ISSN 1977-0685

doi:10.3000/19770685.L_2013.325.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 325

European flag  

Edición en lengua española

Legislación

56o año
5 de diciembre de 2013


Sumario

 

II   Actos no legislativos

Página

 

 

REGLAMENTOS

 

*

Reglamento de Ejecución (UE) no 1238/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se cobra definitivamente el derecho provisional impuesto a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China

1

 

*

Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China

66

 

 

DECISIONES

 

 

2013/707/UE

 

*

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 4 de diciembre de 2013, que confirma la aceptación de un compromiso propuesto en relación con los procedimientos antidumping y antisubvenciones relativos a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células) originarios o procedentes de la República Popular China durante el período de aplicación de las medidas definitivas

214

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.


II Actos no legislativos

REGLAMENTOS

5.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 325/1


REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) no 1238/2013 DEL CONSEJO

de 2 de diciembre de 2013

por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se cobra definitivamente el derecho provisional impuesto a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1) («Reglamento de base»), y, en particular, su artículo 9, apartado 4, y su artículo 14, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea, previa consulta al Comité Consultivo,

Considerando lo siguiente:

A.   PROCEDIMIENTO

1.   Medidas provisionales

(1)

Mediante el Reglamento (UE) no 513/2013 (2) («Reglamento provisional»), la Comisión Europea («Comisión») impuso un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células y obleas) originarios o procedentes de la República Popular China («China» o «país afectado»).

(2)

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada el 25 de julio de 2012 por EU ProSun («denunciante») en nombre de productores que representaban más del 25 % de la producción total de la Unión de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave. La denuncia contenía indicios razonables de la existencia de dumping en dicho producto y de un perjuicio importante en consecuencia, lo que se consideró suficiente para justificar el inicio de una investigación.

2.   Registro

(3)

Como se menciona en el considerando 3 del Reglamento provisional, a raíz de una solicitud del denunciante respaldada por las pruebas necesarias, la Comisión adoptó, el 1 de marzo de 2013, el Reglamento (UE) no 182/2013 (3), por el que se someten a registro las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios o procedentes de la República Popular China, con efectos a partir del 6 de marzo de 2013. El Reglamento provisional puso fin al registro de las importaciones a efectos de la investigación antidumping, de conformidad con el artículo 14, apartado 5, del Reglamento de base, ya que un derecho provisional antidumping ofrecía protección contra las importaciones objeto de dumping.

(4)

Algunas partes interesadas alegaron que la decisión relativa al registro de las importaciones carecía de fundamento, pues no se cumplían las condiciones con arreglo al artículo 14, apartado 5, del Reglamento de base. Sin embargo, estas alegaciones no se fundamentaron con pruebas fácticas, ni se basaron en ellas. En el momento de adoptar la decisión de registrar las importaciones, la Comisión disponía de suficientes indicios razonables para justificar la necesidad de tal registro, en particular el fuerte incremento de las importaciones tanto en términos absolutos como en cuota de mercado. Por tanto, se desestimaron las alegaciones a este respecto.

3.   Aceptación de un compromiso respecto de los derechos provisionales

(5)

Mediante la Decisión 2013/423/UE (4), la Comisión aceptó la oferta de compromiso de los productores exportadores junto con la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos.

4.   Procedimiento ulterior

(6)

Tras la divulgación de los hechos y consideraciones esenciales, en función de los cuales se decidió imponer medidas antidumping provisionales («divulgación provisional»), las autoridades chinas y varias partes interesadas presentaron por escrito sus observaciones sobre las conclusiones provisionales. También se dio la oportunidad de ser oídas a las partes interesadas que así lo solicitaron. Solicitaron audiencia con el Consejero Auditor de la Dirección General de Comercio la Alianza para la Energía Solar Asequible («AFASE»), que representa a los importadores y los operadores en sentido ascendente y descendente, y un importador, audiencia que les fue concedida.

(7)

La Comisión siguió recabando y verificando toda la información que consideró necesaria para establecer sus conclusiones definitivas. Se tuvieron en cuenta las observaciones orales y escritas de las partes interesadas y, en su caso, se modificaron en consecuencia las conclusiones provisionales.

(8)

Además, se llevaron a cabo inspecciones en los locales de las siguientes empresas:

i)

Operadores en sentido descendente

Jayme de la Costa, Pedroso, Portugal

Sunedison Spain Construction, Madrid, España

ii)

Consultora independiente

Europressedienst, Bonn, Alemania

(9)

La AFASE puso en duda la base jurídica de la visita realizada en los locales de Europressedienst, alegando que no es una parte interesada en la investigación y que, por consiguiente, no entra en el ámbito de aplicación del artículo 16 del Reglamento de base. Europressedienst, como se indica en los considerandos 99 y 120 del Reglamento provisional, proporcionó información sobre indicadores macroeconómicos. Se aclara que la Comisión realizó una inspección in situ en sus locales en aras del principio de buena administración, a fin de verificar la fiabilidad y exactitud de los datos en los que la Comisión ha basado sus conclusiones.

(10)

Las autoridades chinas reiteraron la alegación de que se habían violado sus derechos de defensa en relación con el acceso de las partes interesadas a los expedientes abiertos a inspección, dado que: i) faltaba información de los expedientes no confidenciales sin razón justificada y sin proporcionar resúmenes suficientemente detallados, o, de manera excepcional, sin exponer las razones por las que no se había aportado un resumen no confidencial; ii) faltaba la versión no confidencial del conjunto de respuestas al cuestionario de un productor de la Unión; y iii) los plazos para poner a disposición de las partes interesadas las versiones no confidenciales de las respuestas de los productores de la Unión al cuestionario eran excesivos.

(11)

i) Con respecto a la alegación de que faltaba información en el expediente de libre acceso, la parte interesada no especificó de qué información se trataba. ii) Su alegación de que no se había puesto a disposición de las partes la versión no confidencial de un conjunto completo de respuestas al cuestionario no era correcta. iii) En cuanto a los plazos para poner a disposición de las partes las respuestas no confidenciales al cuestionario de los productores de la Unión incluidos en la muestra, ya se había explicado a la parte en cuestión que los cuestionarios no se añadían al expediente no confidencial hasta que no se había comprobado que estaban completos y que sus resúmenes eran razonables. Para garantizar el derecho de los productores de la Unión al anonimato, se determinó que las versiones no confidenciales de los cuestionarios no revelaran la identidad del productor de la Unión en cuestión. En algunos casos, las partes que presentaban las versiones no confidenciales tuvieron que corregirlas en consecuencia antes de que pudieran ponerse a disposición de las demás partes interesadas.

(12)

En cualquier caso, no se considera que esto afectara en modo alguno a los derechos de defensa de las partes interesadas. La Comisión ofreció a todas las partes interesadas la oportunidad de responder a tiempo a la información incluida en el expediente abierto a inspección para que sus observaciones pudieran ser tenidas en cuenta, si estaban fundamentadas y justificadas, antes de extraer ninguna conclusión en la investigación. La parte interesada tuvo también ocasión de presentar observaciones a los cuestionarios de los productores de la Unión incluidos en la muestra después de la divulgación provisional y de la divulgación final. Por consiguiente, aun cuando las divulgaciones y el acceso de las partes interesadas al expediente abierto a inspección se basan en disposiciones jurídicas diferentes, debe señalarse que las partes interesadas tuvieron amplias oportunidades de presentar observaciones a la información aportada por cualquier parte en la investigación. En consecuencia, hubo que rechazar esta alegación.

(13)

Se informó a todas las partes interesadas de los hechos y consideraciones esenciales sobre cuya base se pretendía recomendar la imposición de un derecho antidumping definitivo a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China y el cobro definitivo de los importes garantizados mediante el derecho provisional («divulgación final»). A todas se les concedió un plazo para formular observaciones en relación con la divulgación final.

(14)

Las observaciones presentadas por las partes interesadas fueron examinadas y, en su caso, tenidas en cuenta.

5.   Aceptación de un compromiso en vista de los derechos definitivos

(15)

Tras la divulgación final, la Comisión recibió una oferta modificada de compromiso de los productores exportadores junto con la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos, que abarca también la investigación antisubvención paralela. La Comisión confirmó la aceptación de dicho compromiso por medio de la Decisión de Ejecución 2013/707/UE (5) de la Comisión, de 4 de diciembre de 2013, que confirma la aceptación de un compromiso propuesto en relación con los procedimientos antidumping y antisubvenciones relativos a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células) originarios o procedentes de la República Popular China durante el período de aplicación de las medidas definitivas.

6.   Partes afectadas por el procedimiento

a)   Muestreo de productores de la Unión

(16)

Tras la imposición de las medidas provisionales, algunas partes interesadas volvieron a esgrimir el argumento de que el empleo excesivo de la confidencialidad les impedía hacer observaciones sobre la selección de la muestra de productores de la Unión y, por tanto, ejercer adecuadamente su derecho de defensa. La Comisión ya abordó este asunto en el considerando 9 del Reglamento provisional. Dado que no se aportó información nueva a este respecto, se confirman las conclusiones expuestas en el considerando 9 del Reglamento provisional.

(17)

Las autoridades chinas reiteraron su alegación de que no está justificada la confidencialidad de los nombres de los denunciantes y de los productores de la Unión incluidos en la muestra. Como ya se decía en el considerando 9 del Reglamento provisional, los productores de la Unión habían solicitado que se salvaguardara la confidencialidad de sus nombres debido al riesgo de represalia. La Comisión consideró que esas solicitudes estaban suficientemente fundadas para aceptarlas. La información facilitada a la Comisión para fundamentar el riesgo de represalia no puede desvelarse a terceras partes, pues con ello se desvirtuaría el propósito de la solicitud de confidencialidad. Por otro lado, en un caso en el que, como señalan las autoridades chinas, un productor de la Unión reevaluó su postura y reveló su identidad al cumplimentar una solicitud para incoar una causa judicial contra el Reglamento provisional, ya no hay razón para desvelar la información en cuya base se concedió el anonimato, pues se ha revelado la identidad.

(18)

A raíz de la divulgación provisional, una parte interesada reiteró que la información en la que se basó la selección de la muestra no era fiable, pero no proporcionó ninguna prueba adicional a este respecto. Por consiguiente se desestimó esta alegación.

(19)

Tras la divulgación final, la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos reiteró los argumentos sobre el método empleado para seleccionar la muestra provisional de productores de la Unión. Alega, en particular, que las instituciones no han tenido en cuenta a ciento veinte productores. La Comisión ya abordó este asunto en el considerando 9 del Reglamento provisional. Además, las instituciones verificaron las actividades de las empresas incluidas en esa lista. Resultó que la lista incluía sobre todo instaladores, distribuidores, importadores vinculados y productores exportadores de China, Taiwán y la India. No era, pues, apta para demostrar que las instituciones hubieran pasado por alto a un número significativo de productores de la Unión. Por otro lado, la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos no refutó la producción total de la Unión aportando cifras alternativas, ni presentó pruebas de que la representatividad de la muestra pudiera verse afectada, ya que ninguno de los supuestos productores de la Unión adicionales habría sido seleccionado para la muestra si la Comisión hubiera tenido conocimiento de él.

(20)

Tras la exclusión de las obleas de la definición del producto afectado, y por ende del ámbito de la presente investigación, según se indica en el considerando 32, la muestra final se compuso de ocho productores de la Unión. No habiéndose recibido ninguna otra observación relativa al muestreo de productores de la Unión, se confirman las conclusiones recogidas en los considerandos 7 a 10 del Reglamento provisional, según han quedado modificados.

b)   Muestreo de importadores no vinculados

(21)

Tras la imposición de las medidas provisionales, como se indica en el considerando 12 del Reglamento provisional, la Comisión se puso en contacto con más importadores que ya habían cooperado en la investigación en la fase de inicio proporcionando información básica sobre sus actividades relacionadas con el producto investigado durante el período de investigación, según se especifica en el anuncio de inicio. El propósito era evaluar si podía incrementarse el tamaño de la muestra de importadores no vinculados. Seis empresas calificadas como importadores no vinculados que comerciaban con el producto afectado (es decir, lo compraban y lo vendían) se presentaron y mostraron su disposición a seguir cooperando en la investigación. De estas seis, cinco respondieron dentro del plazo establecido. De las cinco respuestas recibidas, solo tres eran suficientemente completas y permitían una evaluación válida. Sobre esta base, se extendió la muestra de importadores no vinculados, formada ahora por cuatro importadores en relación con los módulos, que representaban en torno al 2 % — 5 % del total de importaciones del país afectado. Vista la estructura de los importadores no vinculados, que en su mayoría eran pequeñas y medianas empresas, no fue posible constituir una muestra que representara una proporción mayor, ya que los recursos a disposición de las instituciones eran limitados.

(22)

No habiéndose recibido ninguna otra observación relativa al muestreo de importadores no vinculados, se confirman los considerandos 11 y 12 del Reglamento provisional, con las modificaciones indicadas.

c)   Muestreo de productores exportadores

(23)

Tras la divulgación provisional, varias empresas no incluidas en la muestra hicieron observaciones arguyendo que su situación era diferente a la de las empresas incluidas en la muestra. Argumentaban que, en consecuencia, deberían beneficiarse de un tipo de derecho individual con arreglo al artículo 17, apartado 3, del Reglamento de base. Sin embargo, debido al elevado número de empresas que cooperaron (a menudo grupos de empresas), no fue posible investigar individualmente a cada empresa. Por tanto, con arreglo al artículo 9, apartado 6, estas empresas están sujetas al derecho medio ponderado de las empresas incluidas en la muestra.

(24)

No habiéndose recibido ninguna otra observación relativa al muestreo de productores exportadores, se confirman los considerandos 13 y 14 del Reglamento provisional.

7.   Período de investigación y período considerado

(25)

Según lo expuesto en el considerando 19 del Reglamento provisional, la investigación del dumping y el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012 («período de investigación» o «PI»). El análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio abarcó desde 2009 hasta el final del periodo de investigación («periodo considerado»).

B.   PRODUCTO AFECTADO Y PRODUCTO SIMILAR

1.   Introducción

(26)

Como se indica en los considerandos 20 a 49 del Reglamento provisional, el producto afectado según se definió provisionalmente son los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y las células y obleas del tipo utilizado en los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino, originarios o procedentes de China. Las células y obleas tienen un grosor no superior a 400 micrómetros. El producto se incluye actualmente en los códigos de NC ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 y ex 8541 40 90 («producto afectado»).

(27)

Están excluidos de la definición del producto afectado los siguientes tipos de productos:

los cargadores solares que consten de menos de seis células, sean portátiles y suministren electricidad a aparatos o carguen baterías,

los productos fotovoltaicos de capa fina,

los productos fotovoltaicos de silicio cristalino que formen parte integrante de manera permanente de aparatos eléctricos cuya función no consista en generar electricidad y consuman la electricidad generada por las células fotovoltaicas de silicio cristalino integradas.

2.   Alegaciones relativas a la definición del producto

2.1.   Exclusión de las obleas

(28)

Tras la divulgación provisional, las partes interesadas alegaron que debería excluirse de la definición del producto a las obleas, pues no comparten las mismas características físicas, químicas y técnicas que las células y los módulos. A los argumentos presentados en la fase provisional se sumaron otros dos tras la divulgación provisional.

(29)

En primer lugar, las partes interesadas alegaron que las obleas pueden emplearse para otros fines que la fabricación de células, concretamente para la producción de circuitos integrados y otros microdispositivos. A este respecto cabe señalar que en el ámbito de la presente investigación no se incluyen todas las obleas, sino únicamente las «obleas del tipo utilizado en los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino» y las «obleas cuyo grosor no es superior a 400 micrómetros». Si bien es cierto que existen obleas en otras aplicaciones, la investigación nunca abarcó las que se utilizan en la fabricación de otros productos, tales como circuitos integrados. Además, ningún productor, importador o usuario participante en el mercado de estos otros tipos de obleas se presentó alegando que sus obleas serían sometidas a registro o derechos antidumping provisionales. Por tanto, se confirma que estos otros tipos de obleas no entran en la definición del producto investigado. Al mismo tiempo, esto demuestra que las obleas no tienen necesariamente el mismo uso final que las células y los módulos.

(30)

En segundo lugar, las partes interesadas alegaron que las obleas no transformadas no poseen ninguna de las propiedades eléctricas esenciales que distinguen a las células y los módulos solares de otros productos. En particular, las obleas no tienen la capacidad de generar electricidad a partir de la luz solar, que es la función fundamental de las células y los módulos fotovoltaicos cristalinos.

(31)

Este argumento es aceptable. En efecto, tras una verificación más detallada, y en contra de lo que dice el considerando 36 del Reglamento provisional, a saber, que «módulos, células y obleas tienen el mismo uso final, convertir la luz solar en energía eléctrica», lo cierto es que una oblea solo adquiere la capacidad de generar electricidad a partir de la luz solar una vez que ha sido transformada en célula.

(32)

Debido a sus características físicas y técnicas básicas diferentes, definidas durante la investigación, entre otras cosas, como la capacidad de generar electricidad a partir de la luz solar, y sopesados todos los factores, se llega a la conclusión de que debe excluirse a las obleas de la definición del producto afectado y, por ende, del ámbito de la presente investigación.

2.2.   Investigaciones por separado para las células y para los módulos

(33)

Las partes interesadas reiteraron que las células y los módulos no son un único producto y que, por consiguiente, deberían examinarse por separado, repitiendo básicamente los argumentos ya abordados en los considerandos 27 a 39 del Reglamento provisional. No obstante, a diferencia de las obleas, las células y los módulos sí que comparten la misma característica básica, a saber, la capacidad de generar electricidad a partir de la luz solar. Por tanto, se rechazaron estos argumentos.

(34)

Tras la divulgación final, un exportador argumentó que las células no pueden producir electricidad por sí mismas. Supuestamente, para ello tienen que estar integradas en módulos. Sin embargo, cada célula tiene capacidad para generar por sí misma electricidad a partir de la luz solar con una potencia típica aproximada de 4 W. Aunque esa potencia pueda ser insuficiente para la mayoría de las aplicaciones que requieren el montaje de muchas células en módulos, ello no significa que una célula no tenga en sí misma la capacidad para generar electricidad.

(35)

Tras la divulgación final, un exportador argumentó que la imposibilidad de establecer un valor normal para los módulos a partir del valor normal para las células, según se describe en el considerando 100, demuestra que módulos y células no deben considerarse un único producto.

(36)

A este respecto hay que señalar que, en la mayoría de las investigaciones antidumping, incluida la presente, la comparación entre los valores normales y los precios de exportación se realiza en función de los tipos de producto. Se hace así porque, con frecuencia, una gama muy amplia de tipos de productos comparten las mismas características físicas, técnicas o químicas, lo que a menudo lleva a que tipos de productos con costes y precios muy distintos se incluyan en la definición de «producto afectado». El mero hecho de que no sea posible establecer el valor normal de un determinado tipo de producto sobre la base del valor normal de otro tipo de producto no significa que ambos tipos no puedan considerarse un solo producto. Como se describe en el considerando 32, las células y los módulos tienen las mismas características físicas y técnicas básicas, entre otras la capacidad de generar electricidad a partir de la luz solar.

(37)

También se argumenta que, si las células y los módulos fueran un único producto con diferencias menores, no debería ser tan difícil ajustar el precio de las células para establecer el precio de los módulos. A este respecto hay que señalar que no hay ningún requisito que exija que solo haya diferencias menores entre los diferentes tipos del producto afectado. Al contrario, basta con que los diferentes tipos del producto afectado compartan las mismas características físicas, técnicas o químicas básicas. Es lo que ocurre en el caso de las células y los módulos, que, entre otras cosas, tienen la capacidad de generar electricidad a partir de la luz solar.

(38)

La misma parte argumentó que las células no son simplemente otro tipo de módulo, sino un producto distinto por completo. En efecto, una célula es el componente clave de un módulo. Como componente clave, es evidente que una célula no es un producto completamente distinto, pues comparte con los módulos la misma característica básica de generar electricidad a partir de la luz solar, como se indica en el considerando 32.

(39)

La misma parte argumentó además que, al seleccionar las muestras de productores de la Unión y exportadores chinos, se tuvo en cuenta la diferencia entre células y módulos. Por tanto, deberían haberse establecido tipos de derecho distintos para los módulos y para las células. A este respecto, se confirma que efectivamente se tuvo en cuenta la diferencia entre módulos y células al seleccionar la muestra de productores de la Unión y exportadores chinos, como se indica en los considerandos 10 y 14 del Reglamento provisional. Sin embargo, esto solo se hizo para garantizar que la muestra fuera representativa y no significa que los módulos y las células no deban considerarse un único producto afectado, ni que deban establecerse tipos de derecho por separado para los módulos y para las células. De hecho, al seleccionar la muestra fue importante distinguir entre células y módulos para garantizar que la muestra fuera representativa de todos los tipos de producto. Por otro lado, dado que había una cierta incertidumbre sobre la cuestión de considerar las células y los módulos como un solo producto o como dos productos aparte, fue necesario garantizar la representatividad para los dos resultados posibles.

(40)

Además, se argumenta que el considerando 100, según el cual los costes de transformación de los módulos son significativos, está en contradicción con el considerando 32 del Reglamento provisional, en el que se dice que el valor añadido no se concentra en una fase concreta del proceso de producción. A este respecto hay que recordar que el considerando 100 aclara también que la diferencia entre el coste de las células y el coste de los módulos es del 34 %, lo que significa que el 66 % del valor de un módulo proviene de la célula. Por consiguiente, se concluye que el valor añadido no se concentra en una fase concreta del proceso de producción.

(41)

Los productores exportadores alegaron que el hecho de que el compromiso impusiera precios y volúmenes mínimos de importación diferentes para las células y los módulos confirma que estos productos son distintos y requieren investigaciones por separado. Sin embargo, los precios mínimos de importación diferentes son meramente una indicación de que las células y los módulos constituyen grupos distintos de tipos de producto que se venden a precios diferentes. Por tanto, es preciso definir precios diferentes para que los precios mínimos de importación sean significativos.

(42)

Además, el hecho de que las células y los módulos sean grupos distintos de tipos de producto no es en sí relevante para la definición del producto afectado. Para la definición del producto afectado basta con que los productos compartan las mismas características básicas y usos finales básicos, como ocurre con los módulos y las células según se expone en los considerandos 32 y 48, respectivamente.

(43)

Las autoridades chinas argumentaron que el examen de si las células y los módulos son un único producto afectado no aborda una serie de criterios definidos por el Órgano de Apelación en su informe CE-Amianto  (6). Sin embargo, esos criterios se aplican para la definición del «producto similar», no del producto afectado. En otras palabras, estos criterios han de utilizarse para definir el producto similar, por ejemplo el producto similar producido por la industria de la Unión, que se compara luego con el producto afectado exportado por los productores exportadores chinos. Estos criterios no son pertinentes a la hora de definir el producto afectado. De cualquier modo, las instituciones observan que la aplicación de los criterios utilizados en el informe CE-Amianto a la definición del producto afectado en el presente caso no daría un resultado diferente. Los criterios primero y segundo (propiedades, naturaleza y calidad, por un lado, y usos finales, por otro) son idénticos a las propiedades físicas, químicas y técnicas y los usos finales que se exponen en los considerandos precedentes. El tercer criterio (gustos y hábitos de los consumidores) no es realmente útil en el presente caso, pues las células son el componente clave de los módulos; por lo que respecta al cuarto criterio, la clasificación arancelaria, cabe señalar que tanto las células como los módulos pueden declararse en la partida arancelaria 8541 40 90, mientras que las partidas arancelarias de la rúbrica 8501 se destinan a los generadores eléctricos en general, y no a los productos solares en particular.

(44)

Otras partes interesadas argumentaron que la aplicación objetiva de los criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia en asuntos anteriores (7) conduce supuestamente a la conclusión de que los módulos y las células son productos diferentes. A este respecto hay que señalar que el Tribunal no ha hecho más que indicar una serie de criterios que pueden ser tenidos en cuenta, pero que no hay obligación de utilizarlos todos en todos los casos, pues pueden no ser todos pertinentes. Estos criterios se evaluaron en los considerandos 27 a 39 del Reglamento provisional, donde se determinó que varios de ellos no eran pertinentes en el presente caso. En el asunto Brosmann, la evaluación de si distintos tipos de calzado se incluían en el «producto afectado» también se llevó a cabo sobre la base de solo tres criterios que se consideraron pertinentes. Dado que las partes interesadas no presentaron argumentación alguna de por qué la aplicación objetiva de los criterios hace llegar a la conclusión de que los módulos y las células son productos distintos, no puede aceptarse este argumento.

(45)

Además, hay que recordar que las células y los módulos tienen los mismos usos finales básicos, a saber, se venden para ser integrados en sistemas solares fotovoltaicos. El rendimiento de los módulos está directamente relacionado con el de las células, como se indica en el considerando 28 del Reglamento provisional.

(46)

Otra parte interesada argumentó que, con la exclusión de las obleas de la definición del producto, y debido a la transformación importante que requiere la fabricación de módulos a partir de las células, queda refutado el argumento de que las células y los módulos tienen los mismos usos finales. También se arguye que la evaluación según la cual los módulos y las células tienen los mismos usos finales se basa en el supuesto de que obleas, módulos y células comparten el mismo proceso de producción.

(47)

En primer lugar, es errónea la conclusión de que la evaluación según la cual los módulos y las células tienen los mismos usos finales se basa en el proceso de producción. Aunque ambos enunciados figuran efectivamente en el considerando 36 del Reglamento provisional, ello no significa que una conclusión se base en el otro supuesto. El término «además» que separa los dos enunciados deja claro que el segundo no se basa en el primero. Además, los dos enunciados se formulan para abordar cuestiones distintas dentro del epígrafe «Uso final e intercambiabilidad». El primer enunciado sobre el proceso de producción aborda la intercambiabilidad, mientras que el segundo se refiere al uso final. Así pues, el supuesto de que la evaluación según la cual los módulos y las células tienen los mismos usos finales se basa a su vez en el supuesto de que obleas, módulos y células comparten el mismo proceso de producción es incorrecto.

(48)

En cuanto al uso final real de las células y los módulos, las partes interesadas no discuten que unas y otros se venden para ser integrados en sistemas solares fotovoltaicos. Por consiguiente, se confirma la conclusión de que los módulos y las células tienen el mismo uso final.

2.3.   Células monocristalinas y policristalinas

(49)

Una parte interesada alegó que en la Unión no se producían células monocristalinas y que sus exportaciones de células monocristalinas no competían con la industria de la Unión. Sin embargo, la investigación puso de manifiesto la existencia en la Unión de producción de células monocristalinas. Por tanto, se rechazó este argumento. En cualquier caso, el Tribunal General sostuvo en el asunto Brosmann que la ausencia de producción de un determinado producto en la Comunidad no es un factor decisivo.

2.4.   Cláusula de procedencia

(50)

Las partes interesadas argumentaron que la ampliación del ámbito de la investigación a los productos «procedentes» de China estaba injustificada, puesto que la investigación se había iniciado únicamente contra los productos originarios de China.

(51)

Sin embargo, los productos procedentes de China ya estaban incluidos en la fase de inicio. En el punto 5 del anuncio de inicio (8) puede leerse lo siguiente: «se invita, por tanto, a las empresas que envían el producto afectado desde la República Popular China, pero consideran que parte de dichas exportaciones, o incluso todas ellas, no tienen su origen aduanero en la República Popular China, a que se den a conocer en la presente investigación y faciliten toda la información pertinente». Así pues, es evidente que todas las empresas que expiden productos desde China tuvieron la oportunidad de cooperar en la investigación. Por otro lado, dado que el producto investigado incorpora con frecuencia componentes y piezas procedentes de distintos países, también se anunció en el punto 5 del anuncio de inicio que podrían «adoptarse disposiciones especiales» para abordar esta cuestión.

(52)

Por tanto, se considera que todos los agentes económicos afectados fueron debidamente informados de la posibilidad de que se adoptaran, en su caso, disposiciones especiales con respecto a los productos expedidos desde China, y se les invitó a que cooperaran en la investigación. Así pues, el ámbito de la investigación no se amplió a los «productos procedentes de China», ya que estos estaban incluidos desde el principio.

(53)

Tras la divulgación, las partes interesadas argumentaron que, con independencia de lo dispuesto en el anuncio de inicio al que se refiere el considerando 51, la investigación estaba limitada a mercancías originarias de China y no evaluaba el impacto de las procedentes de ese país.

(54)

A este respecto cabe señalar que, para garantizar que durante la investigación se evaluaran todas las mercancías procedentes de China, y no solo las originarias de este país, se tomaron las medidas que se exponen a continuación.

Se invitó a todas las empresas que expiden el producto afectado desde China a que se dieran a conocer en la investigación, sin importar el origen de las mercancías.

En el anexo A del anuncio de inicio se pidió a los exportadores que facilitaran información sobre todos los productos fabricados por la empresa. Dicha información no se limitaba a las mercancías originarias de China.

Sobre la base de esa información, que incluía todas las exportaciones a la UE fuera cual fuera el origen de las mercancías, se seleccionó una muestra representativa.

Los productores incluidos en la muestra recibieron un cuestionario dirigido a los «productores que exportan a la Unión Europea», en el que se hacía referencia a China como «país afectado», no como país de origen. Por tanto, estaba claro que se investigaban todas las mercancías, con independencia de su origen.

(55)

Así pues, se concluye que la investigación abarcaba todas las mercancías originarias o procedentes de China y que sus conclusiones, concretamente las relativas al dumping y al perjuicio, se referían a todas las mercancías originarias o procedentes de China.

(56)

Tras la divulgación final, las partes interesadas argumentaron que la denuncia solo contenía indicios razonables en relación con las importaciones de paneles solares originarios de China, no con mercancías procedentes de este país. A este respecto debe aclararse que la denuncia abarcaba las mercancías from the PRC («procedentes de China»), como puede verse en la portada presentada por el solicitante, que lleva el sello. Antes de esa página hay otra en el expediente en la que sí puede leerse originating in the People's Republic of China («originarios de la República Popular China»). Sin embargo, esta no formaba parte del documento presentado por el denunciante, sino que la añadieron como portada los servicios de la Comisión utilizando el nombre dado a la investigación, más que repitiendo el título de la denuncia. Por tanto, se considera que la denuncia abarcaba todas las mercancías procedentes de China, originarias o no de ese país.

(57)

Los productores exportadores chinos argumentaron además que no podía esperarse razonablemente que los productores exportadores de terceros países supieran que sus productos podían ser objeto también de la investigación. A este respecto debe señalarse que las medidas no se aplican a las mercancías en tránsito en el sentido del artículo V del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Por consiguiente, las medidas no afectan a las productores exportadores que no realizan operaciones en China. Por otro lado, ningún productor exportador de terceros países planteó la cuestión de que los productos por él exportados fueran sometidos al derecho antidumping.

(58)

Los mismos productores exportadores argumentaron que no se pidió a los productores exportadores de terceros países que se dieran a conocer, ni se les dio la oportunidad de demostrar que sus productos no eran objeto de dumping. Las instituciones consideran que las medidas no afectan a los productores exportadores que no realizan operaciones en China, pues sus mercancías, si se expiden desde este país, habrán estado en tránsito. Todos los demás productores exportadores fueron informados por medio del anuncio de inicio de que sus operaciones formaban parte de la investigación.

(59)

Las autoridades chinas argumentaron que, si bien el artículo 1, apartado 3, del Reglamento de base permite apartarse del principio de que el país exportador es el país de origen, esta disposición no es aplicable en el presente caso. En apoyo de esta alegación arguyen que no se ha hecho un análisis completo para determinar si el país exportador puede ser un país intermediario. Las instituciones discrepan de esta interpretación del artículo 1, apartado 3, del Reglamento de base. Ninguna parte discute la producción significativa que existe en China. Que China sea o no el país de origen de las mercancías acabadas depende de varios factores. El análisis del dumping, el perjuicio, la causalidad y el interés de la Unión llevado a cabo por las instituciones se refiere a esa producción, al margen de la cuestión de si la mercancía acabada exportada tiene su origen arancelario en China. Ante los sólidos indicios de que no todos los productos que fueron por lo menos en parte fabricados en China se considerarían arancelariamente originarios de ese país, las instituciones decidieron que era preciso abarcar también los productos con respecto a los cuales China es solo un país intermediario.

(60)

Las autoridades chinas argumentaron además que, puesto que no se había concedido el trato de economía de mercado a ningún exportador chino, no había un precio comparable de los paneles solares en China y, por tanto, este país no podía utilizarse como país intermediario. Sin embargo, cabe señalar a este respecto que las tres condiciones del artículo 1, apartado 3, del Reglamento de base se ofrecen meramente a título de ejemplo, y que puede que no todas sean pertinentes en todos los casos. En el caso presente, puesto que no se concedió el trato de economía de mercado a ningún exportador chino, el precio comparable tuvo que establecerse en el país análogo, y este precio comparable es el mismo con independencia de que China se considere el país de origen o el país intermediario. Por consiguiente, la cuestión de si existe un precio comparable en ese país es irrelevante, ya que, en el presente caso, el precio comparable no se establece en él, sino en el país análogo.

2.5.   Cargadores solares

(61)

Tras la divulgación provisional, las partes interesadas alegaron que la definición de «cargadores solares que constan de menos de seis células» es demasiado restringida y debería ampliarse a productos de función similar como los que, siendo de tamaño similar, cuentan con un número mayor de células más pequeñas.

(62)

También alegaron que es demasiado restringida la definición de «productos fotovoltaicos de silicio cristalino que forman parte integrante de aparatos eléctricos», pues solo se excluye el aparato eléctrico completo, mientras que no quedan necesariamente excluidos los componentes solares que van a integrarse en los aparatos eléctricos.

(63)

De hecho, el análisis de los argumentos mencionados puso de manifiesto que es más apropiado añadir a la exclusión de esos productos un criterio basado en una norma técnica. En particular, se estableció que las definiciones de la norma que se cita a continuación determinan más adecuadamente los productos que deben excluirse del ámbito de las medidas: norma internacional IEC 61730-1, Clases de aplicación, clase C: tensión limitada, aplicaciones de potencia limitada (9).

(64)

Tras la divulgación definitiva se recibieron observaciones acerca de la exclusión sobre la base de la norma citada. Se argumentó que, en lugar de remitirse a la norma, sería más adecuado definir la exclusión en función de la tensión de salida y la potencia de salida, del siguiente modo: «módulos o paneles con una tensión de salida no superior a 50 V CC y una potencia de salida no superior a 50 W únicamente para uso directo como cargadores de baterías en sistemas con las mismas características de tensión y potencia». Esta alegación se consideró aceptable y la exclusión se determina finalmente conforme a esa definición.

2.6.   Módulos solares integrados en tejados

(65)

Otra parte interesada alegó que debían excluirse del ámbito de la investigación los módulos solares integrados en tejados, pues combinan la funcionalidad de un módulo solar con la de una teja o pizarra. Por tanto, no serían directamente intercambiables con un módulo solar estándar.

(66)

Sin embargo, la investigación puso de manifiesto que tanto los módulos estándar como los módulos solares integrados en el tejado han de cumplir las mismas normas eléctricas. Además, si bien un módulo solar integrado en el tejado no puede reemplazarse simplemente con un módulo estándar, sí puede sustituirse por un módulo estándar más una teja o pizarra. Así pues, estos productos poseen la misma propiedad técnica de generar electricidad a partir de la luz solar. La funcionalidad añadida (que de lo contrario ofrece el material del tejado) no se consideró fundamental y no justifica que se excluya de la definición del producto a los módulos solares integrados en el tejado.

(67)

Tras la divulgación definitiva, la misma parte interesada argumentó que la ausencia de intercambiabilidad dual entre los módulos solares integrados en el tejado y los módulos solares estándar es indicativa de que aquellos deberían excluirse del ámbito de las medidas, remitiéndose al caso del calzado en general y al del calzado deportivo de tecnología especial en particular (10). Sin embargo, las razones para excluir el calzado deportivo de tecnología especial eran numerosas, y el Tribunal General no consideró la ausencia de intercambiabilidad dual en sí misma razón suficiente en el asunto Brosmann  (11), y confirmó que productos muy distintos, como unos zapatos de ciudad o unas botas de senderismo, pueden de hecho considerarse producto afectado en una única investigación antidumping, a pesar de sus diferencias.

(68)

Además, la parte interesada alegó que la ausencia de producción en la Unión y el hecho de que la parte interesada posea derechos de propiedad industrial e intelectual confirman que los módulos solares integrados en el tejado son innovadores y distintos de los demás productos. Sin embargo, y haciendo de nuevo referencia al caso del calzado mencionado por la parte interesada, el Tribunal General sostuvo que la inexistencia de producción comunitaria de un tipo de calzado y la existencia de una patente no resultan determinantes (12). En consecuencia, el calzado de tecnología patentada se consideró producto afectado en ese caso.

(69)

La parte interesada argumentó también que los módulos solares integrados en el tejado debían excluirse de la definición del producto afectado, ya que se venden a precios mucho más altos que los módulos estándar. También en el asunto mencionado relativo al calzado se excluyó de la definición de producto afectado el calzado deportivo de tecnología especial por encima de un determinado precio. A este respecto hay que señalar que un módulo solar integrado en el tejado combina la funcionalidad de un módulo solar y la de una teja o pizarra, como se ha indicado en considerando 66. Por tanto, no es significativo comparar directamente los precios, pues la funcionalidad añadida conduce lógicamente a unos precios más elevados.

(70)

En respuesta a este argumento, la parte interesada arguyó que sería entonces imposible invocar nunca las diferencias de precio como indicador adicional para justificar la exclusión de la definición del producto. Sin embargo, esta interpretación es exagerada. Lo que se dice en el considerando anterior es sencillamente que, en este caso en particular, en el que los módulos solares integrados en el tejado combinan la funcionalidad del producto afectado con la de otro producto (en este caso una teja o pizarra), el precio, lógicamente, no es relevante. Esto no significa en modo alguno que en otros caso no pueda utilizarse la diferencia de precio como indicador válido para determinar si ha de excluirse un producto de la definición de producto afectado.

(71)

Por último, la parte interesada argumentó que debería concederse acceso al compromiso de precio mínimo a su proveedor de módulos solares integrados en el tejado. Sin embargo, el exportador chino en cuestión no cooperó en la investigación, y como parte no cooperante no puede optar a la participación en el compromiso. Por tanto, no puede aceptarse esta solicitud.

3.   Conclusión

(72)

En vista de lo antedicho, el producto afectado se define definitivamente como módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y células del tipo utilizado en módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino, originarios o procedentes de China, salvo que estén en tránsito a tenor del artículo V del GATT. Las células tienen un grosor no superior a 400 micrómetros. Este producto está clasificado actualmente en los códigos NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 y ex 8541 40 90.

(73)

Están excluidos de la definición del producto afectado los siguientes tipos de productos:

los cargadores solares que consten de menos de seis células, sean portátiles y suministren electricidad a aparatos o carguen baterías,

los productos fotovoltaicos de capa fina,

los productos fotovoltaicos de silicio cristalino que formen parte integrante de manera permanente de aparatos eléctricos cuya función no consista en generar electricidad y consuman la electricidad generada por las células fotovoltaicas de silicio cristalino integradas,

módulos o paneles con una tensión de salida no superior a 50 V CC y una potencia de salida no superior a 50 W únicamente para uso directo como cargadores de baterías en sistemas con las mismas características de tensión y potencia.

(74)

Tras la exclusión de las obleas, el análisis se ha revisado excluyendo los datos y análisis relativos a obleas, salvo que se indique otra cosa. Dado que las obleas representaron un porcentaje pequeño de las importaciones del producto afectado en la UE (en torno al 2 % en valor) durante el PI, se considera que su exclusión tiene un efecto, si acaso, insignificante en las conclusiones. Se han abordado todas las observaciones de las partes interesadas, pero se ha excluido toda referencia a las obleas, aun habiendo sido planteada. En consecuencia, ya no son aplicables las referencias y los datos relativos a obleas recogidos en los considerandos del Reglamento provisional, aunque el presente Reglamento confirme los considerandos pertinentes.

(75)

Por consiguiente, las conclusiones provisionales, modificadas según lo expuesto en los considerandos 26 a 74, se confirman definitivamente. A efectos del presente procedimiento, y de conformidad con la práctica reiterada, se consideró, por tanto, que debe entenderse que todos los tipos del producto afectado constituyen un solo y mismo producto.

C.   DUMPING

1.   La República Popular China

1.1.   Trato de economía de mercado (TEM)

(76)

Tras la divulgación provisional, las partes interesadas alegaron que la determinación del TEM se había efectuado fuera de plazo, es decir, transcurrido el período de tres meses establecido en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, y que la investigación debía concluir, por tanto, sin demora.

(77)

A este respecto, dichas partes argumentaron que la modificación del Reglamento de base (13) que supuestamente ampliaba a ocho meses el plazo para efectuar la determinación del TEM entró en vigor solo después de que expirara el plazo previamente aplicable de tres meses. La modificación solo se aplicaría a las investigaciones futuras y a las investigaciones pendientes cuyo plazo para la determinación del TEM aún no hubiera expirado en ese momento.

(78)

Sin embargo, el artículo 2 del Reglamento que modifica el Reglamento de base establece claramente que «se aplicará a todas las investigaciones nuevas y pendientes a partir del 15 de diciembre de 2012». Ni en ese artículo, ni de hecho en todo el Reglamento, se hace referencia alguna a la condición alegada por las partes interesadas de que el plazo para la determinación del TEM aún no haya expirado. Por tanto, este argumento no es aceptable.

(79)

Tras la divulgación final, varias partes interesadas reiteraron su argumento de que la determinación del TEM se hizo fuera de plazo, sin cuestionar el hecho de que la modificación del Reglamento de base a la que se refiere el considerando 78 se aplica a todas las investigaciones pendientes, incluida la presente. Por tanto, se concluye definitivamente que la determinación del TEM no se hizo fuera de plazo.

(80)

Tras la divulgación final, un exportador alegó que no se debía haber denegado el TEM porque tres empresas que cesaron sus operaciones en 2011 no tuvieran exclusivamente un juego de libros contables básicos. En particular, se cuestionó con arreglo a qué norma de contabilidad debía una empresa que había cesado sus operaciones preparar no obstante esos libros contables.

(81)

A este respecto hay que señalar que las normas de contabilidad no definen qué empresas deben preparar estados financieros, sino cómo han de prepararse estos. En el caso de China es la «Norma de contabilidad para empresas de negocios: norma básica» la que, en su artículo 4, establece que la empresa debe elaborar registros financieros. Se trata de una obligación vinculante y las empresas que han cesado sus operaciones no están eximidas.

(82)

Por otro lado, aunque estas empresas hubieran cesado sus actividades, seguían teniendo activos (terrenos, edificios, maquinaria y existencias) y pasivos y existiendo como entidades jurídicas, por lo menos hasta 2013. Por tanto, se considera que estaban obligadas a hacer públicos sus libros contables correspondientes a 2011, y la ausencia de tales libros constituye una violación del criterio 2.

(83)

Tras la divulgación final, los exportadores alegaron también que los beneficios recibidos de regímenes fiscales preferenciales y subvenciones no representaban una proporción importante de su cifra de negocios, lo que supuestamente confirmaba la investigación antisubvención paralela.

(84)

A este respecto debe recordarse que este argumento ya se abordaba en el considerando 65 del Reglamento provisional, Se subrayaba que, debido en particular a la naturaleza de esa ventaja, el beneficio absoluto recibido durante el PI es irrelevante para determinar si la distorsión es «significativa». Por tanto, se rechazó esta alegación.

(85)

A falta de otras observaciones sobre el trato de economía de mercado, se confirman todas las determinaciones recogidas en los considerandos 50 a 69 del Reglamento provisional.

1.2.   Examen individual

(86)

Como se indica en el considerando 70 del Reglamento provisional, dieciocho productores exportadores o grupos de productores exportadores que cooperaron y que no habían sido seleccionados para la muestra solicitaron ser objeto de un examen individual de conformidad con el artículo 17, apartado 3, del Reglamento de base. En el presente caso, la muestra ya estaba compuesta de siete grupos de empresas, consistentes típicamente en una serie de productores exportadores y comerciantes e importadores vinculados de la Unión y de terceros países. El examen individual de otros dieciocho (grupos de) productores exportadores, además de los siete grupos de productores exportadores incluidos en la muestra, resultaría indebidamente oneroso e impediría terminar la investigación a su debido tiempo.

(87)

A falta de otras observaciones sobre el examen individual, se confirman todas las determinaciones recogidas en los considerandos 70 y 71 del Reglamento provisional.

1.3.   País análogo

(88)

Las partes interesadas apuntaron que la India no es un país análogo adecuado debido a las disposiciones de contenido local aplicables a los proyectos de la Jawaharlal Nehru National Solar Mission («JNNSM»). Una parte alegó que se exige un 75 % de contenido local, mientras que, según otra, los productores indios pueden cobrar precios más altos por los módulos de fabricación 100 % nacional. Alegaron además que esos requisitos incrementan significativamente los precios de los productos locales. En apoyo de esta alegación se presentó un artículo de prensa indio (14). Sin embargo, este artículo se publicó casi un año después de que acabara el período de investigación, y no se aportó prueba alguna de su impacto durante dicho período.

(89)

Sin embargo, ese mismo artículo de prensa informaba de que la industria solar india tiene que hacer frente a la férrea competencia de los fabricantes occidentales y chinos. Así lo corrobora el constante aumento de las importaciones en la India, como se expone en el considerando 92. Si bien es verdad que los requisitos sobre el contenido local pueden tener un cierto impacto en el mercado nacional indio, puede extraerse la clara conclusión de que el mercado indio es un mercado competitivo, en el que muchas empresas nacionales y extranjeras compiten efectivamente entre sí.

(90)

Además, según la información publicada por el Centro Común de Investigación (JRC) (15), la mayoría de los proyectos de la JNNSM estarán en línea a partir de 2015. De hecho, el objetivo para 2012 en relación con los sistemas fotovoltaicos conectados a la red en el marco de la JNNSM era de solo 50 MW, en comparación con una capacidad total conectada a la red en la India que superaba 1 GW ya en junio de 2012. Esto demuestra que, durante el PI, la importancia de la JNNSM en el total de instalaciones solares en la India estaba por debajo del 5 % y, por tanto, su impacto y el de sus requisitos sobre contenido local, si es que ya existían durante el PI, hecho que las partes interesadas no han demostrado, fue, a lo sumo, limitado. La mayoría de las instalaciones durante el PI estaban en el estado de Gujarat (en torno al 65 %) y funcionaban con políticas de apoyo públicas.

(91)

Las partes interesadas alegaron que el mercado indio estaba protegido de facto durante el PI frente a las importaciones procedentes de varias fuentes, entre ellas China, pues el inicio de una investigación antidumping estaba amagando desde el comienzo de 2012. De hecho, la India inició una investigación antidumping contra las importaciones de células y módulos solares procedentes de China, Malasia, Taiwán y los Estados Unidos el 23 de noviembre de 2012, es decir, solo cerca de cinco meses después del PI.

(92)

Sin embargo, esta alegación no encuentra sostén en la evolución de las importaciones de células y módulos solares que presentan las estadísticas comerciales indias (16):

Valores en millones USD

abril de 2010 — marzo de 2011

abril de 2011 — marzo de 2012

abril de 2012 — marzo de 2013

China

77,33

577,24

371,72

Índice

100

746

481

Total

252,63

1 348,48

827,07

Índice

100

534

327

(93)

El cuadro anterior muestra que las importaciones de células y módulos solares aumentó drásticamente más de un 600 % con procedencia de China y más de un 400 % en general entre 2010/11 y 2011/12. Posteriormente los valores de importación descendieron un poco, pero también lo hicieron los precios de las células y los módulos solares. De hecho, la caída de los valores de importación entre 2011/12 y 2012/13 está en consonancia con el descenso de los precios del que informan consultoras especializadas como pvXchange en relación con el mismo período, lo que lleva a la conclusión de que los volúmenes de importación se mantuvieron bastante estables entre 2011/12 y 2012/13. Por consiguiente, se concluye que el mercado indio no estaba protegido de facto durante el PI frente a las importaciones de diversas fuentes, entre ellas China.

(94)

Tras la divulgación final, las autoridades chinas argumentaron que el 6 de febrero de 2013 los Estados Unidos habían pedido consultas con la India, en el marco de los procedimientos de la OMC para la solución de diferencias, en relación con los requisitos de contenido local de la JNNSM. Estas normas sobre el contenido local, combinadas con la investigación antidumping mencionada en el considerando 91, habían causado supuestamente un descenso del 38 % en términos de valor en el período comprendido entre abril de 2012 y marzo de 2013 con respecto al año anterior, en contraste con el incremento de años anteriores.

(95)

A este respecto debe señalarse que el descenso en términos de valor se debe a la bajada de los precios, más que a los volúmenes de importación. Tras la divulgación definitiva, una parte interesada aportó información sobre la evolución de las importaciones de células y módulos solares en el mercado indio en términos de volumen entre 2010 y marzo de 2013. Esos datos muestra un incremento constante de dichas importaciones. Por consiguiente, se concluye que el mercado indio no estaba protegido de facto debido a una inminente investigación antidumping, y los efectos alegados, pero no probados, y en cualquier caso, a lo sumo, menores, de los requisitos sobre el contenido local conforme a la JNNSM, según se expone en el considerando 90, no impidieron un incremento constante de las importaciones en términos de volumen.

(96)

Además, debe observarse que el período de abril de 2012 a marzo de 2013 en el que se presentan los supuestos efectos de la JNNSM sobre las importaciones en la India transcurre predominantemente después del PI. Por consiguiente, cualquier posible impacto de este supuesto descenso en el PI solo puede ser menor.

(97)

Una parte interesada alegó que Tata Power Solar («Tata») se había incorporado al mercado recientemente, por lo que no era un productor del país análogo adecuado. A este respecto hay que señalar que la empresa, antes denominada «Tata BP Solar», fabrica módulos solares desde 1989 y no puede, por tanto, considerarse que se haya incorporado al mercado recientemente. De hecho, según la información aportada por otra parte interesada, Tata entró en el mercado mucho antes que los cinco mayores exportadores chinos incluidos en la muestra.

(98)

Una parte interesada alegó que Taiwán sería un país análogo más adecuado que la India, pues el tamaño de las empresas taiwanesas es más comparable con el de los exportadores chinos, y además los productores taiwaneses se muestran cooperantes. También otras partes interesadas cuestionaron que la India fuera un país análogo razonable, dado el tamaño comparativamente pequeño de Tata, pero no propusieron ninguna alternativa más apropiada.

(99)

En efecto, las empresas taiwanesas cooperaron. Una cooperó plenamente, mientras que otra solo lo hizo de forma parcial. Sin embargo, la única empresa taiwanesa que cooperó plenamente es más pequeña que Tata, en particular en cuanto a ventas y producción de módulos, que representan en torno al 90 % de las ventas del producto afectado, y en este sentido Tata vende mucho más que la empresa taiwanesa, cuyas ventas a este respecto son insignificantes, como se menciona en el considerando 76 del Reglamento provisional. Tras la divulgación final, un exportador preguntó si se había entrado en contacto con la empresa taiwanesa que había cooperado parcialmente a fin de que facilitara la información que faltaba. A este respecto hay que remitirse al considerando 76 del Reglamento provisional, que aclara que Taiwán no pudo utilizarse como país análogo porque las empresas taiwanesas cooperantes fabrican casi exclusivamente células, mientras que las exportaciones chinas son principalmente de módulos. Lo mismo cabe decir del productor taiwanés que cooperó parcialmente. Puesto que este productor se consideraba ya inadecuado por esta razón, no se consideró apropiado pedir información adicional a esta empresa.

(100)

La misma parte interesada alegó que la ausencia casi completa de ventas de módulos no descarta por sí misma a Taiwán como país análogo, pues los costes de transformación para convertir las células en módulos pueden determinarse sin mayor dificultad. Sin embargo, los hechos de la investigación no sostienen ese argumento. La producción de un módulo a partir de células requiere muchos pasos durante los cuales se genera una parte significativa del valor añadido del módulo. Como se indica en el considerando 137 del Reglamento provisional, la diferencia media de precios durante el PI entre las células y los módulos fue de 555,92 EUR o un 54 %, mientras que la diferencia media de costes ascendió a 377,99 EUR o un 34 %. Esto significaría que la mayor parte de un posible valor normal taiwanés de los módulos tendría que basarse en ajustes por costes de transformación, lo cual no puede considerarse más razonable que el caso de un país en el que el valor normal puede basarse en los precios de venta nacionales de la mayor parte del producto afectado. Por consiguiente, se considera que se ha elegido a la India como país análogo de una forma razonable, habida cuenta de la información fiable disponible.

(101)

Otra parte interesada argumentó que no se habían dado razones de por qué los Estados Unidos no se consideraban un país análogo adecuado. A este respecto se remite al considerando 74 del Reglamento provisional, donde se dice claramente que «los Estados Unidos no constituían un país análogo adecuado, debido principalmente a que durante parte del PI su mercado había estado protegido de las importaciones chinas con medidas antidumping y antisubvenciones». Puesto que no se recibieron observaciones sobre la protección del mercado estadounidense en sí, la posición a este respecto permanece invariable.

(102)

Las partes interesadas arguyeron que el resultado del cálculo del dumping está distorsionado debido a las diferencias en las economías de escala entre los productores chinos y el productor indio. Se comprobó, pues, si existía efectivamente una correlación entre el volumen de producción de una empresa y su margen de dumping.

(103)

De los siete grupos de empresas incluidos en la muestra, dos tienen un tamaño medio (Jinzhou Yangguang y Delsolar) y cinco son grandes grupos (JingAo, LDK, Suntech, Trina y Yingli). De las empresas de tamaño medio, Jinzhou Yangguang tiene el menor margen y Delsolar el mayor. Las cinco grandes empresas están entremedias. Esto demuestra con claridad la ausencia de correlación entre las economías de escala y los márgenes de dumping. Por tanto, se considera que el cálculo del dumping no está distorsionado debido a las diferencias en las economías de escala entre los productores chinos y el productor indio.

(104)

Tras la divulgación definitiva, las partes interesadas alegaron que la ausencia de correlación entre las economías de escala y los márgenes de dumping no demuestra que no haya un impacto de las economías de escala en la comparabilidad de precios. En una situación en la que el margen de dumping se basa en un valor normal idéntico para todos los exportadores, como ocurre en el presente caso, el margen de dumping depende principalmente de los precios de exportación. La ausencia de correlación entre las economías de escala y los márgenes de dumping demuestra, pues, igualmente la ausencia de correlación entre las economías de escala y los precios de venta. Por tanto, se concluye que, en el presente caso, las diferencias en las economías de escala no afectan a la comparabilidad de precios.

(105)

Una parte interesada alegó que los precios de venta nacionales del productor del país análogo eran extremadamente elevados, supuestamente mucho más altos que los de la industria de la Unión, pues el margen de dumping excede con mucho del margen de subcotización. Esta alegación se formuló comparando los valores normales de la India con los precios de venta de la industria de la Unión. Tal comparación, sin embargo, no es correcta, pues el valor normal indio se basa únicamente en las ventas rentables. Especialmente en una situación en la que la industria de la Unión registra pérdidas, no es de extrañar que los precios rentables de la India excedan del precio medio de la industria de la Unión. Por consiguiente, el hecho de que el valor normal indio exceda de los precios medios de la industria de la Unión no demuestra que la elección de la India como país análogo no sea razonable.

(106)

Una parte interesada argumentó que los precios de Tata estaban distorsionados, pues están relacionados con Tata Power, una empresa de servicios públicos. Supuestamente, esto permite a Tata cobrar precios más altos en las zonas atendidas por Tata Power. Sin embargo, no se aportó ninguna prueba y tampoco una cuantificación del efecto alegado. Por consiguiente, no pudo aceptarse esta alegación.

(107)

Tras la divulgación definitiva, un exportador argumentó que Tata es una empresa no competitiva con costes de producción y precios de venta elevados, lo que supuestamente llevó a BP Solar a retirarse de la empresa conjunta en diciembre de 2011. En apoyo de este argumento se cita una artículo de prensa según el cual la salida de BP de la industria solar después de unas cuatro décadas pone de manifiesto cuán competitivo y masificado se ha hecho el mercado solar. Sin embargo, este artículo no distinguía a Tata como empresa no competitiva, sino que hablaba de la situación del mercado de paneles solares en general, aludiendo a la encarnizada competencia que caracteriza al sector y al hecho de que muchas empresas de todo el mundo han cerrado fábricas, despedido a cientos de trabajadores y entrado en concurso de acreedores. Por consiguiente, este artículo de prensa no puede demostrar que Tata sea una empresa no competitiva con costes de producción y precios de venta elevados.

(108)

Tras la divulgación, un exportador argumentó que Tata no estaba incluida como parte de la industria nacional de la India en la investigación india antidumping en curso que se menciona en el considerando 91, debido a sus importaciones significativas de células. Si bien se confirma que Tata no está incluida como parte de la industria nacional de la India en la investigación india antidumping en curso, esto no significa automáticamente que no sea un productor del país análogo adecuado. El valor normal se basaba exclusivamente en las células y los módulos fabricados por Tata en la India, y no en las mercancías importadas. El hecho de que se utilizaran componentes importados en la fabricación de algunos productos no significa que el valor normal resultante no sea representativo de la India, más aún si se basa predominantemente en los precios de venta, no en los costes.

(109)

Las autoridades chinas argumentaron que las ventas de módulos de Tata supuestamente solo representan un 0,3 % de las exportaciones chinas a la UE y no pueden considerarse representativas, y se remiten a la sentencia del Tribunal en el asunto Detlef Nölle  (17). En ese asunto, el Tribunal consideró que el hecho de que la producción total de un país solo represente el 1,25 % del volumen de exportación a la UE es indicio de que el mercado considerado no es muy representativo. En el presente caso, las autoridades chinas no compararon la producción total de la India con el total de las exportaciones chinas, sino únicamente la producción de una empresa india con las exportaciones totales de todos los exportadores chinos. Esta comparación es, sin embargo, errónea, pues, en un mercado competitivo con múltiples agentes, las cantidades relativas a un solo productor no son indicativas de la representatividad de un mercado en su conjunto. Tampoco es la comparación que se hizo en el asunto Detlef Nölle, en el que la producción total de un país se comparó con las exportaciones totales. De acuerdo con la información facilitada por la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos, estaba previsto que la producción en la India sobrepasara los 2 GW antes de terminar 2012, es decir, poco después del PI. Una producción tal equivaldría al 14 % de las exportaciones chinas a la UE, muy por encima del umbral indicativo del 5 % que se menciona en la sentencia del asunto Detlef Nölle.

(110)

Tras la divulgación, una parte interesada aludió al hecho de que Tata carecía de integración en sentido ascendente del suministro y tenía que abastecerse de obleas de terceras partes. Supuestamente, esta falta de integración vertical en sentido ascendente lleva a un aumento de los costes con respecto a los productores chinos que sí están verticalmente integrados. Sin embargo, no se fundamentó esta alegación. En concreto, el coste total de Tata solo sería mayor si el precio de adquisición de una oblea superara su coste de producción, lo cual es incierto, dado que muchas empresas del sector solar tuvieron pérdidas durante el PI. Por otro lado, aun los grandes productores chinos verticalmente integrados adquieren con frecuencia cantidades importantes de obleas de proveedores independientes, lo cual sostiene la conclusión de que la falta de integración vertical en relación con las obleas no conduce necesariamente a un aumento de los costes de los módulos y las células.

(111)

Una parte interesada argumentó que el país análogo no era competitivo. Esta alegación se apoya en el hecho de que la producción de células solares en la India llevaba cinco años a la baja en 2013. Sin embargo, el informe citado por esa parte interesada mostraba que, durante el PI, la producción india de células seguía a un nivel elevado próximo al máximo indicado. El descenso significativo de la producción ocurrió después del PI y, por tanto, no influyó en los resultados de la investigación.

(112)

Otro argumento esgrimido en apoyo de la alegación de que el país análogo no es competitivo es la investigación antidumping mencionada en el considerando 91. Las instituciones observan que esa investigación sigue en marcha y que, por tanto, no pueden extraerse conclusiones de ella. En general, las investigaciones antidumping no son indicativas de una falta de competitividad, sino de que la industria nacional se considera sometida a prácticas comerciales desleales de competidores situados en terceros países.

(113)

Sopesados todos los factores, la Comisión considera que la elección de la India como país análogo es razonable.

(114)

A falta de otras observaciones sobre el país análogo, se confirman todas las determinaciones recogidas en los considerandos 72 a 77 del Reglamento provisional.

1.4.   Valor normal

(115)

Tras la divulgación provisional, una parte interesada comentó que las empresas indias venden principalmente módulos fuera de red, que tienen mayores precios y costes que los módulos conectados a la red que venden los exportadores chinos. También se alegó que los módulos fuera de red suelen tener una potencia de salida inferior a la de los módulos conectados a la red.

(116)

A este respecto cabe señalar que se establecieron diferentes valores normales para los módulos de tamaño estándar con más de treinta y seis células, que suelen estar conectados a la red, y módulos más pequeños de treinta y seis células o menos, que normalmente se utilizan fuera de red. Por tanto, se considera que se ha establecido un valor adecuado para todos los tipos de producto, incluidos los módulos fuera de red y los módulos conectados a la red.

(117)

Otra parte interesada declaró que Tata también se dedica al desarrollo de proyectos, por lo que las ventas de la empresa no serían comparables con las ventas únicamente de módulos de los productores exportadores chinos. En este sentido hay que señalar que la comparación entre los precios nacionales indios y los precios de exportación chinos se hizo exclusivamente atendiendo a las ventas de módulos, sin que se tuvieran en cuenta las ventas de proyectos completos o soluciones integradas para determinar el valor normal, pues no se consideraron comparables.

(118)

En ausencia de otras observaciones sobre el valor normal, se confirman todas las determinaciones recogidas en los considerandos 78 a 86 del Reglamento provisional.

1.5.   Precio de exportación

(119)

Tras la divulgación provisional, algunos exportadores incluidos en la muestra hicieron observaciones sobre cuestiones menores relativas al precio de exportación utilizado para establecer el margen de dumping. Cuando estuvo justificado se tuvieron en cuenta esas observaciones, lo que dio lugar a una ligera revisión del margen de dumping de las empresas afectadas.

(120)

A falta de otras observaciones sobre el precio de exportación, se confirman todas las determinaciones recogidas en los considerandos 87 a 89 del Reglamento provisional.

1.6.   Comparación

(121)

Tras la divulgación provisional, algunos exportadores incluidos en la muestra hicieron observaciones sobre cuestiones menores relativas a los ajustes realizados para comparar los precios de exportación. Cuando estuvo justificado se tuvieron en cuenta esas observaciones, lo que dio lugar a una ligera revisión del margen de dumping de las empresas afectadas.

(122)

Tras la divulgación provisional se detectó una errata que generaba un ajuste incorrecto del valor normal del flete nacional. Con la corrección de esta errata disminuyeron ligeramente los márgenes de dumping.

(123)

Tras la divulgación, una parte interesada alegó que estaría justificado un ajuste por fase comercial, ya que la parte no vende directamente a los instaladores, sino a revendedores y distribuidores. La parte solicitó información detallada sobre los canales de venta del productor del país análogo, que no se le pudo facilitar para proteger información confidencial. Alternativamente, la base de clientes del productor del país análogo se dividió en diferentes categorías según el volumen de ventas, y ello puso de manifiesto que no estaba justificado un ajuste por fase comercial.

(124)

En respuesta a este análisis, la parte interesada admitió que una diferencia en las cantidades vendidas daría lugar a diferencias de precios, pero mantuvo su argumento de que supuestamente cobraría precios más altos a los instaladores que a los distribuidores o revendedores, aunque compraran una cantidad similar. Sin embargo, no fundamentaron esta alegación, por lo que no pudo tomarse en consideración.

(125)

No habiendo otras observaciones sobre el precio de exportación, se confirman todas las determinaciones recogidas en los considerandos 90 a 92 del Reglamento provisional.

1.7.   Márgenes de dumping

(126)

Un productor exportador incluido en la muestra pidió que se desvelaran por completo los cálculos del dumping que se le habían aplicado, pues de lo contrario no podría hacer observaciones sobre su exactitud. Como a esta empresa no se le concedió el TEM, su valor normal se basó en datos de la India como país análogo. Dado que solo un productor del país análogo cooperó plenamente en la investigación, no puede desvelarse información del país análogo referida a tipos de producto, a fin de proteger la información confidencial. Por consiguiente, hubo que rechazar esta alegación.

(127)

Por lo que se refiere a las empresas incluidas en la muestra, se comparó la media ponderada del valor normal de cada tipo del producto similar establecido para el país análogo con la media ponderada del precio de exportación del tipo del producto afectado correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartados 11 y 12, del Reglamento de base.

(128)

El margen de dumping medio ponderado de los productores exportadores que cooperaron no incluidos en la muestra se calculó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base. Ese margen se calculó sobre la base de los márgenes establecidos para los productores exportadores de la muestra.

(129)

Sobre esa base, el margen de dumping definitivo para las empresas que cooperaron no incluidas en la muestra se estableció en el 88,1 %.

(130)

Con respecto a todos los demás productores exportadores de China, los márgenes de dumping se establecieron sobre la base de los datos disponibles con arreglo al artículo 18 del Reglamento de base. A tal efecto, el nivel de cooperación se estableció primero comparando el volumen de las exportaciones a la Unión comunicado por los productores exportadores que cooperaron con el volumen de las exportaciones chinas, tal como se establece en el considerando 167.

(131)

El nivel de cooperación puede considerarse alto, pues representaba más del 80 % del total de las exportaciones chinas a la Unión. Ya que no había razón alguna para creer que ningún productor exportador se hubiera abstenido deliberadamente de cooperar, el margen de dumping residual se fijó en el nivel de la empresa incluida en la muestra con el margen de dumping más alto. Esto se consideró apropiado al no haber indicios de que las empresas que no cooperaron estuvieran practicando dumping a niveles más bajos, y para asegurar la eficacia de las medidas.

(132)

De acuerdo con lo expuesto, los márgenes de dumping definitivos, expresados en porcentaje del precio cif en la frontera de la Unión, derechos no pagados, son los siguientes:

Empresa

Margen de dumping

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

90,3 %

Delsolar (Wujiang) Ltd

111,5 %

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

91,9 %

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

97,5 %

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

53,8 %

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

73,2 %

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

93,3 %

Otras empresas que cooperaron (anexo I y anexo II)

88,1 %

Las demás empresas

111,5 %

D.   PERJUICIO

1.   Definición de industria de la Unión y producción de la Unión

(133)

El producto similar lo fabricaban doscientos quince productores en la Unión. Las instituciones verificaron las alegaciones de las partes interesadas según las cuales ese número es mayor; esta verificación puso de manifiesto que los supuestos productores adicionales eran en su mayor parte productores exportadores, importadores vinculados a ellos, distribuidores e instaladores.

(134)

Tras la divulgación provisional, varias partes se opusieron al hecho de que se utilizaran los datos proporcionados por Europressedienst, una consultora independiente («consultora»), para determinar, entre otras cosas, la producción de la Unión, la capacidad de producción de la Unión y otros indicadores macroeconómicos de perjuicio relativos a la industria de la Unión y los datos de importación. Estas partes pusieron en duda la independencia de la consultora alegando que estaba vinculada al denunciante. También pidieron que se explicara en qué se había basado la Comisión para seleccionar a la consultora y cuestionaron que estuviera capacitada para recabar datos económicos sobre el sector fotovoltaico. A este respecto se alegó que la Comisión debería haber basado sus conclusiones en datos procedentes de otras fuentes disponibles, en particular centros de investigación conocidos. Por último, para refutar la fiabilidad de los datos presentados por la consultora, AFASE hizo referencia al documento Best Practices for the submission of economic evidence and data collection in cases concerning the application of Articles 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and in merger cases (Las mejores prácticas para la presentación de pruebas económicas y para la recogida de datos en casos relacionados con la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea [TFUE] y en casos de fusiones).

(135)

Por lo que respecta a los supuestos vínculos entre la consultora y el denunciante, las partes interesadas no presentaron prueba alguna que mostrara la existencia de tales vínculos. Tampoco la investigación puso de manifiesto ninguna prueba de relación que fuera más allá de la puramente comercial. Tras la divulgación final, una parte interesada alegó que había indicios de que las pruebas razonables aportadas en la denuncia por la industria de la Unión denunciante se basaban en datos proporcionados por la misma consultora. Aunque se reconoce que las conclusiones sobre algunos indicadores eran en efecto similares a las pruebas aportadas en la denuncia, esto no quiere necesariamente decir que se establecieran sobre la base de una única fuente. A este respecto, la denuncia presenta las diversas fuentes utilizadas.

(136)

Como se explica en el considerando 99 del Reglamento provisional, la Comisión consideró apropiado recurrir a una consultora en la presente investigación, al no disponer de otras fuentes públicas que aportaran los datos macroeconómicos necesarios que abarcaran todo el mercado de la Unión, así como datos de importación. Antes de seleccionar a Europressedienst, la Comisión evaluó su metodología para la recogida de los datos pertinentes y su capacidad para proporcionar los datos necesarios por separado para cada tipo de producto y con respecto a todo el período considerado.

(137)

Además, los datos proporcionados por la consultora se cotejaron durante la investigación con otras fuentes disponibles siempre que fue posible, y se confirmaron. A este respecto cabe señalar que existen en el mercado varias empresas de investigación especializadas en la elaboración de estadísticas del sector fotovoltaico y que las cifras que presentan casi nunca son idénticas. Esto se debe a que resulta difícil para cualquier centro de investigación calcular cifras precisas y, por tanto, los indicadores del mercado fotovoltaico se basarán siempre en estimaciones, con independencia del centro que proporcione la cifra. En este contexto, el ejercicio de cotejo realizado por la Comisión consistió en comparar las tendencias de los datos recibidos de la consultora con las de los mismos datos publicados por otras empresas de investigación, el JRC y la European Photovoltaic Industry Association («EPIA», Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica) sobre los mismos temas, cuando estaban disponibles. El cotejo no arrojó diferencias significativas y las tendencias de los indicadores cotejados fueron similares. Así pues, las conclusiones provisionales no solo se basaron en los datos proporcionados por la consultora, sino también en el análisis y la evaluación que de estos datos hizo la propia Comisión. Además, como se ha indicado en el considerando 9, tras la imposición de las medidas provisionales se llevó a cabo una inspección en los locales de la consultora. La Comisión realizó una comprobación in situ en los locales de la consultora para verificar la fiabilidad de la metodología y de los datos suministrados.

La comprobación in situ se efectuó como continuación del cotejo de los datos por la Comisión y para obtener garantías adicionales de la fiabilidad y la calidad de los datos y de la metodología relacionada. La inspección in situ se consideró apropiada en aplicación del principio de buena administración, aun cuando esos datos los suministraba una consultora, y no una parte interesada. El resultado fue que la Comisión quedó aún más convencida de la fiabilidad de los datos proporcionados por la consultora.

(138)

Una parte alegó que no se había explicado con suficiente detalle la metodología de cotejo empleada por la Comisión y pidió que se revelaran las otras fuentes utilizadas para el cotejo. Esta parte argumentó además que, en cualquier caso, la metodología no era válida, en la medida en que comparaba tendencias de varias fuentes, y no valores absolutos.

(139)

En cuanto a las otras fuentes utilizadas para cotejar los datos proporcionados por la consultora, se trata de los informes publicados por el JRC y por la EPIA acerca de los mismos temas. Por lo que respecta a la comparación de los datos con otras fuentes, cabe señalar que no solo mostraron tendencias similares, sino también magnitudes similares. Por consiguiente, se concluyó que la metodología empleada era apropiada y se rechazaron las alegaciones a este respecto.

(140)

Por lo que respecta a la pericia de la consultora, cabe señalar que su principal actividad consiste en recoger datos relacionados con el sector fotovoltaico y desarrollar una base de datos actualizada de las empresas activas en el mercado fotovoltaico. Estos datos se publican en revistas especializadas del sector fotovoltaico y son también utilizados por empresas concretas para las que la consultora realiza estudios especializados. La base de datos desarrollada por Europressedienst se actualiza regularmente y se publica sucesivamente. Además, la consultora cuenta con varios años de experiencia en el sector. En concreto, su metodología consiste en recoger, cotejar y agregar la información utilizando diversas fuentes disponibles en el mercado. Para ello recaba los datos por medio de cuestionarios normalizados que envía a las empresas enumeradas en la base de datos o por teléfono, sobre todo en el caso de los productores de la Unión, o con ocasión de ferias especializadas, en el caso de los productores de terceros países. Cuando no puede obtener información por los canales mencionados, Europressedienst comprueba los informes financieros de las empresas del sector fotovoltaico o coopera voluntariamente con otros centros de investigación para obtener o cotejar los datos. Se verificó y, de hecho, se confirmó que la consultora utiliza estas fuentes en su actividad diaria. A la luz de lo antedicho se consideró apropiado recurrir a los servicios de Europressedienst en la presente investigación y, por tanto, se rechazaron las alegaciones de las partes a este respecto.

(141)

En cuanto al documento de las mejores prácticas para la presentación de pruebas económicas publicado por el servicio competente de la Comisión («mejores prácticas»), deben hacerse las observaciones que se exponen a continuación. En primer lugar, se trata de un documento que no compromete a la Comisión, pues no ha sido adoptado por el Colegio, sino por el servicio competente con el fin de dar recomendaciones a las partes sobre la manera de presentar pruebas económicas. En segundo lugar, las mejores prácticas se refieren a la presentación de análisis y datos económicos en algunas investigaciones sobre competencia, con arreglo a los artículos 101 y 102 del TFUE. Las normas aplicables, los estándares de prueba y las competencias de investigación de la Comisión en esos asuntos de competencia no pueden compararse con las investigaciones de defensa del comercio, a las que se aplica un conjunto totalmente diferente de normas.

(142)

Tras la divulgación provisional, varias partes cuestionaron la metodología de la consultora alegando que no alcanzaría niveles científicos reconocidos. Sin embargo, como se ha mencionado en el considerando 137, se evaluó la metodología y se cotejaron y verificaron los datos resultantes, considerándose que estaban en consonancia con otros datos publicados y que, por tanto, eran razonablemente fiables. Las cuestiones concretas planteadas por las partes interesadas, en particular la AFASE, se aclararon y se incluyeron en el expediente de la investigación abierto a la inspección de las partes interesadas.

(143)

La Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos argumentó que la metodología de agregación de datos no estaba clara. Esta alegación fue rechazada, pues la información pertinente se puso a disposición de todas las partes interesadas en el expediente de libre acceso de la investigación para que pudieran examinarla.

(144)

Tras la divulgación final, varias partes interesadas reiteraron sus preocupaciones sobre la selección de la consultara por la Comisión y sobre la calidad de los datos proporcionados. A este respecto se alegó que los datos pueden encargarse y comprarse a la consultora de manera ad hoc para satisfacer necesidades específicas de los clientes potenciales, de modo que pueden no ser objetivos. Además, la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos refutó que los datos recogidos por la consultora pudieran considerarse pruebas reales a tenor del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base, pues en gran medida se basaban en supuestos y estimaciones. Además se alegó que no estaban suficientemente apoyados en pruebas del expediente y que no tenían un carácter afirmativo, objetivo y verificable.

(145)

Con respecto a estas alegaciones cabe remitirse a los considerandos 136 y 137, en los que se facilita información adicional sobre la selección de la consultora. Por otro lado, hay que señalar que la Comisión contrató a la consultora basándose en la mejor información disponible en ese momento y con total observancia del reglamento financiero de la Comisión aplicable al procedimiento. Además, hay que recordar que la capacidad de la consultora para proporcionar todos los datos necesarios en el debido momento era de gran importancia, pues la Comisión tenía que cumplir los plazos obligatorios para la publicación de las conclusiones provisionales de la investigación en curso.

(146)

Por lo que respecta a la calidad de los datos proporcionados y a si podían considerarse pruebas reales a tenor del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base, como se ha explicado en el considerando 137, se examinó la metodología de la consultora para recoger los datos y se consideró de calidad suficiente. Además, según se indica en el mismo considerando, los datos proporcionados por la consultora fueron cotejados con los de otras fuentes, siempre que fue posible, y considerados razonablemente exactos. Por último, hay que señalar que la consultora posee una base de datos que se actualiza regularmente y que es independiente de las necesidades y peticiones de los clientes. La misma base de datos se utiliza para agregar y elaborar estadísticas del sector fotovoltaico para diversos clientes, por lo que debe rechazarse la alegación de que los datos no eran objetivos.

(147)

Tras la divulgación final, una parte interesada alegó que la Comisión no había revelado las fuentes, la metodología empleada y las empresas con las que la consultora había cooperado para compilar los datos macroeconómicos suministrados. Otra parte interesada reiteró que la metodología aplicada por la consultora sugiere resultados inexactos. Varias partes interesadas pidieron información adicional acerca de la metodología empleada por la consultora, como los promedios de respuesta a los cuestionarios y entrevistas, la proporción de datos recogidos por medio de cada canal, la manera de verificarlos, las aproximaciones o supuestos utilizados para generar los datos, el número de empresas con respecto a las cuales se hicieron aproximaciones y, como mínimo, un intervalo del número de empleados de la consultora.

(148)

En relación con estas alegaciones, cabe señalar que, tras las medidas provisionales, la Comisión facilitó a las partes interesadas la metodología y las fuentes utilizadas por la consultora para agregar los datos y abordó cuestiones concretas de las partes interesadas a este respecto tras la divulgación provisional. Las peticiones adicionales de información formuladas por las partes interesadas en cuestión tras la divulgación final se consideran atendidas con la información facilitada tras la imposición de los derechos provisionales, en la medida en que lo permitieron las limitaciones de confidencialidad. Además hay que subrayar que la Comisión verificó in situ la forma en que la consultora había recogido y agregado los datos y los supuestos en que se había basado la agregación. Los resultados de esa verificación fueron satisfactorios y la Comisión se convenció de la razonabilidad de los supuestos subyacentes y de la calidad de los datos proporcionados por la consultora. Por otro lado, las partes no cuestionaron los datos como tales.

(149)

Tras la divulgación final, otra parte pidió explicaciones por lo que respecta al número de productores de la Unión considerado por la consultora para recoger los datos y a la coincidencia entre estos y los aproximadamente doscientos quince productores de la Unión conocidos para la Comisión. A este respecto hay que aclarar que los productores de la Unión considerados por la consultora son en gran parte los mismos que los que representan a la industria de la Unión en esta investigación, según se indica en el considerando 133.

(150)

Tras la divulgación final, una parte alegó que la Comisión había realizado el análisis del perjuicio de manera incoherente, pues se habían tomado por separado los módulos y las células, mientras que los cálculos relativos al perjuicio y al margen de dumping se habían hecho como media ponderada para los módulos y las células juntos. A este respecto cabe señalar que, aunque los indicadores se mostraban separadamente para cada tipo de producto, las conclusiones relativas a cada indicador se referían al producto investigado en su conjunto. También hay que recordar que los módulos y las células constituyen un único producto y que, por tanto, los márgenes de dumping y el nivel de eliminación del perjuicio se establecieron sobre esta base. Así pues, se rechazó la alegación.

(151)

Por último, otra parte alegó que el cálculo de los valores de los indicadores macroeconómicos durante el PI se basó erróneamente en un simple promedio de los años 2011 y 2012, método este que no sería objetivo y daría resultados que no reflejarían la realidad durante el PI. Debe aclararse que solo se utilizó un simple promedio de los datos cuando las tendencias en los períodos afectados eran similares. Si las tendencias eran diferentes, la metodología se adaptó en consecuencia atendiendo a la realidad del mercado. La parte en cuestión no argumentó en qué medida los resultados de la metodología empleada no reflejarían la realidad del mercado. Por tanto, se desestimaron estas alegaciones.

(152)

Sobre la base de lo antedicho, y en ausencia de otras observaciones al respecto, se confirman las conclusiones de los considerandos 98 a 101 del Reglamento provisional.

2.   Determinación del mercado pertinente de la Unión

(153)

Varias partes argumentaron que debería haberse evaluado por separado el perjuicio para el mercado cautivo y el perjuicio para el mercado libre. Una parte arguyó que los datos relativos a las células destinadas a un uso cautivo deberían haberse excluido de la evaluación del perjuicio, pues las importaciones objeto de dumping no les afectaban.

(154)

Como se menciona en el considerando 105 del Reglamento provisional, el consumo, el volumen de ventas, la producción, la capacidad de producción, la utilización de la capacidad, el crecimiento, la inversión, las existencias, el empleo, la productividad, el flujo de caja, el rendimiento de la inversión, la capacidad de obtener capital y la magnitud del margen de dumping deben ser examinados en relación con la actividad total de la industria de la Unión, es decir, incluido el consumo cautivo, pues la producción destinada al mercado cautivo fue igualmente afectada por la competencia de las importaciones procedentes del país afectado.

(155)

Así, la investigación demostró que los productores de la Unión integrados verticalmente se vieron forzados a importar productos objeto de dumping (células) y a dejar de fabricar estos productos a un coste por encima del precio de importación, debido a la presión ejercida sobre los precios por las importaciones objeto de dumping. Por otro lado, la investigación también puso de manifiesto que el mercado libre y el mercado cautivo presentaban tendencias similares en los precios, lo que demostraba que las importaciones en cuestión les afectaban por igual.

(156)

Tras la divulgación final, varias partes reiteraron que la Comisión no había ofrecido un análisis adecuado y razonado del mercado cautivo ni había explicado por qué no se había llevado a cabo un análisis aparte. Una parte alegó que no se había informado de la magnitud de la producción de la Unión destinada a un uso cautivo. Además, se alegó que el considerando 106 del Reglamento provisional, en el que se concluye que los precios del mercado cautivo no siempre reflejaban precios de mercado, contradice las conclusiones expuestas en el considerando 155 del presente Reglamento, según el cual el mercado libre y el mercado cautivo presentaban tendencias de precios similares.

(157)

En primer lugar hay que señalar que el considerando 105 del Reglamento provisional expone las razones por las que se consideró apropiado examinar los indicadores de perjuicio (salvo la rentabilidad) en relación con la actividad total de la industria de la Unión, incluido el uso cautivo. A este respecto debe recordarse, como se expone en ese mismo considerando, que la investigación puso de manifiesto que la producción destinada a un uso cautivo resultaba igualmente afectada por la competencia de las importaciones procedentes de China, algo que las partes interesadas no refutaron. Por tanto, hubo que rechazar la alegación de que no se habían dado explicaciones de por qué no se había realizado un análisis aparte. Igualmente, y como se desprende de esta conclusión, también hubo que desestimar la alegación de que debería haberse realizado un análisis aparte del mercado cautivo.

(158)

En segundo lugar, aunque, sobre la base de lo antedicho, la magnitud de la producción de la Unión destinada a un uso cautivo no se consideró un elemento esencial, cabe señalar que la producción de células de la Unión destinada a un uso cautivo representó en torno a la mitad de la producción total en el PI. Finalmente, debe aclararse que el hecho de que los precios del mercado cautivo no reflejaran los del mercado libre no contradice necesariamente el hecho de que ambos siguieran tendencias similares, pues pueden seguir estando a niveles diferentes o los movimientos de precios pueden ser más o menos pronunciados y presentar así un panorama diferente. A la vista de lo que antecede se rechazaron las alegaciones sobre el mercado cautivo.

(159)

Las partes en cuestión no aportaron ninguna información que pudiera restar validez a la determinación de la industria de la Unión. Por consiguiente, se rechazaron las alegaciones a este respecto y se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 102 a 106 del Reglamento provisional.

3.   Consumo de la Unión

(160)

Una parte interesada argumentó que los datos sobre el consumo de la Unión del producto investigado varían mucho en función de la fuente utilizada. Según esta parte, solo pueden obtenerse datos fiables sobre la base de la información recabada de instituciones o centros de investigación especializados. En vista de las explicaciones y conclusiones expuestas en los considerandos 134 a 152 acerca de la fiabilidad de los datos proporcionados por la consultora utilizada en la presente investigación, se rechazó este argumento.

(161)

La misma parte arguyó que el consumo de la Unión no debía determinarse simplemente añadiendo las capacidades de producción de módulos disponibles en la Unión, y que debía deducirse de ellas el consumo de módulos de los propios proyectos de la industria de la Unión. Este argumento fue rechazado, pues el consumo de módulos se determinó sobre la base de las últimas capacidades instaladas en la Unión. Es esta una práctica común para determinar el consumo de módulos. En cuanto a las células, el consumo se determinó sobre la base de la producción de módulos de la Unión.

(162)

Otra parte argumentó que la metodología descrita por la consultora admite la dificultad de establecer cifras fiables sobre el consumo. También se argumentó que los datos de importación y las ventas de exportación de la industria de la Unión se basaban en estimaciones inverificables o en datos incompletos y que el cotejo de la Comisión no bastaba para extraer la conclusión de que esos datos fueran efectivamente fiables y exactos.

(163)

Como ya se ha mencionado en los considerandos 136 y 137, la Comisión verificó en una inspección in situ la calidad de los datos y los métodos empleados para recogerlos y consideró que dichos métodos eran apropiados y que los resultados eran exactos y razonablemente fiables. Por consiguiente se desestimó esta alegación.

(164)

Sobre esta base, y en ausencia de otras observaciones sobre el consumo de la Unión, se confirman los considerandos 107 a 109 del Reglamento provisional.

4.   Importaciones procedentes del país afectado

4.1.   Volumen y cuota de mercado de las importaciones procedentes del país afectado

(165)

Una parte interesada argumentó que los datos sobre los volúmenes de importación del producto investigado varían mucho en función de la fuente utilizada. Según esta parte, solo pueden obtenerse datos fiables sobre la base de la información recabada de instituciones o centros de investigación especializados. En vista de las explicaciones y conclusiones expuestas en los considerandos 134 a 152 acerca de la fiabilidad de los datos proporcionados por la consultora utilizada en la presente investigación, se rechazó este argumento.

(166)

Tras la divulgación final, una parte interesada cuestionó la metodología empleada para determinar el valor total de importación desde China, alegando que se había basado en transacciones realizadas a nivel cif, derechos no pagados, y que, por tanto, es dudoso que estas transacciones se destinaran al consumo de la Unión. A este respecto hay que aclarar que el valor total de importación desde China facilitado por la consultora no se utilizó ni en las conclusiones provisionales ni en las definitivas, y que durante la investigación solo se determinaron los volúmenes y los precios de importación, como se muestra en los considerandos 110 a 113 del Reglamento provisional. Como la parte interesada en cuestión no refutó la metodología para determinar los precios de importación como tal, hay que remitirse a las conclusiones pertinentes de los considerandos 113 a 117 del Reglamento provisional y a los considerandos 168 a 176 del presente Reglamento. Así pues, se rechazó la alegación.

(167)

Sobre esta base, y en ausencia de otras observaciones sobre las importaciones del producto afectado procedentes de China, se confirman los considerandos 110 a 112 del Reglamento provisional.

4.2.   Precios de las importaciones y subcotización de precios

(168)

Un importador cooperante no vinculado alegó que los precios de importación deberían haberse establecido sobre la base de sus importaciones en la Unión del producto afectado. Sin embargo, los datos proporcionados por este importador durante la investigación no representaban más que una fracción de las importaciones totales en la Unión, de modo que no podían extraerse conclusiones válidas con respecto al precio medio de importación de todas las importaciones procedentes de China durante todo el período considerado, que abarca varios años. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(169)

Otra parte alegó que no se había explicado la metodología empleada para determinar los precios, en particular la manera de fusionar y conciliar los datos procedentes de diversas fuentes. También se argumentó que los costes de importación deberían haberse basado en la información verificada que se había recabado durante la investigación, y no en estimaciones.

(170)

Se considera que la metodología facilitada a las partes interesadas es lo bastante completa como para comprender el modo en que se han establecido las cifras. En cuanto a los costes de «importación», debe aclararse que se hizo un ajuste a los precios sobre el terreno para llegar a los precios cif. La estimación realizada se confirmó con los datos recogidos durante la investigación.

(171)

Tras la divulgación provisional, varias partes interesadas pidieron más detalles sobre los cálculos de la subcotización de precios además de los ya ofrecidos en el considerando 116 del Reglamento provisional. Se ofreció información adicional en divulgaciones bilaterales, en la medida en que lo permitieron el carácter confidencial de la información y el anonimato garantizado a los productores de la Unión.

(172)

En consonancia con la decisión de excluir las obleas de la definición del producto (véanse los considerandos 28 a 32), también se excluyeron del cálculo de la subcotización de precios. Además se hicieron algunas correcciones en los precios cif indicados por las partes interesadas. Como la muestra de importadores no vinculados se revisó por las razones expuestas en el considerando 21, se utilizaron los costes medios postimportación de la nueva muestra de importadores, cuando se dispuso de datos completos.

(173)

Se compararon tipo por tipo los precios revisados de transacciones en la misma fase comercial, con los debidos ajustes en caso necesario y tras deducir bonificaciones y descuentos. El resultado de la comparación, expresado en porcentaje del volumen de negocios de los productores de la Unión incluidos en la muestra durante el PI, arrojó una media ponderada de los márgenes de subcotización que osciló entre el 19,8 % y el 32,1 % en relación con los módulos, entre el 4 % y el 28,5 % en relación con las células y entre el 8 % y el 29 % en términos generales en relación con el producto afectado.

(174)

Debe tenerse en cuenta que con respecto a un productor exportador incluido en la muestra se estableció una subcotización de precios negativa en relación con las células. Sin embargo, dado que las cantidades exportadas no eran significativas, no puede considerarse un dato representativo.

(175)

Otro productor exportador incluido en la muestra cuestionó la fuente utilizada para el ajuste de monocélulas a multicélulas, pero sin fundamentar su argumento. De hecho, no se aportó información ni prueba nueva alguna, de modo que se rechazó esta alegación.

(176)

No habiéndose recibido ninguna otra observación relativa a los precios de las importaciones procedentes de China ni a los cálculos de la subcotización de precios, se confirman los considerandos 113 a 117 del Reglamento provisional según se han modificado.

5.   Situación económica de la industria de la Unión

5.1.   Generalidades

(177)

Algunas partes cuestionaron la fiabilidad global de los indicadores macroeconómicos de perjuicio empleados por la Comisión para la presente investigación. Arguyeron que las tendencias establecidas para varios de estos indicadores divergían de las que se habían establecido para esos mismos indicadores en relación con los productores de la Unión incluidos en la muestra. Se referían, en particular, a la producción de la Unión, la productividad, las ventas, los costes laborales medios y el empleo.

(178)

Como se menciona en el considerando 121 del Reglamento provisional, los indicadores macroeconómicos se establecieron en relación con todos los productores de la Unión. Si se recogen los mismos datos en relación con productores de la Unión concretos o con un grupo de productores de la Unión en particular (es decir, los productores de la Unión incluidos en la muestra), las tendencias no son necesariamente idénticas, pues, por ejemplo, el peso de cada empresa considerada no se tiene en cuenta en la comparación. Por tanto, los resultados del ejercicio de comparación de los indicadores macroeconómicos respecto de todos los productores de la Unión y respecto de los productores de la Unión incluidos en la muestra no son necesariamente significativos y no permiten extraer la conclusión de que el uno o el otro conjunto de datos no sean fiables. En cualquier caso, al comparar las tendencias de los indicadores macroeconómicos de la industria de la Unión con las de los mismos indicadores consolidados de los productores de la Unión incluidos en la muestra se observan diferencias en relación con varios indicadores, como son la producción, la capacidad de producción, los volúmenes de ventas, el empleo y la productividad de la industria de la Unión entre 2011 y el PI. Por lo que respecta a todos esos indicadores, los productores de la Unión incluidos en la muestra tuvieron mejores resultados que la industria de la Unión en general. La razón es que, durante el PI, muchos productores de la Unión no incluidos en la muestra cesaron la producción o se declararon en concurso de acreedores, lo que repercutió negativamente en el indicador macroeconómico calculado a escala de la Unión. Por tanto, se desestimaron estas alegaciones.

(179)

Una parte interesada alegó que la conclusión expuesta en el considerando 153 del Reglamento provisional, según la cual el análisis de la situación de la industria de la Unión mostraba una clara tendencia a la baja de los principales indicadores de perjuicio, se basaba en datos proporcionados por la consultora. A este respecto hay que aclarar, por un lado, que los indicadores macroeconómicos que presentan los cuadros 4-a a 6-c del Reglamento provisional se basaban en datos obtenidos de la consultora y cotejados, siempre que fue posible, con otras fuentes disponibles. Por otro lado, los indicadores microeconómicos que presentan los cuadros 7-a a 11-c del Reglamento provisional se basaban en datos obtenidos de los productores de la Unión incluidos en la muestra y verificados in situ por la Comisión. También debe tenerse presente que los factores determinantes de la situación de perjuicio de la industria de la Unión, como son los niveles de rentabilidad de dicha industria y los precios medios de venta en la Unión, así como los cálculos de la subcotización de precios, se basaban en los datos obtenidos de los productores de la Unión incluidos en la muestra y de los productores exportadores, según se verificaron in situ. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(180)

No habiéndose recibido ninguna otra observación sobre la metodología general para la evaluación de la situación económica de la industria de la Unión, se confirman los considerandos 118 a 123 del Reglamento provisional.

5.2.   Indicadores macroeconómicos

5.2.1.   Producción, capacidad de producción y utilización de la capacidad

(181)

AFASE alegó que se habían sobrestimado el volumen de producción establecido para los módulos en el considerando 124 del Reglamento provisional y la capacidad de producción de la industria de la Unión establecida para los módulos y las células en el mismo considerando, y facilitó datos procedentes de otras fuentes (EPIA, IMS y BNEF) que muestran volúmenes más bajos.

(182)

El volumen de producción establecido en el considerando 124 del Reglamento provisional se basa en información relativa tanto a empresas que cotizan en bolsa como a empresas que no cotizan. El desarrollo de la producción de la Unión según lo establecido en el considerando 124 del Reglamento provisional está en consonancia con la evolución del consumo de la Unión expuesta en el considerando 108 de dicho Reglamento. Por el contrario, los datos proporcionados por AFASE sobre volúmenes de producción mostraban tendencias diferentes con respecto al consumo de la Unión, tal como se ha establecido en el considerando 108 del Reglamento provisional, y con las estadísticas sobre consumo de la Unión publicadas por la EPIA.

(183)

En cuanto a la capacidad de producción, la investigación reveló que las conclusiones expuestas en el considerando 124 del Reglamento provisional incluían las capacidades de producción de las empresas que se habían declarado en concurso de acreedores o habían dejado de producir durante el PI, si bien no habían vendido sus instalaciones y maquinaria de producción y, por tanto, podían reanudar la producción con mucha rapidez. Del mismo modo, como se ha mencionado anteriormente en el considerando 182, las cifras presentadas en el considerando 124 del Reglamento provisional incluían datos de empresas que no cotizan en bolsa.

(184)

Por último, según se indica en el considerando 137, los datos proporcionados por la consultora independiente fueron verificados y considerados razonablemente exactos. Sobre la base de lo anteriormente expuesto, no se consideró que los datos proporcionados por AFASE a partir de otras fuentes disponibles fueran necesariamente contradictorios con las conclusiones provisionales.

(185)

En cualquier caso, el hecho de aceptar las cifras facilitadas por AFASE no incidiría en la conclusión general de que la industria de la Unión sufrió un perjuicio importante, ya que la tendencia de estos indicadores, a saber, la producción y la capacidad de producción de la Unión, sería incluso más pronunciada.

(186)

Un importador no vinculado que cooperó alegó que el volumen de producción, la capacidad de producción y la utilización de la capacidad deberían haberse establecido únicamente sobre la base de los datos de los productores de la Unión incluidos en la muestra. Sin embargo, puesto que se trata de indicadores macroeconómicos, deben establecerse a escala de todos los productores de la Unión, a fin de ofrecer un panorama válido y completo de la situación de la industria de la Unión. Por consiguiente se desestimó esta alegación.

(187)

Tras la divulgación final, una parte pidió a la Comisión que aclarara cómo había calculado la consultora la producción anual de la Unión. Otra parte pidió a la Comisión que diera más explicaciones acerca de la conciliación de los diferentes datos disponibles en relación con la capacidad total de producción de la Unión. Otra parte sugirió que la producción y la capacidad de producción totales de la Unión deberían haberse obtenido de los productores de la Unión incluidos en la muestra, pues el resultado habría sido más fiable. A este respecto se alegó que lo datos públicamente accesibles eran imprecisos debido a su carácter confidencial y que cualquier centro de investigación o consultora tenía que basar su análisis en una serie de estimaciones y supuestos.

(188)

Debe aclararse que la producción anual de la Unión se calculó a partir de las cifras comunicadas a la consultora por los productores de la Unión. Cuando no pudo obtenerse la producción anual de un determinado productor de la Unión en un año concreto, esta se estimó aplicando el índice de utilización de la capacidad del año previo a la nueva capacidad de producción de ese año. Las instituciones compararon además la cifra obtenida por la consultora con las cifras comunicadas en las respuestas de la industria de la Unión a los cuestionarios sobre la situación antes del inicio. Ambas cifras son similares.

(189)

Con respecto a la petición de explicaciones adicionales acerca de la conciliación de los diferentes datos disponibles sobre la capacidad de producción de la Unión, debe señalarse que esta información ya se facilitó en el expediente abierto a la inspección de las partes interesadas. Por tanto, se rechazó esta solicitud.

(190)

Por último, la producción y la capacidad de producción de la Unión son indicadores macroeconómicos y, por tanto, deben establecerse a escala de toda la industria de la Unión, y no de los productores de la Unión incluidos en la muestra.

(191)

Tras la divulgación final, una parte argumentó que la metodología empleada para recoger los datos de producción (principalmente entrevistas y visitas a los lugares de producción) no permitía obtener resultados fiables debido al carácter confidencial de esos datos y a la consiguiente reticencia de las empresas a desvelarlos. Por consiguiente, esa metodología no puede considerarse adecuada. Lo confirmaba, supuestamente, el hecho de que, aunque la consultora utilizó un número mucho mayor de productores de la Unión que el que tuvo en cuenta la Comisión durante el examen de la situación en la fase de inicio, el volumen total de producción determinado por la consultora es inferior al establecido por la Comisión con el fin de examinar la situación. Esta parte alegó también que, en consecuencia, la información relacionada con este indicador de perjuicio no puede considerarse prueba real a tenor del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base.

(192)

En primer lugar hay que aclarar que el número de productores tomados en consideración por la consultora, por un lado, y por la Comisión, por otro, fue en gran medida el mismo y que, por tanto, hubo que rechazar el argumento de que los resultados no eran coherentes. Además, debe recordarse que los datos recogidos por la consultora fueron cotejados, siempre que fue posible, con los de otras fuentes, y que las estimaciones se consideraron suficientemente fiables. Por consiguiente, se confirma que la información sobre los datos de producción facilitada por la consultora se considera prueba real a tenor del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base.

(193)

En ausencia de otras observaciones sobre la producción, la capacidad de producción y la utilización de la capacidad, se confirman los considerandos 124 a 128 del Reglamento provisional.

5.2.2.   Volúmenes de ventas y cuota de mercado

(194)

Una parte interesada alegó que la cuota de mercado de la industria de la Unión para los módulos ya era de solo un 19 % en 2009 y que una disminución de 6 puntos porcentuales durante el período considerado no puede considerarse un perjuicio.

(195)

La reducción de la cuota de mercado en 6 puntos porcentuales durante el período considerado ha de entenderse en el contexto de un aumento del consumo de la Unión de más del 200 % durante el mismo período en relación con los módulos. La industria de la Unión no pudo beneficiarse del aumento del consumo; al contrario, incluso en un contexto de consumo creciente no pudo incrementar su volumen de ventas y sufrió pérdidas en la cuota de mercado. Por consiguiente, hubo que rechazar este argumento.

(196)

Una parte argumentó que la metodología empleada para recoger los datos de ventas (principalmente entrevistas y visitas a los lugares de producción) no permitía obtener resultados fiables debido al carácter confidencial de esos datos y a la consiguiente reticencia de las empresas a desvelarlos. Esa metodología no puede, pues, considerarse adecuada. Del mismo modo, esos datos no pueden considerarse pruebas reales a tenor del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base. Como se ha mencionado en el considerando 137, los datos recogidos por la consultora fueron cotejados, siempre que fue posible, con los de otras fuentes, y las estimaciones se consideraron suficientemente fiables. Por consiguiente, se confirma que la información sobre los datos de ventas facilitada por la consultora se considera prueba real a tenor del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base.

(197)

A falta de otras observaciones sobre el volumen de ventas y las cuotas de mercado de la industria de la Unión, se confirman los considerandos 129 a 131 del Reglamento provisional.

5.2.3.   Empleo y productividad

(198)

Tras la divulgación final, una parte alegó que la metodología empleada para determinar el empleo total en la Unión durante el período considerado era incorrecta. Según esta parte, si no se conocía la tasa de empleo de un productor de la Unión concreto, se tomaba el promedio de los productores de la Unión para los que sí se disponía de esa información. Hubo que rechazar esta alegación, pues la metodología para determinar el empleo total era diferente: si no se disponía de los datos de empleo de un productor de la Unión concreto, se hacía una estimación de la cifra a partir de los datos del año o los años anteriores de la misma empresa. Como se ha mencionado en el considerando 137, esta metodología fue verificada y considerada razonable. Así pues, se rechazó la alegación.

(199)

Al no haberse recibido observaciones en relación con el nivel de empleo y producción de la industria de la Unión, se confirman los considerandos 132 a 134 del Reglamento provisional.

5.2.4.   Magnitud del margen de dumping y recuperación de prácticas de dumping anteriores

(200)

No habiéndose recibido observaciones a este respecto, se confirman los considerandos 135 y 136 del Reglamento provisional.

5.3.   Indicadores microeconómicos

5.3.1.   Precios y factores que les afectan

(201)

Una parte interesada refutó la conclusión de que la disminución de los precios medios de venta tuviera un efecto devastador en la rentabilidad de la industria de la Unión. Alegó que los costes medios de la industria de la Unión también disminuyeron y que, por tanto, una disminución de precios es natural. Sin embargo, como se describe en el considerando 138 del Reglamento provisional, la investigación determinó que los precios de venta de la industria de la Unión disminuyeron incluso más que sus costes medios de producción y, por tanto, esta disminución de los costes no se reflejó en la rentabilidad de la industria de la Unión. Se confirma, por tanto, que la disminución del precio de venta de la industria de la Unión tuvo un efecto devastador en su rentabilidad, por lo que se desestimaron las alegaciones a este respecto.

(202)

Otra parte refutó la conclusión del considerando 138 del Reglamento provisional, según la cual los precios llegaron a niveles insostenibles durante el PI, alegando que esto deberían decidirlo las fuerzas del mercado. La misma parte se opuso a la conclusión expuesta en ese mismo considerando de que la industria de la Unión no pudo beneficiarse del descenso de los costes debido a la presión ejercida por las importaciones objeto de dumping. A este respecto, las instituciones señalan lo siguiente: con la expresión «niveles insostenibles» se hace referencia a que la industria de la Unión estaba vendiendo con pérdidas y, por tanto, no podía sobrevivir a largo plazo. La cuestión de si el nivel de precios es sostenible depende, pues, únicamente de la relación entre costes de producción y precios. Al decir que «no pudo beneficiarse del descenso de los costes» se hace referencia al hecho de que los costes disminuyeron menos rápidamente que los precios. Las pruebas presentadas en el considerando 138 del Reglamento provisional respaldan ambos enunciados. Así pues, hubo que rechazar este argumento.

(203)

En ausencia de otras observaciones sobre los precios medios de venta de la industria de la Unión, se confirman los considerandos 137 y 138 del Reglamento provisional.

5.3.2.   Costes laborales

(204)

La misma parte interesada alegó que, en contra de lo que dice el considerando 140 del Reglamento provisional, no hubo inflación durante el período considerado y que, por tanto, el incremento global de los costes laborales no podía deberse a este factor.

(205)

En contraste con lo alegado por la parte en cuestión, la investigación puso de manifiesto que hubo inflación durante el período considerado y que el aumento de los costes laborales, limitado a los módulos, puede explicarse por la inflación y el incremento de la productividad.

(206)

Una parte interesada alegó que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión se debió al incremento de los costes laborales y al descenso paralelo de la producción. Sin embargo, hay que señalar, en primer lugar, que el coste laboral permaneció estable en el caso de las células y que la productividad aumentó tanto en el caso de las células como en el de los módulos. Por tanto, el incremento en este último caso puede explicarse por el aumento de la productividad. Además, la investigación demostró que los costes laborales no representan una parte significativa del coste de producción, como ya se indicó en el considerando 203 del Reglamento provisional. Así pues, hubo que rechazar este argumento.

(207)

Por tanto, se confirman las conclusiones establecidas en los considerandos 139 y 140 del Reglamento provisional.

5.3.3.   Existencias

(208)

Una parte interesada alegó que si el incremento de las existencias durante el período considerado se expresara como porcentaje de la producción total, resultaría insignificante y, por tanto, no puede considerarse una prueba de perjuicio. Esta parte argumentó también que la presentación del valor de las existencias en el considerando 141 del Reglamento provisional era engañosa, ya que las existencias se expresaban en kW en lugar de en MW, a diferencia del volumen de producción de la industria de la Unión.

(209)

A este respecto hay que señalar que el considerando 143 del Reglamento provisional se modificará para que rece como sigue: «[…] el aumento de las existencias del producto similar durante el período considerado no es un factor relevante para establecer si la industria de la Unión sufrió algún perjuicio sustancial». Que se trataba de una errata queda claro leyendo la frase anterior, en la que se concluye que los productores de la Unión tienden a mantener unas existencias limitadas, al basar su producción en los pedidos.

(210)

Por último, el hecho de que las existencias se expresen en kW o en MW se consideró irrelevante para determinar si la industria de la Unión sufrió o no un perjuicio importante.

(211)

Tras la divulgación final, varias partes alegaron que las existencias deberían haberse determinado para el conjunto de la industria de la Unión y que las cifras de solo diez productores de la Unión no eran representativas. Debe aclararse que las existencias se consideraban un indicador microeconómico y que, por tanto, debían establecerse sobre la base de la información recabada empresa por empresa, en este caso de la muestra de productores de la Unión considerada representativa del conjunto de la industria de la Unión. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(212)

No habiéndose recibido otras observaciones en relación con las existencias, se confirman los considerandos 141 a 143 del Reglamento provisional.

5.3.4.   Rentabilidad, flujo de caja, inversiones y rendimiento de las inversiones y capacidad para obtener capital

(213)

A raíz de la observación de una parte interesada, debe aclararse que el enunciado contenido en el considerando 148 del Reglamento provisional según el cual el flujo de caja siguió «una tendencia progresivamente negativa» entre 2009 y el PI era erróneo, pues los flujos de caja correspondientes a los módulos, si bien disminuyeron entre 2009 y 2010, aumentaron en 2011 y volvieron a disminuir en el PI.

(214)

La misma parte alegó que las cifras de inversión mostradas en el considerando 149 del Reglamento provisional eran demasiado bajas en comparación con la capacidad de producción de la industria de la Unión según el considerando 124 de dicho Reglamento. En apoyo de esta alegación la parte dijo tener conocimiento de que la inversión realizada por un productor de la Unión en aumentos de la capacidad tuvo un coste mucho más elevado. La parte en cuestión concluía que, por consiguiente, la capacidad de producción determinada para la industria de la Unión debía haberse sobreestimado. Debe señalarse que esta alegación no se apoyaba en prueba alguna, en particular por lo que se refiere a la inversión realizada por el productor de la Unión en cuestión. En cambio, las cifras de inversión que figuran en el Reglamento provisional se basaban en información real y verificada de los productores de la Unión incluidos en la muestra. Debe observarse que esta alegación se basaba también en la comparación entre las inversiones totales de los productores de la Unión incluidos en la muestra y la capacidad total de producción del conjunto de la industria de la Unión, base que no puede considerarse apropiada para la comparación, pues no se tuvieron en cuenta las inversiones totales del conjunto de la industria de la Unión. Así pues, hubo que rechazar este argumento.

(215)

En ausencia de otras observaciones acerca de la rentabilidad, el flujo de caja, las inversiones y el rendimiento de las inversiones y la capacidad para obtener capital, se confirman los considerandos 144 a 152 del Reglamento provisional.

5.4.   Conclusiones

(216)

En vista de todo lo antedicho, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 153 a 158 del Reglamento provisional, es decir, que la industria de la Unión sufrió un perjuicio importante a tenor del artículo 3, apartado 5, del Reglamento de base.

E.   CAUSALIDAD

1.   Introducción

(217)

Tras la divulgación provisional, varias partes interesadas alegaron que el análisis de la causalidad realizado no separaba, distinguía ni cuantificaba los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping de los efectos de otros factores conocidos que están perjudicando al mismo tiempo a la industria de la Unión. Por otra parte, se alegó que la Comisión no había llevado a cabo un análisis colectivo de estos otros factores conocidos.

(218)

En respuesta a esta alegación debe señalarse que la Comisión, según práctica establecida, examinó primero si existía un nexo causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio sufrido por la industria de la Unión y, en segundo lugar, si alguno de los otros factores conocidos había roto el nexo causal establecido entre el perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión y las importaciones objeto de dumping. En este análisis, los efectos de los demás factores conocidos en la situación de la industria de la Unión se evaluaron, distinguieron y separaron de los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping, a fin de garantizar que los perjuicios causados por dichos factores no se atribuían a dichas importaciones. Se constató que, si acaso habían tenido algún impacto en la situación de la industria, ninguno había sido tan significativo como para poder cambiar el hecho de que el perjuicio importante evaluado debe atribuirse a las importaciones objeto de dumping. Por las razones expuestas, se rechaza este argumento.

(219)

Tras la divulgación final, varias partes interesadas reiteraron los argumentos expuestos. A este respecto se alegó que la Comisión debería establecer explícitamente, con una explicación razonada y adecuada, que el perjuicio causado por factores distintos de las importaciones objeto de dumping no se atribuyen a estas importaciones.

(220)

En esta investigación se llegó a la conclusión, tras examinar todos los hechos, de que las importaciones objeto de dumping por sí solas habían causado un perjuicio importante a la industria de la Unión. A este respecto no fue posible cuantificar los efectos de otros factores conocidos y, por tanto, se llevó a cabo una estimación cualitativa como expone en los considerandos 164 a 222 del Reglamento provisional. En conclusión, se confirmó que la causa del perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión fueron las importaciones objeto de dumping. De hecho, se consideró que otros factores tuvieron efectos limitados en la evolución negativa de la industria de la Unión. Debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base, no se impone obligación alguna en cuanto a la forma de los análisis de atribución y no atribución que deben llevarse a cabo. Al contrario, según el artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base, esos análisis deben realizarse de manera que puedan diferenciarse los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping y distinguirse de los causados por otros factores, La investigación no puso de manifiesto ninguna prueba de que los demás factores conocidos que pudieran haber contribuido al perjuicio sufrido, en conjunto o por separado, rompieran el nexo causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión. Visto el análisis anterior, se confirmó que los demás factores conocidos no eran tales como para cambiar la conclusión de que el perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión debe atribuirse a las importaciones objeto de dumping. Por las razones expuestas, se rechazaron estos argumentos.

(221)

Tras la divulgación provisional, algunas partes interesadas discreparon de la conclusión expuesta en el considerando 160 del Reglamento provisional. Reiteraron que las condiciones de mercado del producto investigado variaban entre Estados miembros, por lo que el análisis de la causalidad debería efectuarse para cada Estado miembro por separado. Además, estas partes argumentaron que los sistemas nacionales de apoyo, la exposición solar y los precios de la electricidad (incluidas las tarifas reglamentarias) difieren de un Estado miembro a otro y que existen, además, distintos segmentos de mercado en cada mercado (instalaciones residenciales de menos de 40 kW, instalaciones comerciales e industriales de 40 kW a 1 MW e instalaciones del segmento del mercado de servicios públicos de 1 MW a 10 MW). En vista de lo cual alegaban que el análisis de la causalidad debería realizarse por separado para cada uno de los Estados miembros, por un lado, y para los segmentos a gran escala y residenciales, por otro.

(222)

Tras la divulgación final, algunas partes interesadas reiteraron su alegación de que el análisis de la causalidad debería realizarse por Estado miembro, pero no aportaron nuevos argumentos ni nuevas pruebas a este respecto.

(223)

La investigación puso de manifiesto que las ventas y los precios de las importaciones son similares en toda la Unión. Por consiguiente, puede considerarse que existe en efecto un solo mercado para el producto investigado. La investigación tampoco puso de manifiesto que los productores de cada Estado miembro o región concentraran sus actividades en este mercado específico, ni que las importaciones objeto de dumping se concentraran en un Estado miembro o una región en concreto. Por otro lado, ninguna de las partes interesadas argumentó que hubiera que analizar el dumping y el perjuicio por Estado miembro, lo que no obstante sería una condición previa para realizar por separado una análisis de la causalidad por Estado miembro. La investigación no reveló ninguna prueba de que este hubiera sido un planteamiento apropiado, en particular teniendo en cuenta que los precios del producto considerado a escala de la Unión eran similares en toda la Unión. Además, hay que señalar que la exposición solar puede variar en diferentes regiones de un mismo Estado miembro, por ejemplo el sur de Francia tiene más exposición solar que el norte, o diferentes regiones de un mismo Estado miembro pueden tener diferentes regímenes de ayuda (por ejemplo en Bélgica), y que, por tanto, la incidencia de tales factores en la demanda puede variar de una región a otra dentro de un mismo Estado miembro. No obstante, las diferencias en el marco regulador de cada Estado miembro o región y las diferentes condiciones, como la exposición solar, no justifican un análisis de la causalidad por separado y, por consiguiente, análisis por separado del perjuicio y el dumping. Así pues, hubo que rechazar estos argumentos.

(224)

Otra parte interesada sostuvo que, si bien otros factores son pertinentes, los sistemas nacionales de apoyo siguen siendo el principal factor para determinar la demanda. La misma parte refutó también que ya se hubiera alcanzado la paridad de red en algunos sitios, argumentando que los precios de los módulos habían aumentado desde el PI, mientras que los precios de la electricidad habían bajado. Argumentó, además, que, en cualquier caso, al menos en algunos Estados miembros, las condiciones reglamentarias, económicas y técnicas no permiten la conexión a la red y que, por consiguiente, para dichos Estados miembros es irrelevante si se alcanza o no la paridad de red. Sin embargo, esta parte no aportó ninguna prueba en apoyo de estas alegaciones. En cualquier caso, los argumentos anteriores confirman que la situación con respecto a los sistemas de apoyo nacionales y a la paridad de red pueden variar, en cierta medida, entre Estados miembros. Sin embargo, ninguno de los datos presentados era de tal naturaleza que justificara un análisis por Estado miembro.

(225)

Tras la divulgación final, la misma parte interesada reiteró su alegación y aportó cierta información que supuestamente mostraba las diferentes condiciones de mercado por Estado miembro y por segmento. Sin embargo, la información presentada no pudo considerarse decisiva, ya que consistía en una presentación de power point sin pruebas de apoyo y, por tanto, no demostraba que estuviera justificado un análisis aparte por Estado miembro. Por tanto, la alegación de esta parte se rechazó.

(226)

Sobre esta base, se concluyó que un análisis de la causalidad por Estado miembro o región y por segmento no se correspondería con la realidad del mercado. No habiendo otras observaciones a este respecto, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 159 y 160 del Reglamento provisional.

(227)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión había realizado el análisis de la causalidad de manera incoherente, pues el análisis del perjuicio se había hecho por separado para los módulos y las células, mientras que el análisis de la causalidad no distinguía entre tipos de productos. A este respecto cabe señalar que, aunque los indicadores se mostraban de hecho separadamente para cada tipo de producto, las conclusiones relativas a cada indicador se referían al producto investigado en su conjunto. También hay que recordar que los módulos y las células constituyen un único producto y, por tanto, el análisis de la causalidad se efectuó sobre esta base. Así pues, se rechazó la alegación.

2.   Efecto de las importaciones objeto de dumping

(228)

Una parte interesada rechazó que hubiera una correlación suficiente entre las importaciones objeto de dumping del producto afectado procedentes de China y el perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión. Se argumentó que esto se fundamentaría, por una parte, en el hecho de que, entre 2009 y 2010, el margen de beneficio de la industria de la Unión en relación con las células aumentó considerablemente (de tener pérdidas a obtener un beneficio del 12 %), mientras que los precios de las importaciones chinas eran un 36 % más baratos que los precios de la industria de la Unión y duplicaban su cuota de mercado durante el mismo período. Por otra parte, entre 2010 y 2011, pese a un aumento muy superior del consumo, las importaciones chinas solo ganaron 6 puntos porcentuales de cuota de mercado, mientras que la industria de la Unión registró pérdidas del 36 %. Esta parte alegó, además, que, por lo que se refiere al PI, si bien las importaciones de células procedentes de otros terceros países se situaron al mismo nivel de precios que las importaciones chinas, ganaron una mayor cuota de mercado, que se corresponde con la pérdida de cuota de mercado de la industria de la Unión.

(229)

La investigación puso de manifiesto que la cuota de mercado china en cuanto a módulos y células aumentó constantemente durante el período considerado (17 puntos porcentuales para los módulos y otros 17 para las células). Las importaciones objeto de dumping procedentes de China se incrementaron un 300 % en el caso de los módulos y un 482 % en el de las células. Al mismo tiempo se produjo un descenso considerable y constante de los precios de importación chinos (64 % en el caso de los módulos y 42 % en el de las células durante el período considerado), que en el PI subcotizaron significativamente los precios de la industria de la Unión. Paralelamente, la industria de la Unión perdió cuota de mercado durante el período considerado y, como se indica en los considerandos 153 y 154 del Reglamento provisional, todos los principales indicadores de perjuicio mostraron una tendencia negativa. Por tanto, se confirma que hay una clara coincidencia en el tiempo entre el aumento de las importaciones objeto de dumping y la pérdida de cuota de mercado de la industria de la Unión.

(230)

Como se muestra en los considerandos 161 y 162 del Reglamento provisional, esta correlación temporal se estableció para todos los tipos de producto por separado. Además, el análisis del impacto de las importaciones en el margen de beneficio de la industria de la Unión por separado para cada uno de los años del período considerado no conduce a resultados significativos, ya que no es necesario establecer para cada año por separado la existencia de dumping y de perjuicio importante, ni de un nexo causal entre ambos. La correlación entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio importante se demuestra suficientemente al analizar la evolución durante todo el período considerado.

(231)

Hay que señalar también que la rentabilidad de la industria de la Unión es uno de los factores mencionados en el artículo 3, apartado 5, del Reglamento de base que deben investigarse al examinar los efectos de las importaciones objeto de dumping sobre la situación de la industria de la Unión. El mero hecho de que la industria de la Unión fuera rentable durante un año determinado no significa necesariamente que no sufriera un perjuicio importante. Por otra parte, la pérdida de cuota de mercado de la industria de la Unión no tiene por qué corresponder exactamente al incremento de la cuota de mercado de las importaciones objeto de dumping para establecer un nexo causal entre el perjuicio y las importaciones objeto de dumping. Por último, otros factores (por ejemplo las importaciones procedentes de otros terceros países o la evolución del consumo) que podrían haber incidido en la situación de perjuicio de la industria de la Unión se examinaron y abordaron por separado en los considerandos 164 a 224 del Reglamento provisional.

(232)

La coincidencia en el tiempo entre el aumento de las importaciones objeto de dumping en cantidades significativas, que subcotizaron los precios de la industria de la Unión, y la situación cada vez más precaria de la industria de la Unión es un claro indicador de la causalidad en el presente caso, tal como se establece en los considerandos 161 a 163 del Reglamento provisional. Se rechazaron, pues, las alegaciones con respecto a la falta de correlación entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión.

(233)

Tras la divulgación final, la misma parte interesada siguió refutando el análisis de la causalidad aduciendo que la rentabilidad de la industria de la Unión no se había analizado específicamente en relación con determinados años (sobre todo 2010), sino con todo el período considerado.

(234)

A este respecto cabe señalar que no pueden extraerse conclusiones válidas sobre la causalidad aislando un año en concreto del período considerado e ignorando la evolución de la industria de la Unión durante todo el período considerado y sus correlaciones con la evolución de las importaciones objeto de dumping. Un análisis de ese tipo solo ofrecería un panorama parcial y no permitiría extraer conclusiones razonables. Así pues, la tasa de rentabilidad que impulsó otros indicadores financieros alcanzados por la industria de la Unión durante 2010 fue elevada debido al aumento especialmente acentuado del consumo de la Unión, impulsado por unos sistemas de apoyo muy generosos que permitieron a la industria de la Unión registrar su mayor incremento de ventas ese mismo año, pero solo de manera temporal y en cualquier caso de forma no sostenible para este tipo de industria. Así pues, hubo que rechazar este argumento.

(235)

A falta de otras observaciones sobre los efectos de las importaciones objeto de dumping, se confirman las conclusiones de los considerandos 159 a 163 del Reglamento provisional.

3.   Incidencia de otros factores

3.1.   Importaciones procedentes de otros terceros países

(236)

Varias partes interesadas hicieron observaciones tras la divulgación provisional con respecto a las conclusiones relativas a las importaciones procedentes de otros terceros países y las reiteraron tras la divulgación final. Sin embargo, estas partes no presentaron información nueva ni pruebas de apoyo que pudieran alterar las conclusiones provisionales pertinentes.

(237)

Esas partes hacían hincapié, en particular, en el volumen de las importaciones de células desde Taiwán. No obstante, el volumen absoluto de importaciones del producto afectado procedentes de Taiwán (1 132 MW) no representa más que una proporción muy pequeña (menos del 5 %) del consumo global de la Unión (21 559 MW) y en comparación con las importaciones procedentes de China (15 005 MW). Por consiguiente, las importaciones procedentes de Taiwán contribuyeron solo de una manera, si acaso, marginal al perjuicio de la industria de la Unión y no rompieron el nexo causal.

(238)

En ausencia de otras observaciones sobre las importaciones procedentes de otros terceros países, se confirman las conclusiones de los considerandos 164 a 167 del Reglamento provisional.

3.2.   Evolución del consumo de la Unión

(239)

Una parte interesada alegó que la Comisión no había analizado los efectos de la evolución del consumo. A este respecto se argumentó que las importaciones procedentes de China no acapararon todo el aumento del consumo y que, si bien en el caso de los módulos la industria de la Unión perdió cuota de mercado entre 2009 y 2010, siguió aumentando su rentabilidad durante el mismo período. Por otro lado se arguyó que en 2009, cuando las importaciones de células de China ocupaban solo el 8 % de la cuota de mercado, la industria de la Unión siguió perdiendo un 8 %.

(240)

Como ya se ha mencionado en el considerando 168 del Reglamento provisional, a pesar de la disminución del consumo de la Unión en el PI, las importaciones objeto de dumping procedentes de China o bien mantuvieron (módulos) o bien aumentaron (células) su cuota de mercado, en detrimento de la industria de la Unión durante el período considerado. Por consiguiente, no puede concluirse que la disminución del consumo baste para romper el nexo causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio sufrido por la industria de la Unión. Por otra parte, la investigación puso de manifiesto que, puesto que la capacidad de la industria de la Unión era, en cualquier caso, muy inferior a los niveles de consumo, la disminución del consumo en el PI no podía haber influido en la situación de perjuicio de la industria de la Unión. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(241)

Otra parte interesada discrepó de que la demanda en la Unión vaya a seguir existiendo incluso en ausencia de los sistemas nacionales de apoyo. Esta parte argumentó que existe una correlación entre la demanda y los sistemas de apoyo y que, en ausencia de tales sistemas, los proyectos en el sector fotovoltaico ya no serían rentables y, por tanto, la demanda de paneles solares también desaparecería.

(242)

Como se menciona en el considerando 169 del Reglamento provisional, durante la investigación se recogieron indicios de que, aun en ausencia de sistemas de apoyo, seguía y seguiría habiendo demanda en la Unión. La parte en cuestión no aportó ninguna información que pudiera restar validez a estas conclusiones. En ausencia de nuevos datos a este respecto, se confirman las conclusiones expuestas en el considerando 169 del Reglamento provisional y se rechaza la alegación a este respecto.

(243)

Tras la divulgación final, las autoridades chinas argumentaron que el hecho de que, en cualquier caso, la capacidad de la industria de la Unión no satisficiera la demanda de la Unión es irrelevante, pues el volumen de ventas de módulos de la industria de la Unión disminuyó en consonancia con el descenso del consumo, y reiteraron que la reducción del consumo entre 2011 y el PI causó el perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión. Si bien es cierto que entre 2011 y el PI el consumo de la Unión disminuyó y el volumen de ventas de módulos se redujo con una tendencia similar, ello ha de ponerse en relación con la evolución de los precios chinos objetos de dumping, que subcotizaron significativamente los precios de la industria de la Unión, forzándola a vender con pérdidas. A este respecto debe recordarse, como se menciona en el considerando 111 del Reglamento provisional, que las importaciones objeto de dumping procedentes de China o bien mantuvieron su cuota de mercado (módulos) o bien la aumentaron (células) en un momento en que el consumo disminuía. Al mismo tiempo, los precios de importación chinos bajaron significativamente y subcotizaron de forma sustancial los precios de venta de la industria de la Unión. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(244)

No habiéndose recibido ninguna otra observación relativa a la evolución del consumo de la Unión, se confirman los considerandos 168 y 169 del Reglamento provisional.

3.3.   Las tarifas reguladas como ejemplo principal de los sistemas de apoyo

(245)

Tras la divulgación provisional, varias partes reiteraron que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión se debía a la evolución de las tarifas reguladas. Alegaron que la evolución de las tarifas reguladas ejercía una fuerte presión a la baja sobre los precios y, por tanto, sobre la rentabilidad de la industria de la Unión. Una parte interesada alegó que solo se había examinado el impacto de la evaluación de las tarifas reguladas en la demanda y que también se debería haber analizado el impacto en los precios. En este mismo contexto, varias partes interesadas argumentaron que la mayoría de los Estados miembros aplicaron grandes recortes ya en 2010, ejerciendo así una presión a la baja sobre los precios de los módulos.

(246)

Con respecto a esta alegación debe señalarse que los Estados miembros aplicaron los recortes de las tarifas reguladas en diferentes momentos y a diferentes ritmos, lo que hace bastante difícil dibujar un panorama general de toda la Unión. Con independencia del momento en que los tipos de las tarifas reguladas alcanzaran niveles muy bajos, el descenso significativo de los precios y la rentabilidad de la Unión durante el período considerado no puede explicarse exclusiva o principalmente por la reducción de las tarifas reguladas. En primer lugar, según la información recabada en relación con Alemania e Italia, que en conjunto representaban en torno al 75 % del mercado de la Unión en 2011, la caída de los precios medios de venta fue más pronunciada que el descenso de los tipos de las tarifas reguladas durante el PI. En segundo lugar, las pruebas recogidas muestran que, en el caso de algunos países como Italia, incluso en un contexto de tipos de tarifas reguladas muy generosos, la industria de la Unión tuvo que reducir significativamente sus precios. Por último, durante el PI los productores de la Unión tuvieron que vender a precios por debajo de su coste de producción, debido sobre todo a que los productores exportadores chinos ocupaban el 80 % del mercado de la Unión y, por tanto, tenían poder para influir en el mecanismo de fijación de precios.

(247)

La investigación determinó también que, hasta 2011, el aumento de los tipos de las tarifas reguladas y la reducción de los precios de los módulos en la Unión hicieron extremadamente atractiva la inversión en energía solar, pues los inversores obtenían tasas muy elevadas de rentabilidad. Esto dio lugar a un gran número de inversiones y, por ende, a una demanda elevada de paneles solares. Como consecuencia del aumento de la demanda se incrementó significativamente el importe total de las tarifas reguladas, de modo que la mayoría de los Estado miembros revisaron a la baja sus sistemas correspondientes para evitar, entre otras cosas, que aumentaran los costes de la electricidad. Esto demuestra que los recortes de las tarifas reguladas pueden haber sido también el resultado del descenso de los precios, y no a la inversa.

(248)

Tras la divulgación final, una parte alegó que había contradicción entre el considerando 246, según el cual la evaluación de la demanda en relación con la Unión en su conjunto resulta difícil, y el considerando 223, en el que se asegura que un análisis de la causalidad por Estado miembro no arrojaría resultados significativos. A este respecto hay que señalar que en la evaluación expuesta en el considerando 246 se hace referencia a la dificultad de obtener un panorama general de la evolución de las tarifas reguladas en relación con el conjunto de la Unión y no a la demanda de la Unión, como alega la parte interesada. De ello se deduce que no existe contradicción entre los dos considerandos y, por tanto, se rechazó la alegación.

(249)

Tras la divulgación final, una parte alegó que, aun en un contexto de tipos elevados de las tarifas reguladas, el precio de los módulos puede disminuir significativamente debido al desarrollo tecnológico, las economías de escala, las reducciones de costes y la creciente capacidad de producción mundial. Con respecto a esta alegación debe señalarse que los productores italianos tuvieron que reducir sus precios por debajo del coste de producción incluso cuando los tipos de las tarifas reguladas eran elevados. Si bien los factores mencionados anteriormente pueden haber influido en efecto en los costes medios, no bastan para explicar por qué los productores de la Unión tuvieron que reducir sus precios por debajo del coste de producción. Así pues, se concluyó que fueron las importaciones objeto de dumping procedentes de China las que empujaron los precios hasta niveles insostenibles y se rechazó esta alegación.

(250)

Tras la divulgación final, una parte alegó que la conclusión extraída en el considerando 247, a saber, que los recortes de las tarifas reguladas pueden haber sido también el resultado del descenso de los precios, y no a la inversa, no se fundamenta con pruebas.

(251)

Hay que señalar que las conclusiones expuestas en el considerando 247 se basaron en la información disponible durante la investigación y que el escenario descrito se consideró, de hecho, razonable dadas las circunstancias de este mercado específico. Por tanto, se rechazó este argumento.

(252)

Tras la divulgación final, una parte reiteró su desacuerdo con la conclusión de que fueran las importaciones objeto de dumping las que ejercieran sobre los productores de la Unión una presión a la baja en los precios y alegó que, por el contrario, fueron los recortes de las tarifas reguladas los que forzaron a los productores de la Unión a reducir sus precios. La misma parte reiteró que, al reducirse las tarifas reguladas, los precios de los sistemas fotovoltaicos disminuyeron paralelamente, de modo que los costes afrontados por los desarrolladores de proyectos no aumentaron y ello acabó causando la presión en los precios ejercida sobre los productores de la Unión.

(253)

Dado que se no se aportó ninguna prueba concluyente en apoyo de estas alegaciones, la Comisión mantuvo su análisis y sus conclusiones según se exponen en los considerandos 246 y 247.

(254)

La misma parte alegó que los mercados se mueven según evolucionan las tarifas reguladas y presentó información que mostraba el número de instalaciones fotovoltaicas en 2012 y 2013 en el Reino Unido. La información suministrada por esta parte consistía en una publicación de los poderes públicos del Reino Unido basada en las entradas semanales del Central FiT Register (CFR, registro central de tarifas reguladas) de este país. Debe tenerse en cuenta que esa información se refiere en su mayor parte a un período fuera del PI y a un solo Estado miembro, cuando la presente investigación se centra en la situación del mercado de la Unión en su conjunto. En cualquier caso, no se pone en duda que los niveles de las tarifas reguladas influyen en la demanda, pues la rentabilidad de las inversiones en lugares con menor radiación solar depende de esos niveles. Sin embargo, para demostrar que el nivel al que estaban fijadas las tarifas reguladas durante el PI fue el causante del perjuicio, las partes interesadas tendrían que haber demostrado que un incremento de precios de los productores de la Unión hasta el nivel no perjudicial habría significado que no hubieran podido vender el producto afectado, dado que las inversiones en sistemas fotovoltaicos no habrían sido viables a esos precios. No se facilitaron pruebas en este sentido. Por tanto, se rechazó este argumento.

(255)

En consecuencia se rechazó el argumento de que las reducciones de las tarifas reguladas rompieran el nexo causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión.

(256)

Tras la divulgación provisional, una parte reiteró que la evolución de las tarifas reguladas hizo que dejara de ser atractivo invertir en energía solar y de ese modo redujo la demanda del producto. Otra parte alegó que las conclusiones expuestas en el considerando 173 del Reglamento provisional, según las cuales seguían realizándose inversiones en España a pesar de la suspensión de los sistemas de tarifas reguladas, eran incorrectas.

(257)

El impacto de las tarifas reguladas sobre la demanda se abordaba en el considerando 173 del Reglamento provisional. Puesto que no se presentaron nuevos argumentos a este respecto, se rechazó la alegación de que la demanda se redujera debido a la evolución de las tarifas reguladas. En cuanto a las inversiones en España, debe aclararse que las conclusiones expuestas en el considerando 177 del Reglamento provisional se basan en la información obtenida durante la investigación y verificada durante una investigación in situ. Dado que la parte no suministró información o pruebas nuevas a este respecto, hubo que rechazar esta alegación.

(258)

Tras la divulgación provisional, varias partes alegaron que, siendo bajos los tipos de las tarifas reguladas, las inversiones en proyectos fotovoltaicos solo eran económicamente viables con paneles solares de precio reducido importados de China. Se argumentó, pues, que los recortes de las tarifas reguladas causaron el perjuicio importante a la industria de la Unión. Otra parte argumentó que el nivel del tipo de las tarifas reguladas influye en el mecanismo de fijación de precios de los módulos.

(259)

Debe señalarse que el coste de un módulo al que un proyecto seguiría siendo económicamente viable varía entre Estados miembros o regiones en función de muchos factores como las tarifas reguladas, otros incentivos reglamentarios, la exposición solar, los precios de la electricidad convencional, etc.

(260)

Además, la investigación puso de manifiesto que las instalaciones actuales dependen cada vez menos de las tarifas reguladas, ya que es probable que con determinados tipos de instalaciones se alcance la paridad de red fotovoltaica en varias regiones de Europa, como ocurre en una gran parte de Italia, España, Portugal, el sur de Francia y Grecia.

(261)

Por tanto, se rechazaron las alegaciones a este respecto.

(262)

Una parte interesada alegó que la Comisión no había investigado si la industria de la Unión no supo anticipar que los sistema de apoyo públicos se retirarían o reducirían bruscamente. No se presentaron argumentos que fundamentaran esta alegación. Sin embargo, debe señalarse que, según las pruebas reunidas, no hay información que indique que la industria de la Unión reaccionara a las señales del mercado (a saber, la evolución del consumo) y otros datos disponibles (es decir, reducción de los sistemas de apoyo) de manera poco razonable. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(263)

Una parte interesada argumentó que los recortes de las tarifas reguladas causaron el declive de los precios de la industria de la Unión, debido a que las inversiones solo habían sido viables a los precios chinos asequibles. Las pruebas reunidas muestran de hecho solamente un ligero descenso en las ventas de la industria de la Unión durante el PI, en contra de lo que cabría esperar si los proyectos fotovoltaicos hubieran sido viables únicamente con módulos chinos. En cambio, las ventas de módulos de la industria de la Unión aumentaron hasta 2011 y disminuyeron ligeramente en el PI, siguiendo la misma tendencia que el consumo. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(264)

Otra parte interesada argumentó que la conclusión expuesta en los considerandos 174 y 175 del Reglamento provisional, según la cual los cambios de las tarifas reguladas no rompían el nexo causal, carece de base fáctica y jurídica y no es coherente con el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, pues la Comisión no evaluó el nivel de perjuicio causado por las reducciones de las tarifas reguladas y consideró que la caída significativa del precio de la industria de la Unión había sido consecuencia únicamente de las importaciones chinas objeto de dumping. La misma parte arguyó que el descenso del precio de los módulos, las células y las obleas fue un fenómeno mundial y no se debió a la presión ejercida por las importaciones chinas.

(265)

Con respecto a la alegación de que la Comisión no evaluó el nivel de perjuicio causado por los recortes de las tarifas reguladas hay que remitirse a los considerandos 174, 175 y 182 del Reglamento provisional y a los considerandos 245 a 263 del presente Reglamento, en los que la Comisión concluye que ni el descenso de la demanda ni el impacto de las tarifas reguladas sobre los precios de la Unión son tales como para romper el nexo causal entre el perjuicio sufrido por la industria de la Unión y las importaciones objeto de dumping procedentes de China, con independencia de si pudo haber un perjuicio causado, y en qué medida, por los recortes de las tarifas reguladas. Por consiguiente, se rechazó la alegación de que las conclusiones de la Comisión no tuvieran una base fáctica. Por lo que respecta a la alegación de que el descenso en el precio de los módulos y las células fue un fenómeno de carácter mundial, hay que remitirse a los considerandos 164 a 167 del Reglamento provisional, en los que se evalúan los volúmenes y los precios de importación en la Unión desde países distintos de China. Si bien hubo en efecto una tendencia mundial a la baja en los precios de los módulos y las células, los precios de las importaciones objeto de dumping procedentes de China exacerbaron esa tendencia hasta niveles deficitarios. Por ello, esta alegación fue rechazada.

3.4.   Otras ayudas financieras concedidas a la industria de la Unión

(266)

No habiéndose recibido ninguna otra observación relativa a otros sistemas de ayuda financiera concedidos a la industria de la Unión, se confirman las conclusiones de los considerandos 184 y 185 del Reglamento provisional.

3.5.   Exceso de capacidad

(267)

Una parte interesada reiteró la alegación de que fue el exceso de capacidad en el mercado mundial y en el mercado de la Unión el que causó el perjuicio importante, más que las importaciones procedentes de China. A este respecto se argumentó que la industria de la Unión amplió excesivamente sus capacidades, como demuestra el bajo índice de utilización de la capacidad, y que, por consiguiente, el perjuicio fue autoinfligido. El supuesto impacto del exceso de capacidad en la Unión y en el mundo ya se abordó en los considerandos 185 a 190 del Reglamento provisional y, por tanto, en ausencia de nuevos elementos, hubo que rechazar esta alegación.

(268)

Otra parte interesada alegó que el exceso de capacidad condujo a una racionalización de precios. A este respecto debe señalarse, por un lado, que el exceso de capacidad condujo de hecho a una situación de competencia a la baja y a la contención de los precios de la industria de la Unión, que de media superó la reducción de los costes de producción. Por otro lado, como se esboza en el considerando 186 del Reglamento provisional, los aumentos de la capacidad por parte de la industria de la Unión obedecieron a la evolución del mercado y se consideraron razonables. Además, el incremento de la capacidad de producción de células fue menor que el de módulos. Dado que la parte no suministró información o pruebas nuevas a este respecto, hubo que rechazar las alegaciones a este respecto.

(269)

Otra parte interesada alegó que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión se debió a que esta solo se centró en inversiones especializadas y no invirtió lo necesario en nuevas capacidades y reducciones de costes. Tampoco esta alegación pudo confirmarse con los resultados de la investigación, que puso de manifiesto que la industria de la Unión aumentó su capacidad y su eficiencia de producción durante el período considerado (considerandos 124 y 187 del Reglamento provisional). Por consiguiente se desestimó esta alegación.

(270)

Por otro lado, una parte interesada alegó que la industria de la Unión amentó su capacidad de producción a pesar de unos índices de utilización de la capacidad que ya eran bajos, lo que condujo a un perjuicio autoinfligido. Esta alegación se basaba en una comparación entre la tendencia de las inversiones de los productores de la Unión incluidos en la muestra y la tendencia de la utilización de la capacidad de la industria de la Unión en su conjunto, lo cual no constituye una base de comparación adecuada. Además, la investigación demostró que la industria de la Unión no había ampliado sus capacidades de producción en una escala excesiva con respecto a la evolución del consumo de la Unión, de modo que se rechazó este argumento.

(271)

Asimismo, las pruebas reunidas indican que, merced a las inversiones en nueva maquinaria, la industria de la Unión pudo reducir su coste de producción y hacerse más competitiva en cuanto a los costes. Así pues, hubo que rechazar este argumento.

(272)

Una parte interesada alegó que las conclusiones del considerando 189 del Reglamento provisional contradecían las expuestas en los considerandos 124 y 186 de ese mismo Reglamento, sin dar ninguna explicación para precisar la naturaleza o extensión de las supuestas contradicciones. En consecuencia, hubo que rechazar esta alegación.

(273)

Tras la divulgación final, algunas partes interesadas cuestionaron que las adiciones de capacidad de la industria de la Unión fueran razonables y obedecieran a la evolución del mercado y, en particular, a la evolución del consumo de la Unión. Sin embargo, por lo que respecta a los módulos, la capacidad de producción se incrementó un 106 %, mientras que el consumo de la Unión aumentó un 221 % durante el período considerado, es decir, más del doble. Por lo que respecta a las células, la capacidad de producción se incrementó un 39 %, mientras que el consumo de la Unión aumentó un 87 % durante el período considerado. Esto demuestra que el incremento de la capacidad fue sustancialmente inferior al del consumo y, por consiguiente, no puede considerarse irrazonable, dado que nunca hubo un exceso de capacidad en la Unión. Además, el análisis de si las adiciones de capacidad fueron razonables no debe realizarse año por año, sino que ha de atender a la tendencia durante todo el período considerado. Así, las adiciones de capacidad solo serán plenamente operativas transcurrido un cierto tiempo después de realizar la inversión y el análisis aislado de un solo año puede ofrecer un panorama distorsionado. Por tanto, se rechazó este argumento.

(274)

En ausencia de otras observaciones sobre el exceso de capacidad de la industria de la Unión, se confirman las conclusiones de los considerandos 185 a 190 del Reglamento provisional.

3.6.   Repercusión de los precios de la materia prima

(275)

Algunas partes interesadas reiteraron que la industria de la Unión, o por lo menos parte de ella, no pudo beneficiarse del descenso de los precios del polisilicio durante el PI debido a contratos a largo plazo para el suministro de materia prima. Haciendo referencia al considerando 193 del Reglamento provisional, en el que se dice que la industria de la Unión pudo renegociar los contratos a largo plazo con sus proveedores (incluidos los productores de obleas) y por tanto, beneficiarse de la bajada de los precios, estas partes alegaron que las renegociaciones o resoluciones de los contratos a largo plazo de suministro de polisilicio u obleas dieron lugar a penalizaciones. En apoyo de este argumento presentaron artículos de prensa según los cuales algunos productores de la Unión tenían litigios o habían resuelto sus contratos. Algunas partes presentaron información que supuestamente confirmaba que los contratos a largo plazo no eran renegociables.

(276)

El polisilicio es la principal materia prima para los productores de obleas. La investigación puso de manifiesto que los precios del polisilicio aumentaron en 2008, alcanzando un máximo aproximado de 500 USD/kg, pero disminuyeron de nuevo en 2009 hasta llegar a 50-55 USD/kg al final de ese año, con una ligera tendencia al alza en 2010 y a principios de 2011. Los precios cayeron significativamente durante el PI, hasta los 30 USD/kg (JRC: Scientific and Policy Reports,«PV Status Report 2012»). Debe señalarse que las repercusiones de los precios del polisilicio en la industria de la Unión solo pudieron ser más bien marginales, pues cualquier efecto del coste de producción de las células y los módulos se diluyó a lo largo de la cadena de valor. Además, los artículos de prensa mencionados se referían a acontecimientos posteriores al PI, que no afectaron a la situación de los productores de la Unión en cuestión durante el PI y que, por tanto, no pueden ser tenidos en cuenta. Este asunto siguió estudiándose tras la imposición de las medidas provisionales y, como resultado, puede confirmarse que la industria de la Unión pudo efectivamente renegociar no solo los precios de los contratos a largo plazo, sino incluso cualquier penalización contractual relacionada con dichos contratos.

(277)

Una de estas partes interesadas argumentó además que bastaba con que algunos productores de la Unión se hubieran visto afectados por los contratos a largo plazo y que la situación de la industria de la Unión en su conjunto era irrelevante. Alegó que el aumento de los costes no tiene por qué afectar a todos los agentes por igual. Con esta argumentación se olvida la conclusión de que, en relación con la industria de la Unión en general, los precios medios del polisilicio no fueron en muchos casos superiores a los precios del mercado ni a los precios al contado y que, por tanto, no se consideró pertinente la cuestión de si unos costes más elevados afectaban a todos o solo a unos pocos agentes. Por tanto, se rechazó este argumento.

(278)

Otra parte interesada pidió que la Comisión separara, distinguiera y cuantificara los efectos de cada factor que tuviera repercusiones en la situación de la industria de la Unión y alegó, en particular, que el efecto de la significativa caída de los precios del polisilicio debía abordarse por separado. A este respecto se argumentó que fue el descenso de los precios del polisilicio, más que la presión ejercida sobre los precios por las importaciones chinas, lo que causó la bajada de los precios de venta. Por lo que respecta a la industria de la Unión, debe señalarse que los precios medios de venta bajaron mucho más que el coste medio de producción, en el que podría influir el descenso de los precios de la materia prima. Por tanto, se rechazó este argumento.

(279)

Tras la divulgación final, algunas partes interesadas reiteraron que la repercusión del descenso de los precios del polisilicio en el coste de la industria de la Unión no fue limitado ni diluido a lo largo de la cadena de valor, como se concluía en la investigación. Sin embargo, como ya se ha mencionado en el considerando 276, el polisilicio es la principal materia prima para los productores de obleas, de modo que cualquier repercusión en el coste de producción de células o módulos se consideró diluido en la cadena de valor. Las partes interesadas no aportaron ninguna prueba que pudiera restar validez a esta conclusión. Es más, la investigación puso de manifiesto que la bajada de los precios del polisilicio a lo largo del período considerado se plasmó en el coste medio de producción de células y módulos de la industria de la Unión incluida en la muestra, que disminuyó a un nivel similar al de los precios del polisilicio. Una parte interesada cuestionó el impacto de las supuestas penalizaciones que la industria de la Unión tuvo que pagar por la renegociación de los contratos con sus proveedores. A este respecto no puede descartarse que un número limitado de productores hayan tenido que pagar penalizaciones por cancelar contratos de suministro de obleas durante el período considerado. Sin embargo, la Comisión no encontró prueba alguna de que estas penalizaciones pudieran haber tenido un efecto sobre la situación de la industria de la Unión en su conjunto, ni de que fueran representativas.

Tampoco la parte interesada en cuestión aportó ninguna prueba en este sentido. Si bien no puede descartarse por completo que las penalizaciones pudieran haber tenido un cierto impacto negativo en un número limitado de productores de la Unión, el impacto global sobre la industria de la Unión fue, a lo sumo, marginal y no podría romper el nexo causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión en su conjunto. Así pues, hubo que rechazar estos argumentos.

(280)

Otra parte interesada alegó que el descenso de los precios de venta del producto investigado en la Unión se debió en parte a la reducción del precio del polisilicio. Sin embargo, hay que señalar a este respecto que la investigación puso de manifiesto que las importaciones procedentes de China eran objeto de dumping y subcotizaban sustancialmente los precios de la industria de la Unión. Así pues, el descenso de los precios va más allá de la reducción de los costes de producción, que puede explicarse por la bajada de los precios de la materia prima. Si el descenso de los precios se debiera simplemente a la bajada de los precios de la materia prima, la industria de la Unión no se habría visto obligada a reducir sus precios de venta por debajo de sus costes de producción. Por consiguiente, debe rechazarse esta alegación.

(281)

Otra parte interesada reiteró que el litigio de un productor de la Unión tras el PI podría haber afectado por lo menos a la situación de este productor ya durante el PI. Sin embargo, esta parte no explicó cómo y en qué medida algo que ocurrió después del PI podría haber tenido un efecto en la situación de este productor durante el PI. Tampoco la investigación desveló prueba alguna que mostrara tales efectos. Por consiguiente, debió rechazarse esta alegación.

(282)

La misma parte interesada cuestionó estas conclusiones, pues supuestamente no se presentaron pruebas. Sin embargo, las conclusiones de la investigación se basaron en hechos y pruebas reales y en versiones no confidenciales a disposición de todas las partes interesadas.

(283)

No habiéndose recibido ninguna otra observación relativa a la repercusión de los precios de la materia prima, se confirman las conclusiones de los considerandos 191 a 194 del Reglamento provisional.

3.7.   Perjuicio autoinfligido: repercusión de la automatización, las dimensiones, las economías de escala, la consolidación, la innovación, la rentabilidad y las importaciones de la industria de la Unión

(284)

Tras la divulgación provisional, algunas partes interesadas reiteraron la alegación de que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión se debió a que esta carecía de suficientes economías de escala. Se reiteró que los productores a pequeña escala se encontraban en desventaja respecto a los grandes productores integrados verticalmente y que, por tanto, no podía atribuirse a las importaciones objeto de dumping ningún perjuicio que hubieran sufrido. Otra parte interesada argumentó que la automatización del proceso de producción es costosa y que ello hace aún más importantes las economías de escala para reducir el coste de la producción.

(285)

La investigación puso de manifiesto que la industria de la Unión, incluidos los grandes productores integrados verticalmente, no pudo aprovechar plenamente los altos índices de utilización de la capacidad para obtener economías de escala, debido a las importaciones objeto de dumping. En cualquier caso, la investigación no puso de manifiesto ninguna correlación entre dimensiones, integración vertical y mejores tasas de rentabilidad, al haber alterado esta correlación la elevada presión ejercida sobre los precios por las importaciones objeto de dumping. La investigación demostró que el beneficio de las economías de escala ya no existía en un mercado en el que los índices de utilización eran bajos, lo cual también era cierto en relación con los productores chinos. Por tanto, se rechazaron estos argumentos.

(286)

Por otro lado, una parte interesada alegó que los inversores y los bancos no financiarían proyectos si el fabricante de módulos fuera demasiado pequeño, pues los grandes productores ofrecen mejores garantías y son más «bancarizables». En otras palabras, los inversores y los bancos son reticentes a financiar proyectos relacionados con la energía fotovoltaica que utilicen módulos fabricados en la Unión. Sin embargo, la investigación puso de manifiesto que la posible preferencia de los inversores y los bancos por financiar a productores chinos con mayores capacidades de producción es consecuencia de la distorsión creada en el mercado de la Unión por las importaciones objeto de dumping. Como se ha mencionado en el considerando 285, el tamaño de las líneas de producción no desempeña papel alguno si los índices de utilización siguen siendo bajos. Por tanto, se rechazó este argumento.

(287)

Una parte interesada reiteró que la industria de la Unión tenía una estructura de costes desfavorable en comparación con sus competidores chinos, pues estos disfrutan de menores costes laborales, de electricidad y de amortización, y además poseen equipos punteros. Sin embargo, la parte en cuestión no fue capaz de aportar información o pruebas nuevas que pudieran restar validez a las conclusiones de la investigación a este respecto. En particular, la alegación de que los productores chinos estaban utilizando equipos punteros se abordó en el considerando 203 del Reglamento provisional, en el que se dice que los productores exportadores de China no disfrutaban de ninguna ventaja comparativa, en particular porque la maquinaria y los equipos se importaban de la Unión Europea. Por tanto, se rechazaron las alegaciones anteriores.

(288)

Otra parte alegó que los productores chinos disfrutaban de una ventaja comparativa con respecto a los precios del polisilicio y a las economías de escala, con el resultado de un coste menor de la maquinaria. Esta parte no aportó información ni pruebas nuevas a este respecto que pudieran restar validez a las conclusiones expuestas en los considerandos 195, 196 y 203 del Reglamento provisional. Por tanto, la alegación de esta parte fue desestimada.

(289)

Hay que recordar que, como se indica en el considerando 203 del Reglamento provisional y se menciona en el considerando 287 del presente Reglamento, los productores exportadores de China no disfrutaban de ninguna ventaja comparativa con respecto a las materias primas y a la maquinaria utilizadas, ya que ambas se importaban mayoritariamente de la Unión. Una parte interesada cuestionó lo antedicho, pero sin aportar ninguna prueba. Los costes laborales y generales, incluidos los costes de amortización, representaban por término medio menos del 10 % del coste total de un módulo en el PI, por lo que se consideró que no habían desempeñado un papel significativo. Los costes de la electricidad representaban por término medio menos del 1 % del coste total de un módulo en el PI, por lo que se consideró que no habían desempeñado un papel significativo. Además, la alegación de que los productores chinos estaban utilizando equipos punteros no se fundamentó.

(290)

Es más, una parte interesada alegó que algunos productores de la Unión adquirían células o módulos del país afectado y los revendían como suyos en el mercado de la Unión. Esa parte pidió que el perjuicio resultante de esas transacciones no se atribuyera a las importaciones objeto de dumping. Sin embargo, la investigación demostró que las importaciones del producto afectado procedentes de la industria de la Unión eran de naturaleza complementaria y limitadas en volumen en comparación con la producción total de la Unión y, por tanto, su efecto sería, si acaso, marginal y no podría considerarse suficiente para romper el nexo causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio sufrido por la industria de la Unión.

(291)

Un importador no vinculado argumentó que en el Reglamento provisional no se había abordado suficientemente el hecho de que el número de empleados hubiera aumentado en el período considerado. Con respecto a esta alegación debe señalarse que el empleo aumentó entre 2009 y 2011 en el caso de los módulos, para luego descender durante el PI. En el caso de las células, el empleo aumentó hasta 2010 y luego disminuyó en 2011 y aún más en el PI. Hay que apuntar que, por lo que respecta a los módulos, el empleo siguió la tendencia de la producción de la Unión. En cuanto a las células, dado que las importaciones chinas incrementaron su cuota de mercado durante todo el período, la industria de la Unión no pudo beneficiarse como se esperaba del aumento del consumo. Por tanto, el descenso del empleo en 2011 y en el PI corresponde a empresas que o bien entraron en concurso de acreedores o bien dejaron de producir células.

(292)

Tras la divulgación final, una parte interesada reiteró que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión se debió a la pequeña escala y a la falta de economías de escala. Como ya se ha explicado en el considerando 285 anterior y en los considerandos 195 y 196 del Reglamento provisional, incluso en el mercado mundial, el tamaño y, por tanto, el beneficio de las economías de escala no pueden seguir desempeñando un papel siendo los índices de utilización en general bajos y habiendo un enorme exceso de capacidades en todo el mundo. Por consiguiente, debió rechazarse esta alegación.

(293)

Además, la misma parte reiteró que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión se debió a la incapacidad de esta para obtener ventajas en relación con los costes. Esta parte alegó que ello se debía, en particular, al hecho de que la mayoría de los productores de la Unión estuvieran integrados verticalmente. Sin embargo, no aportó información adicional alguna sobre la medida en que el hecho de que los productores estén verticalmente integrados podría influir negativamente en su estructura de costes. Por consiguiente, debió rechazarse esta alegación.

(294)

En ausencia de otras observaciones al respecto, se confirman los considerandos 195 a 206 del Reglamento provisional.

3.8.   Competencia de productos fotovoltaicos de capa fina y otras tecnologías fotovoltaicas

(295)

Tras la divulgación provisional, una parte interesada reiteró la alegación de que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión fue causado por la competencia de los productos fotovoltaicos de capa fina y otras tecnologías fotovoltaicas, pues estas tecnologías competían con el producto investigado especialmente en relación con los sistemas montados en el suelo y los sistemas comerciales o industriales para tejados, que constituyen una parte sustancial del mercado fotovoltaico total de la Unión.

(296)

La investigación puso de manifiesto que, aunque los productos fotovoltaicos de capa fina son más baratos que el producto investigado, ocupan una cuota limitada del mercado solar, pues su eficiencia de conversión es mucho menor y su potencia de salida más baja que la de los módulos de silicio cristalino. De acuerdo con la información disponible, la cuota de mercado de los productos de capa fina no fue significativa si se compara con el mercado solar total de la Unión durante el PI. Por tanto, se confirma la conclusión del considerando 208 del Reglamento provisional según la cual, aunque pueda haber alguna competencia entre los productos de capa fina y el producto considerado, esa competencia se considera marginal. Por las razones expuestas, hubo que rechazar los argumentos presentados a este respecto.

(297)

Tras la divulgación final, una parte interesada reiteró que la competencia de los productos de capa fina fue probablemente la causante del perjuicio sufrido por la industria de la Unión. A este respecto, la parte argumentó que, en Alemania, la cuota de mercado de los productos de capa fina en el mercado solar total fue sustancial durante la mayor parte del PI y solo disminuyó hacia el final de este período.

(298)

La investigación puso de manifiesto que los precios medios de los productos de capa fina fueron efectivamente inferiores a los del producto investigado.

(299)

Sin embargo, como se explica en el considerando 296, los productos de capa fina presentan una eficiencia de conversión mucho menor y una potencia de salida más baja que los módulos de silicio cristalino y, por tanto, la competencia entre estos dos productos, de haberla, no podría contribuir al perjuicio de la industria de la Unión, pues los módulos de silicio cristalino constituyen la tecnología dominante en el mercado solar de la Unión. En el informe de 2012 del JRC sobre la situación del sector fotovoltaico se apunta que, como consecuencia de la caída de los precios del polisilicio, los productos de capa fina perdieron cuota de mercado en favor de los módulos de silicio cristalino durante los últimos años.

(300)

No habiendo otras observaciones a este respecto, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 207 a 210 del Reglamento provisional.

3.9.   La crisis financiera y sus efectos sobre el acceso a la financiación

(301)

Tras la divulgación provisional se alegó que deberían separarse y distinguirse los efectos perjudiciales de la crisis financiera y sus efectos sobre el acceso a la financiación, y no atribuirse a las importaciones objeto de dumping.

(302)

A este respecto hay que remitirse al considerando 212 del Reglamento provisional, en el que se abordaban específicamente los efectos de la crisis financiera y de la recesión económica en la situación de la industria de la Unión. En ese considerando se explica con detalle el razonamiento subyacente a la conclusión de que la crisis financiera, aun habiendo influido en la situación de la industria de la Unión, no rompió el nexo causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión. Este razonamiento concreto no fue cuestionado por las partes interesadas, y estas no aportaron información o pruebas nuevas que pudieran restar validez a las conclusiones del citado considerando. Por tanto, se desestimaron las alegaciones a este respecto.

(303)

También se alegó que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión se debió a que esta no supo encontrar la financiación apropiada y que la Comisión debería investigar si la industria de la Unión solicitó financiación mientras era siendo rentable. De hecho, la investigación puso de manifiesto que en 2010 la industria de la Unión siguió siendo rentable y que el nivel de inversión aumentó con respecto a los módulos y las células un 315 % y un 10 %, respectivamente, en comparación con 2009. Dado que la industria fotovoltaica requiere mucho capital, es de esperar que la industria de la Unión busque constantemente financiación para incrementar su rentabilidad y competir con las desleales importaciones objeto de dumping. Por consiguiente, se concluye que la falta de acceso a la financiación fue la consecuencia, y no la causa, de la situación distorsionada creada por las importaciones objeto de dumping. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(304)

Tras la divulgación final, una parte interesada reiteró que deberían separarse y distinguirse los efectos perjudiciales de la crisis financiera y no atribuirse a las importaciones objeto de dumping. Esta parte hizo referencia a la información públicamente disponible según la cual por lo menos un productor de la Unión sentía que la crisis financiera era la principal causante de su situación de perjuicio. La presente investigación basó sus conclusiones en datos específicos de las empresas, que van mucho más allá de las declaraciones públicas de empresas concretas. Así pues, la declaración pública a la que se hizo referencia no puede restar validez a las conclusiones del considerando 212 del Reglamento provisional, en el que se concluía que, aunque la crisis financiera tuvo un cierto efecto en la situación de la industria de la Unión, no podría romper el nexo causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio importante sufrido por dicha industria. En consecuencia, hubo que rechazar esta alegación.

(305)

Otra parte interesada alegó que debería tenerse en cuenta el diferente acceso a la financiación de la industria de la Unión y los productores exportadores chinos. Esta parte alegó que este fue uno de los principales factores que causaron el perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión, y no las importaciones objeto de dumping. Sin embargo, se ha determinado que el acceso preferencial de una serie de productores exportadores chinos a la financiación distorsiona el mercado y puede ser una de las razones principales por las que estos pueden exportar el producto afectado a precios objeto de dumping. Por tanto, este factor no puede romper el nexo causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión. Por consiguiente se desestimó esta alegación.

(306)

En ausencia de otras observaciones sobre los efectos de la crisis financiera, se confirman las conclusiones de los considerandos 211 y 212 del Reglamento provisional.

3.10.   Exportaciones de la industria de la Unión

(307)

No habiéndose presentado observaciones para reconsiderarlas, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 213 y 215 del Reglamento provisional.

3.11.   Descubrimiento de yacimientos de gas de esquisto en la Unión Europea

(308)

No habiéndose presentado observaciones para reconsiderarlas, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 215 a 217 del Reglamento provisional.

3.12.   El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE)

(309)

No habiéndose presentado observaciones para reconsiderarlas, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 218 y 219 del Reglamento provisional.

3.13.   Decisiones de gestión

(310)

Algunas partes interesadas reiteraron la alegación planteada en el considerando 220 del Reglamento provisional, según la cual el perjuicio importante sufrido por al menos uno de los productores de la Unión se había debido a decisiones de gestión desacertadas. Estas partes aportaron información adicional consistente en un artículo de prensa,. Sin embargo, la información aportada no pudo ser verificada y no podría restar validez a la conclusión de la investigación de que las decisiones de gestión de la empresa en cuestión fueron normales y prudentes y no tuvieron repercusión alguna sobre el conjunto de la industria de la Unión. Por tanto, se rechazaron las alegaciones anteriores.

(311)

No habiendo otras observaciones a este respecto, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 220 y 221 del Reglamento provisional.

3.14.   Otras políticas gubernamentales

(312)

No habiéndose presentado observaciones para reconsiderarlas, se confirman las conclusiones expuestas en el considerando 222 del Reglamento provisional.

3.15.   Otros argumentos

(313)

Una parte interesada alegó que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión se debió a la desventaja precursora y a la falta de apoyo político de la Comisión Europea en años anteriores. Esta parte alegó también que, además de los sistemas nacionales de apoyo, también son factores importantes del mercado la población, el PIB, el consumo de electricidad, las oportunidades de financiación y la capacidad de conexión a la red. Sin embargo, no pudo fundamentar sus alegaciones, que, en consecuencia, fueron rechazadas.

(314)

Tras la divulgación final, la misma parte interesada reiteró que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión se debió a la desventaja precursora. Sin embargo, ni analizó ni fundamentó esta alegación, por lo que hubo de ser rechazada.

4.   Evaluación acumulativa de los demás factores que contribuyeron al perjuicio

(315)

La investigación puso de manifiesto que también pudieron contribuir al perjuicio los siguientes factores. Las importaciones del producto afectado procedentes de Taiwán; la reducción del nivel de las tarifas reguladas; los contratos a largo plazo para el suministro de polisilicio de una serie de productores de la Unión; y la crisis económica y financiera.

(316)

Como se ha mostrado en las secciones 3.1 y 3.6, la posible contribución de las importaciones procedentes de Taiwán y de los contratos a largo plazo para el suministro de polisilicio de un número limitado de productores de la Unión es, a lo sumo, marginal, pues cualquier impacto se diluyó a lo largo de la cadena de valor.

(317)

Con respecto a la crisis económica y financiera, la investigación demostró que la principal razón de las dificultades de la industria de la Unión para acceder al capital necesario para las inversiones fueron las importaciones objeto de dumping, que impidieron a dicha industria vender sus productos a precios rentables cuando el mercado de la Unión mostraba elevadas tasas de crecimiento (2009-2011).

(318)

En cuanto a las tarifas reguladas, las terceras partes no fueron capaces de demostrar que sus niveles durante el PI fueran tan bajos que impidieran a los productores de la Unión vender el producto afectado a precios no perjudiciales. Las instituciones opinan que las reducciones de los niveles de las tarifas reguladas pueden explicar un descenso de la demanda, pues ya no serían viables las inversiones en determinados lugares. Sin embargo, las tarifas reguladas no pueden romper el nexo causal, ni siquiera unidas a otros factores que contribuyeron al perjuicio, pues continuaron a un nivel con el que, de no ser por las importaciones objeto de dumping, los productores de la Unión podrían haber vendido sus productos a precios no perjudiciales.

(319)

Por consiguiente, aunque se evalúe el efecto acumulativo de los cuatro factores que posiblemente contribuyeran al perjuicio, no se rompe el nexo causal entre el dumping y el perjuicio.

5.   Conclusión sobre la causalidad

(320)

Todos los efectos de los factores de perjuicio distintos de las importaciones objeto de dumping se analizaron individual y colectivamente. Por tanto, se concluye que la evaluación acumulativa de todos los factores que pueden haber tenido un efecto sobre la situación de perjuicio de la industria de la Unión (a saber, las importaciones procedentes de terceros países, las tarifas reguladas, los precios de la materia prima y la crisis financiera) no explica el perjuicio sufrido por dicha industria, en particular en cuanto a los bajos precios y las pérdidas financieras resultantes de la penetración de importaciones a bajo precio y en cantidades importantes del producto afectado procedentes de China. Sobre la base de lo anterior, se confirman las conclusiones provisionales expuestas en los considerandos 223 a 224 del Reglamento provisional según las cuales las importaciones objeto de dumping procedentes de China ocasionaron un perjuicio importante a la industria de la Unión a tenor del artículo 3, apartado 6, del Reglamento de base.

F.   INTERÉS DE LA UNIÓN

1.   Observaciones preliminares

(321)

Tras la divulgación provisional, una parte interesada alegó que la evaluación del interés de la Unión no se basaba en un número representativo de agentes.

(322)

La Comisión se puso en contacto con los distintos agentes de la manera que se expone a continuación.

(323)

Importadores no vinculados: como se menciona en el considerando 12 del Reglamento provisional, la Comisión se puso en contacto con los doscientos cincuenta importadores no vinculados dados a conocer por el denunciante y seleccionó una muestra provisional, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base, para cubrir el mayor volumen de importaciones representativo que podía investigarse razonablemente en el plazo disponible. Sin embargo, como se expone en los considerandos 12 y 232 del Reglamento provisional, solo una de las empresas seleccionadas provisionalmente pudo de hecho confirmarse, tras la verificación, como importador no vinculado. Tras la publicación del Reglamento provisional, se invitó a seguir cooperando en la investigación a otros quince importadores no vinculados que habían presentado un formulario de muestreo en la fase de inicio, pero que no fueron incluidos en la muestra. Seis de ellos se mostraron de acuerdo y recibieron un cuestionario y, de las cinco respuestas recibidas, tres se consideraron suficientemente completas. Así pues, la muestra definitiva de importadores no vinculados comprende cuatro importadores no vinculados que representan del 2 % al 5 % de las importaciones del producto afectado. En cuanto a ese porcentaje tan bajo, debe tenerse presente que la mayoría de las importaciones del producto afectado en la Unión no tienen lugar a través de importadores no vinculados, tal como se explica en el considerando 12 del Reglamento provisional.

(324)

Agentes distintos de los importadores no vinculados (operadores en sentido ascendente y descendente): como se menciona en el considerando 226 del Reglamento provisional, la Comisión envió también cuestionarios específicos a unos ciento cincuenta agentes, incluidos los importadores no vinculados que se habían presentado al iniciarse la investigación, que tuvieron así oportunidad de aportar los datos pertinentes a la Comisión. Además, en la investigación se tuvieron en cuenta no solo las respuestas a los cuestionarios, sino también los comentarios y las observaciones verificables y debidamente fundamentados presentados por las partes interesadas dentro de los plazos, sin importar si dichas partes habían respondido o no al cuestionario. En particular, la AFASE transmitió a la Comisión observaciones en nombre de sus miembros y de agentes del sector fotovoltaico, que también se tuvieron en cuenta.

(325)

A la luz de lo antedicho, se reunieron elementos suficientes para hacer una evaluación válida del interés de la Unión. Por estos motivos, el argumento fue rechazado.

(326)

Una parte interesada pidió a la Comisión que aclarara cómo trataba los cuestionarios de importadores que se consideraba enviados por operadores en sentido descendente.

(327)

En respuesta a esta petición, hay que aclarar que las treinta y seis respuestas indicadas en el considerando 241 del Reglamento provisional son respuestas al anexo B del anuncio de inicio, cuya finalidad era reunir una muestra de importadores no vinculados, si procedía.

(328)

En cuanto a las respuestas a los cuestionarios de los dos agentes indicados en el considerando 12 del Reglamento provisional, una se tuvo en cuenta en el análisis pertinente de los operadores en sentido descendente. El segundo agente presentó información adicional que reveló, en contra de lo enunciado en el considerando 12 del Reglamento provisional, que se trataba en efecto de un importador de módulos, pero no de células. No obstante, la información proporcionada en su respuesta al cuestionario no bastaba para incluirla en el análisis de los importadores no vinculados, pues las respuestas eran incompletas.

(329)

Tras la imposición de las medidas provisionales, se realizaron más inspecciones en los locales de dos desarrolladores de proyectos (véase el considerando 8). Además, se analizaron y tuvieron en cuenta a efectos de la presente investigación (véanse los considerandos 369 a 371) las seis respuestas a los cuestionarios específicos (véase el considerando 324) de proveedores de servicios que también operan en el sector fotovoltaico (logística, transporte, relaciones públicas, etc.), que inicialmente no se consideraron suficientemente completas (véase el considerando 241 del Reglamento provisional).

(330)

En resumen, el análisis del interés de la Unión se basó en la siguiente información:

las respuestas a los cuestionarios recibidas de ocho productores de la Unión incluidos en la muestra y cuatro importadores no vinculados incluidos en la muestra, así como las respuestas al cuestionario específico recibidas de ocho operadores en sentido ascendente y trece operadores en sentido descendente (siete desarrolladores de proyectos o instaladores y seis proveedores de servicios activos en el sector fotovoltaico), de los ciento cincuenta que se dieron a conocer tras el inicio y recibieron cuestionarios específicos;

los datos verificados en las inspecciones in situ realizadas en los locales de ocho productores de la Unión, un importador no vinculado, dos operadores en sentido ascendente, cuatro operadores en sentido descendente (desarrolladores de proyectos o instaladores) y una asociación (véanse el considerando 17 del Reglamento provisional y el considerando 8 del presente Reglamento);

los datos sobre el interés de la Unión presentados por otras partes interesadas, en especial asociaciones, y los datos públicamente accesibles sobre la evolución del mercado fotovoltaico en Europa, en particular: Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017 (Panorama del mercado mundial de la energía fotovoltaica en el período 2013-2017), de la EPIA.

2.   Interés de la industria de la Unión

(331)

Algunas partes interesadas cuestionaron que la industria de la Unión pudiera beneficiarse de las medidas, argumentando que: i) las medidas reducirían la demanda de productos fotovoltaicos en la Unión y, por tanto, la industria de la Unión no podría aumentar sus ventas, ii) las fábricas de la industria de la Unión son de pequeñas dimensiones y, por consiguiente, esta industria no es capaz de satisfacer la demanda de determinados tipos de instalaciones, como las comerciales de tejado y las grandes instalaciones montadas en el suelo; iii) los productores de la Unión no son «bancarizables»; iv) la imposición de derechos a las células incrementará de facto el coste de producción de los productores de módulos de la Unión y hará estos productos menos atractivos; v) en caso de que las importaciones chinas se reduzcan de forma significativa, lo más probable es que los productores de otros terceros países se aprovechen de esa reducción de importaciones procedentes de China.

(332)

En cuanto a la alegación de que las medidas reducirían la demanda de productos fotovoltaicos en la Unión y, por tanto, la industria de la Unión no podría aumentar sus ventas, debe señalarse que las partes no fueron capaces de aportar ninguna prueba verificable de la existencia de un nexo directo entre la imposición de medidas y el descenso de la demanda de productos fotovoltaicos, en la que, como se ha demostrado, han influido durante años diversos factores.

(333)

En respuesta a la alegación de que las fábricas de la industria de la Unión son de pequeñas dimensiones y, por consiguiente, esta industria no es capaz de satisfacer la demanda de determinados tipos de instalaciones, como las comerciales de tejado y las grandes instalaciones montadas en el suelo, debe señalarse que la investigación puso de manifiesto que la industria de la Unión tiene capacidad para suministrar instalaciones comerciales e industriales (entre 40 kW y 1 MW) e instalaciones del segmento de mercado de servicios públicos (entre 1 MW y 10 MW). Además, la investigación no encontró prueba alguna de que no pudieran utilizarse en un mismo proyecto productos suministrados por fabricantes diferentes. Por consiguiente se desestimó esta alegación.

(334)

El argumento de que la industria de la Unión no se beneficiaría de las medidas porque los productores de la Unión no son «bancarizables» y los fondos de inversiones no aceptarían financiar proyectos con módulos fabricados en la UE no fue fundamentado. En cualquier caso, se espera que la imposición de las medidas restaure condiciones justas de mercado que permitan a los inversores, en particular del sector bancario, confiar en la capacidad de los productores de la Unión de desarrollar proyectos viables. Por estos motivos, el argumento fue rechazado.

(335)

En cuanto a la alegación de que la imposición de derechos a las células incrementará de facto el coste de producción de los productores de módulos de la Unión y hará estos productos menos atractivos para los consumidores, si bien no se descarta que pueda haber una cierta subida de precios a raíz de la imposición de los derechos, también debe tenerse presente que, según las fuentes públicamente disponibles, la tendencia de precios de los módulos y las células es a la baja. Así, aun cuando el precio de las células podría aumentar a consecuencia de las medidas, la tendencia general de bajada de los precios resultaría en unos costes menores de los módulos. Los productores en cuestión pueden también decidir proveerse de células en la Unión, y ya no en China. Por último, se espera que la imposición de las medidas incremente la utilización de la capacidad de los productores de células de la Unión, aumentando así sus economías de escala y, por ende, reduciendo los costes. Por consiguiente se desestimó esta alegación.

(336)

El argumento de que, en caso de que las importaciones chinas se reduzcan de forma significativa a raíz de la imposición de las medidas, lo más probable es que se aprovechen de ello los productores de otros terceros países, y no la industria de la Unión, no fue confirmado por la investigación. La investigación no reveló ningún indicio claro de que los demás terceros países fueran a dirigir directamente sus exportaciones de forma masiva al mercado de la Unión, en particular si se tiene en cuenta la probable expansión de los mercados de otros terceros países, concretamente en Asia, según pronostican fuentes públicamente disponibles. Por último, nada indica que, incluso si las importaciones procedentes de otros terceros países aumentaran a consecuencia de la caída de las importaciones chinas, la industria de la Unión no sería capaz de competir con las importaciones de esos países.

(337)

En respuesta a la divulgación final, algunas partes argumentaron que no es realista esperar la emergencia de una industria de la Unión fabricante de módulos y células que sea sostenible, ya que no hay ningún inversor sensato dispuesto a invertir en unos productores de la Unión que supuestamente adolecen de una estructura de costes desfavorable y, por tanto, no pueden producir a precios competitivos. La investigación no confirmó que la industria de la Unión adoleciera de una estructura de costes desfavorable, como se explica en los considerandos 202 y 203 del Reglamento provisional. Por consiguiente, la ausencia de importaciones objeto de dumping y una utilización más amplia de las capacidades generarían economías de escala y permitirían la emergencia de una industria de la Unión sostenible. Por todo lo que antecede, se rechazó este argumento.

(338)

Una parte argumentó que, en la Unión, la demanda se mueve en función de la evolución de las tarifas reguladas y que el rendimiento de las inversiones que esperan los inversores está unido a esa evolución. En particular, se alegó que, si los precios suben en la Unión como consecuencia de los derechos y las tarifas reguladas no responden consecuentemente a esa subida, la demanda disminuirá y la industria de la Unión no se beneficiará de los derechos impuestos.

(339)

En respuesta a esta alegación, debe señalarse que, a pesar de la correlación existente entre el nivel de las tarifas reguladas y la demanda de instalaciones fotovoltaicas, las pruebas reunidas durante la investigación indican que, en el futuro, la demanda dependerá cada vez menos de las tarifas reguladas y otros sistemas de apoyo, pues es probable que con determinados tipos de instalaciones se alcance la paridad de red fotovoltaica en varios lugares de la Unión (véase el considerando 260). Por otro lado, el rendimiento previsto de las inversiones debe basarse en precios de mercado leales. Por último, como se menciona en el considerando 335, aunque no se descarta que los precios puedan subir algo a consecuencia de la imposición de las medidas, debe señalarse que las fuentes públicamente disponibles indican que la tendencia general de los precios es a la baja. Por tanto, se rechazó el argumento.

(340)

Las partes interesadas señalaron que, debido a que la demanda de paneles solares se mueve en función de los sistemas de apoyo, en particular las tarifas reguladas, y del precio de la electricidad para el consumidor final (que determina la paridad de red), la elasticidad-precio de la demanda puede ser muy elevada. Si bien es correcto que un incremento marcado de los precios puede conducir a una reducción importante de la demanda debido a la naturaleza del mercado señalada por las partes interesadas, debe rechazarse ese argumento, pues es muy improbable que las medidas causen incrementos marcados de los precios, por las razones que se exponen a continuación. En primer lugar, todas las fuentes disponibles confirman que continuará la marcada reducción de los precios del producto afectado registrada durante todo el PI y desde el PI hasta ahora.

En segundo lugar, el efecto económico del compromiso aceptado por la Comisión es que los productores exportadores chinos suministrarán el producto afectado a un precio mínimo de importación inferior a 60 c/W, muy por debajo del precio que se observó durante el PI, a un volumen que se corresponde aproximadamente con su actual cuota de mercado. Con ese nivel de precios, es muy poco probable que la demanda caiga de forma significativa, pues dicho nivel garantiza una demanda suficiente tanto con el nivel actual de ayuda proporcionado por los sistemas de apoyo como con los niveles actuales de paridad de red. Por otro lado, se espera que el precio de la electricidad para los consumidores finales aumente y que el precio del producto afectado disminuya. Por medio de una fórmula de indexación, el compromiso garantiza que las ulteriores reducciones de precio del producto afectado se tengan en cuenta para el precio mínimo de importación. Así pues, hubo que rechazar estos argumentos.

(341)

Varias partes interesadas reiteraron la alegación de que el interés de la industria de la Unión no es significativo, pues el valor añadido generado por las industrias en sentido ascendente y descendente es mucho más importante que el generado por la industria de la Unión en la cadena de valor fotovoltaica. No se discute el argumento de que los diversos segmentos del sector fotovoltaico tienen distinto valor añadido. Como se menciona en el considerando 228 del Reglamento provisional, la investigación determinó que la industria de la Unión había sufrido un perjuicio importante causado por prácticas comerciales desleales. De hecho, algunos productores de la Unión ya se han visto forzados a cerrar y, en ausencia de medidas, es seguro que la situación seguirá deteriorándose. Como todos los segmentos del sector fotovoltaico están estrechamente interrelacionados, la desaparición de la producción de la Unión iría en detrimento de todo el sector fotovoltaico, haciéndolo totalmente dependiente de fuentes de suministro externas. Por tanto, y por razones de seguridad del suministro, se rechazó este argumento.

(342)

En respuesta a la divulgación final, una parte interesada reiteró la alegación de que el mayor valor añadido generado por las industrias en sentido ascendente y descendente, en comparación con el generado por la industria de la Unión del producto afectado, es pertinente para determinar si han de imponerse medidas antidumping. A este respecto se confirma que, al evaluar el interés de la Unión, las instituciones sopesaron las consecuencias positivas y negativas que podían tener los derechos para los diversos agentes económicos. Mientras que el impacto en las industrias en sentido ascendente y descendente será limitado, las medidas ofrecerán a la industria de la Unión la posibilidad de recuperarse del dumping perjudicial.

(343)

Una parte cuestionó el número de puestos de trabajo que se garantizarán con la imposición de las medidas. Alegó que la industria de la Unión emplea a unas seis mil personas, y no a veinticinco mil, como se indica en el considerando 229 del Reglamento provisional.

(344)

Sin embargo, no aportó ninguna prueba que sostuviera esa alegación, que, por consiguiente, fue desestimada. Hay que aclarar que, en vista de la exclusión de las obleas de la definición del producto, el empleo en la industria de la Unión fue de unas veintiuna mil personas durante el PI. Las partes interesadas no aportaron ninguna prueba de que el número de empleados en la industria de la Unión hubiera cambiado de forma significativa después del PI.

(345)

En conclusión, la investigación demostró que la industria de la Unión sufrió un perjuicio importante causado por las importaciones objeto de dumping procedentes de China, al ser incapaz de recuperar la inversión con unas ventas rentables. Se espera que la imposición de medidas restablezca unas condiciones comerciales justas en el mercado de la Unión, que permitan a la industria de la Unión competir en igualdad de condiciones. El probable descenso de las importaciones procedentes de China ha de permitir a la industria de la Unión aumentar sus ventas en la Unión y, de ese modo, utilizar mejor las capacidades de producción disponibles a corto plazo. A su vez, esto puede generar economías de escala. Si bien es posible que los precios del producto similar aumenten en un corto espacio de tiempo debido a las medidas, es probable que la tendencia general a la baja de los precios se mantenga merced, por un lado, a la disminución del coste de producción del producto investigado y, por otro, a la presión competitiva de los productores de terceros países, que también competirían en el mercado de la Unión.

(346)

No habiéndose recibido ninguna otra observación, se confirma lo expuesto en los considerandos 227 y 231 del Reglamento provisional, con excepción de la cifra de empleo citada en el considerando 344 del presente Reglamento.

3.   Interés de los importadores no vinculados

(347)

Tras la divulgación provisional, el importador no vinculado que había respondido al cuestionario antes de que se impusieran las medidas provisionales y que se había considerado que constituía la muestra provisional alegó que las conclusiones con respecto al impacto de las medidas en los importadores no vinculados se habían basado únicamente en su propia respuesta al cuestionario, que por tanto no podía considerarse representativa.

(348)

El Reglamento provisional basaba sus conclusiones relativas a los importadores no vinculados en una sola empresa debido a que, como se explica en su considerando 232, el comercio del producto afectado era la principal actividad únicamente de uno de los tres importadores incluidos de manera provisional en la muestra. Como se ha dicho en el considerando 21, la muestra se amplió a raíz de la imposición de las medidas provisionales, se entró en contacto con más importadores no vinculados y de las otras cinco respuestas a los cuestionarios recibidas, solo tres eran lo bastante completas y permitían una evaluación válida. En la fase definitiva, la muestra de importadores no vinculados se amplió hasta cuatro importadores. En conjunto, durante el PI, la actividad de los cuatro importadores no vinculados incluidos en la muestra que cooperaron relacionada con el producto afectado representó entre el 60 % y el 100 % de su actividad empresarial total. Además, los cuatro importadores no vinculados que cooperaron recibieron de China entre el 16 % y el 100 % de todas sus importaciones de módulos, y solo uno de ellos las recibió exclusivamente del país afectado. La rentabilidad de los cuatro importadores no vinculados incluidos en la muestra que cooperaron en relación con el producto afectado fue por término medio de un 2,3 % en el PI.

(349)

Una parte interesada argumentó que la repercusión de los derechos en los importadores no vinculados se había subestimado, pues no existen fuentes de suministro alternativas que pudieran reemplazar de inmediato a las importaciones chinas del producto afectado si se impusieran los derechos, y alegó asimismo que resulta difícil cambiar de fuente de suministro, dado que la principal producción está asentada en China y los costes adicionales serían significativos.

(350)

A este respecto hay que recordar que la imposición de medidas no tiene por qué tener como resultado la desaparición de las importaciones del producto afectado procedentes de China. La investigación indicó que el posible descenso de las importaciones procedentes de China repercutirá en particular en aquellos importadores que se abastecen del producto afectado exclusivamente de China, lo cual solo ocurre con uno de los cuatro importadores no vinculados que cooperaron. En cuanto al impacto de las medidas en la situación financiera de los importadores no vinculados, no se descartó que pueda ser negativo, pero se concluyó que dependerá en gran medida de su capacidad para encontrar otras fuentes de suministro o de repercutir por lo menos parte del posible aumento de precios en sus clientes. Para los agentes que importan el producto también de otros fuentes distintas de China o que importan otros productos además del producto afectado, el impacto negativo será más limitado. Por consiguiente, la Comisión considera que, a pesar de que probablemente habrá un impacto negativo para los importadores del producto afectado, este será, por término medio, limitado.

(351)

Un importador no vinculado argumentó que, antes de aceptar productos de un nuevo proveedor, son necesarios un tiempo de trabajo y una inversión financiera significativos. A este respecto se alegó en respuesta a la divulgación final que se habían facilitado al equipo de la inspección in situ pruebas pertinentes del mucho tiempo que ha de invertir un importador en ensayos del producto antes de tomar la decisión de recibir suministros de un exportador en particular.

(352)

Debe reconocerse que el establecimiento de una nueva relación entre un importador y un proveedor puede conllevar costes e inversiones de tiempo adicionales (por ejemplo para ensayar el producto). Al mismo tiempo, el cambio de proveedores parece ser un riesgo normal calculado en la actividad profesional de un importador y guarda relación con el hecho de que el mercado fotovoltaico está madurando y experimenta, por tanto, cambios constantes (por ejemplo concursos de acreedores o fusiones), que exigen el paso a nuevos proveedores. Por otro lado, puede suponerse que los nuevos tipos de módulos que llegan al mercado de manera constante (por ejemplo, con nuevas características de eficiencia) también requieren ensayos. A este respecto, el ensayo de nuevos productos (aun provenientes del mismo proveedor) parece ser una actividad normal más que inusual. En consecuencia, se rechaza el argumento.

(353)

En respuesta a la divulgación final, dos partes reiteraron la alegación de que no se había tomado adecuadamente en consideración el interés de los importadores no vinculados. Una parte alegó que la falta de las versiones no confidenciales de las respuestas a los cuestionarios de los importadores cooperantes adicionales no permitió a las partes hacer una evaluación adecuada. Cuestionó la evaluación de la Comisión sobre la posibilidad de que aumentaran las importaciones en la Unión procedentes de otros terceros países, lo que permitiría a los importadores cambiar de proveedores, según el supuesto de que los mercados de otros terceros países están en expansión. Para ello, la parte alegó que ese supuesto está en contradicción con las conclusiones del considerando 336, en el que se argumentaba que las importaciones de otros terceros países no serían masivas. Otra parte cuestionó si la Comisión había respetado el principio de no discriminación, pues en su evaluación se había dado más prominencia a los productores de la Unión que a otros agentes.

(354)

En primer lugar, se confirma que la versión no confidencial de las respuestas a los cuestionarios recibidos tras la publicación del Reglamento provisional por los importadores cooperantes adicionales se incluyeron en el expediente para que pudieran consultarlas las partes interesadas. En segundo lugar, no hay contradicción entre el supuesto de que las importaciones procedentes de otros terceros países puedan aumentar en respuesta a la reducción de las importaciones procedentes de China y el que ese aumento no sea masivo en vista de la creciente demanda mundial de instalaciones fotovoltaicas. Al mismo tiempo, puesto que se espera que la industria de la Unión retome parte de la cuota de mercado anteriormente ocupada por los productos de China, no puede descartarse una cierta pérdida de negocio para los importadores no vinculados. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se espera que el mercado fotovoltaico siga creciendo globalmente a largo plazo, pues se alcanza la paridad de red cada vez en más sitios. Por último, debe aclararse que, como en todas las investigaciones de defensa del comercio, mientras que la situación de la industria de la Unión se evaluó para determinar si sufrió un perjuicio importante a causa de las importaciones objeto de dumping, en el contexto del análisis del interés de la Unión el interés de la industria de la Unión se evaluó del mismo modo que el de otros agentes económicos, incluidos los importadores no vinculados. También debe aclararse que la investigación para determinar si la industria de la Unión sufrió un perjuicio importante se rige concretamente por el artículo 3, apartado 5, del Reglamento de base, en el que se establecen los factores mínimos que han de examinarse en tal investigación. El interés de la Unión solo se analiza una vez que se ha determinado el dumping perjudicial de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de base. Tras ese análisis se consideró que el probable impacto negativo de las medidas sobre algunos importadores, en particular aquellos cuya única fuente de suministro es China, no superaba a los beneficios para la industria de la Unión ni a los beneficios que una competencia leal tendría a medio y largo plazo para el mercado fotovoltaico de la Unión.

(355)

En ausencia de otras observaciones, y sobre la base de la información acerca de los cuatro importadores incluidos en la muestra, se confirman los considerandos 233 y 234 del Reglamento provisional.

4.   Interés de los operadores en sentido ascendente

(356)

Tras la divulgación provisional, varias partes reiteraron la alegación de que la mayoría de los insumos de la cadena de valor fotovoltaica provienen de la Unión y que esa situación ventajosa podría terminar si se impusieran los derechos, ya que la producción en China del producto afectado disminuiría. En respuesta a la divulgación final, una parte señaló que las medidas en este caso podrían dar lugar a otras medidas que China podría imponer a los productos de la Unión.

(357)

A este respecto, como se menciona en el considerando 239 del Reglamento provisional, se espera que las importaciones chinas sigan abasteciendo al mercado de la Unión incluso con los derechos impuestos. Además, varias fuentes públicamente accesibles del sector fotovoltaico, como el Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017 de la EPIA, pronostican que la posible contracción de la demanda en la Unión será solo a corto plazo (en 2013 y 2014), ya que el consumo aumentará en la Unión en los próximos años. Por otro lado, como se concluye en el considerando 239 del Reglamento provisional, la eliminación de las prácticas comerciales desleales permitirá probablemente generar un crecimiento sostenible a medio y largo plazo en el mercado fotovoltaico de la Unión, del que se han de beneficiar todos los agentes de la Unión. Por último, en cuanto al argumento de una posible represalia de China en respuesta a las medidas en este caso, hay que recordar que este país, como cualquier otro miembro de la OMC, puede recurrir a investigaciones de defensa del comercio solo en circunstancias justificadas y que cualquier investigación de ese tipo debe cumplir normas estrictas de la OMC. La Comisión hace un seguimiento de esas investigaciones para asegurarse de que se respetan las normas de la OMC. Por tanto, se rechazó el argumento.

(358)

Algunas partes refutaron la conclusión del considerando 239 del Reglamento provisional según la cual la reducción de las exportaciones a China de los operadores en sentido ascendente del sector fotovoltaico de la Unión podría compensarse con las exportaciones a otros mercados, argumentando que los derechos reducirán la demanda mundial del producto.

(359)

A este respecto debe señalarse, en primer lugar, que no se espera que las importaciones chinas cesen por completo a consecuencia de los derechos. Además, la información recabada en el curso de la investigación no estableció ninguna correlación directa entre la evolución de las importaciones procedentes de China en el mercado de la Unión y las exportaciones chinas a otros mercados. Por otro lado, las fuentes públicamente disponibles, como el Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017 de la EPIA, prevén que el mercado fotovoltaico mundial crecerá en los próximos años. Por lo que respecta al mercado chino, hay indicios de que el consumo nacional aumentará sustancialmente en China (como indica, por ejemplo, la EPIA). En vista de lo antedicho, no se espera que las exportaciones de los operadores en sentido ascendente de la Unión a China caigan significativamente como consecuencia de la imposición de las medidas.

(360)

También debe tenerse presente que la contracción de la demanda de la Unión en 2013 y 2014 a la que se refiere el considerando 357 podría tener un impacto negativo en los operadores en sentido ascendente. Sin embargo, esto no puede relacionarse, por lo menos no en su mayor parte, con los derechos, pues estaba previsto mucho antes de que se impusieran las medidas provisionales. Por otro lado, por lo que respecta a los productores de la Unión que fabrican maquinaria para la industria fotovoltaica, como también se menciona en el considerando 239 del Reglamento provisional, debido a la gran capacidad disponible en China, no es probable que sus exportaciones a este país puedan aumentar de forma significativa, aun cuando los productores chinos incrementaran su volumen de producción. Por último, la información recogida durante la investigación indicaba que los productores de maquinaria podrían verse afectados también por el duodécimo plan quinquenal chino para la industria solar fotovoltaica, que prevé que para 2015 el 80 % del equipo de fabricación de células provenga de China. Si este cambio se consigue respetando las normas de la OMC, limitará aún más las posibilidades de los productores de maquinaria de la Unión de competir en el mercado chino. Por tanto, se rechazó el argumento esgrimido.

(361)

En respuesta a la divulgación final, las autoridades chinas argumentaron que el duodécimo plan quinquenal para la industria solar fotovoltaica no ofrece más que algunos principios orientativos generales de naturaleza no vinculante, pues no se prevén competencias para garantizar su cumplimiento, y que, por consiguiente, no deben considerarse un indicio de que se limitará la posibilidad de que los fabricantes de maquinaria de la Unión compitan en el mercado chino. A este respecto debe señalarse que las autoridades chinas incluyeron la industria fotovoltaica entre las industrias estratégicas del duodécimo plan quinquenal y además elaboraron un plan específico para la industria solar fotovoltaica. En ese plan, las autoridades chinas expresaban su apoyo a las empresas superiores y las empresas clave y se comprometían a promover la aplicación de diversas políticas de apoyo al sector fotovoltaico y a formular pautas globales de diseño de políticas de apoyo sobre la industria, la financiación, la fiscalidad, etc. Además, puesto que el plan contiene directrices esenciales que la industria china debe seguir durante el período de cinco años, marca profundamente el paisaje empresarial, tanto dentro de China como en los países que hacen negocios con este país. Considerando lo que antecede, existen claros indicios de que el plan restringe la libertad de elección de los fabricantes chinos de células y la presión competitiva de los productores de equipo de fabricación de la Unión que exportan al mercado chino. Por tanto, se rechazó este argumento.

(362)

Un productor de materia prima que había cooperado cuestionó el pronóstico de que otros mercados compensarían el descenso de producción del mercado chino, vista la gran capacidad de producción instalada en China, difícilmente instalable en otra parte.

(363)

Atendiendo a las conclusiones del considerando 359 se rechaza este argumento, pues no hay indicio alguno de ese supuesto descenso de producción en el mercado chino.

(364)

Una parte interesada cuestionó el número de empleados en el sector en sentido ascendente que se cita en el considerando 236 del Reglamento provisional.

(365)

Debe aclararse que la cifra de cuatro mil doscientos empleados citada en el Reglamento provisional no se refiere a todo el sector, sino solo a los operadores en sentido ascendente que cooperaron, como son fabricantes de equipos y proveedores de polisilicio, en cuyas respuestas a los cuestionarios está basada.

(366)

No obstante la exclusión de las obleas de la definición del producto, los productores de la Unión que fabrican este producto han de beneficiarse de la imposición de derechos, pues se espera que la industria de la Unión aumente su producción de células y módulos.

(367)

No habiéndose recibido más observaciones, se confirman los considerandos 235 y 240 del Reglamento provisional.

5.   Interés de los operadores en sentido descendente

(368)

Como se menciona en el considerando 329, tras la imposición de las medidas provisionales se efectuaron más inspecciones en los locales de dos desarrolladores de proyectos.

(369)

Además de siete respuestas a los cuestionarios de los operadores en sentido descendente cuya actividad está directamente relacionada con el producto similar (en concreto desarrolladores de proyectos e instaladores), cuyo análisis constituyó la base para la evaluación de los operadores en sentido descendente del Reglamento provisional, se analizaron con más detalle otras seis respuestas a los cuestionarios presentadas en la fase provisional y consideradas incompletas (véase el considerando 241 del Reglamento provisional), pues proporcionaban indicios sobre la importancia relativa de la actividad relacionada con el sector fotovoltaico respecto de la actividad total.

(370)

Los seis operadores adicionales en cuestión eran proveedores de servicios en el sector fotovoltaico (logística, transporte, relaciones públicas, etc.), es decir, operadores cuya actividad no está directamente relacionada con el producto investigado. A pesar de algunas deficiencias en las respuestas, los datos de los cuestionarios demostraron que la actividad de estos operadores relacionada con el sector fotovoltaico era marginal con respecto a su actividad total. De hecho, durante el PI la actividad relacionada con el sector fotovoltaico solo representó por término medio en torno al 5 % de la cifra de negocios total y al 8 % del empleo total. La rentabilidad media fue del 7 % aproximadamente. Sin embargo, debe señalarse que los datos sobre la rentabilidad no eran completos, pues no todos los operadores dieron información a este respecto.

(371)

Sobre la base de este análisis más detallado se concluyó que, a la luz de los datos proporcionados, no es probable que las medidas tengan un impacto significativo en la situación económica de los proveedores de servicios del sector fotovoltaico.

(372)

Tras la divulgación provisional y final, varias partes cuestionaron la representatividad de los datos relativos a los operadores en sentido descendente sobre cifra de negocios, rentabilidad y empleo extraídos por la Comisión de las respuestas a los cuestionarios de siete operadores en sentido descendente. AFASE presentó una «encuesta» realizada entre sus miembros (instaladores) con el fin de ilustrar que para la mayoría de los instaladores el negocio fotovoltaico constituye una fuente primaria de ingresos. AFASE alegó además que los operadores en sentido descendente, en particular los instaladores, en contra de las conclusiones del considerando 242 del Reglamento provisional, no obtendrían más que márgenes de beneficio de un dígito que no les permitirían absorber derecho alguno.

(373)

Por lo que respecta a la representatividad de los datos utilizados en el Reglamento provisional, la Comisión utilizó todos los datos aportados por los operadores en sentido descendente que rellenaron el cuestionario específico, así como las observaciones presentadas por AFASE, según se explica en el considerando 330.

(374)

En cuanto a la alegación de que la actividad fotovoltaica constituye una fuente primaria de ingresos para los instaladores, un análisis más detallado de las respuestas a los cuestionarios presentadas por los siete operadores en sentido descendente (instaladores y desarrolladores de proyectos) confirmó que la actividad directamente relacionada con el producto similar investigado representó por término medio en torno al 42 % de la actividad total de estos operadores, mientras que rentabilidad equivalió por término medio al 11 %. Sin embargo, si se tienen también en cuenta sus actividades (no relacionadas directamente con el producto investigado), su importancia global aumenta sustancialmente en el caso de tres de los siete operadores. Por consiguiente, la relación correspondiente iría de un 45 % a un 100 % durante el PI. Además, en el caso de los siete operadores (instaladores y desarrolladores de proyectos), la rentabilidad de la actividad fotovoltaica, incluidas las actividades no directamente relacionadas con el producto investigado, sería de un promedio del 9 %. En relación con el empleo, cabe decir que la actividad fotovoltaica, incluidas las actividades no relacionadas directamente con el producto investigado, habría empleado a seiscientos sesenta equivalentes a tiempo completo durante el PI en el conjunto de los siete operadores. Aparte de las instalaciones y los proyectos fotovoltaicos, estos operadores también trabajaron en instalaciones de energía eólica y en la producción de equipos eléctricos.

(375)

Se considera que cualquier impacto de las medidas en los operadores en sentido descendente debe evaluarse primariamente en relación con su actividad directamente relacionada con el producto investigado, que en el PI alcanzó una rentabilidad por término medio del 11 %. Sin embargo, incluso si se evaluara sobre la base de la actividad fotovoltaica global no relacionada directamente con el producto investigado, las conclusiones serían similares a la de la fase provisional, pues, en conjunto, los diversos factores tomados en consideración, concretamente la rentabilidad y la posibilidad de absorber parte del derecho, no varían de forma significativa (la rentabilidad disminuye del 11 % de media al 9 % de media). En respuesta a la divulgación final, una parte en cuyos locales la Comisión había llevado a cabo una inspección cuestionó la representatividad de la conclusión sobre la rentabilidad de los instaladores y desarrolladores, que, por lo que a ella se refiere, estaría supuestamente basada en una única transacción. No se acepta este argumento, pues la Comisión calculó la rentabilidad de los operadores en sentido descendente basándose en todos los datos presentados por ellos en sus respuestas a los cuestionarios.

(376)

Por lo que se refiere a la encuesta realizada por la AFASE entre sus miembros, debe señalarse en primer lugar que todos los operadores tuvieron ocasión de darse a conocer al inicio de la investigación y de responder al cuestionario específico diseñado para los operadores en sentido descendente, en el que se les pedía información para evaluar cómo les afectarían los derechos. En segundo lugar, en esa encuesta no se facilitaba la identidad de los instaladores, lo cual no permitió verificar, por ejemplo, la pertinencia y la fiabilidad de los datos aportados. En tercer lugar, mientras que una serie de preguntas de la encuesta se referían a la capacidad de los instaladores para absorber los posibles derechos, no se hacía referencia alguna en la encuesta a los beneficios obtenidos por los instaladores durante el PI, perdiéndose así un elemento importante para evaluar el impacto de las medidas. En consecuencia, no pudieron extraerse conclusiones válidas de la encuesta presentada.

(377)

Varias partes cuestionaron las conclusiones de los considerandos 247 y 250 del Reglamento provisional, según las cuales habría un impacto negativo a corto plazo en el empleo del segmento en sentido descendente y el impacto global sería negativo pero limitado, ya que se prevé que el mercado fotovoltaico de la Unión crezca a medio y largo plazo. Algunas partes alegaron además que serían sobre todo los instaladores, dependientes de las instalaciones fotovoltaicas, los que sufrirían el declive de la demanda.

(378)

Se analizaron con más detalle las posibles pérdidas de puestos de trabajo resultantes de la imposición de los derechos. En términos generales, la información recabada durante la investigación confirmó que el sector en sentido descendente había estado perdiendo puestos de trabajo como consecuencia de una contracción de la demanda de instalaciones fotovoltaicas en la Unión de aproximadamente 5 GW entre 2011 y 2012, como ya se indica en el considerando 246 del Reglamento provisional. Esta pérdida de puestos de trabajo no puede relacionarse con las medidas, pues refleja la evolución del mercado. Además, está previsto que la demanda siga contrayéndose en 2013 y 2014, lo que muy probablemente resultará en más destrucción de empleo en el sector fotovoltaico. Una evolución semejante de la demanda la habían previsto ya importantes centros de investigación como la EPIA antes del inicio de la investigación, por lo que esa pérdida de puestos de trabajo no puede atribuirse a la imposición de las medidas.

(379)

La industria de la Unión presentó un estudio realizado por una consultora privada, PriceWaterHouseCoopers («PWC»), acerca del posible impacto de las medidas en el empleo relacionado con el sector fotovoltaico. El estudio de PWC hacía referencia a un estudio anterior de otra consultora, Prognos, en el que se preveía una gran pérdida de puestos de trabajo en el mercado fotovoltaico como consecuencia de la imposición de las medidas, estudio que fue presentado por la AFASE antes de que se impusieran los derechos provisionales y que se abordó en los considerandos 243 a 246 del Reglamento provisional. En el estudio de PWC se criticaba el estudio de Prognos señalando que el total de puestos de trabajo perdidos que indicaba Prognos superaba de hecho el número total de puestos de trabajo existentes en el sector fotovoltaico de la Unión. En cuanto al impacto de los derechos en el mercado de la Unión, PWC llegaba a conclusiones opuestas a las de Prognos, y preveía un impacto neto positivo en el empleo de la Unión y unos beneficios que predominaban sobre los posibles efectos negativos de los derechos (por ejemplo en la demanda). No habiéndose recibido ningún argumento nuevo fundamentado sobre la repercusión de las medidas en el empleo del sector en sentido descendente, se confirman las conclusiones de los considerandos 247 a 250 del Reglamento provisional.

(380)

La AFASE argumentó que la Comisión no desveló la fuente del margen de error del 20 % en relación con los empleos directos del sector fotovoltaico calculado para 2011, según se menciona en el considerando 245 del Reglamento provisional.

(381)

Este margen de error, que se puede aplicar hacia arriba o hacia abajo, se puso de manifiesto durante la inspección en la EPIA. Demuestra lo difícil que resulta evaluar cifras precisas sobre el empleo en el sector en sentido descendente, pues las fuentes de datos son pocas y a menudo contradictorias.

(382)

En respuesta a la divulgación final, algunas partes alegaron que el análisis de la Comisión callaba el hecho de que los derechos no harían sino fomentar la pérdida de puestos de trabajo resultante de un menor número de instalaciones fotovoltaicas después de 2011. Se argumentó que esa pérdida de puestos de trabajo, en particular en el sector en sentido descendente, está estrechamente relacionada con el hecho de que los instaladores fotovoltaicos dependen de las instalaciones solares. Además, la AFASE criticó a la Comisión por no haber tenido adecuadamente en cuenta la encuesta que realizó entre sus miembros y una encuesta similar realizada por la Solar Trade Association del Reino Unido, que supuestamente ilustraba esa dependencia.

(383)

Con respecto al supuesto silencio de la Comisión acerca de la repercusión de los derechos en el empleo, hay que remitirse a los considerandos 377 y 379, en los que se abordan las alegaciones sobre el impacto de las medidas en el empleo del sector fotovoltaico y se reconoce que efectivamente podrían tener repercusiones a corto plazo en el empleo del sector en sentido descendente.

(384)

En cuanto a la encuesta realizada por la AFASE y la Solar Trade Association del Reino Unido, hay que decir que, en respuesta a la divulgación final, se facilitó la identidad de las empresas participantes en las entrevistas. Sin embargo, las encuestas eran deficientes, pues, por ejemplo, algunas respuestas eran incompletas. El análisis de las encuestas puso de manifiesto lo que sigue. Por lo que respecta a la encuesta de la AFASE, debe señalarse en primer lugar que la mayoría de los cincuenta instaladores que respondieron a la entrevista declararon operar exclusivamente en el mercado fotovoltaico. Quince de los cincuenta instaladores declararon realizar también otras actividades, por ejemplo en instalaciones de calefacción, eléctricas y, en cierta medida, eólicas. En cuanto a la encuesta del Reino Unido, veintiuna de las treinta y una empresas británicas que respondieron a la entrevista realizaban también actividades fuera del sector fotovoltaico. El resultado demuestra que, por lo que se refiere a casi la mitad de los desarrolladores de proyectos e instaladores, la conclusión del considerando 247 del Reglamento provisional sobre la capacidad para realizar otras actividades, por ejemplo instalaciones eléctricas o de calefacción, fontanería y otras instalaciones de energías renovables, es correcta. Sin embargo, debe reconocerse que esta capacidad quizá exista en menor grado de lo que se suponía en el Reglamento provisional. Por consiguiente, su efecto mitigador en la pérdida de empleo puede ser menos importante de lo que se había supuesto inicialmente. En segundo lugar, algunos de los operadores encuestados por la AFASE y la Solar Trade Association del Reino Unido utilizaron productos fabricados en la Unión y algunos tienen previsto comprar productos no chinos tras las medidas, a fin de evitar un incremento de los precios. Así pues, se espera que su dependencia de las importaciones chinas y la repercusión de las medidas sean reducidas, ya que pueden acceder a productos fabricados en la Unión.

En tercer lugar, la estimación del impacto de las medidas en los negocios de todos los operadores encuestados no permitía extraer conclusiones firmes, pues su evaluación era muy diversa. Algunas empresas ni siquiera eran capaces de evaluar ese impacto. En cuarto lugar, también las respuestas acerca del número de proyectos fotovoltaicos que corrían riesgo de cancelación en caso de imponerse los derechos iban en la encuesta del Reino Unido de «no muchos» a «todos ellos». Algunos operadores no eran capaces de hacer una estimación. Por último, ninguna de las encuestas contenía la pregunta sobre la rentabilidad de los agentes económicos entrevistados, que es importante para evaluar la posible absorción de un incremento de precios, de haberlo, a consecuencia de la imposición de un derecho.

(385)

Otras partes alegaron que para los instaladores no es fácil cambiar sus actividades o pasarse a las instalaciones de otras energías renovables, dado que las tecnologías y el saber hacer varían mucho. Por tanto, si se impusieran los derechos, abandonarían el negocio. Tras la divulgación final, esta alegación fue reiterada por una parte interesada, arguyendo que los instaladores habían invertido muchos recursos en la especialización fotovoltaica, por ejemplo en formación específica, lo que demostraría que su principal foco de atención es el sector fotovoltaico y que no podrían pasarse con facilidad a otras actividades.

(386)

Este argumento no se fundamentó suficientemente, pues no se demostró qué conocimientos precisos tendría que adquirir un instalador ni cuán difícil y oneroso resulta obtenerlos. Al margen de esto, las instituciones reconocen que los instaladores han desarrollado un saber hacer propio de la instalación de módulos fotovoltaicos. Sin embargo, el desarrollo de este saber hacer es relativamente reciente y se suma a la pericia primaria de los instaladores, constituida por las instalaciones eléctricas y de calefacción, la fontanería, etc. También se desarrolló en respuesta a una práctica desleal, a saber, la afluencia masiva de importaciones objeto de dumping procedentes de China. Con independencia de las aptitudes especializadas de los empleados de los instaladores, el argumento debe examinarse paralelamente al análisis efectuado en los considerandos 378 y 382 acerca de la situación del empleo en el sector en sentido descendente, que podría sufrir un impacto negativo a corto plazo, pero que, merced a un comercio sostenible, experimentaría un incremento a medio y largo plazo en el caso de los instaladores. Por tanto, se rechazó este argumento.

(387)

Varias partes refutaron el argumento del considerando 247 del Reglamento provisional acerca de la capacidad de los operadores en sentido descendente para absorber parcialmente la posible subida de precios. También este argumento estaba insuficientemente fundamentado, impidiendo estimar en qué medida era exacta esta alegación. Como se menciona en el considerando 374, la rentabilidad de los operadores en sentido descendente que cooperaron y están relacionados directamente con el producto afectado se estimó en torno a un 11 % de media, lo que deja a los operadores en cuestión la posibilidad de absorber, por lo menos en parte, el posible incremento de precios, de haberlo. En este contexto hay que recordar, como se menciona en el considerando 335, que la tendencia general de los precios es a la baja. En consecuencia, se rechaza el argumento.

(388)

En respuesta a la divulgación final, algunas partes reiteraron la alegación de que había un riesgo grave de que la demanda de productos solares en la Unión se contrajera a consecuencia de las medidas, lo cual, según estas partes, sería un argumento en contra de las medidas. Una parte argumentó que la energía solar tiene actualmente una elevada elasticidad-precio de la demanda y que un incremento del precio de los productos solares, por pequeño que fuera, resultaría en una fuerte contracción de la demanda. Esta parte estimaba que un derecho antidumping en el orden del 30 % podría contraer la demanda en 8 GW, mientras que un derecho del 50 % lo haría en 10 GW. En el mismo sentido, la AFASE hacía referencia al estudio realizado por un analista del mercado en el que también se prevé una contracción de la demanda de hasta 2 GW en 2013 como consecuencia de un derecho del 50 %, es decir, una contracción de mucha menor magnitud.

(389)

Aunque las partes presentaron durante la investigación distintas hipótesis de contracción además de las mencionadas, ninguna contenía resultados comparables. Si bien no puede descartarse que los derechos generen una contracción de la demanda de instalaciones fotovoltaicas, resulta difícil cuantificar ese efecto, en vista de los diversos elementos que influyen en el atractivo de estas instalaciones en la Unión (véase por ejemplo el considerando 258 del Reglamento provisional). Además, aun cuando tal contracción se produjera a corto plazo, se espera que los beneficios a medio y largo plazo resultantes de un comercio leal predominen sobre la repercusión negativa a corto plazo. Por último, la propia AFASE reconoció que la evaluación del nexo directo entre la demanda y los derechos solo podría hacerse una vez aplicados los derechos. Por tanto, se rechazó este argumento.

(390)

No habiéndose recibido más observaciones, se confirman los considerandos 243 y 250 del Reglamento provisional. Las conclusiones sobre los seis proveedores de servicios cuya actividad relacionada con el sector fotovoltaico no representa más que una pequeña fracción de sus actividades más amplias (véase el considerando 370) no cambian la conclusión contenida en el considerando 250 del Reglamento provisional, ni lo hace tampoco la distinción de la actividad no relacionada directamente con el producto afectado de los siete desarrolladores de proyectos o instaladores a los que se refiere el considerando 374.

6.   Interés de los usuarios finales o los consumidores

(391)

Tras la divulgación provisional, algunas partes reiteraron el argumento de que los derechos aumentarían el precio del producto afectado. En consecuencia, habría un declive de la demanda de instalaciones fotovoltaicas, pues serían demasiado caras para los consumidores y no resultarían lo bastante atractivas para otros inversores.

(392)

Como ya se ha mencionado en el considerando 335, aunque puede haber una subida de precios como consecuencia de la imposición de las medidas, la tendencia general de los precios es a la baja, según confirman varias fuentes públicas. Si bien resulta difícil cuantificar de una manera exacta el posible incremento de precios derivado de las medidas y la posible contracción de la demanda consiguiente, deben recordarse varios elementos. En primer lugar, el producto investigado constituye hasta un 50 % del coste total de una instalación fotovoltaica y, por tanto, el derecho puede absorberse por lo menos en parte. En segundo lugar, es probable que la competencia de la industria de la Unión con los productores de terceros países ya presentes en el mercado de la Unión mantenga bajos los precios. Al mismo tiempo, la industria de la Unión debería poder conseguir mejores resultados financieros gracias a las economías de escala resultantes de una mejor utilización de las fábricas y un menor coste de producción. En tercer lugar, la demanda de instalaciones fotovoltaicas está correlacionada no solo con los niveles de precios del producto investigado, sino también con el nivel de las tarifas reguladas. Con unos niveles de demanda actualmente bajos en comparación con los alcanzados en 2011 y el PI, se espera que las tarifas reguladas no se reduzcan con tanta rapidez como en el período considerado, lo que permitirá que siga invirtiéndose en proyectos fotovoltaicos. Por tanto, se rechazó el argumento.

(393)

En respuesta a la divulgación final, una parte refutó el razonamiento expuesto. Alegó que la tendencia a la baja de los precios no podrá mantenerse tras la imposición de las medidas. La parte reiteró que las medidas representan un incremento significativo de los costes que no puede compensarse por entero con la reducción de costes o con las importaciones procedentes de terceros países. Además, insistió en que la industria de la Unión no será capaz de realizar nuevas inversiones en fábricas y maquinaria y en que los operadores en sentido descendente poco pueden absorber si su beneficio es del 11 %. Por último, no hay pruebas que indiquen que las tarifas reguladas puedan compensar el incremento de precios.

(394)

Debe recordarse que, en contra de lo que dice esta alegación, no se espera que el incremento de precios resultante de las medidas pueda compensarse por completo, sino más bien que es posible que las medidas causen un incremento de precios de carácter temporal (véase el considerando 247 del Reglamento provisional). De hecho, ese incremento de precios puede derivarse de la diferencia entre los precios chinos objeto de dumping y los precios de productos no chinos. No obstante, la información reunida durante la investigación permite afirmar que el posible incremento de los precios puede ser absorbido en parte por una serie de factores en vista de las ganancias al 11 % en el sector en sentido descendente. Por último, con respecto a la alegación de que no hay pruebas que indiquen que las tarifas reguladas podrían compensar el incremento de precios, es razonable suponer que estas tarifas se irán ajustando en consonancia con la evolución de los precios de los proyectos.

(395)

Una parte alegó que, de hecho, desde marzo de 2013 el precio de los módulos ha aumentado en Europa un 20 % y que desde ese año existe una carencia grave de existencias. Este argumento no se fundamentó y, por el contrario, las fuentes públicas de información confirman una estabilidad relativa de los precios en el segundo trimestre de 2013. Incluso aunque esa información fuera correcta, no haría sino reflejar el hecho de que, a raíz del registro de los productos, se repercutió en el precio el riesgo de un posible derecho antidumping. Por tanto, se rechazó el argumento.

(396)

Otra parte alegó que los proyectos fotovoltaicos no generarían rendimientos para los inversores si la bajada de las tarifas reguladas no se correlacionara con una reducción de los costes de los proyectos, en especial los precios de los módulos, pues representan una parte importante de los costes de un proyecto dado. En este sentido se alegó que los derechos pondrían en tela de juicio la viabilidad de muchos proyectos fotovoltaicos, ya que harían aumentar el precio.

(397)

Como se ha mencionado en el considerando 335, la tendencia general de los precios de las células y los módulos es a la baja. Por otro lado, la importancia de las tarifas reguladas con respecto al mercado está disminuyendo, pues es probable que se alcance la paridad de red en varias regiones. Por estas razones se rechaza el argumento de que el precio de los módulos pueda tener un impacto negativo en los proyectos fotovoltaicos, en especial en su viabilidad.

(398)

Una parte interesada presentó un modelo interno para demostrar que los derechos pondrían en peligro la viabilidad de muchos proyectos fotovoltaicos.

(399)

Este modelo no permitía cuantificar adecuadamente en qué medida podría disminuir el atractivo de la inversión en instalaciones fotovoltaicas (por ejemplo, rendimiento de la inversión) si aumentaran los precios de las células y los módulos. No obstante, el supuesto empleado en ese modelo, según el cual todo derecho se repercutiría en los usuarios finales o los consumidores, es improbable si se atiende a los márgenes de beneficio de los operadores en sentido descendente. Además, la decisión de inversión no se basa únicamente en el precio de los módulos, sino que depende de otros muchos factores, entre ellos la existencia de un marco general favorable a las instalaciones fotovoltaicas en un país determinado, el grado de apoyo y el precio de la electricidad (con vistas a la paridad de red) En consecuencia, se rechazó este argumento.

(400)

No habiéndose recibido más observaciones, se confirman los considerandos 252 y 254 del Reglamento provisional.

7.   Otros argumentos

(401)

Tras la divulgación provisional volvió a esgrimirse el argumento de que la industria de la Unión no es capaz de abastecer al mercado de la Unión y de que solo China posee esa capacidad.

(402)

Esta alegación ya se abordó en el considerando 256 del Reglamento provisional. Aunque se ha aplicado un supuesto más conservador sobre la capacidad de producción de la Unión (véase el considerando 183), la capacidad disponible entre la Unión y los terceros países bastaría para complementar a corto plazo el potencial descenso de las importaciones chinas. También es razonable suponer que, a medio plazo, la industria de la Unión ampliará su capacidad de producción para satisfacer la demanda, lo que le permitirá obtener economías de escala y, por ende, reducir aún más los precios. Por tanto, se rechazó este argumento.

(403)

Algunas partes reiteraron el argumento relativo a la dificultad para conseguir los objetivos sobre energías renovables de cara a 2020 si se imponen los derechos. Este argumento ya se abordó en los considerandos 257 a 259 del Reglamento provisional, por lo que, en ausencia de otros elementos, se confirman los considerandos 257 y 259.

8.   Conclusión sobre el interés de la Unión

(404)

En vista de lo que antecede, se confirma la evaluación expuesta en los considerandos 260 y 261 del Reglamento provisional.

(405)

Por consiguiente, no existen razones convincentes contra la imposición de medidas definitivas sobre las importaciones del producto afectado originario de China.

G.   MEDIDAS ANTIDUMPING DEFINITIVAS

(406)

Teniendo en cuenta las conclusiones a las que se ha llegado en relación con el dumping, el perjuicio, la causalidad y el interés de la Unión, deben imponerse medidas antidumping definitivas para evitar que las importaciones objeto de dumping sigan causando perjuicio a la industria de la Unión.

1.   Nivel de eliminación del perjuicio

(407)

Con el fin de determinar el nivel de estas medidas, se tuvieron en cuenta los márgenes de dumping constatados y el importe del derecho necesario para eliminar el perjuicio sufrido por los productores de la Unión, sin sobrepasar los márgenes de dumping determinados.

(408)

Tras la divulgación provisional, una parte interesada cuestionó el margen de beneficio del 10 % utilizado para calcular el nivel de eliminación del perjuicio, alegando que era demasiado elevado para esta industria en las actuales circunstancias del mercado y que se empleaba tanto para los módulos como para las células. Debe señalarse que la referencia legal para determinar el beneficio antes de impuestos a efectos del cálculo de los niveles de eliminación del perjuicio es discernir si la industria podría obtener ese beneficio en condiciones de competencia normales, es decir, en ausencia de dumping. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal General, ese beneficio es el obtenido al comienzo del período considerado, es decir, antes de que aumentaran las importaciones objeto de dumping. Por tanto, el beneficio previsto se ajustó en el 8 % sobre la base del beneficio medio ponderado obtenido por la industria de la Unión en 2009 y 2010 con los módulos y las células, cuando resultaron rentables.

(409)

Tras la divulgación final, la industria de la Unión alegó que debería utilizarse como nivel de rentabilidad razonablemente alcanzable en ausencia de importaciones objeto de dumping la rentabilidad de 2010, en lugar del margen de beneficio medio correspondiente a 2009 y 2010. A este respecto se argumentó que la rentabilidad no fue suficiente en 2009 y que las circunstancias en ambos años fueron claramente distintas, dada sobre todo la evaluación del consumo en 2010, que alivió los efectos del dumping ese año. En relación con esto debe señalarse que, a la hora de determinar el nivel de eliminación del perjuicio, no importa si el margen de beneficio medio obtenido por la industria del a Unión fue «suficiente». Como ya se decía en el considerando 264 del Reglamento provisional, el nivel de eliminación del perjuicio debe basarse en el beneficio que puede razonablemente lograrse en ausencia de importaciones objeto de dumping. La práctica de las autoridades investigadoras es considerar que este nivel se ha alcanzado al comienzo del período considerado. Esta metodología resultaba inadecuada en este caso, ya que la industria de la Unión tuvo pérdidas con las ventas de células al comienzo del período considerado, en 2009, de modo que se consideró más fiable basar la determinación del nivel de eliminación del perjuicio en el margen de beneficio medio del primer y segundo año del período considerado. A este respecto se consideró también irrelevante que las circunstancias fueran diferentes en estos dos años.

(410)

Otra parte reiteró que deberían establecerse beneficios previstos diferentes en relación con los módulos y con las células, pues estos tipos de productos mostraron tendencias distintas durante el período considerado. Si bien se mostraron los indicadores por separado para cada tipo de producto, las conclusiones relativas a cada indicador se refieren al producto investigado en su conjunto. También hay que recordar que los módulos y las células constituyen un único producto y que, por tanto, los márgenes de dumping y el nivel de eliminación del perjuicio se establecieron sobre esta base.

(411)

Por otro lado, los costes posteriores a la importación de la muestra revisada de importadores no vinculados (modificada por las razones que se explican en el considerando 21) influyeron en los márgenes de perjuicio calculados. Por último, la corrección de los precios cif, la exclusión de las obleas y el nuevo beneficio previsto afectaron a todos los márgenes de subcotización.

(412)

Una parte argumentó que las ventas de los productores de la Unión incluidos en la muestra se centraban en el mercado de gama alta, como el sector residencial y del pequeño comercio, que atraía tarifas reguladas más altas, y sugería que los precios de venta de la industria de la Unión se ajustaran en consecuencia. Debe aclararse que esta alegación no sería decisiva para el cálculo del margen de perjuicio, pues la investigación demostró que los productores de la Unión no eran rentables.

(413)

No habiéndose recibido ninguna otra observación sobre el nivel de eliminación del perjuicio, se confirma la metodología descrita en los considerandos 263 a 266 del Reglamento provisional.

2.   Medidas definitivas

(414)

A la vista de las conclusiones alcanzadas con respecto al dumping, el perjuicio, la causalidad y el interés de la Unión, y de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base, se considera que deben imponerse medidas antidumping definitivas sobre las importaciones de módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y de células del tipo utilizado en módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino, originarios o procedentes de China, al nivel del menor de los márgenes, el de dumping o el de perjuicio, con arreglo a la norma de aplicación del derecho más bajo. En este caso, el tipo del derecho debe fijarse en consecuencia al nivel de los márgenes de perjuicio determinados.

(415)

Debe tenerse presente que paralelamente a la investigación antidumping se llevó a cabo una investigación antisubvención. En vista de la aplicación de la norma del derecho inferior y del hecho de que los márgenes de subvención definitivos son inferiores al nivel de eliminación del perjuicio, se considera apropiado imponer un derecho compensatorio definitivo al nivel de los márgenes de subvención definitivos establecidos, e imponer un derecho antidumping definitivo hasta el nivel de eliminación del perjuicio pertinente. En vista de lo anteriormente expuesto, los tipos a los que se impondrán estos derechos se establecen como sigue:

Empresa

Margen de subvención

Margen de dumping

Nivel de eliminación del perjuicio

Derecho compensatorio

Derecho antidumping

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd;

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd;

Changzhou Youze Technology Co. Ltd;

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd;

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

3,5 %

90,3 %

48,2 %

3,5 %

44,7 %

Delsolar (Wujiang) Ltd

de minimis

111,5 %

64,9 %

0,0 %

64,9 %

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

11,5 %

91,9 %

58,2 %

11,5 %

46,7 %

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

5,0 %

97,5 %

56,5 %

5,0 %

51,5 %

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

Zhejiang Jinko Solar Co. Ltd

Zhejiang Jinko Solar Trading Co. Ltd

6,5 %

88,1 %

47,7 %

6,5 %

41,2 %

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

6,4 %

53,8 %

33,7 %

6,4 %

27,3 %

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

4,6 %

88,1 %

47,7 %

4,6 %

43,1 %

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

4,9 %

73,2 %

46,3 %

4,9 %

41,4 %

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

6,3 %

93,3 %

41,8 %

6,3 %

35,5 %

Otras empresas que cooperaron en la investigación antidumping [con excepción de las empresas sujetas al derecho residual establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2013 (18)) antisubvención paralelo (anexo I)

6,4 %

88,1 %

47,7 %

6,4 %

41,3 %

Otras empresas que cooperaron en la investigación antidumping, sujetas al derecho residual establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2013 antisubvención paralelo (anexo II)

11,5 %

88,1 %

47,7 %

11,5 %

36,2 %

Las demás empresas

11,5 %

111,5 %

64,9 %

11,5 %

53,4 %

(416)

Los tipos de derecho antidumping de cada empresa especificados en este Reglamento se establecieron sobre la base de las conclusiones de la presente investigación. Por tanto, reflejan la situación constatada durante la investigación con respecto a estas empresas. En consecuencia, esos tipos de derecho (en contraste con el derecho de ámbito nacional aplicable a «las demás empresas») son exclusivamente aplicables a las importaciones de productos originarios de China y producidos por las empresas y, por tanto, por las entidades jurídicas concretas mencionadas. Las importaciones del producto afectado fabricado por cualquier otra empresa no citada específicamente en la parte dispositiva del presente Reglamento con su nombre y dirección, incluidas las entidades vinculadas a las específicamente citadas, no podrán beneficiarse de estos tipos y estarán sujetas al tipo de derecho aplicable a «las demás empresas».

(417)

Tras la divulgación, las autoridades chinas argumentaron que el tipo de derecho medio ponderado para las empresas enumeradas en los anexos I y II es contrario al Acuerdo Antidumping de la OMC, pues supuestamente se basa en la media ponderada de los derechos calculada por separado para los productores exportadores de células y módulos incluidos en la muestra. Esta evaluación es, sin embargo, incorrecta. Con respecto a los productores exportadores incluidos en la muestra se calculó un tipo de derecho uniforme para todas sus exportaciones del producto afectado, y la mayoría de ellos exportaron células y módulos. Así pues, es incorrecta la evaluación según la cual los derechos se calcularon por separado respecto de los productores exportadores de células y de módulos, y el argumento no puede, por tanto, aceptarse.

(418)

Si el volumen de las exportaciones de una de las empresas que se benefician de tipos de derecho individuales más bajos aumentara significativamente tras imponerse las medidas en cuestión, podría considerarse que ese aumento del volumen constituye en sí mismo un cambio de las características del comercio como consecuencia de la imposición de las medidas a tenor del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base. En tales circunstancias, y si se dieran las condiciones, podría iniciarse una investigación antielusión. En esta investigación podría examinarse, entre otras cosas, la necesidad de retirar los tipos individuales del derecho, con la consiguiente imposición de un derecho de ámbito nacional.

(419)

Toda solicitud de aplicación de estos tipos individuales del derecho antidumping (por ejemplo, a raíz de un cambio de nombre de la entidad o de la creación de nuevas entidades de producción o venta) deberá dirigirse inmediatamente a la Comisión, junto con toda la información pertinente, en particular toda modificación de las actividades de la empresa relacionadas con la producción o las ventas en el mercado interno y de exportación, derivada, por ejemplo, del cambio de nombre o del cambio de las entidades de producción o de venta. En caso necesario, el presente Reglamento se modificará en consecuencia actualizando la lista de empresas que se benefician de los tipos de derecho individuales.

(420)

Para garantizar la igualdad de trato entre cualquier nuevo exportador y las empresas cooperantes no incluidas en la muestra, mencionadas en los anexos I y II del presente Reglamento, debe disponerse que el derecho medio ponderado establecido para estas últimas se aplique a cualquier nuevo exportador que, de otro modo, tendría derecho a una reconsideración de conformidad con el artículo 11, apartado 4, del Reglamento de base.

(421)

Las medidas se imponen para que los productores de la Unión puedan recuperarse del efecto perjudicial del dumping. Cualquier desequilibrio inicial entre el posible beneficio para los productores de la Unión y el coste para otros agentes económicos de esta podría compensarse con un aumento o el reinicio de la producción en la Unión.

(422)

Sin embargo, la hipótesis de un aumento de la producción en la Unión puede no estar en consonancia con la evolución de un mercado de naturaleza volátil. Como se indica en el considerando 108 del Reglamento provisional, el consumo de módulos en la Unión aumentó un 264 % entre 2009 y 2011, para bajar 43 puntos porcentuales en el período de seis meses comprendido entre 2011 y el PI. La volatilidad es aún más sorprendente si se observa el período de 2006 a 2011, en el que el consumo de módulos en la Unión aumentó de menos de 1 GW a casi 20 GW, es decir, un incremento del 2 000 % aproximadamente en solo cinco años. Se espera que esta volatilidad continúe y los pronósticos publicados por las asociaciones empresariales muestran diferencias del 100 % o superiores entre las diversas hipótesis, incluso para el período a medio plazo que va de 2014 a 2015.

(423)

Por estas razones, se considera apropiado, en tales circunstancias excepcionales, limitar la duración de las medidas a un período de solo dos años.

(424)

Este período debería bastar para que los productores de la Unión aumentaran o reiniciaran su producción, sin poner en especial peligro la situación de otros agentes económicos de la Unión. Se considera que el período de dos años será el más adecuado para determinar si la imposición de las medidas ha tenido el efecto de aumentar la producción europea y, por ende, de contrarrestar los efectos negativos sobre otros agentes económicos de la Unión.

(425)

Tras la divulgación final, un productor de la Unión esgrimió el argumento de que dos años es un plazo demasiado breve para recuperarse del perjuicio sufrido. Además, se argumentó que con un período de solo dos años los productores de la Unión no podrían presentar planes de negocio para el ejercicio en curso y el siguiente. A este respecto debe señalarse que las medidas durarán hasta diciembre de 2015, tiempo que debería ser suficiente para que los productores de la Unión presenten sus planes de negocio hasta 2015.

(426)

Por otro lado, el productor de la Unión no cuestionó las razones por las que la duración se había limitado a dos años, en concreto la volatilidad del mercado. Incluso se congratuló explícitamente de la posibilidad de revisión en caso de que fuera necesario modificar las medidas por cambios en la situación del mercado. Puesto que la probabilidad de que en dos años cambien las circunstancias del mercado es de hecho elevada en este mercado de naturaleza volátil, se considera apropiado limitar las medidas a dos años desde el principio.

(427)

Tras la divulgación final, el denunciante argumentó que dos años no bastan para invertir en producción, haciendo referencia al considerando 424. Sin embargo, dada la gran capacidad disponible en la industria de la Unión, la producción puede aumentarse utilizando mejor las capacidades de producción existentes, algo que sería factible sin inversiones adicionales significativas.

(428)

El denunciante argumentó además que la imposición de derechos antidumping definitivos por un período de dos años es insuficiente para que la industria de la Unión se recupere de los efectos perjudiciales del dumping. Sin embargo, la imposición de derechos antidumping no debe atender únicamente a los intereses de la industria de la Unión, sino que ha de equilibrar el beneficio potencial de los productores de la Unión y el coste para otros agentes económicos de la Unión. Sobre esta base, se mantiene la decisión de limitar las medidas a dos años.

(429)

Se informó a todas las partes interesadas de los hechos y consideraciones esenciales sobre cuya base se pretendía recomendar la imposición de un derecho antidumping definitivo a las importaciones de módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y de células del tipo utilizado en módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino, originarios o procedentes de China, y el cobro definitivo de los importes garantizados mediante el derecho provisional («divulgación final»). A todas se les concedió un plazo para formular observaciones en relación con la divulgación final.

(430)

Se analizaron y se tuvieron en cuenta las observaciones orales y escritas pertinentes presentadas por las partes interesadas.

3.   Retroactividad

(431)

Por lo que respecta a una posible aplicación retroactiva de las medidas antidumping, deben evaluarse los criterios expuestos en el artículo 10, apartado 4, del Reglamento de base. Con arreglo al artículo 10, apartado 4, letra b), del Reglamento de base, un criterio fundamental que debe cumplirse es que «además del nivel de las importaciones que provocaron el perjuicio durante el período de investigación, exista un aumento sustancial de las importaciones».

(432)

La comparación de las importaciones medias mensuales (19) de módulos y células con las importaciones medias mensuales del período sometido a registro (marzo a junio de 2013) muestra un descenso brusco de los volúmenes de importación después del PI. De hecho, como se expone en el considerando 110 del Reglamento provisional, la cantidad media de módulos y células chinos importada mensualmente ascendió a 1 250 MW (20) durante el PI. En comparación, durante el período de registro el volumen medio de importación mensual de módulos y células chinos fue solo de aproximadamente la mitad.

(433)

De modo alternativo, dada la naturaleza volátil del mercado, el aumento sustancial de las importaciones podría evaluarse en términos relativos más que absolutos. Para determinar si existe un posterior aumento marcado de las importaciones en términos relativos, es necesario comparar los volúmenes de importación con el consumo del mercado de la Unión, es decir, que el consumo tendría que disminuir a un ritmo mucho más elevado que las importaciones chinas. Puesto que el volumen de importación de módulos y células chinos durante el período de registro fue la mitad de elevado que durante el PI, el descenso del consumo tendría que ser muy superior al 50 %. Si bien no se dispone de información precisa acerca del consumo durante el período de registro, no existen indicios de que disminuyera en más del 50 %.

(434)

Por las razones expuestas, no se cumple el criterio relativo al aumento sustancial de las importaciones. En consecuencia, se concluye que el derecho antidumping definitivo no se cobrará retroactivamente antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales.

H.   FORMA DE LAS MEDIDAS

(435)

Tras la adopción de las medidas antidumping provisionales, un grupo de productores exportadores que cooperaron, incluidas sus empresas vinculadas en China y en la Unión Europea, junto con la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos, propusieron un compromiso conjunto sobre los precios con arreglo al artículo 8, apartado 1, del Reglamento de base. La oferta del compromiso fue apoyada también por las autoridades chinas.

(436)

La Comisión examinó la oferta de compromiso y, por medio de la Decisión 2013/423/UE, la aceptó. Como se indica en los considerandos 3, 4 y 7 de la citada Decisión, para determinar si el compromiso de precios elimina el efecto perjudicial del dumping, la Comisión analizó los cambios de carácter duradero producidos en las circunstancias del mercado en relación, entre otras cosas, con los actuales precios de exportación y el nivel de eliminación del perjuicio, que resultó ser inferior al nivel de dumping.

(437)

A raíz de la Decisión 2013/423/UE, los productores exportadores, junto con la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos, presentaron una notificación para modificar su oferta inicial de compromiso. Solicitaron revisar el compromiso para tener en cuenta la exclusión de las obleas de la definición del producto, según se indica en los considerandos 31 y 72. Además, varios exportadores más solicitaron, dentro del plazo fijado en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento de base, ser incluidos en el compromiso.

(438)

Mediante la Decisión de Ejecución 2013/707/UE, la Comisión confirmó la aceptación del compromiso ofrecido por los exportadores enumerados en el anexo de dicha Decisión con respecto a los derechos definitivos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

1.   Por el presente Reglamento se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y de células del tipo utilizado en módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino (células de espesor no superior a 400 micrómetros), actualmente clasificados en los códigos NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 y ex 8541 40 90 (códigos TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 y 854140290239) y originarios o procedentes de la República Popular China, a menos que estén en tránsito a tenor del artículo V del GATT.

Están excluidos de la definición del producto afectado los siguientes tipos de productos:

los cargadores solares que consten de menos de seis células, sean portátiles y suministren electricidad a aparatos o carguen baterías,

los productos fotovoltaicos de capa fina,

los productos fotovoltaicos de silicio cristalino que formen parte integrante de manera permanente de aparatos eléctricos cuya función no consista en generar electricidad y consuman la electricidad generada por las células fotovoltaicas de silicio cristalino integradas,

módulos o paneles con una tensión de salida no superior a 50 V CC y una potencia de salida no superior a 50 W únicamente para uso directo como cargadores de baterías en sistemas con las mismas características de tensión y potencia.

2.   El tipo del derecho antidumping definitivo aplicable al precio neto franco en la frontera de la Unión, derechos no pagados, del producto descrito en el apartado 1 y fabricado por las empresas enumeradas a continuación será el siguiente:

Empresa

Tipo del derecho

Código TARIC adicional

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd;

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd;

Changzhou Youze Technology Co. Ltd;

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd;

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

44,7 %

B791

Delsolar (Wujiang) Ltd

64,9 %

B792

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

46,7 %

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

46,7 %

B927

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

51,5 %

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

Zhejiang Jinko Solar Co. Ltd

Zhejiang Jinko Solar Trading Co. Ltd

41,2 %

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

27,3 %

B795

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

43,1 %

B921

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

41,4 %

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

35,5 %

B797

Otras empresas que cooperaron en la investigación antidumping [con excepción de las empresas sujetas al derecho residual establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2013 antisubvención paralelo] (anexo I)

41,3 %

 

Otras empresas que cooperaron en la investigación antidumping, sujetas al derecho residual establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2013antisubvención paralelo (anexo II)

36,2 %

 

Las demás empresas

53,4 %

B999

3.   A menos que se especifique lo contrario, serán aplicables las disposiciones vigentes en materia de derechos de aduana.

4.   Siempre que todo nuevo productor exportador de la República Popular China demuestre suficientemente a la Comisión que:

no exportó a la Comunidad el producto descrito en el apartado 1 durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012 («período de investigación»),

no está vinculado a ningún exportador o productor de la República Popular China sujeto a las medidas antidumping impuestas por el presente Reglamento,

exportó efectivamente el producto en cuestión a la Unión después del período de investigación en el que se basan las medidas, o contrajo una obligación contractual irrevocable de exportar una cantidad significativa a la Unión,

se podrá modificar el apartado 2 añadiendo el nuevo productor exportador a la lista de empresas que cooperaron no incluidas en la muestra y, en consecuencia, sujetas al derecho medio ponderado del 41,3 %.

Artículo 2

1.   Los importes garantizados mediante el derecho antidumping provisional establecido con arreglo al Reglamento (UE) no 513/2013 para las importaciones de obleas (de espesor no superior a 400 micrómetros) y módulos o paneles con una tensión de salida no superior a 50 V CC y una potencia de salida no superior a 50 W únicamente para uso directo como cargadores de baterías en sistemas con las mismas características de tensión y potencia, originarios o procedentes de la República Popular China, quedarán liberados.

2.   Los importes garantizados mediante el derecho antidumping provisional establecido con arreglo al Reglamento (UE) no 513/2013 para las importaciones de módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y de células del tipo utilizado en módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino (células de espesor no superior a 400 micrómetros), actualmente clasificados en los códigos NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 y ex 8541 40 90 (códigos TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 y 8541409039) y originarios o procedentes de la República Popular China, a menos que estén en tránsito a tenor del artículo V del GATT, se cobrarán con carácter definitivo. Los importes garantizados por encima del tipo definitivo de los derechos antidumping serán liberados.

Artículo 3

1.   Las importaciones declaradas para despacho a libre práctica de los productos clasificados actualmente con los códigos NC ex 8541 40 90 (códigos TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 y 8541409039) facturados por empresas cuyos compromisos haya aceptado la Comisión y cuyos nombres figuren en el anexo de la Decisión de Ejecución 2013/707/UE, quedarán exentas del derecho antidumping impuesto por el artículo 1 si se cumplen las condiciones siguientes:

a)

una empresa incluida en el anexo de la Decisión de Ejecución 2013/707/UE fabricó, expidió y facturó los productos mencionados, directamente o a través de su empresa vinculada también incluida en el anexo de la Decisión de Ejecución 2013/707/UE, bien a sus empresas vinculadas en la Unión que actúan como importadoras y despachan las mercancías a libre práctica en la Unión, bien al primer cliente independiente que actúa como importador y despacha las mercancías a libre práctica en la Unión;

b)

dichas importaciones van acompañadas de una factura de compromiso consistente en una factura comercial que incluye, como mínimo, los elementos y la declaración que se establecen en el anexo III del presente Reglamento;

c)

dichas importaciones van acompañadas de un certificado de compromiso para la exportación conforme al anexo IV del presente Reglamento; y

d)

las mercancías declaradas y presentadas a las autoridades aduaneras se corresponden exactamente con la descripción que figura en la factura de compromiso.

2.   Se originará una deuda aduanera en el momento de la aceptación de la declaración de despacho a libre práctica:

a)

cuando se establezca, con respecto a las importaciones descritas en el apartado 1, que no se cumple una o más de las condiciones recogidas en dicho apartado, o

b)

cuando la Comisión retire su aceptación del compromiso con arreglo al artículo 8, apartado 9, del Reglamento (CE) no 1225/96 por medio de un reglamento o una decisión que haga referencia a transacciones concretas y declare nulas las facturas de compromiso correspondientes.

Artículo 4

Las empresas cuyos compromisos sean aceptados por la Comisión y cuyos nombres figuren en el anexo de la Decisión 2013/707/UE y que están sujetas a determinadas condiciones específicas en dicha Decisión, también expedirán una factura por las transacciones que no estén exentas de los derechos antidumping. Dicha factura será una factura comercial que contendrá, como mínimo, los elementos establecidos en el anexo V del presente Reglamento.

Artículo 5

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Expirará el 7 de diciembre de 2015.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 2 de diciembre de 2013.

Por el Consejo

El Presidente

E. GUSTAS


(1)  DO L 343 de 22.12.2009, p. 51.

(2)  Reglamento (UE) no 513/2013 de la Comisión, de 4 de junio de 2013, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios o procedentes de la República Popular China y se modifica el Reglamento (UE) no 182/2013, por el que se someten a registro las importaciones de dichos productos originarios o procedentes de la República Popular China (DO L 513 de 5.6.2013, p. 5).

(3)  Reglamento (UE) no 182/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, por el que se someten a registro las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios o procedentes de la República Popular China (DO L 61 de 5.3.2013, p. 2).

(4)  Decisión 2013/423/UE de la Comisión, de 2 de agosto de 2013, por la que se acepta un compromiso propuesto en relación con el procedimiento antidumping relativo a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios o procedentes de la República Popular China (DO L 209 de 3.8.2013, p. 26).

(5)  Véase la página 214 del presente Diario Oficial.

(6)  Informe del Órgano de Apelación: Comunidades Europeas — Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto, WT/DS135/AB/R, adoptado el 5 de abril de 2001.

(7)  Brosmann Footwear (HK) Ltd y otros/Consejo (T-401/06); Whirlpool Europe/Consejo (T-314/06).

(8)  DO C 269 de 6.9.2012, p. 5.

(9)  Número de referencia CEI/IEC 61730-1:2004.

(10)  Calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China y de Vietnam, Reglamento (CE) no 553/2006 del Consejo, de 23 de marzo de 2006 (provisional); Reglamento (CE) no 1472/2006 del Consejo, de 5 de octubre de 2006 (definitivo).

(11)  Brosmann Footwear (HK) Ltd./Consejo (T-401/06), apartado 133.

(12)  Brosmann Footwear (HK) Ltd./Consejo (T-401/06), apartado 135.

(13)  Reglamento (UE) no 1168/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012 (DO L 344 de 14.12.2012, p. 1).

(14)  Firstpost de 12 de junio de 2013.

(15)  JRC: Scientific and Policy Reports,«PV Status Report 2012» (informe de 2012 sobre la situación del sector fotovoltaico), p. 14.

(16)  Estadísticas de importación indias, código de mercancía 8541 40 11, células solares/fotovoltaicas, ensambladas o no en módulos/paneles. Los valores indicados corresponden al ejercicio económico indio, que va de abril a marzo. La información sobre los volúmenes se expresa en unidades, pero las células y los módulos se indican juntos. Dado que el valor de un módulo es típicamente en torno a cien veces mayor que el de una célula, la información sobre los volúmenes no se considera fiable.

(17)  Detlef Nölle/Hauptzollamt Bremen-Freihafen (C-16/90, Rec. p. I-5163).

(18)  Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, i por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China (véase la página 66 del presente Diario Oficial).

(19)  Dado que el período de registro es bastante más corto que el PI, es más útil comparar los valores medios mensuales que los volúmenes totales de los dos períodos.

(20)  13 986 MW de módulos + 1 019 MW de células correspondientes a doce meses.


ANEXO I

Nombre de la empresa

Código TARIC adicional

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

CSI Solar Power (China) Inc.

B805

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Chinaland Solar Energy Co. LTD

B808

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

Anhui Rineng Zhongtian Semiconductor Development Co. Ltd

Cixi City Rixing Electronics Co. Ltd

Huoshan Kebo Energy & Technology Co. Ltd

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

DCWATT POWER CO. LTD

B815

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

ET Energy Co. Ltd

ET Solar Industry Limited

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne Co. Ltd

B929

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd

B844

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

GCL Solar Power (Suzhou) Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

B850

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

Levo Solar Technology Co. Ltd

Nice Sun Pv Co. Ltd

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

B870

BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd

Shanghai BYD Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

B875

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

B876

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Leshan Topray Cell Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

B880

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

Sopray Energy Co. Ltd

B881

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

B882

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Winsun New Energy Co. Ltd

B887

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd

B901

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd

B909

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd

B913

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

Wanxiang Import & Export Co Ltd

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

Zhejiang Yuanzhong Solar Co. Ltd

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

Znshine Pv-Tech Co. Ltd

B923

Zytech Engineering Technology Co. Ltd

B924


ANEXO II

Nombre de la empresa

Código TARIC adicional

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

TBEA SOLAR CO. LTD

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

Xinjiang Sang'O Solar Equipment

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Dotec Electric Co. Ltd

B928

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd.

B821

GS PV Holdings Group

B823

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Ningbo Best Solar Energy Technology Co. Ltd

B855

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Qingdao Jiao Yang Lamping Co. Ltd

B867

Shanghai Shanghong Energy Technology Co. Ltd

B874

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Suzhou Shenglong Pv-Tech Co. Ltd

B883

Worldwide Energy and Manufacturing USA Co. Ltd

B888

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi UT Solar Technology Co. Ltd

B894

Xiamen Sona Energy Co. Ltd

B895

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Yutai Photovoltaic Material Co. Ltd

B930

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915


ANEXO III

En la factura comercial que acompañe a las ventas de la empresa a la Unión Europea de las mercancías objeto del compromiso constarán los siguientes datos:

1.

El encabezamiento «FACTURA COMERCIAL QUE ACOMPAÑA A LAS MERCANCÍAS OBJETO DE UN COMPROMISO».

2.

El nombre de la empresa que expide la factura comercial.

3.

El número de la factura comercial.

4.

La fecha de expedición de la factura comercial.

5.

El código TARIC adicional al amparo del cual se despacharán en la frontera de la UE las mercancías correspondientes a la factura.

6.

La descripción exacta de las mercancías, en lenguaje comprensible, y:

el número de código del producto (NCP),

las especificaciones técnicas del NCP,

el número de código del producto de la empresa (CPE),

el código NC,

la cantidad (en vatios).

7.

La descripción de las condiciones de la venta, incluidos:

el precio por unidad (vatios),

las condiciones de pago aplicables,

las condiciones de entrega aplicables,

el total de los descuentos y las reducciones.

8.

El nombre de la empresa que actúa de importador a la cual la empresa expide directamente la factura.

9

El nombre del responsable de la empresa que ha expedido la factura y la siguiente declaración firmada:

«El abajo firmante certifica que la venta para la exportación directa a la Unión Europea de las mercancías que figuran en la presente factura se realiza en el ámbito y de acuerdo con las condiciones del compromiso ofrecido por [EMPRESA] y que ha sido aceptado por la Comisión Europea mediante la Decisión de Ejecución 2013/707/UE. Declaro que la información que figura en la presente factura es completa y correcta.».


ANEXO IV

CERTIFICADO DE COMPROMISO PARA LA EXPORTACIÓN

En el certificado de compromiso para la exportación, que la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos expedirá para cada factura comercial que acompañe a las ventas de la empresa a la Unión Europea de las mercancías objeto del compromiso, constarán los siguientes datos:

1.

El nombre, dirección, número de fax y teléfono de la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos.

2.

El nombre de la empresa mencionada en el anexo de la Decisión de Ejecución 2013/707/UE que expide la factura comercial.

3.

El número de la factura comercial.

4.

La fecha de expedición de la factura comercial.

5.

El código TARIC adicional al amparo del cual se despacharán en la frontera de la UE las mercancías correspondientes a la factura.

6.

La descripción exacta de las mercancías, incluidos:

el número de código del producto (NCP),

la especificación técnica de las mercancías y el número de código del producto de la empresa (CPE) (si procede),

el código NC.

7.

La cantidad exacta de unidades exportadas expresada en vatios.

8.

El número y la fecha de expiración del certificado (a los tres meses de su expedición).

9.

El nombre del responsable de la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos que ha expedido el certificado y la siguiente declaración firmada:

«El abajo firmante certifica que este certificado se concede para la exportación directa a la Unión Europea de las mercancías enumeradas en la factura comercial que acompaña a las ventas sujetas al compromiso y que el certificado se expide en el ámbito y de acuerdo con las condiciones del compromiso ofrecido por [empresa] y que ha sido aceptado por la Comisión Europea mediante la Decisión de Ejecución 2013/707/UE. Declara que la información suministrada en este certificado es correcta y que la cantidad contemplada en el mismo no supera el límite del compromiso».

10.

Fecha

11.

La firma y el sello de la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos.


ANEXO V

En la factura comercial que acompañe a las ventas de la empresa a la Unión Europea de las mercancías sujetas a derechos antidumping constarán los siguientes datos:

1.

El encabezamiento «FACTURA COMERCIAL QUE ACOMPAÑA A MERCANCÍAS SUJETAS A DERECHOS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIOS».

2.

El nombre de la empresa que expide la factura comercial.

3.

El número de la factura comercial.

4.

La fecha de expedición de la factura comercial.

5.

El código TARIC adicional al amparo del cual se despacharán en la frontera de la UE las mercancías correspondientes a la factura.

6.

La descripción exacta de las mercancías, en lenguaje comprensible, y:

el número de código del producto (NCP),

las especificaciones técnicas del NCP,

el número de código del producto de la empresa (CPE),

el código NC,

la cantidad (en vatios).

7.

La descripción de las condiciones de la venta, incluidos:

el precio por unidad (vatios),

las condiciones de pago aplicables,

las condiciones de entrega aplicables,

el total de los descuentos y las reducciones.

8.

El nombre y la firma del responsable de la empresa que haya expedido la factura comercial.


5.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 325/66


REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) NO 1239/2013 DEL CONSEJO

de 2 de diciembre de 2013

por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo, de 11 de junio de 2009, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (1), y, en particular, su artículo 15,

Vista la propuesta de la Comisión Europea, previa consulta al Comité Consultivo,

Considerando lo siguiente:

1.   PROCEDIMIENTO

1.1.   Inicio

(1)

El 8 de noviembre de 2012, la Comisión Europea («Comisión») comunicó mediante un anuncio («anuncio de inicio») publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2) el inicio de un procedimiento antisubvención relativo a las importaciones en la Unión de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios de la República Popular China («China» o «país afectado»).

(2)

El procedimiento antisubvención se inició a raíz de una denuncia presentada el 26 de septiembre de 2012 por EU ProSun («denunciante»), en nombre de productores que, en este caso, representaban más del 25 % de la producción total de la Unión de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave. La denuncia contenía indicios razonables de la concesión de subvenciones a dicho producto y del perjuicio importante resultante. Estas pruebas se consideraron suficientes para justificar el inicio de un procedimiento.

(3)

Con anterioridad al inicio del procedimiento y con arreglo al artículo 10, apartado 7, del Reglamento (CE) no 597/2009 («Reglamento de base»), la Comisión notificó al Gobierno de la República Popular China («autoridades chinas») que había recibido una denuncia debidamente documentada en la que se alegaba que las importaciones subvencionadas de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave originarios de la República Popular China estaban causando un perjuicio importante a la industria de la Unión. Se invitó a las autoridades chinas a celebrar consultas con objeto de aclarar la situación por lo que se refiere al contenido de la denuncia y llegar a una solución mutuamente acordada. Estas aceptaron la oferta de consultas, que se celebraron seguidamente. No se pudo llegar a una solución mutuamente acordada durante las consultas. No obstante, se tomó debida nota de las observaciones presentadas por las autoridades chinas en relación con la no sujeción a derechos compensatorios de los sistemas enumerados en la denuncia. Tras las consultas se recibieron informaciones de las autoridades chinas.

1.2.   Procedimiento antidumping paralelo

(4)

El 6 de septiembre de 2012, la Comisión comunicó, mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea  (3), el inicio de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones en la Unión de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios de la República Popular China.

(5)

El jueves, 6 de junio de 2013, la Comisión, mediante el Reglamento (UE) no 513/2013 de la Comisión (4), estableció un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios o procedentes de la República Popular China («Reglamento antidumping provisional»).

(6)

Los análisis relativos al perjuicio que se llevan a cabo en la presente investigación antisubvenciones y en la investigación antidumping paralela se basan en la misma definición de la industria de la Unión, los mismos productores representativos de la Unión y el mismo período de investigación y, salvo si se indica lo contrario, conducen a conclusiones idénticas Este procedimiento se consideró adecuado para racionalizar el análisis del perjuicio, así como para obtener unos resultados coherentes en ambos procedimientos. Por este motivo, las observaciones sobre el perjuicio expuestas en uno de los procedimientos se han tenido también en cuenta en el otro.

1.3.   Registro

(7)

A raíz de una solicitud del denunciante respaldada por las pruebas necesarias, la Comisión adoptó, el 1 de marzo de 2013, el Reglamento (UE) no 182/2013 de la Comisión (5), por el que, desde el 6 de marzo de 2013, se someten a registro las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios o procedentes de la República Popular China.

(8)

Algunas partes interesadas alegaron que la decisión de registrar las importaciones era infundada, ya que no se cumplían las condiciones con arreglo al artículo 24, apartado 5, del Reglamento de base. Sin embargo, estas alegaciones no se apoyaron con pruebas, ni se basaron en ellas. En el momento de adoptar la decisión de registrar las importaciones, la Comisión disponía de suficientes indicios razonables para justificar la necesidad de registrarlas, en particular un fuerte incremento, tanto en términos de importaciones absolutas como en términos de cuota de mercado. Por lo tanto, se desestimaron estas alegaciones.

1.4.   Partes afectadas por el procedimiento

(9)

La Comisión informó oficialmente de la apertura de la investigación a los denunciantes, a otros productores de la Unión conocidos, a los productores exportadores conocidos de China, a las autoridades de China y a los importadores conocidos. Se dio a las partes interesadas la oportunidad de presentar sus opiniones por escrito y de solicitar una audiencia en el plazo establecido en el anuncio de inicio.

(10)

Teniendo en cuenta el gran número aparente de productores exportadores, productores de la Unión e importadores no vinculados, se solicitó a todos los productores exportadores conocidos y a los importadores no vinculados que se dieran a conocer a la Comisión y que facilitasen, tal como se indicaba en el anuncio de inicio, información básica sobre sus actividades relacionadas con el producto afectado durante el período de investigación, definido más adelante en el considerando 38. Dicha información se solicitó en virtud del artículo 27 del Reglamento de base para que la Comisión pudiera decidir si era necesario un muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar las muestras. También se consultó a las autoridades chinas.

a)   Muestreo de productores exportadores

(11)

Inicialmente, ciento veintiún productores exportadores/grupos de productores chinos facilitaron la información solicitada y aceptaron formar parte de la muestra. Las empresas que cooperaron representan más del 80 % del volumen total de las exportaciones chinas. Sobre la base de la información proporcionada por los productores exportadores y de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de base, la Comisión propuso en principio una muestra de siete productores exportadores/grupos de productores.

(12)

La muestra seleccionada de siete grupos de empresas quedó formada por los tres exportadores que cooperaron y que presentaban el mayor volumen de exportaciones de módulos, los dos exportadores que cooperaron y que presentaban el mayor volumen de exportaciones de células y los dos exportadores que cooperaron y que presentaban el mayor volumen de exportaciones de obleas («wafers»). La muestra de estos siete grupos de productores exportadores sirvió como base para determinar el nivel de las subvenciones para estos grupos, así como el nivel de las subvenciones para todos los productores exportadores que cooperaron y no estaban incluidos en la muestra, tal como se exige en el artículo 15, apartados 2 y 3, del Reglamento de base. Como se explica en el considerando 46, la Comisión excluyó las obleas de la definición del producto en la fase definitiva de la investigación. Algunas empresas se habían incluido en la muestra sobre la base de un mayor volumen de exportación de obleas. Sin embargo, teniendo en cuenta que la Comisión ya había investigado estas empresas y verificado los datos que estas habían proporcionado, así como el hecho de que todas estas empresas exportaban un volumen significativo de módulos y/o células, no se consideró necesario modificar la muestra.

(13)

Finalmente, se consideró que la muestra estaría formada por ocho empresas o grupos de empresas. Esto se debe a que, si bien inicialmente se había comunicado que Jinko Solar Co. Ltd y Renesola Jiangsu Ltd estaban vinculadas, luego se estableció que no lo estaban.

b)   Muestreo de los productores de la Unión

(14)

En el anuncio de inicio, la Comisión comunicó que había seleccionado provisionalmente una muestra de productores de la Unión. Se informó de esa muestra provisional a todos los productores de la Unión conocidos y a las asociaciones de productores conocidas. Dicha muestra provisional estaba formada por nueve productores de la Unión, de los aproximadamente doscientos quince de los que se sabía, antes del inicio de la investigación, que producían el producto similar, seleccionados sobre la base de los mayores volúmenes de producción representativos, habida cuenta del volumen de ventas y la ubicación geográfica, que pudieran investigarse razonablemente en el plazo disponible. Se veló por que la muestra incluyera productores de la Unión integrados y no integrados verticalmente. Se invitó asimismo a las partes interesadas a dar a conocer sus opiniones sobre la muestra provisional.

(15)

Varias partes interesadas formularon las siguientes objeciones en relación con la muestra provisional de productores de la Unión:

i)

Algunas partes alegaron que la escasa información facilitada sobre la muestra elegida provisionalmente era insuficiente, por lo que no podían hacer comentarios pertinentes sobre ella. En particular, criticaban que se hubiera mantenido la confidencialidad sobre la identidad de los productores de la Unión y solicitaban que se revelara en qué Estados miembros estaban ubicados los productores incluidos en la muestra, así como la parte de producción correspondiente en el volumen total de producción de módulos y células fotovoltaicos, y el porcentaje de producción y ventas representado por las empresas incluidas en la muestra, individualmente y en su conjunto.

ii)

Se discutió el método utilizado para seleccionar la muestra sobre la base de que «confundía tres etapas distintas», a saber, el apoyo al inicio de la investigación, la definición de industria de la Unión y el muestreo. Se argumentó que no estaba claro si la industria de la Unión se había definido ya en el momento de la selección de la muestra y, por consiguiente, si la muestra podía considerarse representativa. Sin una definición de la industria de la Unión en la fase de muestreo, las partes interesadas no podían comprobar si la muestra provisional era representativa y, por tanto, si, sobre la base de esa muestra, podía evaluarse correctamente la situación de la industria de la Unión durante el período de investigación, tal como se define en el considerando 38. Además, se adujo que era inadecuado seleccionar la muestra provisional a partir de las respuestas de los productores de la Unión al examen del apoyo para el inicio de la investigación.

iii)

También se alegó que la muestra provisional se había seleccionado únicamente entre las empresas que habían manifestado su apoyo a la investigación.

iv)

Una parte interesada argumentó que, al incluirse en la muestra provisional empresas integradas verticalmente, el volumen de producción de células podía haberse contabilizado dos o tres veces, lo que arroja dudas sobre la representatividad global de la muestra. Se pidió que, para los productores integrados verticalmente, solo se contabilizara el volumen de producción de módulos, no el volumen de células.

v)

La misma parte alegó que los datos en los que se basaba la selección de la muestra no eran fiables, al menos en parte, lo que podía incidir en la representatividad de la muestra provisional en su conjunto.

vi)

Una parte interesada facilitó una lista que contenía, supuestamente, unos ciento cincuenta productores adicionales de la Unión que fabricaban el producto similar, alegando que debían tenerse en cuenta para seleccionar la muestra de productores de la Unión.

(16)

Los argumentos esgrimidos por dichas partes fueron objeto de las observaciones siguientes: los productores de la Unión habían solicitado que se salvaguardara la confidencialidad de sus nombres debido al riesgo de represalia. De hecho, varios productores de la Unión habían recibido amenazas reales contra su negocio tanto en la Unión como fuera de ella. La Comisión consideró que esas solicitudes estaban suficientemente fundadas para aceptarlas. La revelación de la ubicación o la parte de producción y ventas de cada uno de los productores de la Unión seleccionados en la muestra podría conducir fácilmente a su identificación, por lo que se rechazaron las solicitudes en tal sentido.

(17)

La Comisión no había «confundido» la determinación del apoyo al inicio de la investigación, la determinación de la industria de la Unión y la selección de la muestra provisional, ya que esas fases se llevaron a cabo con independencia una de la otra y las decisiones al respecto se tomaron por separado. No se demostró hasta qué punto había afectado a la representatividad de la muestra el uso de los datos de producción y ventas proporcionados por los productores de la Unión en el contexto del examen del apoyo al inicio de la investigación. De hecho, en la fase inicial se había definido provisionalmente la industria de la Unión. Para establecer con carácter provisional la producción total de la Unión en el período de investigación, tal como se define en el considerando 38, se utilizó toda la información disponible sobre los productores de la Unión, incluida la aportada en la denuncia y los datos recabados de los productores de la Unión y otras partes antes del inicio de la investigación.

(18)

Para la muestra se consideró a todos los productores de la Unión que habían respondido a las preguntas relacionadas con el apoyo al inicio de la investigación, independientemente de su apoyo, oposición o ausencia de opinión en relación con la investigación. Por consiguiente, se desestimó dicha alegación.

(19)

La cuestión de la doble o triple contabilización se consideró al seleccionar la muestra provisional. Se estimó que, si se excluían la producción y las ventas de células de los productores de la Unión integrados verticalmente, no se tendría en cuenta la parte de la producción de células vendida en el mercado libre. Por consiguiente, se consideró que la exclusión de las ventas de células del volumen de producción total no conduciría necesariamente a obtener una muestra más representativa. Además, la representatividad de la muestra no solo se había establecido sobre la base del volumen de producción, sino también sobre la base de la distribución geográfica y de una representación equilibrada de productores integrados y no integrados verticalmente. Se calculó la representatividad relativa del volumen de producción para cada tipo del producto similar. Sobre esta base, se consideró que la metodología utilizada para seleccionar la muestra provisional era razonable y, por consiguiente, la muestra es representativa de la industria de la Unión del producto investigado en su conjunto. En consecuencia, se rechazó esta alegación. En cuanto a la fiabilidad de los datos, la muestra se seleccionó a partir de la información disponible en el momento de la selección, tal como establece el artículo 27 del Reglamento de base. Por lo que respecta a la fiabilidad de los datos utilizados en el apoyo al inicio de la investigación, en el marco de la misma no se encontraron pruebas de que los datos recogidos antes del inicio presentaran deficiencias significativas. Por tanto, es razonable asumir que la base sobre la que se seleccionó la muestra provisional era suficientemente fiable. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(20)

En relación con la lista de alrededor de ciento cincuenta productores de la Unión adicionales, debe señalarse que esta información se presentó bastante después de que venciera el plazo concedido a las partes interesadas para presentar observaciones sobre la selección de la muestra provisional y a los productores de la Unión para comparecer y solicitar su inclusión en ella. Además, la Comisión conocía a unos treinta productores de la Unión incluidos en esa lista cuando seleccionó la muestra. Es más, en esa selección se tuvo en cuenta a todos los productores de la Unión que se habían dado a conocer tras la publicación del anuncio de inicio. Por tanto, la representatividad de la muestra no ha resultado afectada. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(21)

A raíz de los comentarios recibidos, se revisó la composición de la muestra, ya que había indicios de que una de las empresas seleccionadas no habría estado en condiciones de colaborar plenamente. Para mantener el nivel de representatividad de la muestra, se seleccionó un productor de la Unión adicional. Así pues, la muestra revisada quedó formada por diez empresas, seleccionadas sobre la base de los mayores volúmenes de producción representativos de cada nivel de producción –habida cuenta del volumen de ventas en el mercado de la Unión y de la ubicación geográfica– que pudieran investigarse razonablemente en el plazo disponible. Tras la exclusión de las obleas de la definición del producto afectado y, por tanto, del ámbito de la presente investigación (véanse los considerandos 42 a 46 y 349), la muestra quedó constituida por ocho empresas. Así, la muestra revisada de productores de la Unión, expresada como porcentaje del total de la producción de la Unión, representaba entre el 18 % y el 21 % en relación con los módulos y entre el 17 % y el 24 % en relación con las células, y abarcaba productores integrados y no integrados verticalmente. Dado que un porcentaje preciso permitiría calcular el volumen de producción del productor de la Unión adicional antes mencionado y, por tanto, determinar su identidad, no era posible revelar porcentajes precisos.

(22)

Los productores de la Unión que facilitaron a la Comisión información para la selección de una muestra en el presente procedimiento antisubvenciones, coinciden con los productores de la Unión que facilitaron la información pertinente en la investigación antidumping paralela en curso. Además, todos los productores de la Unión seleccionados en la muestra final en la investigación antidumping suministraron la información pertinente en la actual investigación antisubvenciones que permitió a la Comisión seleccionar la muestra. Por lo tanto, se consideró adecuado que las muestras finales de los productores de la Unión fueran idénticas en ambos procedimientos.

(23)

Las autoridades chinas reiteraron su alegación de que el uso de la confidencialidad en relación con el nombre de los denunciantes y los productores de la Unión incluidos en la muestra no está justificada. Como ya se indica en el considerando 9 del Reglamento provisional, los productores de la Unión habían solicitado que se salvaguardara la confidencialidad de sus nombres debido al riesgo de represalias. La Comisión consideró que esas solicitudes estaban suficientemente fundadas para aceptarlas. La información facilitada a la Comisión para fundamentar el riesgo de represalias no puede revelarse a terceros, ya que tal divulgación sería contraria a la finalidad de la solicitud de confidencialidad. Además, en un caso, en el que, a partir de los datos facilitados por las autoridades chinas, un productor de la Unión evaluó de nuevo su posición y reveló su identidad presentando una petición de proceso judicial contra el Reglamento provisional, ya no existen motivos para divulgar la información sobre cuya base se concedió el anonimato, puesto que la identidad ya se ha revelado.

(24)

Tras la divulgación final, la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos (Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, «CCCME») reiteró los argumentos sobre el método utilizado para la selección de la muestra provisional de productores de la Unión. Alega, en particular, que las instituciones no han tenido en cuenta a ciento veinte productores. La Comisión ya abordó este asunto en el considerando 9 del Reglamento provisional. Por otra parte, las instituciones han verificado las actividades de las empresas enumeradas en dicha lista. Resultó que la lista incluía, sobre todo, instaladores, distribuidores, importadores vinculados y productores exportadores de China, Taiwán y la India. Por tanto, el argumento no resultaba adecuado para demostrar que las instituciones habían pasado por alto un número significativo de productores de la Unión. Además, la CCCME no ha impugnado la producción total de la Unión mediante cifras alternativas, ni ha presentado ninguna prueba de que la representatividad de la muestra hubiera podido verse afectada, puesto que, aun suponiendo que la Comisión hubiera sabido de su existencia, ninguno de los supuestos productores adicionales de la Unión habrían sido incluidos en la muestra.

c)   Muestreo de importadores no vinculados

(25)

De los aproximadamente doscientos cincuenta importadores no vinculados presentados por el denunciante con los que se puso en contacto la Comisión, veinte respondieron al formulario de muestreo adjunto al anuncio de inicio: doce en relación con los módulos y uno en relación con las células. Además, otras siete partes se dieron a conocer, pero no comunicaron ni importaciones ni reventas del producto afectado. La muestra se seleccionó de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de base para cubrir el mayor volumen de importaciones que fuera representativo y pudiera investigarse razonablemente en el plazo disponible. Sobre esta base, se seleccionó una muestra de importadores no vinculados formada por dos importadores para los módulos y un importador para las células, que representaban entre el 2 % y 5 % del total de importaciones del país afectado. No obstante, tras la recepción de la respuesta al cuestionario, resultó evidente que la actividad principal de uno de los tres importadores residía, de hecho, en las instalaciones solares y no en el comercio del producto afectado. En cuanto a la actividad de un segundo importador, se trataba de un importador de módulos y no de un importador de células. No obstante, la calidad de la información proporcionada en su respuesta al cuestionario no era suficiente para poder incluir dicha información en el análisis de los importadores no vinculados. Además, la investigación reveló que la mayoría de las importaciones del producto afectado entraron en el mercado de la Unión a través de empresas vinculadas con productores exportadores de China o a través de instaladores o promotores de proyectos.

(26)

Tras la imposición de medidas antidumping provisionales en la investigación antidumping paralela, la Comisión se puso en contacto con importadores adicionales que ya habían cooperado en la fase inicial de la investigación facilitando información básica sobre sus actividades relacionadas con el producto investigado durante el período de investigación, tal como se especifica en el anuncio de inicio. El objetivo era determinar si se podía aumentar el tamaño de la muestra de importadores no vinculados. Seis empresas calificadas como importadores no vinculados que comerciaban con el producto afectado (es decir, lo compraban y lo revendían) se presentaron y mostraron su disposición a seguir cooperando en la investigación. De estas seis, cinco respondieron dentro del plazo establecido. De las cinco respuestas recibidas, solo tres eran lo suficientemente completas y permitían una evaluación significativa. Sobre esta base, se extendió la muestra de importadores no vinculados, formada ahora por cuatro importadores para los módulos, que representaban entre un 2 % y 5 % del total de importaciones del país afectado. Habida cuenta de la estructura de los importadores no vinculados, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, no se pudo elaborar una muestra que representase un porcentaje mayor, habida cuenta de la escasez de recursos a disposición de las instituciones.

d)   Respuestas al cuestionario y verificaciones

(27)

La Comisión envió cuestionarios a los representantes de China (incluido cuestionarios específicos para el Banco de Desarrollo de China (China Development Bank), el Banco de Exportación e Importación de China (Export-Import Bank of China), el Banco de China (Bank of China), el Banco de Shanghai (Bank of Shanghai) y el Sinosure, a otras instituciones financieras pertinentes y productores estatales de polisilicio, vidrio y aluminio que hayan suministrado estas materias primas a la industria afectada durante el período de investigación, a los ocho productores exportadores chinos incluidos en la muestra y a los demás productores exportadores chinos que lo solicitaron, así como a los productores de la Unión incluidos en la muestra, a los importadores no vinculados incluidos en la muestra y a los operadores en segmentos anteriores y posteriores de la cadena de producción («operadores en sentido ascendente y descendente») y sus asociaciones que se dieron a conocer en los plazos establecidos en el anuncio de inicio. La Comisión también se puso en contacto con una asociación de consumidores representativa.

(28)

Se recibieron respuestas de las autoridades chinas, de todos los productores exportadores incluidos en la muestra y de sus empresas vinculadas en China, de cinco productores exportadores que solicitaron un examen individual, de todos los productores de la Unión incluidos en la muestra, de todos los importadores de la Unión no vinculados y de veintiún operadores en sentido ascendente y descendente y tres de sus asociaciones.

(29)

La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para determinar las subvenciones, el perjuicio resultante y el interés de la Unión. Se llevaron a cabo visitas de inspección en los locales de los poderes públicos y las instituciones financieras, las empresas incluidas en la muestra, un importador no vinculado, dos operadores en sentido ascendente y cuatro operadores en sentido descendente, asociaciones y consultores independientes que figuran a continuación:

a)

Gobierno de la República Popular China

Ministerio de Comercio, Pekín, China.

Huaxia Bank, Pekín, China

China Development Bank, Pekín, China

Export Import Bank of China, Pekín, China

China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure), Pekín, China

b)

Productores de la Unión

ocho productores de la Unión incluidos en la muestra

c)

Grupos de productores exportadores (y empresas vinculadas) en China

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, China

Delsolar (Wujiang) Ltd. (Wujiang) Co. Ltd, China

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech C. Ltd, China

JingAo Group, China

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, PRC Power Co. Ltd, China

Yingli Green Energy Holding Company, China

Zhejiang Yuhui Solar Energy Source Co. Ltd y Renesola Jiangsu Ltd, China

Jinko Solar Co. Ltd, China

d)

Importador no vinculado de la Unión

IBC SOLAR AG, Bad Staffelstein, Alemania

e)

Operadores en sentido ascendente

Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsthal, Alemania

WACKER Chemie AG, Burghausen, Alemania

f)

Operadores en sentido descendente

Juwi Solar GmbH, Worrstadt, Alemania

ValSolar SL, Badajoz, España

Jayme de la Costa, Pedroso, Portugal

Sunedison, Spain Construction, Madrid, España

g)

Asociaciones

Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica (EPIA), Bruselas, Bélgica

h)

Consultora independiente

Europressedienst, Bonn, Alemania

(30)

Las observaciones presentadas por las partes interesadas fueron examinadas y, en su caso, tenidas en cuenta.

(31)

La Alianza para la energía solar asequible («AFASE»), que representa a los importadores y a los operadores en sentido ascendente y descendente, puso en duda la base jurídica de la visita realizada en los locales de Europressedienst, alegando que una consultora independiente no es una parte interesada con arreglo al artículo 26 del Reglamento de base. No obstante, en la medida de lo posible, las conclusiones deben basarse en datos fiables y verificables. Europressedienst ha facilitado información relativa a los indicadores macroeconómicos sobre la base de un contrato. La Comisión realizó una inspección en sus locales en aras del principio de buena administración, a fin de verificar la fiabilidad y exactitud de los datos en los que la Comisión ha basado sus conclusiones.

(32)

Las autoridades chinas alegaron que se violaron sus derechos de defensa en lo que se refiere al acceso al expediente disponible para inspección por las partes interesadas, debido a i) que faltaba información en los expedientes no confidenciales sin que se mostrara ninguna «justificación suficiente» ni se facilitaran resúmenes suficientemente detallados, o sin que, excepcionalmente, se indicaran motivos de la imposibilidad de facilitar el resumen no confidencial; ii) que faltaba la versión no confidencial de una respuesta al cuestionario completa de un productor de la Unión; y iii) el carácter excesivo de los plazos para poner a disposición de las partes interesadas las versiones no confidenciales de las respuestas al cuestionario de los productores de la Unión.

(33)

i) Por lo que se refiere a la alegación sobre la falta de información en el expediente público, la parte interesada no especificó a qué información se refería. ii) Su alegación de que no se había divulgado la versión no confidencial de una respuesta completa al cuestionario era incorrecta. iii) En cuanto a los plazos para divulgar las respuestas no confidenciales a los cuestionarios de los productores de la Unión incluidos en la muestra, se explicó al interesado que los cuestionarios solo se incorporaron al expediente no confidencial después de haber comprobado su exhaustividad y el fundamento de los resúmenes. A fin de garantizar el derecho de los productores de la Unión al anonimato, también se estableció que las versiones no confidenciales de los cuestionarios no revelarían la identidad del productor de la Unión en cuestión. En algunos casos, las versiones no confidenciales debían ser corregidas en consecuencia por la parte que las presentaba antes de que se pudieran poder poner a disposición de otras partes interesadas.

(34)

En cualquier caso, se considera que este hecho no afecta en modo alguno los derechos de defensa de las partes interesadas. La Comisión ha dado a todas las partes interesadas la oportunidad de responder a su debido tiempo a la información incluida en el expediente abierto a la inspección, a fin de que sus observaciones, siempre que estuvieran motivadas y justificadas, pudieran tenerse en consideración antes de llegar a ninguna conclusión en la investigación. La parte interesada tuvo muchas oportunidades para presentar sus observaciones en relación con los cuestionarios de los productores de la Unión incluidos en la muestra, también tras la divulgación provisional y la final. Por lo tanto, aunque la comunicación de información y el acceso al expediente accesible para inspección por las partes interesadas se basan en diferentes disposiciones jurídicas, debe tenerse en cuenta que las partes interesadas tuvieron numerosas oportunidades para presentar sus observaciones sobre toda la información facilitada por cualquier parte en la investigación. En consecuencia, hubo que rechazar esta alegación.

(35)

Se informó a todas las partes interesadas de los hechos y consideraciones esenciales sobre cuya base se pretendía recomendar la imposición de derechos compensatorios a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China («divulgación final»). Se concedió a todas las partes un plazo dentro del cual podían formular observaciones en relación con la divulgación final.

(36)

Las observaciones presentadas por las partes interesadas fueron examinadas y, en su caso, tenidas en cuenta.

1.5.   Aceptación de un compromiso en lo que se refiere a los derechos definitivos

(37)

Tras la divulgación final, la Comisión recibió una oferta modificada de un compromiso ofrecido por los productores exportadores junto con la Cámara China de Comercio para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos, que abarca también la investigación antidumping paralela. La Comisión aceptó dicho compromiso mediante la Decisión de Ejecución 2013/707/UE de la Comisión de 4 de diciembre de 2013, que confirma la aceptación de un compromiso propuesto en relación con los procedimientos antidumping y antisubvenciones relativos a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células) originarios o procedentes de la República Popular China durante el período de aplicación de las medidas definitivas (6).

1.6.   Período de investigación y período considerado

(38)

La investigación sobre la subvención y el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012 («período de investigación» o «PI»). El análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio abarcó desde el 1 de enero de 2009 hasta el final del período de investigación («período considerado»).

2.   PRODUCTO AFECTADO Y PRODUCTO SIMILAR

2.1.   Producto afectado

(39)

En una primera etapa, el producto afectado se definió como módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y células y obleas del tipo utilizado en los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino, originarios o procedentes de China. Las células y obleas tienen un grosor no superior a 400 micrómetros. Actualmente, este producto está clasificado en los códigos NC ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 y ex 8541 40 90.

(40)

Están excluidos de la definición del producto afectado los siguientes tipos de productos:

los cargadores solares con menos de seis células, portátiles y que suministran electricidad a aparatos o cargan baterías,

los productos fotovoltaicos de capa fina,

los productos fotovoltaicos de silicio cristalino que formen parte integrante de manera permanente de aparatos eléctricos cuya función no consista en generar electricidad sino que consuman la electricidad generada por las células fotovoltaicas de silicio cristalino integradas.

2.2.   Producto similar

(41)

La investigación ha puesto de manifiesto que el producto afectado y el producto producido y vendido en la Unión por la industria de la Unión tienen unas características físicas, químicas y técnicas básicas similares, así como los mismos usos finales básicos. Por lo tanto, se consideraron similares a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, letra c), del Reglamento de base.

2.3.   Alegaciones relativas a la definición del producto

2.3.1.   Exclusión de las obleas

(42)

Varias partes interesadas alegaron que las obleas deberían excluirse de la definición del producto, ya que no comparten las mismas características físicas, químicas y técnicas básicas que las células y los módulos. A los argumentos presentados antes de la publicación del Reglamento antidumping provisional se sumaron otros dos al respecto tras dicha publicación.

(43)

En primer lugar, las partes interesadas alegaron que las obleas pueden emplearse para otros fines que la fabricación de células, concretamente para la producción de circuitos integrados y otros microdispositivos. A este respecto cabe señalar que en el ámbito de la presente investigación no se incluyen todas las obleas, sino únicamente las obleas del tipo utilizado en los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y las obleas cuyo grosor no es superior a 400 micrómetros. Si bien es cierto que existen obleas en otras aplicaciones, la investigación nunca abarcó las que se utilizan en la fabricación de otros productos, como circuitos integrados. Además, no se presentó ningún productor, importador o usuario participante en el mercado de estos otros tipos de obleas alegando que sus obleas serían sometidas a registro o derechos antidumping provisionales. Por tanto, se confirma que estos otros tipos de obleas no entran en la definición del producto investigado. Al mismo tiempo, esto demuestra que las obleas no tienen necesariamente el mismo uso final que las células y los módulos.

(44)

En segundo lugar, se ha alegado que las obleas no transformadas no poseen ninguna de las propiedades eléctricas esenciales que distinguen a las células y los módulos solares de otros productos. En particular, las obleas no tienen la capacidad de generar electricidad a partir de la luz solar, que es la función fundamental de las células y los módulos fotovoltaicos cristalinos.

(45)

De hecho, la investigación puso de manifiesto que la capacidad de generar electricidad a partir de la luz solar solo aparece después de que la oblea se transforme en célula. La conversión es efectuada por células que absorben la luz y la transforman en electricidad mediante el silicio cristalino. Las células tienen un contacto positivo-negativo para captar y reenviar la electricidad que generan. Para ensamblar los módulos, se sueldan las células con alambre plano o cinta metálica formando cintas y laminándolas entre dos capas. Por lo general, en la parte superior se utiliza vidrio y en la parte inferior una lámina polimérica de soporte. Normalmente, se crean marcos para permitir el montaje sobre el terreno (por ejemplo, en los tejados). El módulo puede disponer o no de un inversor.

(46)

Debido a las diferentes características físicas y técnicas básicas definidas durante la investigación, como, entre otras cosas, la capacidad de generar electricidad a partir de la luz solar, y sopesados todos los factores, se llegó a la conclusión de que las obleas debían excluirse de la definición del producto afectado y, por ende, del ámbito de la presente investigación.

2.3.2.   Características físicas, químicas y técnicas y usos finales

(47)

Varias partes interesadas alegaron que la investigación no podía abarcar dos productos con distintas características físicas, químicas y técnicas, por lo que módulos y células debían ser objeto de dos investigaciones independientes entre sí. Además, adujeron que no estaba claro si la investigación abarcaba un solo producto o dos productos separados, por lo que no les es posible defender plenamente sus intereses.

(48)

La producción de células y módulos constituye un solo proceso de producción con distintas etapas. Las células determinan las características del producto acabado (es decir, los módulos). La investigación demostró que la producción de células se dedica directa y exclusivamente a producir módulos; módulos y células comparten las mismas características físicas, químicas y técnicas (determinadas por la materia prima utilizada) y tienen los mismos usos finales básicos, es decir, se venden para su integración en sistemas solares fotovoltaicos. El rendimiento de los módulos depende directamente del rendimiento de las células.

(49)

En el anuncio de inicio se indicaba claramente que módulos y células constituyen el producto investigado. Por consiguiente, las partes interesadas tuvieron todas las oportunidades de defender sus intereses sobre la base del producto afectado, tal como estaba definido. Por las razones expuestas, se rechazaron estos argumentos.

2.3.3.   Nomenclatura diferente

(50)

También se alegó que los módulos y las células no podían considerarse un solo producto porque tienen códigos NC de ocho dígitos, subpartidas de seis dígitos y partidas SA de cuatro dígitos. A este respecto, hay que señalar que tanto las células como los módulos se pueden declarar en la partida arancelaria 8541 40 90, mientras que las partidas arancelarias de la rúbrica 8501 son para los generadores eléctricos en general, no para productos solares en particular. Por estos motivos, la alegación fue rechazada.

2.3.4.   Valor añadido de las células

(51)

Varias partes alegaron que el valor añadido en el proceso de transformación de las células representa la mayor parte del valor de un módulo, por lo que las células debían considerarse un producto separado.

(52)

La investigación reveló que la producción de células es la parte del proceso de producción más compleja desde el punto de vista tecnológico. No obstante, también demostró que las dos etapas del proceso están vinculadas entre sí y que el valor añadido no se concentra en una etapa concreta del proceso de producción, sino que se distribuye a lo largo del mismo. Por las razones expuestas, se rechazó este argumento.

2.3.5.   Mercados comerciales separados

(53)

Algunas partes interesadas alegaron que los módulos y las células tienen mercados comerciales separados y, por tanto, deben tratarse como productos diferentes, lo que también se deriva del hecho de que muchos productores no están integrados verticalmente.

(54)

Módulos y células no pueden considerarse productos separados cuyos precios fluctúan dependiendo solo de factores del mercado. De hecho, sus precios están estrictamente interconectados y dependen del precio del polisilicio. Asimismo, como se explica en el considerando 49, el producto afectado se produce en un único proceso de producción con varias etapas. El hecho de que algunos productores no estén integrados verticalmente solo obedece a una decisión empresarial y a economías de escala, y no invalida tal conclusión. Por las razones expuestas, hubo que rechazar este argumento.

2.3.6.   Uso final e intercambiabilidad

(55)

Varias partes interesadas adujeron que módulos y células deben tratarse como productos diferentes, porque tienen distintos usos finales y no son intercambiables.

(56)

Como se ha indicado antes, la investigación demostró que el proceso de producción de células-módulos constituye un único proceso de producción, por lo que no es aplicable la cuestión de la intercambiabilidad entre distintas etapas de un único proceso de producción. Además, módulos y células tienen el mismo uso final, convertir la luz solar en energía eléctrica y, por tanto, no pueden utilizarse para otras aplicaciones.

2.3.7.   Canales de distribución

(57)

Una parte interesada alegó que módulos y células no comparten los mismos canales de distribución, por lo que no deben considerarse un solo producto. La investigación demostró que módulos y células pueden distribuirse a través de canales de distribución similares o diferentes. No obstante, el principal criterio para determinar que se trata de un solo producto es que tienen las mismas características físicas, químicas y técnicas y los mismos usos finales. Habida cuenta de los considerandos 47 a 49, se concluyó que la existencia de canales de distribución diferentes no debía considerarse un elemento decisivo. Por lo tanto, debe rechazarse este argumento.

2.3.8.   Percepción del consumidor

(58)

Se alegó que módulos y células son sustancialmente distintos en términos de percepción del consumidor, por lo que no deben considerarse un solo producto.

(59)

Al igual que antes, el principal criterio para determinar que se trata de un solo producto es que tienen las mismas características físicas, químicas y técnicas y los mismos usos finales. Habida cuenta de los considerandos 47 a 49, se concluyó que las diferencias de percepción del consumidor no debían considerarse un elemento decisivo. Por lo tanto, debe rechazarse este argumento.

2.3.9.   Investigaciones independientes para células y módulos

(60)

Algunas partes interesadas reiteraron que células y módulos no son un mismo producto y que, por tanto, deben evaluarse por separado. No obstante, a diferencia de las obleas, las células y los módulos comparten la misma propiedad básica, es decir, la capacidad de generar electricidad a partir de la luz solar. Por tanto, se rechazaron estos argumentos.

(61)

Tras la divulgación final, un exportador argumentó que, por sí solas, las células no pueden generar electricidad. Se supone que es necesario integrarlas en módulos para que sean capaces de hacerlo. Sin embargo, cada célula tiene capacidad, por sí sola, de generar una energía eléctrica de alrededor de 4 W a partir de la luz solar. Aunque esa potencia pueda ser insuficiente para la mayoría de las aplicaciones que requieren el montaje de muchas células en módulos, ello no significa que una célula no tenga en sí misma la capacidad para generar electricidad.

(62)

Tras la divulgación final, un exportador argumentó que las células son no solo un tipo de módulo, sino que son un producto completamente diferente. En efecto, una célula es el componente clave de un módulo. Como componente clave, es evidente que una célula no es un «producto completamente distinto» pues comparte con los módulos la misma característica básica de generar electricidad a partir de la luz solar, como se indica en el considerando 60.

(63)

La misma parte argumentó, además, que al seleccionar las muestras de los productores de la Unión y de los exportadores chinos se tuvo en cuenta la diferencia entre células y módulos. Por consiguiente, se deberían haber establecido tipos de derecho distintos para módulos y células. A este respecto, se confirma que efectivamente se tuvo en cuenta la diferencia entre módulos y células al seleccionar la muestra de productores de la Unión y exportadores chinos, como se indica en los considerandos 10 y 14 del Reglamento antidumping provisional. Sin embargo, esto solo se hizo para garantizar que las muestras fueran representativas y, por tanto, no implica que células y módulos no deban considerarse como un único producto afectado, ni que hubieran debido establecerse tipos de derecho independientes para células y módulos. De hecho, a la hora de seleccionar la muestra era conveniente distinguir entre células y módulos a fin de garantizar que la muestra fuera representativa de todos los tipos de producto. Además, puesto que existía cierto grado de incertidumbre en relación con la cuestión de si células y módulos debían considerarse como un único producto o como dos productos separados, era necesario garantizar la representatividad para los dos resultados posibles.

(64)

Varios productores exportadores alegaron que el hecho de que el compromiso suponga la imposición de volúmenes y precios mínimos de importación diferentes para células y módulos parece confirmar que módulos y células son productos distintos que requieren dos investigaciones diferentes. Sin embargo, unos precios mínimos de importación distintos solo indican que las células y los módulos pertenecen a grupos de tipo de producto distintos, que se comercializan a precios diferentes. Por tanto, es necesario definir precios diferentes a fin de que los precios mínimos de importación sean significativos.

(65)

Además, el hecho de que las células y los módulos formen grupos diferentes de tipo de producto no es, en sí mismo, pertinente para la definición del producto afectado. Para la definición del producto afectado basta con que los productos compartan las mismas características básicas y usos finales básicos, como ocurre con los módulos y las células según se expone en los considerandos 46 y 71, respectivamente.

(66)

Las autoridades chinas alegaron que en la evaluación de si células y módulos son un solo producto afectado no se abordan una serie de criterios definidos por el Órgano de Apelación en su informe CEamianto  (7). Estos criterios se utilizan para la definición del «producto similar», no del producto afectado. En otras palabras, estos criterios deben utilizarse para definir el producto similar, por ejemplo el producto similar producido por la industria de la Unión, que luego se compara con el producto afectado exportado por los productores exportadores chinos. Estos criterios, por lo tanto, no son pertinentes a la hora de definir el producto afectado. De cualquier modo, las instituciones observan que la aplicación de los criterios utilizados en el Informe CEAmianto a la definición del producto afectado en el presente caso no daría un resultado diferente. Los criterios primero y segundo (propiedades, naturaleza y calidad y usos finales) son idénticos a los criterios relativos a las propiedades físicas, químicas y técnicas y a los usos finales utilizados en los anteriores considerandos. El tercer criterio (gustos y hábitos de los consumidores) no es realmente útil en el presente caso, pues las células son el componente clave de los módulos; por lo que respecta al cuarto criterio, la clasificación arancelaria, cabe señalar que tanto las células como los módulos pueden declararse en la partida arancelaria 8541 40 90, mientras que las partidas arancelarias de la rúbrica 8501 se destinan a los generadores eléctricos en general, y no a los productos solares en particular.

(67)

Otras partes interesadas argumentaron que la aplicación objetiva de los criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia en asuntos anteriores (8) parece conducir a la conclusión de que los módulos y las células son productos diferentes. A este respecto hay que señalar que el Tribunal no ha hecho más que indicar una serie de criterios que pueden ser tenidos en cuenta-, pero que no es obligatorio utilizarlos en todos en todos los casos, ya que posiblemente, no todos sean pertinentes. Estos criterios se evaluaron en los considerandos 27 a 39 del Reglamento antidumping provisional, donde se determinó que varios de ellos no eran pertinentes en el presente caso. En el asunto Brosmann se utilizaron únicamente los tres criterios que se consideraron pertinentes para evaluar si diferentes tipos de calzado pertenecían al «producto afectado» Puesto que las partes interesadas no facilitaron ningún argumento para defender que una aplicación objetiva de los criterios conduce a la conclusión de que los módulos y las células son productos distintos, este argumento no puede ser aceptado.

(68)

Además, cabe recordar que las células y los módulos tienen los mismos usos finales básicos, es decir, se venden para ser integrados en sistemas solares fotovoltaicos. El funcionamiento de los módulos está directamente relacionado con el de las células, como se indica en el considerando 28 del Reglamento antidumping provisional.

(69)

Una parte interesada afirmó que, al excluir las obleas de la definición del producto, y debido al intensivo proceso de transformación necesario para fabricar módulos a partir de células, el argumento de que las células y los módulos tienen los mismos usos finales tampoco está fundamentado. También se ha argumentado que la consideración de que los módulos y las células tienen los mismos usos finales se basa en la presunción de que las obleas, las células y los módulos tienen un mismo proceso de producción.

(70)

En primer lugar, que la evaluación según la cual los módulos y las células tienen los mismos usos finales se basa en el proceso de producción es una conclusión errónea. Aunque ambos enunciados figuran efectivamente en el considerando 36 del Reglamento antidumping provisional, ello no significa que una conclusión se base en el otro supuesto. La palabra «además» que separa las dos declaraciones deja claro que la segunda afirmación no se basa en la primera. Por otro lado, las dos afirmaciones abordan cuestiones diferentes en el apartado «Uso final e intercambiabilidad». La primera afirmación relacionada con el proceso de producción aborda la intercambiabilidad, mientras que la segunda aborda el uso final. La hipótesis subyacente, con arreglo a la cual se considera que el hecho de que los módulos y las células tengan los mismos usos finales se basa en la presunción de que las obleas, las células y los módulos tienen un mismo proceso de producción, es, por tanto, errónea.

(71)

En cuanto al verdadero uso final de células y módulos, ninguna de las partes interesadas ha contestado que los módulos y las células se vendan para su integración en sistemas solares fotovoltaicos. Por lo tanto, queda confirmada la conclusión de que los módulos y las células tienen un mismo uso final.

2.3.10.   Productos de capa fina

(72)

Una parte interesada alegó que debían incluirse en la definición del producto afectado los productos fotovoltaicos de capa fina, ya que comparten las mismas características físicas, químicas y técnicas básicas y los mismos usos finales básicos.

(73)

Los productos fotovoltaicos de capa fina están claramente excluidos de la definición del producto (véase el considerando 40). En efecto, estos productos presentan características físicas, químicas y técnicas distintas de las del producto afectado. Se obtienen por un proceso de producción diferente y no a partir de silicio cristalino, que es la principal materia prima para la producción de módulos y células. Presentan una eficiencia de conversión más baja y una potencia de salida menor, por lo que no son adecuados para el mismo tipo de aplicaciones que el producto afectado. Por las razones expuestas, hubo que rechazar estos argumentos.

2.3.11.   Productos intermedios

(74)

Se alegó asimismo que las células son productos intermedios, mientras que los módulos son productos acabados, por lo que no deben considerarse un solo producto.

(75)

Como se ha indicado antes, el principal criterio para determinar que se trata de un solo producto es el hecho de tener las mismas características físicas, químicas y técnicas y los mismos usos finales. Habida cuenta de los considerandos 47 a 49, se concluyó que la diferencia entre productos intermedios o acabados no se considera un elemento decisivo. Por lo tanto, debe rechazarse este argumento.

2.3.12.   Cargadores solares

(76)

Una parte interesada solicitó que se excluyeran los paneles solares que se dedican exclusivamente a cargar baterías de 12V, argumentando que tienen un uso final diferente al de los módulos de conexión a la red, puesto que, al tener una tensión mucho más baja, son inadecuados para la conexión en red.

(77)

De acuerdo con el anuncio de inicio, no están incluidos en el producto investigado los cargadores solares que constan de menos de seis células, son portátiles y suministran electricidad a aparatos o cargan baterías. Los módulos que constan de más de seis células y se utilizan exclusivamente para cargar baterías tienen las mismas características básicas y el mismo rendimiento que los módulos de conexión a la red. Utilizan una tensión de circuito abierto menor que la que emplean los módulos de conexión a la red. A pesar de esta diferencia, la investigación demostró que este tipo de módulos pueden conectarse a la red. La menor tensión puede compensarse fácilmente aumentando el tamaño y/o el número de las células. Por tanto, los módulos dedicados a la carga de baterías que constan de más de seis células entran en la definición del producto afectado.

(78)

Varias partes interesadas alegaron, además, que la definición de «cargadores solares que constan de menos de seis células» es demasiado restringida y debería ampliarse a productos de función similar como los que, siendo de tamaño similar, cuentan con un número mayor de células más pequeñas.

(79)

También alegaron que es demasiado restringida la definición de «productos fotovoltaicos de silicio cristalino que forman parte integrante de aparatos eléctricos», pues solo se excluye el aparato eléctrico completo, mientras que no quedan necesariamente excluidos los componentes solares que van a integrarse en los aparatos eléctricos.

(80)

En efecto, un análisis de las alegaciones presentadas por las diversas partes interesadas han puesto de manifiesto que es más adecuado definir la exclusión de dichos productos sobre la base de las normas técnicas que sobre la base del número de células. En particular, se determinó que las definiciones de la norma «IEC 61730-1 Aplicación clase C» definen más adecuadamente los productos que deberían quedar excluidos del ámbito de aplicación de las medidas.

(81)

Tras la divulgación definitiva, se recibieron observaciones relativas a la exclusión basadas en la norma internacional mencionada anteriormente. Se alegó que, en vez de hacer referencia a la norma, sería más adecuado definir la exclusión en términos de potencia y tensión de salida como «módulos o paneles con una tensión de salida no superior a los 50 V CC y una potencia igual o inferior a 50 W, únicamente para un uso directo como cargadores de batería en sistemas con las mismas características por lo que se refiere a la tensión y a la potencia». Esta alegación se pudo aceptar, y la exclusión se ha establecido finalmente con arreglo a esta definición.

2.3.13.   Módulos solares integrados en tejados

(82)

Otra parte interesada alegó que debían excluirse del ámbito de la investigación los módulos solares integrados en tejados, pues combinan la funcionalidad de un módulo solar con la de una teja o pizarra. Por tanto, no son directamente intercambiables con un módulo solar estándar.

(83)

No obstante, la investigación ha puesto de manifiesto que tanto los módulos estándar como los módulos solares integrados en el tejado han de cumplir las mismas normas eléctricas. Además, si bien un módulo solar integrado en el tejado no puede reemplazarse simplemente con un módulo estándar, sí puede sustituirse por un módulo estándar más tejas o pizarra. Así pues, estos productos poseen la misma propiedad técnica básica de generar electricidad a partir de la luz solar. La funcionalidad añadida (que de lo contrario ofrece el material del tejado) no se consideró fundamental y no justifica que se excluya de la definición del producto a los módulos solares integrados en el tejado.

(84)

Tras la divulgación definitiva, la misma parte interesada argumentó que la ausencia de intercambiabilidad dual entre los módulos solares integrados en el tejado y los módulos solares estándar es indicativa de que aquellos deberían excluirse del ámbito de las medidas, y remite al caso del calzado en general y el calzado deportivo de tecnología especial («STAF») en particular (9). No obstante, los motivos de la exclusión del «STAF» eran numerosos, y la ausencia de doble intercambiabilidad, por sí misma, no fue considerada una razón suficiente por el Tribunal General en el asunto Brosmann  (10), que confirmó que productos tan distintos como el calzado de ciudad y las botas de senderismo pueden considerarse como un solo producto afectado en una única investigación antidumping a pesar de sus diferencias.

(85)

Puesto que la parte interesada sostuvo que el hecho de que en la UE no haya producción y el hecho de que la parte interesada posea los derechos de propiedad intelectual parecen confirmar que los módulos solares integrados en el tejado son un producto innovador y distinto de cualquier otro producto. No obstante, haciendo referencia de nuevo al asunto sobre el calzado mencionado por la parte interesada, el Tribunal General declaró en la sentencia Brosmann que ni la ausencia de la producción de dicho tipo de calzado en la Comunidad ni la existencia de una patente eran determinantes. (11) En consecuencia, en este asunto, el calzado de tecnología patentada se consideró como producto afectado.

(86)

La parte interesada también alegó que los módulos solares integrados en el tejado deben excluirse de la definición del producto afectado porque se venden a precios considerablemente más altos que los módulos estándar. Además, en el asunto del calzado, el calzado deportivo de tecnología especial que superaba un determinado precio se excluyó de la definición de producto afectado. A este respecto hay que señalar que un módulo solar integrado en el tejado combina la funcionalidad de un módulo solar con la de una teja o pizarra, como se ha indicado en considerando 83. Por tanto, una comparación directa de los precios no es pertinente, ya que el incremento de precio se deriva lógicamente de una funcionalidad añadida.

(87)

Para responder a este argumento, la parte interesada sostuvo que, sobre la base del mismo, nunca sería posible alegar las diferencias de precio como indicador adicional que justifique la exclusión de la definición del producto. No obstante, esta interpretación es demasiado amplia. Lo que afirma el considerando anterior es, simplemente, que en el presente caso, en que los módulos integrados en el tejado combinan la funcionalidad del producto afectado con la de otro producto (en este caso, tejas o pizarra), el precio no es directamente significativo. Esto no significa en absoluto que en otros casos las diferencias de precios no puedan ser un indicador útil para determinar si un producto debe excluirse de la definición del producto afectado.

(88)

Por último, la parte interesada sostuvo que a su proveedor de módulos solares integrados en el tejado debería concedérsele el acceso al compromiso de precios mínimos. Sin embargo, parece que el exportador chino no cooperó en la investigación, y, como parte que no cooperó, no puede participar en el compromiso. Por tanto, estas solicitudes no pueden aceptarse.

2.3.14.   Células monocristalinas y policristalinas

(89)

Una parte interesada alegó que en la Unión no se producían células monocristalinas y que sus exportaciones de células monocristalinas no competían con la industria de la Unión. Sin embargo, la investigación puso de manifiesto la existencia de producción de células monocristalinas en la Unión. Por lo tanto, se rechaza esta alegación. En cualquier caso, en el asunto Brosmann el Tribunal General dictaminó que la ausencia de producción en la Comunidad de un tipo concreto de producto no es un factor decisivo.

2.3.15.   Cláusula de procedencia

(90)

Varias partes interesadas argumentaron que no estaba justificada la ampliación del ámbito de la investigación a los productos «procedentes» de China, cuando la investigación se había iniciado únicamente contra los productos originarios de China.

(91)

Sin embargo, los productos procedentes de China ya estaban incluidos en la fase de inicio. En el punto 5 del anuncio de inicio se invita a las empresas que importan el producto afectado desde la República Popular China pero consideran que el origen aduanero de parte de estas exportaciones, o incluso de la totalidad de las mismas, no es la República Popular China, a que se den a conocer y aporten la información pertinente a la presente investigación. Así pues, es evidente que todas las empresas que expiden productos desde China tuvieron la oportunidad de cooperar en la investigación. Por otro lado, dado que el producto investigado incorpora con frecuencia componentes y piezas procedentes de distintos países, también se anunció en el punto 5 del anuncio de inicio que podrían «adoptarse disposiciones especiales» para abordar esta cuestión.

(92)

Por tanto, se considera que todos los agentes económicos afectados fueron debidamente informados de la posibilidad de que, en su caso, se adoptaran disposiciones especiales con respecto a los productos expedidos desde China, y se les invitó a que cooperaran en la investigación. Así pues, el ámbito de la investigación no se amplió a los «productos procedentes de China», ya que estos estaban incluidos desde el principio.

(93)

Tras la divulgación, las partes interesadas argumentaron que, con independencia de lo dispuesto en el anuncio de inicio al que se refiere el considerando 91, la investigación estaba limitada a mercancías originarias de China y no evaluaba el impacto de las procedentes de ese país.

(94)

A este respecto, se observa que se tomaron las siguientes medidas para garantizar que todas las mercancías procedentes de China, no solo las originarias de este país, habían sido evaluadas durante la investigación.

Todas las empresas que enviaron el producto afectado desde China fueron invitadas a darse a conocer en la investigación, independientemente del origen de las mercancías.

En el anexo A del anuncio de inicio, se pidió a los exportadores que comunicaran datos relativos a todos los productos fabricados por la empresa. Dicha información no se limitaba a las mercancías originarias de China.

Sobre la base de esa información, que incluía todas las exportaciones a la UE fuera cual fuera el origen de las mercancías, se seleccionó una muestra representativa.

Los productores incluidos en la muestra recibieron un cuestionario dirigido a los «productores que exportan a la Unión Europea», en el que se hacía referencia a China como «país afectado», no como país de origen. Por tanto, estaba claro que se investigaban todas las mercancías, con independencia de su origen.

(95)

Así pues, se concluye que la investigación abarcaba todas las mercancías originarias o procedentes de China y que sus conclusiones, concretamente las relativas a las subvenciones y al perjuicio, se referían a todas las mercancías originarias o procedentes de China.

(96)

Tras la divulgación final, las partes interesadas argumentaron que la denuncia solo contenía indicios razonables en relación con las importaciones de paneles solares originarios de China, no con mercancías procedentes de este país. A este respecto debe aclararse que la denuncia abarcaba las mercancías «procedentes de China» (from the PRC), como puede verse en la página de cobertura sellada, presentada por el solicitante. Antes de esa página hay otra en el expediente en la que sí puede leerse «originarios de la República Popular China» (originating in the People's Republic of China). Sin embargo, esta no formaba parte del documento presentado por el denunciante, sino que la añadieron como página de cobertura los servicios de la Comisión utilizando el nombre dado a la investigación, en vez de utilizar el título de la denuncia. Por tanto, se considera que la denuncia abarcaba todas las mercancías procedentes de China, originarias o no de ese país.

(97)

Los productores exportadores chinos argumentaron además que no podía esperarse razonablemente que los productores exportadores de terceros países supieran que sus productos también podían ser objeto de la investigación. A este respecto debe señalarse que las medidas no se aplican a las mercancías en tránsito en el sentido del artículo V del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Por consiguiente, las medidas no afectan a los productores exportadores que no realizan operaciones en China. Por otro lado, ningún productor exportador de terceros países ha denunciado que los productos que exporta estén sujetos a las medidas.

(98)

Los mismos productores exportadores argumentaron que no se pidió a los productores exportadores de terceros países que se dieran a conocer, ni se les dio la oportunidad de demostrar que sus productos no están subvencionados. Las instituciones consideran que las medidas no afectan a los productores exportadores que no realizan operaciones en China, pues se considera que si sus mercancías se expiden desde este país es porque estaban en tránsito. Todos los demás productores exportadores fueron informados por medio del anuncio de inicio de que sus operaciones formaban parte de la investigación.

2.3.16.   Conclusión

(99)

En vista de lo antedicho, el producto afectado se define definitivamente como módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y células del tipo utilizado en los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino, originarios o procedentes de China, a menos que estén en tránsito en el sentido del artículo V del GATT. Las células tienen un grosor no superior a 400 micrómetros. Actualmente, este producto está clasificado en los códigos NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 y ex 8541 40 90.

(100)

Están excluidos de la definición del producto afectado los siguientes tipos de productos:

los cargadores solares que consten de menos de seis células, sean portátiles y suministren electricidad a aparatos o carguen baterías,

los productos fotovoltaicos de capa fina,

los productos fotovoltaicos de silicio cristalino que formen parte integrante de manera permanente de aparatos eléctricos cuya función no consista en generar electricidad sino que consuman la electricidad generada por las células fotovoltaicas de silicio cristalino integradas.

módulos o paneles con una tensión de salida no superior a 50 V CC y una potencia de salida no superior a 50 W únicamente para uso directo como cargadores de baterías en sistemas con las mismas características de tensión y potencia.

3.   SUBVENCIONES

(101)

El denunciante alegó que China da importantes subvenciones a su industria fotovoltaica («empresas de energía fotovoltaica») y remite a una serie de documentos estratégicos y de planificación, así como a la legislación, que son la base para el apoyo estatal en el sector. La Comisión revisó y analizó los documentos mencionados en la denuncia, así como la documentación complementaria presentada por las autoridades chinas y los productores exportadores incluidos en la muestra durante la investigación y constató que muchos de ellos ponen de manifiesto que, efectivamente, la industria fotovoltaica en China recibe un trato preferente en muchos ámbitos.

(102)

Las autoridades chinas incluyeron la industria fotovoltaica entre los sectores industriales «estratégicos» en el duodécimo plan quinquenal (12). También elaboraron un plan específico para la energía fotovoltaica (en el marco del mencionado duodécimo plan quinquenal), a saber, el duodécimo plan quinquenal para la industria solar fotovoltaica. En dicho plan las autoridades chinas expresaron su apoyo a las «empresas de mayor importancia»  (13) y a las «empresas clave»  (14), se comprometieron a «promover la aplicación de diversas políticas de apoyo a la industria fotovoltaica»  (15) y a «definir los preparativos generales de las políticas de apoyo en materia de industria, finanzas, fiscalidad, etc…».  (16).

La Decisión no 40 del Consejo de Estado establece que las autoridades chinas «apoyarán activamente el desarrollo de las nuevas industrias energéticas y acelerarán el desarrollo de la energía solar» (17) y ordena a todas las instituciones financieras que solo proporcionen apoyo crediticio a los proyectos que deben fomentarse (entre los que se encuentran los proyectos relacionados con la energía fotovoltaica) y se compromete a aplicar «otras políticas preferenciales a los proyectos que deben fomentarse  (18). Otra Decisión del Consejo de Estado, de 10 de octubre de 2010, trata de la ampliación de la “intensidad de la ayuda fiscal y financiera a las políticas”, anima a las instituciones financieras a “ampliar el apoyo crediticio” y se compromete a “utilizar las políticas de fiscalidad preferencial, como la de compensación de riesgos (19) para las nuevas industrias estratégicas, categoría a la que pertenece la industria de la energía solar fotovoltaica. El Esquema nacional para el desarrollo científico y tecnológico (2006–2020) (National Outline for the Medium and Long-term Science and Technology) Developmentse compromete a poner en primer lugar la financiación estratégica», «animar a las instituciones financieras a que concedan un apoyo crediticio preferencial a los principales proyectos nacionales de industrialización en ámbitos científicos y tecnológicos, animar a las instituciones financieras a que mejoren y refuercen los servicios financieros prestados a las empresas de alta tecnología y aplicar las políticas de fiscalidad preferencial para fomentar el desarrollo de las empresas de alta tecnología»  (20).

La Ley china en materia de progreso científico tecnológico enumera también una serie de medidas de apoyo a las industrias estratégicas, incluidas las empresas de energía solar fotovoltaica. Indica, entre otras cosas, que el Estado animará y asesorará a las instituciones financieras para que apoyen el desarrollo de empresas de alta tecnología y de tecnologías innovadoras mediante la concesión de préstamos (21), obliga a las instituciones financieras de crédito oficial a que, al ofrecer servicios financieros (22), den prioridad al desarrollo de empresas de alta tecnología y de tecnologías innovadoras, prevé bajos tipos de interés y garantía para los préstamos recibidos por determinadas empresas y ayudas especiales de las instituciones financieras de crédito oficial a proyectos fomentados por el Estado (23). Las aplicaciones prácticas de estas medidas se detallan más adelante.

3.1.   Observaciones preliminares

(103)

Tanto las autoridades chinas como los productores exportadores chinos incluidos en la muestra enviaron respuestas al cuestionario y aceptaron visitas in situ  (24) a fin de comprobar dichas respuestas.

(104)

Respecto a las autoridades chinas, tras el análisis de las respuestas al cuestionario, la Comisión envió una carta de deficiencia y una carta previa a la inspección, seguidas de la subsiguiente correspondencia relativa a la agenda para la visita de inspección. La Comisión ofreció a las autoridades chinas un plazo amplio para la preparación y remisión de sus observaciones cuando así se solicitó y se justificó. De hecho, se concedió una ampliación sustancial del plazo -de treinta días- a las autoridades chinas para responder al cuestionario, lo que condujo a un plazo total de 69 días para la presentación de la respuesta al cuestionario, y veinticinco días para la respuesta a la carta de deficiencia. Por lo tanto, las autoridades chinas han tenido, en total, más de tres meses para presentar la información solicitada por la Comisión.

(105)

Durante las visitas de inspección in situ al Ministerio chino de Comercio en Pekín y a cuatro instituciones financieras (China Development Bank, Export Import Bank de China, Huaxia Bank y Sinosure), la Comisión se esforzó en comprobar la información proporcionada sobre la base de los documentos de apoyo utilizados para preparar la respuesta de las autoridades chinas, de conformidad con las disposiciones de los artículos 11 y 26 del Reglamento de base. Al hacerlo, la Comisión llegó a la conclusión preliminar de que la falta de información y de documentos de apoyo puestos a disposición por las autoridades chinas no permitía verificar correctamente la respuesta al cuestionario. Además, faltaba determinada información, pese a que se había solicitado específicamente, y determinadas preguntas sencillamente carecían de respuesta. Por consiguiente, se comunicaron a las autoridades chinas las consecuencias de la falta de cooperación de conformidad con el artículo 28, apartados 1 y 6, del Reglamento de base.

(106)

Las autoridades chinas adujeron también que la Comisión les había impuesto una carga poco razonable, y que había solicitado información irrelevante e innecesaria, tanto en el cuestionario como en la posterior carta de deficiencia.

(107)

Con respecto a la información solicitada, cabe señalar que la Comisión únicamente solicitó la información relativa a las alegaciones contenidas en la denuncia que consideró necesaria para llegar a unas conclusiones representativas y fue coherente en sus solicitudes al pedir los mismos datos y la misma información a lo largo de todo el proceso de investigación y al solicitar a las autoridades chinas que explicaran la información presentada y sus consecuencias para los regímenes investigados. Es decir, la Comisión únicamente solicitó la información necesaria para evaluar la existencia y el nivel de las subvenciones disponibles para el producto afectado con arreglo a los regímenes de subvención alegados en la denuncia.

3.2.   Falta de cooperación

(108)

Como ya se ha dicho en el anterior considerando 105, tras las visitas de inspección in situ, el 23 de mayo de 2013, la Comisión notificó a las autoridades chinas que estaba considerando aplicar los datos disponibles, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base. La Comisión envió dicha carta tras haber llegado a la conclusión preliminar de que, debido a la falta de información y de pruebas de las autoridades chinas, no se pudieron verificar adecuadamente las respuestas al cuestionario antisubvenciones, a la carta de deficiencia y a otras observaciones formuladas por las autoridades chinas durante el procedimiento que nos ocupa. Además, se estableció in situ que tanto en la respuesta al cuestionario como en otras observaciones presentadas posteriormente por las autoridades chinas se omitió determinada información solicitada específicamente por la Comisión. Además, determinadas preguntas sencillamente carecían de respuesta. La posible aplicación de los datos disponibles afectaba a los planes y proyectos del Gobierno, así como a diversos documentos legislativos y de otro tipo; créditos a las políticas preferenciales; otras financiaciones, garantías y seguros; circulares del PBC; seguro de créditos a la exportación y verificación de Sinosure; programa de demostración Golden Sun; programas de exenciones y reducciones fiscales directas; programas relativos a la imposición indirecta y a los aranceles aduaneros; suministro de insumos por una remuneración inferior a la adecuada: polisilicio, extrusionados de aluminio y vidrio; y la concesión de derechos de uso del suelo.

(109)

En su carta de 3 de junio de 2013, las autoridades chinas se oponían a la intención preliminar de la Comisión de aplicar las disposiciones del artículo 28 del Reglamento de base, y argumentaban que, en este caso, no se cumplían las condiciones requeridas para no tener en cuenta la información presentada o incluso «colmar lagunas de información».

(110)

Las autoridades chinas alegaron que las «dudas» relativas a la exactitud de la información, debidas únicamente a que la Comisión no puede verificar de «forma totalmente satisfactoria» la información presentada, no deberían dar lugar a que se ignore dicha información. La Comisión no está de acuerdo con esta alegación, puesto que no refleja la realidad. Lo cierto es que la Comisión no «ignoró» ninguna información solo porque no la pudo comprobar durante la visita de inspección in situ. No obstante, no pudo tener en cuenta el valor nominal de la información en los casos en los que la información y las explicaciones que facilitaron las autoridades chinas se consideraron contradictorias o incompletas en comparación con el resto de la información de que dispone la Comisión y, además, tampoco se pudieron verificar durante la visita de inspección in situ. El valor que se da a cada pieza informativa depende del grado de no cooperación de las autoridades chinas. Se observa asimismo que la Comisión no presentó objeciones debido al formato en el que se presentó la información, como alegaron las autoridades chinas, sino que el problema era más bien la inexactitud o el carácter incompleto de los datos

(111)

Las autoridades chinas también alegaron que algunos de los datos solicitados por la Comisión suponían una carga que las autoridades chinas eran incapaces de asumir en la práctica. A este respecto, cabe señalar que la Comisión solo solicitó la información (apoyada con indicios razonables) necesaria para comprobar las alegaciones presentadas por el denunciante y que ofreció a las autoridades chinas un plazo amplio y suficientes oportunidades para que presentara dicha información. Por otro lado, la Comisión es plenamente consciente de que, debido al elevado número de alegaciones detalladas del denunciante en este caso, tuvo que solicitar una importante cantidad de información de las autoridades chinas. Sin embargo, como se ha explicado anteriormente (considerandos 104 a 107), la información solicitada no era excesiva y se concedió tiempo suficiente para proporcionarla.

(112)

Las autoridades chinas también señalaron la distinción entre obviar la información presentada y completar la información recibida con los datos realmente registrados. Aunque la Comisión es plenamente consciente de esta distinción y actúa conforme a las disposiciones pertinentes del artículo 28 del Reglamento de base, debe recordar que, en caso de que la información presentada contradiga otras informaciones de que dispone la Comisión sobre el mismo asunto, dicha información no se puede completar. En estos casos (por ejemplo, información presentada en relación con la propiedad de los bancos), la Comisión tuvo que determinar qué información es más fiable. Para ello, la Comisión se aseguró de que la utilización de los datos disponibles no sea punitiva y se base en datos realmente disponibles.

(113)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión no tenía motivos para considerar que no habían cooperado en este caso, porque ignorara o malinterpretara su obligación de considerar la «capacidad práctica» de las autoridades chinas para responder a su solicitud. Según las autoridades chinas, el conjunto de la investigación ha sido excesivamente gravoso, por lo que la cooperación en general ha sido imposible, y la Comisión, como autoridad investigadora, se ha negado repetidamente a colaborar con las autoridades chinas para atenuar tales cargas. Esta alegación es una interpretación claramente incorrecta de los hechos. La Comisión, a fin de cumplir con sus obligaciones legales tras la recepción de la denuncia debidamente documentada y, al mismo tiempo, respetar la jurisprudencia pertinente de la OMC, únicamente solicitó a las autoridades chinas la información necesaria para comprobar y evaluar las alegaciones de la denuncia respaldadas por elementos de prueba suficientes. La Comisión ofreció ayuda a las autoridades chinas, tanto en la carta de presentación del cuestionario como en el propio cuestionario. También en la carta de deficiencia, se invitó a las autoridades chinas a ponerse en contacto con la Comisión en caso de que hubiese cualquier pregunta relativa a la información solicitada. Además, la Comisión amplió excepcionalmente los plazos para la presentación de información (véase el considerando 104). Por otra parte, en la presente investigación, la Comisión pidió información específica sobre las operaciones de las autoridades chinas solo por lo que se refiere a los exportadores incluidos en la muestra, no a todos los productores de paneles solares en China, es decir, redujo al máximo el volumen potencial de información requerida. La Comisión observa que las autoridades chinas parecen mezclar argumentos relativos a su capacidad práctica para proporcionar datos con otras cuestiones.

Por ejemplo, en el asunto del papel fino estucado, cuando ponen en tela de juicio la solicitud de información supuestamente excesiva de la Comisión a los bancos y las instituciones financieras, basa su argumento principalmente en la presunta insuficiencia de la denuncia, alegando que se basa en «determinaciones ilegales». Por lo tanto, la denuncia de las autoridades chinas parece referirse a la calidad de las pruebas para el inicio, no a su capacidad práctica de facilitar información. En efecto, en su carta de 3 de junio de 2013 las autoridades chinas repitieron el argumento utilizado en presentaciones realizadas anteriormente, de que el inicio de muchos de los programas no cumplía el umbral probatorio establecido en el artículo 11, apartado 2, del Acuerdo SMC de la OMC y que, al iniciar este programa, la Comisión infringió el artículo 11, apartado 3, del Acuerdo SMC de la OMC. La Comisión ya respondió a estas alegaciones en una carta y un memorándum a las autoridades chinas, y, puesto que no se plantearon nuevas alegaciones en la carta de 3 de junio de 2013, no es necesario abordar las mismas alegaciones por segunda vez en el presente Reglamento.

(114)

Las autoridades chinas reclamaron asimismo que la Comisión no les concedió tiempo suficiente para rellenar el cuestionario. Esto es, simplemente, incorrecto. Tal como se explica en el considerando 104, la Comisión concedió a las autoridades chinas importantes ampliaciones de los plazos, concediéndoles el máximo de tiempo posible sin que tuviera repercusiones negativas importantes para el cierre oportuno del caso. El plazo para completar el cuestionario y la respuesta a la carta sobre las deficiencias fue sensiblemente superior al plazo previsto en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base.

(115)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión había ignorado su solicitud de ayuda para determinar la necesidad relativa de las respuestas al cuestionario con objeto de evitar conclusiones basadas en los datos disponibles. En su presentación, hacían referencia al hecho de que habían pedido a la Comisión que explicara el objetivo de determinada información específica solicitada y las determinaciones a las que podría dar lugar, a fin de «garantizar que podrían cooperar al máximo en su capacidad práctica y, al mismo tiempo, proporcionar la información más esencial». Naturalmente, la Comisión no podía saber las conclusiones a las que podría conducir la información real antes de disponer de la misma. Las autoridades chinas también alegan que la Comisión elaboró el cuestionario de forma que fuera «funcionalmente imposible» completarlo, y luego llevó a cabo «investigaciones aleatorias». La Comisión rechaza rotundamente estas alegaciones. Como se ha explicado anteriormente, en el cuestionario solo se solicitaba la información necesaria para poder llegar a una conclusión.

(116)

Las autoridades chinas también alegaron que la Comisión insistió en recibir documentos que las autoridades chinas, por ley, no podían presentar, ni podían obligar a que se elaborasen, y, en este contexto, hicieron referencia a la legislación pertinente de la OMC y de la UE, que deja claro que solo debe ignorarse la información falsa o engañosa y que no tenía capacidad práctica para proporcionar cierta información, cuya difusión prohíbe estrictamente su ordenamiento jurídico, por considerarse secreto de Estado u otro tipo de información. Sostuvo además que las disposiciones pertinentes del Acuerdo antidumping y el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de la OMC, que contemplan las formas en que se puede proporcionar información confidencial a la autoridad investigadora y concederle un «tratamiento confidencial» no son siempre aplicables si la información la deben facilitar las autoridades de un tercer país, en este caso las autoridades chinas. Las autoridades chinas alegaron asimismo que la Comisión entrará en conflicto con el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias si se niega a reconocer la distinción jurídica entre la capacidad real de un gobierno de facilitar información cuya divulgación está jurídicamente prohibida, por una parte, y otros tipos de información confidencial para las que se puede solicitar trato confidencial en el curso de una investigación, por otra.

(117)

La Comisión no ignoró ninguna información que las autoridades chinas, por el motivo que fuera, no elaboraron, porque, sencillamente, no se puede ignorar algo que no se presentó. Por otra parte, en una situación en la que las autoridades chinas no facilitaron, ni pusieron a disposición de las autoridades de inspección, determinada información, y la Comisión disponía de información de carácter similar procedente de otras fuentes (en su mayoría de dominio público, pero también de productores exportadores que cooperaron o facilitada por algunos bancos durante las investigaciones sobre el terreno); la Comisión incluyó esta información en el expediente del caso y la utilizó en su determinación. La Comisión no está de acuerdo con la alegación de que las disposiciones del Acuerdo antidumping y el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de la OMC que prevén la forma en que se puede facilitar información confidencial a las autoridades investigadoras y conceder «tratamiento confidencial» no es aplicable a las autoridades chinas. A este respecto, las autoridades chinas alegan que los gobiernos deberían estar sujetos a un patrón de cooperación distinto del de los exportadores y que la situación de los gobiernos requiere un «mínimo de cortesía» que no es aplicable a los exportadores. En cuanto a la realización de las investigaciones en materia de derechos compensatorios, la Comisión no está de acuerdo. Las autoridades chinas son una de las partes interesadas en el procedimiento para el cumplimiento del Reglamento de base y, al mismo tiempo, como «miembro interesado», China está vinculada por las disposiciones y la jurisprudencia de la OMC.

El artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base establece lo siguiente: «Cuando una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite en los plazos establecidos por el presente Reglamento u obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse conclusiones provisionales o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los datos disponibles». El artículo 12.7 del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias («Acuerdo SMC») hace referencia explícita a las consecuencias de la no cooperación de los gobiernos («Miembro interesado»): Cuando un Miembro interesado o una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite en un plazo razonable, u obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse conclusiones provisionales o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los datos disponibles. Por tanto, si el país investigador, en este caso la UE, ejerce sus derechos de conformidad con la OMC en una investigación sobre derechos compensatorios y solicita información que se considera necesaria para el objetivo de la investigación, los gobiernos y los exportadores están sujetos a la misma obligación de cooperación. Durante la investigación, las autoridades chinas hicieron frecuentemente referencia a las normas sobre confidencialidad como motivo para no facilitar la información solicitada, por ejemplo, las circulares del PBC, con fines de verificación. Cabe señalar que, incluso si los poderes públicos chinos estaban sujetos a impedimentos jurídicos para facilitar la información, tal y como afirman, siguen estando sujetos a sus obligaciones en el marco de la OMC para proporcionar la información que se considere necesaria para la investigación. A este respecto, ni las disposiciones de la legislación local ni las normas internas de un miembro de la OMC eximen a su Gobierno del cumplimiento de las obligaciones contraidas en el marco de la OMC de cooperar con las investigaciones; en estos casos de conflicto, incumbe a las autoridades chinas proponer maneras para poder conceder acceso a la información, de forma que esta pueda verificarse adecuadamente. Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades chinas nunca explicaron esta alegación ni presentaron prueba alguna (por ejemplo, una disposición legal por la que quede «legalmente prohibido» facilitar la información) a este respecto.

(118)

Además las autoridades chinas alegaron que la carta previa a la inspección de 25 de marzo de 2013 no era lo suficientemente detallada ni contenía determinadas cuestiones específicas que se abordarían durante la visita de inspección sobre el terreno. A este respecto debe tenerse en cuenta que, si bien no hay ningún requisito que obligue a la Comisión a enviar una lista con todas las preguntas que se plantearán durante la verificación sobre el terreno (y la Comisión no estima oportuno hacerlo), la carta previa a la inspección de 25 de marzo de 2013 contenía una lista muy específica y detallada de las cuestiones y los documentos que se abordarían, con arreglo al artículo 26, apartado 3, del Reglamento de base y a las exigencias de la OMC. No obstante, en la carta se dejaba claro que la lista no era exhaustiva y que, en su caso, se abordarían otros asuntos y otras pruebas. A este respecto, debería también tenerse en cuenta que las autoridades chinas no objetaron el contenido de esta carta previa a la inspección, aunque, por otra parte, se negaron a discutir algunos puntos planteados explícitamente en la carta, como la información sobre los principales bancos chinos, la participación del partido comunista chino en la gestión de determinados bancos o de algunos bancos o el acceso de determinados bancos a la reserva de divisas de la Administración del Estado para las Reservas de Divisas, alegando que no estaban preparados para responder a preguntas sobre estas cuestiones.

(119)

Las autoridades chinas adujeron asimismo que la Comisión no fue flexible durante la visita de inspección sobre el terreno y, de hecho, fijó un plazo preclusivo con respecto a cualquiera de las solicitudes de cambio de las autoridades chinas. En la misma línea, alegaron que la Comisión no aceptó ninguna de las soluciones «viables» propuestas por las autoridades chinas en relación con la verificación en la Oficina Nacional de Estadística y se negaron a ampliar el plazo de verificación hasta el lunes 22 de abril de 2013 para verificar la Oficina Nacional de Estadística. Además, los funcionarios de la Comisión iniciaron las verificaciones con retraso prácticamente cada día hábil porque, según las autoridades chinas, llegaban tarde.

(120)

Por lo que se refiere a las alegaciones anteriormente mencionadas, la Comisión subraya que el grado de flexibilidad demostrado por sus funcionarios sobre el terreno ha sido total e incondicional. Los funcionarios de la Comisión han ofrecido excepcionalmente verificar los documentos y las pruebas que las autoridades chinas pretendían introducir mucho después del cierre de un determinado tema, y, en varias ocasiones, incluso fuera del horario habitual de trabajo. Esto se hizo varias veces, incluso si significaba tener que desplazarse a una hora muy tardía a otros lugares para verificarlos y/o volver a instalaciones en las que los funcionarios de la Comisión ya habían estado y ya habían dado una oportunidad para llevar a cabo la verificación de los documentos. Lamentablemente, las autoridades chinas no aceptaron la ofertas en los casos en cuestión, lo que indica claramente que la no presentación de los documentos solicitados por la Comisión en un horario regular no se debía a limitaciones de tiempo ni a la falta de voluntad de la Comisión para verificarlos. En lo relativo al retraso en el inicio de la visita de inspección, la Comisión observa que los funcionarios se presentaron cada día a la hora adecuada, pero, que, lamentablemente, algunos retrasos se debieron a los procedimientos diarios de registro requeridos por las autoridades chinas para acceder a las distintas instalaciones que debían verificarse o, simplemente, a la falta de representantes de las autoridades chinas para acompañar a los funcionarios a su llegada a las instalaciones para verificar, lo que suponía largos períodos de espera antes de empezar. La Comisión también observa que las visitas de inspección se prolongaron cada día más allá de la jornada normal de trabajo y que fueron las autoridades chinas las que el primer día cancelaron la sesión de tarde de la visita de inspección porque los representantes del Ministerio de Tecnología decidieron no participar en la visita (véase el considerando 122). De hecho, si las autoridades chinas hubieran aceptado las repetidas ofertas de los funcionarios de la Comisión para verificar los documentos fuera de la jornada laboral, las visitas habrían durado más tiempo; que no fuera sí se debió a que las autoridades chinas no cooperaron plenamente.

(121)

Las autoridades chinas también rebatieron la práctica de la Comisión de no aceptar nuevos documentos o pruebas que requieran verificación una vez finalizado el ejercicio de verificación al que pertenecen. A este respecto debe aclararse que la Comisión no tiene, ni ha tenido nunca, intención de ignorar la información facilitada de esta forma directa. La Comisión tuvo en cuenta toda la información presentada, analizó su calidad (por ejemplo, el extracto de los estados financieros auditados recibe un trato distinto del que recibe un simple documento Word o un cuadro Excel con cifras que no cuentan con el respaldo de ninguna fuente oficial) y le atribuyó la importancia adecuada habida cuenta de que no pudo verificar esta información durante la visita de inspección sobre el terreno.

(122)

En cuanto a los seis documentos (25) que presentaron las autoridades chinas en el curso de la investigación y cuyo contenido se negaron a discutir durante la inspección in situ, dichas autoridades alegaron que la Comisión no tiene ninguna base para aplicar los datos disponibles de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base. También alegaron que la Comisión no ayudó a las autoridades chinas a comprender el requisito de presentación de estos documentos ni a demostrar que todos los documentos en cuestión eran pertinentes, a pesar de que las autoridades chinas habían instado específicamente a la Comisión, antes del inicio de la verificación, a que les ayudara a comprender el requisito de presentación de estos documentos y a demostrar que todos estos documentos eran pertinentes. A este respecto cabe señalar, en primer lugar, que todos los documentos tratan directamente de la industria afectada (26) y, por lo tanto, su inclusión en el alcance de la verificación era muy pertinente.

En segundo lugar, que el contenido de la carta que las autoridades chinas enviaron a la Comisión el 11 de abril de 2013 eran distinto del de la carta de 3 de junio de 2013. De hecho las autoridades chinas declararon, en su carta de 11 de abril de 2013, que la verificación de los mencionados documentos queda suspendida a no ser que la Comisión pueda demostrar de forma convincente en qué medida estos documentos se consideran pertinentes para la presente investigación, en particular, las supuestas subvenciones. Puesto que todos estos documentos se refieren directamente a la industria afectada e incluso a regímenes de subvención específicos, como préstamos preferenciales o regímenes fiscales preferenciales, como es obvio de su redacción, la Comisión no vio qué podría añadir para demostrar más su importancia. Fue sorprendente para la Comisión que las autoridades chinas parecieron no tener problemas con la pertinencia de estos documentos cuando estos se presentaron, sino solo cuando la Comisión pidió explicaciones.

(123)

En su carta de 23 de mayo de 2013, la Comisión declaró que no pudo verificar la mayoría de la información presentada en relación con la documentación original ni cotejarla con los datos de origen utilizados para preparar la respuesta de las autoridades chinas en lo que respecta a la información sobre el mercado financiero y las instituciones financieras de China. Las autoridades chinas argumentaron que, habida cuenta del pronunciado carácter general y no específico de los cupos, la Comisión no dio a las autoridades chinas la oportunidad de formular observaciones útiles y, por lo tanto, estas no pudieron ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Esto no se corresponde con la realidad. En el cuestionario, la Comisión formulaba preguntas muy específicas y, en consonancia con la práctica habitual de muchas autoridades investigadoras, intentó verificar las respuestas de las autoridades chinas durante la visita de inspección sobre el terreno.

(124)

En particular, las autoridades chinas en su respuesta al cuestionario, afirman que los préstamos a la industria en cuestión representan una parte muy pequeña del total de préstamos concedidos. Por ejemplo, algunos bancos han descrito en el correspondiente apéndice al cuestionario que los préstamos concedidos a la industria afectada representaron menos del 1 % del total de los préstamos. Durante la verificación las autoridades chinas no fueron capaces de apoyar esta alegación con pruebas y, simplemente, remitieron a la Comisión a los bancos.

(125)

La Comisión también solicitó estadísticas sobre los préstamos a la industria afectada. Las autoridades chinas alegaron que no guardan este tipo de documentación. Cuando la Comisión preguntó si las autoridades chinas habían intentado elaborar estas estadísticas y solicitó esta información de los bancos, el funcionario de la Comisión de Regulación Bancaria en China presente durante la verificación respondió que no sabía nada del asunto, porque el responsable de las estadísticas en su organización era otro departamento. Las autoridades chinas no presentaron ninguna de las estadísticas solicitadas en el cuestionario y de forma reiterada durante el procedimiento de subsanación de deficiencias. En la carta previa a la inspección, la Comisión indicó de nuevo que se abordaría este asunto.

(126)

Con respecto a los bancos, la Comisión también solicitó información durante la visita de inspección sobre los riesgos y la evaluación de la situación crediticia, la situación general de funcionamiento, la situación de la gestión, el nivel del crédito, el uso financiero, la capacidad de reembolso, el modelo de garantía y cooperación empresarial entre los bancos y los prestatarios, puesto que las autoridades chinas presentaron alegaciones relativas a estas cuestiones en su respuesta al cuestionario. Una vez más, a pesar de que en la carta previa a la inspección se mencionaban estos temas, las autoridades chinas no fueron capaces de proporcionar pruebas para apoyar sus propias alegaciones y remitieron a la Comisión a los bancos.

(127)

En su respuesta a la carta de deficiencia, las autoridades chinas presentaron cierta información relativa al porcentaje de propiedad gubernamental en algunos bancos. Cabe señalar que, en un principio, las autoridades chinas declararon, en su respuesta al cuestionario, que no disponen de dicha información, y solo presentaron información a este respecto después de que la Comisión señalara que, de hecho, el artículo 24 de la Ley de bancos comerciales exige que los bancos comuniquen dicha información a la Comisión de Regulación Bancaria. Cuando la Comisión, durante la visita de inspección, preguntó cuál había sido la fuente de esta información, el funcionario de la Comisión de Regulación Bancaria presente respondió que no sabía nada, porque el responsable en su organización de la recopilación de estos datos era otro departamento. De conformidad con el artículo 2 del «Reglamento provisional sobre las juntas de supervisores de las grandes instituciones financieras de propiedad estatal» (Interim Regulations on the Boards of Supervisors in Key State-owned Financial Institutions) presentado por EXIM Bank en su respuesta a la carta de deficiencia, el órgano de administración del Consejo de Estado elaborará la lista de instituciones financieras de propiedad estatal en cuya junta de supervisores estará representado. Puesto que esta disposición jurídica hace referencia al órgano de administración para las juntas de supervisores de las instituciones financieras de propiedad estatal, parece que las autoridades chinas saben cuáles son las instituciones financieras de su propiedad. No obstante, la Comisión no pudo comprobar esta información, ni siquiera identificar la fuente de la información debido a la falta de cooperación de las autoridades chinas. La información públicamente disponible indica que, además de los notificados por las autoridades chinas en su respuesta a la carta de deficiencia (27), existen también otros bancos de propiedad estatal (que concedieron préstamos a los productores exportadores incluidos en la muestra).

(128)

En su carta de 3 de junio de 2013, las autoridades chinas afirmaron que la Comisión, ni en su cuestionario ni en la carta de deficiencia, «había solicitado pruebas documentales ni fuentes de datos» y que «ahora, repentinamente, alega falta de pruebas o de fuentes de datos». Para aclarar las cosas, la Comisión, como otras autoridades investigadoras, verifica los datos presentados por todas las partes en el procedimiento y las autoridades chinas eran conscientes de ello, puesto que la Comisión ya había señalado en su cuestionario y en la carta de presentación al cuestionario que las respuestas podrían ser objeto de verificación. Además, en su carta previa a la inspección, la Comisión también incluyó este tema en particular entre los temas a tratar durante la verificación (28). Por tanto, para las autoridades chinas lo sorprendente no fue el hecho de que la Comisión solicitara pruebas de las declaraciones de dichas autoridades, sino el procedimiento estándar seguido por la Comisión en todos y cada uno de los casos.

(129)

Cuando, durante la verificación, la Comisión pidió a las autoridades chinas que presentaran una lista con los diez bancos más grandes de China y la cuota de mercado que representan, la Comisión de Regulación Bancaria respondió que podía presentar dicha información, pero que no podía responder antes de que se solicitara por escrito. La Comisión explicó que una pregunta planteada oralmente durante la visita de inspección tiene la misma validez que las preguntas presentadas por escrito y subrayó que las autoridades chinas no habían solicitado que se presentaran por escrito las demás preguntas formuladas oralmente antes de responderlas. A pesar de esta aclaración, las autoridades no proporcionaron la información.

(130)

En el cuestionario, la Comisión había solicitado los documentos que sirvieron de base para la creación de la Comisión de Regulación Bancaria de China y el establecimiento de su mandato. Las autoridades chinas presentaron un documento del Congreso Nacional del Pueblo en el que únicamente se comunicaba la creación de la Comisión de Regulación Bancaria. Cuando la Comisión preguntó si existen otros documentos en los que se especifique el mandato y la finalidad de la Comisión de Regulación Bancaria, el funcionario de la misma que se encontraba presente indicó que hay muchas otras leyes relativas a la Comisión de Regulación Bancaria, pero que si la Comisión deseaba obtener estos documentos debería haberlos solicitado antes de la inspección. Se recuerda que en el cuestionario, la Comisión solicitó a las autoridades chinas que presentaran los documentos que sirvieron de base para la creación de la autoridad y el establecimiento de su mandato y que, por lo tanto, había solicitado estos documentos antes de la inspección.

(131)

Cuando la Comisión solicitó estadísticas e informes de los bancos que concedieron préstamos a los exportadores incluidos en la muestra durante el período de investigación, remitió al artículo 33 de la Ley de la República Popular China sobre la Regulación y Supervisión de la Banca  (29), del que se deriva que la Comisión de Regulación Bancaria recoge estas estadísticas. El funcionario de la Comisión de Regulación Bancaria que se encontraba presente afirmó que primero tenía que solicitar autorización del servicio jurídico, pero no facilitó ninguna información al respecto antes de que finalizara la verificación. Es preciso señalar de nuevo que la Comisión había solicitado esta información en el cuestionario y en la carta de deficiencia y había indicado en su carta previa a la inspección que las estadísticas serían una de las cuestiones que se abordarían durante la verificación.

(132)

Las autoridades chinas observaron también que las alegaciones de la denuncia en relación con el hecho de que los bancos chinos sean organismos públicos están basadas solamente en simples afirmaciones sobre instituciones financieras, que, a su vez, se basan en determinaciones «ilegales» en el asunto sobre el papel fino estucado. Esta alegación constituye una interpretación errónea de los hechos en la denuncia. En la denuncia, el denunciante, además de a la propiedad estatal, hace referencia, entre otras cosas, a los préstamos proporcionados por los bancos sobre la base de directivas políticas, a las agencias estatales que dirigen instituciones financieras para incrementar los créditos y los préstamos a empresas con vistas a la promoción de nuevas tecnologías y productos innovadores (incluida la industria fotovoltaica). Las conclusiones del asunto sobre el papel fino estucado que establecen el carácter de organismo público de los bancos chinos se basaron también en otros elementos, no solamente en la propiedad (por ejemplo, la intervención gubernamental y sus directrices a los bancos para que concedieran préstamos preferenciales a la industria papelera a través de planes gubernamentales) y estas conclusiones están plenamente en consonancia con la normativa de la UE y las normas de la OMC. La sentencia relativa a determinados productos siderúrgicos revestidos de materia orgánica también confirmó las conclusiones sobre la situación de los bancos de propiedad estatal como organismos públicos.

(133)

Las autoridades chinas también alegaron que no tenían capacidad práctica para proporcionar información sobre los 3 800 bancos e instituciones financieras que existen en China y que, en cualquier caso, la Comisión de Regulación Bancaria no mantiene registros en relación con el porcentaje de propiedad gubernamental de los bancos. La Comisión no entiende por qué las autoridades chinas se refieren repetidamente a todos los bancos de China en relación con la propiedad estatal en los mismos cuando la información solicitada solo se refería explícitamente a los bancos «con participación directa o indirecta de las autoridades chinas». (30) Tal como se explica en el considerando 127, la alegación de las autoridades chinas de que la Comisión de Regulación Bancaria (o cualquier otro organismo gubernamental) no mantiene documentación en relación con su parte de propiedad en los bancos parece estar en contradicción con varias disposiciones jurídicas chinas.

(134)

En su carta de 3 de junio de 2013 las autoridades chinas alegaron de nuevo que no tienen autoridad para exigir a los «bancos independientes» que entreguen información confidencial y remitieron a la carta que, supuestamente, se había enviado a los bancos a este respecto. Es cierto que durante la verificación las autoridades chinas mostraron el original de la carta destinada a los bancos, pero cuando la Comisión les pidió que presentaran pruebas que mostraran a qué bancos e instituciones financieras se había remitido la carta, las autoridades chinas no fueron capaces de presentar dichas pruebas. Las autoridades chinas también alegaron que algunas de las instituciones enumeradas en el anexo 7 de la carta de deficiencia no eran bancos. A este respecto, la Comisión observa que los productores exportadores incluidos en la muestra comunicaron a la Comisión que estas instituciones les habían concedido préstamos.

(135)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión no abordó la cuestión de las circulares del Banco Popular de China («PBC») YinFa 2003 y 2004, ni en su cuestionario, ni en las cartas de deficiencia. Se señala que en la carta previa a la inspección, la Comisión incluyó «circulares, reglamentos y documentación interna en relación con el reglamento chino sobre los tipos de interés del PBC» entre las cuestiones que se abordarían durante la verificación. Es obvio que ambas circulares entran en esta categoría. En su respuesta a la carta de deficiencia, las autoridades chinas mencionaron incluso un artículo del sitio web del PBC en el que se hacía referencia a una de las circulares. Sin embargo, las autoridades chinas no facilitaron ninguna circular del PBC, sino que únicamente presentaron información del sitio web del PBC que estaba incompleta en relación con la gobernanza de los tipos de interés de los préstamos y depósitos en China en comparación con las circulares YinFa 2003 y 2004, ambas accesibles en la red. Hay que señalar también que las autoridades chinas no se negaron a presentar estos documentos porque no habían preparado este asunto, sino más bien a causa de la supuesta confidencialidad de las circulares. Es preciso indicar, a este respecto, que las alegaciones de las autoridades chinas sobre la confidencialidad de las circulares PBC es incoherente con sus propias prácticas en este procedimiento. En sus observaciones sobre la divulgación definitiva, las autoridades chinas presentaron una versión completa de otra circular PBC para apoyar su alegación de que los préstamos especiales concedidos por los bancos comerciales de propiedad estatal se habían suspendido; la confidencialidad alegada en otros puntos no parecía ser un obstáculo. Con respecto a los extractos del sitio web del PBC, la Comisión tomó nota de los mismos y no ignoró su contenido. Sin embargo, a fin de disponer de información completa al respecto, se necesitaba también la información en las dos circulares, que completaba la información facilitada por las autoridades chinas.

3.3.   Examen individual

(136)

Solicitaron el examen individual, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27, apartado 3, del Reglamento de base, seis productores exportadores que cooperaron, a saber, CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd.; Jiangsu Runda PV Co., Ltd.; Kinve Solar Power Co., Ltd (Maanshan); Phono Solar Technology Co. Ltd.; Shandong Linuo Photovoltaic Hi-Tech Co. Ltd. y Shandong Linuo Solar Power Holdings Co. Ltd. No fue posible aceptar la solicitud de examen individual de estas empresas debido al elevado número de supuestos regímenes de subvención y al tiempo que requiere la investigación, factores que harían el examen extremadamente oneroso y podrían impedir la conclusión de la investigación a su debido tiempo.

3.4.   Regímenes específicos

(137)

Sobre la base de la información contenida en la denuncia, la Comisión recabó información relacionada con los siguientes regímenes, que presuntamente incluían la concesión de subvenciones por parte de las autoridades públicas:

i)

Créditos oficiales preferenciales; otras financiaciones, garantías y seguros

Préstamos oficiales preferenciales

Concesión de líneas de crédito

Programas de subvenciones de crédito a la exportación

Garantías y seguros a la exportación para las tecnologías verdes

Beneficios proporcionados concediendo acceso a sociedades de cartera en el extranjero y reembolsos de préstamos por los poderes públicos

ii)

Programas de subvenciones

Fondo de desarrollo de la investigación de productos de exportación

Subvenciones para el desarrollo de «marcas famosas» y Programa de las principales marcas chinas en el mundo (World Top Brands Programme)

Fondos para la expansión exterior de las industrias de la provincia de Guandong

Programa de demostración Golden Sun

iii)

Programas de exenciones y reducciones fiscales directas

El programa «dos gratis, tres la mitad» para las empresas con inversión extranjera

Reducción del impuesto sobre sociedades para empresas con inversión extranjera orientadas a la exportación

Beneficios relacionados con el impuesto sobre sociedades para empresas con inversión extranjera sobre la base de su localización geográfica

Reducción fiscal para empresas con inversión extranjera que adquieren equipos fabricados en China

Compensación de impuestos por actividades de investigación y desarrollo de empresas con inversión extranjera

Desgravaciones fiscales por la reinversión de las ganancias de empresas con inversión extranjera en empresas orientadas a la exportación

Programas tributarios preferenciales para las empresas con inversión extranjera reconocidas como empresas de alta o tecnologías innovadoras

Desgravación fiscal para empresas de alta y tecnologías innovadoras que participan en proyectos determinados

Políticas preferenciales en materia de impuestos de sociedades para las empresas de la región nordeste

Programas tributarios de la provincia de Guangdong

iv)

Programas relativos a impuestos indirectos y aranceles de importación

Exenciones del IVA y reducciones de los aranceles de importación por la utilización de equipos importados

Reducciones del IVA en la adquisición de equipos fabricados en China por parte de empresas con inversión extranjera

Exenciones del IVA y otras tarifas por la adquisición de activos fijos en el marco del programa de fondos para el desarrollo del comercio extranjero

v)

Provisión de bienes y servicios por parte de los poderes públicos a cambio de una remuneración inferior a la adecuada

Suministro de polisilicio por parte del Gobierno a cambio de una remuneración inferior a la adecuada

Suministro de extrusionados de aluminio por parte del Gobierno a cambio de una remuneración inferior a la adecuada

Suministro de vidrio por parte del Gobierno a cambio de una remuneración inferior a la adecuada

Suministro de electricidad por parte del Gobierno

Concesión, por parte del Gobierno, de derechos de uso del suelo por una remuneración inferior a la adecuada

3.4.1.   Créditos oficiales preferenciales; otras financiaciones, garantías y seguros

a)   Falta de cooperación y uso de los datos disponibles

—   Instituciones y mercados financieros en China

(138)

La Comisión solicitó a las autoridades chinas información sobre la proporción de préstamos concedidos por los bancos en los que los poderes públicos chinos son el único accionista o accionista mayoritario, los bancos en los que tienen una participación pero no son el mayor accionista, los bancos en los que no son accionistas y los bancos de propiedad extranjera, tanto a la industria en su conjunto como a la industria afectada por el presente procedimiento. Las autoridades chinas respondieron que no conservaban registros de las cantidades y los porcentajes de los préstamos concedidos por los bancos de propiedad estatal como tampoco registros de los créditos concedidos a la industria fotovoltaica. Las autoridades chinas no indicaron ninguna fuente alternativa para obtener esta información.

(139)

La Comisión adjuntó al cuestionario antisubvenciones inicial, un cuestionario específico (apéndice A) destinado a los bancos y a las instituciones financieras, y pidió a las autoridades chinas que lo transmitiera a los bancos/las instituciones financieras que concedieron préstamos a la industria afectada. La finalidad del apéndice A era verificar las alegaciones de la denuncia en relación con el hecho de que los bancos chinos de propiedad estatal sean organismos públicos. Entre otras cosas, la Comisión buscaba información relativa a la estructura del control gubernamental en los mencionados bancos y la consecución de políticas o intereses gubernamentales con respecto a la industria fotovoltaica (es decir, junta directiva y junta de accionistas, actas de las reuniones de accionistas/directivos, nacionalidad de los accionistas/directivos, políticas de crédito y evaluación del riesgo con respecto a los préstamos concedidos a los productores exportadores que cooperaron). En su respuesta al apéndice A del cuestionario, las autoridades chinas solo incluyeron cinco bancos (Banco de Desarrollo de China, Exim Bank, Banco de Shanghai, Banco de China (31) y Huaxia Bank). En la carta de deficiencia, la Comisión repitió su solicitud de información inicial. Para facilitar la cooperación de las autoridades chinas, facilitó una lista de bancos e instituciones financieras que concedieron préstamos a las empresas incluidas en la muestra y les volvió a pedir que transmitieran el apéndice A a dichas entidades. No se presentaron respuestas complementarias del apéndice A junto con la respuesta a la carta de deficiencia.

(140)

La Comisión también solicitó información sobre la propiedad estatal en los bancos y las instituciones financieras. En su respuesta al cuestionario, las autoridades chinas declararon que no guardan la documentación sobre los porcentajes de propiedad y no facilitaron ninguna indicación sobre cómo obtener la información. Cuando la Comisión, en su carta de deficiencia, señaló que es obligatorio incluir esta información en los estatutos de los bancos y que las autoridades chinas tienen acceso a ellos en su calidad de accionistas, estas facilitaron información relativa a la participación en dieciséis bancos. Sin embargo, excepto por lo que se refiere a cinco bancos, con respecto a los cuales las autoridades chinas remitieron a los informes anuales como fuente, dichas autoridades no facilitaron ninguna documentación para apoyar esta información ni tampoco revelaron la fuente de la misma. Por lo que respecta a los otros bancos que concedieron préstamos a la industria afectada, las autoridades chinas no facilitaron ninguna información sobre su porcentaje de participación. Por lo tanto, la Comisión no pudo comprobar la exactitud ni la veracidad de los datos presentados en relación con la instituciones financieras en los bancos y otras instituciones financieras.

(141)

Las autoridades chinas alegaron que la calificación BB aplicada a los productores exportadores incluidos en la muestra (a los efectos del préstamo de referencia) es extremadamente desfavorable y que la Comisión a la luz de las circunstancias del caso, no explicó cómo concluyó que esta era la conclusión más exacta o la más razonable. Las autoridades chinas alegaron también que esta metodología conducía a una conclusión desfavorable inadmisible. Si bien esta alegación se había emitido en relación con uno de los asuntos previos (a saber, el asunto sobre el papel fino estucado) y antes de la divulgación de la información relativa a la calificación aplicada a los productores exportadores incluidos en la muestra en el presente procedimiento, es preciso indicar que la Comisión no aplicó «hechos conocidos adversos» en este asunto, ni en ninguno de los otros asuntos a los que las autoridades chinas hacían referencia en la documentación. La Comisión solo extrajo conclusiones apropiadas de los hechos comprobados, que pusieron de manifiesto la falta de una evaluación del riesgo crediticio adecuada (véanse los considerandos 175 a 178). Cabe señalar que durante el período de investigación la industria fotovoltaica china sufrió graves pérdidas y estaba claro que su situación financiera era extremadamente difícil. Varias evaluaciones del riesgo crediticio proporcionadas por las empresas incluidas en la muestra pusieron de manifiesto que la calificación BB para el período de investigación en conjunto era razonable. De hecho, varias evaluaciones del riesgo crediticio demuestran claramente que, de hecho, varios de los grupos eran más o menos insolventes.

—   Inspecciones en bancos

(142)

En su carta previa a la inspección, la Comisión preveía verificar los bancos que respondieron al apéndice A del cuestionario y que habían concedido una amplia proporción de préstamos a los productores exportadores incluidos en la muestra, como el China Development Bank (Banco de Desarrollo de China), el Export-Import Bank of China (Banco de Importación/Exportación de China), el Bank of Shanghai (Banco de Shanghai) y el Huaxia Bank (Banco Huaxia), e incluyó una lista detallada de las cuestiones que se abordarían durante la verificación. En el cuestionario inicial destinado a las autoridades chinas, la Comisión ya había dejado claro que la información facilitada en las respuestas al cuestionario podría estar sujeta a una verificación in situ. En la carta previa a la inspección, la Comisión también señaló a las autoridades chinas que se les pediría el acceso a todos los documentos de apoyo utilizados para preparar la respuesta fundamentada, incluidos los documentos y las aplicaciones originales de las fuentes. En cuanto a los otros dos grandes proveedores de financiación preferencial a los productores exportadores incluidos en la muestra, o bien no presentaron ninguno de los datos solicitados (Agricultural Bank of China) o bien se presentó la información en su nombre, sin posibilidad de verificarla (Bank of China).

—   Bank of Shanghai

(143)

En su carta previa a la inspección de 25 de marzo de 2013, la Comisión notificó a las autoridades chinas su intención de verificar el Banco de Shanghai y, a fin de facilitar la visita de inspección, y, en caso necesario, ofreció ampliar la visita de inspección hasta el 22 de abril de 2013 (32). En su primera respuesta a la carta previa a la inspección, de 5 de abril, las autoridades chinas no confirmaron si se llevaría a cabo la verificación del Banco de Shanghai, sino que preguntaron si la Comisión estaría dispuesta a verificar el Banco de Shanghai en un emplazamiento distinto que el resto de la verificación (es decir, en Shanghai en vez de en Pekín). Para facilitar la visita de inspección, la Comisión, de forma excepcional, aceptó hacerlo; no obstante, pidió a las autoridades chinas que confirmaran la verificación en Shangai el 9 de abril a más tardar (es decir, tres días hábiles antes del comienzo de la verificación en Pekín) a fin de que el equipo pudiera organizar los aspectos prácticos relacionados con este cambio en la planificación de la verificación. Hasta el 11 de abril (un día hábil antes del inicio de la verificación) las autoridades chinas no confirmaron que la verificación al Banco de Shanghai podría tener lugar el 23 o el 24 de abril. El mismo día, la Comisión comunicó a las autoridades chinas que, debido a la tardanza en la confirmación, no era posible incluir los cambios en el programa. Por otra parte, las fechas propuestas por las autoridades chinas (23 o 24 de abril) eran posteriores al período acordado entre las autoridades chinas y la Comisión para realizar la verificación, y posteriores, incluso, a la ampliación del plazo ofrecida por la Comisión. A consecuencia de ello, la Comisión no pudo verificar la respuesta al apéndice A presentada por el Banco de Shanghai, ni la información relativa a los préstamos concedidos por este banco a los productores exportadores incluidos en la muestra. Por consiguiente, la Comisión, en su carta de 23 de mayo de 2013, comunicó a las autoridades chinas que tiene intención de considerar la aplicación del artículo 28 del Reglamento (CE) no 597/2009 en lo relativo a la información no verificada presentada por el Banco de Shanghai.

(144)

En su carta de 3 de junio de 2013, las autoridades chinas alegaron que la verificación del Banco de Shanghai no se llevó a cabo debido a la poca flexibilidad de la Comisión, que no propuso fechas alternativas para la verificación y simplemente rechazó considerar la verificación del Banco de Shanghai. Estas alegaciones son incorrectas. La Comisión indicó claramente en su carta previa a la inspección que la propuesta inicial era verificar los bancos el 17 y el 18 de abril de 2013, con un posible día adicional el 22 de abril, dejando a elección de las autoridades chinas las fechas adecuadas para visitar los bancos a lo largo de todo el período de verificación (es decir, una semana laboral completa más un día adicional). Las autoridades chinas propusieron fechas para la verificación del Banco de Shanghai fuera de este plazo, y, además, no lo hicieron hasta un día antes del inicio de la visita de inspección. En opinión de la Comisión, la flexibilidad ofrecida era más que suficiente y, contrariamente a la alegación de las autoridades chinas, se ofrecieron seis días alternativos en total para la verificación dl Banco de Shanghai.

—   Hua Xia Bank

(145)

En su carta de 23 de mayo de 2013, la Comisión explicó a las autoridades chinas que no podía verificar determinadas partes de la respuesta del Huaxia Bank («Huaxia») al apéndice A, en concreto, la estructura de participación, la evaluación de la solvencia crediticia de los productores exportadores incluidos en la muestra y el riesgo de las primas cobradas a distintas industrias, en particular, a la industria afectada.

(146)

En su respuesta de 3 de junio de 2013 las autoridades chinas alegaron que Huaxia había explicado la estructura de participación y proporcionado otros detalles y explicaciones a la Comisión sobre sus accionistas; explicaron que la evaluación de la solvencia crediticia de los clientes está protegida por el secreto bancario y por los acuerdos contractuales entre los bancos y sus clientes.

(147)

Por lo que se refiere a la estructura de participación, Huaxia indica, en su respuesta al apéndice A, que no tenía acciones estatales y no comunicó ninguna información sobre la instituciones financieras, aunque la Comisión la había solicitado de forma específica en el apéndice A. La Comisión indicó que esto se contradice con otra información proporcionada por las autoridades chinas y que Huaxia había admitido que algunos de los accionistas eran de propiedad estatal y proporcionó un documento redactado en chino con información al respecto. La información presentada por Huaxia no ha dejado claro cuál es el porcentaje de propiedad estatal del banco.

(148)

En cuanto a la evaluación de la solvencia crediticia, la Comisión toma nota de que el banco pudo presentar este documento en relación con una de las empresas (después de proteger la identidad de la empresa con algunas modificaciones en el documento), mientras que en relación con los demás documentos solicitados alegó que estaban protegidos por el secreto bancario y por los acuerdos contractuales entre los bancos y sus clientes. Esta discrepancia en los tratamientos es difícil de comprender.

—   Export Import Bank of China

(149)

En su carta de 23 de mayo de 2013, la Comisión informó a las autoridades chinas de que las respuestas del Banco de Importación y Exportación de China («EXIM») al apéndice A y a las cartas de deficiencia no estaban completas y que EXIM no había sido capaz de presentar determinados documentos solicitados específicamente, como los estatutos, la Notice of Establishing Export-Import bank of China Issued by the State Council or Measures for the management of Export Sellers's Credit for Hi-Tech products of the Export –Import Bank of China. (Notificación de la creación del Banco de Importación y Exportación de China del Consejo de Estado o Medidas para la gestión del crédito a los exportadores con vistas a la exportación de productos de alta tecnología del Banco de Importación y Exportación de China). En relación con los estatutos, las autoridades chinas alegaron en su carta de 3 de junio de 2013 que EXIM, debido a su política interna, no pudo presentar los estatutos (un documento de gestión interna), pero remitió a la versión en línea que supuestamente se podría consultar en el ordenador portátil facilitado por EXIM durante la verificación. La Comisión tiene sus dudas con respecto a esta explicación, que no parece tener ningún sentido. Si el documento estaba disponible en línea durante la verificación, la Comisión no ve ninguna razón por la que no pudo haber sido presentado, como ya se había solicitado varias veces en el cuestionario, en la carta de deficiencia y, de nuevo, durante la inspección. De hecho, la afirmación de que EXIM facilitó el acceso al documento en el ordenador portátil durante la verificación es incorrecta. EXIM señaló que la Comisión debería revisar el documento en línea, pero el funcionario de la Comisión explicó que no tenían acceso a Internet desde los locales en que tenía lugar la verificación. Además, EXIM ni siquiera proporcionó un enlace a la versión en línea de los estatutos.

(150)

En cuanto a los otros dos documentos, EXIM argumentó que no los podían proporcionar debido a su carácter confidencial y a las normas internas. Fue el propio EXIM que indicó en su respuesta a la carta de deficiencia que EXIM estaba formado y operaba de conformidad con la Notificación de la creación del Banco de Importación y Exportación de China del Consejo de Estado y los estatutos del Banco de Exportación-Importación de China. Por lo tanto, aunque este documento se consideró esencial para la verificación de las alegaciones en la denuncia que afirman que EXIM es un organismo público, la Comisión no tuvo acceso al mismo. En este contexto, se observa que otra entidad de crédito oficial, a saber, el Banco de Desarrollo de China, proporcionó un documento similar en relación con su creación, y que durante la investigación se presentaron también otras notificaciones del Consejo de Estado. EXIM tampoco respaldó sus alegaciones sobre confidencialidad con prueba alguna. Además, como se explica en el considerando 117, los gobiernos no pueden simplemente invocar normas internas a fin de evitar cumplir sus obligaciones con arreglo al Acuerdo SMC y al Reglamento de base. Lo mismo se aplica a las Measures for the management of Export Sellers's Credit for Hi-Tech products of the Export–Import Bank of China (Medidas para la gestión del crédito a las ventas de exportación de productos de alta tecnología del Banco de Importación–Exportación de China) con respecto a las que EXIM también alegó confidencialidad sin aportar ninguna prueba, negándose incluso a discutir la finalidad del citado documento.

(151)

EXIM tampoco fue capaz de facilitar información sobre la composición del Consejo de Administración y la Junta de Supervisores, repetidamente solicitada, y argumentó que la composición del Consejo de Administración está cambiando y que las preguntas de la Comisión en relación con la afiliación al partido comunista chino de los miembros de la Junta Directiva son preguntas invasivas e inadecuadas en el contexto de una investigación antisubvenciones. El hecho de que la composición del Consejo de Administración esté cambiando no es pertinente a efectos de la presente investigación. Lo que sí es pertinente es la forma en que el Estado está representado en las juntas directivas del EXIM; sin embargo, tanto las autoridades chinas como EXIM se negaron a proporcionar esta información. La Comisión considera además que la afiliación al partido comunista chino de los altos directivos de EXIM (y de todos los demás bancos afectados) es esencial para establecer el alcance de la influencia del Estado en la gestión de los bancos. Con arreglo al acta constitutiva del partido comunista chino, El Partido debe mantener y mejorar el sistema económico básico, en el que la participación oficial desempeñe un papel dominante y diferentes sectores económicos se desarrollen paralelamente […]  (33); por tanto, el examen de la influencia del partido comunista chino en el EXIM se consideró necesaria e efectos de la presente investigación, y, en particular, para evaluar el nivel de control estatal en los bancos.

(152)

En relación con las estadísticas sobre la exportación de diversas categorías de productos que ya se solicitaban en el cuestionario y que EXIM tiene la obligación legal de comunicar a la Comisión de Regulación Bancaria de China, las autoridades chinas alegaron en su carta de 3 de junio de 2013 que necesitaban más tiempo para preparar esta información. A este respecto, cabe señalar que, puesto que la Comisión ya solicitó esta información en el cuestionario inicial, las autoridades chinas tuvieron más de tres meses y medio para prepararla, pero no fueron capaces de hacerlo. EXIM alegó que este tipo de información podía encontrarse en los informes anuales; esto, sin embargo, no es correcto. La información recogida en los informes anuales a que se referían las autoridades chinas abarca períodos distintos de los correspondientes a la información solicitada por la Comisión en el cuestionario y durante la visita de inspección.

(153)

Las autoridades chinas alegaron con razón que en la respuesta al cuestionario, habían presentado, entre otras cosas, los importes de los créditos a la exportación para las exportaciones de productos mecánicos y eléctricos y nuevos productos de alta tecnología. Cabe señalar que la Comisión nunca ha cuestionado la presentación de estas cifras. La Comisión cuestionó el hecho de que, cuando intentó verificar estas cifras durante la visita de inspección, EXIM no fue capaz de proporcionar ninguna prueba, ni siquiera de explicar la procedencia de las mismas. Del mismo modo, la Comisión tampoco obtuvo permiso para verificar los datos sobre la proporción de créditos a la exportación concedidos a la industria fotovoltaica que las autoridades chinas habían presentado en la respuesta al cuestionario. Resulta interesante que EXIM no considerara confidenciales ninguna de estas cifras, pero cuando la Comisión solicitó los datos de origen para verificarlos, EXIM denegó el acceso a los mismos, alegando razones de confidencialidad. EXIM aplicó el mismo razonamiento a los importes de los créditos a la exportación concedidos a los productores incluidos en la muestra y a productores que cooperaron. Comunicó cifras en su respuesta a la carta de deficiencia, pero no permitió que la Comisión las verificara, alegando motivos de confidencialidad. De hecho, no se pudo verificar la gran mayoría de las estadísticas presentadas por EXIM.

(154)

EXIM también se negó a explicar y apoyar con pruebas pertinentes las calificaciones de la solvencia crediticia de los productores exportadores incluidos en la muestra y el análisis que dio lugar a estas calificaciones.

—   China Development Bank («CDB»)

(155)

En su carta de 3 de junio de 2013 las autoridades chinas indicaron que les preocupaba que la Comisión hiciera preguntas personales sobre las afiliaciones a un partido político de los miembros de los Consejos de administración y los altos directivos. Esto no es correcto. Las preguntas relativas a los vínculos de los miembros del Consejo de Administración y los altos directivos con el partido comunista chino eran de carácter puramente técnico y, como se explica en el considerando 151, se solicitaron como una ayuda para determinar el papel del partido comunista chino en la economía china.

(156)

Durante la verificación, la Comisión intentó comprobar la evaluación de la solvencia crediticia de los productores exportadores incluidos en la muestra. El CDB proporcionó cierta información de carácter general, pero se negó a revelar cualquier información relativa a la evaluación de solvencia crediticia de los productores exportadores incluidos en la muestra, incluido el informe de evaluación y valoración del riesgo de la industria fotovoltaica.

(157)

En la respuesta a la carta de deficiencia, el CDB presentó una cifra relativa a la prima de riesgo aplicada a la industria en cuestión. Durante la verificación, el CDB corrigió su respuesta al respecto, pero no facilitó ninguna documentación que apoyara esta cifra, ni explicación alguna sobre los fundamentos de la misma, pese a las reiteradas peticiones de la Comisión durante la visita de inspección.

b)   Los bancos chinos de propiedad estatal son organismos públicos

(158)

El denunciante alega que los bancos comerciales de propiedad estatal de China son organismos públicos en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento de base.

(159)

En su informe «Estados Unidos — Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados productos procedentes de China (informe OA)» (34), el Órgano de Apelación de la OMC (OA) definió un organismo público como una entidad que «posee o ejerce facultades gubernamentales, o que está dotado de ellas». Con arreglo al informe OA, las pruebas de que un gobierno ejerce un control significativo sobre una entidad y sobre su comportamiento pueden servir de prueba de que la entidad en cuestión posee facultades gubernamentales y actúa en ejercicio de dichas facultades para desempeñar funciones gubernamentales. Si las pruebas muestran que los indicios de control gubernamental son múltiples, y si también hay pruebas de que dicho control se ha ejercido de manera significativa, es lícito inferir que la entidad en cuestión ejerce una autoridad gubernamental (35). El OA consideró asimismo que los organismos públicos también se caracterizan por el «desempeño de funciones gubernamentales» (36) que «habitualmente se considerarían parte de la práctica gubernamental en el ordenamiento jurídico del Miembro de que se trate» (37).

(160)

El siguiente análisis se centra en si los bancos comerciales estatales en cuestión desempeñan funciones que habitualmente se consideran parte de las funciones gubernamentales en China y, en caso afirmativo, si ejercen la autoridad pública al hacerlo. La investigación ha establecido que el mercado financiero chino se caracteriza por la intervención de las autoridades porque la mayoría de los bancos son de propiedad estatal. Las autoridades chinas solamente han facilitado una información muy limitada respecto a la estructura de participación/propiedad de los bancos de China. Sin embargo, tal como se señala más adelante, la Comisión reunió la información disponible a fin de llegar a una conclusión representativa. Al llevar a cabo su análisis sobre si los bancos son entidades que poseen o están dotadas de autoridad pública o que la ejercen (organismos públicos), la Comisión también solicitó información relativa no solamente a la propiedad estatal de los bancos sino también a otras características como la presencia del Gobierno en la junta directiva, el control estatal sobre sus actividades, la consecución de políticas o intereses públicos y sobre si las entidades fueron creadas o no mediante un estatuto.

(161)

De la información disponible cabe concluir que los bancos de propiedad estatal en China poseen la mayor parte de la cuota de mercado y son agentes de primer orden en el mercado financiero chino. De conformidad con la investigación del Deutsche Bank sobre el sector bancario chino (38), realizada en 2006, la cuota de los bancos de propiedad estatal puede alcanzar más de 2/3 del mercado chino. Con respecto al mismo tema, el Examen de las políticas comerciales de China elaborado por la OMC señala que «el elevado nivel de propiedad estatal es otra característica notable del sector financiero en China» (39) y «apenas ha habido cambios en la estructura de mercado del sector bancario de China, que está dominado por los bancos de propiedad estatal» (40). Es oportuno señalar que los cinco grandes bancos comerciales de propiedad estatal —el Agricultural Bank, el Bank of China, el Construction Bank of China, el Bank of Communications y el Industrial and Commercial Bank— representan más de la mitad del sector bancario chino (41). Las autoridades chinas confirmaron la participación del Estado en los cinco mayores de propiedad estatal en su respuesta a la carta de deficiencia.

(162)

La Comisión también solicitó información relativa a la estructura del control estatal en los mencionados bancos y la realización de políticas o intereses públicos con respecto a la industria fotovoltaica (es decir, junta directiva y junta de accionistas, actas de las reuniones de accionistas/directivos, nacionalidad de los accionistas/directivos, políticas de crédito y evaluación del riesgo con respecto a los préstamos concedidos a los productores exportadores que cooperaron). No obstante, como se ha señalado en el considerando 139, las autoridades chinas solo facilitaron información muy limitada a este respecto y no permitieron verificar gran parte de la información presentada. Por consiguiente, la Comisión tuvo que utilizar los datos disponibles y concluyó que los bancos en cuestión están controlados por el Gobierno a través de la participación, el control administrativo de su comportamiento «comercial» incluidos los límites impuestos a los tipos de interés de depósitos y préstamos (véanse los considerandos 164 a 167) y, en algunos casos, incluso mediante documentos estatutarios (42).

Los datos pertinentes utilizados para llegar a las mencionadas conclusiones derivan de la información presentada por las autoridades chinas, los informes anuales de los bancos chinos que fueron presentados por las autoridades chinas o eran accesibles al público, la información obtenida de la investigación de 2006 del Deutsche Bank sobre el sector bancario chino (43), el Examen de las políticas comerciales de China de la OMC (2012) (44), el Informe del Banco Mundial «China 2030» (45)o el análisis económico sobre China de la OCDE (2010) (46), la información presentada por los productores exportadores que cooperaron y la información existente en la denuncia. Por lo que se refiere a los bancos extranjeros, según fuentes independientes se estima que representan una parte mínima del sector bancario chino, y, en consecuencia, desempeñan un papel insignificante en la política de préstamos; de acuerdo con la información pertinente al respecto, podrían representar tan solo el 2 % del mercado chino (47). Otras fuentes públicas de información en este ámbito también confirman que los bancos chinos, en particular los grandes bancos comerciales, siguen dependiendo de los accionistas de propiedad estatal y del gobierno para el reaprovisionamiento de capital cuando existe inadecuación del capital a resultas de la expansión del crédito (48).

(163)

Con respecto a los bancos que concedieron préstamos a los productores exportadores que cooperaron, la mayoría son bancos de propiedad estatal. De hecho, sobre la base de la información disponible (49) se constató que los bancos de propiedad estatal y otras entidades de propiedad estatal concedieron la inmensa mayoría de préstamos a los productores exportadores que cooperaron. Entre ellos figuran los principales bancos comerciales y entidades de crédito oficial de China, como el China Development Bank, el EXIM Bank, el Agricultural Bank of China, el Bank of China, el China Construction Bank y el Industrial and Commercial Bank of China. Respecto a los restantes bancos de propiedad estatal afectados, la Comisión solicitó la misma información mencionada anteriormente acerca del control público y la realización de políticas o intereses públicos en lo relativo a la industria fotovoltaica. No se facilitó esa información detallada. Por lo tanto, se concluye que los bancos están controlados por el Gobierno. Este significativo control se pone de manifiesto, entre otras cosas, por la política del Gobierno de apoyar a la industria en cuestión, que obliga a los bancos a prestarle un particular apoyo (véase el considerando 102). Por este motivo, los bancos comerciales de propiedad estatal y las entidades bancarias de fomento de las políticas de China deben considerarse organismos públicos.

(164)

Otra señal de participación de las autoridades chinas en el mercado financiero chino es el papel desempeñado por el PBC a la hora de establecer los límites específicos sobre la manera en que se establecen y fluctúan los tipos de interés. En efecto, de la investigación se desprende que el PBC dispone de normas específicas que regulan el modo en que fluctúan los tipos de interés en China. De conformidad con la información disponible, estas normas están establecidas en la Circular del PBC sobre las cuestiones relativas al ajuste de los tipos de interés sobre los depósitos y los préstamos-Yinfa (2004) no 251 («Circular 251»). Las instituciones financieras han de ofrecer préstamos a tipos que respeten el margen respecto al tipo de interés de referencia establecido por el PBC. En el caso de préstamos de bancos comerciales y de préstamos de entidades de crédito oficial gestionadas comercialmente no existe un límite superior, sino solamente un límite inferior. En los casos de cooperativas urbanas de crédito y cooperativas rurales de crédito existen tanto los límites superiores como los inferiores. En el caso de créditos preferenciales y créditos respecto a los que el Consejo de Estado tiene normas específicas, los tipos de interés no fluctúan al alza. La Comisión pidió aclaraciones a las autoridades chinas sobre la definición y la redacción de la Circular 251, así como sobre la legislación precedente (Circular del PBC relativa a la ampliación del margen de fluctuación del tipo de interés de las instituciones financieras — YinFa [2003] no 250). No obstante, como se describe en el considerando 135, las autoridades chinas se negaron a proporcionar esas circulares, lo que impidió que la Comisión comprobara su contenido y obtuviera explicaciones. Dado que las autoridades chinas no facilitaron ninguna información pertinente al respecto que pudiera indicar que la situación había cambiado desde marzo de 2013, cuando la Comisión concluyó su investigación antisubvenciones sobre los productos siderúrgicos revestidos de materia orgánica (50), se concluyó que el PBC participa e influye en la fijación de los tipos de interés de los bancos comerciales de propiedad estatal. Las autoridades chinas no facilitaron ninguna prueba de que hubiera cambiado la situación constatada ya durante las investigaciones relativas al papel fino estucado y al acero revestido de materia orgánica. Por consiguiente, sobre la base de los datos disponibles y de las demás pruebas citadas anteriormente, se llegó a la conclusión de que la situación relativa a la metodología para la determinación de los tipos de interés fue la misma durante todo el período de investigación.

(165)

Los límites de los tipos de interés sobre los préstamos junto con los límites impuestos a los tipos de depósito crean una situación en la que los bancos tienen garantizado el acceso a capital barato (debido al Reglamento sobre los tipos de depósito) y tienen capacidad para prestar dinero a determinadas industrias a precios favorables.

(166)

Los bancos también están sujetos a normas jurídicas que les exigen, entre otras cosas, llevar a cabo sus actividades crediticias de conformidad con las necesidades de la economía nacional (51), proporcionar apoyo crediticio a determinados proyectos (52) o dar prioridad al desarrollo de industrias de alta tecnología de tecnologías innovadoras (53). Los bancos están obligados a respetar estas normas. Los productores exportadores incluidos en la muestra pertenecen a las categorías de proyectos que deben fomentarse así como a la categoría de industrias de alta y nueva tecnología.

(167)

Diversas fuentes de información independientes sugieren que la intervención del Estado en el sector financiero chino es sustancial y tiene lugar en la actualidad. Por ejemplo, en las conclusiones de i) el documento de trabajo de 2006 del FMI se señalaba que la liberalización del sector bancario en China no está completa y no refleja adecuadamente el riesgo crediticio (54); ii) el Informe de 2009 del FMI subrayaba la falta de liberalización de los tipos de interés en China (55); iii) el Informe de 2010 del FMI sobre China señalaba que el coste del capital en China es relativamente bajo, la concesión de créditos está determinada en ocasiones por factores no relacionados con los precios y la elevada tasa de ahorro de las empresas se debe en parte al bajo coste de diversos factores de producción (incluidos el capital y el suelo) (56) y iv) el análisis económico de la OCDE de 2010 dedicado a China (57) y el documento de trabajo no 747 del Departamento de economía de la OCDE sobre la reforma del sector financiero en China (58) afirmaban que la propiedad de las instituciones financieras sigue estando dominada por el Estado, lo que plantea en qué medida las decisiones crediticias de los bancos se basan en consideraciones puramente comerciales, mientras que la función tradicional de los bancos parece ser la de organismos públicos vinculados al Gobierno.

(168)

Sobre la base de las pruebas mencionadas, se ha llegado a la conclusión de que los bancos comerciales de propiedad estatal y las entidades bancarias de fomento de las políticas llevan a cabo funciones gubernamentales en nombre de las autoridades chinas, a saber, la promoción obligatoria de determinados sectores de la economía en línea con los documentos políticos y estratégicos del Estado. El amplio control del Gobierno en los bancos de propiedad estatal, así como otra información sobre las relaciones entre los bancos de propiedad estatal y el Gobierno (incluida la falta de cooperación de las autoridades chinas a este respecto) confirma que los bancos están controlados por el Gobierno en el ejercicio de sus funciones públicas. Las autoridades chinas ejercen un control significativo sobre los bancos comerciales de propiedad estatal y las entidades bancarias de fomento de las políticas mediante la persistente participación del Gobierno en el sector financiero y la obligación de los bancos de propiedad estatal de seguir las políticas públicas. Por tanto, los bancos comerciales de propiedad estatal y las entidades bancarias de fomento de las políticas se consideran organismos públicos, ya que están dotados de autoridad gubernamental y desempeñan funciones públicas.

c)   Los bancos privados de China reciben consignas y directrices de las autoridades chinas.

(169)

La Comisión también analizó si los bancos comerciales privados en China recibían de las autoridades chinas la encomienda u orden de conceder préstamos preferenciales (subvencionados) a los productores de productos fotovoltaicos en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base.

—   Existencia de una política de las autoridades chinas

(170)

De la sección anterior sobre la intervención estatal en el sector fotovoltaico (considerando 101) y de las conclusiones descritas a continuación se deriva claramente que las autoridades chinas aplican una política de concesión de préstamos preferenciales al sector fotovoltaico, ya que los organismos públicos (bancos comerciales de propiedad estatal) (59) participan en dicha concesión y ocupan un lugar preponderante en el mercado, lo que les permite ofrecer tipos de interés inferiores a los del mercado.

—   Extensión de la política a los bancos privados

(171)

La Ley de bancos comerciales [2003] se aplica del mismo modo a los bancos comerciales de propiedad estatal y a los bancos comerciales privados. Por ejemplo, el artículo 38 de la citada Ley ordena a todos los bancos comerciales (es decir, también a los privados) establecer los tipos de interés de conformidad con los límites superior e inferior de tipos de interés fijados por el PBC, y el artículo 34 de la misma Ley ordena a los bancos comerciales que lleven a cabo sus actividades de préstamo de conformidad con las necesidades de la economía nacional y el desarrollo social y con el espíritu de las políticas industriales del Estado.

(172)

Varios documentos de planificación, documentos sobre políticas y normas del Gobierno se refieren a los préstamos preferenciales concedidos a la industria fotovoltaica. Por ejemplo, la Decisión del Consejo de Estado de 10 de octubre de 2010 para fomentar el desarrollo de siete nuevos sectores industriales estratégicos promete ampliar la intensidad de las políticas de apoyo fiscal y financiero a los sectores industriales estratégicos (60) (entre los que figura la industria fotovoltaica) y anima a las instituciones financieras a aumentar las ayudas crediticias a estas industrias y a hacer uso de políticas fiscales preferenciales, como la compensación de riesgos. También el Esquema nacional para el desarrollo científico y tecnológico a medio y largo plazo (2006-2020), que considera la energía solar y las células fotovoltaicas como ámbitos clave y temas de prioridad (61) se compromete a alentar a las instituciones financieras a que apoyen con créditos preferenciales los grandes proyectos nacionales de industrialización científica y tecnológica y encarga a las autoridades que insten a diversas instituciones financieras y al capital privado a participar en el desarrollo científico y tecnológico. La Ley china relativa al progreso científico y tecnológico (Orden n o 82 del Presidente de China) establece que el Estado animará y asesorará a las instituciones financieras en el apoyo al desarrollo de industrias de alta y nueva tecnología mediante la concesión de préstamos y que las instituciones financieras de crédito oficial deberán dar prioridad al desarrollo de las industrias de alta y nueva tecnología (62). Con arreglo a la misma Ley, las instituciones financieras de crédito oficial, en el ámbito de su actividad empresarial, ofrecen ayuda especial a las empresas independientes que inician proyectos de innovación alentada por el Estado (63).

(173)

Además, los bancos comerciales de propiedad privada también están obligados a respetar la mencionada limitación de los tipos de interés establecida por el PBC (considerandos 164 y 165).

(174)

Los extractos anteriores de leyes y reglamentos pertinentes para el sector bancario indican que la política de las autoridades chinas de conceder préstamos preferenciales a la industria fotovoltaica se extiende también a los bancos comerciales privados y, de hecho, las autoridades chinas les ordenan que lleven a cabo sus actividades de préstamo de conformidad con las necesidades de la economía nacional y el desarrollo social y con el espíritu de las políticas industriales del Estado  (64).

—   Evaluación del riesgo crediticio

(175)

La Comisión solicitó a las autoridades chinas información pertinente para valorar cómo llevan a cabo los bancos chinos la evaluación del riesgo crediticio de las empresas fotovoltaicas antes de decidir si les conceden o no créditos y determinar las condiciones de los créditos concedidos. En el apéndice A del cuestionario, la Comisión solicitaba información sobre la consideración del riesgo por parte de los bancos en las operaciones de préstamo, la evaluación de la solvencia crediticia del solicitante, las primas de riesgo que pide el banco a distintas empresas/industrias de China, los factores que tiene en cuenta el banco a la hora de evaluar las solicitudes de crédito, la descripción de las solicitudes de crédito y el proceso de aprobación, etc. Sin embargo, ni las autoridades chinas ni los bancos individuales identificados en el cuestionario proporcionaron pruebas al respecto (con una excepción a la que se hace referencia en el considerando 176). Las autoridades chinas solo dieron respuestas de carácter general, que no estaban respaldadas por ningún tipo de prueba de que se llevase a cabo realmente alguna evaluación del riesgo crediticio.

(176)

Durante las verificaciones de uno de los bancos, la Comisión pudo examinar una evaluación del riesgo. Parte de esa evaluación del riesgo crediticio hacía referencia al apoyo público para las empresas de energía solar así como a los planes estatales para fomentar la industria fotovoltaica en general y este hecho se reflejaba positivamente en la calificación crediticia concedida a esta empresa. Éste es un ejemplo de cómo las políticas públicas (y las subvenciones dirigidas a un determinado sector) influyen en el proceso de toma de decisiones de los bancos a la hora de tomar decisiones respecto de las condiciones de financiación para empresas de energía solar.

(177)

La Comisión también solicitó información similar a los productores exportadores que cooperaron, e intentó confirmarla durante las visitas de inspección in situ a los productores exportadores incluidos en la muestra. La mayoría de productores exportadores incluidos en la muestra respondieron que los bancos solicitan determinados documentos y realizan algún tipo de análisis del riesgo crediticio antes de aprobar los préstamos. Sin embargo, no pudieron respaldar sus alegaciones con ninguna prueba. Durante la inspección in situ la Comisión solicitó pruebas de que los bancos habían pedido tales documentos o de que las empresas los hubieran proporcionado a los bancos, o cualquier otro tipo de informe elaborado por los bancos que acreditara que se había llevado a cabo un análisis del riesgo crediticio. No obstante, los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra no fueron capaces de aportar dichas pruebas, ni ninguna otra prueba en apoyo de sus alegaciones.

(178)

La información relativa a la evaluación del riesgo crediticio se solicitó repetidamente a las partes interesadas, ya que se considera crucial debido a, entre otras cosas, la información a que se hace referencia en el considerando 167.

(179)

En vista de lo anterior, las conclusiones sobre la evaluación del riesgo crediticio en China son aplicables a los bancos comerciales de propiedad estatal, a los bancos comerciales privados y a las instituciones de crédito oficial. En efecto las pruebas citadas llevan a la conclusión de que, en China, los bancos privados tienen que seguir las políticas públicas en lo relativo a la concesión de préstamos, en particular al sector de la energía fotovoltaica, y actuar de la misma manera que los bancos de propiedad estatal, considerados organismos públicos en el considerando 168. Por lo tanto, se concluye que los bancos privados reciben consignas y directrices de las autoridades chinas para llevar a cabo funciones normalmente propias del Gobierno, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base.

(180)

Además, de las pruebas mencionadas se deriva que, incluso en el caso de que los bancos de propiedad estatal no se considerasen organismos públicos, se seguiría considerando que reciben consignas y directrices de las autoridades chinas para llevar a cabo funciones normalmente propias de las autoridades públicas, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base.

d)   Distorsiones del mercado financiero chino

(181)

De la información recogida durante la presente investigación se puede concluir que la cuota de mercado de los bancos de propiedad estatal asciende a más de dos tercios del mercado chino. Los cinco grandes bancos de propiedad estatal —el Banco Agrícola (Agricultural Bank), el Banco de China (Bank of China), el Banco de la Construcción de China (Construction Bank of China), el Banco de las Comunicaciones (Bank of Communications)y el Banco Industrial y Comercial (Industrial and Commercial Bank)— representan a más de la mitad del sector bancario chino (65). Además, la participación pública en el Banco de Desarrollo de China y el Banco de exportación e importación de China es del 100 %. Estos siete bancos conceden la gran mayoría de préstamos a los ocho productores exportadores incluidos en la muestra en la investigación sobre los paneles solares. Esta omnipresente propiedad estatal, combinada con las distorsiones del mercado financiero chino y con la política de los poderes públicos chinos de dirigir recursos financieros baratos a determinados sectores industriales socava la igualdad de condiciones en el comercio internacional y proporciona una ventaja indebida a los productores chinos.

(182)

Los bancos de la República Popular China no gozan de total libertad para decidir las condiciones de los préstamos. Por lo que se refiere a los tipos de interés, están obligados a mantenerse dentro de los límites establecidos por el Banco Popular de China. Estos límites, junto con los límites impuestos a los tipos de depósito crean una situación en la que los bancos tienen garantizado el acceso a capital barato (debido a la normativa sobre los tipos de depósito) y tienen capacidad para prestarlo a precios favorables a determinadas industrias.

(183)

Los bancos también están sujetos a normas jurídicas que les exigen, entre otras cosas, llevar a cabo sus actividades crediticias de conformidad con las necesidades de la economía nacional (66), proporcionar apoyo crediticio a determinados proyectos (67) o dar prioridad al desarrollo de industrias de alta tecnología o de tecnologías innovadoras (68). Los bancos están obligados a respetar estas normas.

(184)

Según recientes constataciones, determinados grandes bancos comerciales en China tenían acceso a las reservas de divisas del Estado (69). Esto hace que disminuyan significativamente sus costes de capital y este «dinero barato» se utiliza para conceder préstamos en USD y EUR a las empresas y los proyectos seleccionados de acuerdo con la política de globalización. Por lo tanto, estos mercados pueden ofrecer condiciones con las que los bancos comerciales normales no pueden competir.

(185)

Otra importante distorsión en la financiación de la industria fotovoltaica es la especial posición privilegiada del Banco de Desarrollo de China («CDB»), que es el mayor prestamista de esta industria y facilita la mayor parte de los préstamos y líneas de crédito a los productores exportadores incluidos en la muestra. El CDB se financia casi exclusivamente mediante la venta de bonos más que mediante depósitos y es, tras el Ministerio de Hacienda, el segundo mayor emisor de obligaciones en el país. Este mecanismo especial permite al CDB tener una autofinanciación económicamente favorable, y, por tanto, es capaz de ofrecer préstamos en condiciones preferenciales a determinadas industrias (70).

3.4.1.1.   Crédito preferencial

a)   Introducción

(186)

El denunciante alegó que las autoridades chinas subvencionan a su industria fotovoltaica a través de préstamos preferenciales y crédito dirigido.

b)   Base jurídica

(187)

Las siguientes disposiciones jurídicas prevén préstamos preferenciales en China: Ley de la República Popular China sobre bancos comerciales (Law of the PRC on Commercial Banks), Normas generales sobre préstamos, ejecutadas por el Banco Popular de China (General Rules on Loans, implemented by the People's Bank of China) y Decisión no 40 del Consejo de Estado sobre la promulgación y ejecución de las disposiciones temporales para la promoción del ajuste de las estructuras industriales (Decision No 40 of the of the State Council on Promulgating and Implementing the Temporary Provisions on Promoting the Industrial Structure Adjustment)

c)   Conclusiones de la investigación

(188)

Vista la totalidad de las pruebas, se ha llegado a la conclusión de que la gran mayoría de los préstamos a los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra fueron concedidos por bancos de propiedad estatal, considerados organismos públicos en el considerando 168 porque están investidos de poder público y desempeñan funciones del Gobierno. Hay una prueba más de que esos bancos actúan, en efecto, como una autoridad pública, ya que, tal como se explica en el considerando 164, el Estado (es decir, el PBC) interviene claramente en el modo en que los bancos comerciales toman decisiones sobre los tipos de interés de los préstamos que conceden a las empresas chinas. En tales circunstancias, las prácticas crediticias de dichas entidades son directamente atribuibles al gobierno. El que los bancos ejercen la autoridad pública se ve confirmado asimismo por la forma en que los artículos 7 y 15 de las Normas Generales sobre préstamos ejecutadas por el PBC, la Decisión n o 40 y el artículo 34 de la Ley de bancos comerciales se aplican en relación con el cumplimiento las políticas industriales del Gobierno. También existe un gran número de indicios, apoyados por estudios e informes objetivos, de que sigue habiendo un gran porcentaje de intervención del Gobierno en el sistema financiero chino, como ya se explicó en los anteriores considerandos 172 y 178. Por último, las autoridades chinas no proporcionaron información que permitiera comprender mejor la relación de los bancos de propiedad estatal con el Gobierno, como se explica en los considerandos 139 y 140. Por tanto, en el caso de los préstamos concedidos por bancos comerciales en China, la Comisión concluye que existe una ayuda financiera para los productores de productos fotovoltaicos en forma de transferencia directa de fondos del gobierno en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base. Además, los mismos datos indican que los bancos de propiedad estatal (al igual que los privados) reciben una encomienda u orden del Gobierno, lo que significa que existe una contribución financiera en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base.

(189)

A la vista del análisis de los considerandos 169 a 178, también se ha determinado que los bancos privados reciben de las autoridades chinas la encomienda u orden de conceder préstamos a los productores de la industria fotovoltaica y que existe una contribución financiera en el sentido del artículo 3, punto 1), letra a), incisos i) y (iv), del Reglamento de base.

(190)

Existe un beneficio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, punto 2, y el artículo 6, letra b), del Reglamento de base, en la medida en que los préstamos oficiales, o los préstamos concedidos por entidades privadas que reciben consignas o directrices del Gobierno, se conceden en condiciones más favorables de las que podría obtener realmente el prestatario en el mercado. Los préstamos no gubernamentales en China no ofrecen una referencia de mercado adecuada, ya que se ha constatado que los bancos privados reciben consignas o directrices de las autoridades chinas y, por lo tanto, se considera que siguen las prácticas de concesión de préstamos de los bancos de propiedad estatal. Por lo tanto, los niveles de referencia se han elaborado con el método descrito en los considerandos 198 a 200. El uso de esta referencia demuestra que se conceden préstamos al sector de la energía fotovoltaica en términos y condiciones inferiores a los del mercado.

(191)

La industria fotovoltaica pertenece a la categoría fomentada con arreglo a la Decisión no 40. La Decisión no 40 es una Orden del Consejo de Estado, que es el más alto órgano administrativo de China y en este sentido la decisión es jurídicamente vinculante para los demás organismos públicos y para los operadores económicos. La Decisión clasifica los sectores industriales en «proyectos fomentados, restringidos y eliminados». Esta disposición constituye una directriz sobre política industrial que, junto con el Repertorio, muestra que las autoridades chinas mantienen una política de fomento y apoyo a grupos de empresas e industrias como la industria fotovoltaica/nueva industria energética, clasificada en el Repertorio como una «industria fomentada». Con respecto al número de industrias clasificadas como «fomentadas» cabe observar que representan únicamente una parte de la economía china. Además, solamente se otorga el estatuto de «fomentadas» a determinadas actividades dentro de esos sectores fomentados. La Decisión no 40 también establece en su artículo 17 que los «proyectos de inversión fomentados» se beneficiarán de privilegios e incentivos específicos, entre otras cosas, de ayuda financiera. Por otra parte, en lo referente a los «proyectos restringidos y eliminados», la Decisión no 40 faculta a las autoridades estatales a intervenir directamente para regular el mercado. De hecho, los artículos 18 y 19 establecen que las autoridades pertinentes deben evitar que las instituciones financieras concedan préstamos a estos proyectos. De cuanto precede se desprende que la Decisión no 40 prevé normas vinculantes para todas las instituciones económicas en forma de directrices sobre la promoción y el apoyo a las industrias fomentadas, una de las cuales es la industria fotovoltaica.

(192)

Como se explica en el considerando 172, las autoridades chinas ordenan la concesión de préstamos preferenciales a un número limitado de industrias y las empresas de energía fotovoltaica constituyen una de estas industrias. Habida cuenta de todo lo anterior, resulta evidente que las autoridades solo permiten a las instituciones financieras conceder préstamos preferenciales a un número limitado de industrias/empresas que se ajustan a las políticas pertinentes de los poderes públicos chinos. Sobre la base de los elementos que obran en el expediente y a falta de cooperación de las autoridades chinas en este asunto, se concluye que las subvenciones en forma de préstamos preferenciales no son de disposición general y, por tanto, son específicas en el sentido del artículo 4, apartado 2), letra a), del Reglamento de base. Además, ninguna de las partes interesadas presentó pruebas que indicaran que la subvención se había basado en criterios o condiciones objetivos, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.

d)   Conclusiones

(193)

La investigación demostró que todos los productores exportadores incluidos en la muestra se beneficiaron de préstamos preferenciales en el período de investigación.

(194)

Por tanto, la financiación de la industria fotovoltaica debe considerarse como una subvención.

(195)

En vista de la existencia de una contribución financiera, de un beneficio para los productores exportadores y de la especificidad, se considera que esta subvención está sujeta a medidas compensatorias.

e)   Cálculo del importe de la subvención

(196)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en función del beneficio conferido a los receptores de la misma durante el período de investigación. De conformidad con el artículo 6, letra b), del Reglamento de base, el beneficio en favor de los receptores se considerará como la diferencia entre la cantidad que paga por el préstamo de los poderes públicos la empresa que lo recibe y la que esta pagaría por un préstamo comercial comparable que pudiera obtener en el mercado.

(197)

Tal como se explica anteriormente (considerando 190), dado que los préstamos concedidos por los bancos chinos reflejan una sustancial intervención del gobierno en el sector bancario, y no los tipos que cabría encontrar en un auténtico mercado, se ha elaborado una referencia de mercado utilizando el método descrito más adelante. Además, debido a la falta de cooperación de las autoridades chinas, la Comisión también se ha basado en los datos disponibles a fin de establecer un tipo de interés de referencia adecuado.

(198)

Para elaborar una referencia adecuada de los préstamos concedidos en RMB, parece razonable aplicar los tipos de interés chinos ajustados para reflejar el riesgo normal del mercado. En efecto, en un contexto en que la situación financiera actual de los exportadores se ha establecido sobre un mercado distorsionado y no existe información fiable de los bancos chinos sobre la medida del riesgo y la determinación de calificaciones de solvencia, es preciso no aceptar sin más la solvencia crediticia de los exportadores chinos, sino que debe aplicarse un recargo para tener en cuenta las potenciales repercusiones de las distorsiones del mercado chino sobre su situación financiera.

(199)

Lo mismo sucede para los préstamos denominados en moneda extranjera. Los bonos empresariales con calificación BB y denominaciones pertinentes emitidos durante el período de investigación se utilizaron como valor de referencia.

(200)

Respecto a lo anterior, tal como se explica en los considerandos 138 a 140 se pidió tanto a las autoridades chinas como a los productores exportadores que cooperaron que facilitaran información sobre las políticas de préstamo de los bancos chinos y sobre la manera en que se atribuían los préstamos a los productores exportadores. Aunque se solicitó en repetidas ocasiones, no se pudo obtener dicha información. Por consiguiente, vista la falta de cooperación y la totalidad de los datos disponibles, y de conformidad con las disposiciones del artículo 28, apartado 6, del Reglamento de base, resulta apropiado considerar que todas las empresas de China solo podrían recibir el grado más elevado de bonos que no pertenecen a la categoría de inversión (que es el grado BB en Bloomberg) y aplicar la prima adecuada que puede esperarse sobre los bonos emitidos por las empresas que tienen esta calificación al tipo de préstamo estándar del Banco Popular de China. El beneficio de los productores exportadores se ha calculado teniendo en cuenta el diferencial de tipo de interés, expresado como un porcentaje, multiplicado por el saldo vivo del préstamo, es decir, el interés no pagado durante el período de investigación. A continuación, esta cuantía se ha repartido sobre el volumen de negocios total de los productores exportadores que cooperaron.

(201)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

Préstamos oficiales preferenciales

Empresa/Grupo

Tipo de la subvención

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, China, y empresas vinculadas

1,14 %

Yingli Green Energy Holding Company y empresas vinculadas

0,61 %

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd y empresas vinculadas

0,25 %

JingAo Group y empresas vinculadas

0,92 %

Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd y empresas vinculadas

1,80 %

Delsolar (Wujiang) Co. Ltd. y empresas vinculadas

0,02 %

Renesola Zhejiang Ltd

Renesola Jiangsu Ltd

0,84 %

Jinko Solar Co. Ltd y empresas vinculadas

0,85 %

3.4.1.2.   Concesión de líneas de crédito

a)   Introducción

(202)

El denunciante había alegado que los bancos chinos concedían líneas de crédito desproporcionadas a los exportadores chinos del producto afectado. La investigación confirmó que, en efecto, todas las empresas investigadas recibieron importantes líneas de crédito de los bancos chinos, en la mayor parte de los casos, de forma gratuita o sujetas a unas tasas muy reducidas. En circunstancias de mercado normales estas líneas de crédito están sujetas a considerables compromisos y gastos administrativos que permiten a los bancos compensar los costes y riesgos.

b)   Conclusiones de la investigación

(203)

El informe del grupo especial «CE-Aeronaves» confirmó que estas líneas de crédito, más allá de las repercusiones de los préstamos individuales, pueden ser posibles transferencias directas de fondos con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base y, por lo tanto, contribuciones financieras. El grupo constató que el beneficio de una posible transferencia de fondos se deriva de la simple existencia de una obligación de hacer una transferencia directa de fondos. El grupo también constató que una línea de crédito podría, en sí misma o por sí misma, suponer una ventaja para la empresa beneficiaria y, por tanto, podría ser una posible transferencia de fondos independiente de las transferencias directas de fondos en forma de préstamos individuales (71).

(204)

Concedieron las líneas de crédito a los productores exportadores incluidos en la muestra los mismos bancos que habían concedido los préstamos preferenciales descritos. Como se ha establecido anteriormente, estos bancos son organismos públicos (considerandos 158 a 166) o reciben de las autoridades chinas la encomienda u orden de conceder financiación en condiciones preferenciales a la industria fotovoltaica (considerandos 169 a 178).

(205)

Como se ha explicado anteriormente (considerandos 158 a 185) el mercado chino está distorsionado por las legislaciones y prácticas de los bancos de propiedad estatal y se constató que en la mayoría de los casos, las líneas de crédito fueron proporcionadas libres de cargas o a cambio de unas tasas muy reducidas. En circunstancias de mercado normales estas líneas de crédito están sujetas a considerables compromisos y gastos administrativos que permiten a los bancos compensar los costes y riesgos.

(206)

El importe del beneficio está representado por las tasas normalmente aplicables a las líneas de crédito comerciales concedidas a las empresas de las que los productores exportadores incluidos en la muestra estaban exentos en la mayoría de los casos. La Comisión utilizó las tasas aplicadas a la línea de crédito concedida a uno de los productores exportadores incluidos en la muestra por un banco comercial extranjero.

(207)

La industria fotovoltaica pertenece a la categoría fomentada con arreglo a la Decisión no 40. La Decisión no 40 es una Orden del Consejo de Estado, que es el más alto órgano administrativo chino y en este sentido la decisión es jurídicamente vinculante para los organismos públicos y los operadores económicos. La Decisión clasifica los sectores industriales en «proyectos fomentados, restringidos y eliminados». Esta disposición constituye una directriz sobre política industrial que, junto con el Repertorio, muestra que los poderes públicos chinos mantienen una política para fomentar y apoyar a grupos de empresas e industrias como la industria fotovoltaica/nueva industria energética, clasificada en el Repertorio como una «industria fomentada». Con respecto al número de industrias clasificadas como «fomentadas» cabe observar que representan únicamente una parte de la economía china. Además, solamente se otorga el estatuto de «fomentadas» a determinadas actividades dentro de esos sectores fomentados. La Decisión no 40 también establece en su artículo 17 que los «proyectos de inversión fomentados» se beneficiarán de privilegios e incentivos específicos, entre otras cosas, de ayuda financiera. Por otra parte, en lo referente a los «proyectos restringidos y eliminados», la Decisión no 40 faculta a las autoridades estatales a intervenir directamente para regular el mercado. De hecho, los artículos 18 y 19 establecen que las autoridades pertinentes deben evitar que las instituciones financieras concedan préstamos a estos proyectos. De cuanto precede se desprende que la Decisión no 40 prevé normas vinculantes para todas las instituciones económicas en forma de directrices sobre la promoción y el apoyo a las industrias fomentadas, una de las cuales es la industria fotovoltaica.

(208)

Como se explica en los considerandos 172 y 192, las autoridades chinas ordenan la concesión de los préstamos preferenciales cuyo suministro de líneas de crédito es una parte esencial para un limitado número de industrias. Las empresas de energía fotovoltaica pertenecen a este grupo de industrias y se benefician de préstamos preferenciales discriminatorios.

(209)

Habida cuenta de todo lo anterior, resulta evidente que las autoridades solo permiten a las instituciones financieras conceder líneas de crédito preferenciales a un número limitado de industrias/empresas que se ajustan a las políticas pertinentes de los poderes públicos chinos. Sobre la base de los elementos que obran en el expediente y a falta de cooperación de las autoridades chinas en este asunto, se concluye que las subvenciones en forma de líneas de crédito desproporcionadas no son de disposición general y, por tanto, son específicas en el sentido del artículo 4, apartado 2), letra a), del Reglamento de base. Además, ninguna de las partes interesadas presentó pruebas que indicaran que la subvención se había basado en criterios o condiciones objetivos, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.

c)   Conclusiones

(210)

El ejercicio puso de manifiesto que, en el período de investigación, todos los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra se beneficiaron de líneas de crédito proporcionadas gratuitamente o a tasas que están por debajo de los valores de mercado.

(211)

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, la extensión de dichas líneas de crédito a la industria fotovoltaica debe considerarse como una subvención.

(212)

En vista de la existencia de una contribución financiera, de un beneficio para los productores exportadores y de la especificidad, se considera que esta subvención está sujeta a medidas compensatorias.

d)   Cálculo del importe de la subvención

(213)

El suministro de líneas de crédito libres de cargas o a tasas por debajo de los valores del mercado se considera una prestación de servicios financieros [artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iii), del Reglamento de base] a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en función del beneficio conferido a los receptores de la misma durante el período de investigación. Debido a las distorsiones del mercado descritas en los considerandos 158 a 185, no se pudo determinar la adecuación de la remuneración por los servicios financieros (en este caso, la concesión de líneas de crédito) en relación con las condiciones imperantes en el mercado de China. Por tanto, de conformidad con el artículo 6, letra d), inciso ii), del Reglamento de base, el beneficio en favor de los prestatarios se considerará como la diferencia entre la cantidad que la empresa paga por el suministro de líneas de crédito por los bancos chinos y la que esta empresa pagaría por una línea de crédito comercial comparable que pudiera obtener en el mercado. Las líneas de crédito también podrían considerarse como una posible transferencia de fondos con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base.

(214)

Uno de los productores exportadores incluidos en la muestra obtuvo una línea de crédito del banco cuya sede está establecida en territorio ajeno a la jurisdicción de China y esta línea de crédito fue objeto de compromiso y comisiones de acuerdo con la práctica habitual en los mercados financieros mundiales. Aunque fue la filial china del banco en cuestión la que concedió la línea de crédito, esta se considera un indicador razonable para un valor de referencia. Se consideró apropiado utilizar las tasas aplicadas a esta línea de crédito como referencia de conformidad con el artículo 6, letra d), inciso ii), del Reglamento de base.

(215)

El nivel de las tasas utilizadas como valor de referencia se aplicó a prorrata al importe de cada línea de crédito en cuestión para obtener el importe de la subvención (previa deducción de las tasas realmente pagadas). En caso de que la línea de crédito tuviera una duración superior a un año, se repartió el importe total de la subvención durante el período de duración de la línea de crédito y se atribuyó el importe adecuado al período de investigación.

(216)

El tipo de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

Concesión de líneas de crédito

Empresa/Grupo

Tipo de la subvención

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, y empresas vinculadas

1,97 %

Yingli Green Energy Holding Company y empresas vinculadas

2,14 %

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd y empresas vinculadas

1,09 %

JingAo Group y empresas vinculadas

1,28 %

Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd y empresas vinculadas

0,92 %

Delsolar (Wujiang) Co. Ltd. y empresas vinculadas

0,24 %

Renesola Zhejiang Ltd

Renesola Jiangsu Ltd

0,50 %

Jinko Solar Co. Ltd y empresas vinculadas

2,59 %

3.4.1.3.   Programas de subvenciones de crédito a la exportación

(217)

La investigación confirmó que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante el período de investigación en el marco del programa.

3.4.1.4.   Garantías y seguros a la exportación para las tecnologías verdes

a)   Introducción

(218)

La denuncia alegaba que la corporación china de seguros de crédito a la exportación (China Export & Credit Insurance Corporation), el Sinosure, facilita seguros de crédito a la exportación en condiciones preferenciales a los productores del producto afectado, entre otros, mediante un programa denominado Green Express. Según la denuncia, el seguro de crédito a la exportación de Sinosure ni siquiera es adecuado para cubrir los costes de funcionamiento y las pérdidas a largo plazo de este programa.

b)   Falta de cooperación y uso de los datos disponibles

</

(219)

Como se indica en los considerandos 104 y 105, la Comisión solicitó información a las autoridades chinas y a Sinosure en el cuestionario, en la carta de deficiencia y durante la visita de inspección sobre el terreno, información que ni las autoridades chinas ni Sinosure facilitaron.