30.4.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 128/1

(1)

La libre circulación de personas es una de las libertades fundamentales de la Unión. El artículo 46 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone que el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social Europeo, adoptarán directivas para establecer medidas necesarias a fin de hacer efectiva la libre circulación de los trabajadores, tal como queda establecida en el artículo 45 del TFUE. El artículo 45 del TFUE dispone que la libre circulación de los trabajadores implica, entre otros, el derecho de responder a ofertas de empleo y de desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros. La presente Directiva pretende fomentar la movilidad de los trabajadores reduciendo los obstáculos a esa movilidad creados por determinadas normas relativas a los regímenes complementarios de pensión vinculados a una relación laboral.

(2)

La protección social de los trabajadores con respecto a las pensiones está garantizada por regímenes legales de seguridad social, junto con regímenes complementarios de pensión derivados del contrato de trabajo, que cada vez son más comunes en los Estados miembros.

(3)

El Parlamento Europeo y el Consejo gozan de un amplio poder discrecional en lo que respecta a la elección de las medidas más apropiadas para alcanzar el objetivo del artículo 46 del TFUE. El sistema de coordinación previsto en el Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo (3), y en el Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y en particular las normas aplicables en materia de totalización no afectan a los regímenes complementarios de pensión, salvo los definidos como «legislación» en esos Reglamentos, o que hayan sido objeto de una declaración en tal sentido por un Estado miembro conforme a dichos Reglamentos.

(4)

La Directiva 98/49/CE del Consejo (5) es una primera medida específica dirigida a mejorar el derecho a la libre circulación de los trabajadores en lo que respecta a los regímenes complementarios de pensión.

(5)

El objetivo de la presente Directiva es reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y mantenimiento de los derechos complementarios de pensión de los afiliados de dichos regímenes complementarios de pensión.

(6)

La presente Directiva no es aplicable a la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión de los trabajadores que se desplazan dentro de un único Estado miembro. Los Estados miembros pueden considerar la posibilidad de hacer uso de sus competencias nacionales para ampliar las normas aplicables en virtud de la presente Directiva a los afiliados que cambien de empleo dentro de un único Estado miembro.

(7)

Un Estado miembro podrá solicitar que los trabajadores salientes que se desplacen a otro Estado miembro notifiquen en consecuencia sus regímenes complementarios de pensión.

(8)

Es necesario tener en cuenta la naturaleza especial y las características de los regímenes complementarios de pensión y su diversidad dentro y entre los Estados miembros. Se debe proteger suficientemente la creación de nuevos regímenes, la viabilidad de los existentes y las expectativas y los derechos de los beneficiarios actuales. En particular, la presente Directiva debe respetar el papel que desempeñan los interlocutores sociales en la concepción y aplicación de los regímenes complementarios de pensión.

(9)

La presente Directiva no cuestiona el derecho de los Estados miembros a organizar sus propios regímenes de pensión. Los Estados miembros siguen siendo plenamente responsables de la organización de esos regímenes, y, por tanto, cuando incorporen la presente Directiva a su Derecho interno no estarán obligados a legislar sobre la creación de regímenes complementarios de pensión.

(10)

La presente Directiva no limita la autonomía de los interlocutores sociales cuando sean responsables de establecer y gestionar regímenes de pensiones siempre que puedan garantizar los resultados fijados en la presente Directiva.

(11)

La presente Directiva debe aplicarse a todos los regímenes complementarios de pensión establecidos de conformidad con el Derecho y la práctica nacionales y que tenga como finalidad proporcionar una pensión complementaria a los trabajadores, como los contratos de seguros colectivos o los regímenes de reparto acordados por uno o más sectores o ramos, los regímenes de capitalización o los compromisos de pensión garantizados por provisiones en el balance de las empresas o cualesquiera convenios colectivos o acuerdos comparables.

(12)

La presente Directiva no debe aplicarse a un régimen complementario de pensión que haya sido cerrado y que, por lo tanto, ya no admita más afiliados, porque la introducción de nuevas normas podría suponer una carga injustificada para ese régimen.

(13)

La presente Directiva no debe afectar a los regímenes de garantía en caso de insolvencia ni a los regímenes de compensación que no formen parte de regímenes complementarios de pensión vinculados a una relación laboral y cuyo fin consista en proteger los derechos de pensión de los trabajadores por cuenta ajena en caso de insolvencia de la empresa o del régimen de pensión. De modo semejante, la presente Directiva no debe aplicarse a los fondos nacionales de reserva para las pensiones.

(14)

La presente Directiva debe aplicarse solamente a los regímenes complementarios de pensión en los que el derecho a pensión se derive de una relación laboral y tenga su causa en alcanzar la edad de la jubilación o en cumplir otros requisitos, según disponga el régimen o la legislación nacional. La presente Directiva no se aplica a compromisos individuales de pensión distintos de los celebrados en el marco de una relación laboral. Cuando las pensiones de invalidez o de supervivencia estén vinculadas a regímenes complementarios de pensión, el derecho a estas prestaciones estará regulado por normas especiales. La presente Directiva no se aplica al Derecho nacional ni a las normas sobre los regímenes complementarios de pensión en lo que se refiere a dichas normas especiales.

(15)

A efectos de la presente Directiva no se considerarán pensiones complementarias de jubilación los pagos únicos que no guarden relación alguna con las cotizaciones efectuadas a efectos de obtener una pensión de jubilación, que se abonen directa o indirectamente al final de la relación laboral y que se financien exclusivamente por el empresario.

(16)

Dado que los regímenes complementarios de pensión están adquiriendo una importancia creciente en numerosos Estados miembros como medio de garantizar un adecuado nivel de vida en la vejez, es preciso mejorar las condiciones de adquisición y mantenimiento de los derechos adquiridos a fin de reducir los obstáculos a la libertad de circulación de los trabajadores entre Estados miembros.

(17)

El hecho de que en algunos regímenes complementarios de pensión puedan perderse los derechos de pensión cuando la relación laboral de un trabajador finaliza antes de que este haya completado un período mínimo de afiliación al régimen («período de carencia») o alcanzado una edad mínima («edad mínima para la adquisición de derechos») puede impedir que los trabajadores que se desplazan entre los Estados miembros adquieran unos derechos de pensión adecuados. El requisito de un largo período de espera antes de que un trabajador pueda afiliarse a un régimen de pensión puede tener un efecto similar. Por lo tanto, estas condiciones representan obstáculos a la libre circulación de los trabajadores. Por el contrario, las condiciones de edad mínima para la afiliación no constituyen un obstáculo a la libertad de circulación y por lo tanto no son objeto de la presente Directiva.

(18)

Los requisitos de consolidación no deben asimilarse a otras condiciones establecidas para la adquisición de derechos a rentas vitalicias establecidas respecto de la fase de liquidación por la legislación nacional o a tenor de las normas de determinados regímenes complementarios de pensión (especialmente los regímenes de cotización definida). Por ejemplo, un período de afiliación activa a un régimen que un miembro tiene que completar tras adquirir el derecho a una pensión complementaria con objeto de solicitar su pensión en forma de anualidad o de capital no constituye un período de carencia.

(19)

Cuando la relación laboral se extinga antes de que el trabajador saliente haya acumulado derechos de pensión consolidados, y cuando el riesgo de inversión lo soporten el régimen o el empresario (en particular en los regímenes de prestación definida), el régimen debe reembolsar siempre las cotizaciones a la pensión de dicho trabajador saliente. Cuando la relación laboral se extinga antes de que el trabajador saliente haya acumulado derechos de pensión consolidados, y cuando el riesgo de inversión lo soporte el trabajador saliente (en particular en los regímenes de cotización definida), el régimen puede reembolsar el valor de las inversiones derivadas de dichas aportaciones. El valor podrá ser superior o inferior a las cotizaciones abonadas por el trabajador saliente. De forma alternativa, el régimen podrá reembolsar la suma de las contribuciones.

(20)

El trabajador saliente debe tener derecho a dejar sus derechos de pensión consolidados como derechos de pensión latentes en el régimen complementario de pensiones en el que haya consolidado los derechos. Por lo que se refiere al mantenimiento de los derechos de pensión latentes, el nivel de protección se considera equivalente cuando, en particular en el contexto de un régimen de cotización definida, se ofrezca al trabajador saliente la posibilidad de transferir sus derechos de pensión consolidados, o el valor de estos, a un régimen complementario de pensión que cumpla lo dispuesto en la presente Directiva.

(21)

Con arreglo a la práctica y a la legislación nacionales, se han de tomar medidas para asegurar el mantenimiento de los derechos de pensión latentes o su valor. El valor de dichos derechos en el momento en que el afiliado salga del régimen debe determinarse con arreglo a la legislación y práctica nacionales. En caso de que se ajusten dichos derechos, deben tenerse en cuenta la naturaleza particular del régimen, los intereses de los beneficiarios diferidos, los intereses de los demás afiliados activos al régimen y los intereses de los beneficiarios jubilados.

(22)

La presente Directiva no crea ninguna obligación de establecer unas condiciones más favorables para los derechos de pensión latentes que para los derechos de los afiliados activos.

(23)

Cuando el valor de los derechos de pensión consolidados de un trabajador saliente no exceda de un límite fijado por el Estado miembro de que se trate, y para evitar costes administrativos demasiado elevados resultantes de la gestión de un número importante de derechos de pensión latentes de escaso valor, puede permitirse que los regímenes de pensión no estén obligados a preservar estos derechos consolidados, sino que en su lugar puedan abonar al trabajador saliente un capital equivalente al valor de los derechos de pensión consolidados. En su caso, el valor de transferencia o el pago del capital deben determinarse con arreglo a la legislación y prácticas nacionales. Los Estados miembros deben fijar, cuando proceda, un umbral para dichos pagos, teniendo en cuenta la adecuación de los futuros ingresos de jubilación del trabajador.

(24)

La presente Directiva no establece la posibilidad de movilizar los derechos de pensión consolidados. No obstante, con objeto de facilitar la libre circulación de trabajadores entre Estados miembros, los Estados miembros deben esforzarse por mejorar la transferencia de los derechos de pensión consolidados, en la medida de lo posible y, en particular, cuando se creen nuevos regímenes complementarios de pensión.

(25)

No obstante lo dispuesto en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), los afiliados activos y los beneficiarios diferidos que ejerzan o tengan previsto ejercer su derecho a la libre circulación deben ser informados convenientemente, si así lo solicitan, sobre sus derechos complementarios de pensión. Cuando las prestaciones de los supervivientes estén vinculadas a regímenes de pensiones, los beneficiarios supervivientes tendrán el mismo derecho a la información que los beneficiarios diferidos. Los Estados miembros deben poder estipular que no sea necesario proporcionar dicha información más de una vez al año.

(26)

Habida cuenta de la diversidad de los regímenes complementarios de pensión, la Unión debe limitarse a determinar objetivos a alcanzar en términos generales; por consiguiente, una directiva es el instrumento jurídico apropiado.

(27)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación de los trabajadores entre Estados miembros, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(28)

La presente Directiva establece requisitos mínimos, de manera que da a los Estados miembros la opción de introducir o de mantener disposiciones más favorables. La aplicación de la presente Directiva no puede justificar retroceso alguno en relación con la situación existente en cada Estado miembro.

(29)

La Comisión debe elaborar un informe sobre la aplicación de la presente Directiva a más tardar seis años después de su entrada en vigor.

(30)

Con arreglo a las disposiciones nacionales que regulan la organización de los regímenes complementarios de pensión, los Estados miembros pueden confiar la aplicación de la presente Directiva a los interlocutores sociales, a petición conjunta de estos, por lo que respecta a las disposiciones que corresponden al ámbito de los convenios colectivos, siempre que los Estados miembros tomen todas las disposiciones necesarias para poder garantizar, en todo momento, los resultados establecidos por la presente Directiva.

a)

los regímenes complementarios de pensión que, a la entrada en vigor de la presente Directiva, hayan dejado de aceptar nuevos afiliados activos y permanezcan cerrados a nuevos afiliados;

b)

los regímenes complementarios de pensión que estén sujetos a medidas en las que intervengan los órganos administrativos que establezca la legislación nacional o las autoridades judiciales y que tengan por objeto mantener o restablecer su situación financiera, incluidos los procedimientos de liquidación. Esta exclusión no se prorrogará más allá del final de dicha intervención;

c)

los regímenes de garantía en caso de insolvencia, los regímenes de compensación y los fondos nacionales de reserva para las pensiones, y

d)

los pagos únicos abonados por los empleadores a los empleados al término de su relación laboral que no estén relacionados con una pensión de jubilación.

a)

«pensión complementaria»: las pensiones de jubilación dispuestas en las normas de un régimen complementario de pensión creado de conformidad con el Derecho y la práctica nacionales;

b)

«régimen complementario de pensión»: todo régimen profesional de pensiones de jubilación, establecido de conformidad con el Derecho y la práctica nacionales y vinculado a una relación laboral, destinado a abonar una pensión complementaria a trabajadores por cuenta ajena;

c)

«afiliado activo»: todo trabajador cuya relación laboral actual le da o le podría dar derecho, una vez cumplidos los requisitos de adquisición, a recibir una pensión complementaria de conformidad con lo dispuesto en un régimen complementario de pensión;

d)

«período de espera»: el período de empleo, exigido por el Derecho nacional, por las normas de un régimen complementario de pensiones o por el empleador, antes de que el trabajador pueda optar a la afiliación a un régimen;

e)

«período de adquisición»: un período de participación activa en un régimen, exigido por Derecho nacional o por las normas de un régimen complementario de pensiones para consolidar derechos complementarios de pensión acumulados;

f)

«derechos de pensión consolidados»: todos los derechos complementarios de pensión acumulados tras el cumplimiento de cualesquiera condiciones de adquisición, con arreglo a las normas de un régimen complementario de pensión y, de ser aplicable, con arreglo al Derecho nacional;

g)

«trabajador saliente»: un afiliado activo cuya relación laboral actual finaliza por una razón distinta al hecho de que puede optar a una pensión complementaria y que se desplaza entre Estados miembros;

h)

«beneficiario diferido»: un antiguo afiliado activo que tenga derechos de pensión consolidados en un régimen complementario de pensión y no reciba aún una pensión complementaria del mismo;

i)

«derechos de pensión latentes»: los derechos de pensión adquiridos mantenidos en virtud del régimen en el que han sido acumulados por un beneficiario diferido;

j)

«valor de los derechos de pensión latentes»: el valor actual neto de los derechos de pensión calculado conforme al Derecho y práctica nacionales.

a)

cuando se aplique un período de adquisición o un período de espera, o ambos, el período total combinado en ningún caso excederá de tres años para los trabajadores salientes;

b)

cuando se fije una edad mínima para la consolidación de derechos de pensión, dicha edad no exceda de 21 años para los trabajadores salientes;

c)

en caso de que un trabajador saliente no haya adquirido aún derechos de pensión consolidados cuando haya finalizado la relación laboral, el régimen complementario de pensiones reembolsará las contribuciones abonadas por el trabajador saliente, o abonadas en su nombre, con arreglo al Derecho nacional o a acuerdos o convenios colectivos, o, en caso de que el trabajador saliente soporte el riesgo de la inversión, la suma de las contribuciones aportadas o el valor de las inversiones derivadas de dichas contribuciones.

a)

si los derechos de pensión en el régimen complementario de pensión se han adquirido como un derecho a un importe nominal, salvaguardando el valor nominal de los derechos de pensión latentes;

b)

si el valor de los derechos de pensión acumulados cambia a lo largo del tiempo, ajustando el valor de los derechos de pensión latentes mediante:

o

c)

si el valor de los derechos de pensión acumulados se ajusta, por ejemplo, en función de la tasa de inflación o los niveles salariales, ajustando el valor de los derechos de pensión latentes en consecuencia, con sujeción a cualquier límite proporcional fijado por el Derecho nacional o acordado por los interlocutores sociales.

a)

las condiciones de adquisición de los derechos complementarios de pensión y las consecuencias de la aplicación de dichas condiciones al cesar la relación laboral;

b)

el valor de sus derechos de pensión consolidados, o una estimación de los derechos de pensión consolidados, efectuada como máximo 12 meses antes de la fecha de la solicitud, y

c)

las condiciones que rigen el futuro trato que se dará a los derechos de pensión latentes.

a)

el valor de sus derechos de pensión latentes, o una estimación de los derechos de pensión latentes, efectuada como máximo a una fecha 12 meses anterior a la de la solicitud, así como

b)

las condiciones que rigen el tratamiento de los derechos de pensión latentes.

30.4.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 128/8

(1)

La libre circulación de los trabajadores es una libertad fundamental de los ciudadanos de la Unión y uno de los pilares del mercado interior de la Unión, consagrada en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Su aplicación está desarrollada en el Derecho de la Unión y dirigida a garantizar el pleno ejercicio de los derechos conferidos a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias. «Miembros de sus familias» tiene el mismo significado que en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), que también se aplica a los miembros de la familia de los trabajadores fronterizos.

(2)

La libre circulación de los trabajadores es también un elemento clave para el desarrollo de un verdadero mercado de trabajo de la Unión, ya que permite que los trabajadores se desplacen a zonas con carencia de mano de obra o en la que hay mayores oportunidades de empleo, ayuda a más personas a encontrar un empleo que se adapte mejor a sus aptitudes y contribuye a superar los estrangulamientos del mercado de trabajo.

(3)

La libre circulación de los trabajadores otorga a cada ciudadano de la Unión, independientemente de su lugar de residencia, el derecho a desplazarse libremente a otro Estado miembro para trabajar y/o residir en el mismo a efectos laborales. Le protege contra la discriminación por razón de la nacionalidad en relación con el acceso al empleo, las condiciones de empleo y trabajo, en particular la remuneración, el despido, así como las ventajas sociales y fiscales, garantizándoles la igualdad de trato, con arreglo a la legislación y prácticas nacionales y a los acuerdos colectivos, con respecto de los nacionales de ese Estado miembro. Tales derechos deberían ser ejercidos sin discriminación por razones de nacionalidad a todos los ciudadanos de la Unión que ejerzan su derecho a la libre circulación, entre estos, a los trabajadores permanentes, de temporada y fronterizos. Es necesario distinguir la libre circulación de los trabajadores de la libre prestación de servicios, que otorga a las empresas el derecho a prestar sus servicios en otro Estado miembro, para lo cual pueden desplazar temporalmente a sus propios trabajadores a otro Estado miembro para que realicen el trabajo necesario para la prestación de servicios en dicho Estado miembro.

(4)

Por lo que se refiere a los trabajadores de la Unión y a los miembros de sus familias que ejercen su derecho a la libre circulación, el artículo 45 del TFUE les confiere unos derechos sustantivos para el ejercicio de esta libertad fundamental, que se especifican más detalladamente en el Reglamento (UE) no 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(5)

El ejercicio efectivo de la libertad de circulación de los trabajadores sigue representando, sin embargo, un gran reto y, muchos trabajadores de la Unión con frecuencia no son conscientes de sus derechos de libre circulación. A causa, entre otros motivos, de su posición potencialmente más vulnerable, los trabajadores de la Unión pueden seguir sufriendo restricciones y obstáculos injustificados a su derecho a la libre circulación, como el no reconocimiento de las cualificaciones, discriminación por razón de la nacionalidad y explotación al desplazarse a otro Estado miembro. Por tanto, existe entre la legislación y su aplicación práctica una discrepancia que debe ser abordada.

(6)

En julio de 2010, en su Comunicación titulada «Reafirmación de la libre circulación de los trabajadores: derechos y avances importantes», la Comisión señaló que estudiaría las formas de abordar las nuevas necesidades y los nuevos retos en particular a la luz de las nuevas pautas de movilidad a los que se enfrentan los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias. También señaló que, en el contexto de la nueva estrategia para el mercado interior, examinaría la manera de promover y reforzar los mecanismos para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato a los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación. La Comisión resumió asimismo la evolución de la legislación y la jurisprudencia, en particular sobre el ámbito personal de la legislación de la Unión en materia de libre circulación de los trabajadores y el contenido de los derechos de que disfrutan los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias.

(7)

En el Informe sobre la Ciudadanía de la UE titulado «La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la Unión», de 27 de octubre de 2010, la Comisión identificó la aplicación divergente e incorrecta del Derecho de la Unión sobre el derecho a la libre circulación de los trabajadores como uno de los principales obstáculos a que se enfrentan los ciudadanos de la UE en el ejercicio efectivo de los derechos que les confiere la legislación de la UE. Por consiguiente, la Comisión anunció su intención de tomar medidas para facilitar «la libre circulación de ciudadanos de la UE y miembros de su familia nacionales de terceros países mediante el cumplimiento estricto de las normas de la UE, incluida la no discriminación; promoviendo las buenas prácticas y un mayor conocimiento de las normas de la UE en la práctica, así como impulsando la difusión a los ciudadanos de la UE de la información relativa a sus derechos de libre circulación» (acción no 15 del Informe sobre la ciudadanía de la UE de 2010). Además, en el informe de 2013 sobre la ciudadanía de la UE, titulado «Ciudadanos de la Unión: vuestros derechos, vuestro futuro», la Comisión abordó la necesidad de suprimir los obstáculos administrativos y de simplificar los procedimientos para los ciudadanos de la Unión que residen, trabajan y viajan en otros Estados miembros.

(8)

En la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo» de 18 de abril de 2012 (Paquete de empleo), la Comisión anunció su intención de presentar una propuesta legislativa (información y asesoramiento) para apoyar a los trabajadores móviles en el ejercicio de los derechos derivados del TFUE y del Reglamento (UE) no 492/2011, e instó a los Estados miembros a que «diesen a conocer más los derechos conferidos por la legislación de la Unión en materia de no discriminación, igualdad entre los sexos y libre circulación de trabajadores, y a que permitiesen y facilitasen el acceso de los ciudadanos de la Unión a puestos de trabajo en sus sectores públicos, de conformidad con el derecho de la Unión, según lo interpreta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea». En este contexto, el Tribunal ha mantenido de manera constante que la restricción por parte de un Estado miembro del acceso a determinados puestos de la administración pública a sus propios nacionales tiene que interpretarse de manera restrictiva y que únicamente puede afectar a los puestos de trabajo que implican una participación, directa o indirecta, en el ejercicio del poder público y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado o de otras autoridades públicas.

(9)

Una aplicación y un cumplimiento adecuados y eficaces del artículo 45 del TFUE y del Reglamento (UE) no 492/2011, así como una sensibilización acerca de los derechos, son elementos clave para la protección de los derechos y la igualdad de trato de los trabajadores de la Unión y de los miembros de sus familias, mientras que si el cumplimiento de la legislación de la Unión antes citada no se garantiza adecuadamente, se debilita la eficacia de las disposiciones de la Unión aplicables en este ámbito y se ponen en peligro los derechos y la protección de los trabajadores de la Unión y de los miembros de sus familias.

(10)

Una aplicación más eficaz y uniforme de los derechos que confiere la normativa de la Unión en materia de libre circulación de los trabajadores también es necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior.

(11)

Deberían mejorarse la aplicación y la supervisión de la normativa de la Unión en materia de libre circulación de los trabajadores, a fin de garantizar que los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias, así como los empleadores, autoridades públicas y otras personas afectadas estén mejor informados de los derechos y responsabilidades en materia de libre circulación, para ayudar y proteger a los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias en el ejercicio de los mismos y de combatir cualquier elusión de esas normas por parte de las autoridades públicas y los empleadores públicos o privados. En este contexto, los Estados miembros pueden asimismo tomar en consideración los efectos de una mayor movilidad, como la «fuga de cerebros» o la «fuga de jóvenes».

(12)

Con objeto de garantizar la correcta aplicación de las normas sustantivas de la Unión relativas a la libre circulación de los trabajadores y controlar su cumplimiento, los Estados miembros deberían adoptar las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias contra la discriminación por razón de la nacionalidad y contra toda restricción u obstáculo injustificados al ejercicio del mencionado derecho.

(13)

A estos efectos, procede establecer normas específicas para el cumplimiento eficaz y facilitar una aplicación mejor y más uniforme de las normas sustantivas que rigen la libertad de circulación de los trabajadores de conformidad con el artículo 45 del TFUE y del Reglamento (UE) no 492/2011. Por lo que respecta al cumplimiento de esta libertad fundamental, deberían tenerse en cuenta el principio de igualdad entre hombres y mujeres y la prohibición de discriminación de los trabajadores de la Unión y de los miembros de sus familias en razón de los motivos enumerados en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»).

(14)

En este contexto, a los trabajadores de la Unión y a los miembros de sus familias que hayan sido objeto de discriminación por razón de la nacionalidad, o hayan sufrido cualquier restricción u obstáculos injustificados al ejercicio de sus derechos de libre circulación, se les debería garantizar una protección judicial real y efectiva. En caso de que existan procedimientos administrativos como vía de recurso jurídico, los Estados miembros deberían garantizar que toda decisión administrativa pueda impugnarse ante los tribunales, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 47 de la Carta. Teniendo en cuenta el derecho a una protección judicial efectiva, los trabajadores de la Unión deberían ser protegidos de cualquier trato o consecuencia desfavorable que pueda tener la presentación por su parte de una reclamación o el inicio de cualquier tipo de procedimiento destinado a proteger el ejercicio de los derechos salvaguardados por la presente Directiva.

(15)

A fin de conseguir unos niveles de protección más eficaces, también se debería facultar a las asociaciones y a las personas jurídicas, incluyendo a los interlocutores sociales, para que con arreglo a las disposiciones de los Estados miembros, puedan, con el consentimiento de la presunta víctima, iniciar procedimientos en su nombre o apoyar los ya iniciados. Esto debería entenderse sin perjuicio de la normativa procesal nacional relativa a la representación y defensa ante los tribunales ni de otras competencias y derechos colectivos de los interlocutores sociales, los representantes de los trabajadores y de los empleadores, como los relativos a la aplicación, en su caso, de acuerdos colectivos, incluidas las medidas en nombre de un interés colectivo, en virtud de la legislación o las prácticas nacionales. Con vistas a garantizar una protección judicial efectiva, y sin perjuicio de los mecanismos de defensa colectiva disponibles para los interlocutores sociales y de la legislación y prácticas nacionales, se pide a los Estados miembros que examinen la aplicación de principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización.

(16)

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la normativa nacional relativa a los plazos para hacer cumplir los derechos conferidos en virtud de la presente Directiva debería ser de naturaleza tal que no pueda considerarse que hace prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de tales derechos.

(17)

La protección contra la discriminación por razón de la nacionalidad propiamente dicha quedaría reforzada por la existencia de organismos eficaces con la experiencia técnica adecuada en cada Estado miembro con competencias para fomentar la igualdad de trato, analizar los problemas a que se enfrentan los trabajadores de la Unión que ejerzan su derecho a la libre circulación y los miembros de sus familias, estudiar posibles soluciones y facilitarles asistencia específica. Entre las competencias de estos organismos debería encontrarse, entre otras, la prestación a los trabajadores de la Unión y a los miembros de sus familias de asistencia independiente, jurídica o de otro tipo, por ejemplo, información jurídica sobre la aplicación de la normativa pertinente, nacional y de la Unión, relativa a la libre circulación de los trabajadores, los procedimientos de reclamación que deban seguirse, y la ayuda para proteger los derechos de los trabajadores y los miembros de sus familias, y podrá incluir asimismo la asistencia en procedimientos judiciales.

(18)

Debería corresponder a cada Estado miembro decidir si atribuyen las funciones que deban llevarse a cabo en virtud de la presente Directiva a los organismos antes mencionados o a organismos ya existentes que tengan objetivos similares a escala nacional, como por ejemplo el fomento de la libre circulación de las personas, la aplicación del principio de igualdad de trato o la protección de los derechos individuales. En caso de que un Estado miembro decida ampliar el mandato de un organismo existente, debería velar por que dicho organismo reciba recursos suficientes para desempeñar de una manera eficaz y correcta tanto las funciones de las que ya se encarga como las funciones adicionales. Cuando se hayan asignado a más de un organismo dichas funciones, los Estados miembros deben velar por que estos se coordinen de una manera adecuada.

(19)

Los Estados miembros deberían velar por que uno o más de dichos organismos asuman la función de punto de contacto que coopere e intercambie información, como, por ejemplo, los datos referentes a todos los organismos, las vías de recurso y los datos de contacto de las asociaciones, organizaciones u otras entidades jurídicas que proporcionen información y presten servicios a los trabajadores de la Unión y a los miembros de sus familias, con puntos de contacto equivalentes en los demás Estados miembros. La lista de puntos de contacto estará disponible al público.

(20)

Los Estados miembros deben fomentar la cooperación entre los organismos que hayan designado en virtud de la presente Directiva y los servicios de información y asistencia existentes, prestados por los interlocutores sociales, las asociaciones, organizaciones u otras entidades jurídicas competentes, tales como los órganos encargados de las modalidades de coordinación con arreglo al Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y, si procede, las inspecciones de trabajo.

(21)

Los Estados miembros deben garantizar el fomento de sinergias con instrumentos existentes de información y apoyo a nivel de la Unión, para lo que se asegurarán de que los organismos existentes o los de nueva creación colaboren estrechamente con los servicios de información y asistencia existentes, tales como Your Europe, Solvit, la Red Enterprise Europe, las ventanillas únicas y EURES, incluidas, cuando proceda, las asociaciones transfronterizas de EURES.

(22)

Los Estados miembros deberían fomentar el diálogo con los interlocutores sociales y con las organizaciones no gubernamentales apropiadas a fin de abordar y combatir las restricciones y los obstáculos injustificados en el ejercicio del derecho de libre circulación o las diferentes formas de discriminación por razón de la nacionalidad.

(23)

Los Estados miembros deberían establecer la manera de poner a disposición de los ciudadanos de la Unión, tales como trabajadores, estudiantes y titulados recientes, así como de los empleadores, interlocutores sociales y otras partes interesadas información útil y fácilmente accesible sobre las disposiciones de la presente Directiva y del Reglamento (UE) no 492/2011, incluida la información sobre los órganos designados con arreglo a la presente Directiva y las vías de recurso y protección disponibles. Los Estados miembros deberían adoptar medidas para que esta información esté disponible en más de una lengua oficial de la Unión en función de la demanda en el mercado de trabajo. Esto no debería interferir con la legislación de los Estados miembros sobre el uso de las lenguas. Esta información podría proporcionarse mediante asesoramiento individual, y también se debería poder acceder fácilmente a ella a través de Your Europe y EURES.

(24)

A fin de facilitar el respeto de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión, es importante que la Directiva 91/533/CEE del Consejo (6) se aplique y controle de manera adecuada.

(25)

La presente Directiva establece requisitos mínimos, ofreciendo así a los Estados miembros la posibilidad de introducir o de mantener disposiciones más favorables. Los Estados miembros también pueden ampliar las competencias de los organismos encargados de tareas relacionadas con la protección de los trabajadores de la Unión contra la discriminación por razón de la nacionalidad a fin de cubrir el derecho a la igualdad de trato sin discriminación por razón de la nacionalidad de todos los ciudadanos de la Unión que ejerzan su derecho a la libre circulación y los miembros de sus familias, tal como se recoge en el artículo 21 del TFUE y en la Directiva 2004/38/CE. La aplicación de la presente Directiva no podrá justificar un retroceso en relación con la situación existente en cada Estado miembro.

(26)

La aplicación efectiva de la presente Directiva implica que los Estados miembros, al adoptar las medidas adecuadas para cumplir con sus obligaciones en virtud de la presente Directiva, deben velar por que estas hagan referencia a la presente Directiva o vayan acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.

(27)

De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Tratándose de la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de dichos documentos está justificada.

(28)

Una vez transcurrido un tiempo suficiente desde la transposición de la presente Directiva, la Comisión debería preparar un informe sobre su aplicación, en el que se evalúe, en particular, si es oportuno presentar las propuestas necesarias para garantizar un mejor cumplimiento del Derecho de la Unión en materia de libre circulación. En dicho informe, la Comisión debe centrarse en las posibles dificultades a las que tienen que hacer frente los jóvenes licenciados que buscan trabajo en la Unión y los cónyuges de los trabajadores de la Unión cuando dichos cónyuges son nacionales de terceros países.

(29)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta especialmente la libertad profesional y el derecho a trabajar, el derecho a no sufrir discriminación, en particular por razón de nacionalidad, el derecho de negociación y de acción colectiva, el derecho a unas condiciones de trabajo justas y equitativas, el derecho a la libertad de circulación y de residencia y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio imparcial. Su aplicación debe ser conforme a estos derechos y principios.

(30)

La presente Directiva respeta los diferentes modelos de mercado laboral de los Estados miembros, incluidos los modelos de mercado laboral regulados mediante convenios colectivos.

(31)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer un marco general común de disposiciones, medidas y mecanismos apropiados necesarios para que la aplicación y el cumplimiento en la práctica de los derechos de los trabajadores de la Unión a ejercitar su derecho a la libre circulación conforme al TFUE y al Reglamento (UE) no 492/2011 sean mejores y más uniformes, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y a los efectos de la acción, estos fines pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

a)

acceso al empleo;

b)

condiciones de empleo y trabajo, en particular por lo que se refiere a la remuneración, el despido, la salud y la seguridad en el trabajo y, en caso de desempleo, a las condiciones de reintegración profesional o de nuevo empleo;

c)

acceso a las ventajas sociales y fiscales;

d)

afiliación a organizaciones sindicales y derecho a ser elegido para los órganos de representación de los trabajadores;

e)

acceso a la formación;

f)

acceso a la vivienda;

g)

acceso a la educación, el aprendizaje y la formación profesional para los hijos de los trabajadores de la Unión;

h)

asistencia que prestan las oficinas de empleo.

a)

facilitar o garantizar la prestación de asistencia independiente, jurídica o de otro tipo, a los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias, sin perjuicio de sus derechos, y de los derechos de las asociaciones, organizaciones y otras entidades jurídicas a las que se hace referencia en el artículo 3;

b)

actuar como punto de contacto de cara a los puntos de contacto equivalentes de los demás Estados miembros con vistas a cooperar y a compartir la información pertinente;

c)

llevar a cabo o encargar estudios independientes y análisis sobre las restricciones y obstáculos injustificados del derecho de libre circulación o la discriminación por razón de la nacionalidad de los trabajadores de la Unión y miembros de sus familias;

d)

velar por la publicación de informes independientes y formular recomendaciones sobre cualquier aspecto relacionado con dichas restricciones y obstáculos o discriminación;

e)

publicar información pertinente sobre la aplicación a nivel nacional de la normativa de la Unión relativa a la libre circulación de los trabajadores.

30.4.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 128/15

(1)

De conformidad con la Decisión 2014/242/UE del Consejo (1), se ha firmado, en nombre de la Unión, el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Azerbaiyán sobre la readmisión de residentes ilegales («el Acuerdo»), a reserva de su celebración en una fecha posterior.

(2)

Procede aprobar el Acuerdo.

(3)

El Acuerdo instaura un Comité mixto de Readmisión, el cual ha de adoptar su reglamento interno. Procede establecer un procedimiento simplificado a fin de fijar la posición de la Unión en este caso.

(4)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, estos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Decisión y no quedan vinculados por la misma ni sujetos a su aplicación.

(5)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

30.4.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 128/17

a)

«readmisión»: el traslado por el Estado requirente y la admisión por el Estado requerido de las personas (nacionales del Estado requerido, nacionales de terceros países o apátridas) que hayan entrado, permanecido o residido en el Estado requirente de manera ilegal, de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo;

b)

«Partes Contratantes»: Azerbaiyán y la Unión;

c)

«Estado miembro»: cualquier Estado miembro de la Unión que esté vinculado por el presente Acuerdo;

d)

«nacional de Azerbaiyán»: toda persona que posea la nacionalidad de Azerbaiyán, de conformidad con su legislación;

e)

«nacional de un Estado miembro»: toda persona que posea la nacionalidad de un Estado miembro, tal como se define a efectos de la Unión;

f)

«nacional de un tercer país»: toda persona que posea una nacionalidad que no sea la de Azerbaiyán o de uno de los Estados miembros;

g)

«apátrida»: toda persona que no posea ninguna nacionalidad de ningún Estado;

h)

«permiso de residencia»: un permiso de cualquier tipo expedido por Azerbaiyán o por alguno de los Estados miembros que confiera a una persona el derecho a residir en su territorio. Esta definición no incluye los permisos temporales de estancia en su territorio relacionados con la tramitación de una solicitud de asilo o de permiso de residencia;

i)

«visado»: una autorización expedida o una decisión tomada por Azerbaiyán o por alguno de los Estados miembros en virtud de la cual una persona pueda entrar o permanecer en el territorio o transitar por él; esta definición no incluye el visado de tránsito aeroportuario;

j)

«Estado requirente»: Estado (Azerbaiyán o alguno de los Estados miembros) que presente una solicitud de readmisión de conformidad con el artículo 8 o una solicitud de tránsito de conformidad con el artículo 15 del presente Acuerdo;

k)

«Estado requerido»: Estado (Azerbaiyán o uno de los Estados miembros) que reciba una solicitud de readmisión de conformidad con el artículo 8 o una solicitud de tránsito de conformidad con el artículo 15 del presente Acuerdo;

l)

«autoridad competente»: toda autoridad nacional de Azerbaiyán o de alguno de los Estados miembros encargada de aplicar el presente Acuerdo de conformidad con su artículo 20, apartado 1, letra a);

m)

«tránsito»: paso de un nacional de un tercer país o de un apátrida por el territorio del Estado requerido mientras viaja del Estado requirente al país de destino.

—

la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

—

el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950 y sus protocolos,

—

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

—

la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura de 1984,

—

la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967.

a)

a los hijos solteros menores de las personas mencionadas en el apartado 1, independientemente de su lugar de nacimiento o nacionalidad, a menos que tengan un derecho independiente de residencia en el Estado miembro requirente o posean un permiso de residencia válido expedido por otro Estado miembro;

b)

a los cónyuges, que posean otra nacionalidad o que sean apátridas, de las personas mencionadas en el apartado 1, a condición de que tengan derecho a entrar y permanecer o reciban el derecho a entrar y permanecer en el territorio de Azerbaiyán, a menos que tengan un derecho independiente de residencia en el Estado miembro requirente o posean un permiso de residencia válido expedido por otro Estado miembro.

a)

es titular, en el momento de la presentación de la solicitud de readmisión, de un visado o un permiso de residencia válidos expedidos por Azerbaiyán, o

b)

ha entrado ilegal y directamente en el territorio de los Estados miembros tras haber permanecido en el territorio de Azerbaiyán o transitado por él.

a)

el nacional de un tercer país o apátrida únicamente ha estado en tránsito aéreo en un aeropuerto internacional de Azerbaiyán; o

b)

el nacional del tercer país o apátrida tuviera acceso al territorio del Estado miembro requirente sin necesidad de visado.

a)

a los hijos solteros menores de las personas mencionadas en el apartado 1, independientemente de su lugar de nacimiento o nacionalidad, a menos que tengan un derecho independiente de residencia en Azerbaiyán;

b)

a los cónyuges, que posean otra nacionalidad o sean apátridas, de las personas mencionadas en el apartado 1, a condición de que tengan derecho a entrar y permanecer o reciban el derecho a entrar y permanecer en el territorio del Estado miembro requerido, a menos que tengan un derecho independiente de residencia en Azerbaiyán.

a)

es titular, en el momento de la presentación de la solicitud de readmisión, de un visado o un permiso de residencia válidos expedidos por el Estado miembro requerido, o

b)

ha entrado ilegal y directamente en el territorio de Azerbaiyán tras haber permanecido en el territorio del Estado miembro requerido o transitado por él.

a)

el nacional de un tercer país o apátrida únicamente ha estado en tránsito aéreo en un aeropuerto internacional del Estado miembro requerido; o

b)

el nacional del tercer país o apátrida tuviera acceso al territorio de Azerbaiyán sin necesidad de visado.

a)

los datos de la persona objeto de readmisión (por ejemplo, nombres, apellidos, fecha de nacimiento y, si es posible, lugar de nacimiento y último lugar de residencia) y, en su caso, los datos de los hijos menores solteros y/o cónyuges;

b)

en el caso de nacionales del propio país, una mención de los medios que proporcionen pruebas o indicios razonables de la nacionalidad, según lo establecido en los anexos 1 y 2, respectivamente;

c)

en el caso de nacionales de terceros países y apátridas, una mención de los medios que proporcionen pruebas o indicios razonables de los requisitos de readmisión de nacionales de terceros países y apátridas, según lo establecido en los anexos 3 y 4, respectivamente;

d)

una fotografía de la persona que debe readmitirse.

a)

una declaración que indique que la persona que debe ser trasladada puede necesitar asistencia o cuidados, si el interesado ha dado su consentimiento expreso a esta declaración;

b)

cualquier otra medida de protección o seguridad o información referente a la salud de la persona que pudiera ser necesaria en ese caso particular de traslado.

a)

de dos días laborables, si se ha presentado por el procedimiento acelerado (artículo 7, apartado 3);

b)

de quince días naturales en los demás casos.

a)

de un nacional de un tercer país o apátrida cuando corra realmente el riesgo de ser sometido a tortura, a un trato o castigo inhumano o degradante, a pena de muerte, o a persecución por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado o convicción política en el Estado de destino u otro Estado de tránsito; o

b)

de un nacional de un tercer país o apátrida cuando vaya a ser objeto de sanciones penales en el Estado requerido o en otro Estado de tránsito; o

c)

por razones de salud pública, seguridad nacional, orden público u otros intereses nacionales del Estado requerido.

a)

tipo de tránsito (por vía aérea, marítima o terrestre), otros posibles países de tránsito y destino final previsto;

b)

datos personales del interesado (por ejemplo, nombre, apellidos, nombre de soltera, otros nombres, apodos o alias utilizados por él, fecha de nacimiento, sexo y —siempre que sea posible— lugar de nacimiento, nacionalidad, lengua, tipo y número de documento de viaje);

c)

punto de entrada previsto, fecha del traslado y si se recurre a escoltas;

d)

una declaración en la que se precise que, desde el punto de vista del Estado requirente, se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 14, apartado 2, y que no se tiene conocimiento de ninguna razón que justifique una denegación en virtud de lo dispuesto en el artículo 14, apartado 3.

a)

los datos de carácter personal se tratarán de forma leal y lícita;

b)

los datos de carácter personal se recogerán con el objetivo específico, explícito y legítimo de la aplicación del presente Acuerdo y no serán procesados posteriormente por la autoridad que los comunique ni por la autoridad receptora de una manera incompatible con esa finalidad;

c)

los datos de carácter personal serán adecuados, pertinentes y proporcionados a los fines para los que se recojan o procesen ulteriormente; en particular, los datos de carácter personal comunicados solo podrán referirse a la información siguiente:

d)

los datos de carácter personal deberán ser exactos y, en su caso, estar actualizados;

e)

los datos de carácter personal deberán ser conservados en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos o para los que se procesen ulteriormente;

f)

tanto la autoridad que comunique los datos como la autoridad que los reciba tomará las medidas necesarias para garantizar, según los casos, la rectificación, la eliminación o el bloqueo de los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se atenga a lo dispuesto en el presente artículo, en particular porque tales datos no resulten adecuados, pertinentes o exactos o porque sean desproporcionados con respecto a las finalidades para las cuales se procesen; ello incluirá la notificación a la otra Parte de toda rectificación, supresión o bloqueo;

g)

previa petición, la autoridad receptora informará a la autoridad comunicante del uso de los datos comunicados y de los resultados obtenidos;

h)

los datos de carácter personal solo podrán comunicarse a las autoridades competentes; su transmisión ulterior a otros organismos requerirá el consentimiento previo de la autoridad comunicante;

i)

tanto la autoridad comunicante como la autoridad receptora estarán obligadas a consignar por escrito la comunicación y la recepción de los datos de carácter personal.

—

los convenios internacionales que determinan el Estado responsable de examinar las solicitudes de asilo presentadas;

—

los convenios internacionales en materia de extradición y tránsito;

—

los convenios y acuerdos internacionales multilaterales que contengan normas sobre la readmisión de extranjeros, como el Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

a)

supervisar la aplicación del presente Acuerdo;

b)

abordar las cuestiones que surjan de la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo;

c)

decidir las disposiciones de aplicación necesarias para su ejecución uniforme;

d)

mantener intercambios periódicos de información sobre los protocolos de aplicación celebrados por cada uno de los Estados miembros y Azerbaiyán de conformidad con el artículo 20;

e)

proponer modificaciones del presente Acuerdo y sus anexos.

a)

la designación de las autoridades competentes, los pasos fronterizos y el intercambio de los puntos de contacto;

b)

las condiciones de los retornos con escolta, incluido el tránsito con escolta de nacionales de terceros países y apátridas;

c)

los medios y documentos que se añadan a los enumerados en los anexos 1 a 4 del presente Acuerdo;

d)

las modalidades para la readmisión por el procedimiento acelerado;

e)

el procedimiento para las entrevistas.

30.4.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 128/43

(1)

Mediante la Decisión 98/591/CE (1), el Consejo aprobó la celebración del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de América («el Acuerdo»).

(2)

El artículo 12, letra b), del Acuerdo establece que este se celebra por un período inicial de cinco años y que podrá renovarse, con las eventuales modificaciones, por períodos adicionales de cinco años, mediante acuerdo mutuo y por escrito entre las Partes.

(3)

Mediante la Decisión 2009/306/CE del Consejo (2), el Acuerdo fue renovado por un período adicional de cinco años.

(4)

Las Partes en el Acuerdo consideran que su rápida renovación sería de interés mutuo.

(5)

El contenido del Acuerdo renovado debe ser idéntico al del Acuerdo que expira el 14 de octubre de 2013.

(6)

Procede, por lo tanto, aprobar la renovación del Acuerdo en nombre de la Unión Europea.

30.4.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 128/45

(1)

El Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques de 2009 (en lo sucesivo denominado «el Convenio») fue adoptado el 15 de mayo de 2009 bajo los auspicios de la Organización Marítima Internacional como resultado de las deliberaciones de la Conferencia Internacional sobre el Reciclado Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques. El Convenio abarca el diseño, la construcción, el funcionamiento y la preparación de los buques con el fin de facilitar el reciclaje seguro y ambientalmente racional sin poner en peligro la seguridad del buque y la eficiencia operativa. También abarca el funcionamiento de las instalaciones de reciclaje de buques de manera segura y ambientalmente racional, y el establecimiento de un mecanismo adecuado para el reciclaje de buques.

(2)

El Convenio entrará en vigor 24 meses después de la fecha de ratificación por al menos 15 Estados que representen una flota mercante combinada de al menos el cuarenta por ciento del tonelaje bruto de la flota mercante mundial, y cuyo volumen anual máximo combinado de reciclaje de buques durante los 10 años anteriores no constituya menos del tres por ciento del tonelaje bruto de la marina mercante combinada de los mismos Estados.

(3)

En sus conclusiones de 21 de octubre de 2009, el Consejo animó resueltamente a los Estados miembros a que ratificaran el Convenio con carácter prioritario, para facilitar su entrada en vigor lo antes posible y propiciar un cambio real y efectivo sobre el terreno.

(4)

El Reglamento (UE) no 1257/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) tiene por objeto, entre otras cosas, reducir al mínimo y, en la medida de lo posible, eliminar los efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente causados por el reciclaje de buques y facilitar la ratificación del Convenio. El artículo 5, apartado 9, el artículo 7, apartado 2, el artículo 10, apartados 1 y 2, y el artículo 12, apartados 1 y 3, de dicho Reglamento disponen que el Derecho de la Unión se conforme al Convenio. El artículo 32, apartado 4, se refiere a la situación de los Estados miembros que no posean buques que enarbolen su pabellón o estén registrados bajo este o hayan clausurado sus registros nacionales de buques. Dichos Estados miembros podrán establecer excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento, siempre que ningún buque esté registrado bajo su pabellón.

(5)

La Unión no puede adherirse al Convenio, ya que solo los Estados pueden ser Partes en él.

(6)

El Consejo debe, por lo tanto, autorizar a los Estados miembros que posean buques que enarbolen su pabellón o estén registrados bajo este, y que entran en el ámbito de aplicación del Convenio, a que lo ratifiquen o se adhieran a él.

30.4.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 128/47

(1)

De conformidad con la Decisión 2013/695/UE del Consejo (1), el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Azerbaiyán sobre la facilitación de la expedición de visados («el Acuerdo») fue firmado el, el 29 de noviembre de 2013 a reserva de su celebración.

(2)

Procede aprobar el Acuerdo.

(3)

La presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo (2); por consiguiente, el Reino Unido no participa en su adopción y no queda vinculado por la misma ni sujeto a su aplicación.

(4)

La presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (3); por consiguiente, Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

(5)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

30.4.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 128/49

a)

«Estado miembro»: todo Estado miembro de la Unión Europea, a excepción del Reino de Dinamarca, la República de Irlanda y el Reino Unido;

b)

«ciudadano de la Unión»: todo nacional de un Estado miembro según lo dispuesto en la letra a);

c)

«ciudadano de la República de Azerbaiyán»: toda persona que posea la nacionalidad de la República de Azerbaiyán con arreglo a su legislación en vigor;

d)

«visado»: autorización expedida por un Estado miembro o la República de Azerbaiyán para entrar en él a efectos de tránsito o para una estancia en el territorio de los Estados miembros o la República de Azerbaiyán cuya duración no exceda de 90 días en cualquier período de 180 días;

e)

«residente legal»:

a)

los parientes cercanos como cónyuges e hijos (incluidos los adoptivos), padres (incluidos titulares de custodia) abuelos y nietos que visiten a ciudadanos de la Unión Europea que residan legalmente en el territorio de la República de Azerbaiyán o ciudadanos de la República de Azerbaiyán que residan legalmente en los Estados miembros, o ciudadanos de la UE que residan en el territorio del Estado miembro del que sean nacionales o ciudadanos de la República de Azerbaiyán que residan en el territorio de la República de Azerbaiyán:

b)

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, los miembros de delegaciones oficiales, incluidos los miembros permanentes, que, como consecuencia de una invitación oficial dirigida a los Estados miembros, la Unión Europea o la República de Azerbaiyán, deban participar en reuniones, consultas, negociaciones o programas de intercambio oficiales, o en actos celebrados por organizaciones intergubernamentales en el territorio de la República de Azerbaiyán o de uno de los Estados miembros:

c)

los hombres y mujeres de negocios y los representantes de organizaciones empresariales:

d)

los conductores que prestan servicios de transporte internacional de mercancías y pasajeros entre el territorio de la República de Azerbaiyán y el de los Estados miembros en vehículos registrados en la República de Azerbaiyán o en un Estado miembro:

e)

los estudiantes de los distintos ciclos, incluido el postgrado, y los profesores acompañantes que realicen viajes de estudios o con fines educativos en el marco de programas de intercambio o actividades extraescolares:

f)

las personas que participen en actividades científicas, académicas, culturales y artísticas, incluidos los programas de intercambio universitario o de otro tipo:

g)

los periodistas y el personal técnico que los acompañe por motivos profesionales:

h)

las personas que participen en acontecimientos deportivos internacionales y las personas que los acompañen con fines profesionales:

i)

los participantes en programas de intercambio oficiales organizados por ciudades hermanadas:

j)

las personas que viajen por razones médicas y quienes deban acompañarlas:

k)

los miembros de profesiones liberales que participen en ferias, conferencias, simposios, seminarios internacionales o actos similares celebrados en el territorio de la República de Azerbaiyán o los Estados miembros:

l)

los representantes de organizaciones de la sociedad civil que se desplacen para recibir formación o participar en seminarios y conferencias, por ejemplo en el marco de programas de intercambio:

m)

los parientes que se desplacen con ocasión de un entierro:

n)

las personas que deseen visitar un cementerio militar o civil:

a)

en cuanto a la persona invitada: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, número del pasaporte, fecha y objeto del viaje, número de entradas y, cuando proceda, nombre del cónyuge y de los hijos que acompañen a la persona invitada;

b)

en cuanto a la persona de quien proceda la invitación: nombre, apellidos y dirección;

c)

en cuanto a la persona jurídica, empresa u organización de quien proceda la invitación: nombre completo y dirección, y

a)

cónyuges, hijos (incluidos los adoptivos) menores de 21 años o dependientes, padres (incluidos titulares de custodia), que visiten a ciudadanos de la Unión Europea que residan legalmente en el territorio de la República de Azerbaiyán o ciudadanos de la República de Azerbaiyán que residan legalmente en el territorio de los Estados miembros, o ciudadanos de la UE que residan en el territorio del Estado miembro del que sean nacionales, o ciudadanos de la República de Azerbaiyán que residan en el territorio de la República de Azerbaiyán;

b)

miembros permanentes de delegaciones oficiales que, como consecuencia de una invitación oficial dirigida a los Estados miembros, la Unión Europea o la República de Azerbaiyán, vayan a participar periódicamente en reuniones, consultas, negociaciones o programas de intercambio, o bien en actos celebrados por organizaciones intergubernamentales en el territorio de un Estado miembro o de la República de Azerbaiyán.

—

en el caso de las personas mencionadas en la letra a), el período de validez de la autorización de residencia legal de los ciudadanos de la República de Azerbaiyán que residan legalmente en uno de los Estados miembros o de los ciudadanos de la Unión que residan legalmente en la República de Azerbaiyán,

—

en el caso de las personas mencionadas en la letra b), el período de duración de la condición de miembro permanente de la delegación oficial,

a)

los estudiantes, incluidos los de posgrado, que realicen periódicamente viajes de estudios o con fines educativos, incluso en el marco de programas de intercambio;

b)

los periodistas y miembros del personal técnico que los acompañen por motivos profesionales;

c)

los participantes en programas de intercambio oficiales organizados por ciudades hermanadas;

d)

los conductores que prestan servicios de transporte internacional de mercancías o pasajeros entre el territorio de la República de Azerbaiyán y el de los Estados miembros en vehículos registrados en la República de Azerbaiyán o en un Estado miembro;

e)

las personas que deban viajar frecuentemente por razones médicas y quienes deban acompañarlas;

f)

los miembros de profesiones liberales que participen en ferias, conferencias, simposios, seminarios internacionales o actos similares que viajen frecuentemente a la República de Azerbaiyán o a los Estados miembros;

g)

los representantes de organizaciones de la sociedad civil que viajen frecuentemente a la república de Azerbaiyán o a los Estados miembros para recibir formación o participar en seminarios y conferencias, por ejemplo en el marco de programas de intercambio;

h)

las personas que participen en actividades científicas, culturales y artísticas, incluidos los programas de intercambio universitarios o de otro tipo, que viajen periódicamente a la República de Azerbaiyán o a los Estados miembros;

i)

las personas que participen en acontecimientos deportivos internacionales y las personas que los acompañen con fines profesionales;

j)

los miembros de delegaciones oficiales que, como consecuencia de una invitación oficial dirigida a los Estados miembros, a la Unión Europea o a la República de Azerbaiyán, vayan a participar periódicamente en reuniones, consultas, negociaciones o programas de intercambio, o bien en actos celebrados por organizaciones intergubernamentales en el territorio de un Estado miembro o de la República de Azerbaiyán;

k)

los hombres y mujeres de negocios y los representantes de empresas que viajen periódicamente a la República de Azerbaiyán o a los Estados miembros.

a)

los parientes cercanos cónyuges e hijos (incluidos los adoptivos), padres (incluidos los titulares de custodia) abuelos y nietos de ciudadanos de la Unión Europea que residan legalmente en el territorio de la República de Azerbaiyán, de ciudadanos de la República de Azerbaiyán que residan legalmente en los Estados miembros, de ciudadanos de la UE que residan en el territorio del Estado miembro del que sean nacionales o de ciudadanos de la República de Azerbaiyán que residan en el territorio de la República de Azerbaiyán;

b)

los miembros de delegaciones oficiales, incluidos los miembros permanentes, que, como consecuencia de una invitación oficial dirigida a los Estados miembros, a la Unión Europea o a la República de Azerbaiyán, deban participar en reuniones, consultas, negociaciones o programas de intercambio oficiales, o en actos celebrados por organizaciones intergubernamentales en el territorio de la República de Azerbaiyán o de uno de los Estados miembros;

c)

los estudiantes de los distintos ciclos, incluido el postgrado, y los profesores acompañantes que realicen viajes de estudios o con fines educativos en el marco de programas de intercambio o actividades extraescolares;

d)

las personas con discapacidad y sus eventuales acompañantes;

e)

los participantes en acontecimientos deportivos internacionales y quienes los acompañen con fines profesionales;

f)

las personas que participen en actividades científicas, culturales y artísticas, incluidos los programas de intercambio universitario o de otro tipo;

g)

las personas que hayan presentado documentos en los que se certifique la necesidad de su viaje por razones humanitarias, inclusive para recibir un tratamiento médico urgente, en cuyo caso también estarán exentos sus eventuales acompañantes, o para asistir al funeral de un pariente cercano, o para visitar a un pariente cercano gravemente enfermo;

h)

los representantes de organizaciones de la sociedad civil que se desplacen para recibir formación o participar en seminarios y conferencias, por ejemplo en el marco de programas de intercambio;

i)

los pensionistas;

j)

los menores de 12 años;

k)

los periodistas y miembros del personal técnico que los acompañen por motivos profesionales.

a)

hacer un seguimiento de la aplicación del presente Acuerdo;

b)

proponer modificaciones o adiciones al presente Acuerdo;

c)

resolver las controversias que surjan de la interpretación o la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo.

30.4.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 128/61

(1)

El 16 de julio de 1999, el Consejo autorizó a la Comisión a negociar en nombre de la Comunidad Europea, en el Consejo de Europa, un Convenio relativo a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso.

(2)

El Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso («el Convenio») fue adoptado por el Consejo de Europa el 24 de enero de 2001.

(3)

El Convenio instaura un marco normativo casi idéntico al establecido en la Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

(4)

El Convenio entró en vigor el 1 de julio de 2003 y está abierto a la firma por parte de la Unión.

(5)

La firma del Convenio contribuiría a extender la aplicación de disposiciones similares a las de la Directiva 98/84/CE fuera de las fronteras de la Unión e implantaría un régimen jurídico de los servicios basados en el acceso condicional que sería aplicable en todo el continente europeo.

(6)

Procede firmar este Convenio en nombre de la Unión, a reserva de su celebración en una fecha posterior.

30.4.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 128/62

(1)

De conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) no 1151/2012, la solicitud de registro de la denominación «Piranska sol» presentada por Eslovenia, fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) no 1151/2012, procede registrar la denominación citada.

30.4.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 128/64

(1)

El Reglamento (CE) no 1451/2007 de la Comisión (2) establece una lista de sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su posible inclusión en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3). En esa lista figura la 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona.

(2)

La 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona se ha evaluado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE para su uso en el tipo de producto 21, productos antiincrustantes, conforme a la definición del anexo V de esa Directiva, que corresponde al tipo de producto 21 definido en el anexo V del Reglamento (UE) no 528/2012.

(3)

Noruega fue designada informante, y el 21 de diciembre de 2010 presentó a la Comisión el informe de la autoridad competente, junto con una recomendación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 4 y 6, del Reglamento (CE) no 1451/2007.

(4)

Los Estados miembros y la Comisión examinaron el informe de la autoridad competente. De conformidad con el artículo 15, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1451/2007, las conclusiones de dicho examen se incorporaron a un informe de evaluación que se revisó en el Comité Permanente de Biocidas el 13 de marzo de 2014.

(5)

De ese informe se desprende la probabilidad de que los biocidas utilizados en el tipo de producto 21 que contienen 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Directiva 98/8/CE, siempre que se cumplan ciertas condiciones y especificaciones en relación con su uso.

(6)

Procede, por tanto, aprobar el uso de la 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona en biocidas del tipo de producto 21, si se cumplen tales condiciones y especificaciones.

(7)

La evaluación no se ocupó de los nanomateriales y, por consiguiente, la aprobación no debe abarcar esos materiales, como se establece en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) no 528/2012.

(8)

Debe permitirse que, antes de la aprobación de una sustancia activa, transcurra un plazo razonable para que las partes interesadas puedan adoptar las medidas preparatorias necesarias para cumplir los nuevos requisitos establecidos.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Biocidas.

30.4.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 128/68

(1)

El Reglamento (CE) no 1451/2007 de la Comisión (2) establece una lista de sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su posible inclusión en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3). Dicha lista incluye el ciproconazol.

(2)

El ciproconazol se ha evaluado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE para su uso en el tipo de producto 8, protectores para maderas, conforme a la definición del anexo V de dicha Directiva, que corresponde al tipo de producto 8 definido en el anexo V del Reglamento (UE) no 528/2012.

(3)

Irlanda fue designada Estado miembro informante y el 30 de mayo de 2012 remitió a la Comisión el informe de la autoridad competente, junto con una recomendación, de conformidad con el artículo 14, apartados 4 y 6, del Reglamento (CE) no 1451/2007.

(4)

Los Estados miembros y la Comisión examinaron el informe de la autoridad competente. De conformidad con el artículo 15, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1451/2007, las conclusiones de dicho examen se incorporaron a un informe de evaluación, que se revisó en el Comité Permanente de Biocidas el 13 de marzo de 2014.

(5)

De ese informe se desprende la probabilidad de que los biocidas utilizados en el tipo de producto 8 que contienen ciproconazol cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Directiva 98/8/CE, siempre que se ajusten a determinadas especificaciones y condiciones relativas a su uso.

(6)

Procede, por tanto, aprobar el ciproconazol para su uso en biocidas del tipo de producto 8, con sujeción a tales especificaciones y condiciones.

(7)

La evaluación no se ocupó de los nanomateriales y, por consiguiente, la aprobación no debe incluir esos materiales, como se establece en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) no 528/2012.

(8)

El informe concluye que el ciproconazol cumple los criterios para clasificarse como sustancia tóxica para la reproducción de categoría 1B, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y para identificarse como muy persistente (mP) y tóxica (T), según el anexo XIII del Reglamento (CE) no 1907/2006. A pesar de que la actual clasificación armonizada del ciproconazol debe revisarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento (CE) no 1272/2008, dichas propiedades intrínsecas deben tenerse en cuenta a la hora de fijar el período de aprobación.

(9)

Puesto que no se cumplen las condiciones del párrafo primero del artículo 90, apartado 2, del Reglamento (UE) no 528/2012, debe seguirse la práctica actual con arreglo a la Directiva 98/8/CE. El período de aprobación debe, por lo tanto, ser de cinco años.

(10)

No obstante, a los fines de la autorización de biocidas de acuerdo con el artículo 23 del Reglamento (UE) no 528/2012, el ciproconazol debe considerarse candidato a la sustitución con arreglo al artículo 10, apartado 1, letras a) y d), de dicho Reglamento.

(11)

Debe permitirse que, antes de la aprobación de una sustancia activa, transcurra un plazo razonable para que las partes interesadas puedan tomar las medidas preparatorias necesarias a fin de cumplir los nuevos requisitos establecidos.

(12)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Biocidas.

30.4.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 128/72

(1)

El Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo estableció un marco común para la recopilación, transmisión y evaluación de estadísticas europeas sobre la estructura, la actividad, la competitividad y el rendimiento de las empresas en la Unión.

(2)

El Reglamento (CE) no 250/2009 de la Comisión (2) estableció las definiciones de las características y el formato técnico de transmisión de los datos.

(3)

Es necesario especificar definiciones para las características de la demografía de empresas con al menos un empleado a fin de responder a la necesidad de una mayor comparabilidad internacional de los resultados, especialmente de las estadísticas sobre emprendimiento. Estas definiciones deben añadirse al anexo I del Reglamento (CE) no 250/2009. Es preciso, por lo tanto, modificar en consecuencia el formato técnico de transmisión de los datos establecido en el anexo II del Reglamento (CE) no 250/2009, incluidas la lista de identificadores del conjunto de datos, las series y la lista de variables.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Sistema Estadístico Europeo.

30.4.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 128/79

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.