24.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/1

(1)

La financiación estatal que cumple los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado constituye ayuda estatal y debe notificarse a la Comisión en virtud del artículo 108, apartado 3, del Tratado. No obstante, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, el Consejo podrá determinar las categorías de ayudas que quedan exentas de esta obligación de notificación. De conformidad con el artículo 108, apartado 4, del Tratado, la Comisión puede adoptar reglamentos relativos a dichas categorías de ayudas estatales. En virtud del Reglamento (CE) no 994/98, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, que las ayudas de minimis podían constituir una de dichas categorías. Sobre esa base, se considera que las ayudas de minimis, entendiendo como tales las que se conceden a una única empresa durante un cierto espacio de tiempo y no superan una cantidad fija determinada, no cumplen todos los criterios que establece el artículo 107, apartado 1, del Tratado y, por lo tanto, no están sujetas al procedimiento de notificación.

(2)

En numerosas decisiones, la Comisión ha aclarado el concepto de «ayuda» a efectos de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado. Asimismo, la Comisión ha expuesto su política por lo que se refiere a un límite máximo de minimis por debajo del cual pueda considerarse que no es de aplicación el artículo 107, apartado 1, inicialmente en su Comunicación relativa a las ayudas de minimis  (3) y, posteriormente, en los Reglamentos de la Comisión (CE) no 69/2001 (4) y (CE) no 1998/2006 (5). A la luz de la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento (CE) no 1998/2006, resulta oportuno revisar algunas de las condiciones que en él se establecen y sustituirlo por un nuevo texto.

(3)

Procede mantener el límite máximo de 200 000 EUR como importe de la ayuda de minimis que una única empresa puede recibir por Estado miembro a lo largo de un período de tres años. Este límite máximo sigue siendo necesario para garantizar que ninguna de las medidas a las que se aplica el presente Reglamento pueda considerarse que tiene efectos sobre el comercio entre los Estados miembros o efectos de falseamiento efectivo o potencial de la competencia.

(4)

A efectos de las normas en materia de competencia establecidas en el Tratado, debe entenderse por «empresa» cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su naturaleza jurídica y de su modo de financiación (6). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que todas las entidades que estén controladas (de hecho o de Derecho) por una misma entidad deben considerarse una única empresa (7). En aras de la seguridad jurídica y con el fin de reducir la carga administrativa, el presente Reglamento debe establecer una lista exhaustiva de criterios claros para determinar cuándo dos o más empresas del mismo Estado miembro deben ser consideradas una única empresa. De los criterios perfectamente consolidados para determinar qué se entiende por «empresas vinculadas» en el contexto de la definición de pequeña y mediana empresa (PYME) que figura en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (8) y en el anexo I del Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión (9), esta ha seleccionado aquellos que son apropiados a los efectos del presente Reglamento. Las autoridades públicas ya están familiarizadas con los criterios, que deben ser aplicables, dado el ámbito de aplicación del Reglamento, tanto a las PYME como a las grandes empresas. Esos criterios deben garantizar que un grupo de empresas vinculadas se considere una única empresa a efectos de la aplicación de la norma de minimis, pero que las empresas que no tengan ninguna relación entre sí, excepto el hecho de que cada una de ellas tenga un vínculo directo con el mismo organismo público, u organismos públicos, no sean tratadas como vinculadas entre sí. Por consiguiente, la situación específica de las empresas controladas por el mismo organismo público, u organismos públicos, que puedan tener un poder de decisión autónomo, se tendrá en cuenta.

(5)

A fin de tener en cuenta el reducido tamaño medio de las empresas del sector del transporte de mercancías por carretera, procede mantener el límite máximo de 100 000 EUR para las empresas que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera. La prestación de un servicio integrado en el que la operación de transporte solo sea un elemento, como los servicios de mudanza, los servicios de correo postal o de mensajería, o los servicios de recogida y transformación de residuos, no debe considerarse un servicio de transporte. Ante el exceso de capacidad existente en el sector del transporte de mercancías por carretera, y dados los objetivos de la política de transporte por lo que se refiere a la congestión de las carreteras y al transporte de mercancías, las ayudas para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera por parte de las empresas que realizan por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Dada la evolución registrada en el sector del transporte de viajeros por carretera, ya no procede seguir aplicando a dicho sector un límite máximo más bajo.

(6)

Habida cuenta de las normas especiales que se aplican a los sectores de la producción primaria de productos agrícolas, la pesca y la acuicultura y del riesgo de que ayudas de importes inferiores al límite máximo establecido en el presente Reglamento pudieran, no obstante, cumplir en estos sectores los criterios que figuran en el artículo 107, apartado 1, del Tratado, el presente Reglamento no debe aplicarse a dichos sectores.

(7)

Considerando las semejanzas entre la transformación y la comercialización de productos agrícolas y de productos no agrícolas, el presente Reglamento debe aplicarse a la transformación y a la comercialización de productos agrícolas, siempre que se cumplan ciertas condiciones. No deben considerarse como transformación o comercialización a este respecto las actividades de las explotaciones agrícolas necesarias para preparar un producto para la primera venta, tales como el cosechado, cortado y trillado de cereales o el envasado de huevos, ni la primera venta a revendedores o transformadores.

(8)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que, desde el momento en que la Unión adopta una normativa por la que se establece una organización común de mercado en un determinado sector agrícola, los Estados miembros están obligados a abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda establecer excepciones o infringir dicha normativa (10). Por esta razón, el presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas cuyo importe se determine en función del precio o de la cantidad de productos comprados o comercializados. Tampoco debe aplicarse a las ayudas que estén vinculadas a una obligación de compartir la ayuda con productores primarios.

(9)

El presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas a la exportación ni a las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales con preferencia sobre los importados. No debe aplicarse, en particular, a las ayudas destinadas a financiar el establecimiento y la explotación de redes de distribución en otros Estados miembros o terceros países. Las ayudas destinadas a sufragar los costes de participación en ferias comerciales, o los costes de estudios o de servicios de consultoría necesarios para lanzar un producto nuevo o ya existente en un nuevo mercado en otro Estado miembro o un tercer país no constituyen normalmente ayudas a la exportación.

(10)

El período de tres años que se ha de tener en cuenta a efectos del presente Reglamento debe evaluarse con carácter permanente de tal modo que, para cada nueva subvención con ayuda de minimis, haya que tomar en consideración el importe total de ayuda de minimis concedida en el ejercicio fiscal en cuestión, y durante los dos ejercicios fiscales anteriores.

(11)

Si una empresa opera en sectores excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento y también opera en otros sectores o desarrollan otras actividades, el presente Reglamento debe aplicarse a esos otros sectores o actividades siempre y cuando el Estado miembro de que se trate garantice, por medios apropiados como la separación de actividades o la distinción de costes, que las actividades de los sectores excluidos no se benefician de las ayudas de minimis. Este principio debe aplicarse asimismo a las empresas que operan en sectores a los que se aplican límites máximos de minimis inferiores. Si no se puede garantizar que las actividades de los sectores a los que se aplican límites máximos de minimis inferiores se beneficien de las ayudas de minimis únicamente hasta dichos límites máximos inferiores, debe aplicarse a todas las actividades de la empresa el límite máximo más bajo.

(12)

Procede establecer en el presente Reglamento normas que garanticen la imposibilidad de eludir las intensidades máximas de ayuda fijadas en determinados reglamentos o en determinadas decisiones de la Comisión. El presente Reglamento debe establecer también normas de acumulación claras y de fácil aplicación.

(13)

El presente Reglamento no excluye la posibilidad de que se considere que una medida no es ayuda estatal a efectos del artículo 107, apartado 1, del Tratado por motivos distintos de los previstos en el presente Reglamento, por ejemplo porque cumpla el principio del operador privado en una economía de mercado o porque no lleve aparejada una transferencia de recursos públicos. En concreto, la financiación de la Unión gestionada centralmente por la Comisión que no esté directa o indirectamente bajo el control del Estado miembro, no constituye ayuda estatal y no debe tenerse en cuenta a la hora de determinar si se respeta el límite máximo.

(14)

En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la eficacia del control, el presente Reglamento solo debe aplicarse a las ayudas de minimis cuyo equivalente de subvención bruta pueda calcularse previamente con precisión sin necesidad alguna de efectuar una evaluación del riesgo («ayuda transparente»). Ese cálculo puede realizarse con precisión, por ejemplo, en el caso de las subvenciones, las bonificaciones de intereses, las exenciones fiscales limitadas u otros instrumentos que llevan asociado un tope que garantiza que no se supere el límite máximo pertinente. La fijación de un tope supone que, si se desconoce o no se conoce todavía el importe exacto de la ayuda, el Estado miembro ha de asumir que dicho importe es igual al tope, con el fin de evitar que varias ayudas juntas sobrepasen el límite máximo establecido en el presente Reglamento y de aplicar las normas sobre acumulación.

(15)

En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la correcta aplicación del límite máximo de minimis, todos los Estados miembros deben aplicar el mismo método de cálculo. Para facilitar este cálculo, los importes de las ayudas que no sean en concepto de subvención en efectivo deben convertirse en su equivalente de subvención bruta. Para calcular el equivalente de subvención bruta de las categorías transparentes de ayuda distintas de las subvenciones o de las ayudas pagaderas en varios plazos, deben utilizarse los tipos de interés de mercado vigentes en el momento de la concesión de la ayuda. Con vistas a aplicar de manera uniforme, transparente y sencilla las normas sobre ayudas estatales, debe entenderse que los tipos de mercado aplicables a efectos del presente Reglamento son los tipos de referencia contemplados en la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (11).

(16)

Las ayudas consistentes en préstamos, incluidas las ayudas de minimis a la financiación de riesgo en forma de préstamos, deben considerarse ayudas de minimis transparentes si se ha calculado su equivalente de subvención bruta sobre la base de los tipos de interés de mercado aplicables en el momento de la concesión de la ayuda. A fin de simplificar la tramitación de los préstamos de pequeña cuantía y corta duración, el presente Reglamento debe establecer una norma clara que sea fácilmente aplicable y tenga en cuenta tanto el importe como la duración del préstamo. Basándose en la experiencia de la Comisión, los préstamos que estén garantizados por una garantía que cubra, como mínimo, el 50 % del préstamo y que non superen ya sea 1 000 000 EUR a lo largo de cinco años, ya sea a 500 000 EUR a lo largo de diez años, puede considerarse que tienen un equivalente de subvención bruta que no supera el límite máximo de minimis. Teniendo en cuenta las dificultades para determinar el equivalente de subvención bruta de las ayudas concedidas a empresas que no sean capaces de rembolsar el préstamo, dicha regla no debe aplicarse a tales empresas.

(17)

Las ayudas consistentes en aportaciones de capital no deben considerarse ayudas de minimis transparentes, salvo si el importe total de la aportación pública no sobrepasa el límite máximo de minimis. Las ayudas consistentes en medidas de financiación de riesgos que adopten la forma de inversión de capital o cuasicapital privado, según se establece en las directrices sobre financiación de riesgos (12), no deben considerarse ayudas de minimis transparentes, a menos que la medida en cuestión aporte una cantidad de capital que no sobrepase el límite máximo de minimis.

(18)

Las ayudas consistentes en garantías, incluidas las ayudas de minimis a la financiación de riesgo en forma de garantías, deben considerarse transparentes si el equivalente de subvención bruta se ha calculado sobre la base de primas refugio establecidas en una comunicación de la Comisión para el tipo de empresa de que se trate (13). A fin de simplificar la tramitación de las garantías de corta duración, el presente Reglamento debe establecer una norma clara que sea fácilmente aplicable y tenga en cuenta tanto el importe del préstamo subyacente como la duración de la garantía. Esta norma no debe aplicarse a garantías sobre operaciones subyacentes que no constituyan un préstamo, tales como las garantías sobre transacciones de capital; Cuando la garantía no supera el 80 % del préstamo subyacente, el importe garantizado no supere 1 500 000 EUR y la duración de la garantía no supera cinco años, puede considerarse que la garantía tiene un equivalente de subvención bruta que no supera el límite máximo de minimis. Lo mismo se aplica cuando la garantía no supera el 80 % del préstamo subyacente, el importe garantizado no supere 750 000 EUR y la duración de la garantía no supera diez años. Además, los Estados miembros deben poder utilizar un método para calcular el equivalente de subvención bruta de la garantía que haya sido notificado a la Comisión en virtud de otro reglamento de la Comisión en el ámbito de las ayudas estatales aplicable en ese momento y que haya sido aceptado por la Comisión por considerar que se ajustaba a la Comunicación sobre la garantía, o cualquier comunicación que le suceda, siempre y cuando el método aceptado se refiera expresamente al tipo de garantía y al tipo de operación subyacente en cuestión en el contexto de la aplicación del presente Reglamento. Teniendo en cuenta las dificultades para determinar el equivalente de subvención bruta de las ayudas concedidas a empresas que no sean capaces de rembolsar el préstamo, dicha regla no debe aplicarse a tales empresas.

(19)

En caso de que un régimen de ayudas de minimis se aplique a través de intermediarios financieros, debe garantizarse que estos no reciben ninguna ayuda estatal. Esto puede hacerse, por ejemplo, exigiendo a los intermediarios financieros que se benefician de una garantía del Estado que paguen una prima conforme al mercado o que repercutan completamente cualquier ventaja a los beneficiarios finales, o respetando el límite máximo de minimis y las demás condiciones del presente Reglamento también a nivel de los intermediarios.

(20)

Previa notificación de un Estado miembro, la Comisión puede examinar si una medida que no consiste en una subvención, préstamo, garantía, aportación de capital o medida de financiación de riesgos que adopte la forma de inversión de capital o cuasicapital privado da lugar a un equivalente de subvención bruta que no excede del límite máximo de minimis y, por lo tanto, puede entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(21)

La Comisión tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales y, de conformidad con el principio de cooperación establecido en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, los Estados miembros deben facilitar el cumplimiento de esta tarea dotándose de los instrumentos necesarios para garantizar que el importe total de las ayudas de minimis concedidas a una única empresa al amparo de la norma de minimis no sea superior al máximo total permisible. A tal efecto, cuando concedan una ayuda de minimis, los Estados miembros deben informar a la empresa en cuestión de la cuantía de la ayuda de minimis concedida y de su carácter de minimis, y hacer referencia expresa al presente Reglamento. Conviene que los Estados miembros estén obligados a controlar la ayuda concedida para garantizar que no se sobrepasan los límites máximos aplicables y que se respetan las reglas en materia de cúmulo. Para cumplir con dicha obligación, antes de conceder ayudas de este tipo, el Estado miembro debe obtener de la empresa una declaración relativa a las demás ayudas de minimis cubiertas por el presente Reglamento o por otros reglamentos de minimis recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente y los dos ejercicios precedentes. Debe permitirse que los Estados miembros opten por una solución alternativa consistente en la creación de un registro central con información completa sobre las ayudas de minimis concedidas y la verificación de que ninguna nueva ayuda supere el límite máximo pertinente.

(22)

Antes de conceder cualquier nueva ayuda de minimis, cada Estado miembro debe verificar que la nueva ayuda de minimis no rebasará en dicho Estado miembro el límite máximo de minimis y que se cumplen las demás condiciones del presente Reglamento.

(23)

Habida cuenta de la experiencia de la Comisión y, en particular, de la frecuencia con la que hay que revisar generalmente la política relativa a las ayudas estatales, el presente Reglamento debe tener un período de vigencia limitado. En caso de que el presente Reglamento expire sin ser prorrogado, los Estados miembros deben disponer de un período de adaptación de seis meses por lo que se refiere a las ayudas de minimis cubiertas por el presente Reglamento.

a)

las ayudas concedidas a las empresas que operan en los sectores de la pesca y la acuicultura, regulados por el Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo (14);

b)

las ayudas concedidas a las empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas;

c)

las ayudas concedidas a las empresas que operan en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, en los casos siguientes:

d)

las ayudas a actividades relacionadas con la exportación a terceros países o Estados miembros, es decir, las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora;

e)

las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados.

a)

una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;

b)

una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control de otra sociedad;

c)

una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa;

d)

una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.

a)

el beneficiario no está incurso en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reúne los requisitos para encontrarse sometido a un procedimiento de insolvencia colectiva a petición de sus acreedores en virtud del Derecho interno. En el caso de grandes empresas, el beneficiario deberá encontrarse en una situación comparable a una calificación crediticia de por lo menos B-, y

b)

el préstamo está garantizado por una garantía que abarque al menos el 50 % del mismo y ascienda bien a 1 000 000 EUR (o 500 000 EUR en el caso de las empresas que realizan operaciones de transporte de mercancías por carretera) a lo largo de cinco años, bien a 500 000 EUR (o 250 000 EUR en el caso de empresas que realizan operaciones de transporte de mercancías por carretera) a lo largo de diez años; si el préstamo concedido es de cuantías inferiores a las indicadas o/y tiene una duración inferior a cinco o diez años, respectivamente, su equivalente de subvención bruta se calculará como una parte proporcional del límite máximo pertinente establecido en el artículo 3, apartado 2, o

c)

el equivalente de subvención bruta se ha calculado sobre la base del tipo de referencia aplicable en el momento de la concesión.

a)

el beneficiario no está incurso en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reúne los requisitos para encontrarse sometido a un procedimiento de insolvencia colectiva a petición de sus acreedores en virtud del Derecho interno. En el caso de grandes empresas, el beneficiario deberá encontrarse en una situación comparable a una calificación crediticia de por lo menos B-, y

b)

la garantía no excede del 80 % del préstamo subyacente y bien el importe garantizado es 1 500 000 EUR (o 750 000 EUR en el caso de las empresas que realizan operaciones de transporte de mercancías por carretera), y la duración de la garantía es de cinco años, bien el importe garantizado es 750 000 EUR (o 375 000 EUR en el caso de las empresas que realizan operaciones de transporte de mercancías por carretera) y la duración de la garantía es de diez años; si el importe garantizado es inferior a estos importes y/o la garantía tiene una duración inferior a cinco o diez años, respectivamente, el equivalente de subvención bruta de la garantía se calculará como una parte proporcional del límite máximo pertinente establecido en el artículo 3, apartado 2, o

c)

el equivalente de subvención bruta se ha calculado sobre la base de primas refugio establecidas en una comunicación de la Comisión, o

d)

antes de aplicarse,

24.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/9

(1)

La financiación estatal que cumple los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado constituye ayuda estatal y debe notificarse a la Comisión en virtud del artículo 108, apartado 3, del Tratado. No obstante, en virtud del artículo 109 del Tratado, el Consejo puede determinar las categorías de ayuda que quedan exentas de esta obligación de notificación. De acuerdo con el artículo 108, apartado 4, del Tratado, la Comisión puede adoptar reglamentos relativos a dichas categorías de ayudas estatales. En virtud del Reglamento (CE) no 994/98, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, que las ayudas de minimis podían constituir una de dichas categorías. Sobre esa base, se considera que las ayudas de minimis, entendiendo como tales las que se conceden a una única empresa durante un cierto espacio de tiempo y no superan una cantidad fija determinada, no cumplen todos los criterios que establece el artículo 107, apartado 1, del Tratado y, por lo tanto, no están sujetas al procedimiento de notificación.

(2)

En numerosas decisiones, la Comisión ha aclarado el concepto de «ayuda» a efectos de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado. Asimismo, la Comisión ha expuesto su política por lo que se refiere a un límite máximo de minimis por debajo del cual pueda considerarse que no es de aplicación el artículo 107, apartado 1, inicialmente en su Comunicación relativa a las ayudas de minimis  (3) y, posteriormente, en los Reglamentos de la Comisión (CE) no 69/2001 (4) y (CE) no 1998/2006 (5). Teniendo en cuenta las normas especiales aplicables en el sector de la agricultura y el riesgo de que incluso niveles bajos de ayuda pudieran satisfacer los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado, el sector de la agricultura o partes del mismo fueron excluidos del ámbito de aplicación de dichos Reglamentos. La Comisión ya ha adoptado una serie de reglamentos que establecen normas sobre las ayudas de minimis concedidas en el sector agrícola, el último de los cuales fue el Reglamento (CE) no 1535/2007 de la Comisión (6). A la luz de la experiencia adquirida con la aplicación del Reglamento (CE) no 1535/2007, procede revisar algunas de las condiciones establecidas en el mismo y sustituirlo.

(3)

A la luz de la experiencia adquirida por la Comisión con la aplicación del Reglamento (CE) no 1535/2007, el importe máximo de ayuda concedido a una única empresa a lo largo de un período de tres años debe incrementarse a 15 000 EUR y el tope nacional al 1 % de la producción anual. Estos nuevos límites máximos siguen garantizando que las medidas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento no tienen ningún efecto en los intercambios comerciales entre Estados miembros y no falsean ni amenazan con falsear la competencia.

(4)

A efectos de las normas en materia de competencia establecidas en el Tratado, debe entenderse por «empresa» cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su naturaleza jurídica y de su modo de financiación (7). El Tribunal de Justicia ha dictaminado que todas las entidades que estén controladas (de hecho o de Derecho) por la misma entidad deben considerarse una única empresa (8). En aras de la seguridad jurídica y con el fin de reducir la carga administrativa, el presente Reglamento debe establecer una lista exhaustiva de criterios claros para determinar cuándo dos o más empresas dentro del mismo Estado miembro deben ser consideradas una única empresa. De los criterios perfectamente consolidados para definir «empresas vinculadas» en la definición de pequeñas y medianas empresas (PYME) que figura en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (9) y en el anexo I del Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión (10), esta ha seleccionado aquellos que son apropiados a los efectos del presente Reglamento. Las autoridades públicas ya están familiarizadas con los criterios que deben ser aplicables, dado el ámbito de aplicación del presente Reglamento, tanto a las PYME como a las grandes empresas. Esos criterios deben garantizar que un grupo de empresas vinculadas se considere una única empresa a efectos de la aplicación de la norma de minimis, pero que las empresas que no tengan ninguna otra relación entre sí, excepto el hecho de que cada una de ellas tenga un vínculo directo con el mismo organismo público, u organismos públicos, no sean tratadas como vinculadas entre sí. La situación específica de las empresas controladas por el mismo organismo público, u organismos públicos, que puedan tener un poder de decisión autónomo, debe tenerse, pues, en cuenta. Asimismo, estos criterios deben garantizar que los miembros individuales de una persona jurídica o de una agrupación de personas físicas o jurídicas no sean considerados, únicamente por esta razón, como vinculados entre sí, cuando la legislación nacional prevea que cada uno de esos miembros individuales debe asumir derechos y obligaciones comparables a los de los agricultores individuales que tengan el estatuto de jefe de explotación, en particular por lo que respecta a su situación económica, social y fiscal, y cuando los citados miembros individuales hayan contribuido a fortalecer las estructuras agrícolas de las personas jurídicas o agrupaciones de que se trate.

(5)

Considerando las semejanzas entre la transformación y la comercialización de productos agrícolas y productos no agrícolas, la transformación y la comercialización de productos agrícolas se incluyen en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) no 1407/2013 de la Comisión (11).

(6)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que, desde el momento en que la Unión adopta una normativa por la que se establece una organización común de mercado en un determinado sector agrícola, los Estados miembros están obligados a abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda establecer excepciones o infringir dicha normativa (12). Por tal razón, el presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas cuyo importe se fije en función del precio o de la cantidad de productos comprados o comercializados. Tampoco debe aplicarse a las ayudas que estén vinculadas a una obligación de compartir la ayuda con productores primarios.

(7)

El presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas a la exportación ni a las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales con preferencia sobre los importados. No debe aplicarse, en particular, a las ayudas destinadas a financiar el establecimiento y la explotación de redes de distribución en otros Estados miembros o terceros países. Las ayudas destinadas a sufragar los costes de participación en ferias comerciales, o los costes de estudios o de servicios de consultoría necesarios para lanzar un producto nuevo o ya existente en un nuevo mercado en otro Estado miembro o tercer país no constituyen normalmente ayudas a la exportación.

(8)

El período de tres años que se ha de tener en cuenta a efectos del presente Reglamento debe evaluarse con carácter permanente de tal modo que, para cada nueva concesión de ayuda de minimis, haya que tomar en consideración el importe total de ayuda de minimis concedida en el ejercicio fiscal en cuestión y durante los dos ejercicios fiscales anteriores.

(9)

Si una empresa opera tanto en el sector de la producción primaria de productos agrícolas como en otros sectores o desarrolla otras actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) no 1407/2013, las disposiciones de dicho Reglamento deben aplicarse a las ayudas concedidas a esos otros sectores o actividades, a condición de que el Estado miembro de que se trate garantice por medios apropiados, como la separación de actividades o la distinción de costes, que la producción primaria de productos agrícolas no se beneficia de las ayudas de minimis concedidas con arreglo a dicho Reglamento.

(10)

Si una empresa opera tanto en el sector de la producción primaria de productos agrícolas como en el de la pesca y la acuicultura, el Reglamento (CE) no 875/2007 de la Comisión (13) debe aplicarse a las ayudas concedidas a este último sector, a condición de que el Estado miembro de que se trate garantice por medios apropiados, como la separación de actividades o la distinción de costes, que la producción primaria de productos agrícolas no se beneficia de las ayudas de minimis concedidas con arreglo al Reglamento citado.

(11)

Procede establecer en el presente Reglamento normas que garanticen que resulte imposible eludir las intensidades máximas de ayuda fijadas en determinados reglamentos o en determinadas decisiones de la Comisión. El presente Reglamento debe establecer también normas de acumulación claras y de fácil aplicación.

(12)

El presente Reglamento no excluye la posibilidad de que se considere que una medida no es ayuda estatal a efectos del artículo 107, apartado 1, del Tratado por motivos distintos de los expuestos en el presente Reglamento, por ejemplo porque cumpla el principio del operador de una economía de mercado o porque no conlleve una transferencia de recursos públicos. En concreto, la financiación de la Unión gestionada centralmente por la Comisión que no esté directa o indirectamente bajo el control del Estado miembro, no constituye ayuda estatal y no debe tenerse en cuenta a la hora de determinar si se respeta el límite máximo o tope nacional.

(13)

En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la eficacia del seguimiento, el presente Reglamento solo debe aplicarse a las ayudas de minimis cuyo equivalente de subvención bruta pueda calcularse previamente con precisión sin necesidad alguna de efectuar una evaluación del riesgo («ayuda transparente»). Ese cálculo puede realizarse con precisión, por ejemplo, en el caso de las subvenciones, las bonificaciones de intereses, las exenciones fiscales limitadas u otros instrumentos que llevan asociado un tope que garantiza que no se supere el límite máximo pertinente. La fijación de un tope supone que, si se desconoce o no se conoce todavía el importe exacto de la ayuda, el Estado miembro ha de asumir que dicho importe es igual al tope, con el fin de evitar que varias ayudas juntas sobrepasen el límite máximo establecido en el presente Reglamento y de aplicar las normas sobre acumulación.

(14)

En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la correcta aplicación del límite máximo de minimis, todos los Estados miembros deben aplicar el mismo método de cálculo. Para facilitar este cálculo, los importes de las ayudas que no sean en concepto de subvención en efectivo deben convertirse en su equivalente de subvención bruta. Para calcular el equivalente de subvención bruta de las categorías transparentes de ayuda distintas de las subvenciones o de las ayudas pagaderas en varios plazos, deben utilizarse los tipos de interés de mercado vigentes en el momento de la concesión de la ayuda. Con vistas a aplicar de manera uniforme, transparente y sencilla las normas sobre ayudas estatales, debe entenderse que los tipos de mercado aplicables a efectos del presente Reglamento son los tipos de referencia contemplados en la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (14).

(15)

Las ayudas consistentes en préstamos, incluidas las ayudas de minimis a la financiación de riesgo en forma de préstamos, deben considerarse ayudas de minimis transparentes si se ha calculado su equivalente de subvención bruta sobre la base de los tipos de interés de mercado aplicables en el momento de la concesión de la ayuda. A fin de simplificar la tramitación de los préstamos de pequeña cuantía y corta duración, el presente Reglamento debe establecer una norma clara que sea fácilmente aplicable y tenga en cuenta tanto el importe como la duración del préstamo. Basándose en la experiencia de la Comisión, los préstamos que estén garantizados por una garantía que cubra, como mínimo, el 50 % del préstamo y que no superen ya sea 75 000 EUR a lo largo de cinco años, ya sea 37 500 EUR a lo largo de diez años, puede considerarse que tienen un equivalente de subvención bruta que no supera el límite máximo de minimis. Teniendo en cuenta las dificultades para determinar el equivalente de subvención bruta de las ayudas concedidas a empresas que no sean capaces de rembolsar el préstamo, dicha regla no debe aplicarse a tales empresas.

(16)

Las ayudas consistentes en aportaciones de capital no deben considerarse ayudas de minimis transparentes salvo si el importe total de la aportación pública no sobrepasa el límite máximo de minimis. Las ayudas consistentes en medidas de financiación de riesgos que adopten la forma de inversión de capital o cuasicapital privado, a las que se hace referencia en las directrices sobre financiación de riesgos (15), no deben considerarse ayudas de minimis transparentes a menos que la medida en cuestión aporte una cantidad de capital que no sobrepase el límite máximo de minimis.

(17)

Las ayudas consistentes en garantías, incluidas las ayudas de minimis a la financiación de riesgo en forma de garantías, deben considerarse transparentes si el equivalente de subvención bruta se ha calculado sobre la base de primas refugio establecidas en una comunicación de la Comisión para el tipo de empresa de que se trate (16). A fin de simplificar la tramitación de las garantías de corta duración, el presente Reglamento debe establecer una norma clara que sea fácilmente aplicable y tenga en cuenta tanto el importe del préstamo subyacente como la duración de la garantía. Esta norma no debe aplicarse a garantías sobre operaciones subyacentes que no constituyan un préstamo, tales como las garantías sobre transacciones de capital. Cuando la garantía no supera el 80 % del préstamo subyacente, el importe garantizado no supere 112 500 EUR y la duración de la garantía no supera cinco años, puede considerarse que la garantía tiene un equivalente de subvención bruta que no supera el límite máximo de minimis. Lo mismo se aplica cuando la garantía no supera el 80 % del préstamo subyacente, el importe garantizado no supere 56 250 EUR y la duración de la garantía no supera diez años. Además, los Estados miembros deben poder utilizar un método para calcular el equivalente de subvención bruta de la garantía que haya sido notificado a la Comisión en virtud de otro reglamento de la Comisión en el ámbito de las ayudas estatales aplicable en ese momento y que haya sido aceptado por la Comisión por considerar que se ajustaba a la Comunicación sobre la garantía, o cualquier comunicación que le suceda, siempre y cuando el método aceptado se refiera expresamente al tipo de garantía y al tipo de operación subyacente en cuestión en el contexto de la aplicación del presente Reglamento. Teniendo en cuenta las dificultades para determinar el equivalente de subvención bruta de las ayudas concedidas a empresas que no sean capaces de rembolsar el préstamo, dicha regla no debe aplicarse a tales empresas.

(18)

En caso de que un régimen de ayudas de minimis se aplique a través de intermediarios financieros, debe garantizarse que estos no reciben ninguna ayuda estatal. Esto puede hacerse, por ejemplo, exigiendo a los intermediarios financieros que se benefician de una garantía del Estado que paguen una prima conforme al mercado o que repercutan completamente cualquier ventaja a los beneficiarios finales, o respetando el límite máximo de minimis y las demás condiciones del presente Reglamento también a nivel de los intermediarios.

(19)

Previa notificación de un Estado miembro, la Comisión puede examinar si una medida que no consiste en una subvención, préstamo, garantía, aportación de capital o medida de financiación de riesgos que adopte la forma de inversión de capital o cuasicapital privado da lugar a un equivalente de subvención bruta que no excede del límite máximo de minimis y, por lo tanto, puede entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(20)

La Comisión tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales y, de conformidad con el principio de cooperación establecido en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, los Estados miembros deben facilitar el cumplimiento de esta tarea dotándose de los instrumentos necesarios para garantizar que el importe total de las distintas ayudas de minimis concedidas a una única empresa al amparo de la norma de minimis no sea superior al máximo total permisible. A tal efecto, cuando concedan una ayuda de minimis, los Estados miembros deben informar a la empresa en cuestión de la cuantía de la ayuda de minimis concedida y de su carácter de minimis, y hacer referencia expresa al presente Reglamento. Conviene que los Estados miembros estén obligados a controlar la ayuda concedida para garantizar que no se sobrepasan los límites máximos aplicables y que se respetan las reglas en materia de cúmulo. Para cumplir con dicha obligación, antes de conceder ayudas de este tipo, el Estado miembro debe obtener de la empresa una declaración relativa a las demás ayudas de minimis cubiertas por el presente Reglamento y por otros reglamentos de minimis recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente y los dos ejercicios precedentes. Debe permitirse que los Estados miembros opten por una solución alternativa consistente en la creación de un registro central con información completa sobre las ayudas de minimis concedidas y la verificación de que ninguna nueva ayuda supere el límite máximo pertinente.

(21)

Antes de conceder cualquier nueva ayuda de minimis, cada Estado miembro debe verificar que la nueva ayuda de minimis no rebasará en dicho Estado miembro el límite máximo de minimis ni el tope nacional y que se cumplen las demás condiciones del presente Reglamento.

(22)

Habida cuenta de la experiencia de la Comisión y, en particular, de la frecuencia con la que suele tener que revisarse la política relativa a las ayudas estatales, el presente Reglamento debe tener un período de aplicación limitado. En caso de que el presente Reglamento expire sin ser prorrogado, los Estados miembros deben disponer de un período de adaptación de seis meses por lo que se refiere a las ayudas de minimis contempladas en él.

a)

las ayudas cuyo importe se fije sobre la base del precio o la cantidad de los productos comercializados;

b)

las ayudas a actividades relacionadas con la exportación a terceros países o Estados miembros, en concreto las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros gastos corrientes relacionados con la actividad exportadora;

c)

las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados.

a)

una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;

b)

una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control de otra empresa;

c)

una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa;

d)

una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda empresa, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.

a)

el beneficiario no está incurso en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reúne los requisitos para encontrarse sometido a un procedimiento de insolvencia colectiva a petición de sus acreedores en virtud del Derecho interno. En el caso de grandes empresas, el beneficiario deberá encontrarse en una situación comparable a una calificación crediticia de por lo menos B-, y

b)

el préstamo está garantizado por una garantía que abarque al menos el 50 % del mismo y ascienda bien a 75 000 EUR a lo largo de cinco años, bien a 37 500 EUR a lo largo de diez años; si el préstamo concedido es de cuantías inferiores a las indicadas o/y tiene una duración inferior a cinco o diez años, respectivamente, su equivalente de subvención bruta se calculará como una parte proporcional del límite máximo establecido en el artículo 3, apartado 2, o

c)

el equivalente de subvención bruta se ha calculado sobre la base del tipo de referencia aplicable en el momento de la concesión.

a)

el beneficiario no está incurso en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reúne los requisitos para encontrarse sometido a un procedimiento de insolvencia colectiva a petición de sus acreedores en virtud del Derecho interno. En el caso de grandes empresas, el beneficiario deberá encontrarse en una situación comparable a una calificación crediticia de por lo menos B-, y

b)

la garantía no excede del 80 % del préstamo subyacente y bien el importe garantizado es 112 500 EUR y la duración de la garantía es de cinco años, bien el importe garantizado es 56 250 EUR y la duración de la garantía es de diez años; si el importe garantizado es inferior a estos importes y/o la garantía tiene una duración inferior a cinco o diez años, respectivamente, el equivalente de subvención bruta de la garantía se calculará como una parte proporcional del límite máximo establecido en el artículo 3, apartado 2, o

c)

el equivalente de subvención bruta se ha calculado sobre la base de primas refugio establecidas en una comunicación de la Comisión, o

d)

antes de aplicarse:

24.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/18

(1)

El Banco Central Europeo (BCE) necesita estadísticas de pagos específicas de cada país y comparativas para desempeñar sus funciones. El artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2533/98 faculta para recopilar información en el ámbito de las estadísticas de pagos y sistemas de pago. Estos datos son esenciales para conocer y vigilar la evolución de los mercados de pagos de los Estados miembros y contribuir a promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago.

(2)

El artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (en adelante, «los Estatutos del SEBC») dispone que el BCE, asistido por los bancos centrales nacionales (BCN), recopile la información estadística necesaria, bien de las autoridades nacionales competentes, bien directamente de los agentes económicos, a fin de cumplir las funciones del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). El artículo 5.2 de los Estatutos del SEBC dispone que los BCN ejecuten, en la medida de lo posible, las funciones descritas en el artículo 5.1.

(3)

El Eurosistema recopila información de pagos con arreglo a la Orientación BCE/2007/9 (2). A fin de mejorar la calidad y fiabilidad de las estadísticas de pagos y asegurar la plena cobertura de la población informadora, la información pertinente debe recopilarse directamente de los agentes informadores.

(4)

La metodología conforme a la cual se recopila la información sobre pagos debe tener en cuenta la evolución del régimen jurídico de la Unión Europea, en particular la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y el artículo 5 del Reglamento (CE) no 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(5)

Puede convenir que, sin menoscabo del cumplimiento de las exigencias estadísticas del BCE, los BCN obtengan de la población informadora real la información estadística necesaria para cumplir las exigencias de información estadística del BCE en el marco de procedimientos de recopilación de información estadística más amplios que los BCN establezcan bajo su propia responsabilidad con arreglo al derecho interno o de la Unión o a prácticas establecidas y que también tengan otros fines estadísticos. Esto puede, además, reducir la carga informadora. Conviene en tal caso, a fin de fomentar la transparencia, avisar a los agentes informadores de que los datos se recopilan para cumplir también otros fines estadísticos. En ciertos casos, el BCE puede utilizar la información estadística recopilada con esos otros fines para cumplir sus exigencias.

(6)

Aunque se reconoce que los reglamentos que el BCE adopte con arreglo al artículo 34.1 de los Estatutos del SEBC no confieren derechos ni imponen deberes a los Estados miembros cuya moneda no es el euro (en adelante, «los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro»), el artículo 5 de los Estatutos del SEBC se aplica tanto a los Estados miembros cuya moneda es el euro (en adelante, «los Estados miembros de la zona del euro») como a los no pertenecientes a la zona del euro. El considerando 17 del Reglamento (CE) no 2533/98 menciona que el artículo 5 de los Estatutos del SEBC, junto con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, implica la obligación de diseñar y llevar a cabo, en el ámbito nacional, todas las medidas que los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro consideren apropiadas para recoger la información estadística necesaria para cumplir las exigencias de información estadística del BCE y prepararse oportunamente en el ámbito estadístico para convertirse en Estados miembros de la zona del euro. Por consiguiente, la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento puede extenderse a los BCN de los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro mediante la cooperación de dichos BCN con el Eurosistema en virtud de una recomendación del BCE.

(7)

Son de aplicación las normas relativas a la protección y el uso de la información estadística confidencial que se establecen en el artículo 8 del Reglamento (CE) no 2533/98.

(8)

Es necesario establecer un procedimiento para introducir modificaciones técnicas en los anexos del presente Reglamento de manera efectiva, sin alterar el marco conceptual subyacente ni afectar a la carga informadora. Al aplicar ese procedimiento se tendrán en cuenta las opiniones del Comité de Estadísticas (STC) del SEBC. Los BCN y otros comités del SEBC pueden proponer esas modificaciones técnicas a los anexos a través del STC.

a)

«agente informador» y «residente» tendrán el mismo significado que en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 2533/98;

b)

«servicio de pago», «proveedor de servicios de pago», «entidad de pago» y «sistema de pago» tendrán el mismo significado que en el artículo 4 de la Directiva 2007/64/CE;

c)

«emisor de dinero electrónico» y «entidad de dinero electrónico» tendrán el mismo significado que en el artículo 2 de la Directiva 2009/110/CE;

d)

«operador de un sistema de pago» será la persona jurídica legalmente responsable del funcionamiento de un sistema de pago.

a)

para las entidades de pago, si cumplen las condiciones establecidas en el artículo 26, apartados 1 y 2, de la Directiva 2007/64/CE;

b)

para las entidades de dinero electrónico, si cumplen las condiciones establecidas en el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2009/110/CE;

c)

para otros proveedores de servicios de pago distintos de los mencionados en las letras a) y b), si cumplen las condiciones establecidas en el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2009/110/CE o en el artículo 26, apartados 1 y 2, de la Directiva 2007/64/CE.

24.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/45

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

24.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/47

(1)

El artículo 136, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1234/2007 establece que el derecho de importación de los productos de los códigos NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (trigo blando para siembra), ex 1001 99 00 (trigo blando de calidad alta, excepto para siembra), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 y 1007 90 00, es igual al precio de intervención válido para la importación de tales productos, incrementado un 55 % y deducido el precio de importación cif aplicable a la remesa de que se trate. No obstante, ese derecho no puede sobrepasar los tipos de los derechos de importación del arancel aduanero común.

(2)

El artículo 136, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1234/2007 establece que, a efectos del cálculo del derecho de importación a que se refiere el apartado 1 de ese mismo artículo, deben establecerse periódicamente precios de importación cif representativos de los productos considerados.

(3)

Según lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) no 642/2010, el precio que debe utilizarse para calcular el derecho de importación de los productos de los códigos NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (trigo blando para siembra), ex 1001 99 00 (trigo blando de calidad alta, excepto para siembra), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 y 1007 90 00 es el precio representativo de importación cif diario, determinado con arreglo al método previsto en el artículo 5 de dicho Reglamento.

(4)

Resulta necesario fijar los derechos de importación para el período que comienza el 1 de enero de 2014, que serán aplicables hasta que entren en vigor nuevos derechos.

(5)

Debido a la necesidad de garantizar que esta medida se aplica lo más rápidamente posible una vez disponibles los datos actualizados, conviene que el presente Reglamento entre en vigor el día de su publicación.

24.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/50

(1)

El 15 de octubre de 2013, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) no 1024/2013 que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito.

(2)

De la planificación y ejecución de las funciones atribuidas al Banco Central Europeo (BCE) debe encargarse plenamente un órgano interno compuesto por un presidente y un vicepresidente, cuatro representantes del BCE y un representante de la autoridad nacional competente de cada Estado miembro participante («el Consejo de Supervisión»).

(3)

El Consejo de Supervisión debe ser un organismo esencial en el ejercicio de las funciones de supervisión asumidas por el BCE, funciones que hasta ahora habían incumbido siempre a las autoridades nacionales competentes. Por tal motivo, debe facultarse al Consejo para adoptar una decisión de ejecución por la que se nombre, entre otros cargos, al Presidente del Consejo de Supervisión.

(4)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, apartado 3, del mencionado Reglamento, el 22 de noviembre, tras haber oído al Consejo de Supervisión, el BCE presentó al Parlamento Europeo, para recabar su aprobación, una propuesta relativa al nombramiento del Presidente. El Parlamento Europeo aprobó esta propuesta el 11 de diciembre.

(5)

A continuación, el 11 de diciembre de 2013, el BCE presentó al Consejo una propuesta relativa al nombramiento del Presidente del Consejo de Supervisión.

24.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/51

(1)

El 16 de diciembre de 2013, el Consejo manifestó su honda preocupación por la situación en la República Centroafricana (RCA).

(2)

El 5 de diciembre de 2013, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2127 (2013), que impone un embargo de armas contra la República Centroafricana (RCA).

(3)

Son necesarias nuevas actuaciones de la Unión con el fin de aplicar determinadas medidas.

a)

prestar asistencia técnica, servicios de corretaje y demás servicios, incluido el suministro de personal mercenario armado, relativos a actividades militares y el suministro, la fabricación, el mantenimiento y la utilización de armas y material afín de todo tipo, incluidos armas y municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto de los artículos mencionados, directa o indirectamente a cualquier persona física o jurídica, entidad u órgano sitos en la RCA o para su utilización en ese país;

b)

proporcionar financiación o ayuda financiera vinculada con actividades militares, y en particular subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación, así como los seguros y reaseguros, para cualquier venta, suministro, transferencia o exportación de armas y material afín o para el suministro de la correspondiente asistencia técnica, servicios de corretaje y otros servicios, directa o indirectamente a cualquier persona, entidad u organismo sitos en la RCA o para su utilización en ese país;

c)

participar consciente e intencionadamente en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las prohibiciones a las que se refieren las letras a) y b).

a)

la venta, el suministro, la transferencia o exportación de armamento y material afín destinados exclusivamente al apoyo o al uso por la Misión de Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (MICOPAX), la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafricana con Liderazgo Africano (MISCA), la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (BINUCA) y su unidad de guardia, el Equipo de Tareas Regional de la Unión Africana (UA-RTF) y las fuerzas francesas desplegadas en la RCA;

b)

la venta, el suministro, la transferencia o exportación de ropa de protección incluidos los chalecos antimetralla y los cascos militares, que exporte temporalmente a la RCA el personal de las Naciones Unidas, el personal de la Unión o de sus Estados miembros, los representantes de los medios de información y el personal dedicado a labores humanitarias y de desarrollo y asociado, exclusivamente para su propio uso;

c)

la venta, el suministro, la transferencia o exportación de armas pequeñas y material afín destinados exclusivamente a su uso en patrullas internacionales que proporcionen seguridad en el área protegida trinacional del río Sangha para defenderse contra la caza furtiva, el contrabando de marfil y armas y otras actividades contrarias a las leyes nacionales de la RCA a las obligaciones jurídicas internacionales de la RCA.

a)

la venta, el suministro, la transferencia o exportación de equipo militar no mortífero destinado únicamente a usos humanitarios o de protección y a la asistencia técnica correspondiente;

b)

la venta, el suministro, la transferencia o exportación de armamento y otro equipo mortífero en relación con las fuerzas de seguridad de la RCA, destinados exclusivamente a prestar apoyo o servir en el proceso de Reforma del Sector Seguridad (RSS) de la RCA;

c)

la venta, suministro, transferencia o exportación de armamento y material afín, y la asistencia técnica o financiera correspondiente, incluido el personal;

24.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/53

(1)

De conformidad con el artículo 32, apartado 5, párrafo primero, de la Directiva 2010/75/UE, el Reino de España presentó a la Comisión un plan nacional transitorio (PNT) por correo electrónico el 21 de diciembre de 2012 (2) y mediante carta oficial el 28 de diciembre de 2012, recibida por la Comisión el 2 de enero de 2013 (3).

(2)

El PNT se ha evaluado de acuerdo con el artículo 32, apartados 1, 3 y 4, de la Directiva 2010/75/UE y con la Decisión de Ejecución 2012/115/UE de la Comisión (4).

(3)

Durante la evaluación de la integridad del PNT presentado por el Reino de España, la Comisión comprobó que muchas de las instalaciones incluidas en ese plan no coincidían con las notificadas en el inventario de emisiones de 2009 remitido por dicho país, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5). La Comisión también constató que, en el caso de la instalación no 5, la contribución al techo del PNT respecto al SO2 durante el período 2001-2007 se había calculado sobre la base del índice mínimo de desulfuración y que en el período 2008-2010 esa contribución se había determinado mediante el método del valor límite de emisión, aunque no se cumplían las condiciones para ello.

(4)

Como las discrepancias entre los datos del PNT y los del inventario de emisiones de conformidad con la Directiva 2001/80/CE impidieron la evaluación del plan, la Comisión, por carta de 11 de junio de 2013 (6), solicitó al Reino de España que le aclarara las diferencias observadas. La Comisión le pidió asimismo que recalculara la contribución de la instalación no 5 al techo del PNT respecto al SO2.

(5)

El Reino de España presentó información complementaria a la Comisión mediante carta de 28 de junio de 2013 (7), en la que aclaraba las diferencias existentes entre la información del PNT y el inventario de emisiones de 2009 con arreglo a la Directiva 2001/80/CE. El Reino de España declaró asimismo en dicha carta que no era necesario revisar la contribución de la instalación no 5 al techo del PNT respecto al SO2.

(6)

Tras una nueva evaluación del PNT y de la información adicional presentada por el Reino de España, la Comisión le envió una segunda carta el 19 de septiembre de 2013 (8), en la que confirmaba su posición respecto a la utilización del método del índice mínimo de desulfuración para calcular la contribución de la instalación no 5 al techo del PNT respecto al SO2. La Comisión observó además que, en el caso de la instalación no 2, el Reino de España había utilizado un valor límite de emisión de 800 mg/Nm3 para el SO2 a fin de calcular la contribución de la instalación al techo del PNT de 2016, sobre la base de las disposiciones del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2001/80/CE, que, según la Comisión, no era aplicable a este efecto. La Comisión constató asimismo que, en el caso de nueve instalaciones, se había utilizado un valor límite de emisión de 1 200 mg/Nm3 para los NOx a fin de calcular su contribución al techo del TNP de 2016, sobre la base de la nota 2 de la tabla C. 1 del apéndice C del anexo de la Decisión de Ejecución 2012/115/UE, pero no se facilitaba información sobre el contenido volátil de los combustibles sólidos utilizados en esas instalaciones que pudiera justificar la aplicación de esa nota. La Comisión también solicitó información complementaria al Reino de España sobre las medidas previstas para cada una de las instalaciones incluidas en el PNT con objeto de asegurar el cumplimiento oportuno de los valores límite de emisión que se aplicarán a partir del 1 de julio de 2020. Por último, la Comisión pidió al Reino de España que le proporcionara datos adicionales sobre instalaciones que queman varios tipos de combustible o que están compuestas por diferentes tipos de instalaciones en relación con la cantidad de combustible utilizado, los valores límite de emisión, los factores de conversión y los caudales de gases residuales medios correspondientes a cada uno de los combustibles utilizados y a cada uno de los tipos de instalaciones de combustión por separado.

(7)

En su carta de 30 de septiembre de 2013 (9), completada mediante carta de 10 de octubre de 2013 (10), el Reino de España respondió a las preguntas de la Comisión y facilitó datos adicionales. Respecto a la instalación no 2, el Reino de España reiteró su opinión de que no había necesidad de modificar el valor límite de emisión de SO2 utilizado, al considerar que, a este respecto, es aplicable el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2001/80/CE. En lo que se refiere a la instalación no 5, el Reino de España siguió aduciendo que tenía derecho a utilizar una combinación del método del índice mínimo de desulfuración y el método del valor límite de emisión. El Reino de España presentó información sobre el contenido volátil de los combustibles sólidos utilizados en el período 2001-2010 por las nueve instalaciones en las que se había aplicado un valor límite de emisión de 1 200 mg/Nm3 respecto a los NOx para calcular el techo de 2016; de dicha información se deduce que, en cada uno de los años comprendidos entre 2001 y 2010, el contenido volátil anual medio de los combustibles sólidos utilizados fue inferior al 10 % solo en las instalaciones 3, 4 y 19, mientras que en las instalaciones 13, 15, 17, 18, 24 y 25, el nivel anual medio fue superior al 10 % durante uno o varios años. El Reino de España alegó que para la totalidad de las nueve instalaciones el valor medio del contenido volátil en todo el período de referencia (2001-2010) fue inferior al valor mencionado en la nota 2 de la tabla C. 1 del apéndice C del anexo de la Decisión de Ejecución 2012/115/UE.

(8)

Sobre la base de la información recibida de las autoridades españolas el 30 de septiembre de 2013 y el 10 de octubre de 2013, la Comisión observó que, respecto a las instalaciones que utilizan varios tipos de combustible, para las que se han facilitado los valores límite de emisión de todos los combustibles utilizados, y respecto a una instalación para la que se ha facilitado el valor límite de emisión medio del conjunto de los combustibles utilizados, es necesario aclarar cómo se calcularon las contribuciones a los techos totales de esas instalaciones, especificando los valores límite de emisión y los caudales de gases residuales anuales medios correspondientes a cada combustible utilizado en esas instalaciones.

(9)

Tras la evaluación final del PNT notificado por el Reino de España, en su versión modificada con arreglo a la información complementaria e incluidas las grandes instalaciones de combustión que figuran en el anexo I de la presente Decisión, la Comisión identificó tres elementos importantes que no se ajustan a las disposiciones aplicables:

(10)

Además, la Comisión identificó en el PNT varias instalaciones respecto a las cuales la información seguía siendo incoherente y/o faltaban datos que debían completarse. La lista completa de los datos que faltan y de las solicitudes de aclaración se incluye en el anexo II de la presente Decisión.

(11)

Por tanto, no procede aceptar el PNT notificado por el Reino de España.

a)

respecto a la instalación no 2: corregir el valor límite de emisión aplicado en el cálculo de su contribución al techo de SO2 para 2016; la instalación no puede utilizar el valor límite de emisión de 800 mg/Nm3 respecto al SO2 a fin de calcular su contribución al techo del PNT para 2016, sobre la base del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2001/80/CE, ya que ese valor límite de emisión no se contempla en el artículo 32, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva 2010/75/UE;

b)

respecto a la instalación no 5: corregir el método aplicado para calcular su contribución al techo del PNT para 2016 respecto al SO2; esa contribución se calculará para el conjunto del período 2001-2010, bien sobre la base del índice mínimo de desulfuración, bien sobre la base de los valores límite de emisión;

c)

respecto a las instalaciones 13, 15, 17, 18, 24 y 25: corregir los valores límite de emisión aplicados para calcular su contribución al techo de los NOx para 2016; para que esas instalaciones puedan utilizar el valor límite de emisión de 1 200 mg/Nm3, el Reino de España deberá demostrar que el contenido volátil anual medio de los combustibles sólidos utilizados en las instalaciones fue inferior al 10 % en los años de referencia considerados para el PNT;

d)

actualizar correctamente los techos de emisión totales de todos los años de acuerdo con los valores corregidos mencionados en los puntos anteriores;

e)

aclarar todas las cuestiones y completar los datos tal como se indica en el anexo II de la presente Decisión.

24.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 352/58

(1)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Directiva 2000/29/CE, los Estados miembros pueden beneficiarse de una participación financiera de «lucha fitosanitaria» de la Unión para cubrir los gastos directamente relacionados con las medidas necesarias que se hayan adoptado o previsto con el fin de luchar contra organismos nocivos procedentes de terceros países o de otras zonas de la Unión y erradicarlos o, si la erradicación no fuera posible, evitar su avance.

(2)

Alemania ha presentado tres solicitudes de participación financiera. La primera, el 30 de abril de 2013, se refiere a las medidas adoptadas en 2012 para erradicar o evitar el avance de Diabrotica virgifera en Renania-Palatinado, donde se detectaron brotes de este organismo nocivo en agosto y septiembre de 2012.

(3)

La segunda, también presentada el 30 de abril de 2013, se refiere a las medidas adoptadas desde agosto de 2011 hasta agosto de 2012 para luchar contra Anoplophora glabripennis en Renania del Norte-Westfalia, donde se detectaron brotes de este organismo nocivo en 2009.

(4)

Alemania presentó el 24 de abril de 2013 su tercera solicitud, relativa a las medidas adoptadas en 2012 para erradicar o evitar el avance de Diabrotica virgifera en Baden-Wurtemberg, donde se habían detectado brotes de este organismo nocivo en 2009, 2010, 2011 y 2012 en varios de sus distritos rurales o urbanos: Alb-Donaukreis, Biberach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Karlsruhe, Konstanz, Lörrach, Rastatt y Ravensburg. Las medidas adoptadas en esos años ya fueron objeto de cofinanciación en 2009, 2010, 2011 y 2012.

(5)

El 17 de abril de 2013 España presentó cuatro solicitudes de participación financiera. La primera, relativa a las medidas de inspección intensificadas tomadas en 2012 en las cuatro comunidades autónomas fronterizas con Portugal para luchar contra Bursaphelenchus xylophilus.

(6)

La segunda, relativa a las medidas tomadas o previstas en 2013 para luchar contra Bursaphelenchus xylophilus en Galicia, donde se habían detectado brotes de este organismo nocivo en 2010 en la zona de As Neves.

(7)

La tercera solicitud, relativa a las medidas tomadas o previstas en 2013 para luchar contra Pomacea insularum en Cataluña, donde se habían detectado brotes de este organismo nocivo en 2010.

(8)

La cuarta, relativa a las medidas tomadas o previstas en 2013 para luchar contra Bursaphelenchus xylophilus en Extremadura, donde se habían detectado brotes de este organismo nocivo en 2012 en la zona de Valverde del Fresno.

(9)

El 30 de abril de 2013, Francia presentó dos solicitudes de participación financiera. La primera, relativa a las medidas tomadas o previstas desde julio de 2012 hasta noviembre de 2013 para luchar contra Anoplophora glabripennis en Alsacia, donde se había detectado este organismo nocivo en julio de 2011 en la zona fronteriza con Alemania.

(10)

La segunda, relativa a las medidas tomadas o previstas desde octubre de 2012 hasta septiembre de 2013 para luchar contra Rhynchophorus ferrugineus en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, donde se habían detectado los brotes iniciales de este organismo nocivo en 2009. Las medidas adoptadas desde septiembre de 2009 hasta septiembre de 2012 ya fueron objeto de cofinanciación en 2010 y 2012.

(11)

El 30 de abril de 2013, los Países Bajos presentaron una solicitud de participación financiera, relativa a las medidas adoptadas desde julio hasta octubre de 2012 para luchar contra Anoplophora glabripennis en la zona de Winterswijk, donde se detectó este organismo nocivo el 10 de julio de 2012.

(12)

El 30 de abril de 2013, Portugal presentó dos solicitudes de participación financiera relativas a las medidas adoptadas para luchar contra Bursaphelenchus xylophilus. La primera, relativa a las medidas tomadas o previstas para 2013 y 2014 en Portugal continental, en la zona tampón fronteriza con España.

(13)

La segunda, relativa exclusivamente a las medidas de tratamiento térmico de la madera o de los embalajes de madera en la zona de Setúbal en 2013. Las medidas adoptadas en 2010, 2011 y 2012 ya fueron objeto de cofinanciación en 2011 y 2012.

(14)

Alemania, España, Francia, los Países Bajos y Portugal han elaborado su respectivo programa de medidas para erradicar o evitar el avance de los mencionados organismos nocivos introducidos en sus territorios. En dichos programas se especifican los objetivos perseguidos y las medidas adoptadas, su duración y su coste.

(15)

Las medidas fitosanitarias mencionadas revisten una gran variedad: destrucción de árboles o cultivos contaminados, aplicación de productos fitosanitarios, técnicas de saneamiento, inspecciones o pruebas oficiales o efectuadas en cumplimiento de una petición oficial para comprobar la presencia de organismos nocivos o la importancia de la misma y sustitución de las plantas destruidas a efectos de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2, letras a), b) y c), de la Directiva 2000/29/CE.

(16)

Alemania, España, Francia, los Países Bajos y Portugal han solicitado una participación financiera de la Unión de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 23 de la Directiva 2000/29/CE, en particular sus apartados 1 y 4, y con el Reglamento (CE) no 1040/2002 de la Comisión (2).

(17)

La información técnica facilitada por Alemania, España, Francia, los Países Bajos y Portugal ha permitido a la Comisión analizar la situación de forma completa y exacta. La Comisión ha concluido que se cumplen las condiciones para la concesión de una participación financiera de la Unión según lo establecido en el artículo 23 de la Directiva 2000/29/CE. Procede, por consiguiente, conceder una participación financiera de la Unión para cubrir los gastos de esos programas.

(18)

Las medidas y gastos que pueden beneficiarse de la participación financiera de la Unión se explicaron en una carta que la Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión envió el 25 de mayo de 2012 a los jefes de los servicios fitosanitarios de los Estados miembros.

(19)

De conformidad con el artículo 23, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2000/29/CE, la participación financiera de la Unión puede cubrir hasta el 50 % de los gastos correspondientes a las medidas admisibles que se hayan tomado en un período que no supere los dos años a partir de la fecha de la detección del organismo nocivo, o se hayan previsto para dicho período. No obstante, de conformidad con el párrafo tercero de dicho artículo, el período mencionado podrá prolongarse hasta cuatro años si el estudio de la situación permite determinar que los objetivos de las medidas se cumplirán en un plazo adicional razonable; en tal caso, la participación financiera de la Unión será decreciente durante los años de que se trate.

(20)

Vistas las conclusiones del grupo de evaluación fitosanitaria de la Comisión, emitidas entre el 24 y el 26 de junio de 2013, sobre las solicitudes presentadas, procede prolongarles el período de dos años reduciendo el porcentaje de la participación financiera de la Unión para estas medidas al 45 % de los gastos admisibles el tercer año y al 40 % el cuarto año.

(21)

La participación financiera de la Unión hasta el 50 % del gasto admisible será aplicable a los siguientes programas: Alemania, Baden-Wurtemberg, distritos de Alb-Donaukreis, Biberach, Karlsruhe, Rastatt y Ravensburg, Diabrotica virgifera (2012); Alemania, Renania-Palatinado, Diabrotica virgifera (2012); España, Extremadura, Bursaphelenchus xylophilus (2013), Francia, Anoplophora glabripennis, (noviembre de 2012 a octubre de 2013); Países Bajos, zona de Winterswijk, Anoplophora glabripennis (julio a octubre de 2012).

(22)

La participación financiera de la Unión hasta el 45 % del gasto admisible será aplicable a los siguientes programas: Alemania, Anoplophora glabripennis (de agosto de 2011 a agosto de 2012); Alemania, Baden-Wurtemberg, Diabrotica virgifera, distritos de Breisgau-Hochschwarzwald y ciudad de Friburgo (2012), que ya recibieron una participación financiera de la Unión mediante las Decisiones de Ejecución 2011/868/UE (3) y 2012/789/UE (4) de la Comisión para los dos primeros años de su aplicación.

(23)

Procede, asimismo, conceder al cuarto año de los siguientes programas una participación financiera de la Unión no superior al 40 %: Alemania, Baden-Wurtemberg, Diabrotica virgifera, distritos de Emmendingen, Konstanz y Lörrach (2012); España, Cataluña, Pomacea insularum (2013); España, Galicia, Bursaphelenchus xylophilus (2013); Francia, Rhynchophorus ferrugineus (de octubre de 2012 a septiembre de 2013); Portugal, Bursaphelenchus xylophilus, zona de Setúbal (2013), que ya recibieron una participación financiera de la Unión mediante la Decisión 2010/772/UE de la Comisión (5) (Alemania, España –Pomacea insularum–, Francia y Portugal), y las Decisiones de Ejecución 2011/868/UE (Alemania, España y Portugal) o 2012/789/UE (Alemania, España, Francia y Portugal) para los tres primeros años de su aplicación.

(24)

De conformidad con el artículo 23, apartado 6, párrafos primero y segundo, de la Directiva 2000/29/CE, habida cuenta de la evolución de la situación en la Unión, puede decidirse llevar a cabo nuevas iniciativas, y conceder participación financiera de la Unión para estas nuevas acciones, que han de someterse a requisitos o condiciones adicionales necesarios para el logro de los objetivos propuestos. Además, de conformidad con el artículo 23, apartado 6, párrafo tercero, cuando dichas nuevas acciones tengan por objetivo fundamental la protección de territorios de la Unión distintos de los del Estado miembro afectado, puede decidirse que la participación financiera de la Unión cubra más del 50 % de los gastos.

(25)

Para la cofinanciación de las acciones contra Bursaphelenchus xylophilus en Portugal, el plazo máximo de cuatro años establecido en el artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) no 1040/2002 expiró en 2012. No obstante, por la gran importancia de Bursaphelenchus xylophilus para las coníferas y su madera, la rapidez con que se propaga, la proximidad de España a la zona demarcada de Portugal para ese organismo nocivo, y el posible impacto en el sector forestal de la Unión y el comercio maderero internacional, se necesitan nuevas medidas para alcanzar el objetivo de protección fitosanitaria del territorio de la Unión, tanto en Portugal como en otros Estados miembros. Estas medidas se refieren a las adoptadas por Portugal en la zona tampón fronteriza con España. Por lo tanto, procede cofinanciar estas nuevas medidas y acceder a la solicitud de Portugal relativa a las medidas tomadas o previstas para 2013 y 2014 para luchar contra Bursaphelenchus xylophilus en la zona tampón fronteriza con España. Procede asimismo conceder a esta solicitud una tasa más elevada, concretamente del 75 %, pues las nuevas acciones tienen por objetivo fundamental la protección de territorios de la Unión distintos de los de Portugal.

(26)

España ha llevado a cabo inspecciones intensificadas para luchar contra Bursaphelenchus xylophilus en las zonas fronterizas con Portugal de las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, abarcando también zonas no demarcadas para ese organismo nocivo. Las inspecciones tenían como objetivo intensificar la vigilancia para la detección y erradicación tempranas en esas zonas concretas, con el fin de proteger el resto del territorio de la Unión. España ya dedicó muchos recursos a luchar contra dos brotes aislados de Bursaphelenchus xylophilus en Extremadura y en Galicia. Se considera que estas acciones tienen por objetivo fundamental la protección del territorio español y también territorios de la Unión distintos de los de España, por la gran importancia de Bursaphelenchus xylophilus para las coníferas y su madera, la rapidez con que se propaga y el posible impacto en el sector forestal de la Unión y el comercio maderero internacional. Procede, por tanto, conceder a esta solicitud una tasa más elevada de participación de la Unión, concretamente del 75 %.

(27)

Una visita de inspección de la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión (en lo sucesivo, «la OAV») puso de manifiesto algunas deficiencias en la aplicación de las medidas urgentes contra Bursaphelenchus xylophilus tomadas a tenor de la Decisión de Ejecución 2012/535/UE de la Comisión (6). Las deficiencias se refieren a las medidas adoptadas por Portugal en la zona tampón fronteriza con España. Concretamente, no se respetaron los plazos establecidos en la Decisión de Ejecución 2012/535/UE para la tala, retirada y eliminación de los árboles hospedadores del nematodo de la madera del pino muertos o enfermos, o situados en zonas afectadas por incendios o tormentas. Como la Comisión decidió, por razones similares, mediante las Decisiones de Ejecución 2011/868/UE y 2012/789/UE, aplicar niveles reducidos de cofinaciación a solicitudes similares de 2011 y 2012, procede seguir aplicando niveles reducidos de cofinanciación a las acciones mencionadas. Esta reducción debe ser proporcional al período en que la inspección de la OAV pudo establecer la inadecuada aplicación de las medidas de la Unión, a saber, los tres primeros meses de 2013.

(28)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo (7), las medidas fitosanitarias deben financiarse con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía. A efectos del control financiero de dichas medidas, deben aplicarse los artículos 9, 36 y 37 del mencionado Reglamento.

(29)

De conformidad con el artículo 84 del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) y el artículo 94, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) no 1268/2012 de la Comisión (9), el compromiso de gasto con cargo al presupuesto de la Unión debe ir precedido de la adopción de una decisión de financiación por parte de la institución o las autoridades en las que esta haya delegado competencias, en la que se determinen los elementos esenciales de una acción que implique un gasto a cargo del presupuesto.

(30)

La presente Decisión constituye una decisión de financiación del gasto contemplado en las solicitudes de cofinanciación presentadas por los Estados miembros.

(31)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Fitosanitario Permanente.

a)

que el Estado miembro interesado haya facilitado pruebas de las medidas adoptadas con arreglo a las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 1040/2002;

b)

que el Estado miembro interesado haya presentado a la Comisión una solicitud de pago conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1040/2002.