 7.

Nombre científico

Nombre científico de la especie de foca utilizada en el producto. Si el producto está compuesto por más de una especie, utilice una línea para cada una de ellas.

Casilla 8.

Partida del SA

Código de las mercancías, de cuatro o seis cifras, establecido con arreglo al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

Casilla 9.

País de captura

País en el que las focas utilizadas en el producto han sido tomadas de la naturaleza.

Casilla 10.

Código ISO

Código de dos letras del país indicado en la casilla 9.

Casilla 11.

Peso neto

Peso global en kg, que se define como la masa neta de los productos derivados de la foca sin contenedores primarios ni embalajes, que no sean separadores, expositores, etiquetas, etc.

Casilla 12.

Número de unidades

Número de unidades, si procede.

Casilla 13.

Marcas distintivas

Si procede, marcas distintivas tales como el número de lote o el número del conocimiento de embarque.

Casilla 14.

Identificador único

Cualquier identificador de trazabilidad dispuesto en el propio producto

Casilla 15.

Firma y sello del organismo emisor

La casilla debe llevar la firma del funcionario autorizado, el lugar y la fecha, y el sello oficial del organismo reconocido emisor.

Casilla 16.

Validación de la aduana

Las autoridades aduaneras indicarán el número de la declaración en aduana y añadirán su firma y sello.


16.10.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 271/12


REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1851 DE LA COMISIÓN

de 15 de octubre de 2015

que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 948/2014 en lo que atañe al período de almacenamiento contractual y al importe de la ayuda que debe concederse para el almacenamiento privado de leche desnatada en polvo

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007 (1), y, en particular, su artículo 18, apartado 2, su artículo 20, letras c), l), y m), y su artículo 223, apartado 3, letra c),

Visto el Reglamento (UE) no 1370/2013 del Consejo, de 16 de diciembre de 2013, por el que se establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas y restituciones en relación con la organización común de mercados de los productos agrícolas (2), y, en particular, su artículo 4,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 948/2014 de la Comisión (3) abrió el almacenamiento privado de leche desnatada en polvo, habida cuenta de la difícil situación del mercado, resultante, en particular, de la prohibición establecida por el Gobierno ruso en relación con las importaciones de productos lácteos de la Unión a Rusia.

(2)

A raíz de un nuevo deterioro de los precios de la leche desnatada en polvo, el régimen de almacenamiento privado fue prorrogado hasta el 28 de febrero de 2015 mediante el Reglamento de Ejecución (UE) no 1337/2014 de la Comisión (4), hasta el 30 de septiembre de 2015 mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/303 de la Comisión (5) y hasta el 29 de febrero de 2016 mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1548 de la Comisión (6).

(3)

Dada la continua tendencia a la baja de los precios de la leche desnatada en polvo provocada por un importante exceso de oferta de leche en el mercado interior y las limitaciones persistentes de la demanda mundial, procede prever medidas adicionales con el fin de incitar a los agentes económicos a almacenar cantidades más elevadas para aliviar la presión sobre el mercado y, por lo tanto, deben concederse importes de ayuda más elevados cuando los productos sean almacenados durante un período contractual más largo.

(4)

No obstante, a fin de que los agentes económicos puedan reaccionar con flexibilidad ante las futuras señales del mercado, debe autorizarse la salida de almacén de dichos productos a un porcentaje de ayuda reducido tras un período mínimo de almacenamiento de nueve meses.

(5)

Teniendo en cuenta el aumento de la duración del período de almacenamiento contractual, debe adaptarse el anticipo contemplado en el artículo 31 del Reglamento (CE) no 826/2008 de la Comisión (7).

(6)

De conformidad con el artículo 35, apartado 3, del Reglamento (CE) no 826/2008 y con el fin de supervisar la utilización de la medida, procede especificar el plazo de presentación de las notificaciones previstas en el artículo 35, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento.

(7)

Con el fin de lograr una repercusión inmediata en el mercado y contribuir a estabilizar los precios, la medida prevista en el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento de Ejecución (UE) no 948/2014 queda modificado como sigue:

1)

El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 4

1.   La ayuda para los productos contemplados en el artículo 1 se fijará como sigue:

a)

cuando el período de almacenamiento contractual oscile entre 90 y 210 días, la ayuda ascenderá a:

1)

8,86 EUR por tonelada almacenada para gastos de almacenamiento fijos,

2)

0,16 EUR por tonelada y por día de almacenamiento contractual;

b)

cuando el período de almacenamiento contractual sea de 365 días, la ayuda ascenderá a:

1)

8,86 EUR por tonelada almacenada para gastos de almacenamiento fijos,

2)

0,36 EUR por tonelada y por día de almacenamiento contractual.

Sin embargo, no obstante lo dispuesto en el artículo 34, apartado 6, del Reglamento (CE) no 826/2008, cuando la cantidad contractual pueda ser retirada tras un período mínimo de almacenamiento de 270 días, el importe de la ayuda se reducirá un 10 %.

2.   Las solicitudes únicamente serán válidas si mencionan los porcentajes de ayuda solicitados.

Los contratos celebrados en virtud del presente Reglamento para un período de almacenamiento de entre 90 y 210 días no podrán transformarse en contratos en virtud del apartado 1, letra b).

3.   El almacenamiento contractual finalizará el día anterior al de la salida de almacén.».

2)

Se inserta el artículo 4 bis siguiente:

«Artículo 4 bis

No obstante lo dispuesto en el artículo 31, apartado 2, del Reglamento (CE) no 826/2008, el importe del anticipo para los contratos en virtud del artículo 4, apartado 1, letra b), del presente Reglamento, no sobrepasará el de la ayuda correspondiente a un período de almacenamiento de 270 días.».

3)

El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 6

Los Estados miembros notificarán a la Comisión la siguiente información:

a)

a más tardar cada martes, con relación a la semana anterior y separadamente para las cantidades contempladas en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), las cantidades por las que se hayan celebrado contratos, así como las cantidades de productos por las que se hayan presentado solicitudes para celebrar contratos, de conformidad con el artículo 35, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 826/2008;

b)

a más tardar al final de cada mes, en relación con el mes anterior, la información sobre las existencias contemplada en el artículo 35, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 826/2008.».

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 15 de octubre de 2015.

Por la Comisión

El Presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.

(2)  DO L 346 de 20.12.2013, p. 12.

(3)  Reglamento de Ejecución (UE) no 948/2014 de la Comisión, de 4 de septiembre de 2014, por el que se abre el almacenamiento privado de leche desnatada en polvo y se fija por anticipado el importe de la ayuda (DO L 265 de 5.9.2014, p. 18).

(4)  Reglamento de Ejecución (UE) no 1337/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2014, que modifica los Reglamentos de Ejecución (UE) no 947/2014 y (UE) no 948/2014 en lo que respecta al último día de presentación de solicitudes de ayuda al almacenamiento privado de mantequilla y de leche desnatada en polvo (DO L 360 de 17.12.2014, p. 15).

(5)  Reglamento de Ejecución (UE) 2015/303 de la Comisión, de 25 de febrero de 2015, que modifica los Reglamentos de Ejecución (UE) no 947/2014 y (UE) no 948/2014 en lo que respecta al último día de presentación de solicitudes de ayuda al almacenamiento privado de mantequilla y de leche desnatada en polvo (DO L 55 de 26.2.2015, p. 4).

(6)  Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1548 de la Comisión, de 17 de septiembre de 2015, que modifica los Reglamentos de Ejecución (UE) no 947/2014 y (UE) no 948/2014 en lo que respecta al último día de presentación de solicitudes de ayuda al almacenamiento privado de mantequilla y de leche desnatada en polvo (DO L 242 de 18.9.2015, p. 26).

(7)  Reglamento (CE) no 826/2008 de la Comisión, de 20 de agosto de 2008, por el que se establecen disposiciones comunes para la concesión de ayuda para el almacenamiento privado de determinados productos agrícolas (DO L 223 de 21.8.2008, p. 3).


16.10.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 271/15


REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1852 DE LA COMISIÓN

de 15 de octubre de 2015

por el que se abre, con carácter temporal y excepcional, un régimen de ayuda al almacenamiento privado de determinados quesos y se fija por anticipado el importe de la ayuda

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007 del Consejo (1) y, en particular, su artículo 219, apartado 1, leído en relación con su artículo 228,

Considerando lo siguiente:

(1)

La demanda mundial de leche y productos lácteos se ha deteriorado en general a lo largo de 2014 y en el primer semestre de 2015, sobre todo como consecuencia de la disminución de las importaciones procedentes de China, el principal importador mundial de productos lácteos.

(2)

Se ha registrado una presión a la baja sobre los precios de los productos lácteos debido al aumento de la oferta, tanto dentro de la Unión como en las principales regiones del mundo productoras de leche.

(3)

Además, el 25 de junio de 2015, el Gobierno ruso anunció la prórroga de la prohibición de importación de productos agrícolas y alimenticios originarios de la UE durante un año más, hasta el 6 de agosto de 2016.

(4)

Por consiguiente, el sector de la leche se enfrenta a una situación de perturbación del mercado debido a un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda.

(5)

Como consecuencia de ello, los precios de la leche cruda y los productos lácteos en la Unión se han deteriorado aún más y es probable que continúe la presión a la baja, hasta alcanzar niveles insostenibles para muchos agricultores que se enfrentan a problemas de flujos de efectivo y de tesorería. Los precios medios de la Unión para los principales quesos habían disminuido un 17 % en 2015.

(6)

Las medidas de intervención en el mercado disponibles en virtud del Reglamento (UE) no 1308/2013 no son suficientes para hacer frente a la situación creada recientemente, ya que se dirigen a otros productos como la mantequilla y la leche desnatada en polvo, o se limitan a los quesos con indicación geográfica.

(7)

La amenaza de un grave desequilibrio del mercado del queso podría reducirse o eliminarse mediante el almacenamiento. Por consiguiente, es oportuno conceder una ayuda al almacenamiento privado de queso y fijar por anticipado el importe de la ayuda.

(8)

Es necesario fijar un límite para el volumen máximo cubierto por el régimen y un desglose de la cantidad total por Estado miembro sobre la base de su producción de queso.

(9)

El artículo 17 del Reglamento (UE) no 1308/2013 contempla la concesión de una ayuda al almacenamiento privado de quesos que se beneficien de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida en virtud del Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (2). No obstante, los quesos con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida solo representan una pequeña parte del total de la producción de la Unión. Por razones operativas y de eficacia administrativa, es conveniente crear un único régimen de ayuda al almacenamiento privado que cubra todos los tipos de quesos.

(10)

Conviene excluir los quesos que no son aptos para su almacenamiento.

(11)

Como regla general, para facilitar la gestión y el control, la ayuda al almacenamiento privado solo debe concederse a los agentes económicos establecidos y registrados a los fines del IVA en la Unión.

(12)

Para garantizar que las medidas pueden controlarse correctamente, debe especificarse en el presente Reglamento la información necesaria para celebrar el contrato de almacenamiento, así como las obligaciones de las partes contratantes.

(13)

A fin de mejorar la eficacia del régimen, los contratos deben celebrarse por una cantidad mínima determinada y en ellos deben definirse las obligaciones de la parte contratante, en particular, las que permitan a la autoridad competente encargada de controlar las operaciones de almacenamiento llevar a cabo una inspección eficaz de las condiciones de almacenamiento.

(14)

El almacenamiento de la cantidad contractual durante el período de almacenamiento contractual es uno de los requisitos para la concesión de la ayuda al almacenamiento privado. Con objeto de tener en cuenta las prácticas comerciales, así como por razones prácticas, debe permitirse cierta tolerancia con respecto a la cantidad objeto de la ayuda.

(15)

Para garantizar la seriedad de la solicitud y velar por que la medida tenga el efecto deseado en el mercado, es necesaria una garantía. Por consiguiente, deben adoptarse disposiciones en relación con la constitución, liberación y ejecución de la garantía.

(16)

Para garantizar que el almacenamiento se gestiona correctamente, procede adoptar disposiciones para reducir el importe de ayuda que ha de pagarse cuando la cantidad almacenada durante el período de almacenamiento contractual es inferior a la cantidad contractual.

(17)

El importe de la ayuda debe fijarse en función de los costes de almacenamiento o de otros factores de mercado pertinentes. Procede fijar una ayuda para los gastos de almacenamiento fijos de entrada y salida de los productos de que se trate y una ayuda por día de almacenamiento, por gastos de almacenamiento frigorífico y de financiación.

(18)

Es preciso indicar las condiciones de concesión de anticipos, la adaptación de la ayuda en caso de que la cantidad contractual no se haya respetado totalmente, los controles del cumplimiento de los derechos a la ayuda, las posibles sanciones y la información que deban notificar los Estados miembros a la Comisión.

(19)

La medida podría no utilizarse plenamente en todos los Estados miembros, por lo que es conveniente prever la reasignación de cantidades al cabo de tres meses de aplicación de la medida. Debe autorizarse a la Comisión a adoptar, en su caso, actos de ejecución que establezcan la reasignación por Estado miembro de las cantidades inutilizadas y el nuevo período de presentación de las solicitudes.

(20)

También han de establecerse disposiciones de aplicación referentes a la documentación, la contabilidad y la frecuencia y las características de los controles.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento establece, con carácter temporal y excepcional, un régimen de ayuda al almacenamiento privado de los quesos del código NC 0406, salvo en el caso de los quesos que no son adecuados para su posterior almacenamiento más allá del período de maduración establecido en el artículo 3, apartado 1.

El volumen máximo de producto por Estados miembros sujeto a este régimen temporal se fija en el anexo.

Artículo 2

Definición

A los fines del presente Reglamento, por «las autoridades competentes de los Estados miembros» se entenderán los servicios u organismos acreditados por los Estados miembros como organismos pagadores que cumplen las condiciones establecidas en el artículo 7 del Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

Artículo 3

Subvencionabilidad de los productos

1.   Para poder optar a la ayuda al almacenamiento privado a que se refiere el artículo 1, en lo sucesivo, la «ayuda», el queso deberá ser de calidad sana, cabal y comercial, de origen de la Unión y tener, el día en que se inicie el contrato de almacenamiento, una curación mínima correspondiente al período de maduración establecido en el pliego de condiciones de los quesos que se benefician de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida en virtud del Reglamento (UE) no 1151/2012 y a un período de maduración normal establecido por los Estados miembros para los demás quesos.

2.   El queso deberá cumplir los siguientes requisitos:

a)

cada lote pesará como mínimo 0,5 toneladas;

b)

deberá llevar en caracteres indelebles la indicación, que podrá codificarse, de la empresa en la que ha sido elaborado y de la fecha de elaboración;

c)

deberá llevar la fecha de entrada en almacén;

d)

no habrá sido objeto con anterioridad de ningún contrato de ayuda al almacenamiento;

e)

deberá almacenarse en el Estado miembro de producción del queso.

3.   Los Estados miembros podrán disponer que no se aplique la obligación de indicar en el queso la fecha de entrada en almacén contemplada en el apartado 2, letra c), si el responsable del almacén se compromete a llevar un registro y a anotar en él, en la fecha de entrada en almacén, las indicaciones que figuran en el apartado 2, letra b).

Artículo 4

Solicitudes de ayuda

1.   Los agentes económicos que pretendan obtener ayuda presentarán una solicitud ante las autoridades competentes del Estado miembro en que se encuentren almacenados los productos.

2.   Los agentes económicos que presenten una solicitud de ayuda deberán estar establecidos y registrados a fines del IVA en la Unión.

3.   Las solicitudes de ayuda podrán presentarse a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. El plazo para la presentación de solicitudes expira el 15 de enero de 2016.

4.   Las solicitudes de ayuda deberán referirse a productos que ya estén almacenados en su totalidad.

5.   Las solicitudes podrán presentarse utilizando el método puesto a disposición de los agentes económicos por el Estado miembro de que se trate.

Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán exigir que las solicitudes presentadas por medios electrónicos lleven una firma electrónica avanzada, en la acepción del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), o una firma electrónica que ofrezca garantías equivalentes en lo que se refiere a las funcionalidades atribuidas a una firma, aplicando las mismas normas y condiciones que las contempladas en las disposiciones de la Comisión sobre documentos electrónicos y digitalizados, establecidas en la Decisión 2004/563/CE, Euratom de la Comisión (5), y en sus disposiciones de aplicación.

6.   Las solicitudes solo serán válidas si cumplen los siguientes requisitos:

a)

contienen una referencia al presente Reglamento;

b)

contienen los datos de identificación del solicitante: nombre, dirección y número de registro del IVA;

c)

indican el producto junto con su correspondiente código NC de seis dígitos;

d)

indican la cantidad de productos en el momento de la solicitud;

e)

indican el nombre y la dirección del lugar de almacenamiento, el número de lote de almacenamiento y el número de autorización que permita identificar la fábrica;

f)

no incluyen ninguna condición adicional introducida por el solicitante distinta de las previstas en el presente Reglamento;

g)

se presentan en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro en que se presente la solicitud;

h)

el solicitante ha depositado una garantía por un importe de 20 EUR por tonelada en favor del organismo pagador de conformidad con el capítulo IV, sección 2, del Reglamento Delegado (UE) no 907/2014 de la Comisión (6).

7.   El contenido de las solicitudes no podrá modificarse tras su presentación.

Artículo 5

Ejecución y liberación de la garantía

1.   La garantía contemplada en el artículo 4, apartado 6, letra h), se ejecutará si:

a)

se retira la solicitud de contrato;

b)

la cantidad determinada en los controles efectuados de conformidad con el artículo 16, apartado 2, es inferior al 95 % de la cantidad que figura en la solicitud a que se hace referencia en el artículo 4, apartado 6, letra d); en este caso, no se celebrará ningún contrato;

c)

menos del 95 % de la cantidad contractual entra en almacén y se mantiene almacenada durante el período de almacenamiento contractual, por cuenta y riesgo de la parte contratante, en la acepción del artículo 6 y de conformidad con las condiciones a que se hace referencia en el artículo 7, apartado 1, letra a).

2.   Las garantías se liberarán inmediatamente si las solicitudes de contrato no se aceptan.

3.   Las garantías correspondientes a las cantidades por las que se hayan cumplido las obligaciones contractuales se liberarán.

Artículo 6

Celebración de los contratos

1.   Los contratos se celebrarán entre la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre almacenado el producto y el solicitante, en lo sucesivo denominado «la parte contratante».

2.   Los contratos se celebrarán en un plazo de treinta días a partir de la fecha de recepción de la información mencionada en el artículo 4, apartado 6, letra e), supeditados, en su caso, a la confirmación ulterior de que los productos pueden optar a la ayuda, según lo dispuesto en el artículo 16, apartado 2, párrafo segundo. En caso de que no se confirme que los productos pueden optar a la ayuda, el contrato se considerará nulo y sin valor.

Artículo 7

Obligaciones de la parte contratante

1.   Los contratos estipularán al menos las obligaciones siguientes que ha de cumplir la parte contratante:

a)

dar entrada en almacén y mantener almacenada durante el período de almacenamiento contractual la cantidad objeto del contrato, por su cuenta y riesgo y en condiciones que garanticen el mantenimiento de las características de los productos, sin sustituir los productos almacenados ni trasladarlos a otro lugar de almacenamiento; no obstante, previa solicitud debidamente motivada de la parte contratante, la autoridad competente podrá autorizar el traslado de los productos almacenados;

b)

conservar los documentos relativos al pesaje completados en el momento de la entrada en el lugar de almacenamiento;

c)

permitir que la autoridad competente compruebe en cualquier momento el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato;

d)

hacer lo necesario para que pueda accederse fácilmente a los productos almacenados y estos puedan identificarse individualmente: cada unidad almacenada de manera individual se marcará de modo que figure en ella la fecha de entrada en almacén, el número de contrato, el producto y el peso; no obstante, los Estados miembros podrán renunciar a la obligación de marcar el número de contrato, a condición de que el responsable del almacén se comprometa a anotar el número de contrato en el registro mencionado en el artículo 3, apartado 3.

2.   La parte contratante pondrá a disposición de la autoridad encargada del control toda la documentación de cada contrato, que permita, en particular, comprobar, con relación a los productos objeto de almacenamiento privado, los siguientes extremos:

a)

el número de autorización que permita identificar la fábrica y el Estado miembro de producción;

b)

el origen y la fecha de fabricación de los productos;

c)

la fecha de entrada en almacén;

d)

el peso y el número de unidades empaquetadas;

e)

la presencia de los productos en el almacén y la dirección del mismo;

f)

la fecha prevista de conclusión del período de almacenamiento contractual, completada por la fecha real de salida.

3.   La parte contratante o, en su caso, el titular del almacén, llevará una contabilidad material disponible en el almacén, que incluya por cada número de contrato:

a)

la identificación de los productos que se hallen en almacenamiento privado por lote;

b)

las fechas de entrada en almacén y de salida de este;

c)

la cantidad indicada por almacenamiento en lote;

d)

la localización de los productos en el almacén.

Artículo 8

Período de almacenamiento contractual

1.   El período de almacenamiento contractual comenzará el día siguiente al de la recepción por parte de las autoridades competentes de la información referida en el artículo 4, apartado 6, letra e).

2.   El almacenamiento contractual finalizará el día anterior al de la salida de almacén.

3.   La ayuda solo podrá concederse cuando el período contractual de almacenamiento oscile entre 60 y 210 días.

Artículo 9

Retirada del almacén

1.   Las operaciones de retirada del almacén podrán comenzar el día siguiente al último del período de almacenamiento contractual.

2.   La retirada del almacén se efectuará por lotes de almacenamiento enteros o, si la autoridad competente así lo autoriza, por cantidades inferiores. No obstante, en el caso indicado en el artículo 16, apartado 5, letra a), solo podrán retirarse del almacén cantidades precintadas.

3.   La parte contratante notificará a la autoridad competente su intención de comenzar a retirar los productos del almacén, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, apartado 6.

4.   Si no se cumple el requisito establecido en el apartado 3 pero la autoridad competente considera que, en los treinta días siguientes a la retirada del almacén, se ha presentado una prueba que demuestra suficientemente la fecha de retirada y las cantidades retiradas, la ayuda se reducirá un 15 % y solo se pagará por el período con respecto al cual la parte contratante proporcione a la autoridad competente una prueba satisfactoria de que el producto se ha mantenido en almacenamiento contractual.

5.   Si no se cumple el requisito establecido en el apartado 3 y la autoridad competente no considera que, en los treinta días siguientes a la retirada del almacén, se ha presentado una prueba que demuestra suficientemente la fecha de retirada y las cantidades retiradas, no se pagará ayuda alguna con respecto al contrato en cuestión y, en su caso, se ejecutará la totalidad de la garantía correspondiente a dicho contrato.

Artículo 10

Importe de la ayuda

La ayuda ascenderá a:

15,57 EUR por tonelada almacenada en concepto de gastos de almacenamiento fijos,

0,40 EUR por tonelada y por día de almacenamiento contractual.

Artículo 11

Anticipo de la ayuda

1.   Después de 60 días de almacenamiento y a petición de la parte contratante, podrá concederse un único anticipo sobre la ayuda siempre y cuando se constituya una garantía igual al importe del anticipo más un 10 %.

2.   El importe del anticipo no podrá sobrepasar el de la ayuda correspondiente a un período de almacenamiento de noventa días. La garantía mencionada en el apartado 1 se liberará en cuanto se haya abonado el saldo de la ayuda.

Artículo 12

Pago de la ayuda

1.   La ayuda, o el saldo de la ayuda en caso de haberse concedido un anticipo en virtud del artículo 11, se abonará sobre la base de una solicitud de ayuda presentada por la parte contratante en un plazo de tres meses tras la finalización del período de almacenamiento contractual.

2.   Cuando la parte contratante no pueda presentar los justificantes dentro del plazo de tres meses, pese a haber hecho las diligencias oportunas para conseguirlos dentro del mismo, podrá concedérsele una ampliación del plazo que no superará los tres meses en total.

3.   El pago de la ayuda o de su saldo tendrá lugar en un plazo de 120 días a partir del día de presentación de la solicitud de pago de la ayuda, siempre que se hayan cumplido las obligaciones contractuales y se haya efectuado el control final. No obstante, si se estuviera llevando a cabo una investigación administrativa, el pago no se realizará hasta que no se haya reconocido el derecho a la ayuda.

4.   Excepto en los casos de fuerza mayor, si la cantidad efectivamente almacenada durante el período de almacenamiento contractual fuera inferior a la cantidad contractual e igual o superior al 95 % de dicha cantidad, la ayuda se pagará por la cantidad efectivamente almacenada. No obstante, si la autoridad competente comprobase que la parte contratante actuó deliberadamente o por negligencia, podrá decidir reducir más la ayuda o no pagarla.

5.   Excepto en los casos de fuerza mayor, si la cantidad efectivamente almacenada durante el período de almacenamiento contractual es inferior al porcentaje indicado en el apartado 4, pero superior o igual al 80 % de la cantidad contractual, la ayuda por la cantidad efectivamente almacenada se reducirá a la mitad. No obstante, si la autoridad competente comprobase que la parte contratante actuó deliberadamente o por negligencia, podrá decidir reducir más la ayuda o no pagarla.

6.   Excepto en los casos de fuerza mayor, si la cantidad efectivamente almacenada durante el período de almacenamiento contractual fuese inferior al 80 % de la cantidad contractual, no se abonará ayuda alguna.

7.   Cuando se detecten productos defectuosos en los controles durante el almacenamiento o a la salida de almacén, no se abonará ayuda alguna por esas cantidades. La cantidad restante del lote de almacenamiento que aún pueda optar a la ayuda no será inferior a la cantidad mínima establecida en el artículo 3, apartado 2. La misma norma se aplicará cuando parte de un lote de almacenamiento se retire por esa razón antes del período mínimo de almacenamiento.

Los productos defectuosos no se tendrán en cuenta para calcular la cantidad efectivamente almacenada a que se refieren los apartados 4, 5 y 6.

Artículo 13

Notificaciones

1.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión, a más tardar cada martes, con relación a la semana anterior, las cantidades por las que se hayan celebrado contratos, así como las cantidades de productos por las que se hayan presentado solicitudes de ayuda.

2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión antes de que finalice el mes, con respecto al mes anterior:

a)

las cantidades de productos que hayan entrado y salido de almacén durante ese mes;

b)

las cantidades de productos almacenadas al final de ese mes;

c)

las cantidades de productos cuyo período de almacenamiento contractual haya finalizado.

3.   Las notificaciones por los Estados miembros contempladas en los apartados 1 y 2 se realizarán de conformidad con el Reglamento (CE) no 792/2009 de la Comisión (7).

Artículo 14

Medidas para el cumplimiento de la cantidad máxima

Los Estados miembros velarán por que se implante un sistema basado en criterios objetivos y no discriminatorios, de modo que no se sobrepasen las cantidades máximas por Estado miembro que figuran en el anexo.

Artículo 15

Medidas relativas a las cantidades no utilizadas

Si procede, las cantidades asignadas que queden sin utilizar después del 15 de enero de 2016 se pondrán a disposición de los Estados miembros que, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, hayan notificado a la Comisión su deseo de hacer un mayor uso del régimen de ayuda al almacenamiento privado. La asignación de esas cantidades por Estado miembro, que se hará teniendo en cuenta las cantidades solicitadas por los Estados miembros hasta el 15 de enero de 2016 y el plazo de presentación de las solicitudes, se efectuará mediante un acto de ejecución adoptado sin aplicar el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 229, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) no 1308/2013.

Artículo 16

Controles

1.   Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento. Dichas medidas comprenderán un control administrativo completo de las solicitudes de ayuda, complementado por controles sobre el terreno, tal y como se indica en los apartados 2 a 9.

2.   La autoridad encargada del control realizará controles de los productos que se almacenen en un plazo de treinta días a partir de la fecha de recepción de la información a que se hace referencia en el artículo 4, apartado 6, letra e).

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, párrafo primero, letra a), del presente artículo, con el fin de cerciorarse de que los productos almacenados cumplen los requisitos para optar a la ayuda, se efectuará un control material de una muestra representativa de al menos el 5 % de las cantidades que hayan entrado en almacén para garantizar, entre otros aspectos, que, en lo que respecta al peso, la identificación, y la naturaleza de los productos, la totalidad de los lotes de almacenamiento son conformes con los datos que figuran en la solicitud de celebración de contrato.

A efectos del pago de la ayuda, se utilizará el peso de los productos determinado al inicio del período contractual. No obstante, no se pagará ninguna ayuda por cantidades superiores a la solicitada, tal como se especifica en el artículo 4, apartado 6, letra d).

3.   El plazo de treinta días previsto en el apartado 2 podrá ampliarse quince días más por razones debidamente justificadas por el Estado miembro.

4.   Si los controles demuestran que los productos almacenados no se ajustan a los criterios de subvencionabilidad establecidos en el artículo 3 y tal como se especifica en el artículo 4, apartado 6, letra c), se ejecutará la garantía a que se refiere el artículo 4, apartado 6, letra h).

5.   La autoridad encargada del control procederá a:

a)

precintar los productos por contratos, lotes de almacenamiento o cantidades inferiores, en el momento del control indicado en el apartado 2; o

b)

realizar un control sin previo aviso para garantizar que la cantidad contractual se halla presente en el lugar de almacenamiento.

El control mencionado en el párrafo primero, letra b), se efectuará en un mínimo del 10 % de la cantidad contractual total y será representativo. Dichos controles consistirán en un examen de los registros de existencias a que se refiere el artículo 7, apartado 3, y de los justificantes, tales como etiquetas en las que conste el peso y resguardos de entregas, así como en una comprobación de la presencia de los productos en almacén, el tipo de producto y su identificación, con respecto a un mínimo del 5 % de la cantidad sobre la que se realice el control sin previo aviso.

6.   Al término del período de almacenamiento contractual, la autoridad encargada del control procederá, en lo que respecta como mínimo a la mitad del número de contratos, a un control por muestreo del peso y la identificación de los productos almacenados. A los fines de dicho control, la parte contratante comunicará al organismo competente, al menos cinco días hábiles antes e indicando los lotes de almacenamiento de que se trate:

a)

la expiración del plazo máximo de almacenamiento contractual, o

b)

el comienzo de las operaciones de retirada, en caso de que los productos se retiren antes de la expiración del período máximo de almacenamiento contractual.

Los Estados miembros podrán admitir un plazo inferior a cinco días hábiles.

7.   Al verificar el peso de los productos durante y al final del almacenamiento contractual en aras de la comprobación de la presencia de los productos en el almacén, la posible pérdida natural de peso no dará lugar a una reducción de la ayuda ni a la ejecución de la garantía.

8.   En caso de aplicación de la posibilidad contemplada en el apartado 5, letra a), se comprobarán la presencia y la integridad de los precintos al término del período de almacenamiento contractual. Los gastos de precintado o de manipulación correrán a cargo de la parte contratante.

9.   Todas las muestras que se utilicen para comprobar la calidad y la composición de los productos serán tomadas por funcionarios de la autoridad encargada del control o en su presencia.

Se realizará una comprobación o control material del peso en presencia de dichos funcionarios durante el pesaje.

A efectos de una pista de auditoría, se sellarán o rubricarán durante la inspección todos los registros de existencias y financieros y los documentos comprobados por los funcionarios. En caso de comprobación de registros informáticos, se imprimirá una copia que se conservará en el expediente de la inspección.

Artículo 17

Informe de auditoría

1.   La autoridad encargada del control elaborará un informe de cada control sobre el terreno. En el informe se precisarán los distintos elementos controlados.

En el informe se indicarán:

a)

la fecha y hora del comienzo del control;

b)

datos sobre el anuncio del control;

c)

la duración del control;

d)

el nombre de los responsables presentes;

e)

la naturaleza y alcance de los controles efectuados, facilitando en particular información sobre los documentos y productos examinados;

f)

los resultados y las conclusiones;

g)

la necesidad, en su caso, de hacer un seguimiento.

El informe de control será firmado por los funcionarios responsables y refrendado por la parte contratante, o por el titular del almacén, en su caso, y habrá de incluirse en el expediente de pago.

2.   En caso de detectarse irregularidades significativas que afecten a un mínimo del 5 % de las cantidades de los productos de un mismo contrato objeto de control, la comprobación se efectuará sobre una muestra más amplia que determinará la autoridad encargada del control.

3.   La autoridad encargada del control registrará todos los casos de incumplimiento sobre la base de los criterios de gravedad, alcance, duración y reiteración que puedan dar lugar a una exclusión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, y/o al reembolso de una ayuda indebidamente abonada, con intereses cuando proceda, de acuerdo con el apartado 4 de dicho artículo.

Artículo 18

Sanciones

1.   Cuando la autoridad competente de un Estado miembro compruebe que un documento presentado por un solicitante para la atribución de los derechos derivados del presente Reglamento facilita información incorrecta y cuando esta sea decisiva para la atribución de esos derechos, excluirá al solicitante de la participación en el procedimiento de concesión de ayuda para el producto sobre el que se haya proporcionado información incorrecta, por un período de un año a partir del momento en que se adopte una decisión administrativa definitiva que establezca la irregularidad.

2.   La exclusión prevista en el apartado 1 no se aplicará si el solicitante demuestra, a satisfacción de la autoridad competente, que la situación contemplada en el apartado 1 constituye un caso de fuerza mayor o error manifiesto.

3.   Las ayudas abonadas indebidamente a los agentes económicos de que se trate se recuperarán con intereses. Serán de aplicación, mutatis mutandis, las normas establecidas en el artículo 7 del Reglamento de Ejecución (UE) no 809/2014 de la Comisión (8).

4.   La aplicación de sanciones administrativas y la recuperación de los importes abonados indebidamente, tal como se establece en el presente artículo, se efectuarán sin perjuicio de la comunicación de irregularidades a la Comisión en virtud del Reglamento (CE) no 1848/2006 de la Comisión (9).

Artículo 19

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 15 de octubre de 2015.

Por la Comisión

El Presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.

(2)  Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, p. 1).

(3)  Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 485/2008 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549).

(4)  Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica (DO L 13 de 19.1.2000, p. 12).

(5)  Decisión 2004/563/CE, Euratom de la Comisión, de 7 de julio de 2004, por la que se modifica su Reglamento interno (DO L 251 de 27.7.2004, p. 9).

(6)  Reglamento Delegado (UE) no 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro (DO L 255 de 28.8.2014, p. 18).

(7)  Reglamento (CE) no 792/2009 de la Comisión, de 31 de agosto de 2009, que establece las disposiciones de aplicación de la notificación a la Comisión por los Estados miembros de la información y los documentos relacionados con la ejecución de la organización común de mercados, el régimen de pagos directos, la promoción de los productos agrícolas y los regímenes aplicables a las regiones ultraperiféricas y a las islas menores del Mar Egeo (DO L 228 de 1.9.2009, p. 3).

(8)  Reglamento de Ejecución (UE) no 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad (DO L 227 de 31.7.2014, p. 69).

(9)  Reglamento (CE) no 1848/2006 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidamente pagadas en el marco de la financiación de la política agrícola común, así como a la organización de un sistema de información en este ámbito, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 595/91 del Consejo (DO L 355 de 15.12.2006, p. 56).


ANEXO

Estado miembro

Cantidades máximas

(toneladas)

Bélgica

1 243

Bulgaria

696

República Checa

1 421

Dinamarca

3 334

Alemania

23 626

Estonia

454

Irlanda

1 835

Grecia

1 880

España

3 635

Francia

20 830

Croacia

348

Italia

12 015

Chipre

199

Letonia

348

Lituania

1 163

Luxemburgo

33

Hungría

827

Malta

30

Países Bajos

8 156

Austria

1 968

Polonia

7 859

Portugal

704

Rumanía

797

Eslovenia

164

Eslovaquia

426

Finlandia

1 210

Suecia

945

Reino Unido

3 854

Total

100 000


16.10.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 271/25


REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1853 DE LA COMISIÓN

de 15 de octubre de 2015

que establece una ayuda excepcional de carácter temporal para los productores de los sectores ganaderos

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007 (1), y, en particular, su artículo 219, apartado 1, leído en relación con su artículo 228,

Considerando lo siguiente:

(1)

El crecimiento de la demanda mundial de leche y de productos lácteos ha disminuido en general a lo largo de 2014 y en el primer semestre de 2015, especialmente como consecuencia de la ralentización de las exportaciones a China, el principal importador de productos lácteos del mundo.

(2)

El mercado de la Unión de carne de porcino ha sufrido un deterioro a lo largo de 2014 y 2015. La producción nacional de la Unión ha aumentado y el buen comportamiento de las exportaciones decayó considerablemente como consecuencia de la pérdida de Rusia como mercado de exportación. Debido a las peculiaridades del mercado de porcino, con un sistema de adaptación desfasado del sector de la cría de animales a la reducción de la demanda de cerdos para sacrificio, la situación del mercado evolucionó hacia un exceso crítico de oferta y una presión constante sobre los precios sin parangón con la de los períodos cíclicos normales.

(3)

El 25 de junio de 2015, el Gobierno ruso anunció la prórroga de la prohibición de importación de productos agrícolas y alimenticios originarios de la Unión durante un año más, hasta el 6 de agosto de 2016.

(4)

Los sectores de la leche y los productos lácteos y de la carne de porcino se enfrentan, por tanto, a distorsiones del mercado ocasionadas por un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda.

(5)

Como consecuencia de ello, los precios de la leche cruda y de la carne de porcino en la Unión han disminuido de nuevo y es probable que continúe la presión a la baja, hasta alcanzar niveles insostenibles para muchos productores que están sufriendo dificultades de liquidez y de tesorería. En julio de 2015, el precio medio de la leche cruda en la Unión había disminuido un 12 % en comparación con el precio medio en julio registrado en los años 2010 a 2014, y un 20 % si se compara con julio de 2014. En julio de 2015, el precio de la canal de cerdo disminuyó un 13 % y el de los lechones, un 23 % en comparación con el precio medio registrado en julio de 2014. Además, los precios han alcanzado niveles excepcionalmente bajos, por debajo de la media de los últimos cinco años.

(6)

Además, en muchos Estados miembros los rendimientos de las cosechas de primavera y verano resultaron afectados negativamente debido a las temperaturas muy elevadas registradas en julio y agosto y a la escasez de precipitaciones. Los sectores de la carne de vacuno, leche y productos lácteos, carne de porcino, carne de ovino y de caprino se han visto severamente afectados por el aumento de los costes de producción debido a la escasez de cultivos forrajeros y pastos.

(7)

Los instrumentos de intervención del mercado, en forma de intervención pública y almacenamiento privado de mantequilla y leche desnatada en polvo, han estado disponibles sin interrupción desde septiembre de 2014. Aunque estos instrumentos han amortiguado los efectos perjudiciales de la caída de los precios, no han evitado la continua disminución de los precios de los productos lácteos y de la leche cruda. El almacenamiento privado de carne de porcino ha estabilizado los precios en marzo y abril de 2015, pero no ha estimulado una recuperación significativa de los mismos. Teniendo en cuenta el ciclo de producción de la carne de porcino, la apertura de un régimen de ayuda para el almacenamiento privado en este período concreto del año no resolvería de forma adecuada las actuales perturbaciones del mercado. Análogamente, los instrumentos del mercado previstos en virtud del Reglamento (UE) no 1308/2013 para otros sectores ganaderos no están diseñados para aliviar problemas económicos circunscritos a nivel regional. Cualquier otra medida de intervención del mercado que pudiera preverse en forma de ayuda para el almacenamiento privado, aunque complementase la asistencia financiera específica, no suprimiría las necesidades inmediatas de liquidez en los sectores ganaderos, pues tendría un impacto a medio plazo en las explotaciones ganaderas.

(8)

Por lo tanto, ha surgido una situación en la que las medidas disponibles en virtud del Reglamento (UE) no 1308/2013 resultan insuficientes para hacer frente a las perturbaciones del mercado.

(9)

Con el fin de hacer frente a una situación en la que disminuirían aún más los precios y se agravarían las perturbaciones del mercado, es fundamental que la asistencia financiera específica se dirija a los sectores ganaderos de la Unión especialmente afectados.

(10)

Por lo tanto, a fin de afrontar las actuales perturbaciones del mercado de forma eficaz y efectiva y de evitar que la situación resultante de las mismas, o sus efectos en el mercado, se mantenga o deteriore aún más, procede conceder una ayuda a los Estados miembros en forma de dotación financiera única con el fin de ayudar a los productores de los sectores ganaderos que están sufriendo la mayor caída de precios, las consecuencias directas de la prórroga de la prohibición de importación rusa y la repercusión de la sequía en los cultivos forrajeros.

(11)

La dotación financiera disponible para cada Estado miembro debe calcularse sobre la base de las cuotas lácteas nacionales fijadas para 2014/15 y de su cabaña porcina nacional, y ser proporcional a la disminución de precios de la leche franco explotación y de las canales de cerdo observada, al grado de dependencia del mercado ruso y a la repercusión de la sequía en la producción y en el precio de los cultivos forrajeros. Con el fin de garantizar que la ayuda llega a los productores más afectados por las perturbaciones del mercado, teniendo en cuenta los limitados recursos presupuestarios, los Estados miembros deben poder contar con la flexibilidad necesaria para distribuir ese importe nacional a través de los canales más eficaces sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios, como la caída de precios en los sectores afectados, velando al mismo tiempo por que los productores de los sectores ganaderos sean los beneficiarios finales de la ayuda específica y evitando cualquier falseamiento del mercado y de la competencia.

(12)

Habida cuenta de que la contribución financiera asignada a cada Estado miembro apenas compensará una proporción limitada de las pérdidas reales sufridas por los productores de los sectores ganaderos, debe autorizarse que los Estados miembros concedan ayuda suplementaria a tales productores, en las mismas condiciones de objetividad, no discriminación y ausencia de falseamiento de la competencia.

(13)

A fin de ofrecerles la flexibilidad necesaria para distribuir la asistencia financiera específica de la forma adecuada para hacer frente a las perturbaciones, los Estados miembros deben poder acumularla con otras ayudas financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

(14)

Como la contribución financiera para cada Estado miembro se fija en euros, es necesario, para garantizar una aplicación uniforme y simultánea, fijar una fecha para la conversión de los importes asignados a Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Croacia, Hungría, Polonia, Rumanía, Suecia y Reino Unido en sus monedas nacionales. Por consiguiente, resulta oportuno determinar el hecho generador del tipo de cambio, según lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2). Habida cuenta del principio contemplado en el artículo 106, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) no 1306/2013 y los criterios establecidos en el artículo 106, apartado 5, letra c), de dicho Reglamento, el hecho generador debe ser la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

(15)

La ayuda prevista en el presente Reglamento debe concederse como medida de apoyo de los mercados agrarios de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) no 1306/2013.

(16)

Por razones presupuestarias, la Unión debe financiar los gastos contraídos por los Estados miembros correspondientes a los productores de los sectores ganaderos únicamente cuando tales gastos se realicen antes de un determinado plazo.

(17)

Para garantizar la transparencia, la supervisión y la administración adecuada de las importes a su disposición, los Estados miembros deben informar a la Comisión de los criterios objetivos utilizados para determinar los métodos para la concesión de la ayuda y las disposiciones adoptadas para evitar distorsiones de competencia.

(18)

Con objeto de garantizar que los productores de los sectores ganaderos reciban la ayuda cuanto antes, debe permitirse que los Estados miembros apliquen el presente Reglamento sin demora. Por consiguiente, el presente Reglamento ha de entrar en vigor al día siguiente de su publicación.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

1.   La Unión pondrá a disposición de los Estados miembros una ayuda por un importe total de 420 000 000 EUR para prestar ayuda específica a los productores de los sectores de la carne de vacuno, leche y productos lácteos, carne de porcino y carne de ovino y caprino («sectores ganaderos»).

Los Estados miembros utilizarán los importes a su disposición establecidos en el anexo para medidas adoptadas sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios, a condición de que los pagos resultantes no falseen la competencia.

Las medidas adoptadas por los Estados miembros tendrán como objetivo aliviar las consecuencias económicas resultantes de las perturbaciones del mercado sobre los productores de los sectores ganaderos.

Los Estados miembros deben garantizar que, cuando los productores de los sectores ganaderos no sean los beneficiarios directos de los pagos, el beneficio económico de la ayuda repercuta sobre ellos en su totalidad.

Los gastos de los Estados miembros relativos a los pagos efectuados en virtud del presente Reglamento se beneficiarán de la ayuda de la Unión únicamente si los Estados miembros efectúan los pagos a más tardar el 30 de junio de 2016.

2.   En lo que respecta a Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, Croacia, Hungría, Polonia, Rumanía, Suecia y el Reino Unido, el hecho generador del tipo de cambio aplicable a los importes fijados en el anexo será la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

3.   La ayuda prevista en el presente Reglamento podrá acumularse con otras ayudas financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

Artículo 2

Los Estados miembros podrán conceder ayuda suplementaria para las medidas adoptadas en virtud del artículo 1 hasta un máximo del 100 % del importe correspondiente establecido en el anexo, y en las mismas condiciones de objetividad, tal como se establece en el artículo 1.

Los Estados miembros pagarán la ayuda suplementaria a más tardar el 30 de junio de 2016.

Artículo 3

Los Estados miembros notificarán a la Comisión la siguiente información:

a)

sin demora y a más tardar el 31 de diciembre de 2015, los criterios objetivos utilizados para determinar los métodos de concesión de la ayuda específica y las medidas adoptadas para evitar el falseamiento de la competencia;

b)

a más tardar el 30 de septiembre de 2016, los importes totales abonados y el número y tipo de beneficiarios.

Artículo 4

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 15 de octubre de 2015.

Por la Comisión

El Presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.

(2)  Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 485/2008 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549).


ANEXO

Estado miembro

EUR

Bélgica

13 049 568

Bulgaria

6 004 009

República Checa

11 155 561

Dinamarca

11 103 077

Alemania

69 233 789

Estonia

7 561 692

Irlanda

13 734 230

Grecia

2 258 253

España

25 526 629

Francia

62 899 543

Croacia

1 812 383

Italia

25 017 897

Chipre

354 997

Letonia

8 452 333

Lituania

12 631 869

Luxemburgo

669 120

Hungría

9 505 286

Malta

119 570

Países Bajos

29 937 209

Austria

7 004 590

Polonia

28 946 973

Portugal

4 764 178

Rumanía

11 145 958

Eslovenia

1 368 433

Eslovaquia

2 464 247

Finlandia

8 985 522

Suecia

8 220 625

Reino Unido

36 072 462


16.10.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 271/31


REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1854 DE LA COMISIÓN

de 15 de octubre de 2015

por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007 (1),

Visto el Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas (2), y, en particular, su artículo 136, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En el anexo del presente Reglamento quedan fijados los valores de importación a tanto alzado a que se refiere el artículo 136 del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 15 de octubre de 2015.

Por la Comisión,

en nombre del Presidente,

Jerzy PLEWA

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural


(1)  DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.

(2)  DO L 157 de 15.6.2011, p. 1.


ANEXO

Valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

(EUR/100 kg)

Código NC

Código tercer país (1)

Valor de importación a tanto alzado

0702 00 00

AL

84,4

MA

132,6

MK

46,1

TR

56,6

ZZ

79,9

0707 00 05

AL

36,9

TR

116,7

ZZ

76,8

0709 93 10

TR

136,8

ZZ

136,8

0805 50 10

AR

161,3

CL

149,0

TR

110,2

UY

78,7

ZA

104,7

ZZ

120,8

0806 10 10

BR

252,3

EG

198,3

MA

56,6

MK

97,5

TR

169,2

ZZ

154,8

0808 10 80

AR

122,1

CL

86,3

MK

23,1

NZ

155,0

US

86,4

ZA

144,4

ZZ

102,9

0808 30 90

CN

65,9

TR

135,5

XS

95,1

ZA

218,5

ZZ

128,8


(1)  Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (UE) no 1106/2012 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas comunitarias relativas al comercio exterior con terceros países, en lo que concierne a la actualización de la nomenclatura de países y territorios (DO L 328 de 28.11.2012, p. 7). El código «ZZ» significa «otros orígenes».


DECISIONES

16.10.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 271/33


DECISIÓN (UE) 2015/1855 DEL CONSEJO

de 13 de octubre de 2015

por la que se establece la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en el seno del Consejo de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y en el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio en lo que respecta a la petición de los países menos adelantados miembros de que se les conceda una prórroga del período de transición de conformidad con el artículo 66, apartado 1, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, en relación con determinadas obligaciones relativas a los productos farmacéuticos, y una exención de las obligaciones del artículo 70, apartados 8 y 9, de dicho Acuerdo

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 207, apartado 4, párrafo primero, en relación con su artículo 218, apartado 9,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1)

De conformidad con el artículo 66, apartado 1, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio («el Acuerdo sobre los ADPIC»), el Consejo de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio («el Consejo de los ADPIC») concederá prórrogas de ese período transitorio cuando reciba de un país menos adelantado («PMA») Miembro la petición debidamente motivada.

(2)

El 14 de noviembre de 2001, la Conferencia Ministerial de Doha de la Organización Mundial del Comercio («OMC») adoptó la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública («Declaración de Doha»). En ella se afirmaba que la prórroga de los períodos transitorios prevista en el artículo 66, apartado 1, del Acuerdo sobre los ADPIC, debe entenderse sin perjuicio del derecho de los PMA miembros a tratar de obtener otras prórrogas.

(3)

De conformidad con el apartado 7 de la Declaración de Doha, y con el artículo 66, apartado 1, del Acuerdo sobre los ADPIC, el Consejo de los ADPIC, mediante Decisión de 27 de junio de 2002, prorrogó el período transitorio durante el cual los PMA miembros no están obligados a proporcionar protección mediante patentes a los productos farmacéuticos hasta el 1 de enero de 2016.

(4)

El 8 de julio de 2002, el Consejo General de la OMC adoptó una decisión estrechamente relacionada, eximiendo a los PMA miembros de sus obligaciones de concesión de derechos exclusivos de comercialización en virtud del artículo 70, apartados 8 y 9, del mencionado Acuerdo. Dicha exención se aplicará hasta el 1 de enero de 2016.

(5)

El 23 de febrero de 2015, Bangladés, en nombre del grupo de los PMA miembros, solicitó una prórroga indefinida del período transitorio con arreglo al artículo 66, apartado 1, del Acuerdo sobre los ADPIC, y una exención indefinida de las obligaciones previstas en el artículo 70, apartados 8 y 9, de dicho Acuerdo, durante todo el tiempo en que dichos PMA miembros sigan siendo PMA.

(6)

Teniendo en cuenta que ha existido desde 2002 una exención separada para los derechos de propiedad intelectual relativos a productos farmacéuticos, es conveniente que la Unión acepte la prórroga del período transitorio con el fin de no obstaculizar el acceso de los PMA miembros a estos productos farmacéuticos.

(7)

Varios miembros de la OMC parecen estar dispuestos a conceder la prórroga indefinida y la exención permanente y, por consiguiente, sería conveniente que la Unión se adhiriese al consenso en consonancia con su apoyo ininterrumpido a la Declaración de Doha. Sin embargo, si la solución que alcancen finalmente los miembros de la OMC fuera una nueva prórroga y exención temporales, la Unión también debería estar de acuerdo.

(8)

Procede establecer la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión, en el Consejo de los ADPIC y el Consejo General de la OMC por lo que se refiere a la petición de los PMA miembros de que se les conceda una prórroga del período transitorio de conformidad con el artículo 66, apartado 1, del Acuerdo sobre los ADPIC, en relación con determinadas obligaciones relativas a los productos farmacéuticos, y una exención de las obligaciones previstas en el artículo 70, apartados 8 y 9, de dicho Acuerdo.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La posición que deberá adoptarse en nombre de la Unión Europea en el seno del Consejo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio («OMC») será la siguiente:

a)

aprobar:

i)

la petición de los países menos adelantados («PMA») miembros de que se les conceda una prórroga del período transitorio de conformidad con el artículo 66, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio («el Acuerdo sobre los ADPIC»), en relación con determinadas obligaciones relativas a los productos farmacéuticos, y

ii)

la petición de los PMA miembros de que se les conceda una exención de las obligaciones previstas en el artículo 70, apartados 8 y 9, del Acuerdo sobre los ADPIC, y

b)

aprobar:

i)

o bien que la propuesta de prórroga mencionada en la letra a), inciso i), o la exención mencionada en la letra a), inciso ii) del presente artículo, o ambas, sigan siendo aplicables durante todo el tiempo en que cada PMA miembro de la OMC siga siendo un PMA,

ii)

o bien una propuesta de prórroga temporal o de exención temporal, o ambas, en caso de que la propuesta también sea aceptable para los demás miembros de la OMC.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Luxemburgo, el 13 de octubre de 2015.

Por el Consejo

El Presidente

J. ASSELBORN


III Otros actos

ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

16.10.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 271/35


DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC

No 321/14/COL

de 10 de septiembre de 2014

por el que se modifican por centésima vez las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la adopción de nuevas Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis [2015/1856]

EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC (en lo sucesivo denominado «el Órgano de Vigilancia»),

VISTO el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo EEE») y, en particular, sus artículos 61 a 63 y su Protocolo 26,

VISTO el Acuerdo entre los Estados de la AELC sobre el establecimiento de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción») y, en particular, su artículo 5, apartado 2, letra b), su artículo 24, y el artículo 1 de la parte I de su Protocolo 3,

CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

De conformidad con el artículo 24 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia velará por el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo EEE relativas a las ayudas estatales,

De conformidad con el artículo 5, apartado 2, letra b), del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia publicará notificaciones o impartirá directrices sobre asuntos regulados por el Acuerdo EEE si este Acuerdo o el de Vigilancia y Jurisdicción expresamente así lo establecen o si el propio Órgano de Vigilancia lo considera necesario.

El 9 de julio de 2014, la Comisión adoptó las «Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis» (1). Las Directrices establecen las condiciones en que las ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis pueden declararse compatibles. Son aplicables desde el 1 de agosto de 2014.

Estas Directrices son de interés para el Espacio Económico Europeo.

Debe garantizarse la aplicación uniforme de las normas de los Estados del EEE relativas a ayudas estatales en todo el Espacio Económico Europeo de acuerdo con el objetivo de homogeneidad establecido en el artículo 1 del Acuerdo EEE.

De conformidad con el punto II del epígrafe «GENERAL» del anexo XV del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia tiene que adoptar, previa consulta a la Comisión Europea, nuevas Directrices correspondientes a las ya adoptadas por esta.

HABIENDO consultado a la Comisión Europea,

HABIENDO consultado a los Estados de la AELC mediante carta de 1 de agosto de 2014,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Las normas sustantivas en el ámbito de las ayudas estatales se modificarán mediante la introducción de nuevas Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis. Las nuevas Directrices figuran como anexo a la presente Decisión y forman parte integrante de la misma.

Artículo 2

El texto en lengua inglesa es el único auténtico.

Hecho en Bruselas, el 10 de septiembre de 2014.

Por el Órgano de Vigilancia de la AELC

Oda Helen SLETNES

Presidenta

Helga JÓNSDÓTTIR

Miembro del Colegio


(1)  DO C 249 de 31.7.2014, p. 1.


ANEXO

DIRECTRICES SOBRE AYUDAS ESTATALES DE SALVAMENTO Y DE REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS NO FINANCIERAS EN CRISIS

«

PARTE III

NORMAS HORIZONTALES

Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis  (1)

Sumario

1.

INTRODUCCIÓN 38

2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES 41

2.1.

Ámbito sectorial 41

2.2.

Ámbito de aplicación significativa: concepto de “empresa en crisis” 41

2.3.

Ayudas de salvamento, ayudas de reestructuración y apoyo temporal de reestructuración 42

2.4.

Ayudas para cubrir los costes sociales de la reestructuración 42

3.

COMPATIBILIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ACUERDO EEE 43

3.1.

Contribución a un objetivo de interés común 44

3.1.1.

Demostración de los problemas sociales o de la deficiencia del mercado 44

3.1.2.

Plan de reestructuración y restablecimiento de la viabilidad a largo plazo 45

3.2.

Necesidad de intervención del Estado 46

3.3.

Idoneidad 46

3.3.1.

Ayudas de salvamento 46

3.3.2.

Ayudas de reestructuración 47

3.4.

Efecto incentivador 47

3.5.

Proporcionalidad de la ayuda/ayuda limitada al mínimo necesario 47

3.5.1.

Ayudas de salvamento 47

3.5.2.

Ayudas de reestructuración 47

3.6.

Efectos negativos 49

3.6.1.

Principio de “ayuda única” 49

3.6.2.

Medidas para limitar el falseamiento de la competencia 50

3.6.3.

Beneficiarios de ayudas previas ilegales 52

3.6.4.

Condiciones específicas aplicables a la aprobación de una ayuda 52

3.7.

Transparencia 52

4.

AYUDAS DE REESTRUCTURACIÓN EN ZONAS ASISTIDAS 53

5.

AYUDAS A LOS PRESTADORES DE SIEG EN CRISIS 53

6.

REGÍMENES DE AYUDA PARA IMPORTES Y BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE PEQUEÑA CUANTÍA 54

6.1.

Condiciones generales 54

6.2.

Objetivo de interés común 55

6.3.

Idoneidad 55

6.4.

Proporcionalidad de la ayuda/ayuda limitada al mínimo necesario 55

6.5.

Efectos negativos 56

6.6.

Apoyo temporal de reestructuración 56

6.7.

Duración y evaluación 57

7.

PROCEDIMIENTOS 57

7.1.

Procedimiento acelerado para las ayudas de salvamento 57

7.2.

Procedimientos relacionados con planes de reestructuración 58

7.2.1.

Aplicación del plan de reestructuración 58

7.2.2.

Modificación del plan de reestructuración 58

7.2.3.

Necesidad de notificar al Órgano de Vigilancia toda ayuda concedida al beneficiario durante el período de reestructuración 58

8.

PRESENTACIÓN DE INFORMES Y CONTROL 59

9.

MEDIDAS APROPIADAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 1, APARTADO 1, DE LA PARTE I DEL PROTOCOLO 3 59

10.

FECHA DE APLICACIÓN Y PERÍODO DE VIGENCIA 59

1.   Introducción

(1)

En las presentes Directrices, el Órgano de Vigilancia de la AELC (en lo sucesivo denominado “el Órgano de Vigilancia”) establece las condiciones en que las ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis pueden considerarse compatibles con el funcionamiento del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo denominado “el Acuerdo EEE”), sobre la base del artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE.

(2)

En 1994 el Órgano de Vigilancia adoptó sus primeras Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (2). En 1999 se adoptó una versión modificada de las Directrices (3). En 2004, el Órgano de Vigilancia adoptó nuevas Directrices (4), cuya validez se prorrogó en un primer momento hasta el 30 de noviembre de 2012 (5) y posteriormente hasta su sustitución por nuevas normas (6).

(3)

En su Comunicación de 8 de mayo de 2012 sobre la modernización de las ayudas estatales en la UE (7), la Comisión Europea (en lo sucesivo denominada “la Comisión”) anunció tres objetivos con respecto a la modernización del control de las ayudas estatales:

a)

impulsar un crecimiento sostenible, inteligente e integrador en un mercado interior competitivo;

b)

concentrar el examen ex ante de la Comisión en los asuntos que tengan mayor incidencia sobre el mercado interior, reforzando al mismo tiempo la cooperación con los Estados miembros en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales;

c)

racionalizar las normas y acelerar la toma de decisiones.

(4)

En particular, la Comunicación pedía un enfoque común en la revisión de las distintas directrices y marcos, basado en el fortalecimiento del mercado interior, fomentando una mayor eficacia en el gasto público mediante una mejor contribución de las ayudas estatales a objetivos de interés común y un examen más profundo del efecto incentivador, limitando la ayuda al mínimo necesario y evitando los posibles efectos negativos de la ayuda sobre la competencia y el comercio. El Órgano de Vigilancia también sigue este enfoque.

(5)

El Órgano de Vigilancia ha revisado las Directrices de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis sobre la base de su experiencia en la aplicación de las normas existentes y en consonancia con el enfoque común mencionado. La revisión también tiene en cuenta la estrategia Europa 2020 de la Comisión (8) y el hecho de que los efectos negativos de la ayuda estatal podrían interferir con la necesidad de impulsar la productividad y el crecimiento, mantener la igualdad de oportunidades para las empresas y luchar contra el proteccionismo nacional.

(6)

Las ayudas de salvamento y de reestructuración se encuentran entre los tipos de ayuda estatal que más falsean la competencia. Es bien sabido que los sectores con éxito en la economía experimentan un crecimiento de la productividad no porque todas las empresas presentes en el mercado ganen en productividad, sino más bien porque las más eficientes y tecnológicamente avanzadas crecen a expensas de las que son menos eficientes o tienen productos obsoletos. El abandono de las empresas menos eficientes permite a sus competidores más solventes crecer y aporta activos al mercado, donde pueden destinarse a usos más productivos. Al interferir en este proceso, las ayudas de salvamento y de reestructuración pueden frenar considerablemente el crecimiento económico en los sectores afectados.

(7)

Cuando hay partes de una empresa en crisis que siguen siendo esencialmente viables, la empresa puede ser capaz de realizar una reestructuración que la lleve a abandonar algunas actividades que generan pérdidas estructurales y permita reorganizar las restantes actividades sobre una base que ofrezca una perspectiva razonable de viabilidad a largo plazo. Dicha reestructuración debe ser posible sin ayuda estatal, mediante acuerdos con los acreedores o procedimientos de insolvencia o de reorganización. La legislación reciente en materia de insolvencia debe ayudar a sobrevivir a las empresas sólidas, contribuir a salvaguardar el empleo, y permitir a los proveedores conservar a sus clientes y a los propietarios mantener el valor en las empresas viables (9). El procedimiento de insolvencia también puede devolver una empresa viable al mercado mediante la adquisición por terceros, ya sea de la empresa como empresa en funcionamiento o de sus diversos activos de producción.

(8)

De ello se deduce que las empresas solo deben poder acogerse a la ayuda estatal cuando hayan agotado todas las opciones de mercado, y cuando dicha ayuda sea necesaria para alcanzar un objetivo de interés común claramente definido. Solo debe permitirse a las empresas recibir ayuda al amparo de estas Directrices una vez cada diez años (principio de “ayuda única”).

(9)

Otra cuestión que se plantea es el problema de riesgo moral creado por las ayudas estatales. Las empresas que sepan que probablemente van a ser rescatadas cuando tengan problemas pueden emprender estrategias empresariales excesivamente arriesgadas e insostenibles. Además, la perspectiva de las ayudas de salvamento y de reestructuración para una empresa determinada puede reducir artificialmente su coste de capital, dándole una ventaja competitiva indebida en el mercado.

(10)

Las ayudas estatales de salvamento y reestructuración para empresas en crisis pueden también debilitar el mercado interior al hacer que una parte injusta del peso del ajuste estructural y de los consiguientes problemas sociales y económicos recaiga en otras Partes Contratantes. Esto no es conveniente en sí mismo y puede además provocar una competición perniciosa por las subvenciones entre Partes Contratantes. Estas ayudas pueden también llevar a la creación de barreras de entrada y a debilitar los incentivos para las actividades transfronterizas, lo que es contrario a los objetivos del mercado interior.

(11)

Por lo tanto, es importante asegurarse de que la ayuda solo se autoriza en condiciones que palien sus posibles efectos nocivos y promuevan la eficacia en el gasto público. En lo que respecta a la ayuda de reestructuración, los requisitos en cuanto al restablecimiento de la viabilidad, la contribución propia y las medidas para limitar el falseamiento de la competencia han demostrado ser eficaces para amortiguar los posibles efectos negativos de la ayuda. Seguirán aplicándose en las presentes Directrices, adaptados si es preciso para tener en cuenta la experiencia reciente del Órgano de Vigilancia. Se ha introducido el concepto de reparto de cargas, entre otras cosas, para abordar mejor la cuestión del riesgo moral. En el caso de la ayuda de salvamento y el apoyo temporal de reestructuración, los posibles efectos nocivos se atemperan mediante restricciones en cuanto a la duración y la forma de la ayuda.

(12)

Cuando la ayuda consista en un aporte de liquidez limitado, tanto en su importe como en su duración, la inquietud que suscitan sus posibles efectos nocivos es mucho menor, por lo que puede ser aprobada en condiciones menos estrictas. Aunque este tipo de ayudas podría, en principio, ser utilizado para apoyar todo el proceso de reestructuración, la limitación del período de la ayuda de salvamento a seis meses significa que raramente es así. En cambio, la ayuda de salvamento generalmente va seguida de una ayuda de reestructuración.

(13)

Con el fin de fomentar la utilización de formas de ayuda menos falseadoras, las presentes Directrices introducen un nuevo concepto de “apoyo temporal de reestructuración”. Al igual que la ayuda de salvamento, el apoyo temporal de reestructuración solo puede consistir en un aporte de liquidez limitado tanto en su importe como en su duración. No obstante, para que pueda apoyar al período de reestructuración completo, la duración máxima del apoyo temporal de reestructuración se fija en 18 meses. El apoyo temporal de reestructuración solo podrá concederse a las pymes (10) y a pequeñas empresas estatales (11), que se enfrentan a desafíos mayores que las grandes empresas en cuanto al acceso a la liquidez.

(14)

Cuando la ayuda a prestadores de servicios de interés económico general (“SIEG”) en crisis entre en el ámbito de las presentes Directrices, la evaluación debe llevarse a cabo con arreglo a los principios generales de las Directrices. No obstante, la aplicación específica de estos principios debe adaptarse cuando sea necesario para tener en cuenta la naturaleza específica de los SIEG y, en particular, la necesidad de garantizar la continuidad de la prestación del servicio, de conformidad con el artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE.

(15)

En las condiciones actuales de importante exceso de capacidad a escala mundial y europea, las ayudas estatales de salvamento y reestructuración a las empresas del acero en crisis no están justificadas. Por consiguiente, el sector del acero debe quedar excluido del ámbito de aplicación de las presentes Directrices.

(16)

En la Unión Europea, la Decisión 2010/787/UE (12) del Consejo establece las condiciones en las que podrán concederse ayudas de funcionamiento, sociales y medioambientales hasta 2027 para la producción no competitiva en el sector del carbón (13). Las normas actuales siguen disposiciones sectoriales anteriores aplicadas entre 2002 y 2010 (14) y 1993 y 2002 (15), que han facilitado la reestructuración de empresas no competitivas del sector del carbón. Como consecuencia de ello, y habida cuenta de la persistente necesidad de aportar apoyo al ajuste estructural de la producción de carbón en la Unión, las normas actuales son más estrictas que las anteriores y exigen el cese permanente de la producción y venta de la producción de carbón subvencionada y el cierre definitivo de unidades de producción no competitivas a más tardar el 31 de diciembre de 2018. En aplicación de estas normas, varios Estados miembros han adoptado y están aplicando planes para el cierre definitivo de minas de carbón en crisis explotadas por empresas en este sector (16). El Órgano de Vigilancia señala que la Decisión 2010/787/UE no es aplicable a los Estados de la AELC/EEE. El Órgano de Vigilancia ha decidido excluir al sector del carbón del ámbito de aplicación de las presentes Directrices, dadas sus características específicas.

(17)

La experiencia del Órgano de Vigilancia con el rescate y la reestructuración de entidades financieras en la crisis financiera y económica ha puesto de manifiesto que unas normas específicas aplicables al sector financiero pueden ser beneficiosas a la vista de las características específicas de las instituciones financieras y de los mercados financieros. Por consiguiente, las empresas cubiertas por normas específicas para el sector financiero quedan excluidas del ámbito de aplicación de las presentes Directrices.

2.   Ámbito de aplicación de las Directrices

2.1.   Ámbito sectorial

(18)

El Órgano de Vigilancia aplicará las presentes Directrices a todas las empresas en crisis, salvo a las del sector del carbón (17) o del acero (18), y a las cubiertas por normas específicas para las instituciones financieras (19), sin perjuicio de cualesquiera normas específicas relativas a empresas en crisis de un determinado sector (20).

2.2.   Ámbito de aplicación significativa: concepto de “empresa en crisis”

(19)

Una Parte Contratante que se proponga conceder ayudas a una empresa de conformidad con las presentes Directrices deberá demostrar con razones objetivas que la empresa en cuestión está en crisis a tenor de la presente sección, siempre que se cumplan las disposiciones específicas para ayudas de salvamento y apoyo temporal de reestructuración con arreglo al punto 29.

(20)

A efectos de las presentes Directrices, una empresa se considerará en crisis si, de no mediar una intervención del Estado, su desaparición económica fuera casi segura a corto o medio plazo. Por consiguiente, se considerará que una empresa está en crisis si concurre al menos una de las siguientes circunstancias:

a)

tratándose de una sociedad anónima (21), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito (22) como consecuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce a un resultado negativo superior a la mitad del capital social suscrito;

b)

tratándose de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (23), cuando haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que figuran en su contabilidad;

c)

cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores;

d)

si se trata de una empresa distinta de una pyme, cuando durante los dos ejercicios anteriores:

i)

la ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5 y

ii)

la ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base del EBITDA, se haya situado por debajo de 1,0.

(21)

Las empresas de nueva creación no pueden acogerse a ayudas con arreglo a las presentes Directrices aunque su situación financiera inicial sea precaria. Tal es el caso especialmente si la empresa de nueva creación ha surgido de la liquidación de otra empresa anterior o de la absorción de sus activos. En principio, se considerará que una empresa es de nueva creación durante los tres primeros años siguientes al inicio de sus operaciones en el correspondiente sector de actividad. Solo después de transcurrido dicho período podrá obtener ayuda en virtud de las presentes Directrices, siempre y cuando:

a)

se considere empresa en crisis a tenor de las presentes Directrices, y

b)

no forme parte de un grupo empresarial mayor (24), salvo en las condiciones que se establecen en el punto 22.

(22)

En principio, una compañía que forme parte o esté siendo absorbida por un grupo mayor no puede acogerse a las ayudas en virtud de las presentes Directrices, salvo que se pueda demostrar que las dificultades por las que atraviesa la compañía le son propias, que no son simplemente el resultado de la asignación arbitraria de costes dentro del grupo y que son demasiado complejas para ser resueltas por el propio grupo. Si una empresa en crisis crea una filial, ambas empresas serán consideradas un grupo y podrán recibir ayudas en las condiciones establecidas en el presente punto.

(23)

Dado que está en peligro su propia existencia, una empresa en crisis no puede considerarse un instrumento adecuado para promover otros objetivos políticos hasta que su viabilidad esté garantizada. Por consiguiente, el Órgano de Vigilancia considera que las ayudas a empresas en crisis solo pueden contribuir al desarrollo de actividades económicas sin alterar las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común si se reúnen las condiciones establecidas en las presentes Directrices, incluso si dichas ayudas se conceden de conformidad con un régimen que ya haya sido autorizado.

(24)

Una serie de reglamentos y de comunicaciones en el ámbito de las ayudas estatales y en otros ámbitos prohíben, por tanto, que las empresas en crisis reciban ayudas. A efectos de dichos reglamentos y comunicaciones, y salvo que se indique lo contrario en ellos:

a)

debe entenderse por “empresa en crisis” o “compañía en crisis” aquella que lo sea en el sentido del punto 20 de las presentes Directrices, y

b)

las pymes con menos de tres años de antigüedad no se considerarán empresa en crisis salvo que cumplan la condición establecida en el punto 20, letra c).

2.3.   Ayudas de salvamento, ayudas de reestructuración y apoyo temporal de reestructuración

(25)

Las presentes Directrices se refieren a tres tipos de ayudas: ayudas de salvamento, ayudas de reestructuración y apoyo temporal de reestructuración.

(26)

Las ayudas de salvamento son, por naturaleza, urgentes y transitorias. Su objetivo principal estriba en permitir que una empresa en crisis se mantenga en activo durante el breve tiempo necesario para elaborar un plan de reestructuración o de liquidación. El principio general consiste en que las ayudas de salvamento permiten prestar un apoyo temporal a una empresa que se enfrenta a un serio deterioro de su situación financiera, que implica una grave crisis de liquidez o insolvencia técnica. Gracias a dicho apoyo temporal se debe disponer de tiempo para analizar las circunstancias que dieron lugar a la crisis y desarrollar un plan adecuado para resolver las dificultades.

(27)

Las ayudas de reestructuración suelen implicar ayuda más permanente y deben restablecer la viabilidad a largo plazo del beneficiario sobre la base de un plan realista, coherente y de amplio alcance, al tiempo que contemplan una contribución propia y un reparto de cargas adecuados y limitan el falseamiento potencial de la competencia.

(28)

El apoyo temporal de reestructuración es una ayuda en caso de crisis de liquidez para contribuir a la reestructuración de una empresa estableciendo las condiciones necesarias para que el beneficiario diseñe y aplique las medidas más adecuadas para restablecer su viabilidad a largo plazo. El apoyo temporal de reestructuración solo puede concederse a las pymes y a las pequeñas empresas estatales.

(29)

Como excepción al punto 19, las ayudas de salvamento y, en el caso de las pymes y pequeñas empresas estatales, el apoyo temporal de reestructuración, también pueden concederse a empresas que no estén en crisis a tenor del punto 20, pero que se enfrenten a una necesidad de liquidez aguda debido a circunstancias excepcionales e imprevistas.

2.4.   Ayudas para cubrir los costes sociales de la reestructuración

(30)

Una reestructuración implica, por lo general, la reducción o el abandono de las actividades afectadas. A menudo resulta necesario reducir las actividades de la empresa por motivos de racionalización y eficacia, independientemente de las reducciones de capacidad que puedan exigirse como condición para la concesión de ayuda. Independientemente de las razones subyacentes, tales medidas llevarán, por lo general, a una reducción de la mano de obra del beneficiario.

(31)

La legislación laboral de las Partes Contratantes incluye en ocasiones regímenes generales de seguridad social conforme a los cuales algunas prestaciones se pagan directamente a los trabajadores afectados por los despidos. Estos regímenes no se consideran ayudas estatales incursas en la prohibición contenida en el artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

(32)

Además de esas prestaciones de seguridad social para los trabajadores, los regímenes generales de prestaciones sociales prevén, a menudo, que la Administración pública cubra el coste de las prestaciones que la empresa concede a los trabajadores despedidos y que exceden de sus obligaciones legales o contractuales. Siempre que estos regímenes sean aplicables en general y sin limitaciones sectoriales a todos los trabajadores que cumplan los requisitos previamente establecidos que les permiten beneficiarse automáticamente de dichas prestaciones, se considerará que no constituyen ayudas a tenor del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE en las empresas que llevan a cabo una reestructuración. Por el contrario, si estos regímenes se utilizan para apoyar la reestructuración de sectores específicos, podrían implicar ayudas, dado que se utilizan con criterio selectivo (25).

(33)

Las obligaciones que una empresa ha de asumir en virtud de la legislación laboral o de los convenios colectivos celebrados con los sindicatos para ofrecer algunas prestaciones a los trabajadores despedidos, tales como prestaciones de desempleo o medidas para incrementar sus posibilidades de empleo, forman parte de los costes normales que una empresa debe financiar con cargo a sus propios recursos. En estas condiciones, cualquier contribución a esos costes por parte del Estado debe calificarse de ayuda. Esta consideración es aplicable independientemente de que los pagos se efectúen directamente a la empresa o se efectúen a los trabajadores a través de un organismo público.

(34)

El Órgano de Vigilancia no tiene a priori objeción alguna contra estas ayudas cuando se conceden a empresas en crisis, dado que proporcionan ventajas económicas que exceden de los intereses de la empresa, facilitando el cambio estructural y mitigando la dificultad de tal situación.

(35)

Además de aportar apoyo financiero directo, es frecuente que tales ayudas se presten dentro de un régimen concreto de reestructuración que sirva para financiar, en determinados casos, acciones de formación, asesoramiento y ayuda práctica para buscar un empleo alternativo, ayuda para recolocación, y formación profesional y asistencia para los trabajadores que deseen iniciar nuevas actividades. Dado que tales medidas, que aumentan las posibilidades de empleo de los trabajadores despedidos, tienen como objetivo reducir los problemas sociales, el Órgano de Vigilancia emite sistemáticamente un dictamen favorable en relación con este tipo de ayudas cuando se conceden a empresas en crisis.

3.   Compatibilidad con el funcionamiento del Acuerdo EEE

(36)

Las circunstancias en las que pueden autorizarse las ayudas estatales a empresas en crisis por ser compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE se establecen en su artículo 61, apartados 2 y 3. Con arreglo al artículo 61, apartado 3, letra c), el Órgano de Vigilancia está facultado para autorizar “las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades […] económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común”. Este podría ser el caso, en particular, de las ayudas necesarias para corregir las disparidades debidas a las deficiencias del mercado o garantizar la cohesión económica y social.

(37)

Las medidas de ayuda en favor de grandes empresas deberán notificarse individualmente al Órgano de Vigilancia. En determinadas condiciones, el Órgano de Vigilancia puede autorizar regímenes de ayuda de pequeña cuantía a las pymes y pequeñas empresas estatales: estas condiciones están recogidas en el capítulo 6 (26).

(38)

Al evaluar si una ayuda notificada puede ser declarada compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia considerará si se cumplen cada uno de los criterios siguientes:

a)

contribución a un objetivo bien definido de interés común: toda medida de ayuda estatal deberá perseguir un objetivo de interés común en consonancia con el artículo 61, apartado 3, del Acuerdo EEE (sección 3.1);

b)

necesidad de la intervención estatal: una medida de ayuda estatal debe ir destinada a una situación en la que la ayuda produzca una mejora importante que el mercado no pueda conseguir por sí solo, por ejemplo solucionar una deficiencia del mercado o dar respuesta a un problema de equidad o de cohesión (sección 3.2);

c)

idoneidad: una medida de ayuda no se considerará compatible si otras medidas menos falseadoras permiten alcanzar el mismo objetivo (sección 3.3);

d)

efecto incentivador: hay que demostrar que, sin la ayuda, el beneficiario habría sido reestructurado, vendido o liquidado de forma que no habría podido alcanzarse el objetivo de interés común (sección 3.4);

e)

proporcionalidad de la ayuda (ayuda limitada al mínimo): la ayuda no debe sobrepasar el mínimo necesario para alcanzar el objetivo de interés común (sección 3.5);

f)

prevención de los efectos negativos injustificados sobre la competencia y el comercio entre las Partes Contratantes: los efectos negativos de la ayuda deben ser suficientemente limitados, de manera que el balance general de la medida sea positivo (sección 3.6);

g)

transparencia de la ayuda: las Partes Contratantes, el Órgano de Vigilancia, los operadores económicos y el público deben tener fácil acceso a todos los actos relevantes y a la información pertinente sobre la ayuda concedida (sección 3.7).

(39)

Si no se cumple cualquiera de los criterios mencionados, la ayuda no se considerará compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE.

(40)

El balance general de determinadas categorías de regímenes puede además estar sujeto a una obligación de evaluación ex post descrita en los puntos 118, 119 y 120 de las presentes Directrices.

(41)

Por otro lado, si una medida de ayuda o las condiciones inherentes a la misma (principalmente su modo de financiación, cuando forma parte integrante de la medida de ayuda) entrañan de forma indisociable una infracción del Derecho del EEE, la ayuda no puede declararse compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE (27).

(42)

En el presente capítulo, el Órgano de Vigilancia establece las condiciones según las cuales se evaluará cada uno de los criterios mencionados en el punto 38.

3.1.   Contribución a un objetivo de interés común

(43)

Dada la importancia de la salida del mercado para el proceso de crecimiento de la productividad, impedir simplemente que una empresa abandone el mercado no constituye una justificación suficiente para la concesión de la ayuda. Hay que aportar pruebas claras de que la ayuda persigue un objetivo de interés común, puesto que pretende evitar problemas sociales o suplir deficiencias del mercado (sección 3.1.1) restableciendo la viabilidad a largo plazo de la empresa (sección 3.1.2).

3.1.1.   Demostración de los problemas sociales o de la deficiencia del mercado

(44)

Las Partes Contratantes deben demostrar que el incumplimiento del beneficiario podría implicar serios problemas sociales o una grave deficiencia del mercado, en particular probando que:

a)

la tasa de desempleo en la región o regiones en cuestión (a nivel NUTS 2) es:

i)

superior a la media del EEE, persistente y acompañada de dificultades para crear nuevos puestos de trabajo en la región o regiones en cuestión, o

ii)

superior a la media nacional, persistente y acompañada de dificultades para crear nuevos puestos de trabajo en la región o regiones en cuestión;

b)

existe riesgo de perturbación de un servicio importante difícil de reproducir y al que a cualquier competidor le resultaría complicado simplemente entrar (por ejemplo, un prestador de infraestructura nacional);

c)

la salida de una empresa con una importante función sistémica en una determinada región o sector tendría consecuencias negativas potenciales (por ejemplo, un proveedor de un importante insumo);

d)

existe riesgo de interrupción de la continuidad en la prestación de un SIEG;

e)

la carencia o los incentivos negativos en los mercados de crédito empujarían a una empresa, por lo demás viable, a la quiebra;

f)

la salida del mercado de la empresa en cuestión llevaría a la pérdida irremediable de importantes conocimientos técnicos o conocimientos especializados; o

g)

surgirían situaciones similares de graves problemas debidamente justificados por la Parte Contratante en cuestión.

3.1.2.   Plan de reestructuración y restablecimiento de la viabilidad a largo plazo

(45)

Las ayudas de reestructuración con arreglo a las presentes Directrices no pueden limitarse exclusivamente a una intervención financiera destinada a cubrir pérdidas anteriores sin abordar las causas que las originan. Por consiguiente, en el caso de las ayudas de reestructuración, el Órgano de Vigilancia exigirá que el Estado miembro interesado presente un plan de reestructuración realista, coherente y de amplio alcance para restablecer la viabilidad a largo plazo del beneficiario (28). La reestructuración puede contener uno o más de los siguientes elementos: la reorganización y racionalización de las actividades del beneficiario sobre una base más eficiente, que consiste, por lo general, en que la empresa se desprenda de sus actividades deficitarias, reestructure aquellas cuya competitividad pueda ser restablecida y, en ocasiones, se diversifique orientándose hacia nuevas actividades viables. También suele implicar una reestructuración financiera en forma de inyecciones de capital por parte de accionistas nuevos o existentes y la reducción de la deuda por parte de los acreedores existentes.

(46)

La concesión de las ayudas debe por tanto estar supeditada a la ejecución del plan de reestructuración que habrá sido autorizado por el Órgano de Vigilancia en todos los casos de ayudas ad hoc.

(47)

El plan de reestructuración debe restablecer la viabilidad a largo plazo del beneficiario en un período de tiempo razonable y sobre la base de supuestos realistas en cuanto a las futuras condiciones de funcionamiento, que deben excluir cualquier otra ayuda estatal que no esté cubierta por el plan de reestructuración. El período de reestructuración debe ser lo más breve posible. El plan de reestructuración se ha de presentar al Órgano de Vigilancia con todas las precisiones necesarias y debe incluir, en particular, la información que figura en la presente sección 3.1.2.

(48)

El plan de reestructuración debe señalar las causas de las dificultades y deficiencias del beneficiario, y exponer de qué manera las medidas de reestructuración propuestas solucionarán los problemas subyacentes del beneficiario.

(49)

El plan de reestructuración debe proporcionar información sobre el modelo empresarial del beneficiario que demuestre cómo favorecerá el plan a su viabilidad a largo plazo. Deberá incluir, en particular, información sobre el beneficiario en cuanto a su estructura organizativa, financiación, gobernanza empresarial y todos los demás aspectos relevantes. Deberá evaluar si las dificultades del beneficiario habrían podido evitarse con medidas de gestión adecuadas y oportunas y, si procede, deberá demostrar que se han introducido cambios pertinentes en la gestión. Cuando la crisis del beneficiario se deba a deficiencias de su modelo empresarial o su sistema de gestión, se requerirán los cambios pertinentes.

(50)

Los resultados esperados de la reestructuración prevista deberán mostrarse en hipótesis de base, así como en hipótesis pesimistas. Para ello, el plan de reestructuración deberá tener en cuenta, entre otras cosas, la coyuntura del momento y la evolución previsible de la oferta y la demanda en el mercado de productos de referencia y los principales factores determinantes de los costes del sector, que reflejen las hipótesis de base y negativa, así como los puntos fuertes y débiles del beneficiario. Los supuestos deberán compararse con referencias apropiadas del sector y, si procede, adaptarse a las circunstancias específicas del país y del sector. El beneficiario deberá facilitar un estudio de mercado y un análisis de sensibilidad que señale los parámetros rectores de los resultados del beneficiario y los principales factores de riesgo en el futuro.

(51)

El restablecimiento de la viabilidad del beneficiario deberá ser el resultado principalmente de la adopción de medidas internas, que impliquen en particular la retirada de las actividades que previsiblemente vayan a seguir generando pérdidas estructurales a medio plazo. El restablecimiento de la viabilidad no debe estar supeditado a hipótesis optimistas sobre factores externos, como las variaciones de precios, de la demanda o de la oferta de recursos escasos, ni puede estar vinculado a que el beneficiario supere al mercado y a sus competidores o inicie y se expanda en nuevas actividades en las que no tiene experiencia ni trayectoria (a menos que esté debidamente justificado y así lo aconsejen razones de diversificación y viabilidad).

(52)

La viabilidad a largo plazo se consigue cuando una empresa es capaz de obtener un rendimiento del capital adecuado y previsto tras haber cubierto todos sus costes, incluida la amortización y las cargas financieras. La empresa reestructurada deberá ser capaz de competir en el mercado por sí sola.

3.2.   Necesidad de intervención del Estado

(53)

Las Partes Contratantes que tengan intención de conceder ayudas de reestructuración deben presentar una comparación con una hipótesis alternativa creíble que no implique ayuda estatal, demostrando cómo el objetivo u objetivos relevantes de la sección 3.1.1 no se alcanzarían, o se alcanzarían en menor grado, en el caso de la hipótesis alternativa. Estas hipótesis podrán incluir, por ejemplo, la reorganización de la deuda, la enajenación de activos, la obtención de capital privado, la venta a un competidor o la disolución, en cada caso ya sea mediante un procedimiento de insolvencia o de reorganización o de otra manera.

3.3.   Idoneidad

(54)

Las Partes Contratantes deben velar por que las ayudas se concedan de la forma que permita conseguir el objetivo con el menor falseamiento posible. En el caso de empresas en crisis, puede conseguirse si se garantiza que las ayudas revistan la forma adecuada para abordar las dificultades del beneficiario y que se remuneren adecuadamente. La presente sección establece los requisitos que deben cumplirse para demostrar que una medida de ayuda es adecuada.

3.3.1.   Ayudas de salvamento

(55)

Para ser aprobadas por el Órgano de Vigilancia, las ayudas de salvamento deben cumplir las siguientes condiciones:

a)

constituir apoyo temporal de liquidez consistente en garantías sobre préstamos o en préstamos;

b)

el coste financiero del préstamo o, en el caso de las garantías de préstamos, el coste financiero total del préstamo garantizado, incluidos los tipos de interés del préstamo y la prima de garantía, deberá ajustarse a lo dispuesto en el punto 56;

c)

salvo que se especifique lo contrario en la letra d), todo préstamo debe reembolsarse y toda garantía liquidarse en un plazo de seis meses desde el pago del primer tramo al beneficiario;

d)

las Partes Contratantes deben comprometerse a comunicar al Órgano de Vigilancia, en el plazo de seis meses a partir de la autorización de la ayuda de salvamento o, en el caso de las ayudas no notificadas, en un plazo de seis meses a partir del primer pago efectuado al beneficiario;

i)

la prueba de que se ha reembolsado íntegramente el préstamo o de que se ha puesto fin a la garantía, o

ii)

siempre y cuando el beneficiario pueda considerarse una empresa en crisis (y no solo se enfrente a una necesidad de liquidez aguda en las circunstancias previstas en el punto 29), un plan de reestructuración como se expone en la sección 3.1.2; previa presentación de un plan de reestructuración, la autorización de las ayudas de salvamento se prorrogará automáticamente hasta que el Órgano de Vigilancia tome una decisión definitiva sobre el plan de reestructuración, a menos que el Órgano de Vigilancia decida que la prórroga no está justificada o debe limitarse en el tiempo o en el ámbito de aplicación; una vez se haya puesto en marcha y comenzado a aplicar un plan de reestructuración para el que se haya pedido ayuda, toda ayuda posterior se considerará ayuda de reestructuración; o

iii)

un plan de liquidación que exponga y justifique las etapas del procedimiento para la liquidación del beneficiario en un plazo razonable sin ayuda adicional;

e)

las ayudas de salvamento no podrán utilizarse para financiar medidas estructurales, tales como adquisiciones de empresas o activos importantes, a menos que sean necesarias durante el período de salvamento para la supervivencia del beneficiario.

(56)

El nivel de remuneración que un beneficiario deberá pagar por las ayudas de salvamento deberá reflejar la solvencia subyacente del beneficiario, descontando los efectos temporales tanto de los problemas de liquidez como del apoyo estatal, y deberá ofrecer incentivos para que el beneficiario devuelva las ayudas lo antes posible. Por tanto, el Órgano de Vigilancia exigirá una remuneración que se fijará a un tipo no inferior al tipo de referencia establecido en las Directrices sobre los tipos de referencia (29) y de actualización para empresas débiles que ofrecen niveles de colateralización normal (actualmente IBOR a un año más 400 puntos básicos) (30) y se incrementará en al menos 50 puntos básicos para las ayudas de salvamento, cuya autorización se ampliará con arreglo al punto 55d)ii).

(57)

Cuando se disponga de pruebas de que el tipo indicado en el punto 56 no constituye una referencia adecuada, por ejemplo cuando difiera sustancialmente del precio de mercado de instrumentos similares recientemente emitidos por el beneficiario, el Órgano de Vigilancia podrá adaptar el nivel exigido de remuneración en consecuencia.

3.3.2.   Ayudas de reestructuración

(58)

Las Partes Contratantes son libres de elegir la forma que revisten las ayudas de reestructuración. No obstante, al hacerlo, deberán garantizar que el instrumento elegido sea adecuado al problema que se pretende resolver. En particular, las Partes Contratantes deben valorar si los problemas de los beneficiarios están relacionados con la liquidez o la solvencia y seleccionar instrumentos adecuados para resolver los problemas detectados. Por ejemplo, en el caso de problemas de solvencia, puede ser adecuado incrementar los activos mediante recapitalización, mientras que en una situación en la que los problemas sean principalmente de liquidez, una ayuda consistente en préstamos o garantías de préstamo puede ser suficiente.

3.4.   Efecto incentivador

(59)

Las Partes Contratantes que tengan intención de conceder ayudas de reestructuración deberán demostrar que, sin ellas, el beneficiario habría sido reestructurado, vendido o liquidado de forma que no habría podido alcanzarse el objetivo de interés común señalado en la sección 3.1.1. Esta demostración puede formar parte del análisis presentado con arreglo a lo establecido en el punto 53.

3.5.   Proporcionalidad de la ayuda/ayuda limitada al mínimo necesario

3.5.1.   Ayudas de salvamento

(60)

Las ayudas de salvamento deberán limitarse a la cantidad necesaria para mantener en activo al beneficiario durante seis meses. Para determinar ese importe, se tendrá en cuenta el resultado de la fórmula establecida en el anexo I. Toda ayuda que supere el resultado de ese cálculo solo se autorizará si está debidamente justificada por un plan de liquidez en el que se precisen las necesidades de liquidez del beneficiario para los próximos seis meses.

3.5.2.   Ayudas de reestructuración

(61)

El importe y la intensidad de las ayudas de reestructuración deberán limitarse a lo estrictamente necesario para permitir la reestructuración, a la vista de los recursos financieros con que cuente el beneficiario, sus accionistas o el grupo empresarial al que pertenece. En particular, deberá garantizarse un nivel suficiente de contribución propia a los costes de la reestructuración y de reparto de cargas, como se expone con más detalle en la presente sección (3.5.2). Esta evaluación tendrá en cuenta cualquier ayuda de salvamento concedida por anticipado.

3.5.2.1.   Contribución propia

(62)

Se exige una contribución significativa (31) a los costes de la reestructuración procedente de los recursos propios del beneficiario de la ayuda, de sus accionistas o acreedores o del grupo empresarial al que pertenece o de nuevos inversores. Por lo general, esta contribución propia debe ser comparable a la ayuda concedida en cuanto a efectos sobre la posición de solvencia o de liquidez del beneficiario. Por ejemplo, cuando la ayuda que se va a conceder mejore el patrimonio neto del beneficiario, la contribución propia debe incluir de la misma manera medidas que mejoren el patrimonio neto, tales como la obtención de nuevo capital de los accionistas preexistentes, la reducción de la deuda y los pagarés existentes o la conversión de deuda en capital o la obtención de nuevo capital externo en condiciones de mercado. El Órgano de Vigilancia tendrá en cuenta en qué medida la contribución propia tiene un efecto comparable a la ayuda concedida al evaluar el necesario alcance de las medidas para limitar el falseamiento de la competencia de conformidad con el punto 90.

(63)

La contribución debe ser real, es decir auténtica, sin incluir beneficios previstos en el futuro como pueden ser el flujo de tesorería, y debe ser lo más alta posible. La contribución del Estado o una empresa pública solo podrá tenerse en cuenta si está libre de ayuda. Ese podría ser el caso, en particular, cuando la contribución la realice una entidad independiente de la autoridad que concede la ayuda (como un banco de propiedad estatal o una sociedad de cartera pública) y que toma la decisión de invertir sobre la base de sus propios intereses comerciales (32).

(64)

La contribución propia generalmente se considerará adecuada si asciende al menos al 50 % de los costes de reestructuración. En circunstancias excepcionales y en caso de dificultades especiales, que deben ser demostradas por el Estado miembro, el Órgano de Vigilancia podrá aceptar una contribución que no alcance el 50 % de los costes de reestructuración, siempre y cuando el importe de dicha contribución siga siendo significativo.

3.5.2.2.   Reparto de cargas

(65)

Si el apoyo estatal se concede en una forma que mejore el patrimonio neto del beneficiario, por ejemplo cuando el Estado ofrece subvenciones, aporta capital o condona deuda, el resultado puede ser que los accionistas y los acreedores subordinados se vean protegidos de las consecuencias de su opción de invertir en el beneficiario, lo que puede crear riesgo moral y debilitar la disciplina del mercado. Por consiguiente, las ayudas para cubrir pérdidas solo deben concederse en condiciones que impliquen un adecuado reparto de cargas por parte de los inversores existentes.

(66)

Por reparto adecuado de cargas normalmente se entenderá que los accionistas preexistentes y, cuando sea necesario, los acreedores subordinados deberán absorber las pérdidas en su totalidad. Los acreedores subordinados deben contribuir a la absorción de las pérdidas, mediante conversión en capital o la reducción del principal de los instrumentos relevantes. Por tanto, la intervención estatal solo debe producirse una vez que las pérdidas hayan sido totalmente contabilizadas e imputadas a los accionistas existentes y a los titulares de deuda subordinada (33). En cualquier caso, durante el período de reestructuración, en la medida jurídicamente posible, deben evitarse las transferencias de efectivo del beneficiario a los titulares de capital o de deuda subordinada, salvo que esto afecte de manera desproporcionada a quien haya aportado nuevo capital.

(67)

Por reparto adecuado de cargas también se entenderá que toda ayuda estatal que mejore el patrimonio neto del beneficiario deberá concederse en condiciones que permitan al Estado un porcentaje razonable de las futuras ganancias en valor del beneficiario, habida cuenta del importe de los fondos propios del Estado aportados en comparación con el patrimonio neto restante de la empresa después de haber contabilizado las pérdidas.

(68)

El Órgano de Vigilancia podrá autorizar excepciones a la plena aplicación de las medidas establecidas en el punto 66 cuando estas medidas pudieran provocar resultados desproporcionados. Entre estas situaciones están aquellos casos en los que el importe de la ayuda es pequeño en comparación con la contribución propia, o la Parte Contratante en cuestión demuestre que los acreedores subordinados recibirían menos en términos económicos que con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios y si no se hubiera concedido una ayuda estatal.

(69)

El Órgano de Vigilancia no exigirá sistemáticamente una contribución de los titulares de deuda principal para restablecer la situación de patrimonio neto del beneficiario. Sin embargo, la Comisión puede considerar toda contribución de este tipo como motivo de reducción del grado necesario de medidas para limitar el falseamiento de la competencia con arreglo al punto 90.

3.6.   Efectos negativos

3.6.1.   Principio de “ayuda única”

(70)

Con el fin de reducir el riesgo moral, la asunción de incentivos excesivamente arriesgados y posibles falseamientos de la competencia, las ayudas deben concederse a empresas en crisis para una única operación de reestructuración. Es lo que se llama el principio de “ayuda única”. La necesidad de una empresa que ya ha obtenido ayuda en virtud de las presentes Directrices de obtener ayudas adicionales demuestra que las dificultades de la empresa son de carácter recurrente o no fueron solucionadas adecuadamente cuando se concedió la ayuda anterior. Es probable que las intervenciones reiteradas del Estado provoquen problemas de riesgo moral y falseamientos de competencia contrarios al interés común.

(71)

Cuando se notifique al Órgano de Vigilancia un proyecto de ayuda de salvamento o de reestructuración, la Parte Contratante debe verificar si la empresa interesada ya ha recibido anteriormente ayuda de salvamento, ayuda de reestructuración o apoyo temporal de reestructuración, concepto en el que se incluyen las ayudas de esta índole concedidas antes de la entrada en vigor de las presentes Directrices y cualesquiera ayudas no notificadas (34). Si así fuera, y si han transcurrido menos de diez años, ya sea desde la concesión de la ayuda, desde la finalización del período de reestructuración o desde la interrupción de la aplicación del plan (aplicándose la fecha más reciente), el Órgano de Vigilancia no autorizará más ayudas en virtud de las presentes Directrices.

(72)

Se permiten excepciones a esta norma en los siguientes casos:

a)

cuando la ayuda de reestructuración sea la continuación de una ayuda de salvamento como parte de una única operación de reestructuración;

b)

cuando la ayuda de salvamento o el apoyo temporal de reestructuración hayan sido concedidos con arreglo a las presentes Directrices y estas ayudas no fueron seguidas de una ayuda de reestructuración, si:

i)

se ha podido considerar razonablemente que el beneficiario sería viable a largo plazo cuando se concedieron las ayudas en virtud de las presentes Directrices, y

ii)

como mínimo tras cinco años, resulta necesario conceder una nueva ayuda de salvamento o de reestructuración debido a circunstancias imprevisibles (35) y no imputables al beneficiario;

c)

en circunstancias excepcionales, imprevisibles y no imputables al beneficiario.

(73)

La aplicación del principio de ayuda única no se verá afectada en modo alguno por los cambios en la propiedad del beneficiario tras la concesión de una ayuda, ni por ningún procedimiento judicial o administrativo que tenga como consecuencia el saneamiento de su balance, la reducción de sus créditos o la liquidación de deudas anteriores, cuando sea la misma empresa la que continúe sus actividades.

(74)

Cuando un grupo de empresas haya recibido ayuda de salvamento, ayuda de reestructuración o apoyo temporal de reestructuración, el Órgano de Vigilancia no autorizará, en principio, ninguna otra ayuda de salvamento o de reestructuración al propio grupo o a cualquiera de las entidades pertenecientes al mismo, a menos que hayan transcurrido diez años desde la concesión de la ayuda, desde la finalización del período de reestructuración o desde la interrupción de la aplicación del plan, aplicándose la fecha más reciente. Cuando una entidad perteneciente a un grupo de empresas haya recibido ayuda de salvamento, ayuda de reestructuración o apoyo temporal de reestructuración, el grupo en su conjunto y las demás entidades del mismo podrán recibir ayuda de salvamento o de reestructuración (siempre que se cumplan las demás disposiciones de las presentes Directrices), a excepción del anterior beneficiario de la ayuda. Las Partes Contratantes deben demostrar que no se filtrará ninguna ayuda desde el grupo o desde otras entidades del mismo al anterior beneficiario de la ayuda.

(75)

En el caso de una empresa que retome los activos de otra, en particular si a esta última se ha aplicado uno de los procedimientos mencionados en el punto 73 o un procedimiento de insolvencia basado en el Derecho nacional y que haya recibido una ayuda de salvamento, una ayuda de reestructuración o apoyo temporal de reestructuración, el comprador no tendrá que cumplir el principio de la ayuda única, siempre y cuando no exista continuidad económica entre la antigua empresa y el comprador (36).

3.6.2.   Medidas para limitar el falseamiento de la competencia

(76)

Cuando se conceda una ayuda de reestructuración, deben adoptarse medidas para limitar el falseamiento de la competencia, de manera que se reduzcan todo lo posible los efectos negativos sobre las condiciones comerciales y los efectos positivos superen a los negativos. El Órgano de Vigilancia evaluará la forma y el alcance adecuados de dichas medidas con arreglo a la presente sección (3.6.2).

3.6.2.1.   Naturaleza y forma de las medidas para limitar el falseamiento de la competencia

(77)

Sin perjuicio del punto 84, las medidas para limitar el falseamiento de la competencia consistirán, por lo general, en medidas estructurales. Cuando sea adecuado para resolver los falseamientos de la competencia en casos concretos, el Órgano de Vigilancia podrá aceptar medidas de comportamiento distintas a las establecidas en el punto 84 o medidas de apertura del mercado en lugar de una parte o de la totalidad de las medidas estructurales que, de no ser así, se requerirían.

Medidas estructurales — cesiones y reducción de actividades empresariales

(78)

Sobre la base de una evaluación realizada de conformidad con los criterios para calibrar medidas destinadas a limitar el falseamiento de la competencia (expuestos en la sección 3.6.2.2), las empresas que se beneficien de ayudas de reestructuración pueden estar obligadas a ceder activos o a reducir su capacidad o su presencia en el mercado. Tales medidas deben adoptarse, en particular, en el mercado o los mercados en los que la empresa vaya a tener una posición importante tras la reestructuración, en especial aquellos en los que exista un importante exceso de capacidad. Las cesiones para limitar el falseamiento de la competencia deben efectuarse sin demora innecesaria, teniendo en cuenta el tipo de activos cedidos y cualquier obstáculo para disponer de ellos (37) y, en cualquier caso, durante el plan de reestructuración. Las cesiones, condonaciones y el cierre de actividades que generen pérdidas que hubieran sido necesarios en cualquier caso para restablecer la viabilidad a largo plazo no se considerarán, por lo general, suficientes, a la luz de los principios establecidos en la sección 3.6.2.2, para resolver el falseamiento de la competencia.

(79)

Para que tales medidas refuercen la competencia y contribuyan al mercado interior, deben favorecer la entrada de nuevos competidores, la expansión de los pequeños competidores existentes o las actividades transfronterizas. Debe evitarse el repliegue dentro de las fronteras nacionales y la fragmentación del mercado interior.

(80)

Las medidas para limitar el falseamiento de la competencia no deben llevar a un deterioro de la estructura del mercado. Por tanto, las medidas estructurales deben consistir, por lo general, en cesiones sobre una base de continuidad de la explotación de empresas autónomas viables que, explotadas por un comprador adecuado, puedan competir eficazmente a largo plazo. En caso de que tal entidad no exista, el beneficiario podría segregar, para luego ceder, una actividad existente adecuadamente financiada, creando una nueva entidad viable, que deberá ser capaz de competir en el mercado. Las medidas estructurales consistentes en meras cesiones de activos que no implican la creación de una entidad viable, capaz de competir en el mercado, son menos eficaces para la defensa de la competencia y, por lo tanto, solo serán aceptadas en casos excepcionales en que la Parte Contratante en cuestión demuestre que ninguna otra modalidad de medidas estructurales sería viable o que otras medidas estructurales podrían poner en grave peligro la viabilidad económica de la empresa.

(81)

El beneficiario debe facilitar las cesiones, por ejemplo delimitando las actividades y aceptando no intentar captar a los clientes de la actividad cedida.

(82)

Cuando se considere que puede ser difícil encontrar un comprador para los activos que propone ceder un beneficiario, se requerirá, en cuanto se tenga conocimiento de dichas dificultades, identificar otras cesiones o medidas que se puedan adoptar en relación con el mercado o mercados en cuestión, si falla la cesión principal.

Medidas de comportamiento

(83)

Las medidas de comportamiento tienen como objetivo garantizar que la ayuda se utiliza para financiar el restablecimiento de la viabilidad a largo plazo y que no se utiliza indebidamente para prolongar falseamientos graves y persistentes de una estructura de mercado o para proteger al beneficiario de una competencia sana.

(84)

Las siguientes medidas de comportamiento deberán aplicarse en todos los casos para evitar debilitar los efectos de las medidas estructurales y deben, en principio, imponerse mientras dure el plan de reestructuración:

a)

Los beneficiarios deberán abstenerse de adquirir participaciones en otras empresas durante el período de reestructuración, salvo cuando ello resulte indispensable para garantizar la viabilidad a largo plazo del beneficiario. El objetivo es asegurarse de que la ayuda se utiliza para restablecer la viabilidad de la empresa y no para financiar inversiones o ampliar la presencia del beneficiario en mercados existentes o nuevos. Tras la notificación, cualquiera de estas adquisiciones puede ser autorizada por el Órgano de Vigilancia como parte del plan de reestructuración.

b)

Se exigirá a los beneficiarios que se abstengan de dar publicidad al apoyo estatal como una ventaja competitiva al comercializar sus productos y servicios.

(85)

En circunstancias excepcionales, puede ser necesario exigir que los beneficiarios se abstengan de comportamientos comerciales que busquen una rápida expansión de su cuota de mercado en relación con determinados productos o mercados geográficos al ofrecer condiciones (por ejemplo, en lo referente a los precios y otras condiciones comerciales) que no puedan ser igualadas por competidores que no sean beneficiarios de ayudas estatales. Estas restricciones solo se aplicarán cuando ninguna otra medida, de comportamiento o estructural, pueda hacer frente de manera adecuada a los falseamientos de la competencia señalados y cuando dicha medida no restrinja por sí misma la competencia en el mercado en cuestión. A efectos de la aplicación de este requisito, el Órgano de Vigilancia comparará las condiciones ofrecidas por el beneficiario con las que ofrecen competidores creíbles con una cuota de mercado considerable.

Medidas de apertura del mercado

(86)

En su evaluación general, el Órgano de Vigilancia considerará posibles compromisos de la Parte Contratante relativos a la adopción de medidas, bien por la propia Parte Contratante o por el beneficiario, destinadas a fomentar mercados más abiertos, sólidos y competitivos, por ejemplo favoreciendo la entrada y la salida de los mismos. En especial, esto podría incluir medidas para abrir a otros operadores del EEE determinados mercados directa o indirectamente vinculados a las actividades del beneficiario, de conformidad con la legislación del EEE. Dichas iniciativas pueden sustituir otras medidas para limitar el falseamiento de la competencia que, en circunstancias normales, se le exigirían al beneficiario.

3.6.2.2.   Calibrado de las medidas para limitar el falseamiento de la competencia

(87)

Las medidas para limitar el falseamiento de la competencia deben abordar tanto el problema del riesgo moral como posibles falseamientos en los mercados en los que opera el beneficiario. El alcance de dichas medidas dependerá de varios factores, tales como, en particular: la magnitud y la naturaleza de la ayuda y de las condiciones y circunstancias en las que fue concedida; el tamaño (38) y la importancia relativa del beneficiario en el mercado y las características del mercado de que se trate; y hasta qué punto persiste el riesgo moral tras la aplicación de las medidas de contribución propia y reparto de cargas.

(88)

En particular, el Órgano de Vigilancia considerará la magnitud de la ayuda, cuando proceda, mediante aproximaciones, y su naturaleza tanto en términos absolutos como en relación con los activos del beneficiario y el tamaño del mercado en su conjunto.

(89)

En cuanto al tamaño y la importancia relativa del beneficiario en su mercado o mercados tanto antes como después de la reestructuración, el Órgano de Vigilancia los evaluará con el fin de valorar los efectos probables de la ayuda en los mercados en comparación con los resultados probables sin ayudas estatales. El diseño de las medidas se adaptará específicamente a las características del mercado (39) con el fin de garantizar el mantenimiento de una competencia efectiva.

(90)

En cuanto al riesgo moral, el Órgano de Vigilancia también evaluará el grado de contribución propia y de reparto de cargas. Si los grados de contribución propia y de reparto de cargas son más elevados que los contemplados en la sección 3.5.2, al limitar el importe de ayuda y el riesgo moral, pueden reducir la magnitud necesaria de las medidas para limitar el falseamiento de la competencia.

(91)

Dado que las actividades de reestructuración pueden amenazar con debilitar el mercado interior, se valorarán positivamente las medidas para limitar el falseamiento de la competencia que contribuyan a que los mercados nacionales permanezcan abiertos y competitivos.

(92)

Las medidas que limitan el falseamiento de la competencia no deben comprometer las perspectivas de restablecimiento de la viabilidad del beneficiario, cosa que podría ocurrir si la ejecución de una medida es muy costosa o, en casos excepcionales debidamente justificados por la Parte Contratante de que se trate, redujera la actividad del beneficiario de tal manera que el restablecimiento de su viabilidad se vería amenazado; tampoco deben ir en detrimento de los consumidores y de la competencia.

(93)

Las ayudas para cubrir los costes sociales de la reestructuración del tipo descrito en los puntos 32 a 35 deben estar claramente identificadas en el plan de reestructuración, dado que las ayudas destinadas a medidas sociales en beneficio exclusivamente de trabajadores despedidos no se tienen en cuenta a la hora de determinar la magnitud de las medidas para limitar el falseamiento de la competencia. En aras del interés general, el Órgano de Vigilancia velará por limitar al mínimo, en el marco del plan de reestructuración, las implicaciones sociales de las reestructuraciones en otras Partes Contratantes distintas de la que concede la ayuda.

3.6.3.   Beneficiarios de ayudas previas ilegales

(94)

Cuando se haya concedido anteriormente a una empresa en crisis una ayuda ilegal respecto de la cual el Órgano de Vigilancia haya adoptado una decisión negativa con una orden de recuperación, y cuando no haya habido recuperación, infringiendo el artículo 14 de la parte II del Protocolo 3 (40), en la evaluación de cualquier ayuda en virtud de las presentes Directrices que vaya a concederse a la misma empresa se tomará en consideración, en primer lugar, el efecto acumulativo de ambas ayudas —la antigua y la nueva— y, en segundo lugar, el hecho de que la primera no haya sido reembolsada (41).

3.6.4.   Condiciones específicas aplicables a la aprobación de una ayuda

(95)

El Órgano de Vigilancia podrá imponer las condiciones y obligaciones que considere necesarias para velar por que no se falsee la competencia de forma contraria al interés común, en caso de que la Parte Contratante interesada no se haya comprometido a adoptar dichas condiciones y obligaciones. Entre otras cosas, podrá obligar a la Parte Contratante a adoptar ella misma medidas, imponer determinadas obligaciones al beneficiario o no concederle otros tipos de ayuda durante el período de reestructuración.

3.7.   Transparencia

(96)

Las Partes Contratantes deberán publicar la siguiente información en un sitio de internet único, a escala nacional o regional:

el texto completo del régimen de ayudas aprobado o de la decisión individual de concesión de la ayuda y sus disposiciones de aplicación, o un enlace al mismo,

la identidad de la autoridad o autoridades otorgantes;

la identidad de los beneficiarios, la forma y el importe de la ayuda concedida a cada beneficiario, la fecha de concesión, el tipo de empresa (pyme/gran empresa) la región en la que está situado el beneficiario (a nivel NUTS 2) y el principal sector económico en el que desarrolla sus actividades (a nivel de grupo NACE) (42).

Este requisito no será obligatorio para las ayudas inferiores a 500 000 EUR. Para los regímenes consistentes en ventajas fiscales, la información sobre los importes de las ayudas individuales (43) puede facilitarse en las siguientes horquillas (en millones EUR): [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 y más].

Dicha información deberá publicarse tras la adopción de la decisión de otorgar las ayudas, deberá conservarse como mínimo durante 10 años y ser accesible para el público en general sin restricciones. (44) Las Partes Contratantes no estarán obligadas a publicar esta información antes del 1 de julio de 2016 (45).

4.   Ayudas de reestructuración en zonas asistidas

(97)

En virtud del artículo 61, apartado 3, letras a) y c), del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia podrá considerar compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE las ayudas estatales destinadas a impulsar el desarrollo económico de determinadas regiones menos favorecidas de la zona del EEE. Por consiguiente, el Órgano de Vigilancia también tendrá en cuenta las necesidades de desarrollo regional a la hora de evaluar una ayuda de reestructuración en zonas asistidas. A pesar de ello, el hecho de que una empresa en crisis se encuentre en una de estas regiones no justifica la adopción de una actitud permisiva con relación a estas ayudas: a medio y largo plazo, el hecho de que se contribuya artificialmente al mantenimiento de empresas no es un factor de ayuda para las regiones. Por otra parte, con objeto de fomentar el desarrollo regional, interesa a las regiones afectadas que sus recursos se empleen de forma que se desarrollen rápidamente otras actividades viables y duraderas. Por último, se han de reducir al mínimo los falseamientos de la competencia, incluso en el caso de ayudas concedidas a empresas situadas en zonas asistidas. En este contexto, también se deberán tener en cuenta los posibles efectos colaterales perniciosos que pudieran producirse en la zona de que se trate y en otras zonas asistidas.

(98)

Por lo tanto, los criterios que figuran en el capítulo 3 son igualmente aplicables a las zonas asistidas, incluso si se toman en consideración las necesidades de desarrollo regional. No obstante, en el caso de las zonas asistidas, y salvo que se indique lo contrario en las normas sobre ayudas estatales aplicables a un determinado sector, el Órgano de Vigilancia aplicará las disposiciones de la sección 3.6.2 sobre medidas para limitar el falseamiento de la competencia de forma que se limiten las repercusiones sistémicas negativas para la región. En concreto, podrían implicar requisitos menos estrictos en términos de reducción de la capacidad o de la presencia en el mercado. En estos casos, se distinguirá entre zonas que pueden acogerse a ayuda regional en virtud de lo dispuesto en el artículo 61, apartado 3, letra a), del Acuerdo EEE y las que se pueden acogerse a las disposiciones del artículo 61, apartado 3, letra c), para tener en cuenta la mayor gravedad de los problemas regionales en las primeras. Cuando las circunstancias específicas de las zonas asistidas así lo requieran, por ejemplo cuando un beneficiario se enfrente a dificultades especiales para conseguir financiación en un mercado nuevo por estar ubicado en una zona asistida, el Órgano de Vigilancia podrá aceptar una contribución inferior al 50 % de los costes de reestructuración a efectos del punto 64.

5.   Ayudas a los prestadores de SIEG en crisis

(99)

Al evaluar las ayudas estatales a los prestadores de SIEG en crisis, el Órgano de Vigilancia tendrá en cuenta la naturaleza específica de los SIEG y, en particular, la necesidad de garantizar la continuidad de la prestación del servicio, de conformidad con el artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE.

(100)

Los prestadores de SIEG podrán solicitar ayuda estatal para seguir prestando SIEG en condiciones que sean compatibles con su viabilidad a largo plazo. Por consiguiente, a efectos del punto 47, el restablecimiento de la viabilidad a largo plazo podrá basarse en el supuesto, en particular, de que toda ayuda estatal que cumpla los requisitos establecidos en el Marco SIEG (46), la Decisión SIEG (47), el Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y el Consejo (48), el Reglamento (CE) no 1008/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo (49) y las Directrices de Aviación (50) o el Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo (51) y las Directrices de transporte marítimo (52), seguirá estando a disposición durante toda atribución celebrada antes del período de reestructuración o a lo largo del mismo.

(101)

Cuando el Órgano de Vigilancia evalúe la ayuda a prestadores de SIEG en crisis en virtud de las presentes Directrices, tomará en cuenta toda la ayuda estatal recibida por el prestador en cuestión, incluida cualquier compensación por las obligaciones de servicio público. No obstante, puesto que los prestadores de SIEG pueden obtener un gran porcentaje de sus ingresos normales de la compensación por servicio público, el importe total de ayuda determinado de esta forma puede ser muy elevado en comparación con el tamaño del beneficiario y puede sobrepasar la carga del Estado en relación con la reestructuración del beneficiario. Al determinar la contribución propia aludida en la sección 3.5.2.1, por tanto, el Órgano de Vigilancia pasará por alto toda compensación por servicio público que reúna los requisitos de compatibilidad del Marco SIEG, de la Decisión SIEG o del Reglamento (CE) no 1370/2007 o el Reglamento (CE) no 1008/2008 y las Directrices de Aviación o el Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo y las Directrices de transporte marítimo.

(102)

En la medida en que los activos sean necesarios para la prestación de SIEG se podrá concluir que no es posible exigir la cesión de estos activos con medidas para limitar el falseamiento de la competencia a efectos de la sección 3.6.2. En tales casos, el Órgano de Vigilancia podrá exigir que se tomen medidas alternativas para garantizar que no se falsee la competencia en una medida contraria al interés común, en particular introduciendo una competencia leal respecto del SIEG en cuestión lo antes posible.

(103)

Si un prestador del SIEG no puede cumplir las condiciones de estas Directrices, la ayuda en cuestión no puede considerarse compatible con el mercado interior. En tales casos, sin embargo, el Órgano de Vigilancia podrá autorizar el pago de la ayuda si es necesaria para garantizar la continuidad del SIEG hasta que se encomiende el servicio a un nuevo proveedor. El Órgano de Vigilancia solo autorizará las ayudas si la Parte Contratante en cuestión demuestra con razones objetivas que la ayuda se limita estrictamente al importe y duración imprescindible para encomendar el servicio a otro proveedor.

6.   Regímenes de ayuda para importes y beneficiarios de ayudas de pequeña cuantía

6.1.   Condiciones generales

(104)

Si las Partes Contratantes desean conceder ayudas con arreglo a las presentes Directrices a las pymes o a pequeñas empresas de propiedad estatal, esas ayudas deben concederse, por lo general, en el marco de un régimen. Utilizar regímenes de ayuda contribuye a limitar el falseamiento de la competencia ligado al riesgo moral, al permitir a una Parte Contratante pronunciarse claramente de antemano en cuanto a las condiciones en las que puede decidir conceder ayudas a empresas en crisis.

(105)

Los regímenes han de indicar el importe máximo de ayuda que puede concederse a una empresa individual como parte de una operación de concesión de ayudas de salvamento, ayudas de reestructuración o apoyo temporal de reestructuración, incluso en caso de modificación del plan. El importe máximo total de la ayuda concedida a una única empresa no podrá ser superior a 10 millones EUR, incluida cualquier ayuda recibida de otras fuentes o con arreglo a otros regímenes.

(106)

Aunque la compatibilidad de esos regímenes en general se evaluará a la vista de las condiciones establecidas en los capítulos 3, 4 y 5, es oportuno disponer condiciones simplificadas en algunos aspectos para permitir a las Partes Contratantes aplicar dichas condiciones sin otras referencias al Órgano de Vigilancia y reducir la carga para las pymes y pequeñas empresas estatales de facilitar la información solicitada. Habida cuenta de la pequeña cuantía de los importes de ayuda y de los beneficiarios en cuestión, el Órgano de Vigilancia considera que el potencial de falseamientos significativos de la competencia es más limitado en tales casos. Por consiguiente, las disposiciones de los capítulos 3, 4 y 5 se aplican a tales regímenes mutatis mutandis, salvo que se indique lo contrario en las secciones 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. El presente capítulo incluye también disposiciones sobre apoyo temporal de reestructuración y sobre la duración y evaluación de los regímenes.

6.2.   Objetivo de interés común

(107)

Aunque no es probable que el incumplimiento de una pyme (53) concreta cause el grado de problemas sociales o de deficiencia del mercado necesario a efectos del punto 44, en cuanto a las pymes suscita mayor preocupación que su valor pueda destruirse cuando a las que tienen potencial para reestructurarse, restableciendo así su viabilidad a largo plazo, se les niega la oportunidad de hacerlo por problemas de liquidez. Por lo que se refiere a la concesión de ayudas al amparo de regímenes, basta, por consiguiente, con que las Partes Contratantes puedan demostrar que la quiebra del beneficiario probablemente conllevaría problemas sociales o deficiencia del mercado, y en particular que:

a)

la salida de pymes innovadoras o con gran potencial de crecimiento tendría potenciales consecuencias negativas;

b)

la salida de una empresa muy vinculada a otras empresas locales o regionales, en particular a otras pymes, tendría potenciales consecuencias negativas;

c)

la carencia o los incentivos negativos en los mercados de crédito empujarían a una empresa, por lo demás viable, a la quiebra, o

d)

surgirían situaciones similares de problemas debidamente justificados por el beneficiario.

(108)

Como excepción al punto 50, los beneficiarios en el marco de un régimen no estarán obligados a presentar un estudio de mercado.

6.3.   Idoneidad

(109)

El requisito establecido en el punto 55, letra d), se considerará cumplido siempre y cuando la ayuda de salvamento se conceda por un máximo de seis meses, período durante el cual deberá realizarse un análisis de la situación del beneficiario. Antes de que finalice dicho período:

a)

la Parte Contratante deberá aprobar un plan de reestructuración o un plan de liquidación, o

b)

el beneficiario deberá presentar un plan de reestructuración simplificado, de conformidad con el punto 115, o

c)

deberá reembolsarse el préstamo o ponerse fin a la garantía.

(110)

Como excepción al punto 57, las Partes Contratantes no estarán obligadas a evaluar si la remuneración determinada con arreglo al punto 56 constituye una referencia adecuada.

6.4.   Proporcionalidad de la ayuda/ayuda limitada al mínimo necesario

(111)

Como excepción al punto 64, las Partes Contratantes podrán considerar adecuada una contribución propia si asciende al menos al 40 % de los costes de reestructuración en el caso de medianas empresas o al 25 % de los costes de reestructuración en el caso de pequeñas empresas.

6.5.   Efectos negativos

(112)

Una Parte Contratante que tenga previsto conceder ayudas de salvamento, ayudas de reestructuración o apoyo temporal de reestructuración debe verificar si se cumple el principio de ayuda única contemplado en la sección 3.6.1. Para ello, debe determinar si la empresa interesada ya ha recibido anteriormente ayudas de salvamento, ayudas de reestructuración o apoyo temporal de reestructuración, concepto en el que se incluyen las ayudas de esta índole concedidas antes de la entrada en vigor de las presentes Directrices y cualesquiera ayudas no notificadas. Si así fuera, y si han transcurrido menos de diez años, ya sea desde la concesión de la ayuda o desde la finalización del período de reestructuración o desde la interrupción de la aplicación del plan (aplicándose la fecha más reciente), no deberán concederse otras ayudas de salvamento, de reestructuración o apoyo temporal de reestructuración, excepto:

a)

cuando el apoyo temporal de reestructuración sea la continuación de una ayuda de salvamento como parte de una única operación de reestructuración;

b)

cuando las ayudas de reestructuración sean la continuación de una ayuda de salvamento o de apoyo temporal de reestructuración como parte de una única operación de reestructuración;

c)

cuando las ayudas de salvamento o el apoyo temporal de reestructuración hayan sido concedidos con arreglo a las presentes Directrices y estas ayudas no hayan sido seguidas de una ayuda de reestructuración, si:

i)

se ha podido considerar razonablemente que el beneficiario sería viable a largo plazo cuando se concedieron las ayudas en virtud de las presentes Directrices, y

ii)

como mínimo tras cinco años, resulta necesario conceder nuevas ayudas de salvamento, de reestructuración o apoyo temporal de reestructuración debido a circunstancias imprevisibles y no imputables al beneficiario;

d)

en circunstancias excepcionales, imprevisibles y no imputables al beneficiario.

(113)

Las medidas que limitan el falseamiento de la competencia pueden tener un impacto desproporcionado sobre las pequeñas empresas, sobre todo teniendo en cuenta la carga impuesta por dichas medidas. Como excepción al punto 76, por tanto, las Partes Contratantes no estarán obligados a exigir dichas medidas a las pequeñas empresas, salvo disposiciones contrarias de las normas sobre ayudas estatales en un sector particular. Ahora bien, las pequeñas empresas no deberán incrementar su capacidad durante el período de reestructuración.

6.6.   Apoyo temporal de reestructuración

(114)

En algunos casos, tal vez sea posible que una empresa complete su reestructuración sin necesidad de ayudas de reestructuración, siempre y cuando pueda obtener apoyo de liquidez durante un período más prolongado que el previsto en las condiciones para las ayudas de salvamento. Las Partes Contratantes pueden implantar regímenes que prevean un período superior a seis meses (denominado “apoyo temporal de reestructuración”), en las condiciones expuestas a continuación.

(115)

El apoyo temporal de reestructuración deberá cumplir las siguientes condiciones:

a)

El apoyo deberá consistir en ayuda en forma de garantías sobre préstamos o en préstamos.

b)

El coste financiero del préstamo o, en el caso de las garantías de préstamos, el coste financiero total del préstamo garantizado, incluido el tipo de interés del préstamo y la prima de garantía, deberá ajustarse a lo dispuesto en el punto 116.

c)

El apoyo temporal de reestructuración debe cumplir las condiciones contempladas en el capítulo 3 de las presentes Directrices, modificadas por el presente capítulo.

d)

El apoyo temporal de reestructuración podrá concederse durante un período que no supere los 18 meses, menos cualquier período inmediatamente anterior de ayuda de salvamento. Antes de que finalice dicho período:

i)

la Parte Contratante deberá aprobar un plan de reestructuración como se dispone en el punto 55, letra d), inciso ii), o un plan de liquidación, o

ii)

deberá reembolsarse el préstamo o ponerse fin a la garantía.

e)

A más tardar seis meses después del desembolso del primer tramo al beneficiario, menos cualquier período inmediatamente anterior de la ayuda de salvamento, la Parte Contratante deberá aportar un plan de reestructuración simplificado. No es preciso que dicho plan contenga todos los elementos contemplados en los puntos 47 a 52, pero deberá, como mínimo, identificar las medidas que debe tomar el beneficiario para restablecer su viabilidad a largo plazo sin apoyo estatal.

(116)

La remuneración en el caso de apoyo temporal de reestructuración deberá fijarse a un tipo no inferior al tipo de referencia establecido en las Directrices sobre los tipos de referencia para empresas débiles que ofrecen niveles de colateralización normal (actualmente IBOR a un año más 400 puntos básicos) (54). Con el fin de ofrecer incentivos para dejar el apoyo, el tipo debe incrementarse como mínimo en 50 puntos básicos cuando hayan transcurrido 12 meses desde que se pagó el primer tramo al beneficiario (menos cualquier período inmediatamente anterior a la ayuda de salvamento).

(117)

El apoyo temporal de reestructuración deberá limitarse a la cantidad necesaria para mantener en activo al beneficiario durante 18 meses; para determinar ese importe, debe tenerse en cuenta el resultado de la fórmula establecida en el anexo I; toda ayuda que supere el resultado de ese cálculo solo se autorizará si está debidamente justificada por un plan de liquidez en el que se precisen las necesidades de liquidez del beneficiario para los próximos 18 meses.

6.7.   Duración y evaluación

(118)

El Órgano de Vigilancia podrá requerir a las Partes Contratantes que limiten la duración de determinados regímenes (normalmente a cuatro años o menos) y lleven a cabo una evaluación de los mismos.

(119)

Serán necesarias evaluaciones de los regímenes en los que los posibles falseamientos sean especialmente elevados, es decir, los regímenes en los que existe un riesgo de restricción significativa de la competencia si su aplicación no se revisa a su debido tiempo.

(120)

Dados los objetivos y para no imponer cargas desproporcionadas a las Partes Contratantes en proyectos de ayuda de escasa cuantía, esto solo se aplicará a regímenes de ayuda de grandes presupuestos o con características nuevas o cuando se prevean cambios importantes en el mercado, en la tecnología o en la normativa. La evaluación debe realizarla un experto que sea independiente respecto a la autoridad que concede la ayuda estatal, estar basada en una metodología común (55) y difundirse públicamente. La evaluación deberá presentarse al Órgano de Vigilancia a su debido tiempo para permitir la valoración de la posible ampliación del régimen de ayuda y, en cualquier caso, al expirar el régimen. El ámbito exacto de esta evaluación y cómo se va a realizar se definirán en la decisión por la que se aprueba la medida de ayuda. Las medidas de ayuda posteriores con objetivos similares deberán tener en cuenta los resultados de la evaluación.

7.   Procedimientos

7.1.   Procedimiento acelerado para las ayudas de salvamento

(121)

El Órgano de Vigilancia intentará, en la medida de lo posible, adoptar una decisión en el plazo de un mes con respecto a las ayudas de salvamento que cumplan todas las condiciones establecidas en el capítulo 3, así como los siguientes criterios acumulativos:

a)

las ayudas de salvamento se limitan al importe resultante de la fórmula que figura en el anexo I y no es superior a 10 millones EUR;

b)

la ayuda no se concede en las situaciones mencionadas en el punto 72, letras b) o c).

7.2.   Procedimientos relacionados con planes de reestructuración

7.2.1.   Aplicación del plan de reestructuración

(122)

El beneficiario deberá aplicar íntegramente el plan de reestructuración y cumplir cualesquiera otras obligaciones establecidas en la decisión del Órgano de Vigilancia por la que se autoriza la ayuda. El Órgano de Vigilancia considerará que el incumplimiento del plan o de las obligaciones constituye un uso abusivo de la ayuda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la parte II del Protocolo 3 o de la posibilidad de interponer una acción ante el Tribunal de la AELC a tenor de lo establecido en el artículo 1, apartado 2, de la parte I del Protocolo 3.

(123)

En el caso de reestructuraciones que se prolonguen durante varios años y que movilicen ayudas importantes, el Órgano de Vigilancia podrá exigir que la ayuda de reestructuración se fraccione en varios pagos y podrá supeditar la concesión de los pagos a:

a)

la confirmación, antes de que se haga efectivo cada pago, de la correcta ejecución de cada fase en el plan de reestructuración, de acuerdo con el calendario previsto, o

b)

su autorización, antes de que se haga efectivo cada pago, una vez verificada la correcta ejecución.

7.2.2.   Modificación del plan de reestructuración

(124)

Si se autoriza una ayuda de reestructuración, la Parte Contratante que la conceda puede solicitar al Órgano de Vigilancia, durante el período de reestructuración, que acepte modificaciones del plan de reestructuración y del importe de la ayuda. El Órgano de Vigilancia puede autorizar tales modificaciones si cumplen las normas siguientes:

a)

el plan revisado seguirá teniendo como objetivo el restablecimiento de la viabilidad en un plazo razonable;

b)

si aumentan los costes de reestructuración, la contribución propia debe aumentar en consecuencia;

c)

si se aumenta el importe de la ayuda, las medidas para limitar el falseamiento de la competencia deberán ser más amplias que las impuestas inicialmente;

d)

si las medidas para limitar el falseamiento de la competencia propuestas son más limitadas que las impuestas inicialmente, se ha de reducir proporcionalmente el importe de la ayuda;

e)

el nuevo calendario de ejecución de las medidas para limitar el falseamiento de la competencia solo podrá retrasarse con relación a lo previsto en un principio por razones no imputables al beneficiario o a la Parte Contratante. De no ser así, el importe de la ayuda deberá reducirse en consecuencia.

(125)

Si las condiciones impuestas por el Órgano de Vigilancia o los compromisos ofrecidos por la Parte Contratante se suavizan, el importe de la ayuda deberá reducirse en consecuencia o se podrán imponer otras condiciones.

(126)

Si la Parte Contratante en cuestión modifica un plan de reestructuración autorizado sin informar debidamente al Órgano de Vigilancia, o si el beneficiario se aparta del plan de reestructuración aprobado, el Órgano incoará el procedimiento del artículo 4, apartado 4, de la parte II del Protocolo 3, tal como se establece en el artículo 16 de la parte II del Protocolo 3 (ayuda abusiva), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la parte II del Protocolo 3 y de la posibilidad de interponer una acción ante el Tribunal de la AELC en virtud del artículo 1, apartado 2, de la parte I del Protocolo 3.

7.2.3.   Necesidad de notificar al Órgano de Vigilancia toda ayuda concedida al beneficiario durante el período de reestructuración

(127)

Cuando una ayuda de reestructuración se examine con arreglo a las presentes Directrices, la concesión de cualquier otra ayuda durante el período de reestructuración, aunque sea en aplicación de un régimen ya autorizado, puede influir en la evaluación del Órgano de Vigilancia por lo que se refiere al necesario alcance de las medidas para limitar el falseamiento de la competencia.

(128)

Por tanto, las notificaciones de las ayudas de reestructuración deberán indicar todas las demás ayudas, sean del tipo que sean, que se prevé conceder al beneficiario durante el período de reestructuración, a menos que entren en el ámbito de aplicación de la norma de minimis o de reglamentos de exención por categorías. El Órgano de Vigilancia tendrá en cuenta estas ayudas a la hora de evaluar la ayuda de reestructuración.

(129)

Cualquier ayuda concedida durante el período de reestructuración, incluidas las ayudas concedidas con arreglo a un régimen autorizado, deberán notificarse individualmente al Órgano de Vigilancia siempre que esta no hubiera sido informada de las mismas cuando tomó su decisión sobre la ayuda de reestructuración.

(130)

El Órgano de Vigilancia velará por que la ayuda concedida a tenor de un régimen autorizado no pueda sustraerse a lo establecido en las presentes Directrices.

8.   Presentación de informes y control

(131)

De conformidad con el Protocolo 3, las Partes Contratantes deberán presentar informes anuales al Órgano de Vigilancia. Estos informes anuales se publicarán en el sitio web del Órgano de Vigilancia.

(132)

Al adoptar una decisión en virtud de las presentes Directrices, el Órgano de Vigilancia podrá imponer obligaciones de información adicionales respecto a la ayuda concedida, con el fin de poder comprobar si se ha respetado la decisión por la que se aprueba la medida de ayuda. En algunos casos, el Órgano de Vigilancia podrá exigir el nombramiento de un administrador encargado de la supervisión, un administrador encargado de las cesiones o ambos a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones y obligaciones a las que se supedita la aprobación de la ayuda.

9.   Medidas apropiadas contempladas en el artículo 1, apartado 1, de la parte I del Protocolo 3

(133)

De conformidad con el artículo 62, apartado 1, del Acuerdo EEE y con el artículo 1, apartado 1, de la parte I del Protocolo 3, el Órgano de Vigilancia propone que las Partes Contratantes modifiquen, cuando sea necesario, sus regímenes de ayuda vigentes con el fin de adaptarlos a las presentes Directrices a más tardar el 1 de febrero de 2015. El Órgano de Vigilancia tiene la intención de supeditar la autorización de todo régimen futuro al cumplimiento de dichas disposiciones.

(134)

Se pide a las Partes Contratantes que den su acuerdo explícito incondicional a las medidas apropiadas del punto 133 en el plazo de dos meses desde la fecha de publicación de las presentes Directrices en el sitio web del Órgano de Vigilancia. Si no hubiera respuesta por parte de alguna de las Partes Contratantes, el Órgano de Vigilancia asumirá que la Parte Contratante en cuestión no acepta las medidas propuestas.

10.   Fecha de aplicación y período de vigencia

(135)

El Órgano de Vigilancia aplicará las presentes Directrices desde el día de su adopción hasta el 31 de diciembre de 2020.

(136)

Las notificaciones registradas por el Órgano de Vigilancia antes de la fecha de adopción se examinarán a la luz de los criterios vigentes en el momento de la notificación.

(137)

El Órgano de Vigilancia examinará la compatibilidad con el funcionamiento del Acuerdo EEE de toda ayuda de salvamento o de reestructuración que se conceda sin su autorización y, por lo tanto, infringiendo el artículo 1, apartado 3, de la parte I del Protocolo 3 con arreglo a las presentes Directrices, cuando la ayuda, o una parte de ella, se haya concedido después de su publicación en el sitio web del Órgano de Vigilancia.

(138)

En los demás casos, la Comisión las examinará con arreglo a las Directrices aplicables en el momento de la concesión de la ayuda.

(139)

Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos 136, 137 y 138, el Órgano de Vigilancia aplicará las disposiciones del capítulo 5 desde el día de su adopción al examinar la ayuda a los prestadores de SIEG en crisis, independientemente de cuando se notificara o se concediera la ayuda.

(140)

Cuando, en virtud del apartado 9 del Marco SIEG, el Órgano de Vigilancia examine con arreglo a las presentes Directrices cualquier ayuda concedida antes del 31 de enero de 2012 a un prestador de SIEG en crisis, considerará que dicha ayuda es compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE si cumple las disposiciones del Marco SIEG, con excepción de los apartados 9, 14, 19, 20, 24, 39 y 60.

ANEXO I

FÓRMULA  (56) PARA EL CÁLCULO DEL IMPORTE MÁXIMO DE AYUDA DE SALVAMENTO O DE APOYO TEMPORAL DE REESTRUCTURACIÓN DENTRO DE UN PERÍODO DE SEIS MESES

Formula

La fórmula se basa en los resultados de explotación del beneficiario (EBIT, beneficios antes de impuestos e intereses) registrados en el año anterior a la concesión/notificación de la ayuda (indicados como t). A este importe se ha añadido la amortización. Posteriormente se deben sustraer del total los cambios del capital circulante. Los cambios del capital circulante se calculan como el cambio de la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante (57) durante el último ejercicio contable cerrado. Del mismo modo, toda provisión a nivel de resultados de explotación, habrá que indicarla claramente y deducirla de estos.

La fórmula pretende calcular el flujo de caja negativo operativo del beneficiario durante el año anterior a la solicitud de la ayuda (o a la concesión de la ayuda en caso de ayuda no notificada). La mitad de este importe debe bastar para que el beneficiario se mantenga en activo durante un período de seis meses. Por este motivo, a efectos del punto 60 el resultado de la fórmula debe dividirse por dos. A efectos del punto 117, el resultado de la fórmula debe multiplicarse por 1,5.

Esta fórmula solo puede aplicarse cuando el resultado es un importe negativo. Si el resultado es positivo, deberá presentarse una explicación pormenorizada que demuestre que el beneficiario es una empresa en crisis según se define en el punto 20.

Ejemplo:

Beneficios antes de impuestos e intereses (millones EUR)

(12)

Amortización (millones EUR)

2

Balance (millones EUR)

31 de diciembre, t

31 de diciembre, t – 1

Activo circulante

Tesorería o equivalentes

10

5

Efectos por cobrar

30

20

Existencias

50

45

Pagos anticipados

20

10

Otro activo circulante

20

20

Total activo circulante

130

100

Pasivo circulante

Cuentas por pagar

20

25

Gastos devengados

15

10

Ingresos diferidos

5

5

Total pasivo circulante

40

40

Capital circulante

90

60

Variación del capital circulante

30

[– 12 + 2 – 30]/2 = – 20 millones EUR.

Dado que el resultado de la fórmula es superior a 10 millones EUR, no se puede utilizar el procedimiento acelerado descrito en el punto 121. Además, en este ejemplo, si el importe de la ayuda de salvamento es superior a 20 millones EUR o el importe de ayuda temporal de reestructuración supera los 60 millones EUR, el importe de la ayuda debe justificarse debidamente presentando un plan de liquidez que determine las necesidades de liquidez del beneficiario.

ANEXO II

Modelo indicativo de plan de reestructuración

El presente anexo establece un cuadro orientativo de contenidos para un plan de reestructuración, con el fin de ayudar a las Partes Contratantes y al Órgano de Vigilancia en la preparación y revisión de los planes de reestructuración de la manera más eficaz posible.

La información que figura a continuación se entiende sin perjuicio de los requisitos más detallados expuestos en las Directrices sobre el contenido de un plan de reestructuración y las demás cuestiones que deben ser demostradas por la Parte Contratante de que se trate.

1.

Descripción del beneficiario

2.

Descripción del mercado o mercados en los que opera el beneficiario

3.

Demostración de las dificultades sociales que la ayuda pretende evitar o de la deficiencia del mercado que pretende resolver, comparación con un escenario alternativo creíble que no implique ayuda estatal, demostrando cómo dicho objetivo u objetivos no se alcanzarían, o se alcanzarían en menor grado, en el caso del escenario alternativo

4.

Descripción de las causas de la crisis del beneficiario (incluida una evaluación del papel de los fallos en el modelo empresarial o en el sistema de gobernanza corporativa del beneficiario en el desencadenamiento de estas dificultades y hasta qué punto podrían haberse evitado las dificultades con medidas de gestión adecuadas y oportunas) y análisis SWOT

5.

Descripción de posibles planes para solucionar los problemas del beneficiario y comparación de los mismos en cuanto al importe de ayuda estatal necesaria y resultados previstos

6.

Descripción de la intervención estatal, detalles completos de cada medida estatal (incluida la forma, el importe y la remuneración de cada una de las medidas) y demostración de que los instrumentos de ayuda estatal elegidos son adecuados a los problemas que pretenden corregir

7.

Esbozo del proceso de aplicación del plan elegido para restablecer la viabilidad a largo plazo del beneficiario en un plazo razonable (en principio, no más de tres años), incluido un calendario de acciones y un cálculo de los costes de cada acción

8.

Plan empresarial en el que se expongan las proyecciones financieras para los próximos cinco años y que demuestre el restablecimiento de la viabilidad a largo plazo

9.

Demostración del restablecimiento de la viabilidad en una hipótesis de base y una hipótesis pesimista, presentación y justificación sobre la base de un estudio de mercado de los supuestos utilizados y análisis de sensibilidad

10.

Medidas propuestas de contribución propia y de reparto de cargas

11.

Medidas propuestas para limitar el falseamiento de la competencia

»

(1)  Estas Directrices corresponden a las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis de la Comisión Europea adoptadas el 9 de julio de 2014 (DO C 249 de 31.7.2014, p. 1).

(2)  Decisión no 4/94/COL (DO L 231 de 3.9.1994, p. 1, y Suplemento EEE no 32 de 3.9.1994, p. 1). La validez de estas directrices se amplió en un primer momento hasta el 31 de diciembre de 1998 y posteriormente hasta el 31 de diciembre de 1999.

(3)  Decisión no 329/99/COL (DO L 274 de 26.10.2000, p. 1, y Suplemento EEE no 48 de 26.10.2000, p. 14).

(4)  Decisión no 305/04/COL (DO L 107 de 28.4.2005, p. 28, y Suplemento EEE no 21 de 28.4.2005, p. 1).

(5)  Decisión no 433/09/COL (DO L 48 de 25.2.2010, p. 27, y Suplemento EEE no 9 de 25.2.2010, p. 12).

(6)  Decisión no 438/12/COL (DO L 190 de 11.7.2013, p. 91, y Suplemento EEE no 40 de 11.7.2013, p. 15).

(7)  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la modernización de las ayudas estatales en la UE, COM(2012) 209 final.

(8)  Comunicación de la Comisión: EUROPA 2020 — Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, COM(2010) 2020 final.

(9)  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo: Nuevo enfoque europeo frente a la insolvencia y el fracaso empresarial, COM(2012) 742 final. Véase también la Recomendación de la Comisión de 12.3.2014 sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial, C(2014) 1500 final, en particular el considerando 12.

(10)  A efectos de las presentes Directrices, “pyme”, “pequeña empresa” y “mediana empresa” tendrán el significado que se atribuye a estos términos en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36). Las Directrices sobre la ayuda a las microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) del Órgano de Vigilancia, adoptadas mediante la Decisión 94/06/COL (DO L 36 de 5.2.2009, p. 62), incorporan la definición que figura en la Recomendación de la Comisión. Se entiende por “gran empresa” aquella que no es una pyme.

(11)  A efectos de las presentes Directrices, para evitar la discriminación entre empresas de propiedad pública o privada, “pequeñas empresas estatales” son aquellas unidades económicas con poder de decisión independiente que podrían considerarse pequeñas o medianas empresas con arreglo a la Recomendación 2003/361/CE, salvo por el hecho de que el 25 % o más de su capital o de sus derechos de voto están controlados, directa o indirectamente, por uno o más organismos públicos, conjunta o individualmente.

(12)  Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas (DO L 336 de 21.12.2010, p. 24).

(13)  DO L 336 de 21.12.2010, p. 24.

(14)  Reglamento (CE) no 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón (DO L 205 de 2.8.2002, p. 1).

(15)  Decisión no 3632/93/CECA de la Comisión, de 28 de diciembre de 1993, relativa al régimen comunitario de las intervenciones de los Estados miembros en favor de la industria del carbón (DO L 329 de 30.12.1993, p. 12).

(16)  Véanse las decisiones de la Comisión en los asuntos N 175/10 — Eslovenia, SA 33013 — Polonia, N 708/07 — Alemania, SA 33033 — Rumanía y SA 33861– Hungría.

(17)  Como se definen en la Decisión 2010/787/UE.

(18)  Como se definen en el anexo II de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020, la Decisión no 407/13/COL (DO L 166 de 5.6.2014, p. 44, y Suplemento EEE no 33 de 5.6.2014, p. 1).

(19)  Directrices sobre la aplicación, a partir del 1 de diciembre de 2013, de la normativa sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo en favor de los bancos en el contexto de la crisis financiera (“Directrices bancarias 2013”), Decisión no 464/13/COL (DO L 264 de 4.9.2014, p. 6).

(20)  Existen normas específicas de esta índole relativas al sector del transporte de mercancías por ferrocarril — véanse las Directrices sobre las ayudas estatales a las empresas ferroviarias, Decisión no 788/08/COL (DO L 105 de 21.4.2011, p. 32, y Suplemento EEE no 23 de 21.4.2011, p. 1).

(21)  Se trata, especialmente, de las modalidades de sociedad que figuran en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).

(22)  En su caso, el “capital social” incluye las primas de emisión.

(23)  Se trata, especialmente, de las modalidades de sociedad que figuran en el anexo II de la Directiva 2013/34/UE.

(24)  Para determinar si una empresa es independiente o forma parte de un grupo, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el anexo I de la Recomendación 2003/361/CE.

(25)  En su sentencia en el asunto C-241/94, [Francia/Comisión (Kimberley Clark Sopalin), EU:C:1996:353], el Tribunal de Justicia confirmó que el sistema de financiación por parte de las autoridades francesas a través del Fondo Nacional del Empleo y con carácter discrecional podía favorecer a unas empresas más que a otras y reunir, así, las condiciones de ayuda establecidas en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No obstante, la sentencia no puso en entredicho las conclusiones de la Comisión, según las cuales se había considerado que la ayuda era compatible con el mercado interior.

(26)  Para que no haya dudas, esto no impide que las Partes Contratantes notifiquen individualmente ayudas a las pymes y a pequeñas empresa estatales. En tales casos, el Órgano de Vigilancia evaluará la ayuda con arreglo a los principios establecidos en las presentes Directrices.

(27)  Véanse por ejemplo el asunto C-156/98, Alemania/Comisión, EU:C:2000:467, apartado 78, y el asunto C-333/07, Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne, EU:C:2008:764, apartados 94-116.

(28)  En el anexo II figura un modelo indicativo de plan de reestructuración.

(29)  Normas relativas a los tipos aplicables: tipos de referencia y actualización (“Directrices sobre los tipos de referencia”), Decision no 788/08/COL.

(30)  Para evitar cualquier duda, la nota relativa a la remuneración de una ayuda de salvamento en el cuadro de márgenes de préstamos que figuran en dicha Comunicación no se aplicará a la ayuda evaluada con arreglo a las presentes Directrices.

(31)  Esta contribución no debe contener ayuda alguna. No es este el caso, por ejemplo, cuando se trata de un préstamo bonificado o respaldado mediante garantías públicas que contengan elementos de ayuda.

(32)  Véase, por ejemplo, la Decisión de la Comisión en el asunto SA.32698 Air Åland.

(33)  Para ello, la situación de balance de la empresa tendrá que ser establecida en el momento en que se preste la ayuda.

(34)  Por lo que respecta a las ayudas no notificadas, el Órgano de Vigilancia tiene en cuenta en su evaluación la posibilidad de que sean declaradas compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE por un concepto distinto al de ayudas de salvamento o de reestructuración.

(35)  Por “circunstancia imprevisible” se entenderá cualquier suceso que el beneficiario no pudiese prever en el momento de la elaboración del plan de reestructuración y que no se deba a negligencia o a errores del beneficiario o a decisiones del grupo al que pertenece.

(36)  Véanse los asuntos acumulados Italia y SIM 2 Multimedia/Comisión, C-328/99 y C-399/00, EU:C:2003:252; asuntos acumulados, Grecia y otros/Comisión, T-415/05, T-416/05 y T-423/05, EU:T:2010:386; Caso Ryanair/Comisión, T-123/09, EU:T:2012:164 (confirmado en apelación por el Tribunal de Justicia Europeo en el asunto C-287/12 P, EU:C:2013:395).

(37)  Por ejemplo, la venta de una cartera o de activos individuales puede ser posible y, por tanto, debe efectuarse, en mucho menos tiempo que la venta de un negocio que es una empresa en funcionamiento, en particular cuando dicho negocio deba, en primer lugar, segregarse de una entidad mayor.

(38)  A este respecto, el Órgano de Vigilancia también podrá tener en cuenta si el beneficiario es una empresa mediana o grande.

(39)  En particular, se podrán tener en cuenta los niveles de concentración, las restricciones de capacidad, el nivel de rentabilidad y las barreras a la entrada y a la expansión.

(40)  Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC sobre la creación de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia (“Protocolo 3”).

(41)  Asunto Textilwerke Deggendorf/Comisión y otros, C-355/95 P, EU:C:1997:241.

(42)  Con la excepción de secretos comerciales y otra información confidencial en casos debidamente justificados y supeditado al acuerdo del Órgano de Vigilancia (Capítulo relativo al secreto profesional en las decisiones sobre ayudas estatales, Decisión no 15/04/COL, DO L 154 de 8.6.2006, p. 27, y Suplemento EEE no 29 de 8.6.2006, p. 1).

(43)  El importe que debe publicarse es el beneficio fiscal máximo autorizado y no el importe deducido cada año (es decir, en el contexto de un crédito fiscal, se publicará el crédito fiscal máximo autorizado y no el importe real que podría depender de los ingresos imponibles y variar cada año).

(44)  Esta información se publicará en el plazo de seis meses desde la fecha de concesión (o, en el caso de ayudas consistentes en ventajas fiscales, de un año desde la fecha en que debe presentarse la declaración fiscal). En caso de ayudas ilegales, las Partes Contratantes deberán garantizar la publicación ex post de esta información, al menos dentro de los seis meses desde la fecha de la decisión del Órgano de Vigilancia. La información deberá estar disponible en un formato que permita buscar, extraer y publicar fácilmente los datos en internet, por ejemplo en formato CSV o XML.

(45)  No será necesaria la publicación de información sobre ayudas concedidas antes del 1 de julio de 2016 y, en el caso de ayudas fiscales, la publicación de ayudas solicitadas o concedidas antes del 1 de julio de 2016.

(46)  Marco sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (“Marco SIEG”), Decisión no 12/12/COL (DO L 161 de 13.6.2013, p. 12, y Suplemento EEE no 34 de 13.6.2013, p. 1).

(47)  Aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico general (“Decisión SIEG”), Decisión no 12/12/COL.

(48)  Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 1191/69 y (CEE) no 1107/70 del Consejo (DO L 315 de 3.12.2007, p. 1), incorporado al punto 4, letra a), del anexo XIII del Acuerdo EEE mediante Decisión del Comité Mixto no 85/2008 (DO L 280 de 23.10.2008, p. 20, y Suplemento EEE no 64 de 23.10.2008, p. 13).

(49)  Reglamento (CE) no 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3), artículos 16, 17 y 18, incorporado al punto 64, letra a), del anexo XIII del Acuerdo EEE mediante Decisión del Comité Mixto no 90/2011 (DO L 262 de 6.10.2011, p. 62, y Suplemento EEE no 54 de 6.10.2011, p. 78).

(50)  Directrices sobre ayudas estatales a aeropuertos y compañías aéreas, Decisión 216/14/COL.

(51)  Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (DO L 364 de 12.12.1992, p. 7), incorporado al punto 53, letra a), del anexo XIII del Acuerdo EEE mediante Decisión del Comité Mixto no 70/1997 (DO L 30 de 5.2.1998, p. 42, y Suplemento EEE no 5 de 5.2.1998, p. 175).

(52)  Directrices sobre ayudas estatales al transporte marítimo, Decisión no 62/04/COL (DO L 240 de 13.9.2007, p. 9, y Suplemento EEE no 43 de 13.9.2007, p. 1).

(53)  A los efectos del capítulo 6, en “pyme” se incluyen las pequeñas empresas estatales.

(54)  Para evitar cualquier duda, la nota relativa a la remuneración de una ayuda de salvamento en el cuadro de márgenes de préstamos que figura en dicha Comunicación no se aplicará a la ayuda evaluada con arreglo a las presentes Directrices.

(55)  Esta metodología común puede ser definida por el Órgano de Vigilancia.

(56)  A los EBIT se debe añadir la amortización durante dicho período más los cambios del capital circulante durante un período de dos años (los dos años anteriores a la aplicación), dividido por dos para determinar el importe correspondiente a seis meses.

(57)  Activo circulante: activos líquidos, activos exigibles (cuentas de clientes y deudores), otros activos circulantes y pagos por anticipado, existencias. Pasivo circulante: deuda financiera, efectos por pagar (cuentas de proveedores y acreedores) y otros pasivos, ingresos diferidos, otros ajustes por periodificación, reconocimiento de pasivos.