13.3.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 68/1

(1)

La Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y el Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) establecen un marco legal global para la autorización de organismos modificados genéticamente (OMG), que es plenamente aplicable a los OMG que vayan a utilizarse con fines de cultivo en toda la Unión, en forma de semillas o material vegetal de reproducción («OMG para cultivo»).

(2)

En virtud de dicho marco legal, los OMG para cultivo deben ser sometidos a una evaluación individual de los riesgos antes de autorizar su comercialización en el mercado de la Unión de conformidad con el anexo II de la Directiva 2001/18/CE, teniendo en cuenta cualquier efecto directo, indirecto, inmediato, diferido o acumulado a largo plazo en la salud humana y el medio ambiente. Esa evaluación del riesgo sirve de asesoramiento científico proporcionando información para el proceso de toma de decisiones y se sigue de una decisión de gestión del riesgo. La finalidad de dicho procedimiento de autorización es garantizar un elevado nivel de protección de la vida y la salud humanas, de la salud y el bienestar de los animales, del medio ambiente y de los intereses del consumidor y, al mismo tiempo, velar por el funcionamiento efectivo del mercado interior. Debe alcanzarse un nivel uniforme elevado de protección de la salud, del medio ambiente y de los consumidores y mantener dicho nivel en todo el territorio de la Unión. El principio de precaución debe tenerse siempre en cuenta en el marco de la Directiva 2001/18/CE y su ulterior aplicación.

(3)

De conformidad con las conclusiones del Consejo de 4 de diciembre de 2008 sobre los organismos modificados genéticamente («conclusiones del Consejo de 2008»), es necesario procurar mejorar la aplicación del marco legal para la autorización de OMG. En este contexto, las normas sobre evaluación del riesgo deben actualizarse, cuando sea necesario, con regularidad con objeto de tener en cuenta la constante evolución de los conocimientos científicos y los procedimientos de análisis, en particular en lo relativo a los efectos ambientales a largo plazo de los cultivos modificados genéticamente, así como sus efectos potenciales en organismos no objetivo, las características de los entornos receptores y las zonas geográficas en las que se puedan emplearse cultivos modificados genéticamente, y los criterios y requisitos para evaluar los OMG que producen plaguicidas y los OMG resistentes a herbicidas. Por consiguiente, procede modificar los anexos de la Directiva 2001/18/CE en consecuencia.

(4)

Además de disponer de una autorización de comercialización, las variedades modificadas genéticamente deben cumplir los requisitos del Derecho de la Unión sobre la comercialización de semillas y material vegetal de reproducción, de acuerdo con las disposiciones de las Directivas 66/401/CEE (6), 66/402/CEE (7), 68/193/CEE (8), 98/56/CE (9), 1999/105/CE (10), 2002/53/CE (11), 2002/54/CE (12), 2002/55/CE (13), 2002/56/CE (14), 2002/57/CE (15) y 2008/90/CE (16) del Consejo. Entre esas Directivas, las Directivas 2002/53/CE y 2002/55/CE contienen las disposiciones que permiten a los Estados miembros prohibir, en determinadas condiciones bien definidas, el uso de una variedad en la totalidad o en parte de su territorio, o establecer condiciones adecuadas para el cultivo de una variedad.

(5)

Una vez que se ha autorizado un OMG para cultivo, de acuerdo con el marco legal de la Unión sobre OMG, y este cumple, en lo que respecta a la variedad que va a comercializarse, los requisitos del Derecho de la Unión sobre la comercialización de semillas y material vegetal de reproducción, los Estados miembros no están autorizados a prohibir, restringir o impedir su libre circulación en su territorio, salvo en condiciones definidas por el Derecho de la Unión.

(6)

La experiencia pone de manifiesto que el cultivo de OMG es un asunto que se trata más a fondo a nivel de los Estados miembros. Las cuestiones relacionadas con la comercialización y la importación de OMG deben seguir estando reguladas a nivel de la Unión para preservar el mercado interior. No obstante, el cultivo puede exigir más flexibilidad en ciertos casos, ya que tiene una fuerte dimensión nacional, regional y local debido a su vinculación con el uso del suelo, las estructuras agrícolas locales y la protección o el mantenimiento de hábitats, ecosistemas y paisajes. De conformidad con el artículo 2, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros tienen la posibilidad de adoptar actos jurídicamente vinculantes por los que se restrinja o prohíba el cultivo de OMG en su territorio una vez que se haya autorizado la comercialización de esos OMG en el mercado de la Unión. No obstante, el procedimiento común de autorización, y en particular el proceso de evaluación efectuado principalmente por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad»), no deben verse perjudicados por este tipo de flexibilidad.

(7)

En el pasado, para restringir o prohibir el cultivo de OMG, algunos Estados miembros han recurrido a las cláusulas de salvaguardia y a las medidas de emergencia con arreglo al artículo 23 de la Directiva 2001/18/CE y al artículo 34 del Reglamento (CE) no 1829/2003, por disponer, según los casos, de información nueva o adicional con posterioridad a la fecha de autorización que afecta a la evaluación del riesgo para el medio ambiente, o de una nueva valoración de la información existente. Otros Estados miembros han recurrido al procedimiento de notificación previsto en el artículo 114, apartados 5 y 6, del TFUE, que exige que se aporten nuevas pruebas científicas relativas a la protección del medio de trabajo o del medio ambiente. Por otra parte, el proceso de toma de decisiones ha resultado particularmente dificultoso en lo que se refiere al cultivo de OMG, si se tiene en cuenta la inquietud mostrada por varios países, que no solo guarda relación con cuestiones asociadas a la seguridad de los OMG para la salud o el medio ambiente.

(8)

En ese contexto, de conformidad con el principio de subsidiariedad, parece indicado conceder a los Estados miembros más flexibilidad para decidir si desean o no cultivar OMG en su territorio sin afectar a la evaluación de los riesgos prevista en el sistema de autorización de OMG de la Unión en el transcurso del procedimiento de autorización o después del mismo, con independencia de las medidas que los Estados miembros que cultivan OMG pueden o deben adoptar con arreglo a la Directiva 2001/18/CE para evitar la presencia accidental de OMG en otros productos. Es probable que ofrecer esa posibilidad a los Estados miembros mejore el proceso de autorización de OMG y, al mismo tiempo, también es probable que garantice la libertad de elección de los consumidores, agricultores y operadores a la vez que se proporciona más claridad a las partes interesadas en lo que se refiere al cultivo de OMG en la Unión. Así, pues, la presente Directiva debe facilitar el buen funcionamiento del mercado interior.

(9)

Para garantizar que el cultivo de OMG no dé lugar a su presencia accidental en otros productos y al tiempo que se respeta el principio de subsidiariedad, debe prestarse especial atención a la prevención de la posible contaminación transfronteriza a partir de un Estado miembro en el que esté permitido el cultivo a un Estado miembro vecino en el que esté prohibido, a menos que los Estados miembros de que se trate convengan en que no es necesario debido a unas condiciones geográficas particulares.

(10)

La Recomendación de la Comisión de 13 de julio de 2010 (17) sirve de orientación a los Estados miembros para el desarrollo de medidas de coexistencia, inclusive en zonas fronterizas. En dicha Recomendación se alienta a los Estados miembros a cooperar entre sí para aplicar medidas adecuadas en las fronteras entre los Estados miembros con objeto de evitar las consecuencias accidentales de la contaminación transfronteriza.

(11)

Durante el procedimiento de autorización de un determinado OMG, debe ofrecerse a los Estados miembros la posibilidad de pedir que se adapte el ámbito geográfico de la notificación o solicitud presentada de conformidad con lo dispuesto en la Parte C de la Directiva 2001/18/CE o en los artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) no 1829/2003, a efectos de que el territorio del Estado miembro de que se trate quede excluido en su totalidad o en parte del cultivo. La Comisión debe facilitar el procedimiento presentando sin demora la petición del Estado miembro al notificador o solicitante, y el notificador o solicitante debe responder a esa petición dentro de un plazo señalado.

(12)

El ámbito geográfico de la notificación o solicitud debe adaptarse en consecuencia a menos que el notificador o solicitante confirme el ámbito geográfico de su notificación o solicitud dentro de un plazo señalado a partir de la comunicación por parte de la Comisión de dicha petición. No obstante, dicha confirmación se entiende sin perjuicio de la facultad de la Comisión, conforme al artículo 19 de la Directiva 2001/18/CE o a los artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) no 1829/2003, según corresponda, de efectuar dicha adaptación, en su caso, a la vista de la evaluación de riesgo medioambiental llevada a cabo por la Autoridad.

(13)

Si bien se espera que la mayoría de las restricciones o prohibiciones adoptadas en virtud de la presente Directiva se apliquen en la fase de autorización escrita o de decisión de autorización o de renovación de esta, también debe ofrecerse a los Estados miembros la posibilidad de adoptar medidas motivadas para restringir o prohibir el cultivo en todo su territorio o en parte del mismo de un OMG o de un grupo de OMG definidos por variedad de cultivo o características, una vez autorizados, basándose en motivos distintos y complementarios de los que se hayan evaluado con arreglo al conjunto de normas armonizadas de la Unión, es decir, la Directiva 2001/18/CE y el Reglamento (CE) no 1829/2003, que sean conformes con el Derecho de la Unión. Dichos motivos pueden guardar relación con los objetivos de la política medioambiental o agrícola o ser otros motivos imperiosos, como la ordenación urbana y rural, el uso del suelo, las repercusiones socioeconómicas, la coexistencia y el orden público. Podrá apelarse a uno o varios de esos motivos según las circunstancias particulares del Estado miembro, región o zona en los que se vayan a aplicar esas medidas.

(14)

El nivel de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente elegido en la Unión permite que se realice una evaluación científica uniforme en toda la Unión y la presente Directiva no debe alterar esa situación. Por ello, para evitar cualquier interferencia con las competencias que se atribuyen a los evaluadores y gestores del riesgo en virtud de la Directiva 2001/18/CE y el Reglamento (CE) no 1829/2003, los Estados miembros solo han de poder aducir motivos que guarden relación con los objetivos de la política medioambiental relativos a los impactos que sean distintos y complementarios de la evaluación de los riesgos para la salud y el medio ambiente que se hayan evaluado en el contexto de los procedimientos de autorización previstos en la Directiva 2001/18/CE y en el Reglamento (CE) no 1829/2003, como el mantenimiento y el desarrollo de prácticas agrícolas que ofrecen un mejor potencial para conciliar la producción y la sostenibilidad de los ecosistemas, o el mantenimiento de la biodiversidad local, incluidos determinados hábitats y ecosistemas, o determinados tipos de elementos naturales y paisajísticos, y funciones y servicios del ecosistema.

(15)

Los Estados miembros también deben poder basar las decisiones que adopten con arreglo a la Directiva 2001/18/CE en motivos que guarden relación con las repercusiones socioeconómicas que puedan derivarse del cultivo de OMG en el territorio del Estado miembro afectado. Si bien se ha atendido a medidas de coexistencia en la Recomendación de la Comisión de 13 de julio de 2010, los Estados miembros también han de tener la posibilidad de adoptar medidas que restrinjan o prohíban el cultivo de OMG autorizados en la totalidad o en parte de su territorio conforme a la presente Directiva. Dichos motivos pueden guardar relación con el elevado coste o la impracticabilidad o imposibilidad de aplicar medidas de coexistencia debido a condiciones geográficas específicas, como en el caso de islas pequeñas o zonas de montaña, o a la necesidad de evitar la presencia de OMG en otros productos, por ejemplo en los productos específicos o especiales. Por otra parte, la Comisión, tal como se solicitó en las conclusiones del Consejo de 2008, ha informado al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las repercusiones socioeconómicas del cultivo de OMG. Las conclusiones de ese informe pueden proporcionar una valiosa información a los Estados miembros que se estén planteando tomar decisiones basándose en la presente Directiva. Entre los motivos relacionados con los objetivos de la política agrícola pueden incluirse la necesidad de proteger la diversidad de la producción agrícola y la necesidad de garantizar la pureza de las semillas y del material vegetal de reproducción. Se debe también permitir a los Estados miembros que basen sus medidas en otros motivos, como el uso del suelo, la ordenación del territorio u otros factores legítimos como los vinculados a las tradiciones culturales.

(16)

Las restricciones o prohibiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva deben referirse al cultivo y no a la libre circulación e importación de semillas y material vegetal de reproducción modificados genéticamente, como productos en sí o dentro de otros productos, y de los productos de su cultivo. También deben ser conformes con los Tratados, especialmente en lo que respecta al principio de no discriminación entre los productos nacionales y los productos no nacionales, al principio de proporcionalidad y a los artículos 34, 36 y 216, apartado 2, del TFUE.

(17)

Las medidas adoptadas por los Estados miembros con arreglo a la presente Directiva deben someterse a un procedimiento de control e información a escala de la Unión. Teniendo en cuenta el nivel de control e información por parte de la Unión, no es necesario prever también la aplicación de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (18). Los Estados miembros pueden restringir o prohibir el cultivo de OMG en la totalidad o en parte de su territorio a partir de la fecha de entrada en vigor de la autorización de la Unión durante todo el período de duración de la autorización escrita o de la decisión de autorización, siempre que haya finalizado un plazo señalado de moratoria durante el cual la Comisión tiene la oportunidad de comentar las medidas propuestas. Por consiguiente, el Estado miembro afectado debe comunicar a la Comisión un proyecto de dichas medidas al menos 75 días antes de su adopción para dar a la Comisión la oportunidad de comentarlas, y durante ese período debe abstenerse de adoptar y aplicar tales medidas. Una vez finalizado el plazo señalado de moratoria, el Estado miembro ha de poder adoptar las medidas tal como se propusieron inicialmente o tal como hayan sido modificadas para tener en cuenta los comentarios de la Comisión.

(18)

Durante el plazo de moratoria señalado, el solicitante o titular de la autorización que quedaría afectado por las medidas de restricción o prohibición del cultivo de un OMG en un Estado miembro debe abstenerse de cualquier actividad relacionada con el cultivo de ese OMG en el Estado miembro de que se trate.

(19)

Las decisiones de los Estados miembros de restringir o prohibir el cultivo de OMG en la totalidad o en parte de su territorio no deben impedir que se lleve a cabo una investigación biotecnológica, siempre que en el transcurso de la misma se observen todas las medidas necesarias en materia de seguridad por lo que respecta a la salud humana y animal y a la protección del medio ambiente y que la actividad no menoscabe el respeto de los motivos por los que se haya implantado la restricción o prohibición. Además, la Autoridad y los Estados miembros deben tratar de establecer una amplia red de organizaciones científicas representantes de todas las disciplinas, incluidas las relativas a los asuntos ecológicos, y deben cooperar para detectar con prontitud cualquier posible discrepancia entre los dictámenes científicos con el fin de resolver o aclarar las cuestiones científicas controvertidas. La Comisión y los Estados miembros deben velar por que estén garantizados los recursos necesarios para llevar a cabo una investigación independiente de los posibles riesgos generados por la liberación deliberada o la comercialización de los OMG, y por que se permita a los investigadores independientes acceder a todo el material pertinente al tiempo que se respetan los derechos de propiedad intelectual.

(20)

Dada la importancia que revisten las pruebas científicas para la toma de decisiones sobre la prohibición o la aprobación de los OMG, la Autoridad debe recopilar y analizar los resultados de la investigación sobre el riesgo o peligro para la salud humana o el medio ambiente de los OMG e informar a los gestores del riesgo de cualquier riesgo emergente. Esa información debe ponerse a disposición del público.

(21)

Los Estados miembros han de poder solicitar a la autoridad competente o a la Comisión la reintegración de la totalidad o de una parte de su territorio en el ámbito geográfico de aplicación de la autorización escrita o de la decisión de autorización del que había sido excluido previamente. En tal caso, no debe ser necesario transmitir la solicitud al titular de la autorización escrita o de la decisión de autorización ni pedir su acuerdo. La autoridad competente que haya concedido la autorización escrita o la Comisión con arreglo a la Directiva 2001/18/CE o al Reglamento (CE) no 1829/2003, respectivamente, deben modificar en consecuencia el ámbito geográfico de aplicación de la autorización escrita o de la decisión de autorización.

(22)

Las autorizaciones escritas o las decisiones de autorización concedidas o adoptadas con un ámbito geográfico de aplicación limitado a determinadas zonas, o las medidas adoptadas por los Estados miembros de conformidad con la presente Directiva para restringir o prohibir el cultivo de OMG no deben impedir o restringir el uso de OMG autorizados por otros Estados miembros. Además, la presente Directiva y las medidas nacionales adoptadas con arreglo a la misma deben entenderse sin perjuicio de los requisitos del Derecho de la Unión relativos a la presencia accidental e imprevista de OMG en variedades no modificadas genéticamente de semillas y material vegetal de reproducción, y no deben impedir el cultivo de variedades que cumplan dichos requisitos.

(23)

El Reglamento (CE) no 1829/2003 establece que las referencias que se hacen en las Partes A y D de la Directiva 2001/18/CE a los OMG autorizados con arreglo a lo dispuesto en la Parte C de dicha Directiva han de considerarse igualmente válidas para los OMG autorizados en virtud de dicho Reglamento. En consecuencia, las medidas adoptadas por los Estados miembros con arreglo a la Directiva 2001/18/CE deben aplicarse también a los OMG autorizados con arreglo al Reglamento (CE) no 1829/2003.

(24)

La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en lo que atañe a la libertad de circulación de las semillas convencionales, material vegetal de reproducción y el producto de su cultivo con arreglo al Derecho correspondiente de la Unión y de acuerdo con el TFUE.

(25)

Con objeto de garantizar un alto nivel de protección de los consumidores, los Estados miembros y los operadores también deben adoptar medidas de etiquetado e información eficaces, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1829/2003 y el Reglamento (CE) no 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (19), destinadas a garantizar la transparencia por lo que se refiere a la presencia de OMG en los productos.

(26)

Con el fin de conciliar los objetivos de la presente Directiva con los intereses legítimos de los operadores económicos en relación con los OMG que habían sido autorizados, o que estaban en proceso de ser autorizados, antes de la entrada en vigor de la presente Directiva, conviene adoptar medidas transitorias adecuadas. Las medidas transitorias se justifican también por la necesidad de evitar una posible distorsión de la competencia al tratar de forma diferente a los titulares de autorizaciones actuales y a los futuros solicitantes de autorización. En aras de la seguridad jurídica, el período durante el cual pueden adoptarse esas medidas transitorias debe limitarse al tiempo estrictamente necesario para garantizar una transición fluida al nuevo régimen. Estas medidas transitorias, por tanto, deben permitir a los Estados miembros aplicar lo dispuesto en la presente Directiva a productos que habían sido autorizados o que estaban en proceso de ser autorizados antes de la entrada en vigor de la Directiva, siempre que las variedades de semillas y el material vegetal de reproducción modificados genéticamente y autorizados que ya hayan sido plantados legalmente no se vean afectados.

(27)

Lo dispuesto en los artículos 26 ter y 26 quater de la Directiva 2001/18/CE se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de dicha Directiva y en el artículo 34 del Reglamento (CE) no 1829/2003.

(28)

Por consiguiente, procede modificar la Directiva 2001/18/CE en consecuencia.

1)

En el artículo 26 bis se añade el apartado siguiente:

«1 bis.   A partir del 3 de abril de 2017 los Estados miembros en los que se cultiven OMG adoptarán medidas adecuadas en las zonas fronterizas de su territorio con el fin de evitar una posible contaminación transfronteriza a los Estados miembros vecinos en los que esté prohibido el cultivo de esos OMG, a menos que dichas medidas sean innecesarias debido a unas condiciones geográficas específicas. Dichas medidas se comunicarán a la Comisión.»

2)

Se insertan los siguientes artículos:

«Artículo 26 ter

Cultivo

1.   Durante el procedimiento de autorización de un determinado OMG, o durante la renovación de la autorización escrita o de la decisión de autorización, los Estados miembros podrán pedir que se adapte el ámbito geográfico de aplicación de la autorización escrita o de la decisión de autorización a efectos de que el territorio del Estado miembro de que se trate quede excluido en su totalidad o en parte del cultivo. Dicha petición se comunicará a la Comisión a más tardar en el plazo de 45 días a partir de la fecha en que se haya facilitado el informe de evaluación con arreglo al artículo 14, apartado 2, de la presente Directiva, o a partir de la recepción del dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria con arreglo al artículo 6, apartado 6, y al artículo 18, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1829/2003. La Comisión presentará sin demora la petición del Estado miembro al notificador o solicitante, así como a los demás Estados miembros. La Comisión pondrá la petición a disposición del público por medios electrónicos.

2.   Dentro de los 30 días siguientes a la presentación de esa petición por parte de la Comisión, el notificador o solicitante podrá adaptar o confirmar el ámbito geográfico de aplicación de su notificación o solicitud inicial.

En ausencia de confirmación, la adaptación del ámbito geográfico de aplicación de la notificación o solicitud se aplicará en la autorización escrita concedida con arreglo a la presente Directiva y, en su caso, en la decisión adoptada de conformidad con el artículo 19 de la presente Directiva, así como en la decisión de autorización adoptada con arreglo a los artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) no 1829/2003.

La autorización escrita concedida con arreglo a la presente Directiva y, en su caso, la decisión adoptada de conformidad con el artículo 19 de la presente Directiva, así como la decisión de autorización adoptada con arreglo a los artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) no 1829/2003, se concederán entonces teniendo en cuenta el ámbito geográfico de aplicación adaptado de la notificación o solicitud.

Cuando se comunique a la Comisión una petición conforme al apartado 1 del presente artículo tras la fecha en que se haya facilitado el informe de evaluación conforme al artículo 14, apartado 2, de la presente Directiva, o tras la recepción del dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria con arreglo al artículo 6, apartado 6, y el artículo 18, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1829/2003, los plazos establecidos en el artículo 15 de la presente Directiva para conceder una autorización escrita o, en su caso, en los artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) no 1829/2003 para presentar al Comité un proyecto de la decisión que deberá adoptarse, se ampliarán por un plazo único de 15 días independientemente del número de Estados miembros que presenten tales peticiones.

3.   En caso de que no se haya presentado ninguna petición de conformidad con el apartado 1 del presente artículo, o de que el notificador o solicitante haya confirmado el ámbito geográfico de aplicación de su notificación o solicitud inicial, los Estados miembros podrán adoptar medidas para restringir o prohibir el cultivo en la totalidad o en parte de su territorio de un OMG o de un grupo de OMG definidos por variedad de cultivo o características, una vez autorizado de conformidad con la Parte C de la presente Directiva o al Reglamento (CE) no 1829/2003, siempre que dichas medidas sean conformes al Derecho de la Unión, razonadas, proporcionadas y no discriminatorias y, además, se basen en motivos imperiosos como los relacionados con:

Estos motivos podrán invocarse de forma individual o combinada, a excepción del señalado en la letra g), que no podrá ser utilizado individualmente, dependiendo de las circunstancias particulares del Estado miembro, la región o la zona en la que vayan a aplicarse dichas medidas, pero que en ningún caso entrará en conflicto con la evaluación de riesgo medioambiental realizada en virtud de la presente Directiva o del Reglamento (CE) no 1829/2003.

4.   Un Estado miembro que tenga la intención de adoptar medidas con arreglo al apartado 3 del presente artículo comunicará antes a la Comisión un proyecto de dichas medidas y los correspondientes motivos invocados. Dicha comunicación podrá producirse antes de la conclusión del procedimiento de autorización del OMG, en virtud de la Parte C de la presente Directiva o del Reglamento (CE) no 1829/2003. Durante un período de 75 días contados a partir de la fecha de esta comunicación:

Al vencer el plazo de 75 días contemplado en el párrafo primero, los Estados miembros de que se trate podrán adoptar, durante todo el período de duración de la autorización escrita o de la decisión de autorización y a partir de la fecha de entrada en vigor de la autorización de la Unión, las medidas tal como se propusieron inicialmente, o tal como se hayan modificado para tener en cuenta los comentarios no vinculantes recibidos de la Comisión. Dichas medidas se comunicarán sin demora a la Comisión, a los demás Estados miembros y al titular de la autorización.

Los Estados miembros darán a conocer dichas medidas a todos los operadores interesados, incluidos los productores.

5.   En caso de que un Estado miembro desee que la totalidad o una parte de su territorio se reintegre en el ámbito geográfico de aplicación de la autorización escrita o de la decisión de autorización del que había sido excluido previamente en virtud del apartado 2, podrá presentar una solicitud a tal efecto a la autoridad competente que haya concedido la autorización escrita con arreglo a la presente Directiva o a la Comisión en caso de que el OMG haya sido autorizado con arreglo al Reglamento (CE) no 1829/2003. La autoridad competente que haya concedido la autorización escrita o la Comisión, según corresponda, modificará en consecuencia el ámbito geográfico de aplicación de la autorización escrita o de la decisión de autorización.

6.   A los efectos de una adaptación del ámbito geográfico de aplicación de la autorización escrita o de la decisión de autorización de un OMG con arreglo al apartado 5:

7.   En caso de que un Estado anule medidas adoptadas de conformidad con los apartados 3 y 4, lo notificará sin demora a la Comisión y a los demás Estados miembros.

8.   Las medidas adoptadas con arreglo al presente artículo no afectarán a la libre circulación de los OMG autorizados como productos o componentes de productos.

Artículo 26 quater

Medidas transitorias

1.   A partir del 2 de abril de 2015 hasta el 3 de octubre de 2015, los Estados miembros podrán pedir que se adapte el ámbito geográfico de aplicación de una notificación o solicitud presentada, o de una autorización concedida, en virtud de la presente Directiva o del Reglamento (CE) no 1829/2003 antes del 2 de abril de 2015. La Comisión presentará sin demora la petición del Estado miembro al notificador o solicitante, así como a los demás Estados miembros.

2.   En caso de que la notificación o solicitud esté pendiente y el notificador o solicitante no haya confirmado el ámbito geográfico de aplicación de su notificación o solicitud inicial dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de la petición mencionada en el apartado 1 del presente artículo, el ámbito geográfico de aplicación de su notificación o solicitud se adaptará en consecuencia. La autorización escrita concedida con arreglo a la presente Directiva y, en su caso, la decisión adoptada de conformidad con el artículo 19 de la presente Directiva, así como la decisión de autorización adoptada con arreglo a los artículos 7 y 19 del Reglamento (CE) no 1829/2003, se concederán entonces teniendo en cuenta el ámbito geográfico de aplicación adaptado de la notificación o solicitud.

3.   En caso de que la autorización ya haya sido concedida y el titular de la autorización no haya confirmado el ámbito geográfico de aplicación de la autorización dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de la petición mencionada en el apartado 1 del presente artículo, la autorización se modificará en consecuencia. En el supuesto de una autorización escrita en virtud de la presente Directiva, la autoridad competente modificará en consecuencia el ámbito geográfico de aplicación de la autorización e informará a la Comisión, a los Estados miembros y al titular de la autorización una vez completada la modificación. En el supuesto de una autorización en virtud del Reglamento (CE) no 1829/2003, la Comisión modificará en consecuencia la decisión de autorización, sin aplicar el procedimiento establecido en el artículo 35, apartado 2, de dicho Reglamento. La Comisión informará a los Estados miembros y al titular de la autorización en consecuencia.

4.   En caso de que no se haya presentado una petición de conformidad con el apartado 1 del presente artículo o de que un notificador o solicitante o, según corresponda, un titular de la autorización haya confirmado el ámbito geográfico de aplicación de su solicitud inicial o, en su caso, de la autorización, se aplicarán mutatis mutandis los apartados 3 a 8 del artículo 26 ter.

5.   El presente artículo se aplicará sin perjuicio del cultivo de semillas y material vegetal de reproducción modificados genéticamente y autorizados que hayan sido plantados legalmente antes de que el cultivo del OMG se restrinja o prohíba en un Estado miembro.

6.   Las medidas adoptadas con arreglo al presente artículo no afectarán a la libre circulación de los OMG autorizados como productos o componentes de productos.»

13.3.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 68/9

(1)

La mejora de la seguridad vial constituye uno de los objetivos centrales de la política de transportes de la Unión. La Unión sigue una política de mejora de la seguridad vial con el fin de reducir el número de muertos, heridos y daños materiales. Un elemento importante de esa política es la aplicación coherente de las sanciones por las infracciones de tráfico cometidas en la Unión, que ponen en peligro de forma considerable la seguridad vial.

(2)

Sin embargo, debido a la falta de procedimientos adecuados, y no obstante las posibilidades que ofrecen la Decisión 2008/615/JAI del Consejo (3) y la Decisión 2008/616/JAI del Consejo (4) («las Decisiones Prüm»), las sanciones pecuniarias impuestas por determinadas infracciones de tráfico no suelen aplicarse si dichas infracciones se cometen con un vehículo matriculado en un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que se cometió la infracción. La presente Directiva tiene por objetivo garantizar que incluso en tales casos se garantice la eficacia de la investigación de las infracciones de tráfico en materia de seguridad vial.

(3)

En su Comunicación de 20 de julio de 2010, titulada «Hacia un espacio europeo de seguridad vial: orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020», la Comisión destacaba que el cumplimiento de las normas de tráfico sigue siendo un factor clave para establecer las condiciones encaminadas a conseguir una reducción considerable del número de fallecidos y heridos. El Consejo, en sus conclusiones de 2 de diciembre de 2010 sobre la seguridad vial, pidió asimismo que se examinara la conveniencia de que los Estados miembros reforzaran aún más el cumplimiento de las normas de tráfico y, si procede, a escala de la Unión. El Consejo pidió a la Comisión que examinase las posibilidades de armonizar, en su caso, las normas de tráfico en la Unión y de adoptar más medidas que faciliten la aplicación transfronteriza en relación con las infracciones de tráfico, en particular las relativas a accidentes de tráfico graves.

(4)

El 19 de marzo de 2008, la Comisión aprobó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se facilita la aplicación transfronteriza de la normativa sobre seguridad vial con arreglo al artículo 71, apartado 1, letra c), del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea [actualmente, artículo 91 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)]. No obstante, la Directiva 2011/82/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) fue adoptada con arreglo al artículo 87, apartado 2, del TFUE. La sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de mayo de 2014 en el asunto C-43/12 (6) anuló la Directiva 2011/82/UE debido a que esta no podía adoptarse válidamente sobre la base del artículo 87, apartado 2, del TFUE. La sentencia mantenía los efectos de la Directiva 2011/82/UE hasta la entrada en vigor, en un plazo razonable que no podía superar los doce meses desde la fecha en que se dictó la sentencia, de una nueva Directiva basada en el artículo 91, apartado 1, letra c), del TFUE. Por consiguiente, se debe adoptar una nueva Directiva basándose en dicho artículo.

(5)

Conviene fomentar una mayor convergencia de las medidas de control entre los Estados miembros y que la Comisión examine, a este respecto, la necesidad de elaborar normas comunes para el equipamiento automático destinado a los controles de seguridad vial.

(6)

Conviene sensibilizar más a los ciudadanos de la Unión sobre las normas de seguridad vial vigentes en los distintos Estados miembros y sobre la aplicación de la presente Directiva, en particular mediante medidas adecuadas que aseguren que se ofrece suficiente información sobre las consecuencias de no respetar las normas de seguridad vial cuando se circula por un Estado miembro diferente del Estado miembro de matriculación.

(7)

Para mejorar la seguridad vial en toda la Unión y garantizar el mismo trato a los conductores infractores, tanto residentes como no residentes, debe facilitarse la aplicación de la normativa con independencia del Estado miembro de matriculación del vehículo. Para ello, debe utilizarse un sistema de intercambio transfronterizo de información para determinados tipos de infracciones de tráfico en materia de seguridad vial, con independencia de su carácter administrativo o penal con arreglo al Derecho del Estado miembro de que se trate, que dé acceso al Estado miembro de la infracción a los datos de matriculación de vehículos del Estado miembro de matriculación.

(8)

Un intercambio transfronterizo más eficiente de datos de matriculación de vehículos que facilite la identificación de los sospechosos de haber cometido una infracción de tráfico en materia de seguridad vial puede contribuir a potenciar el efecto disuasorio y a inducir un comportamiento más prudente de la parte del conductor de un vehículo registrado en un Estado miembro que no sea el Estado miembro de la infracción, lo que permitiría reducir el número de víctimas de accidentes de tráfico.

(9)

Las infracciones de tráfico en materia de seguridad vial contempladas en la presente Directiva no reciben un trato homogéneo en los Estados miembros. En algunos Estados miembros, dichas infracciones se tipifican como infracciones «administrativas» en virtud del Derecho nacional, mientras que en otros se tipifican como infracciones «penales». La presente Directiva debe aplicarse con independencia de la tipificación de dichas infracciones con arreglo al Derecho nacional.

(10)

Los Estados miembros deben concederse recíprocamente el derecho de acceso a sus datos de matriculación de vehículos con el fin de mejorar el intercambio de información y de acelerar los procedimientos vigentes. Con tal fin, la presente Directiva debe incluir, en la medida de lo posible, las disposiciones sobre especificaciones técnicas y sobre la disponibilidad de un intercambio automático de datos establecidas en las Decisiones Prüm.

(11)

La Decisión 2008/616/JAI especifica las características de seguridad de la aplicación informática existente y los requisitos técnicos correspondientes para el intercambio de datos de matriculación de vehículos. Sin perjuicio de la aplicabilidad general de dicha Decisión, estos elementos de seguridad y requisitos técnicos por motivos de eficacia reguladora y práctica, deben utilizarse a efectos de la presente Directiva.

(12)

Las aplicaciones informáticas existentes deben constituir la base para el intercambio de datos con arreglo a la presente Directiva y, al mismo tiempo, facilitar la transmisión de informes de los Estados miembros a la Comisión. Tales aplicaciones deben establecer el intercambio rápido, seguro y confidencial entre los Estados miembros de determinados datos de matriculación de los vehículos. Debe aprovecharse la aplicación informática del Sistema Europeo de Información sobre Vehículos y Permisos de Conducción (Eucaris), que es obligatoria para los Estados miembros en virtud de las Decisiones Prüm, por lo que respecta a los datos de matriculación de vehículos. La Comisión debe informar sobre la evaluación del funcionamiento de las aplicaciones informáticas utilizadas a efectos de la presente Directiva.

(13)

El uso de dichas aplicaciones informáticas debe limitarse a los procedimientos utilizados para el intercambio de información entre los puntos de contacto nacionales de los Estados miembros. Los procedimientos y los procesos automatizados en que vaya a usarse la información quedan al margen del ámbito de tales aplicaciones.

(14)

La Estrategia de gestión de la información para la seguridad interior de la UE tiene por objeto hallar las soluciones más sencillas, fáciles de seguir y rentables para el intercambio de datos.

(15)

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de ponerse en contacto con el propietario, el titular del vehículo o cualquier otra persona identificada como presunto autor de la infracción de tráfico en materia de seguridad vial, para informarle de los procedimientos aplicables y de las consecuencias jurídicas de acuerdo con el Derecho del Estado miembro de la infracción. Al hacerlo, los Estados miembros deben contemplar la posibilidad de enviar la información sobre infracciones en materia de seguridad vial en la lengua del documento de matriculación del vehículo o en la lengua que con mayor probabilidad pueda comprender la persona de que se trate, a fin de garantizar que entiende bien la información que se le comunica. Los Estados miembros deben aplicar los procedimientos adecuados para garantizar que se informa únicamente a la persona interesada y no a un tercero. A tal efecto, los Estados miembros deben emplear modalidades similares a las adoptadas cuando efectúan el seguimiento de tales infracciones, incluidos, cuando proceda, medios tales como envíos certificados. Ello permitirá que dicha persona reaccione ante esa carta de información de un modo adecuado, concretamente solicitando información adicional, pagando la multa o ejerciendo sus derechos a la defensa, especialmente en caso de error en la identidad. Las actuaciones ulteriores se regulan en los instrumentos jurídicos aplicables, incluidos los instrumentos relativos a asistencia y reconocimiento mutuos, por ejemplo, la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo (7).

(16)

Los Estados miembros deben proporcionar una traducción equivalente por lo que respecta a la carta de información enviada por el Estado miembro de la infracción, conforme a lo dispuesto en la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(17)

Con el fin de aplicar una política de seguridad vial encaminada a conseguir un alto nivel de protección de todos los usuarios de la red viaria de la Unión, y teniendo en cuenta la amplia diversidad de circunstancias existentes en la Unión, los Estados miembros deben actuar, sin perjuicio de otras políticas y legislaciones más rigurosas, para garantizar una mayor convergencia de las normas de tráfico y su aplicación entre Estados miembros. En el marco de su informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva, la Comisión debe examinar la necesidad de elaborar normas comunes con el fin de establecer métodos, prácticas y normas mínimas comparables a escala de la Unión, teniendo en cuenta la cooperación internacional y los acuerdos existentes en el ámbito de la seguridad vial, en particular la Convención de Viena sobre la circulación vial, de 8 de noviembre de 1968.

(18)

En su informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva por parte de los Estados miembros, la Comisión debe examinar la necesidad de establecer criterios comunes para los procedimientos de seguimiento que deben aplicar los Estados miembros cuando no se abone el pago de una sanción pecuniaria, de conformidad con las normas y procedimientos de los Estados miembros. En este informe, la Comisión debe abordar asuntos tales como los procedimientos de transmisión, entre las autoridades competentes de los Estados miembros, de la resolución firme de imponer una sanción y/o una sanción pecuniaria, así como el reconocimiento y ejecución de la resolución firme.

(19)

En la preparación de la revisión de la presente Directiva, la Comisión debe consultar a todas las partes interesadas pertinentes, tales como las autoridades encargadas de la aplicación de la seguridad vial y su normativa o los organismos competentes, las asociaciones de víctimas y otras organizaciones no gubernamentales activas en el ámbito de la seguridad vial.

(20)

El refuerzo de la cooperación entre autoridades encargadas del cumplimiento de la ley debe llevar parejo el respeto de los derechos fundamentales, y en particular del derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales, garantizados mediante regímenes especiales de protección de datos. Estos regímenes deben tener particularmente en cuenta la naturaleza específica del acceso transfronterizo a bases de datos en red. Es necesario que las aplicaciones informáticas que se establezcan permitan que el intercambio de información se realice en condiciones seguras y garanticen la confidencialidad de los datos transmitidos. Los datos recogidos en virtud de la presente Directiva no deben utilizarse con fines distintos de los estipulados en la misma. Los Estados miembros deben cumplir las obligaciones relativas a las condiciones de utilización y conservación temporal de los datos.

(21)

El tratamiento de datos establecido en la presente Directiva es adecuado para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por ella en el ámbito de la seguridad vial, concretamente para garantizar un alto nivel de protección para todos los usuarios de la vía pública en la Unión al facilitar el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial y, de este modo, facilitar la aplicación de sanciones y no exceder de lo que es apropiado y necesario para alcanzar dichos objetivos.

(22)

Los datos relacionados con la identificación de un infractor son datos personales. La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9) debe aplicarse a las actividades de tratamiento efectuadas en la aplicación de la presente Directiva. Sin perjuicio de los requisitos de procedimiento en caso de recurso y de los mecanismos correspondientes del Estado miembro de que se trate, los interesados deben ser informados oportunamente, al recibir la notificación de la infracción, de sus derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, así como del plazo legal máximo de conservación de dichos datos. En este contexto, el interesado debe también tener derecho a que se rectifiquen los datos personales incorrectos o a que se suprima sin demora cualquier dato que se haya registrado ilegalmente.

(23)

En el marco de las Decisiones Prüm, el tratamiento de los datos de matriculación de vehículos que contengan datos personales está sujeto a las disposiciones específicas sobre protección de datos establecidas en la Decisión 2008/615/JAI. A este respecto, los Estados miembros tienen la posibilidad de aplicar esas disposiciones específicas a los datos personales que también se traten a los efectos de la presente Directiva siempre y cuando garanticen que el tratamiento de los datos relativos a todas las infracciones cubiertas por la presente Directiva cumpla las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 95/46/CE.

(24)

Debe posibilitarse la participación de terceros países en el intercambio de datos de matriculación de vehículos, a condición de que hayan celebrado un acuerdo con la Unión en tal sentido. Dicho acuerdo debe incluir las disposiciones necesarias en materia de protección de datos.

(25)

La presente Directiva promueve los derechos y principios fundamentales reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos el respeto de la vida privada y familiar, la protección de datos personales, el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia y el derecho de defensa.

(26)

A fin de alcanzar el objetivo del intercambio de información entre los Estados miembros por medios interoperables, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la toma en consideración de los cambios importantes en las Decisiones Prüm o cuando así lo requieran actos jurídicos de la Unión directamente relacionados con la actualización del anexo I. Reviste especial importancia que la Comisión siga su práctica habitual y lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(27)

La Comisión debe analizar la aplicación de la presente Directiva con miras a determinar otras medidas eficaces y eficientes destinadas a mejorar la seguridad vial. Sin perjuicio de la obligación de transponer la presente Directiva, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido también deben cooperar con la Comisión en esta labor, cuando resulte procedente, para garantizar la presentación puntual y completa de informes sobre esta cuestión.

(28)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, garantizar un elevado nivel de protección para todos los usuarios de la red viaria en la Unión, al facilitar el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial que se cometan con un vehículo matriculado en un Estado miembro distinto de aquel en que se cometió la infracción, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y a los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(29)

Dado que Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, no estaban sujetos a la Directiva 2011/82/UE y, por lo tanto, no la transpusieron, es conveniente conceder a dichos Estados miembros un plazo suplementario suficiente para hacerlo.

(30)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), emitió un dictamen el 3 de octubre de 2014.

a)

exceso de velocidad;

b)

no utilización del cinturón de seguridad;

c)

no detención ante un semáforo en rojo;

d)

conducción en estado de embriaguez;

e)

conducir bajo la influencia de las drogas;

f)

no utilización del casco de protección;

g)

circulación por un carril prohibido;

h)

utilización ilegal de un teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de comunicación durante la conducción.

a)

«vehículo», todo vehículo de motor, incluidas las motocicletas, utilizado normalmente para el transporte de personas o bienes por carretera;

b)

«Estado miembro de la infracción», el Estado miembro en el que se cometió la infracción;

c)

«Estado miembro de matriculación», el Estado miembro en el que está matriculado el vehículo con el que se cometió la infracción;

d)

«exceso de velocidad», la superación los límites de velocidad vigentes en el Estado miembro de la infracción para la vía o el tipo de vehículo de que se trate;

e)

«no utilización del cinturón de seguridad», el incumplimiento de la obligación de usar el cinturón de seguridad o de utilizar un dispositivo de retención para niños con arreglo a la Directiva 91/671/CEE del Consejo (11) y al Derecho del Estado miembro de la infracción;

f)

«no detención ante un semáforo en rojo», la no detención ante un semáforo en rojo o cualquier otra señal de detención pertinente, según la define el Derecho del Estado miembro de la infracción;

g)

«conducción en estado de embriaguez», la conducción bajo los efectos del alcohol, según la define el Derecho del Estado miembro de la infracción;

h)

«conducción bajo los efectos de drogas», la conducción bajo los efectos de estupefacientes u otras sustancias con efectos similares, según la define el Derecho del Estado miembro de la infracción;

i)

«no utilización del casco de protección», la no utilización de un casco de protección, según la define el Derecho del Estado miembro de la infracción;

j)

«circulación por un carril prohibido», la utilización ilegal de una parte de la calzada, como el arcén, el carril reservado a los transportes públicos o un carril cerrado de manera temporal por motivos de congestión del tráfico o de obras públicas, según la define el Derecho del Estado miembro de la infracción;

k)

«utilización ilegal de un teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de comunicación durante la conducción», la utilización ilegal de un teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de comunicación durante la conducción, según la define el Derecho del Estado miembro de la infracción;

l)

«punto de contacto nacional», la autoridad competente designada para el intercambio de datos de matriculación de vehículos;

m)

«búsqueda automatizada», un procedimiento de acceso en red para consultar las bases de datos de uno, varios o todos los Estados miembros o países participantes;

n)

«titular del vehículo», la persona a cuyo nombre está matriculado el vehículo, según la define el Derecho del Estado miembro de matriculación.

a)

datos relativos a los vehículos, y

b)

datos relativos a los propietarios o titulares del vehículo.

—

una valoración sobre si conviene añadir otras infracciones de tráfico en materia de seguridad vial al ámbito de la presente Directiva;

—

una valoración sobre la eficacia de la presente Directiva en cuanto a la reducción del número de muertes en las carreteras de la Unión;

—

una evaluación de la necesidad de elaborar normas comunes relativas al equipamiento automático de control y a los procedimientos. Se pide a la Comisión, en este contexto, que elabore a escala de la Unión directrices de seguridad vial en el marco de la política común de transporte para asegurar una mayor convergencia en la aplicación de las normas de tráfico en materia de seguridad vial por parte de los Estados miembros mediante métodos y prácticas comparables. Dichas directrices deberán cubrir al menos las infracciones enunciadas en las letras a) a d) del artículo 2;

—

una valoración de la necesidad de reforzar la ejecución de sanciones contra las infracciones de tráfico en materia de seguridad vial y proponer criterios comunes relativos a los procedimientos de seguimiento en caso de impago de una sanción pecuniaria, en el marco de todas las políticas pertinentes de la Unión, incluida la política común de transporte;

—

las posibilidades de armonizar las normas de tráfico cuando proceda;

—

una valoración de las aplicaciones informáticas mencionadas en el artículo 4, apartado 4, con vistas a asegurar una aplicación adecuada de la presente Directiva y a garantizar un intercambio efectivo, rápido, seguro y confidencial de determinados datos de matriculación de los vehículos.

13.3.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 68/26

(1)

En el anexo II de la Directiva 2002/46/CE se establecen las listas de vitaminas y minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios, así como las formas en que es posible utilizar cada uno de ellos. Los anexos I y II de la Directiva 2002/46/CE han sido sustituidos por el Reglamento (CE) no 1170/2009 de la Comisión (2).

(2)

De conformidad con el artículo 14 de la Directiva 2002/46/CE, cualquier disposición sobre sustancias vitamínicas y minerales en los complementos alimenticios que pueda tener efectos en la salud pública debe adoptarse previa consulta a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad»).

(3)

A raíz de una solicitud para añadir el ácido (6S)-5-metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina, como fuente de folato a la lista establecida en el anexo II de la Directiva 2002/46/CE, la Autoridad adoptó el 11 de septiembre de 2013 un dictamen científico sobre el ácido (6S)-5-metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina, como fuente de folato añadido con fines nutritivos a los complementos alimenticios y la biodisponibilidad de folato a partir de esta fuente (3).

(4)

Según el dictamen de la Autoridad, la utilización de ácido (6S)-5-metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina, en los complementos alimenticios no plantea riesgos para la seguridad como fuente de folato.

(5)

Tras el dictamen favorable de la Autoridad, el ácido (6S)-5-metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina, debe ser incluido en la lista del anexo II de la Directiva 2002/46/CE.

(6)

El ácido (6S)-5-metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina, es un nuevo ingrediente alimentario cuya comercialización se autorizó mediante la Decisión de Ejecución 2014/154/UE de la Comisión (4).

(7)

Se ha consultado a las partes interesadas a través del Grupo Consultivo de la Cadena Alimentaria y de la Sanidad Animal y sus comentarios se han tenido en cuenta.

(8)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 2002/46/CE en consecuencia.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

13.3.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 68/28

(1)

En la parte A del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 de la Comisión (2) figuran las sustancias activas que se consideran aprobadas con arreglo al Reglamento (CE) no 1107/2009.

(2)

Las aprobaciones de las sustancias activas etefon y fenamifos expirarán el 31 de julio de 2017. Se han presentado solicitudes para renovar la aprobación de estas sustancias activas. Dado que los requisitos establecidos en el Reglamento de Ejecución (UE) no 844/2012 de la Comisión (3) se aplican a estas sustancias activas, es necesario conceder el tiempo suficiente para completar el procedimiento de renovación previsto en dicho Reglamento. En consecuencia, es probable que las aprobaciones de estas sustancias activas expiren antes de que se haya tomado una decisión sobre su renovación. Por consiguiente, es preciso prorrogar sus períodos de aprobación.

(3)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 en consecuencia.

(4)

Teniendo en cuenta el objetivo del artículo 17, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 1107/2009, en los casos en que no se haya presentado ningún expediente complementario de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) no 844/2012, en un plazo de treinta meses antes de la fecha de expiración respectiva establecida en el anexo del presente Reglamento, la Comisión debe fijar como fecha de expiración la fecha prevista antes del presente Reglamento, o bien la fecha posterior más próxima posible.

(5)

Teniendo en cuenta el objetivo del artículo 17, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 1107/2009, en los casos en que la Comisión adopte un reglamento por el que no se renueve la aprobación de una sustancia activa mencionada en el anexo del presente Reglamento debido a que no se cumplan los criterios de aprobación, la Comisión fijará como fecha de expiración la fecha prevista antes del presente Reglamento o bien, si fuera posterior, la fecha de entrada en vigor del Reglamento por el que no se renueve la aprobación de dicha sustancia.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

13.3.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 68/30

(1)

El Reino Unido recibió el 29 de marzo de 2012 una solicitud, de acuerdo con el artículo 11, apartado 1, de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), para la inclusión de la sustancia activa dinotefurán en su anexo I, con vistas a su utilización en el tipo de producto 18, insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos, como se define en el anexo V de la Directiva 98/8/CE.

(2)

El dinotefurán no estaba comercializado el 14 de mayo de 2000 como sustancia activa de un biocida.

(3)

El Reino Unido presentó un informe de evaluación, junto con sus recomendaciones, a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas el 15 de octubre de 2013 de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (UE) no 528/2012.

(4)

El dictamen de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas fue emitido el 17 de junio de 2014 por el Comité de Biocidas, teniendo en cuenta las conclusiones de la autoridad competente evaluadora.

(5)

De ese dictamen se desprende la probabilidad de que los biocidas utilizados en el tipo de producto 18 que contienen dinotefurán cumplan los requisitos establecidos en el artículo 19, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) no 528/2012, siempre que se ajusten a determinadas especificaciones y condiciones relativas a su uso.

(6)

Ese dictamen indica, además, que las características del dinotefurán lo hacen muy persistente (MP) y tóxico (T), de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo XIII del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). Por tanto, el dinotefurán debe considerarse candidato a la sustitución con arreglo al artículo 10, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) no 528/2012, a los fines de la autorización de biocidas de acuerdo con el artículo 23 de dicho Reglamento.

(7)

Procede, por tanto, aprobar el uso del dinotefurán en biocidas del tipo de producto 18, con sujeción al cumplimiento de determinadas especificaciones y condiciones.

(8)

La evaluación no se ocupó de los nanomateriales y, por tanto, la aprobación no debe abarcar esos materiales, de acuerdo con el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) no 528/2012.

(9)

Puesto que se cumplen las condiciones del artículo 90, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) no 528/2012, deben aplicarse las disposiciones de dicho Reglamento. El dinotefurán debe aprobarse por un período no superior a siete años de conformidad con el artículo 10, apartado 4, de dicho Reglamento.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Biocidas.

13.3.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 68/33

(1)

El Reglamento Delegado (UE) no 1062/2014 de la Comisión (2) establece una lista de sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su posible aprobación para su uso en biocidas o su inclusión en el anexo I del Reglamento (UE) no 528/2012. En esa lista figura Bacillus sphaericus.

(2)

Bacillus sphaericus se ha evaluado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2, del Reglamento (UE) no 528/2012 para su uso en biocidas del tipo de producto 18, insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos, como se define en el anexo V del Reglamento (UE) no 528/2012.

(3)

Los datos presentados para la evaluación permitieron extraer conclusiones únicamente respecto a cierta forma de Bacillus sphaericus, es decir, Bacillus sphaericus 2362, serotipo H5a5b, cepa ABTS1743. En la evaluación no fue posible deducir conclusiones sobre ninguna otra sustancia que se ajustara a la definición de Bacillus sphaericus y que estuviera presente en la mencionada lista de sustancias activas del Reglamento Delegado (UE) no 1062/2014. Por lo tanto, solamente Bacillus sphaericus 2362, serotipo H5a5b, cepa ABTS1743, debe estar incluido en esta aprobación.

(4)

Italia fue designada autoridad competente evaluadora, y el 9 de enero de 2009 presentó a la Comisión el informe de evaluación, junto con sus recomendaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 4 y 6, del Reglamento (CE) no 1451/2007 de la Comisión (3).

(5)

El dictamen de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas fue formulado el 19 de junio de 2014 por el Comité de Biocidas, teniendo en cuenta las conclusiones de la autoridad competente evaluadora.

(6)

Según dicho dictamen, cabe esperar que los biocidas utilizados en el tipo de producto 18 y que contienen Bacillus sphaericus 2362, serotipo H5a5b, cepa ABTS1743, cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), siempre que se cumplan ciertas condiciones y especificaciones en relación con su uso.

(7)

Procede, por tanto, aprobar el uso de Bacillus sphaericus 2362, serotipo H5a5b, cepa ABTS1743, en biocidas del tipo de producto 18, supeditado al cumplimiento de ciertas especificaciones y condiciones.

(8)

Las evaluaciones no se ocuparon de los nanomateriales y, por consiguiente, la aprobación no debe abarcar estos materiales, de acuerdo con el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) no 528/2012.

(9)

Es preciso que, antes de la aprobación de una sustancia activa, transcurra un plazo razonable para que las partes interesadas puedan tomar las medidas preparatorias necesarias para cumplir los nuevos requisitos.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Biocidas.

13.3.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 68/36

(1)

La sustancia activa acetato de Z-13-hexadecen-11-in-1-ilo fue incluida en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo (2) por la Directiva 2008/127/CE de la Comisión (3), de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 24 ter del Reglamento (CE) no 2229/2004 de la Comisión (4). Desde la sustitución de la Directiva 91/414/CEE por el Reglamento (CE) no 1107/2009, esta sustancia se considera aprobada con arreglo a dicho Reglamento y está incluida en la parte A del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 de la Comisión (5).

(2)

De conformidad con el artículo 25 bis del Reglamento (CE) no 2229/2004, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en lo sucesivo «la Autoridad», presentó a la Comisión su dictamen sobre el proyecto de informe de revisión del acetato de Z-13-hexadecen-11-in-1-ilo (6) el 18 de diciembre de 2013. La Autoridad comunicó al notificante su dictamen sobre el acetato de Z-13-hexadecen-11-in-1-ilo.

(3)

La Comisión invitó al notificante a presentar observaciones sobre el proyecto de informe de revisión del acetato de Z-13-hexadecen-11-in-1-ilo. Los Estados miembros y la Comisión revisaron el proyecto de informe de revisión y el punto de vista de la Autoridad en el marco del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, documentación que ultimaron el 12 de octubre de 2014 como informe de revisión de la Comisión relativo al acetato de Z-13-hexadecen-11-in-1-ilo.

(4)

Se confirma que la sustancia activa acetato de Z-13-hexadecen-11-in-1-ilo debe considerarse aprobada con arreglo al Reglamento (CE) no 1107/2009.

(5)

De conformidad con el artículo 13, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1107/2009, leído en relación con su artículo 6, y a la luz de los conocimientos científicos y técnicos actuales, es necesario modificar las condiciones de aprobación del acetato de Z-13-hexadecen-11-in-1-ilo. En particular, conviene solicitar información confirmatoria complementaria.

(6)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

13.3.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 68/39

(1)

El Reglamento Delegado (UE) no 1062/2014 de la Comisión (2) establece una lista de sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su posible aprobación para su uso en biocidas o su inclusión en el anexo I del Reglamento (UE) no 528/2012. Dicha lista incluye la tolilfluanida.

(2)

La tolilfluanida se ha evaluado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2, del Reglamento (UE) no 528/2012 para su uso en biocidas del tipo de producto 21, productos antiincrustantes, conforme a la definición del anexo V del Reglamento (UE) no 528/2012.

(3)

Finlandia fue designada autoridad competente evaluadora y, en aplicación del artículo 14, apartados 4 y 6, del Reglamento (CE) no 1451/2007 de la Comisión (3), presentó a la Comisión el 18 de septiembre de 2012 un informe de evaluación, acompañado de sus recomendaciones.

(4)

El dictamen de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas fue formulado el 17 de junio de 2014 por el Comité de Biocidas, teniendo en cuenta las conclusiones de la autoridad competente evaluadora.

(5)

Según dicho dictamen, cabe esperar que los biocidas con tolilfluanida utilizados en el tipo de producto 21 cumplan los requisitos del artículo 5 de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), siempre que se respeten determinadas especificaciones y condiciones relacionadas con su uso.

(6)

No obstante, es necesario confirmar más que los riesgos relacionados con el uso de productos antiincrustantes son aceptables, y también que las medidas de reducción del riesgo propuestas son adecuadas. Con el fin de facilitar, en el momento de la renovación de la aprobación de sustancias activas antiincrustantes existentes, el examen y la comparación de los riesgos y ventajas de estas sustancias, así como de las medidas de reducción del riesgo aplicadas, la fecha de expiración de la aprobación de estas sustancias debe ser la misma.

(7)

Procede, por tanto, aprobar el uso de la tolilfluanida en biocidas del tipo de producto 21, con sujeción al cumplimiento de determinadas especificaciones y condiciones.

(8)

Las evaluaciones no se han ocupado de los nanomateriales y, por consiguiente, la aprobación no debe abarcar estos materiales, de acuerdo con el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) no 528/2012.

(9)

Es preciso que, antes de la aprobación de una sustancia activa, transcurra un plazo razonable para que las partes interesadas puedan tomar las medidas preparatorias necesarias para cumplir los nuevos requisitos.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Biocidas.

13.3.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 68/43

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

13.3.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 68/45

(1)

El artículo 11 del Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013 del Consejo (2) permite recurrir al Instrumento de Flexibilidad dentro del límite máximo anual de 471 millones EUR (a precios de 2011) con vistas a la financiación de gastos claramente definidos que no puedan financiarse dentro de los límites máximos disponibles en una o más de las demás rúbricas.

(2)

Tras haber examinado todas las posibilidades de reasignación de los créditos en la subrúbrica 1b, parece necesario movilizar el Instrumento de Flexibilidad para complementar la financiación en el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio financiero 2015, más allá del límite máximo de la subrúbrica 1b, mediante 83 285 595 EUR, de cara a la financiación de los programas de los Fondos Estructurales chipriotas a fin de conceder una asignación adicional de los Fondos Estructurales a Chipre para el ejercicio 2015 por un importe total de 100 000 000 EUR.

(3)

Para el ejercicio 2014, el Parlamento Europeo y el Consejo ya habían movilizado el Instrumento de Flexibilidad mediante la Decisión de 20 de noviembre de 2013 en relación con la financiación de los programas de los Fondos Estructurales chipriotas por un importe de 89 330 000 EUR solo en créditos de compromiso.

(4)

Teniendo en cuenta el carácter complementario del Instrumento de Flexibilidad, resulta necesario prever créditos de pago adicionales para cubrir los créditos de compromiso adicionales para Chipre correspondientes a los dos ejercicios financieros 2014 y 2015 sobre la base del perfil de pagos previsto, que se estima en 11,3 millones EUR en 2015, 45,7 millones EUR en 2016, 75,4 millones EUR en 2017 y 40,2 millones EUR en 2018. Los importes anuales para cada ejercicio del período 2015-2018 tendrán que ser confirmados en cada proyecto de presupuesto presentado por la Comisión durante este período.

13.3.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 68/47

(1)

La Unión Europea ha creado un Fondo de Solidaridad de la Unión Europea («el Fondo») para solidarizarse con la población de las regiones afectadas por catástrofes.

(2)

El artículo 10 del Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013 del Consejo (3) permite la movilización del Fondo hasta un límite máximo anual de 500 millones EUR (a precios de 2011).

(3)

El artículo 4 bis, apartado 4, del Reglamento (CE) no 2012/2002 prevé que el Fondo puede movilizarse por un importe máximo de hasta 50 000 000 EUR para el pago de anticipos y que pueden consignarse los créditos correspondientes en el presupuesto general de la Unión.

13.3.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 68/48

(1)

La Unión aprobó el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional («el Convenio de Rotterdam») mediante Decisión 2006/730/CE del Consejo (1).

(2)

El Convenio de Rotterdam se aplica en la Unión en virtud del Reglamento (UE) no 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

(3)

A fin de que los países importadores disfruten de la protección que brinda el Convenio de Rotterdam, es necesario y conveniente respaldar la recomendación del Comité de Examen de Productos Químicos sobre la inclusión, en su anexo III, del amianto crisotilo, el metamidofós, el triclorfón y el fentión (formulaciones de volumen ultra bajo en las que la concentración del principio activo es, como mínimo, de 640 g/l), así como las formulaciones líquidas (concentrado emulsionable y concentrado soluble) que contienen, como mínimo, 276 g/l de dicloruro de paraquat, equivalente, como mínimo, a 200 g/l de ión de paraquat. Estas sustancias ya están prohibidas o rigurosamente restringidas en la Unión y, por tanto, están sujetas a requisitos de exportación más estrictos que los previstos en el Convenio de Rotterdam.

(4)

Se prevé que en la séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam se decidan las enmiendas del anexo III propuestas. La Unión debe respaldar dichas enmiendas.

13.3.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 68/50

(1)

Por carta de 13 de agosto de 2014, recibida por la Comisión el 1 de septiembre de 2014, las autoridades croatas notificaron, con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 96/67/CE (en lo sucesivo denominada «la Directiva»), la decisión de excepción adoptada por el Gobierno de la República de Croacia, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letras b) y d), de la Directiva, respecto al Aeropuerto Internacional de Zagreb. Las autoridades croatas facilitaron información adicional por carta de 1 de diciembre de 2014, recibida por la Comisión el 17 de diciembre de 2014, que completaba la notificación.

(2)

La decisión notificada establece dos excepciones. En primer lugar, reserva a beneficio de un único agente las categorías de servicios de asistencia en tierra a que hacen referencia los puntos 3, 4 y 5 (excepto el punto 5.1) del anexo de la Directiva, a saber, la asistencia de equipajes, la asistencia de carga y correo en lo que respecta a la manipulación física de la carga y del correo entre la terminal del aeropuerto y el avión, tanto a la llegada como a la salida o en tránsito, y la asistencia de operaciones en pista, salvo el guiado de la aeronave a la llegada y a la salida. En segundo lugar, prohíbe la autoasistencia en el caso de esas tres categorías de servicios de asistencia en tierra, salvo el guiado de la aeronave a la llegada y a la salida. Ambas excepciones serán aplicables durante un período de dos años, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016.

(3)

El Aeropuerto Internacional de Zagreb lo gestiona Zagreb International Airport Jsc. El aeropuerto acogió a 2,3 millones de viajeros en 2013.

(4)

En la actualidad, el Aeropuerto Internacional de Zagreb cuenta con una terminal de pasajeros y está en proceso de construcción otra terminal de pasajeros con la infraestructura asociada (plataforma, vías de acceso y plazas de estacionamiento). La terminal nueva se completará y entrará en funcionamiento a finales de 2016, a más tardar, y tendrá una capacidad de cinco millones de viajeros. La terminal existente se cerrará, excepto para su utilización por la aviación general y otras actividades varias (alquiler de oficinas, etc.).

(5)

Según las autoridades croatas, las limitaciones de la terminal actual, tanto desde el punto de vista de las infraestructuras como de las operaciones, no permitirían el acceso rentable y efectivo de otros agentes de asistencia en tierra en el período de construcción de la terminal nueva. Una vez terminado el edificio de la terminal de pasajeros y la plataforma nuevas e iniciadas sus operaciones, se resolverían los problemas de espacio y de capacidad de las infraestructuras existentes.

(6)

De acuerdo con las autoridades croatas, el acceso al mercado de la prestación de servicios de asistencia de equipajes, asistencia de operaciones en pista y asistencia de carga y correo está abierto. Ahora bien, ningún otro agente de asistencia en tierra a terceros ha presentado hasta ahora una solicitud de aprobación y de licencia para la prestación de tales servicios de asistencia en tierra en el Aeropuerto Internacional de Zagreb, los cuales son prestados actualmente a los usuarios del aeropuerto por Zagreb International Airport Jsc. a través de una filial enteramente de su propiedad.

(7)

El libre ejercicio de la autoasistencia en tierra también es aplicable al Aeropuerto Internacional de Zagreb. No obstante, solo una compañía aérea practica la autoasistencia en una subcategoría de servicios de asistencia de operaciones en pista (carga y descarga de alimentos y bebidas). Ninguna otra compañía ha manifestado su interés en practicar la autoasistencia.

(8)

El Aeropuerto Internacional de Zagreb cuenta con una instalación de clasificación de equipajes facturados localmente y de equipajes en tránsito, de 515 m2 de superficie, situada en el sótano de la parte central de la terminal.

(9)

El Aeropuerto Internacional de Zagreb dispone de una terminal de carga de 2 160 m2 de superficie total, donde tiene lugar todo el proceso de manipulación de la carga. Dadas las considerables limitaciones de espacio, todo ese proceso se lleva a cabo manualmente, utilizando herramientas de mano y carretillas elevadoras. En el depósito franco del sector de tierra hay una plataforma operacional de entrega y recogida de carga con una sola rampa de entrada y salida.

(10)

La terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Zagreb manipula entre 8 000 y 8 500 toneladas de carga y correo al año, de las cuales el correo representa entre 1 000 y 1 500 toneladas anuales.

(11)

El Aeropuerto Internacional de Zagreb cuenta con una plataforma de aviación comercial, de 140 000 m2 de superficie total y con 22 puestos, y con una plataforma de aviación general de 28 000 m2 de superficie total y con capacidad para 20 aeronaves.

(12)

Con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva, la Comisión publicó un resumen de la decisión de excepción notificada por las autoridades croatas en el Diario Oficial de la Unión Europea e invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones.

(13)

La Comisión recibió observaciones de un agente de asistencia en tierra, que pedía información sobre si se celebraría un procedimiento de licitación durante el período de excepción con vistas a que el agente seleccionado iniciara sus operaciones una vez expirado dicho período. No se recibieron observaciones de otras partes interesadas.

(14)

Las autoridades croatas basan su decisión de excepción en el artículo 9, apartado 1, letras b) y d), de la Directiva, que permite, en caso de limitaciones específicas del espacio o la capacidad disponible, reservar a un solo agente una o más de las categorías de servicios contempladas en el artículo 6, apartado 2, así como prohibir el ejercicio de la autoasistencia respecto a las categorías contempladas en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva.

(15)

De conformidad con el artículo 9, apartado 2, letra a), de la Directiva, las autoridades croatas han especificado que las dos excepciones se aplican a las categorías de servicios de asistencia en tierra enumeradas en los puntos 3, 4 y 5 del anexo de la Directiva, a excepción del punto 5.1, a saber, a la asistencia de equipajes, la asistencia de carga y correo y la asistencia de operaciones en pista, salvo el guiado de la aeronave a la llegada y a la salida.

(16)

En cuanto a la asistencia de equipajes, la Comisión considera que, con la información facilitada, las autoridades croatas han demostrado que es imposible dar cabida a otro agente de asistencia en tierra a terceros, además del departamento de servicios de asistencia en tierra del aeropuerto o de cualquier usuario del aeropuerto que practique la autoasistencia en tierra.

(17)

El espacio operativo es limitado y estrecho y las maniobras de carretillas o remolques de equipaje son difíciles. La clasificación de equipajes en los picos de carga, cuando están funcionando ambas secciones de facturación, es especialmente problemática. Por tanto, no hay sitio suficiente para permitir a más de un operador trabajar eficazmente.

(18)

Es imposible resolver este problema de espacio en la localización actual, ya que la ubicación de la instalación de clasificación de equipajes no permite extenderla a otras áreas. La solución de una planta subterránea no sería factible debido al nivel de las aguas subterráneas y al consiguiente riesgo de inundación. La ampliación de la instalación de clasificación en el exterior exigiría también considerables obras de reforma que afectarían en una medida significativa a los procesos de tráfico existentes y generaría grandes gastos, mientras que la eficiencia de tal instalación sería cuestionable.

(19)

En cuanto a la asistencia de carga y correo, la Comisión considera que, con la información facilitada, las autoridades croatas han demostrado que es imposible dar cabida a otro agente de asistencia en tierra a terceros, además del departamento de servicios de asistencia en tierra del aeropuerto o de cualquier usuario del aeropuerto que practique la autoasistencia en tierra.

(20)

El tamaño de la terminal de carga es reducido. La plataforma de entrega y recogida de carga tiene una sola rampa de entrada y salida que reduce considerablemente las funciones operacionales de la plataforma cuando hay varios remolques estacionados en el espacio cerrado mientras esperan o ejercen trabajos de carga y descarga. Así pues, no hay espacio para acoger a un operador adicional.

(21)

En este contexto, la Comisión observa asimismo que el volumen de carga y correo oscila entre 8 000 y 8 500 toneladas anuales, cifra muy inferior al umbral de 50 000 toneladas de carga previsto en la Directiva para la obligación de abrir la asistencia en tierra a terceros y autorizar la autoasistencia.

(22)

En cuanto a la asistencia de operaciones en pista, excepto el guiado de la aeronave a la llegada y a la salida, la Comisión considera que, con la información facilitada, las autoridades croatas han demostrado que es imposible dar cabida a otro agente de asistencia en tierra a terceros, además de la filial de servicios de asistencia en tierra del aeropuerto o de cualquier usuario del aeropuerto que practique la autoasistencia en tierra.

(23)

El programa de vuelos del Aeropuerto Internacional de Zagreb se caracteriza por tres breves picos de carga: uno por la mañana, otro por la tarde y otro por la noche. Durante esos picos de carga deben ponerse en funcionamiento numerosas unidades de equipos en períodos de tiempo relativamente cortos para satisfacer todos los requisitos de la asistencia a las aeronaves en tiempo útil.

(24)

El espacio de estacionamiento para tantas unidades de equipos representa un problema. Teniendo en cuenta la superficie ocupada por edificios y otras construcciones, no hay espacio disponible cerca del puesto de estacionamiento de las aeronaves para el estacionamiento de unidades de equipos adicionales. El espacio de aparcamiento necesario para los equipos existentes presenta ya un problema de gestión para el aeropuerto. El problema se agrava en invierno, cuando también se estacionan en ese reducido espacio los vehículos de retirada y eliminación de nieve. Debido a esa falta de espacio de estacionamiento, es imposible dar cabida a un segundo operador.

(25)

Con todo, las citadas limitaciones que genera la falta de espacio de estacionamiento no se extienden al guiado de aeronaves a la llegada y a la salida, que no requiere equipos voluminosos. Esos servicios no están comprendidos en la decisión de excepción notificada por las autoridades croatas y, por consiguiente, no habrá limitaciones en cuanto al número de proveedores de servicios de guiado de aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Zagreb.

(26)

Por otra parte, de la información que obra en poder de la Comisión se desprende que la construcción de la terminal nueva en el Aeropuerto Internacional de Zagreb se inició en diciembre de 2013. La finalización de la primera fase de la construcción está prevista en 2016, y se espera que la terminal entre en funcionamiento a finales de ese mismo año. La terminal nueva tendrá una capacidad de cinco millones de viajeros anuales y contará con un nuevo sistema de equipajes plenamente integrado, con una plataforma nueva, así como con nuevas calles de rodaje y vías de servicio. Las autoridades croatas han explicado que la construcción y el funcionamiento de la terminal nueva resolverán las actuales limitaciones de espacio y capacidad. Así pues, la construcción y el funcionamiento de la terminal nueva pueden considerarse una medida apropiada para superar tales limitaciones conforme al artículo 9, apartado 2, letra b).

(27)

Las excepciones establecidas en la decisión de excepción notificada por las autoridades croatas tienen una duración limitada, concretamente de dos años. Por tanto, se respetan los requisitos del artículo 9, apartado 6, de la Directiva.

(28)

Por último, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas —en particular, la situación actual del Aeropuerto Internacional de Zagreb, el limitado alcance material y temporal de las excepciones y las medidas adoptadas para superar las limitaciones existentes—, la Comisión estima que las excepciones no perjudican indebidamente los objetivos de la Directiva, no provocan distorsiones de la competencia entre agentes de asistencia en tierra y/o usuarios que practican la autoasistencia ni tienen mayor extensión que la necesaria, de conformidad con el artículo 9, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva.

(29)

En este contexto se ha tenido también en cuenta que las limitaciones previstas en las excepciones se aplican de manera no discriminatoria a todos los agentes (potenciales) de asistencia en tierra, aparte del departamento de servicios de asistencia en tierra del aeropuerto, y a todos los usuarios del aeropuerto que practican la autoasistencia, así como el hecho de que hasta la fecha ningún agente de asistencia en tierra ni usuario del aeropuerto ha presentado una solicitud para ejercer actividades de asistencia en tierra en el Aeropuerto Internacional de Zagreb pese a que en la actualidad no hay restricciones de acceso para los agentes de asistencia en tierra a terceros ni restricciones del derecho al ejercicio de la autoasistencia, y de que ninguna parte interesada ha formulado objeciones a la decisión de excepción. En relación con las observaciones recibidas acerca de la posibilidad de que se celebre un procedimiento de licitación, la Comisión recuerda la obligación de las autoridades croatas de cumplir en tiempo útil todas las normas pertinentes del Derecho de la Unión al respecto, incluido el artículo 11 de la Directiva.

(30)

La presente Decisión se entiende sin perjuicio del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe, por ser incompatible con el mercado interior, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros.

(31)

En consecuencia, a la luz del resultado del análisis realizado por la Comisión y tras consultar a la República de Croacia, debe aprobarse la decisión de excepción adoptada por este Estado miembro con arreglo al artículo 9, apartado 1, letras b) y d), de la Directiva respecto al Aeropuerto Internacional de Zagreb, notificada a la Comisión el 1 de septiembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2014.

(32)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité consultivo contemplado en el artículo 10 de la Directiva.

13.3.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 68/54

(1)

La Decisión BCE/2010/21 (1) establece las normas para la elaboración de las cuentas anuales del Banco Central Europeo (BCE).

(2)

Es necesario explicar con más claridad el método de valoración de los valores mantenidos con fines de política monetaria.

(3)

Deben incorporarse aclaraciones técnicas en la Decisión BCE/2010/21 tras la adopción de la Decisión BCE/2014/40 (2) y la Decisión BCE/2014/45 (3).

(4)

Asimismo, es preciso introducir otros cambios técnicos en la Decisión BCE/2010/21.

(5)

Debe modificarse en consecuencia la Decisión BCE/2010/21.

1.

El artículo 8 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 8

Criterios de valoración del balance

1.   A efectos de valoración del balance se emplearán los tipos y precios vigentes en el mercado, a menos que en el anexo I se especifique otra cosa.

2.   La revalorización del oro, los instrumentos en moneda extranjera, los valores (distintos de valores clasificados como mantenidos hasta su vencimiento, valores no negociables y valores mantenidos con fines de política monetaria que se contabilizan por su coste amortizado), y los instrumentos financieros, ya se recojan en el balance o fuera de balance, se llevará a cabo al final del ejercicio a precios y tipos medios de mercado.

3.   No se efectuará distinción alguna entre las diferencias de revalorización por precio y tipo de cambio en relación con el oro, sino que se contabilizará una única diferencia de revalorización, basada en el precio en euros de la unidad de peso definida para el oro en función del tipo de cambio entre el euro y el dólar estadounidense en la fecha de revalorización trimestral. En lo que respecta a la moneda extranjera, incluidas las operaciones reflejadas en el balance y fuera de balance, la revalorización se efectuará divisa por divisa. A efectos del presente artículo, las tenencias de DEG, incluidas las tenencias de divisas individuales designadas para la cesta de DEG, se tratarán como una única tenencia. Para los valores, la revalorización se efectuará código por código, es decir, por el mismo número o tipo de código ISIN, y, a efectos de valoración, no se separarán las opciones incorporadas. Los valores mantenidos a efectos de política monetaria o incluidos en las partidas “Otros activos financieros” o “Diversos” se tratarán de forma independiente.

4.   Los valores clasificados como mantenidos hasta su vencimiento se tratarán de forma independiente, se valorarán por su coste amortizado y estarán sujetos a pérdida de valor. Igual tratamiento se dará a los valores no negociables y los valores mantenidos con fines de política monetaria que se contabilizan por su coste amortizado. Los valores clasificados como mantenidos hasta su vencimiento podrán venderse antes de este en cualquiera de las circunstancias siguientes:

2.

El anexo I se sustituirá por el texto del anexo de la presente Decisión.

13.3.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 68/69

(1)

La Orientación BCE/2010/20 (1) establece las reglas de normalización de las operaciones contables y de presentación de información financiera que llevan a cabo los bancos centrales nacionales.

(2)

Es necesario aclarar mejor el método de valoración de los valores mantenidos con fines de política monetaria.

(3)

Es preciso incorporar aclaraciones técnicas en la Orientación BCE/2010/20 como consecuencia de la adopción de la Decisión BCE/2014/40 (2) y la Decisión BCE/2014/45 (3).

(4)

Deben también introducirse otros cambios técnicos en la Orientación BCE/2010/20.

(5)

Por ello, es preciso modificar la Orientación BCE/2010/20.

1.

El artículo 7 se sustituirá por el siguiente:

«Artículo 7

Criterios de valoración del balance

1.   A efectos de valoración del balance, se emplearán los tipos y precios vigentes en el mercado, a menos que en el anexo IV se especifique otra cosa.

2.   La revalorización del oro, los instrumentos en moneda extranjera, los valores (distintos de valores clasificados como mantenidos hasta su vencimiento, valores no negociables, y valores mantenidos con fines de política monetaria contabilizados por su coste amortizado) y los instrumentos financieros, ya se recojan en el balance o fuera de balance, se llevará a cabo a la fecha de revalorización trimestral, a precios y tipos medios de mercado. Ello no impedirá que las entidades informadoras revaloricen sus carteras con mayor frecuencia para fines internos, siempre y cuando comuniquen las partidas de sus balances en función del valor efectivo de las operaciones realizadas durante el trimestre.

3.   No se efectuará distinción alguna entre las diferencias de revalorización por precio y tipo de cambio en relación con el oro, sino que se contabilizará una única diferencia de revalorización, basada en el precio en euros de la unidad de peso definida para el oro en función del tipo de cambio entre el euro y el dólar estadounidense en la fecha de revalorización trimestral. En lo que respecta a la moneda extranjera, incluidas las operaciones reflejadas en el balance y fuera de balance, la revalorización se efectuará divisa por divisa. A efectos del presente artículo, las tenencias de DEG, incluidas las tenencias de divisas individuales designadas para la cesta de DEG, se tratarán como una única tenencia. Para los valores, la revalorización se efectuará código por código, es decir, por el mismo número o tipo de código ISIN, y, a efectos de valoración, no se separarán las opciones incorporadas. Los valores mantenidos con fines de política monetaria o incluidos en las partidas “Otros activos financieros” o “Diversos” se tratarán de forma independiente.

4.   Los apuntes contables por revalorización se cancelarán al final del trimestre siguiente, salvo en el caso de las pérdidas no realizadas imputadas a la cuenta de pérdidas y ganancias al final del ejercicio; todas las operaciones efectuadas durante el trimestre se reflejarán a los precios y tipos de cada operación.

5.   Los valores clasificados como mantenidos hasta su vencimiento se tratarán de forma independiente, se valorarán por su coste amortizado y estarán sujetos a pérdida de valor. Igual tratamiento se aplicará a valores no negociables y valores mantenidos con fines de política monetaria contabilizados por su coste amortizado. Los valores clasificados como mantenidos hasta su vencimiento podrán venderse antes de este en cualquiera de las circunstancias siguientes:

2.

En el artículo 13, el apartado 2 se sustituirá por el siguiente:

«2.   Los descuentos o primas derivados de valores emitidos y adquiridos se calcularán y presentarán como ingresos por intereses y se amortizarán a lo largo del resto de la vida contractual de los valores, bien conforme al método lineal, bien conforme al método de la tasa de rendimiento interno (TIR). No obstante, el método TIR será obligatorio cuando se trate de valores a descuento con un plazo de vencimiento de más de un año en el momento de su adquisición.»

3.

En el artículo 15, el apartado 2 se sustituirá por el siguiente:

«2.   Los swaps de tipos de interés, los futuros, los acuerdos de tipos de interés futuros, otros instrumentos sobre tipos de interés y las opciones, salvo las incorporadas a valores, se contabilizarán y revalorizarán elemento por elemento. Dichos instrumentos se tratarán separadamente de las partidas del balance.»

4.

El artículo 19 se modificará como sigue:

5.

En el artículo 22, el apartado 6 se sustituirá por el siguiente:

«6.   Salvo en el caso de las opciones incorporadas a valores, cada contrato de opción se revalorizará individualmente. Las pérdidas no realizadas imputadas a la cuenta de pérdidas y ganancias no se compensarán en ejercicios posteriores con las ganancias no realizadas. Las ganancias no realizadas se abonarán en una cuenta de revalorización. No se compensarán las pérdidas no realizadas sobre una opción con ganancias no realizadas sobre cualquier otra opción.»

6.

En el anexo II, se añadirá la definición siguiente:

«—    Entidad de contrapartida central (ECC) : una persona jurídica que intermedia entre las contrapartes en los contratos negociados en uno o varios mercados financieros, ejerciendo como comprador para cada vendedor y como vendedor para cada comprador.»

7.

En el anexo III, el punto 2.2 se sustituirá por el siguiente:

.

8.

El anexo IV se sustituirá por el texto del anexo de la presente orientación.