24.9.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 248/1

(1)

El Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo (2), ha sido modificado de forma sustancial (3). Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicho Reglamento.

(2)

Con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la evaluación de la compatibilidad de las ayudas con el mercado interior corresponde esencialmente a la Comisión.

(3)

El buen funcionamiento del mercado interior exige que se apliquen rigurosa y eficazmente las normas de competencia en materia de ayudas estatales.

(4)

Resulta conveniente que se faculte a la Comisión a declarar, mediante reglamentos, en aquellos ámbitos en los que cuente con una experiencia suficiente para definir criterios generales de compatibilidad, que determinadas categorías específicas de ayudas son compatibles con el mercado interior en virtud de una o varias de las disposiciones del artículo 107, apartados 2 y 3, del TFUE y quedan exentas del procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 3, del TFUE.

(5)

Los reglamentos de exención por categorías aseguran una mayor transparencia y seguridad jurídica. Dichos reglamentos pueden ser aplicados directamente por los tribunales nacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea y en el artículo 267 del TFUE.

(6)

La ayuda de Estado es un concepto objetivo definido en el artículo 107, apartado 1, del TFUE. El poder de la Comisión de adoptar exenciones por categorías previsto en el presente Reglamento se aplica solamente a las medidas que reúnen todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del TFUE y que son, por lo tanto, ayudas estatales. La inclusión de una categoría determinada de ayuda en el presente Reglamento o en un Reglamento de exención, no predetermina la caracterización de una medida como ayuda de Estado en la acepción del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(7)

La Comisión debe ser facultada para declarar que, con determinadas condiciones, las ayudas en favor de las pequeñas y medianas empresas, la investigación, el desarrollo y la innovación, la protección del medio ambiente, del empleo y de la formación, y las ayudas que se ajusten al mapa aprobado por la Comisión para cada Estado miembro a efectos de la concesión de ayudas regionales son compatibles con el mercado interior y no están sujetas a la obligación de notificación.

(8)

La innovación se ha convertido en una prioridad política de la Unión en el contexto de la Unión por la innovación, una de las iniciativas emblemáticas de Europa 2020. Además, muchas medidas de ayuda a la innovación son relativamente pequeñas y no provocan grandes falseamientos de la competencia.

(9)

En el ámbito de la cultura y la conservación del patrimonio, existe una serie de medidas adoptadas por los Estados miembros que pueden no constituir ayuda de Estado al no cumplir todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del TFUE, por ejemplo por no desarrollar su beneficiario una actividad económica, o porque no surte efectos en el comercio entre los Estados miembros. No obstante, por cuanto las medidas en el ámbito de la cultura y la conservación del patrimonio no son ayudas estatales en la acepción del artículo 107, apartado 1, del TFUE, la Comisión deber ser facultada para declarar, bajo ciertas condiciones que, la ayuda es compatible con el mercado interior y no está sujeta a la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del TFUE. Sin embargo, los pequeños proyectos en el ámbito de la cultura, la creación y la conservación del patrimonio, incluso cuando son ejecutados por grandes empresas, no suelen dar lugar a ningún falseamiento significativo, y algunos casos recientes han demostrado que dicha ayuda tiene efectos limitados sobre el comercio.

(10)

Las excepciones en el ámbito de la cultura y la conservación del patrimonio pueden concebirse sobre la base de la experiencia de la Comisión establecida en directrices, como para las obras cinematográficas y audiovisuales, o desarrollarse por medio de casos específicos. A la hora de elaborar estas exenciones por categorías, la Comisión debe tener en cuenta que únicamente deberían incluir medidas que constituyan ayudas estatales, que, en principio, deben centrarse en medidas que contribuyan a los objetivos de la «Modernización de las ayudas estatales en la UE», y que únicamente están exentas por categorías las ayudas en relación con las cuales la Comisión ya tenga una experiencia importante. Por otra parte, se debe tener en cuenta la competencia principal de los Estados miembros en el ámbito de la cultura, la protección especial de que goza la diversidad cultural en virtud del artículo 167, apartado 1, del TFUE y el carácter especial de la cultura.

(11)

En lo que respecta a las ayudas estatales destinadas a reparar los daños causados por las catástrofes naturales así como las ayudas estatales destinadas a reparar los daños causados por ciertas condiciones atmosféricas adversas en la pesca los importes que se conceden en dichos sectores suelen ser limitados y pueden establecerse condiciones claras de compatibilidad. El presente Reglamento faculta a la Comisión a eximir de la obligación de notificar tales ayudas. Según la experiencia de la Comisión, esas ayudas no dan lugar a ningún falseamiento significativo y, sobre la base de la experiencia adquirida, pueden definirse condiciones claras de compatibilidad.

(12)

De conformidad con el artículo 42 del TFUE, las normas sobre ayudas estatales no se aplican, bajo ciertas condiciones, a determinadas medidas de ayuda en favor de los productos agrícolas enumerados en el anexo I del TFUE. El artículo 42 no es aplicable al sector forestal y a los productos no incluidos en dicho anexo. La Comisión debe estar facultada para eximir a determinados tipos de ayudas en favor del sector forestal, incluida la ayuda en los programas de desarrollo rural así como las ayudas en favor de la promoción y la publicidad de los productos del sector alimentario no incluidos en el anexo I del TFUE si la experiencia de la Comisión pone de manifiesto que los falseamientos de la competencia son limitados y que pueden establecerse condiciones claras de compatibilidad.

(13)

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo (4), los artículos 107, 108 y 109 del TFUE serán aplicables a las ayudas concedidas por los Estados miembros a las empresas del sector pesquero, a excepción de los pagos efectuados por los Estados miembros de conformidad con el Reglamento (CE) no 1198/2006 y en virtud de lo dispuesto en el mismo. Las ayudas estatales suplementarias para la conservación de los recursos biológicos marinos y de agua dulce suelen tener efectos limitados en el comercio entre los Estados miembros, contribuyen a los objetivos de la Unión en el ámbito de la política marítima y de pesca, y no provocan falseamientos graves de la competencia. Los importes concedidos suelen ser limitados y pueden establecerse condiciones claras de compatibilidad.

(14)

En el sector del deporte y, en particular, en el ámbito del deporte no profesional, existe una serie de medidas adoptadas por los Estados miembros que pueden no constituir ayuda de Estado al no cumplir todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del TFUE, por ejemplo por no desarrollar su beneficiario una actividad económica, o porque no surte efectos en el comercio entre los Estados miembros. No obstante, por cuanto las medidas en el ámbito de los deportes no son ayudas estatales, en la acepción del artículo 107, apartado 1, del TFUE, la Comisión debe estar facultada para declarar que, bajo ciertas condiciones, la ayuda es compatible con el mercado interior y no está sujeta a la obligación de notificación. Las medidas de ayuda estatal para el deporte, y en particular las del ámbito del deporte no profesional o en pequeña escala, suelen tener efectos limitados en el comercio entre los Estados miembros, y no falsean gravemente la competencia. Los importes concedidos suelen ser también limitados. Sobre la base de la experiencia adquirida, pueden establecerse condiciones claras de compatibilidad, con el fin de garantizar que la ayuda al deporte no da lugar a ningún falseamiento de la competencia significativo.

(15)

Por lo que se refiere a la ayuda al transporte aéreo y marítimo, la experiencia de la Comisión indica que la ayuda de carácter social para el transporte de residentes en regiones alejadas, como las regiones ultraperiféricas y las islas, incluidos los Estados miembros insulares de una sola región y zonas de baja densidad demográfica, no dan lugar a ningún falseamiento significativo siempre que se otorguen sin discriminaciones basadas en la identidad del transportista. Además, pueden establecerse condiciones claras de compatibilidad.

(16)

En el ámbito de las ayudas a las infraestructuras de banda ancha, la Comisión ha adquirido en los últimos años una amplia experiencia y ha elaborado directrices (5). Según la experiencia de la Comisión, las ayudas a determinados tipos de infraestructuras de banda ancha no origina falseamientos importantes y podrían disfrutar de una exención por categorías, siempre que se cumplan determinadas condiciones de compatibilidad y que la infraestructura se despliegue en «zonas blancas», es decir en zonas en las que no hay infraestructura de la misma categoría (sea de banda ancha o para redes de acceso de muy alta velocidad de próxima generación «NGA») ni es probable que este tipo de infraestructura se desarrolle en un futuro próximo, tal como se esboza en los criterios desarrollados en las directrices. Este es el caso de las ayudas destinadas al suministro de banda ancha básica, de las pequeñas medidas de ayuda individuales para las NGA y las ayudas a las obras de ingeniería civil relacionadas con la banda ancha y de las infraestructuras de banda ancha pasiva.

(17)

En cuanto a la infraestructura, una serie de medidas adoptadas por los Estados miembros no puede constituir una ayuda estatal, ya que no cumplen todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del TFUE, por ejemplo, porque el beneficiario no realiza una actividad económica o porque no tiene ningún efecto en el comercio entre Estados miembros, o porque la medida consiste en una compensación por un servicio de interés económico general que cumple con todos los criterios de la jurisprudencia Altmark (6). Sin embargo, en la medida en que la financiación de infraestructuras constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE, la Comisión debe estar facultada para declarar que, bajo ciertas condiciones, la ayuda es compatible con el mercado interior y no está sujeta a la obligación de notificación. Con respecto a la infraestructura, las ayudas de pequeña cuantía a proyectos de infraestructura pueden constituir una manera eficaz de apoyar los objetivos de la Unión en la medida en que la ayuda disminuya los costes y el potencial de falseamiento de la competencia sea escaso. Por ello, la Comisión debe poder eximir la ayuda de Estado a proyectos de infraestructura que redunden en apoyo de los objetivos citados en el presente Reglamento, y de otros objetivos de interés común, particularmente los objetivos de Europa 2020 (7). Esto podría incluir apoyo a proyectos que impliquen redes o instalaciones multisectoriales cuando sean necesarias ayudas de relativamente pequeña cuantía. No obstante, las exenciones por categorías solo podrán concederse a los proyectos de infraestructuras respecto de los que la Comisión tenga una experiencia suficiente como para definir criterios de compatibilidad claros y estrictos que garanticen que el riesgo de posible falseamiento de la competencia sea mínimo y que una gran cantidad de ayuda siga sujeta a notificación en virtud del artículo 108, apartado 3, del TFUE.

(18)

Al adoptar reglamentos por los que se exima a determinadas categorías de ayudas de la obligación de notificación contenida en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, conviene que la Comisión especifique la finalidad de la ayuda y las categorías de beneficiarios y fije umbrales por los que se determine la intensidad máxima en relación con el conjunto de costes subvencionables o la cuantía máxima de las ayudas exentas, las condiciones relativas a la acumulación de ayudas así como las condiciones de control, a fin de garantizar la compatibilidad de las ayudas contempladas en el presente Reglamento con el mercado interior.

(19)

Los umbrales de cada categoría de ayuda respecto a la cual la Comisión adopta un reglamento de exención por categorías se pueden expresar en términos de intensidad de la ayuda con respecto a un conjunto de costes subvencionables o de cuantías máximas. Por otra parte, la Comisión debe estar facultada para adoptar exenciones por categorías para determinados tipos de medidas que incluyen ayudas estatales que, debido a la manera específica en que se han diseñado, no pueden expresarse con precisión en términos de intensidades o de cuantías máximas de ayuda, por ejemplo, los instrumentos de ingeniería financiera o ciertas formas de medidas destinadas a promover el capital riesgo. Unas medidas tan complejas pueden implicar ayudas a diferentes niveles (beneficiarios directos, intermedios e indirectos). Dada la creciente importancia de estas medidas y de su contribución a los objetivos de la Unión, se deberían poder eximir por categorías. Por ello, deberían poderse definir, en el caso de tales medidas, los umbrales para una concesión de ayuda en particular en términos de nivel máximo de apoyo del Estado en dicha medida o en relación con la misma. El nivel máximo de apoyo del Estado podrá incluir un elemento de apoyo que no podrá ser ayuda de Estado, siempre que la medida incluya al menos algunos elementos que contengan una ayuda de Estado en la acepción del artículo 107, apartado 1, del TFUE y que no sean elementos marginales.

(20)

Puede resultar útil fijar umbrales u otras condiciones pertinentes en las que se exija la notificación de los diversos casos concretos de concesión de ayuda, a fin de permitir a la Comisión examinar individualmente la incidencia de ciertas ayudas en la competencia y los intercambios entre Estados miembros y su compatibilidad con el mercado interior.

(21)

Procede autorizar a la Comisión para que, al adoptar reglamentos por los que se exima a determinadas categorías de ayudas de la obligación de notificación prevista en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, fije requisitos adicionales para garantizar la compatibilidad de las ayudas contempladas en el presente Reglamento con el mercado interior.

(22)

A la luz del desarrollo y el funcionamiento del mercado interior, la Comisión debe estar facultada para declarar, mediante reglamento, que determinadas ayudas no cumplen todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del TFUE y quedan, por tanto, excluidas del procedimiento de notificación previsto en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, siempre que la ayuda concedida a una misma empresa durante un período dado no exceda de un determinado importe.

(23)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, apartado 1, del TFUE, la Comisión tiene el deber de examinar permanentemente, con los Estados miembros, todos los regímenes de ayudas existentes. A tal fin y con vistas a lograr el mayor grado posible de transparencia y un control adecuado, resulta oportuno que la Comisión garantice el establecimiento de un sistema fiable para registrar y compilar información sobre la aplicación de los reglamentos de la Comisión al que todos los Estados miembros tengan acceso, y que, para cumplir con esta obligación, reciba de los Estados miembros toda la información necesaria sobre la concesión de ayudas exentas de notificación, que podrá ser debatida y evaluada con los Estados miembros en el seno de un Comité consultivo de ayudas estatales. A tal fin, conviene también que la Comisión pueda solicitar cuanta información sea necesaria para garantizar la eficacia de dicho examen.

(24)

Los Estados miembros deben facilitar resúmenes de la información relativa a las ayudas que hayan ejecutado que estén cubiertas por un reglamento de exención. La publicación de dichos resúmenes es necesaria para garantizar la transparencia de las medidas adoptadas por los Estados miembros. Teniendo en cuenta el desarrollo de los medios electrónicos de comunicación, la publicación de esos resúmenes en el sitio internet de la Comisión es un medio igual de rápido y efectivo, que asegura la transparencia en beneficio de los terceros interesados. Por consiguiente, dichos resúmenes deberían publicarse en el sitio internet de la Comisión.

(25)

El control de la concesión de ayudas entraña una serie de consideraciones de hecho, jurídicas y económicas de una gran complejidad y diversidad en un entorno en constante evolución. La Comisión debe, por tanto, revisar con regularidad las categorías de ayudas que deben quedar exentas de notificación. La Comisión debe tener la posibilidad de derogar o modificar los reglamentos por ella adoptados en virtud del presente Reglamento, cuando alguna de las circunstancias fundamentales que hayan motivado su adopción haya cambiado o cuando el desarrollo progresivo o el funcionamiento del mercado interior así lo exija.

(26)

La Comisión, en estrecha y constante concertación con los Estados miembros, debe estar en condiciones de definir con precisión el alcance de los mencionados reglamentos y los requisitos que llevan aparejados. Para establecer una cooperación entre la Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros, procede crear un Comité consultivo de ayudas estatales al que se consultará antes de que la Comisión adopte reglamentos sobre la base del presente Reglamento.

(27)

Los proyectos de reglamento y los demás documentos que debe examinar el Comité consultivo de ayudas estatales, tal como se prevé en el presente Reglamento, deben publicarse en el sitio internet de la Comisión para garantizar transparencia.

(28)

El Comité consultivo de ayudas estatales debe ser consultado antes de publicar un proyecto de reglamento. No obstante, en aras de la transparencia, el proyecto de reglamento debe publicarse en el sitio internet de la Comisión al mismo tiempo que la Comisión consulta por primera vez al Comité consultivo.

a)

las ayudas en favor de:

b)

las ayudas que se ajusten al mapa aprobado por la Comisión para cada Estado miembro a efectos de la concesión de ayudas regionales.

a)

la finalidad de la ayuda;

b)

las categorías de beneficiarios;

c)

los umbrales aplicables, expresados en términos de intensidad de la ayuda con respecto a un conjunto de costes admisibles, de cuantías máximas o, para determinados tipos de ayuda cuya intensidad o cuantía pueda ser difícil determinar con precisión, en particular los instrumentos de ingeniería financiera o inversiones de capital riesgo, o los de semejante naturaleza, en cuanto a nivel máximo de ayuda estatal en dicha medida o en relación con la misma, sin perjuicio de la categorización de la medidas de que se trate con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE;

d)

las condiciones relativas a la acumulación de ayudas;

e)

las condiciones de control tal como se especifica en el artículo 3.

a)

fijar umbrales u otras condiciones para la notificación de los casos de concesión de ayudas individuales;

b)

excluir determinados sectores de su ámbito de aplicación;

c)

establecer condiciones suplementarias relativas a la compatibilidad de las ayudas exentas de conformidad con dichos reglamentos.

a)

coincidiendo con la publicación de cualquier proyecto de reglamento, de conformidad con el artículo 6;

b)

antes de adoptar un reglamento.

24.9.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 248/9

(1)

El Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo (2) ha sido modificado en varias ocasiones (3) y de forma sustancial. Conviene, en aras de la claridad y la racionalidad, proceder a la codificación de dicho Reglamento.

(2)

Sin perjuicio de las normas de procedimiento especiales establecidas en algunos reglamentos para determinados sectores, el presente Reglamento debería aplicarse a todos los sectores. A efectos de la aplicación de los artículos 93 y 107 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Comisión tiene, en virtud del artículo 108 del mismo, una competencia específica para decidir sobre la compatibilidad de las ayudas estatales con el mercado interior cuando examine los regímenes de ayudas existentes, cuando adopte decisiones referentes a ayudas nuevas o modificadas y cuando inicie una acción relacionada con la inobservancia de sus decisiones o del requisito de notificación.

(3)

En el contexto de un sistema modernizado de las normas sobre ayudas estatales para contribuir tanto a la aplicación de la estrategia Europa 2020 para el crecimiento como al saneamiento presupuestario, el artículo 107 del TFUE debe aplicarse eficaz y uniformemente en toda la Unión. El Reglamento (CE) no 659/1999 consolidó y reforzó la práctica previa de la Comisión de incrementar la seguridad jurídica y apoyar el desarrollo de la política de ayudas estatales en un entorno transparente.

(4)

Para garantizar la seguridad jurídica procede que se definan las circunstancias en que la ayuda debe considerarse ayuda existente. La consecución e intensificación del mercado interior es un proceso gradual, que se refleja en el desarrollo permanente de la política de ayudas estatales. Como consecuencia de dicha evolución, determinadas medidas, que en el momento de su aplicación no constituían ayudas estatales, han podido pasar a ser ayudas.

(5)

A tenor del artículo 108, apartado 3, del TFUE, todos los proyectos dirigidos a conceder nuevas ayudas deben notificarse a la Comisión y no pueden ser ejecutados antes de que la Comisión lo autorice.

(6)

De conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), los Estados miembros tienen la obligación de cooperar con la Comisión y de suministrarle toda la información que esta necesite para el desempeño de sus funciones en el marco del presente Reglamento.

(7)

El período de que dispone la Comisión para la conclusión del examen preliminar de las ayudas notificadas debe establecerse en dos meses a partir de la fecha de recepción de la notificación completa o de una declaración debidamente motivada del Estado miembro interesado en la que señala que la notificación es completa, ya sea porque no dispone de la información adicional solicitada por la Comisión o porque aquella ya haya sido facilitada. Por razones de seguridad jurídica, dicho examen debe concluir con una decisión.

(8)

En todos aquellos casos en los que, como fruto del examen preliminar, la Comisión no pueda declarar la compatibilidad de una ayuda con el mercado interior, debe iniciarse el procedimiento de investigación formal con objeto de que la Comisión pueda obtener toda la información necesaria para valorar la compatibilidad de la ayuda y de permitir a las partes interesadas presentar sus observaciones. El procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE constituye el mejor medio de proteger los derechos de las partes interesadas.

(9)

Con el fin de evaluar la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas estatales notificadas o ilegales, sobre la cual la Comisión tiene competencia exclusiva a tenor del artículo 108 del TFUE, es conveniente garantizar que la Comisión esté facultada, a efectos de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales, para solicitar toda la información de mercado necesaria de cualquier Estado miembro, empresa o asociación de empresas si tiene dudas sobre la compatibilidad de la medida en cuestión con las normas de la Unión y por ello ha iniciado un procedimiento de investigación formal. En particular, la Comisión debe hacer uso de esta facultad en aquellos casos en que resulte necesaria una evaluación sustancial compleja. Al decidir si hace uso de esta facultad, la Comisión debe tener debidamente en cuenta la duración del examen preliminar.

(10)

Para evaluar la compatibilidad de una medida de ayuda tras la incoación del procedimiento de investigación formal, en particular en lo que respecta a casos técnicamente complejos sujetos a una evaluación sustancial, la Comisión debe tener capacidad, mediante simple petición o mediante una decisión, de solicitar a cualquier Estado miembro, empresa o asociación de empresas que le entregue toda la información de mercado necesaria para completar su evaluación, si la información facilitada por el Estado miembro en el curso del examen preliminar no es suficiente, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

(11)

Habida cuenta de las relaciones especiales entre los beneficiarios de la ayuda y los Estados miembros en cuestión, la Comisión solo debe poder solicitar información a un beneficiario de la ayuda de acuerdo con el Estado miembro interesado. La comunicación de información por el beneficiario de la medida de ayuda en cuestión no constituye una base jurídica para negociaciones bilaterales entre la Comisión y el beneficiario en cuestión.

(12)

La Comisión debe seleccionar a los destinatarios de las solicitudes de información basándose en criterios objetivos en función de cada caso, pero garantizando al mismo tiempo que la solicitud se envía a un muestreo de empresas y asociaciones de empresas, de modo que la colección de respuestas recibidas sea representativa de cada categoría. La información solicitada debe consistir concretamente en datos fácticos de la sociedad y el mercado y análisis basados en hechos del funcionamiento del mercado.

(13)

La Comisión, como iniciadora del procedimiento, debe ser responsable de comprobar tanto la transmisión de información por parte de los Estados miembros, las empresas o las asociaciones de empresas, así como la confidencialidad invocada para su divulgación.

(14)

La Comisión debe poder garantizar el cumplimiento de las solicitudes de información destinadas a empresas o asociaciones de empresas, cuando proceda, mediante multas y multas coercitivas proporcionadas. Al establecer los importes de las multas y multas coercitivas, la Comisión debe tener debidamente en cuenta los principios de proporcionalidad y oportunidad, en particular con respecto a las pequeñas y medianas empresas. Deben protegerse los derechos de las partes a las que se les haya solicitado información dándoles la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista antes de cualquier decisión que les imponga multas sancionadoras o multas coercitivas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe gozar de competencia jurisdiccional plena respecto a dichas multas o multas coercitivas a tenor del artículo 261 del TFUE.

(15)

Teniendo debidamente en cuenta los principios de proporcionalidad y oportunidad, la Comisión debe poder reducir el importe de las multas coercitivas o eximir totalmente de su pago, cuando los destinatarios de las solicitudes de información faciliten la información solicitada, incluso una vez expirado el plazo.

(16)

Las multas y las multas coercitivas no son de aplicación a los Estados miembros, ya que estos tienen la obligación de cooperar lealmente con la Comisión, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del TUE, y de facilitarle toda la información que la Comisión necesite para el desempeño de sus funciones en el marco del presente Reglamento.

(17)

Tras haber analizado las observaciones presentadas por las partes interesadas, la Comisión debe concluir su examen mediante una decisión final tan pronto como se disipen las dudas existentes. En el caso de que no se concluya el examen en un plazo de 18 meses a partir del inicio del procedimiento, procede que el Estado miembro interesado tenga la oportunidad de solicitar una decisión, que la Comisión deberá adoptar en el plazo de dos meses.

(18)

Para salvaguardar los derechos de defensa del Estado miembro interesado, deben suministrar copia de las solicitudes de información enviadas a otros Estados miembros, empresas o asociaciones de empresas y poder presentar sus observaciones sobre los comentarios recibidos. Se les comunicará además el nombre de las empresas y asociaciones de empresas solicitadas, y en qué medida estas entidades no han mostrado un interés legítimo en que se proteja su identidad.

(19)

La Comisión debe tener debidamente en cuenta los intereses legítimos de las empresas respecto a la protección de sus secretos comerciales. La Comisión no podrá utilizar información confidencial que le hayan facilitado en las respuestas que no pueda agregarse o convertirse en anónima en ninguna decisión, salvo que haya obtenido previamente su autorización para poder revelarla al Estado miembro afectado.

(20)

Para los casos en los que esa información clasificada como confidencial no parezca estar amparada por el secreto profesional, es conveniente disponer de un mecanismo según el cual la Comisión pueda decidir en qué medida esa información puede revelarse. Todas las decisiones por las que no se acepte una denuncia de que esa información es confidencial deben indicar un período al término del cual la información se hará pública, de forma que los terceros interesados puedan hacer uso de la protección judicial de que dispongan, incluidas las medidas provisionales.

(21)

Con objeto de garantizar la aplicación correcta y eficaz de las normas sobre ayudas estatales, la Comisión debe tener la oportunidad de revocar una decisión cuando esta estuviera basada en una información incorrecta.

(22)

Con objeto de garantizar la observancia del artículo 108 del TFUE y, en particular, de la obligación de notificación y de la cláusula de efecto suspensivo de la ayuda contempladas en el apartado 3 de dicho artículo, la Comisión debe examinar todos los casos de ayuda ilegal. En aras de la transparencia y seguridad jurídica, es necesario establecer los procedimientos aplicables en dichos casos. Cuando un Estado miembro no haya respetado la obligación de notificación o la cláusula de efecto suspensivo, la Comisión no debe estar sujeta a plazo alguno.

(23)

La Comisión debe poder, por propia iniciativa, examinar información sobre ayuda ilegal, cualquiera que sea la fuente, con objeto de garantizar la observancia del artículo 108 del TFUE y, en particular, de la obligación de notificación y de la cláusula de efecto suspensivo establecida en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, y evaluar su compatibilidad con el mercado interior.

(24)

En casos de ayuda ilegal, la Comisión debe poder obtener toda la información necesaria para adoptar una decisión y para restablecer inmediatamente, cuando sea pertinente, una situación de competencia sin falseamiento. Conviene, por lo tanto, facultar a la Comisión para que adopte medidas provisionales dirigidas al Estado miembro interesado. Estas medidas provisionales pueden consistir en requerimientos de información, de suspensión o de recuperación de la ayuda. En caso de que se desatienda un requerimiento de información, la Comisión debe estar facultada para pronunciarse con arreglo a la información disponible y, en caso de que se desatiendan los requerimientos de suspensión o de recuperación, debe poder recurrir directamente al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 108, apartado 2, párrafo segundo, del TFUE.

(25)

En caso de ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, debe restablecerse la competencia efectiva. Para ello es necesario que la ayuda, con sus correspondientes intereses, se recupere sin demora. Conviene que dicha recuperación se efectúe con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional. La aplicación de estos procedimientos no debe, impidiendo la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión, entorpecer el restablecimiento de la competencia efectiva. Para lograr este resultado, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que la decisión de la Comisión surta efecto.

(26)

Por razones de seguridad jurídica procede establecer un plazo de prescripción de diez años para las concesiones de ayuda ilegal, al cabo del cual no pueda ordenarse su recuperación.

(27)

Por razones de seguridad jurídica, es conveniente establecer plazos de prescripción para la imposición y ejecución de multas y multas coercitivas.

(28)

La aplicación abusiva de la ayuda puede producir efectos en el funcionamiento del mercado interior similares a los de la ayuda ilegal y que, por consiguiente, debe estar sujeta a procedimientos similares. A diferencia de la ayuda ilegal, la ayuda que ha podido ser aplicada de forma abusiva es una ayuda autorizada previamente por la Comisión. Por lo tanto, la Comisión no debe estar facultada para instar mediante requerimiento la recuperación de la ayuda aplicada de forma abusiva.

(29)

A tenor del artículo 108, apartado 1, del TFUE, la Comisión está obligada, en cooperación con los Estados miembros, a examinar permanentemente todos los regímenes de ayudas existentes. En aras de la transparencia y la seguridad jurídica, conviene determinar el alcance de la cooperación a que se refiere dicho artículo.

(30)

Con objeto de garantizar la compatibilidad de los regímenes de ayudas existentes con el mercado interior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, apartado 1, del TFUE, la Comisión debe proponer medidas apropiadas cuando un régimen de ayudas existente no sea o haya dejado de ser compatible con el mercado interior y debe iniciar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE si el Estado miembro de que se trate rehúsa aplicar las medidas propuestas.

(31)

Es oportuno establecer en el Reglamento todas las posibilidades que se brindan a terceros para defender sus intereses en los procedimientos de ayudas estatales.

(32)

Las denuncias son una fuente esencial de información para detectar las infracciones de las reglas de la Unión en materia de ayudas estatales. Para asegurar la calidad de las denuncias presentadas a la Comisión y al mismo tiempo la transparencia y la seguridad jurídica, es conveniente establecer las condiciones que deben cumplir los denunciantes para poner a disposición de la Comisión información relativa a la supuesta ayuda ilegal y de esta forma poner en marcha el examen preliminar. Las solicitudes que no cumplan estas condiciones deben considerarse información general de mercado y no deben acarrear necesariamente investigaciones de oficio.

(33)

Se debe pedir a los denunciantes que demuestren que son partes interesadas a tenor del artículo 108, apartado 2, del TFUE y del artículo 1, letra h), del presente Reglamento. Se les debe exigir también que entreguen cierta cantidad de información de forma que la Comisión disponga de competencia para establecer una disposición de aplicación. Con objeto de no desmotivar a los posibles denunciantes, las disposiciones de aplicación deben tener en cuenta que las exigencias a la parte interesada para que presente una denuncia no representen una carga excesiva.

(34)

Con el fin de garantizar que la Comisión trata cuestiones similares con coherencia en todo el mercado interior, procede proporcionar una base jurídica específica para iniciar investigaciones en sectores de la economía o en ciertos instrumentos de ayuda a través de varios Estados miembros. Por razones de proporcionalidad, y habida cuenta de la gran carga administrativa impuesta por estas investigaciones, solo deben realizarse estudios sectoriales cuando la información disponible confirme la sospecha razonable de que las medidas de ayuda estatales en un sector particular pueden restringir considerablemente o distorsionar la competencia en el mercado interior en varios Estados miembros, o que medidas de ayuda estatal existentes en un sector concreto en varios Estados miembros no son compatibles con el mercado interior, o han dejado de serlo. Estos estudios permitirán a la Comisión actuar de manera eficaz y transparente en lo relativo a las ayudas estatales horizontales y obtener una visión previa global del sector de que se trate.

(35)

Con objeto de que la Comisión pueda controlar eficazmente la observancia de sus decisiones y de facilitar la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros a fin de examinar permanentemente todos los regímenes de ayudas existentes en los Estados miembros, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 108, apartado 1, del TFUE, es necesario establecer la obligación general de presentar informes referentes a todos los regímenes de ayuda existentes.

(36)

Cuando la Comisión tenga serias dudas respecto de la observancia de sus decisiones, debe poder disponer de otros instrumentos adicionales que le permitan obtener la información necesaria para cerciorarse de que sus decisiones están siendo debidamente observadas. A este fin, las visitas de control in situ resultan ser un instrumento útil y adecuado, en particular para los casos de aplicación abusiva de la ayuda. Por tanto, la Comisión debe estar facultada para llevar a cabo visitas de control in situ y debe contar con la colaboración de las autoridades competentes de los Estados miembros cuando una empresa se oponga a dicha visita.

(37)

La aplicación coherente de las normas sobre ayudas estatales requiere la instauración de mecanismos de cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y la Comisión. Esta cooperación es válida para todos los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que aplican el artículo 107, apartado 1, y el artículo 108 del TFUE, en todos los contextos. En particular, conviene que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan solicitar a la Comisión información o dictámenes sobre aspectos de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales. Por otra parte, también debe dotarse a la Comisión de la facultad para presentar observaciones escritas u orales ante los órganos jurisdiccionales instados a aplicar el artículo 107, apartado 1, o el artículo 108 del TFUE. Al asistir a este respecto a los órganos jurisdiccionales nacionales, la Comisión debe actuar de conformidad con su deber de defensa del interés público.

(38)

Las observaciones y opiniones de la Comisión deben entenderse sin perjuicio del artículo 267 del TFUE y no vinculan jurídicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales. Las mismas deben presentarse en el marco de las normas y prácticas procesales nacionales, incluidas las de salvaguardia de los derechos de las partes, en pleno respeto de la independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales. Las observaciones presentadas por la Comisión por propia iniciativa se limitarán a los casos que sean importantes para la aplicación coherente del artículo 107, apartado 1, o del artículo 108 del TFUE, en particular los casos que sean significativos para la ejecución o la evolución de la jurisprudencia de la Unión en materia de ayudas estatales.

(39)

En aras de la transparencia y de la seguridad jurídica, conviene que se de publicidad a las decisiones de la Comisión, al tiempo que se respeta el principio según el cual las decisiones en asuntos de ayudas estatales están dirigidas al Estado miembro interesado. Por consiguiente, es conveniente publicar, en su integridad o de forma resumida, todas las decisiones que puedan afectar a las partes interesadas o poner a disposición de dichas partes copias de las decisiones, cuando estas no se hayan publicado íntegramente.

(40)

La Comisión, al publicar sus decisiones, debe respetar las normas relativas al secreto profesional, incluida la protección de toda información confidencial y datos de carácter personal, de conformidad con el artículo 339 del TFUE.

(41)

La Comisión, en estrecha relación con el Comité consultivo de ayudas estatales, debe poder adoptar disposiciones de aplicación que establezcan normas detalladas relativas al los procedimientos en virtud del presente Reglamento.

i)

sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 144 y 172 del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia, en el punto 3 y el apéndice del anexo IV del Acta de Adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, en el punto 2 y el punto 3, letra b), y el apéndice del anexo V del Acta de Adhesión de Bulgaria y Rumanía, y en el punto 2 y el punto 3, letra b), y el apéndice del anexo IV del Acta de Adhesión de Croacia, toda ayuda que existiese antes de la entrada en vigor del TFUE en el Estado miembro respectivo, es decir, los regímenes de ayuda y las ayudas individuales que se hubieran llevado a efecto con anterioridad a la entrada en vigor del TFUE en el Estado miembro respectivo y sigan siendo aplicables con posterioridad a la misma,

ii)

la ayuda autorizada, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales autorizados por la Comisión o por el Consejo,

iii)

la ayuda que deba considerarse que ha sido autorizada con arreglo al artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) no 659/1999 o con anterioridad al Reglamento (CE) no 659/1999 pero de conformidad con este procedimiento,

iv)

la ayuda considerada como ayuda existente con arreglo al artículo 17 del presente Reglamento,

v)

la ayuda considerada como ayuda existente al poder acreditarse que en el momento en que se llevó a efecto no constituía una ayuda, y que posteriormente pasó a ser una ayuda debido a la evolución del mercado interior y sin haber sido modificada por el Estado miembro. Cuando determinadas medidas pasen a ser ayudas tras la liberalización de una determinada actividad por la legislación de la Unión, dichas medidas no se considerarán como ayudas existentes tras la fecha fijada para la liberalización;

a)

si se limita a procesos de investigación formal que hayan sido identificadas por la Comisión como ineficaces hasta la fecha, y

b)

en lo que se refiere a los beneficiarios de la ayuda, si el Estado miembro interesado acepta la solicitud.

a)

faciliten información incorrecta o engañosa en respuesta a una solicitud presentada en aplicación del artículo 7, apartado 6;

b)

faciliten información incorrecta, incompleta o engañosa en respuesta a una solicitud cursada mediante decisión adoptada conforme al artículo 7, apartado 7, o no faciliten la información en el plazo fijado.

a)

que de acuerdo con una práctica establecida no existan dudas sobre el carácter de ayuda de la medida de que se trate;

b)

que sea urgente actuar;

c)

que exista un grave riesgo de causar un perjuicio considerable e irreparable a un competidor.

a)

por la notificación de una decisión que modifique el importe inicial de la multa o de la multa coercitiva o que rechace una solicitud tendente a obtener tal modificación;

b)

por cualquier acción de un Estado miembro, que actúe a instancia de la Comisión, o de la Comisión y esté destinado a la recaudación por vía ejecutiva de la multa o de la multa coercitiva.

a)

dure el plazo concedido para efectuar el pago;

b)

dure la suspensión del cobro por vía ejecutiva en virtud de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

a)

una modificación de fondo del régimen de ayudas, o

b)

la fijación de requisitos de procedimiento, o

c)

la supresión del régimen de ayudas.

a)

acceder a los locales y terrenos de las empresas respectivas;

b)

pedir en las dependencias correspondientes explicaciones verbales;

c)

examinar los libros y otros documentos de la empresa y realizar o exigir copias de los mismos.

a)

la forma, el contenido y otros pormenores de las notificaciones;

b)

la forma, el contenido y otros pormenores de los informes anuales;

c)

la forma, el contenido y otros pormenores de las denuncias presentadas de conformidad con el artículo 12, apartado 1, y con el artículo 24, apartado 2;

d)

los plazos y al cómputo de estos, y

e)

el tipo de interés contemplado en el artículo 16, apartado 2.

24.9.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 248/30

(1)

El Reglamento (UE) 2015/104 del Consejo (2) fija las cuotas para el año 2015.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población citada en el anexo del presente Reglamento por parte de buques que enarbolan pabellón del Estado miembro o que están matriculados en el Estado miembro mencionado en dicho anexo han agotado la cuota asignada para 2015.

(3)

Es necesario, por lo tanto, prohibir las actividades pesqueras dirigidas a esa población.

24.9.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 248/32

(1)

El Reglamento (UE) 2015/104 del Consejo (2) fija las cuotas para el año 2015.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población citada en el anexo del presente Reglamento por parte de buques que enarbolan pabellón del Estado miembro o que están matriculados en el Estado miembro mencionado en dicho anexo han agotado la cuota asignada para 2015.

(3)

Es necesario, por lo tanto, prohibir las actividades pesqueras dirigidas a esa población.

24.9.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 248/34

(1)

El Reglamento (UE) 2015/104 del Consejo (2) fija las cuotas para el año 2015.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población citada en el anexo del presente Reglamento por parte de buques que enarbolan pabellón del Estado miembro o que están matriculados en el Estado miembro mencionado en dicho anexo han agotado la cuota asignada para 2015.

(3)

Es necesario, por lo tanto, prohibir las actividades pesqueras dirigidas a esa población.

24.9.2015   

ES

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L 248/36

(1)

El Reglamento (UE) 2015/104 del Consejo (2) fija las cuotas para el año 2015.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población citada en el anexo del presente Reglamento por parte de buques que enarbolan pabellón del Estado miembro o que están matriculados en el Estado miembro mencionado en dicho anexo han agotado la cuota asignada para 2015.

(3)

Es necesario, por lo tanto, prohibir las actividades pesqueras dirigidas a esa población.

24.9.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 248/38

(1)

De conformidad con el artículo 53, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) no 1151/2012, la Comisión ha examinado la solicitud de Francia con vistas a la aprobación de una modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida «Rocamadour», registrada en virtud del Reglamento (CE) no 38/1999 de la Comisión (2), modificado por el Reglamento (CE) no 939/2008 (3).

(2)

Al tratarse de una modificación que no se considera de menor importancia, en el sentido del artículo 53, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1151/2012, la Comisión ha publicado la solicitud de modificación en el Diario Oficial de la Unión Europea  (4), en aplicación del artículo 50, apartado 2, letra a), del citado Reglamento.

(3)

Dado que no se ha presentado a la Comisión declaración de oposición alguna con arreglo al artículo 51 del Reglamento (UE) no 1151/2012, procede aprobar la modificación del pliego de condiciones.

24.9.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 248/39

(1)

De conformidad con el artículo 53, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) no 1151/2012, la Comisión ha examinado la solicitud de Eslovenia con vistas a la aprobación de una modificación del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida «Zgornjesavinjski želodec», registrada en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 1154/2011 de la Comisión (2).

(2)

Al tratarse de una modificación que no se considera de menor importancia, en el sentido del artículo 53, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1151/2012, la Comisión ha publicado la solicitud de modificación en el Diario Oficial de la Unión Europea  (3), en aplicación del artículo 50, apartado 2, letra a), del citado Reglamento.

(3)

Dado que no se ha presentado a la Comisión declaración de oposición alguna con arreglo al artículo 51 del Reglamento (UE) no 1151/2012, procede aprobar la modificación del pliego de condiciones.

24.9.2015   

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L 248/40

(1)

De conformidad con el artículo 53, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) no 1151/2012, la Comisión ha examinado la solicitud de España con vistas a la aprobación de una modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida «Montes de Toledo», registrada en virtud del Reglamento (CE) no 1187/2000 de la Comisión (2), modificado por el Reglamento (UE) no 593/2010 (3).

(2)

Al tratarse de una modificación que no se considera de menor importancia, en el sentido del artículo 53, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1151/2012, la Comisión ha publicado la solicitud de modificación en el Diario Oficial de la Unión Europea  (4), en aplicación del artículo 50, apartado 2, letra a), del citado Reglamento.

(3)

Dado que no se ha presentado a la Comisión declaración de oposición alguna con arreglo al artículo 51 del Reglamento (UE) no 1151/2012, procede aprobar la modificación del pliego de condiciones.

24.9.2015   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 248/41

(1)

De conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) no 611/2014 de la Comisión (2), el primer período del programa de trabajo trienal de apoyo al sector del aceite de oliva y las aceitunas de mesa referido en el artículo 29, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1308/2013, se inició el 1 de abril de 2015.

(2)

De conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) no 615/2014de la Comisión (3), los Estados miembros deben pagar el primer tramo del anticipo que tiene que abonarse a las organizaciones beneficiarias en el caso del primer año de ejecución de los programas de trabajo aprobados, antes del 31 de mayo de 2015. Tal como se recoge en el artículo 4, apartado 1, de este Reglamento, dichos anticipos están sujetos a la constitución de una garantía por parte de la organización beneficiaria.

(3)

En Grecia, las actuales condiciones económicas y bancarias han paralizado algunos programas de trabajo aprobados, ya que sus organizaciones beneficiarias no fueron capaces de presentar la garantía exigida a su debido tiempo. Por lo tanto, Grecia no pudo pagarles el primer tramo para el 31 de mayo de 2015.

(4)

En vista de esta situación, y con el fin de permitir la ejecución de todos los programas de trabajo aprobados, es necesario establecer una excepción al artículo 3, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) no 615/2014 para permitir que Grecia pague el primer tramo antes del 15 de octubre de 2015.

(5)

En aras de una conveniente aplicación, el presente Reglamento debe aplicar desde el día siguiente al de su publicación.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios.

24.9.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 248/43

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

24.9.2015   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 248/45

(1)

El Reglamento (UE) no 1333/2014 del Banco Central Europeo (BCE/2014/48) (2) exige a los agentes informadores que presenten datos estadísticos que permitan al Sistema Europeo de Bancos Centrales, en el cumplimiento de sus funciones, producir estadísticas sobre las operaciones del mercado monetario.

(2)

Los bancos centrales nacionales recibirán una serie de instrucciones en las que constarán parámetros detallados para la presentación de la información estadística requerida conforme al Reglamento (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48). Como las instrucciones de presentación de la información detallan ciertos términos importantes empleados en dicho reglamento, es preciso que este, por coherencia, incorpore esos detalles.

(3)

Debe modificarse en consecuencia el Reglamento (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48).

24.9.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 248/53

(1)

En virtud de la Decisión 2010/570/UE, Euratom del Consejo (2), el mandato de los actuales miembros del Comité Económico y Social Europeo expira el 20 de septiembre de 2015. Conviene, por tanto, proceder al nombramiento de los miembros de dicho Comité para un período de cinco años a partir del 21 de septiembre de 2015.

(2)

Cada Estado miembro ha sido invitado a presentar al Consejo una lista de candidatos compuesta por representantes de las organizaciones de empresarios, trabajadores y otros sectores representativos de la sociedad civil, en particular de los ámbitos socioeconómico, cívico, profesional y cultural, para su nombramiento como miembros del Comité Económico y Social Europeo.

(3)

La presente Decisión irá seguida en una fecha posterior de una decisión de nombramiento de los miembros cuyos nombres no fueron comunicados al Consejo antes del 8 de septiembre de 2015.

24.9.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 248/80

(1)

De conformidad con el artículo 78, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, si uno o varios Estados miembros se enfrentan a una situación de emergencia caracterizada por una afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo puede adoptar, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, medidas provisionales en beneficio de los Estados miembros afectados.

(2)

De conformidad con el artículo 80 del TFUE, las políticas de la Unión en el ámbito de los controles en las fronteras, el asilo y la inmigración, así como su ejecución, deben regirse por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, y los actos de la Unión adoptados en este ámbito deben incluir medidas apropiadas para la aplicación de este principio.

(3)

La reciente situación de crisis en el Mediterráneo llevó a las instituciones de la Unión a reconocer de inmediato los flujos migratorios excepcionales en esta región y exige medidas concretas de solidaridad para con los Estados miembros de primera línea. En particular, en una reunión conjunta de ministros de Asuntos Exteriores y de Interior celebrada el 20 de abril de 2015, la Comisión presentó un plan de diez puntos con medidas de aplicación inmediata en respuesta a esta crisis, incluido el compromiso de estudiar opciones de un mecanismo de reubicación de emergencia.

(4)

En su reunión del 23 de abril de 2015, el Consejo Europeo decidió, entre otras cosas, reforzar la solidaridad y la responsabilidad internas y se comprometió en particular a aumentar la ayuda de emergencia a los Estados miembros de primera línea y a estudiar opciones para organizar la reubicación de emergencia entre los Estados miembros de manera voluntaria, así como a desplegar equipos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) en los Estados miembros de primera línea para la tramitación conjunta de las solicitudes de protección internacional, incluido el registro y la toma de impresiones dactilares.

(5)

En su Resolución de 28 de abril de 2015, el Parlamento Europeo insistió en la necesidad de que la Unión basara su respuesta a las últimas tragedias acaecidas en el Mediterráneo en la solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades, y de que intensificara sus esfuerzos en este ámbito para apoyar a los Estados miembros que reciben el mayor número de refugiados y solicitantes de protección internacional, en términos absolutos o relativos.

(6)

Además de las medidas que se adopten en el ámbito del asilo, los Estados miembros de primera línea deben redoblar sus esfuerzos para arbitrar medidas que afronten flujos migratorios mixtos en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Dichas medidas deben salvaguardar los derechos de las personas que tienen necesidad de protección internacional y que impidan la migración irregular.

(7)

En su reunión de los días 25 y 26 de junio de 2015, el Consejo Europeo decidió, entre otras cosas, que se avanzara en paralelo en tres dimensiones esenciales: reubicación/reasentamiento, retorno/readmisión/reintegración y cooperación con países de origen y tránsito. El Consejo Europeo acordó en particular, en vista de la actual situación de emergencia y del compromiso de reforzar la solidaridad y la responsabilidad, la reubicación temporal y excepcional durante dos años, desde Italia y Grecia, a otros Estados miembros de 40 000 personas que tienen una necesidad manifiesta de protección internacional, reubicación en la que participarían todos los Estados miembros.

(8)

Las situaciones específicas de los Estados miembros son consecuencia, en particular, de los flujos migratorios en otras regiones geográficas, como la ruta migratoria de los Balcanes Occidentales.

(9)

Varios Estados miembros se enfrentaron a un significativo aumento del número total de migrantes, incluidos solicitantes de protección internacional, llegados a sus territorios en 2014, y algunos siguen haciéndolo en 2015. Varios Estados miembros han recibido ayuda financiera de emergencia de la Comisión y apoyo operativo de la EASO para hacer frente a este aumento.

(10)

Entre los Estados miembros que padecen una considerable presión, y vistos los trágicos acontecimientos acaecidos recientemente en el Mediterráneo, Italia y Grecia en particular han experimentado flujos sin precedentes de migrantes, incluidos solicitantes de protección internacional que tienen una necesidad manifiesta de protección internacional llegados a sus territorios, lo que ejerce una fuerte presión sobre sus sistemas de migración y asilo.

(11)

El 20 de julio de 2015, teniendo en cuenta las situaciones específicas de los Estados miembros, se adoptó por consenso una Resolución de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo acerca de la reubicación desde Grecia e Italia de 40 000 personas con una necesidad manifiesta de protección internacional. Durante un período de dos años se reubicará a 24 000 personas desde Italia y a 16 000 desde Grecia. El 14 de septiembre de 2015, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2015/1523 (2), por la que se establece un mecanismo de reubicación temporal y excepcional, desde Italia y Grecia a otros Estados miembros, de personas que tienen una necesidad manifiesta de protección internacional.

(12)

En los últimos meses ha vuelto a aumentar bruscamente la presión migratoria en las fronteras exteriores terrestres y marítimas meridionales, y los flujos migratorios han seguido desplazándose del Mediterráneo Central al Oriental hacia la ruta de los Balcanes Occidentales, como consecuencia del creciente número de migrantes que llegan a Grecia o vienen de Grecia. En vista de esta situación, deben garantizarse más medidas provisionales para aliviar la presión de la demanda de asilo sobre Italia y Grecia.

(13)

Según los datos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex), la ruta del Mediterráneo Central y Oriental fue la principal zona de cruce irregular de las fronteras de la Unión en los ocho primeros meses de 2015. Desde el comienzo de 2015 han llegado a Italia de forma irregular unos 116 000 migrantes (incluidos unos 10 000 migrantes irregulares que han sido registrados por las autoridades locales, pero que todavía han de ser confirmados con los datos de Frontex). Frontex detectó 34 691 cruces irregulares de las fronteras durante los meses de mayo y junio y 42 356 durante los meses de julio y agosto, lo que supone un incremento del 20 %. Se observó un fuerte aumento en Grecia en 2015, adonde llegaron más de 211 000 migrantes irregulares (incluidos unos 28 000 migrantes irregulares que han sido registrados por las autoridades locales, pero que todavía han de ser confirmados con los datos de Frontex). Frontex detectó 53 624 cruces irregulares de las fronteras durante los meses de mayo y junio de 2015 y 137 000 durante los meses de julio y agosto, lo que supone un incremento del 250 %. Un porcentaje significativo del número total de migrantes irregulares detectados en estas regiones estaba compuesto por personas de nacionalidades que, según los datos de Eurostat, gozan de una elevada tasa de reconocimiento a escala de la Unión.

(14)

Según las cifras de Eurostat y de la EASO, 39 183 personas solicitaron protección internacional en Italia entre enero y julio de 2015, frente a las 30 755 del mismo período en 2014 (un incremento del 27 %). Un aumento similar fue observado en Grecia, con 7 475 solicitantes (un incremento del 30 %).

(15)

Son muchas las medidas que se han tomado hasta la fecha para apoyar a Italia y Grecia en el marco de la política de migración y asilo, como la prestación de una importante ayuda de emergencia y el apoyo operativo de la EASO. Italia y Grecia fueron el segundo y el tercer mayores beneficiarios de los fondos desembolsados durante el período 2007-2013 dentro del programa general «Solidaridad y gestión de los flujos migratorios» (SOLID) y recibieron además una sustancial financiación de emergencia. Italia y Grecia seguirán probablemente siendo los principales beneficiarios del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) en el período 2014-2020.

(16)

Debido a la inestabilidad y a los conflictos en curso en los vecinos inmediatos de Italia y Grecia y a las repercusiones sobre los flujos migratorios en otros Estados miembros, es muy probable que los sistemas de migración y asilo de estos países sigan soportando una importante y creciente presión y que una parte significativa de los migrantes pueda necesitar protección internacional. Esto demuestra la urgente necesidad de mostrar solidaridad con Italia y Grecia y de complementar las acciones adoptadas hasta la fecha para ayudar a estos países con medidas provisionales en el ámbito del asilo y la migración.

(17)

El 22 de septiembre de 2015, el Consejo tomó nota de la voluntad y disposición de los Estados miembros de participar, de conformidad con los principios de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, que rigen la acción de la Unión en materia de asilo y migración, en la reubicación de 120 000 personas que tengan manifiesta necesidad de protección internacional. Por consiguiente, el Consejo decide adoptar la presente Decisión.

(18)

Debe recordarse que la Decisión (UE) 2015/1523 obliga a Italia y a Grecia a proporcionar soluciones estructurales para hacer frente a las presiones excepcionales que sufren sus sistemas de asilo y migración, mediante el establecimiento de un sólido marco estratégico para responder a la situación de crisis e intensificar el proceso de reforma en curso en estos ámbitos. Las hojas de ruta que a tal fin han presentado Italia y Grecia deben actualizarse para tener en cuenta la presente Decisión.

(19)

Teniendo en cuenta que el Consejo Europeo ha acordado un conjunto de medidas interrelacionadas, debe conferirse a la Comisión la competencia de suspender —si procede y tras haber ofrecido al Estado miembro de que se trate la posibilidad de presentar sus puntos de vista— la aplicación de la presente Decisión durante un período de tiempo limitado si Italia o Grecia no respetan sus compromisos a este respecto.

(20)

A partir del 26 de septiembre de 2016, 54 000 solicitantes deben ser reubicados proporcionalmente en otros Estados miembros desde Italia y Grecia. El Consejo y la Comisión deben revisar de forma permanente la situación relativa a los flujos masivos de nacionales de terceros países a los Estados miembros. La Comisión presentará, según proceda, propuestas de modificación de la presente Decisión con el fin de hacer frente a la evolución de la situación sobre el terreno y a su impacto sobre el mecanismo de reubicación, así como a la evolución de la presión sobre los Estados miembros, en particular sobre los Estados miembros de primera línea. Al hacerlo, tendrá en cuenta el punto de vista del Estado miembro probablemente beneficiario.

Si la presente Decisión se modifica en favor de otro Estado miembro, dicho Estado miembro, en la fecha de entrada en vigor de la Decisión del Consejo de modificación correspondiente, debe presentar al Consejo una hoja de ruta que incluya medidas adecuadas en el ámbito del asilo, la primera acogida y el retorno que refuercen la capacidad, la calidad y la eficiencia de su sistema en estos ámbitos, así como medidas para garantizar la adecuada ejecución de la presente Decisión con vistas a poder hacer frente mejor, una vez que la presente Decisión deje de ser aplicable, a un posible aumento de la afluencia de migrantes en su territorio.

(21)

En caso de que un Estado miembro se enfrente a una situación de emergencia similar caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, puede adoptar medidas provisionales en beneficio de dicho Estado miembro, sobre la base del artículo 78, apartado 3, del TFUE. Dichas medidas pueden incluir, si procede, la suspensión de las obligaciones de dicho Estado miembro establecidas en la presente Decisión.

(22)

De conformidad con el artículo 78, apartado 3, del TFUE, las medidas previstas en beneficio de Italia y Grecia deben ser de carácter provisional. Es razonable un plazo de veinticuatro meses con objeto de garantizar que las medidas establecidas en la presente Decisión tengan un impacto real para ayudar a Italia y Grecia a hacer frente a los importantes flujos migratorios en sus territorios.

(23)

Las medidas de reubicación desde Italia y Grecia dispuestas en la presente Decisión implican una excepción temporal a la norma del artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) no 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) según la cual Italia y Grecia habrían tenido que examinar las solicitudes de protección internacional basándose en los criterios establecidos en el capítulo III de dicho Reglamento, así como una excepción temporal a las fases del procedimiento, incluidos los plazos, establecidas en los artículos 21, 22 y 29 de dicho Reglamento. Las demás disposiciones del Reglamento (UE) no 604/2013, incluidas las disposiciones de aplicación establecidas en el Reglamento (CE) no 1560/2003 de la Comisión (4) y en el Reglamento de Ejecución (UE) no 118/2014 de la Comisión (5), siguen siendo aplicables, en especial las normas relativas a la obligación de los Estados miembros que proceden al traslado de afrontar los costes necesarios para trasladar a los solicitantes al Estado miembro de reubicación y las relativas a la cooperación para el traslado entre los Estados miembros, así como a la transmisión de información a través de la red de comunicación electrónica DubliNet. La presente Decisión también supone una excepción al consentimiento del solicitante de protección internacional según el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) no 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(24)

Las medidas de reubicación no dispensan a los Estados miembros de aplicar plenamente el Reglamento (UE) no 604/2013, en particular las disposiciones relativas a la reagrupación familiar, la protección especial de los menores no acompañados y la cláusula discrecional por razones humanitarias.

(25)

Ha sido preciso determinar qué criterios se han de aplicar para decidir qué solicitantes deben ser reubicados desde Italia y Grecia, así como su número, sin perjuicio de las decisiones nacionales sobre las solicitudes de asilo. Se ha establecido un sistema claro y viable basado en el umbral de la tasa media, a escala de la Unión, de las decisiones de concesión de protección internacional en los procedimientos en primera instancia, según la definición de Eurostat, con respecto al número total a escala de la Unión de decisiones sobre solicitudes de protección internacional adoptadas en primera instancia, según las últimas estadísticas disponibles. Por una parte, este umbral debe garantizar, en la mayor medida posible, que todos los solicitantes que tienen una necesidad manifiesta de protección internacional estén en condiciones de disfrutar plena y rápidamente de sus derechos de protección en el Estado miembro de reubicación. Por otra parte, debe impedir, en la medida de lo posible, que los solicitantes a los que probablemente les sea denegada su solicitud sean reubicados en otro Estado miembro y, en consecuencia, prolonguen indebidamente su estancia en la Unión. En la presente Decisión procede utilizar un umbral del 75 %, basado en los últimos datos trimestrales actualizados de Eurostat disponibles sobre las decisiones en primera instancia.

(26)

Las medidas provisionales se destinan a aliviar la fuerte presión en materia de asilo que sufren Italia y Grecia, en particular reubicando a un importante número de solicitantes que tienen una necesidad manifiesta de protección internacional llegados a territorio italiano y griego a partir de la fecha en que sea aplicable la presente Decisión. Con arreglo a la cifra global de nacionales de terceros países llegados de forma irregular a Italia y Grecia en 2015 y al número de los que tienen una necesidad manifiesta de protección internacional, un total de 120 000 solicitantes de esta categoría deben ser reubicados desde Italia y Grecia. Esta cifra representa aproximadamente el 43 % del total de nacionales de terceros países que tienen una necesidad manifiesta de protección internacional llegados de forma irregular a Italia y Grecia en julio y agosto de 2015. Esta medida de reubicación prevista en la presente Decisión constituye un reparto equitativo de la carga entre Italia y Grecia, por un lado, y los demás Estados miembros, por otro, teniendo en cuenta las cifras globales disponibles sobre el cruce irregular de fronteras en 2015. Habida cuenta de las cifras que se manejan, el 13 % de dichos solicitantes deben reasignarse desde Italia, el 42 % desde Grecia y el 45 % restante según se dispone en la presente Decisión.

(27)

En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Decisión, un Estado miembro podrá, en circunstancias excepcionales y alegando motivos debidamente justificados compatibles con los valores fundamentales de la Unión consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, notificar a la Comisión y al Consejo que es temporalmente incapaz de participar en el proceso de reubicación de hasta un 30 % de los solicitantes que le han sido asignados de conformidad con la presente Decisión. Entre dichas circunstancias excepcionales se incluye, en particular, una situación caracterizada por una afluencia repentina y masiva de nacionales de terceros países de tal magnitud que suponga una presión extrema incluso para un sistema de asilo bien preparado que, en otras circunstancias, funcionaría en consonancia con el acervo de la Unión pertinente en materia de asilo o el riesgo de afluencia repentina y masiva de nacionales de terceros países de tal probabilidad que autorice una acción inmediata. Tras una evaluación, la Comisión presentará propuestas al Consejo de una decisión de ejecución en relación con la suspensión temporal de la asignación de hasta el 30 % de los solicitantes asignados al Estado miembro de que se trate. En casos justificados podrá proponer ampliar el plazo de reubicación de la asignación restante hasta doce meses después de la duración de la presente Decisión.

(28)

Para garantizar unas condiciones uniformes de aplicación de la reubicación en caso de reubicación proporcional de 54 000 solicitantes desde Italia y Grecia a los otros Estados miembros, en caso de que la participación de uno o más Estados miembros en la reubicación de solicitantes se suspenda o, en los casos en que, a raíz de las notificaciones pertinentes del Consejo, otro u otros Estados miembros o Estados asociados participen en la reubicación, deben conferirse competencias de ejecución al Consejo.

La atribución de dichas competencias al Consejo está justificada por la índole políticamente sensible de tales medidas, que afectan a competencias nacionales relativas a la admisión de ciudadanos de terceros países en el territorio de los Estados miembros y a la necesidad de poder adaptarse rápidamente a situaciones que evolucionan con celeridad sobre el terreno.

(29)

El Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) creado por el Reglamento (UE) no 516/2014 apoya las operaciones de reparto de la carga acordadas entre los Estados miembros y está abierto a nuevas actuaciones en este ámbito. El artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) no 516/2014 dispone la posibilidad de que los Estados miembros emprendan acciones relativas al traslado de solicitantes de protección internacional en el marco de sus programas nacionales, y el artículo 18 de ese Reglamento dispone la posibilidad de pagar una cantidad a tanto alzado de 6 000 EUR para el traslado de los beneficiarios de protección internacional desde otro Estado miembro.

(30)

Con vistas a aplicar el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad, y teniendo en cuenta que la presente Decisión constituye una nueva actuación en este ámbito, conviene garantizar que los Estados miembros que, de conformidad con la presente Decisión, reubiquen a los solicitantes provenientes de Italia y Grecia, que tienen una necesidad manifiesta de protección internacional, reciban una cantidad a tanto alzado por persona reubicada que sea idéntica a la cantidad a tanto alzado dispuesta en el artículo 18 del Reglamento (UE) no 516/2014, a saber, 6 000 EUR, y que se aplique mediante los mismos procedimientos. Ello implica una excepción limitada y temporal al artículo 18 del citado Reglamento, ya que la cantidad a tanto alzado debe pagarse por los solicitantes reubicados y no por los beneficiarios de protección internacional. Dicha ampliación temporal del conjunto de beneficiarios potenciales de la cantidad a tanto alzado parece efectivamente formar parte integrante del plan de emergencia establecido por la presente Decisión. Por otro lado, con respecto a los costes para el traslado de las personas reubicadas con arreglo a la presente Decisión, conviene disponer que Italia y Grecia reciban una cantidad a tanto alzado de 500 EUR por persona reubicada desde sus respectivos territorios, teniendo en cuenta los costes actuales necesarios para el traslado de un solicitante al Estado miembro de reubicación. Los Estados miembros deben tener derecho a recibir una prefinanciación adicional pagadera en 2016 a raíz de la revisión de sus programas nacionales en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración para la ejecución de las medidas en virtud de la presente Decisión.

(31)

Es necesario garantizar el establecimiento de un procedimiento de reubicación rápido y acompañar la ejecución de las medidas provisionales con una estrecha cooperación administrativa entre los Estados miembros y con el apoyo operativo prestado por la EASO.

(32)

La seguridad nacional y el orden público deben tenerse en cuenta durante todo el procedimiento de reubicación, hasta que se proceda al traslado del solicitante. Respetando plenamente los derechos fundamentales del solicitante, incluidas las normas pertinentes en materia de protección de datos, el Estado miembro que tenga motivos fundados para considerar que un solicitante constituye un peligro para la seguridad nacional o el orden público debe informar de ello a los demás Estados miembros.

(33)

Al decidir cuáles de los solicitantes que tienen una necesidad manifiesta de protección internacional deben ser reubicados desde Italia y Grecia, debe darse prioridad a los solicitantes vulnerables en el sentido de los artículos 21 y 22 de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (7). A este respecto deben atenderse principalmente las necesidades especiales que puedan tener los solicitantes, en particular las relacionadas con su salud. El interés superior del menor debe recibir siempre una consideración primordial.

(34)

La integración de los solicitantes que tienen una necesidad manifiesta de protección internacional en la sociedad de acogida es la piedra angular de un Sistema Europeo Común de Asilo que funcione correctamente. Por consiguiente, con el fin de determinar qué Estado miembro debe ser el Estado miembro de reubicación, deben tomarse particularmente en consideración las cualificaciones y características específicas de los solicitantes en cuestión, tales como sus competencias lingüísticas y otras indicaciones individuales basadas en lazos familiares, culturales o sociales demostrados, que puedan facilitar su integración en el Estado miembro de reubicación. En el caso de los solicitantes particularmente vulnerables, debe prestarse una atención especial a la capacidad del Estado miembro de reubicación para ofrecerles una ayuda adecuada, así como a la necesidad de garantizar un reparto equitativo de los mismos entre los Estados miembros. Respetando debidamente el principio de no discriminación, los Estados miembros de reubicación podrán indicar sus preferencias sobre solicitantes en función de la citada información sobre cuya base Italia y Grecia, en consulta con la EASO y, en su caso, los funcionarios de enlace, podrán elaborar listas de posibles solicitantes identificados a efectos de reubicación en dicho Estado miembro.

(35)

Las garantías jurídicas y procesales contenidas en el Reglamento (UE) no 604/2013 siguen siendo aplicables respecto de los solicitantes contemplados por la presente Decisión. Además, debe informarse a los solicitantes acerca del procedimiento de reubicación de la presente Decisión y notificárseles la decisión de reubicación, que constituye una decisión de traslado a tenor del artículo 26 del Reglamento (UE) no 604/2013. Considerando que los solicitantes no tienen derecho, en virtud del Derecho de la Unión, a elegir el Estado miembro responsable de su solicitud, debe asistirles el derecho a un recurso efectivo contra la decisión de reubicación en consonancia con el Reglamento (UE) no 604/2013, con el único fin de garantizar el respeto de sus derechos fundamentales. En consonancia con el artículo 27 de dicho Reglamento, los Estados miembros pueden establecer en su Derecho nacional que el recurso interpuesto contra la decisión de traslado no suspenda automáticamente el traslado del solicitante, sino que el interesado tenga la posibilidad de solicitar que se suspenda la ejecución de la decisión de traslado hasta que se resuelva su recurso.

(36)

Antes y después de su traslado a los Estados miembros de reubicación, los solicitantes deben disfrutar de los derechos y garantías establecidos en las Directivas 2013/32/UE (8) y 2013/33/UE (9) del Parlamento Europeo y del Consejo, también en relación con sus necesidades especiales de acogida y de procedimiento. Además, el Reglamento (UE) no 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) seguirá siendo aplicable respecto a los solicitantes cubiertos por la presente Decisión, y la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11) es aplicable al retorno de los nacionales de terceros países que no tengan derecho a permanecer en el territorio. La cobertura anterior está supeditada a las limitaciones en la aplicación de dichas Directivas.

(37)

En consonancia con el acervo de la Unión, Italia y Grecia deben garantizar un mecanismo eficaz de identificación, toma de impresiones dactilares y registro que permita aplicar el procedimiento de reubicación con el fin de determinar rápidamente las personas que necesitan protección internacional que pueden optar a la reubicación, así como para determinar aquellos migrantes que no cumplen los requisitos para la protección internacional y que deben por tanto ser devueltos. Esto debe aplicarse igualmente a las personas que llegaron a Italia o Grecia entre el 24 de marzo y el 25 de septiembre de 2015, de manera que puedan optar a la reubicación. Cuando no sea practicable el retorno voluntario, ni otras medidas dispuestas en la Directiva 2008/115/CE sean adecuadas para impedir desplazamientos secundarios, deben aplicarse de forma urgente y eficaz medidas de detención en consonancia con el capítulo IV de dicha Directiva. Los solicitantes que eludan el procedimiento de reubicación quedarán excluidos de la reubicación.

(38)

Deben tomarse medidas para evitar desplazamientos secundarios de las personas reubicadas desde el Estado miembro de reubicación a otros Estados miembros, que podrían obstaculizar la aplicación eficiente de la presente Decisión. En particular, los Estados miembros deben adoptar las medidas preventivas necesarias en el ámbito del acceso a las prestaciones sociales o a los recursos judiciales, de conformidad con el Derecho de la Unión. En particular, debe informarse a los solicitantes de las consecuencias de ulteriores desplazamientos irregulares en el interior de los Estados miembros y del hecho de que, en caso de que el Estado miembro de reubicación les conceda protección internacional, solo podrán disfrutar de los derechos vinculados a la protección internacional en dicho Estado miembro.

(39)

Además, en consonancia con los objetivos señalados en la Directiva 2013/33/UE, la armonización de las condiciones de acogida entre los Estados miembros ha de contribuir a limitar los movimientos secundarios de los solicitantes de protección internacional debidos a la diversidad de las condiciones de acogida. Con vistas a alcanzar el mismo objetivo, los Estados miembros deben estudiar la posibilidad de imponer obligaciones de información y proporcionar a los solicitantes de protección internacional condiciones materiales de acogida que incluyan alojamiento, alimentación y vestido únicamente en especie, así como, en su caso, garantizar que los solicitantes sean trasladados directamente al Estado miembro de reubicación. Del mismo modo, durante el período de examen de las solicitudes de protección internacional, tal como se establece en el acervo de Schengen y en materia de asilo, salvo por razones humanitarias graves, los Estados miembros no deben proporcionar a los solicitantes documentos de viaje nacionales ni ofrecerles otros incentivos, por ejemplo financieros, que pudieran facilitar sus desplazamientos irregulares a otros Estados miembros. En caso de producirse desplazamientos irregulares hacia otros Estados miembros, se pedirá a los solicitantes o beneficiarios de protección internacional que regresen al Estado miembro de reubicación, y dicho Estado miembro aceptará sin demora a dichas personas.

(40)

A fin de evitar desplazamientos secundarios de los beneficiarios de protección internacional, los Estados miembros deben también informarles de las condiciones en las que pueden entrar y permanecer legalmente en otro Estado miembro, y deben tener la posibilidad de imponerles obligaciones de información. Con arreglo a la Directiva 2008/115/CE, los Estados miembros deben exigir a los beneficiarios de protección internacional que se encuentren irregularmente en su territorio que regresen de inmediato al Estado miembro de reubicación correspondiente. Si la persona se negara a regresar voluntariamente, el retorno al Estado miembro de reubicación debe ser forzoso.

(41)

Además, si así está establecido en el Derecho nacional, en caso de retorno forzoso al Estado miembro de reubicación, el Estado miembro que haya procedido a dicho retorno forzoso puede decidir promulgar una prohibición de entrada nacional que impida al beneficiario, durante un determinado período de tiempo, volver a entrar en su territorio.

(42)

Dado que el objetivo de la presente Decisión es hacer frente a una situación de emergencia y ayudar a Italia y Grecia a reforzar sus sistemas de asilo, se debe permitir a estos países celebrar, con la asistencia de la Comisión, acuerdos bilaterales con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza acerca de la reubicación de personas que entren en el ámbito de aplicación de la presente Decisión. Tales acuerdos deben reflejar también los elementos básicos de la presente Decisión, en particular los relativos al procedimiento de reubicación y a los derechos y obligaciones de los solicitantes, así como los relativos al Reglamento (UE) no 604/2013.

(43)

La ayuda específica proporcionada a Italia y Grecia a través del plan de reubicación debe complementarse con medidas adicionales, desde la llegada de nacionales de terceros países al territorio de Italia o Grecia hasta la finalización de todos los procedimientos aplicables, coordinadas por la EASO y otras agencias pertinentes, como Frontex, que coordinen el retorno de nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en el territorio, de conformidad con la Directiva 2008/115/CE.

(44)

Dado que los objetivos de la presente Decisión no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros sino que, debido a la dimensión y a los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en ese mismo artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(45)

La presente Decisión respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(46)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido no participa en la adopción de la presente Decisión y no está vinculado por ella ni sujeto a su aplicación.

(47)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido no participa en la adopción de la presente Decisión y no está vinculado por ella ni sujeto a su aplicación.

(48)

En caso de que, tras una notificación efectuada de conformidad con el artículo 4 del Protocolo no 21 por un Estado miembro contemplado en dicho Protocolo, la Comisión confirme, de conformidad con el artículo 331, apartado 1, del TFUE, la participación de dicho Estado miembro en la presente Decisión, el Consejo debe fijar el número de solicitantes que habrán de ser reubicados en dicho Estado miembro. Asimismo, el Consejo debe adaptar en consecuencia las asignaciones de otros Estados miembros, reduciéndolas de manera proporcional.

(49)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

(50)

Habida cuenta de la urgencia de la situación, la presente Decisión debe entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

a)

15 600 solicitantes serán reubicados desde Italia en el territorio de los demás Estados miembros conforme al cuadro recogido en el anexo I;

b)

50 400 solicitantes serán reubicados desde Grecia en el territorio de los demás Estados miembros conforme al cuadro recogido en el anexo II;

c)

54 000 solicitantes serán reubicados en el territorio de los demás Estados miembros de manera proporcional a las cifras que figuran en los anexos I y II, bien de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, o mediante modificación de la presente Decisión, tal como se contempla en el artículo 1, apartado 2, y en el apartado 3 del presente artículo.

a)

control de los nacionales de terceros países que lleguen a Italia y Grecia, incluida su identificación, toma de impresiones dactilares y registro, y, cuando proceda, registro de su solicitud de protección internacional y, a petición de Italia y Grecia, su tramitación inicial;

b)

la prestación de la información y la asistencia específicas que necesiten a los solicitantes o los solicitantes potenciales que puedan ser objeto de reubicación con arreglo a la presente Decisión;

c)

la preparación y la organización de las operaciones de retorno de los nacionales de terceros países que no hayan solicitado la protección internacional o cuyo derecho a permanecer en el territorio se haya extinguido.

a)

el Estado miembro de reubicación recibirá una cantidad a tanto alzado de 6 000 EUR;

b)

Italia y Grecia recibirán una cantidad a tanto alzado de al menos 500 EUR.

24.9.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 248/95

(1)

La Directiva 2009/138/CE establece un régimen prudencial basado en el riesgo aplicable a las empresas de seguros y reaseguros de la Unión. La plena aplicación de la Directiva 2009/138/CE a los aseguradores y reaseguradores de la Unión comenzará el 1 de enero de 2016.

(2)

Si bien la Directiva Solvencia II solo se aplicará plenamente a partir del 1 de enero de 2016, la Comisión ya puede adoptar la presente Decisión Delegada, como se indica en el artículo 311 de la Directiva Solvencia II.

(3)

El artículo 172 de la Directiva 2009/138/CE se refiere a la equivalencia del régimen de solvencia de un tercer país aplicado a las actividades de reaseguro de empresas cuyo domicilio social radique en ese tercer país. Una determinación de equivalencia positiva permite que los contratos de reaseguro celebrados con empresas que tengan su domicilio social en ese tercer país sean tratados de la misma manera que los contratos de reaseguro celebrados con empresas autorizadas de conformidad con dicha Directiva.

(4)

El artículo 227 de la Directiva 2009/138/CE se refiere a la equivalencia concedida a aseguradores de terceros países que formen parte de grupos con domicilio social en la Unión. Una determinación de equivalencia positiva permite a estos grupos, cuando se utilice la deducción y la agregación como método de consolidación para los datos del grupo, tener en cuenta el cálculo de los requisitos de capital y del capital disponible (fondos propios) con arreglo a las normas del tercer país y no de la Directiva 2009/138/CE, a efectos del cálculo de los requisitos de solvencia y de los fondos propios admisibles a nivel de grupo.

(5)

El artículo 260 de la Directiva 2009/138/CE se refiere a la equivalencia de las empresas de seguros y reaseguros cuya empresa matriz tenga su domicilio social fuera de la Unión. De conformidad con el artículo 261, apartado 1, de la Directiva 2009/138/CE, en el caso de una determinación de equivalencia positiva, los Estados miembros recurren a la supervisión equivalente ejercida por las autoridades de supervisión de grupos del tercer país.

(6)

El régimen jurídico de un tercer país se considerará plenamente equivalente al establecido por la Directiva 2009/138/CE si cumple requisitos que ofrezcan un nivel comparable de protección de los tomadores y los beneficiarios de seguros. Las determinaciones de equivalencia plena con arreglo al artículo 172, apartado 2, al artículo 227, apartado 4, y al artículo 260, apartado 3, son de duración ilimitada a menos que se disponga lo contrario.

(7)

El 9 de marzo de 2015, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) asesoró a la Comisión, con arreglo al artículo 33, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), sobre el sistema de regulación y supervisión de las empresas y grupos de seguros y reaseguros en vigor en Suiza. El asesoramiento de la AESPJ se basa en el marco legislativo suizo pertinente, incluida la Ley de supervisión de los mercados financieros (Financial Market Supervisory Act, «FINMASA»), de 22 de junio de 2007, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, la Ley de supervisión en materia de seguros (Insurance Supervision Act, «ISA»), de 17 de diciembre de 2004, y la Ordenanza de supervisión en materia de seguros (Insurance Supervision Ordinance, «ISO») (3). La Comisión ha basado su evaluación en la información facilitada por la AESPJ.

(8)

Habida cuenta de lo dispuesto en el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión (4), en particular los artículos 378, 379 y 380, así como el asesoramiento de la AESPJ, debe aplicarse una serie de criterios para evaluar la equivalencia en virtud del artículo 172, apartado 2, el artículo 227, apartado 4, y el artículo 260, apartado 3, de la Directiva 2009/138/CE, respectivamente.

(9)

Esos criterios incluyen determinados requisitos que son comunes a al menos dos de los artículos 378, 379 y 380 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35, que son válidos a nivel de las empresas de seguros y reaseguros individuales (5) y a nivel de los grupos de seguros y reaseguros, y que abarcan los siguientes ámbitos: competencias, solvencia, gobernanza, transparencia, cooperación entre las autoridades y tratamiento de la información confidencial, así como la repercusión de las decisiones en la estabilidad financiera.

(10)

En primer lugar, por lo que se refiere a los medios, competencias y responsabilidades, el supervisor del mercado financiero suizo («FINMA») está facultado para supervisar efectivamente las actividades de seguro y reaseguro y, en caso necesario, imponer sanciones o adoptar medidas coercitivas, como la revocación de la licencia comercial de la empresa o la sustitución de la totalidad o parte de su dirección. El FINMA dispone de los medios humanos y financieros, los conocimientos, las capacidades y el mandato necesarios para proteger eficazmente a todos los tomadores y beneficiarios de seguros.

(11)

En segundo lugar, por lo que respecta a la solvencia, la evaluación mediante el Test de Solvencia Suizo (Swiss Solvency Test,«SST») de la posición financiera de las empresas o grupos de seguros y reaseguros se sustenta en principios económicos sólidos, y los requisitos de solvencia se basan en una valoración económica de la totalidad de los activos y pasivos. El SST exige que las empresas de seguros y reaseguros dispongan de recursos financieros adecuados y establece criterios sobre las provisiones técnicas, las inversiones, los requisitos de capital (incluido el nivel mínimo de capital) y los fondos propios, al tiempo que impone una intervención rápida del FINMA si no se cumplen los requisitos de capital o si se ven amenazados los intereses de los tomadores de seguros. Los requisitos de capital se basan en el riesgo, con el fin de tener en cuenta los riesgos cuantificables. Cuando un riesgo no está cuantificado, es objeto de otras medidas: por ejemplo, los riesgos operativos se abordan cualitativamente a través de la Evaluación de la Calidad Suiza (Swiss Quality Assessment,«SQA»). El principal requisito de capital, denominado en el SST «capital objetivo», se calcula para cubrir las pérdidas imprevistas derivadas de las actividades existentes. Además, el requisito de capital mínimo absoluto (capital mínimo) para los aseguradores varía en el SST en función del ramo de seguro. Ambos requisitos son al menos tan exigentes como los requisitos correspondientes de la Directiva 2009/138/CE para todas las combinaciones de ramos de los aseguradores suizos actuales. En lo que respecta a los modelos, las empresas de seguros pueden utilizar un modelo estándar o, si lo requiere el FINMA o por iniciativa propia, un modelo interno.

(12)

En tercer lugar, en lo que respecta a la gobernanza, el régimen de solvencia suizo exige que las empresas de seguros y reaseguros dispongan de un sistema eficaz de gobernanza, y las obliga, en particular, a dotarse de una estructura organizativa clara, de requisitos idóneos y adecuados para quienes dirigen de manera efectiva las empresas, y de procedimientos eficaces para la transmisión de la información dentro de las empresas y al FINMA. Además, el FINMA supervisa eficazmente las funciones y actividades externalizadas.

(13)

El SST obliga asimismo a las empresas y grupos de seguros y reaseguros a incorporar una función de gestión de riesgos, una función de verificación del cumplimiento, una función de auditoría interna y una función actuarial. Impone además un sistema de gestión de riesgos capaz de identificar, medir, controlar, gestionar y notificar los riesgos, y un sistema eficaz de control interno. Los requisitos que la Directiva 2009/138/CE impone a las empresas individuales en lo que respecta a la auditoría interna y el cumplimiento son abordados de manera satisfactoria por la ISO, en la medida en que refuerza los requisitos de gestión de riesgos y, en particular, la obligación de incorporar una función de verificación del cumplimiento.

(14)

El régimen vigente en Suiza exige que los cambios en la política comercial o en la gestión de las empresas o grupos de seguros y reaseguros o en las participaciones cualificadas en dichas empresas o grupos sean coherentes con una gestión apropiada y prudente. En particular, las adquisiciones, los cambios en el plan empresarial o en las participaciones cualificadas de las empresas de seguros y reaseguros o los grupos de seguros se notifican al FINMA, que puede adoptar, en su caso, sanciones apropiadas, por ejemplo la prohibición de una adquisición.

(15)

En cuarto lugar, por lo que se refiere a la transparencia, las empresas y grupos de seguros y reaseguros están obligados a facilitar al FINMA toda la información necesaria a efectos de supervisión, y a publicar, al menos una vez al año, un informe sobre su solvencia y su posición financiera. Los requisitos de la Directiva 2009/138/CE en lo que respecta a la divulgación pública son abordados satisfactoriamente por la ISO, puesto que los tipos de información cualitativa y cuantitativa que deben hacerse públicos están en consonancia con la Directiva 2009/138/CE. En el marco de la ISO, las empresas y grupos de seguros y reaseguros han de hacer públicas sus actividades comerciales, sus resultados, su gestión de riesgos, su perfil de riesgo y los métodos utilizados para la evaluación, en particular en lo que respecta a las provisiones, la gestión de capital y la solvencia.

(16)

En quinto lugar, en lo tocante al secreto profesional y la cooperación y el intercambio de información, el régimen vigente en Suiza prevé obligaciones de secreto profesional para todas las personas que trabajen o hayan trabajado para el FINMA, incluidos los auditores y los expertos que actúen en nombre del FINMA. Esas obligaciones también establecen que, sin perjuicio de los casos cubiertos por el Derecho penal, la información confidencial únicamente puede ser divulgada en forma resumida o agregada. Por otra parte, el FINMA solo puede utilizar la información confidencial recibida de otras autoridades de supervisión en el ejercicio de sus funciones y para los fines previstos por la ley. El régimen en vigor en Suiza establece asimismo que, en caso de que una empresa de seguros o reaseguros se halle incursa en un procedimiento concursal o de liquidación forzosa, la información confidencial que no se refiera a terceros implicados en intentos de reflotar la empresa puede ser divulgada. El FINMA puede compartir la información confidencial recibida de otra autoridad de supervisión con autoridades, organismos o personas sujetas a obligaciones de secreto profesional en Suiza, y únicamente previo acuerdo expreso de dicha autoridad de supervisión. Ha firmado acuerdos de entendimiento con todos los Estados miembros de la Unión para coordinar la cooperación internacional, en particular en materia de intercambio de información confidencial.

(17)

En sexto lugar, por lo que se refiere al impacto de sus decisiones, el FINMA y las demás autoridades suizas encargadas de garantizar el correcto funcionamiento de los mercados financieros, como el Banco Nacional Suizo y el Ministerio de Hacienda, disponen de los medios necesarios para apreciar la forma en que las decisiones influirán en la estabilidad de los sistemas financieros en todo el mundo, en particular en situaciones de emergencia, y para tener en cuenta sus posibles efectos procíclicos en caso de que se produzcan movimientos excepcionales en los mercados financieros. En el marco del régimen en vigor en Suiza, dichas autoridades se reúnen regularmente a fin de intercambiar información sobre los riesgos para la estabilidad financiera y de coordinar las acciones. Lo mismo ocurre a nivel internacional: las autoridades suizas intercambian información, por ejemplo, con los colegios de supervisores de los Estados miembros de la Unión y la AESPJ sobre cuestiones de estabilidad financiera.

(18)

Los artículos 378 y 380 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 establecen asimismo criterios específicos relativos a la equivalencia para las actividades de reaseguro y para la supervisión de los grupos.

(19)

En lo que respecta a los criterios específicos para las actividades de reaseguro en virtud del artículo 378 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35, el acceso a la actividad de reaseguro está sujeto a la autorización previa del FINMA, supeditada a normas detalladas establecidas por ley. En virtud de la ISO, las empresas «cautivas» de reaseguro están cubiertas por el régimen de solvencia vigente en Suiza.

(20)

En lo que respecta a los criterios específicos para la supervisión de grupos de conformidad con el artículo 380 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35, el FINMA está facultado para determinar qué empresas están sujetas a supervisión a nivel de grupo y para supervisar las empresas de seguros y reaseguros que formen parte de un grupo. El FINMA supervisa todas las empresas de seguros y reaseguros en las que una empresa participante, tal como se define en el artículo 212, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/138/CE, ejerza una influencia significativa o dominante.

(21)

El FINMA está capacitado para evaluar el perfil de riesgo, la posición financiera y la solvencia de las empresas de seguros y reaseguros que formen parte de un grupo y la estrategia comercial de este.

(22)

En el marco del régimen vigente en Suiza, las normas de información y rendición de cuentas permiten el seguimiento de las operaciones intragrupo y las concentraciones de riesgos, sobre las que los grupos de seguros y reaseguros deben informar, como mínimo, con una periodicidad anual.

(23)

En el marco del régimen en vigor en Suiza, el FINMA restringe el uso de los fondos propios de una empresa de seguros o reaseguros si no pueden estar realmente disponibles para cubrir el requisito de capital de la empresa participante para la que se calcula la solvencia del grupo. El cálculo de la solvencia de grupo da resultados equivalentes, como mínimo, a los resultados de los métodos previstos en los artículos 230 y 233 de la Directiva 2009/138/CE, sin un doble cómputo de los fondos propios y una vez suprimida la creación intragrupo de capital mediante financiación recíproca. Más en concreto, si bien no se prevé un coeficiente de solvencia del grupo como en los artículos 230 y 233 de la Directiva 2009/138/CE, sino una serie de coeficientes de solvencia por entidad dentro de un grupo, esa serie engloba todas las interacciones entre las entidades del grupo y tiene, en cuenta, por tanto, la estructura del grupo.

(24)

En consecuencia, dado que cumple todos los criterios establecidos en los artículos 378, 379 y 380 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35, se considera que el régimen regulador y de supervisión en vigor en Suiza aplicable a las empresas y grupos de seguros y reaseguros se ajusta a los criterios para una equivalencia plena establecidos en el artículo 172, apartado 2, el artículo 227, apartado 4, y el artículo 260, apartado 3, de la Directiva 2009/138/CE.

(25)

La Comisión puede llevar a cabo una revisión específica en relación con un tercer país o territorio en cualquier momento, al margen de la revisión general, cuando hechos pertinentes hagan necesario que la Comisión reevalúe el reconocimiento concedido por la presente Decisión. La Comisión debe continuar vigilando, con la ayuda técnica de la AESPJ, la evolución del régimen en vigor en Suiza y el cumplimiento de las condiciones sobre la base de las cuales se ha adoptado la presente Decisión,

(26)

La Directiva 2009/138/CE se aplica a partir del 1 de enero de 2016. Por consiguiente, la presente Decisión debe conceder también la equivalencia a partir de dicha fecha al régimen prudencial y de solvencia en vigor en Suiza.

24.9.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 248/99

(1)

Las autoridades españolas notificaron a la Comisión y a los demás Estados miembros la adopción de una medida destinada a retirar del mercado un dispositivo de ayuda a la flotación para el aprendizaje de la natación del tipo Delphin schwimmscheiben- Typ Super, fabricada por la empresa Delphin Vertriebs- und Service GmbH, 61192 Niddatal, Alemania. El producto llevaba el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE, tras haber sido sometido a ensayo y a examen de tipo con arreglo a la norma armonizada EN 13138-1:2008, «Ayudas a la flotación para el aprendizaje de la natación. Parte 1: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo para las ayudas a la flotación destinadas a llevar en el cuerpo», por el organismo notificado alemán TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197). El producto se considera un equipo de protección individual clasificado en la categoría II.

(2)

La notificación tuvo lugar a raíz de una declaración de accidente: tras una sesión de piscina, cuando los padres estaban recogiendo sus pertenencias para volver a casa, un niño mordió uno de los discos, separando un pequeño trozo y tragándoselo, por lo que tuvo que recibir asistencia médica y ser hospitalizado.

(3)

Las autoridades españolas ordenaron la retirada del producto del mercado. El motivo para la adopción de la medida fue la aplicación insatisfactoria de las normas a las que se hace referencia en el artículo 5 de la Directiva 89/686/CEE, en particular de la norma armonizada EN 13138-1:2008, «Ayudas a la flotación para el aprendizaje de la natación. Parte 1: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo para las ayudas a la flotación destinadas a llevar en el cuerpo», apartado 5.4.2, «Piezas pequeñas», en relación con la exigencia esencial de salud y seguridad del punto 1.2.1 del anexo II de la Directiva 89/686/CEE, «Ausencia de riesgos y demás factores de molestia “endógenos”». De conformidad con el apartado 5.4.2 de la norma EN 13138-1, las piezas pequeñas incorporadas deben soportar una tracción de (90 ± 2) N en la dirección más probable de rotura, sin llegar a separarse del dispositivo. Las piezas que se puedan desmontar no deben caber totalmente en el cilindro para piezas pequeñas, ensayo que debe estar de acuerdo con la norma EN 71-1.

(4)

Las autoridades españolas señalaron que, tras realizar los ensayos de tracción de conformidad con la norma armonizada EN 13138-1:2008, se demostró que las partes pequeñas podían separarse del producto y ser ingeridas por los niños de corta edad a los que estaba destinado. El nivel de tracción que daba lugar a esa separación de piezas pequeñas siempre era inferior a 90 N y esas piezas cabían totalmente en el cilindro para piezas pequeñas. Las autoridades españolas consideraron que el ensayo contemplado en el apartado 5.4.2 de la norma en cuestión no se limitaba únicamente a las piezas pequeñas incorporadas, sino a las piezas pequeñas en general. Utilizaron el equipo de ensayo de mordedura contemplado en los ensayos de las normas EN 12227:2010, «Parques para uso doméstico. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo», y EN 716-2:2008, «Mobiliario. Cunas y cunas plegables de uso doméstico para niños. Parte 2: Métodos de ensayo».

(5)

Las autoridades alemanas se mostraron en desacuerdo con la evaluación del riesgo llevada a cabo por las autoridades españolas, al considerar que el método de ensayo utilizado no era compatible con el uso práctico del equipo. En su opinión, el apartado 5.4.2 de la norma EN 13138-1 solo se refiere a las piezas pequeñas incorporadas. Las autoridades alemanas argumentaron que el producto no conllevaba riesgos graves, ya que no era un juguete, y que la hipótesis de riesgo, según la describían las autoridades españolas, era poco realista.

(6)

El fabricante también cuestionó el método de ensayo utilizado por las autoridades españolas. En el examen CE de tipo del producto, el organismo notificado no llevó a cabo el ensayo contemplado en el punto 5.4.2 de la norma EN 13138-1 al considerar que el producto no llevaba piezas pequeñas incorporadas.

(7)

Tras la notificación, el fabricante pidió al organismo notificado que llevara a cabo un ensayo de tracción adicional, de conformidad con el apartado 8.5.2.2 de la norma EN 1888:2012, «Artículos de puericultura. Transportes de ruedas para niños. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo», utilizando el ensayo de mordedura descrito en el apartado 5.7 de dicha norma, idéntico al ensayo de mordedura descrito en las normas EN 716-2 y EN 12227. No pudieron extraerse piezas pequeñas del cuerpo del producto. Por otro lado, el organismo notificado llevó a cabo un ensayo de seguimiento, que puso de manifiesto que, cuando el dispositivo se sometía a una fuerza de tracción de 90 N, un ensayo semejante al método de ensayo de las piezas pequeñas de la norma EN 71-1, «Seguridad de los juguetes. Parte 1: Propiedades mecánicas y físicas», no se desprendía ninguna pieza.

(8)

La Comisión recabó la asistencia técnica de expertos para evaluar las principales cuestiones que suscitaba este caso. Expertos técnicos llevaron a cabo un estudio externo y llegaron a la conclusión de que la realización de ensayos solo con piezas pequeñas incorporadas era suficiente para demostrar la conformidad con la exigencia esencial de salud y seguridad del punto 1.2.1 del anexo II de la Directiva 89/686/CEE.

(9)

La norma EN 13138-1 no establece un método de ensayo claro para las piezas pequeñas incorporadas. A la vista de esta ambigüedad, había que elegir entre los métodos de ensayo adecuados disponibles, teniendo en cuenta la naturaleza del producto. Las autoridades españolas aplicaron el método de ensayo que consideraron más oportuno para evaluar los riesgos que conllevaba el producto. Los expertos técnicos, sin embargo, llegaron a la conclusión de que el método de ensayo utilizado por las autoridades españolas no era adecuado.

(10)

Puede considerarse que el ensayo de tracción que llevó a cabo el organismo notificado alemán es el único método de ensayo pertinente en este caso. Por tanto, el método de ensayo del examen CE de tipo es válido y el organismo notificado realizó correctamente la evaluación del examen CE de tipo.

(11)

A la vista de las estadísticas disponibles sobre los dispositivos de ayuda a la natación con flotabilidad inherente que existen en el mercado y los accidentes ocurridos puede concluirse que los dispositivos de ayuda a la natación hechos de un material con flotabilidad inherente no plantean riesgos particulares de asfixia cuando se utilizan de acuerdo con la finalidad a la que están destinados y con arreglo a las condiciones de uso previstas. Estos productos están destinados a ser utilizados únicamente en el agua.