14.8.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 218/1

(1)

El 23 de febrero de 2006, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (CTM 2006), con el objetivo de crear un instrumento único y coherente que recogiera, en la medida de lo posible, todas las normas actualizadas de los convenios y recomendaciones internacionales vigentes sobre el trabajo marítimo, así como los principios fundamentales de otros convenios internacionales sobre el trabajo.

(2)

La Decisión 2007/431/CE del Consejo (3) autorizaba a los Estados miembros a ratificar, en interés de la Comunidad Europea, el CTM 2006. Por ello, se insta a los Estados miembros a ratificarlo cuanto antes.

(3)

Cuando los Estados miembros realicen inspecciones de control del Estado del puerto de conformidad con la Directiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto (4), que guarden relación con cuestiones reguladas en Convenios que aún no hayan ratificado y que estipulen que todos los buques estarán sujetos a control por parte de funcionarios debidamente autorizados cuando se hallen en los puertos de otro Estado o Parte contratante, deben hacer todo lo posible por cumplir los procedimientos y prácticas establecidas en los citados Convenios y, en consecuencia, abstenerse de presentar ante la Organización Marítima Internacional (OMI) o la OIT informes que correspondan al control por el Estado rector del puerto. Los Estados miembros que todavía no hayan ratificado un Convenio internacional de los contemplados en la Directiva 2009/16/CE en el momento de su entrada en vigor deben hacer lo posible por establecer condiciones similares a bordo de sus buques, de conformidad con los requisitos del convenio en cuestión.

(4)

Para garantizar un planteamiento armonizado en el cumplimiento efectivo de las normas internacionales por los Estados miembros al realizar inspecciones, tanto del Estado de abanderamiento como del Estado del puerto, y para evitar fricciones entre las legislaciones internacional y de la Unión, los Estados miembros deben intentar ratificar los Convenios a más tardar en la fecha en que entren en vigor, como mínimo las partes de estos que sean competencia de la Unión.

(5)

El CTM 2006 establece normas de trabajo marítimo para todos los marinos, independientemente de su nacionalidad o del pabellón del buque en que trabajen.

(6)

Conviene que en la Directiva 2009/16/CE, en lugar de definirse los términos «marino» y «tripulación», se comprenda su significado en cada caso del modo en que se definen o interpretan en relación con los Convenios internacionales pertinentes. En particular, para toda cuestión que se refiera a la aplicación del CTM 2006, deberá entenderse que el término «tripulación» hace referencia a «marino», tal como este se define en el CTM 2006.

(7)

Para toda cuestión regulada en la presente Directiva que guarde relación con la aplicación del CTM 2006, también respecto de los buques a los que no sea aplicable el Código internacional de gestión de la seguridad, las referencias de la Directiva 2009/16/CE, modificada por la presente Directiva, a «compañía» deben entenderse que significan «armador», tal como este se define en las disposiciones correspondientes del CTM 2006, ya que esta última definición se ajusta mejor a las necesidades específicas del CTM 2006.

(8)

Una parte sustancial de las normas del CTM 2006 se ha incorporado al Derecho de la Unión por medio de la Directiva 2009/13/CE del Consejo, de 16 de febrero de 2009, por la que se aplica el Acuerdo celebrado entre las Asociaciones de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) relativo al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (5), y de la Directiva 1999/63/CE del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativa al Acuerdo sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar suscrito por la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación de Sindicatos del Transporte de la Unión Europea (FST) (6). Las normas del CTM 2006 que entran en el ámbito de la Directiva 2009/13/CE o de la Directiva 1999/63/CE deben ser aplicadas por los Estados miembros de conformidad con las mencionadas Directivas.

(9)

Por regla general, en ninguna circunstancia las medidas adoptadas para dar efecto a la presente Directiva podrán servir de justificación para que los Estados miembros reduzcan el nivel general de protección de los marinos que trabajen a bordo de los buques que naveguen con bandera de un Estado miembro con arreglo al Derecho de la Unión aplicable en materia social.

(10)

El CTM 2006 contiene disposiciones de ejecución que definen las responsabilidades de los Estados que ejercen las obligaciones de control por el Estado rector del puerto. Con el fin de proteger la seguridad y evitar el falseamiento de la competencia, es necesario permitir a los Estados miembros que comprueben el cumplimiento de las disposiciones del CTM 2006 por todos los buques marítimos que hagan escala en sus puertos y fondeaderos, con independencia del Estado en que estén matriculados.

(11)

El control por el Estado rector del puerto se rige por la Directiva 2009/16/CE, que debe incorporar el CTM 2006 entre los Convenios cuya aplicación verifican las autoridades de los Estados miembros en los puertos de la Unión.

(12)

Cuando realicen inspecciones del Estado del puerto de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2009/16/CE, los Estados miembros deben tener en cuenta las disposiciones del CTM 2006, que estipulan que el certificado de trabajo marítimo y la declaración de cumplimiento de trabajo marítimo deberán ser aceptados como pruebas prima facie del cumplimiento de los requisitos del CTM 2006.

(13)

El Derecho de la Unión debe también reflejar los procedimientos establecidos en el CTM 2006 en lo que se refiere a la tramitación de quejas presentadas en tierra y relacionadas con los asuntos de los que trata el CTM 2006.

(14)

A fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación de la Directiva 2009/16/CE, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. La Comisión debe estar facultada para adoptar actos de ejecución, para aplicar una metodología para la consideración de parámetros de riesgo genéricos relativos en particular al criterio del Estado de abanderamiento y al criterio de historial de la compañía, para garantizar condiciones uniformes relativas al ámbito de unas inspecciones más amplias, que comprendan las zonas de riesgo que han de cubrirse, para garantizar la aplicación uniforme de los procedimientos â seguir en las inspecciones de control y seguridad de los buques, para establecer un formato electrónico normalizado para la presentación de las quejas relacionadas con el CTM 2006, para aplicar procedimientos normalizados para la notificación de las anomalías aparentes por los prácticos y las autoridades u organismos portuarios y la notificación de las medidas consecutivas adoptadas por los Estados miembros, y para establecer las normas detalladas para la publicación de la información de compañías con un bajo y muy bajo grado de cumplimiento de la normativa, los criterios para la agregación de los datos pertinentes y la frecuencia de las actualizaciones. Se trata de un ejercicio muy técnico que deberá llevarse a cabo en el marco de los principios y criterios establecidos en esa Directiva. Esas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (7).

(15)

Cuando el comité a que se refiere la presente Directiva no dictamine sobre el proyecto de acto de ejecución que presente la Comisión, esta no deberá adoptar actos de ejecución relativos a la metodología para la toma en consideración de parámetros de riesgo genéricos, en particular los criterios del Estado de abanderamiento y del historial de la compañía; a los informes de los pilotos y las autoridades u organismos portuarios, incluidos los procedimientos armonizados para la notificación de anomalías visibles por parte de los prácticos y autoridades u organismos portuarios y a las medidas de seguimiento adoptadas por los Estados miembros, así como a las modalidades de publicación de información sobre compañías con un rendimiento bajo o muy bajo.

(16)

Cuando establezca normas de ejecución, la Comisión debe tener específicamente en cuenta los conocimientos y la experiencia obtenidos con el uso del sistema de inspecciones en la Unión y basarse en la experiencia del Memorando de Acuerdo sobre el Control del Estado del Puerto firmado en París el 26 de enero de 1982 en su versión actualizada («MDA de París»).

(17)

Las normas de ejecución, incluidas las referencias a las instrucciones y orientaciones del MDA de París, no deben obstaculizar el ejercicio del juicio profesional de los inspectores o de la autoridad competente, ni la flexibilidad que establecen los artículos pertinentes de la Directiva 2009/16/CE.

(18)

La base de datos de inspecciones que contempla la Directiva 2009/16/CE debe adaptarse y desarrollarse en concordancia con las enmiendas que introduce dicha Directiva y/o de los cambios adoptados en el marco del MDA de París.

(19)

El MDA de París trata de eliminar la operación de buques que no cumplan la normativa, utilizando para ello un sistema armonizado de control por el Estado del puerto, que incluye la inspección coordinada de buques que hagan escala en puertos, incluidos los puertos de los Estados miembros, de la región del MDA de París. El objeto de dichas inspecciones es verificar que los buques cumplen las normas internacionales de seguridad, protección y medio ambiente, y que la gente de mar goza de condiciones de vida y de trabajo adecuadas, de conformidad con los Convenios internacionales vigentes. Al realizar las inspecciones y al hacer referencia a las instrucciones y directrices del MDA de París, se debe tener en cuenta que dichas instrucciones y directrices se han desarrollado y adoptado para garantizar la coherencia y orientar las inspecciones, con el fin de facilitar el mayor grado de convergencia posible.

(20)

La inspección de las condiciones de vida y de trabajo a bordo de los marinos, así como de sus formaciones y cualificaciones, a fin de comprobar si cumplen los requisitos del CTM 2006, requiere un nivel apropiado de formación de los inspectores. La Agencia Europea de Seguridad Marítima y los Estados miembros deben impulsar la cuestión de la formación de inspectores a efectos de supervisión del cumplimiento del CTM 2006.

(21)

A fin de permitir que la Comisión actualice rápidamente los procedimientos pertinentes, contribuyendo con ello a conseguir unas condiciones de competencia más equitativas en el sector del transporte marítimo, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con las modificaciones del anexo VI de la Directiva 2009/16/CE, que contiene la lista de las instrucciones adoptadas por el MDA de París, al objeto de que los procedimientos que sean aplicables y exigibles en el territorio de los Estados miembros sean similares a los acordados a nivel internacional y conformes a los Convenios aplicables. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, incluso con expertos. Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe garantizar la transmisión adecuada, simultánea y oportuna de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

(22)

Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y por consiguiente pueden lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción, a escala de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(23)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 2009/16/CE en consecuencia.

(24)

Conforme al artículo VIII, el CTM 2006 entrará en vigor doce meses después de la fecha en que se hayan registrado las ratificaciones de al menos 30 Miembros de la OIT que en conjunto posean como mínimo el 33 por ciento del arqueo bruto de la flota mercante mundial. Esta condición se cumplió el 20 de agosto de 2012, y el CTM entra en vigor el 20 de agosto de 2013.

(25)

La presente Directiva debe entrar en vigor en la misma fecha que el CTM 2006.

1)

El artículo 2 se modifica como sigue:

2)

El artículo 3 se modifica como sigue:

3)

En el artículo 8, se suprime el apartado 4.

4)

En el artículo 10, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   Se atribuyen a la Comisión competencias de ejecución a fin de aplicar una metodología para la consideración de parámetros de riesgo genérico particularmente en relación con los criterios del Estado de abanderamiento y los criterios del historial de la compañía previstos en las mismas. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 31, apartado 3.».

5)

En el artículo 14, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.   El alcance de la inspección ampliada, comprendidas las zonas de riesgo que han de cubrirse, figura en el anexo VII. La Comisión podrá adoptar normas de aplicación detalladas para garantizar condiciones uniformes a efectos de la aplicación del anexo VII. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 31, apartado 3.».

6)

En el artículo 15, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.   La Comisión podrá adoptar normas de aplicación detalladas para garantizar la aplicación uniforme de los procedimientos contemplados en el apartado 1 y de las comprobaciones de seguridad mencionadas en el apartado 2 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 31, apartado 3.».

7)

En el artículo 17, se añaden los párrafos siguientes:

«Si, al cabo de una inspección más detallada, se determina que las condiciones de vida y de trabajo a bordo del buque no son conformes con los requisitos del CTM 2006, el inspector comunicará inmediatamente las deficiencias al capitán del buque, junto con los plazos establecidos para su rectificación.

En caso de que el inspector considere que tales deficiencias son significativas o si tienen relación con una posible queja en el marco del anexo V, parte A, punto 19, el inspector informará de las deficiencias a las organizaciones correspondientes de gente de mar y de armadores del Estado miembro en el que se ha llevado a cabo la inspección, y podrá:

Respecto a las cuestiones relativas al CTM 2006, el Estado miembro en el que se lleve a cabo la inspección tendrá derecho a remitir una copia del informe del inspector, acompañada de las respuestas recibidas de las autoridades competentes del Estado de abanderamiento dentro del plazo previsto, al Director General de la OIT con objeto de que se adopten las medidas que se consideren adecuadas y oportunas a fin de garantizar que se guarde un registro de tal información y que se ponga en conocimiento de las partes que puedan estar interesadas en hacer uso de los procedimientos de recurso pertinentes.».

8)

En el artículo 18, el párrafo cuarto se sustituye por el texto siguiente:

«No deberá revelarse al capitán ni al armador del buque de que se trate la identidad del denunciante. El inspector adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de las quejas presentadas por la gente de mar, incluidas las destinadas a garantizar la confidencialidad durante cualquier interrogatorio que se efectúe a la gente de mar.».

9)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 18 bis

Procedimientos para quejas en tierra relacionadas con el CTM 2006

1.   Toda queja de un marino que alegue el incumplimiento de los requisitos del CTM 2006 (incluidos los derechos de los marinos) podrá ser formulada ante un inspector del puerto en el que haga escala el buque de dicho marino. En esos casos, el inspector deberá emprender una investigación inicial.

2.   Según proceda, y teniendo en cuenta la naturaleza de la queja, en el marco de la investigación inicial deberá estudiarse si se han seguido los procedimientos de tramitación de quejas a bordo establecidos a tenor de la Regla 5.1.5 del CTM 2006. El inspector también puede llevar a cabo una inspección más detallada de conformidad con el artículo 13 de la presente Directiva.

3.   Según proceda, el inspector deberá procurar que la queja se solucione a bordo del buque.

4.   En el caso de que la investigación o la inspección pongan de relieve una falta de conformidad que corresponda al ámbito de aplicación del artículo 19, se aplicarán las disposiciones de ese artículo.

5.   Cuando no sea aplicable el apartado 4 y una queja de un marino relacionada con asuntos regulados por el CTM 2006 no se haya solucionado a bordo del buque, el inspector notificará inmediatamente al Estado de abanderamiento, solicitando asesoramiento al mismo y la elaboración de un plan de acción correctivo en un plazo determinado. Un informe de toda inspección realizada se remitirá por vía electrónica a la base de datos de inspecciones a que se refiere el artículo 24.

6.   Cuando la queja no se haya solucionado tras haber procedido de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5, el Estado del puerto transmitirá al Director General de la OIT una copia del informe del inspector. El informe irá acompañado de toda respuesta recibida de las autoridades competentes del Estado de abanderamiento dentro del plazo establecido. Se informará también al respecto a las organizaciones de gente de mar y de armadores correspondientes del Estado del puerto. Asimismo, el Estado del puerto deberá presentar periódicamente al Director General de la OIT estadísticas e información relativas a las quejas que se hayan resuelto.

Esa documentación se presenta a efectos de posibilitar que, con arreglo a las medidas que se consideren adecuadas y oportunas, se mantenga un registro de dichas estadísticas e información y se llame la atención sobre su existencia a las partes, incluidas las organizaciones de gente de mar y de armadores, que puedan estar interesadas en hacer uso de los procedimientos de recurso pertinentes.

7.   A fin de asegurar condiciones uniformes para la aplicación del presente artículo, se otorgarán a la Comisión competencias de ejecución en relación con la creación de un formato electrónico y un procedimiento armonizados para la notificación de las medidas de seguimiento adoptadas por los Estados miembros. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 31, apartado 3.

8.   El presente artículo se entiende sin perjuicio del artículo 18. El cuarto apartado del artículo 18 se aplicará asimismo a las quejas relativas a las materias que regula el CTM 2006.».

10)

El artículo 19 se modifica como sigue:

11)

En el artículo 23, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5.   Se atribuyen a la Comisión competencias de ejecución para la adopción de medidas de aplicación del presente artículo, incluidos procedimientos armonizados para la notificación de las anomalías visibles por los prácticos y las autoridades u organismos portuarios y la notificación de las medidas consecutivas adoptadas por los Estados miembros. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 31, apartado 3.».

12)

En el artículo 27, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«Se otorgan a la Comisión competencias de ejecución para establecer las modalidades de publicación de la información a que se hace referencia en el párrafo primero, los criterios de agregación de los datos pertinentes y la frecuencia de las actualizaciones. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 31, apartado 3.».

13)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 30 bis

Actos delegados

Se otorgan poderes a la Comisión para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 30 ter en relación con las modificaciones del anexo VI encaminadas a añadir a la lista que figura en dicho anexo nuevas instrucciones relacionadas con el control por el Estado del puerto adoptadas por la Organización del MDA de París.

Artículo 30 ter

Ejercicio de la delegación

1.   Se otorgan poderes a la Comisión para adoptar actos delegados sin perjuicio de las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 30 bis se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 20 de agosto de 2013. La Comisión elaborará un informe sobre esa delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.   La delegación de poderes a que se refiere el artículo 30 bis podrá ser revocada en todo momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en la fecha posterior que en ella se especifique. No afectará a la validez de cualesquiera actos delegados que ya estén en vigor.

4.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.   Un acto delegado adoptado con arreglo al artículo 30 bis solo entrará en vigor en caso de que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan formulado objeciones en un plazo de dos meses tras la notificación del acto al Parlamento Europeo y al Consejo o si, antes de que expire dicho plazo, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo informan a la Comisión de que no formularán ninguna objeción. El plazo se prorrogará dos meses a instancia del Parlamento Europeo o del Consejo.».

14)

El artículo 31 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 31

Comitología

1.   La Comisión estará asistida por el Comité de seguridad marítima y prevención de la contaminación por los buques (COSS), establecido por el artículo 3 del Reglamento (CE) no 2099/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (8). Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011.

2.   Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/2011.

Si el Comité no emite dictamen sobre un proyecto de acto de ejecución que deba adoptarse con arreglo a lo dispuesto respectivamente en el artículo 10, apartado 3, el artículo 23, apartado 5, y el artículo 27, apartado 2, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) no 182/2011.

15)

Queda derogado el artículo 32.

16)

El artículo 33 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 33

Normas de ejecución

Al establecer, de conformidad con los procedimientos a que se refiere el artículo 31, apartado 3, las normas de ejecución a que se hace referencia en el artículo 10, apartado 3, el artículo 14, apartado 4, el artículo 15, apartado 4, el artículo 18 bis, apartado 7, el artículo 23, apartado 5, y el artículo 27, la Comisión velará de manera especial por que dichas normas tengan en cuenta los conocimientos y la experiencia adquiridos en el ámbito del sistema de inspección de la Unión y se apoyen en la experiencia del MDA de París.».

17)

En el anexo I, parte II, el punto 2B se modifica como sigue:

18)

El anexo IV se modifica como sigue:

19)

En el anexo V, parte A, se añaden los siguientes puntos:

20)

El punto 3.10 del anexo X se modifica como sigue.

14.8.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 218/8

(1)

Los objetivos de la presente Directiva son aproximar las normas de Derecho penal de los Estados miembros en materia de ataques contra los sistemas de información, mediante el establecimiento de normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y las sanciones aplicables, y mejorar la cooperación entre las autoridades competentes, incluida la policía y los demás servicios especializados encargados de la aplicación de la ley en los Estados miembros, así como los organismos especializados de la Unión, como Eurojust, Europol y su Centro Europeo contra la Ciberdelincuencia y la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA).

(2)

Los sistemas de información son un elemento esencial para la interacción política, social y económica en la Unión. La dependencia de este tipo de sistemas por parte de la sociedad es muy grande y sigue aumentando. El buen funcionamiento y la seguridad de estos sistemas en la Unión es clave para el desarrollo del mercado interior y de una economía competitiva e innovadora. Garantizar un adecuado nivel de protección de los sistemas de información debe formar parte de un marco general efectivo de medidas de prevención que acompañen a las respuestas del Derecho penal a la ciberdelincuencia.

(3)

Los ataques contra los sistemas de información y, en particular, los ataques vinculados a la delincuencia organizada, son una amenaza creciente en la Unión y en el resto del mundo, y cada vez preocupa más la posibilidad de ataques terroristas o de naturaleza política contra los sistemas de información que forman parte de las infraestructuras críticas de los Estados miembros y de la Unión. Esta situación pone en peligro la realización de una sociedad de la información segura y de un espacio de libertad, seguridad y justicia y exige, por tanto, una respuesta por parte de la Unión, así como una cooperación y coordinación reforzadas a escala internacional.

(4)

Existe en la Unión una serie de infraestructuras críticas cuya perturbación o destrucción tendría repercusiones transfronterizas importantes. De la necesidad de incrementar en la Unión la capacidad de protección de estas infraestructuras se desprende que las medidas contra los ataques informáticos deben complementarse con penas estrictas que reflejen la gravedad de tales ataques. Por «infraestructura crítica» se entiende un elemento, sistema o parte de este situado en los Estados miembros que es esencial para el mantenimiento de funciones vitales de la sociedad, la salud, la seguridad, la protección y el bienestar económico y social de la población, como las centrales eléctricas, las redes de transporte y las redes de los órganos de gobierno, y cuya perturbación o destrucción tendría un impacto significativo en un Estado miembro al no poder mantener esas funciones.

(5)

Se comprueba una tendencia hacia ataques de gran escala cada vez más graves y recurrentes contra sistemas de información, que a menudo pueden ser críticos para los Estados miembros o para determinadas funciones del sector público o privado. Esta tendencia coincide con el desarrollo de métodos cada vez más sofisticados, como la creación y utilización de redes infectadas (botnets), que conllevan fases múltiples del acto delictivo, cada una de las cuales puede por sí sola constituir un grave peligro para el interés público. La presente Directiva tiene por objeto, entre otros, establecer sanciones para la fase en que se crea la red infectada, es decir, cuando se establece un control remoto sobre un número significativo de ordenadores infectándolos mediante programas nocivos a través de ataques informáticos dirigidos. Una vez establecida la red, los ordenadores infectados, que constituyen la red infectada, pueden activarse sin el conocimiento de los usuarios para realizar un ataque informático a gran escala, que en circunstancias normales puede causar daños graves, como menciona la presente Directiva. Los Estados miembros deben poder establecer qué constituyen daños graves de conformidad con su ordenamiento jurídico y práctica nacionales, tales como interrumpir los servicios del sistema de una importancia pública relevante, o causar importantes costes económicos o pérdidas de datos de carácter personal o de información sensible.

(6)

Los ciberataques a gran escala pueden causar graves perjuicios económicos, tanto por la paralización de los sistemas de información y de las comunicaciones como por la pérdida o alteración de información confidencial de importancia comercial o de otros datos. Debe prestarse especial atención a sensibilizar más a las pequeñas y medianas empresas innovadoras sobre las amenazas vinculadas con tales ataques y su vulnerabilidad ante los mismos, que les afectan debido a su mayor dependencia del correcto funcionamiento y de la disponibilidad de los sistemas de información y al hecho de que sus recursos para la seguridad de la información son, con frecuencia, limitados.

(7)

Es importante en esta materia disponer de definiciones comunes a fin de garantizar la aplicación coherente de la presente Directiva en los Estados miembros.

(8)

Es necesario llegar a un enfoque común respecto de los elementos constitutivos de las infracciones penales introduciendo las infracciones comunes de acceso ilegal a un sistema de información, de intromisión ilegal en el sistema, de intromisión ilegal en los datos y de interceptación ilegal.

(9)

La interceptación abarca, sin limitarse necesariamente a ello, la escucha, el seguimiento y el análisis del contenido de comunicaciones, así como la obtención del contenido de los datos bien directamente, mediante el acceso y recurso a ese sistema de información, o indirectamente, mediante el recurso a sistemas de escucha y grabación electrónicos por medios técnicos.

(10)

Los Estados miembros deben establecer sanciones para los ataques contra los sistemas de información. Estas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias y deben contemplar penas privativas de libertad o multas.

(11)

La presente Directiva establece penas al menos para los casos que no son de menor gravedad. Los Estados miembros deben poder determinar cuáles son los casos de menor gravedad de conformidad con su ordenamiento jurídico y práctica nacionales. Un caso puede considerarse de menor gravedad, por ejemplo, cuando el daño causado por la infracción o el riesgo que acarree para intereses públicos o privados, como la integridad de un sistema o datos informáticos, la integridad, derechos u otros intereses de una persona, resulte insignificante o sea de una índole tal que no resulte necesario imponer una pena dentro del umbral jurídico ni exigir responsabilidad penal.

(12)

La identificación y comunicación de las amenazas y los riesgos que plantean los ciberataques, así como las vulnerabilidades de los sistemas de información que les afectan, constituye un elemento pertinente para una prevención y respuesta eficaces frente a dichos ataques y para la mejora de la seguridad de los sistemas de información. Ofrecer incentivos a la comunicación de las insuficiencias en materia de seguridad podría contribuir a producir ese efecto. Los Estados miembros deben comprometerse a brindar oportunidades que permitan la detección y comunicación legales de las deficiencias en materia de seguridad.

(13)

Es conveniente establecer sanciones más severas cuando un ataque contra un sistema de información se comete en el contexto de una organización delictiva, tal como se define en la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (3), o cuando el ciberataque se realiza a gran escala y afecta a un número importante de sistemas de información, en particular cuando el ataque tiene por objeto crear una red infectada o si el ciberataque causa un daño grave, incluido cuando se lleva a cabo a través de una red infectada. Conviene también establecer sanciones más severas cuando el ataque se lleva a cabo contra una infraestructura crítica de los Estados miembros o de la Unión.

(14)

Otro elemento importante de un enfoque integrado contra la ciberdelincuencia es el establecimiento de medidas eficaces contra la usurpación de identidad y otras infracciones relacionadas con la identidad. Las necesidades inherentes a la actuación de la Unión relativa a este tipo de conducta delictiva podrían también ser tomadas en consideración en el contexto de la evaluación de la necesidad de un instrumento horizontal global de la Unión.

(15)

Las Conclusiones del Consejo de 27 y 28 de noviembre de 2008 indicaron que debía desarrollarse una nueva estrategia con los Estados miembros y la Comisión, teniendo en cuenta el contenido del Convenio del Consejo de Europa de 2001 sobre la ciberdelincuencia. Este Convenio es el marco jurídico de referencia para la lucha contra la ciberdelincuencia, incluidos los ataques contra los sistemas de información. La presente Directiva se basa en dicho Convenio. Debe considerarse como prioritario terminar cuanto antes el proceso de ratificación de dicho Convenio por todos los Estados miembros.

(16)

Dadas las diferentes formas en que pueden realizarse los ataques y la rápida evolución de los programas y equipos informáticos, la presente Directiva se refiere a los «instrumentos» que pueden utilizarse para cometer las infracciones enumeradas en la presente Directiva. Dichos instrumentos pueden ser programas informáticos maliciosos, incluidos los que permiten crear redes infectadas, que se utilizan para cometer ciberataques. Aun cuando uno de estos instrumentos sea adecuado o incluso especialmente adecuado para llevar a cabo las infracciones enumeradas en la presente Directiva, es posible que dicho instrumento fuera creado con fines legítimos. Teniendo en cuenta la necesidad de evitar la tipificación penal cuando estos instrumentos sean creados y comercializados con fines legítimos, como probar la fiabilidad de los productos de la tecnología de la información o la seguridad de los sistemas de información, además del requisito de intención general también debe cumplirse el requisito de que dichos instrumentos sean utilizados para cometer una o varias de las infracciones enumeradas en la presente Directiva.

(17)

La presente Directiva no establece responsabilidades penales cuando se cumplen los criterios objetivos de las infracciones enumeradas en la misma pero los actos se cometen sin propósito delictivo, por ejemplo cuando la persona de que se trate no sabía que el acceso no estaba autorizado o en caso de intervención autorizada o de protección de los sistemas de información, o cuando una empresa o un vendedor designen a una persona para probar la solidez de su sistema de seguridad. En el contexto de la presente Directiva, las obligaciones o los acuerdos contractuales tendentes a restringir el acceso a los sistemas de información en virtud de una política de usuarios o de las condiciones de prestación del servicio, así como los conflictos colectivos de trabajo en relación con el acceso a los sistemas de información de un empresario o con la utilización de los mismos con fines privados, no deben acarrear responsabilidad penal cuando se estime que el acceso en dichas circunstancias no está autorizado y, por tanto, constituye la única base para incoar una acción penal. La presente Directiva se entiende sin perjuicio del derecho de acceder a la información, establecido en el Derecho nacional y de la Unión, pero al mismo tiempo no sirve de justificación para un acceso ilícito o arbitrario a la información.

(18)

Los ciberataques podrían verse facilitados por varias circunstancias, por ejemplo cuando el autor de los mismos tengan acceso, en el marco de su empleo, a los sistemas de seguridad inherentes a los sistemas de información afectados. En el contexto del Derecho nacional, estas circunstancias deben tenerse en cuenta, en su caso, en el transcurso del proceso penal.

(19)

Los Estados miembros deben prever en su derecho nacional las circunstancias agravantes, de conformidad con las normas aplicables establecidas por sus ordenamientos jurídicos en relación con dichas circunstancias. Deben velar por que esas circunstancias agravantes puedan ser conocidas por los jueces para que estos las tomen en consideración a la hora de dictar sentencia con respecto a los infractores. Se deja a la apreciación del juez evaluar dichas circunstancias junto con otros hechos del caso de que se trate.

(20)

La presente Directiva no se aplica a las condiciones para ejercer la competencia jurisdiccional sobre alguna de las infracciones contempladas en la misma, como una declaración de la víctima en el lugar donde se cometió la infracción, o la denuncia del Estado en el que se cometió, o el no procesamiento del delincuente en el lugar donde se cometió la infracción.

(21)

En el contexto de la presente Directiva, los Estados y sus organismos públicos están plenamente obligados a garantizar el respeto de los derechos y las libertades fundamentales, de conformidad con las obligaciones de la Unión e internacionales existentes.

(22)

La presente Directiva subraya la importancia de redes, tales como la red de puntos de contacto del G8 o la del Consejo de Europa, disponibles veinticuatro horas al día, siete días a la semana. Dichos puntos de contacto han de poder prestar asistencia efectiva, facilitando así, por ejemplo, el intercambio de la información relevante disponible o prestando asesoramiento técnico o información jurídica en el marco de investigaciones o procedimientos relativos a infracciones penales relacionadas con sistemas de información y de datos asociados que impliquen al Estado miembro solicitante. Para garantizar el buen funcionamiento de las redes, cada punto de contacto debe ser capaz de comunicarse de forma rápida con el punto de contacto de otro Estado miembro con el apoyo, entre otras cosas, de personal formado y equipado. Dada la velocidad a la que pueden realizarse los ciberataques a gran escala, todos los Estados miembros deben responder con prontitud a las solicitudes urgentes procedentes de dicha red de puntos de contacto. En tales casos, puede resultar conveniente que la solicitud de información vaya acompañada de contacto telefónico, a fin de garantizar que el Estado miembro que recibe la solicitud pueda tramitarla rápidamente y que se facilite una respuesta al respecto en el plazo de ocho horas.

(23)

La cooperación entre las autoridades públicas por un lado y el sector privado y la sociedad civil por otro es de gran importancia para evitar y combatir los ataques contra los sistemas de información. Es necesario fomentar y mejorar la cooperación entre los proveedores de servicios, los productores, los servicios encargados de la aplicación de la ley y las autoridades judiciales, dentro del pleno respeto del Estado de Derecho. Dicha cooperación podría incluir el apoyo prestado por los proveedores de servicios al contribuir a mantener posibles pruebas, a proporcionar elementos que ayuden a identificar a los infractores y, en última instancia, a cerrar, total o parcialmente, de conformidad con el Derecho y las prácticas nacionales, los sistemas de información o la supresión de las funciones que hayan creado una situación de peligro o se hayan utilizado con fines ilegales. Asimismo, los Estados miembros deben tomar en consideración el establecimiento de redes de cooperación y asociación con los proveedores de servicios y los productores para intercambiar información relativa a las infracciones en el marco de aplicación de la presente Directiva.

(24)

Es necesario recopilar datos comparables sobre las infracciones a las que se refiere la presente Directiva. Los datos relevantes deben ponerse a disposición de los organismos especializados competentes de la Unión, como Europol y la ENISA, teniendo en cuenta sus cometidos y necesidades en materia de información, a fin de obtener una visión más completa del problema de la ciberdelincuencia y de la seguridad de la red y de la información a escala de la Unión, y contribuir así a la formulación de unas respuestas más eficaces. Los Estados miembros deben facilitar a Europol y a su Centro Europeo de Ciberdelincuencia información relativa al modo de actuación de los infractores a fin de llevar a cabo evaluaciones de las amenazas y análisis estratégicos de la ciberdelincuencia, de conformidad con la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol) (4). Facilitar información puede ayudar a comprender mejor las amenazas presentes y futuras, y contribuir así a tomar decisiones de forma más adecuada y específica para combatir y prevenir los ataques contra los sistemas de información.

(25)

La Comisión debe presentar un informe sobre la aplicación de la presente Directiva y formular las propuestas legislativas necesarias que puedan llevar a ampliar su ámbito de aplicación, teniendo en cuenta la evolución que se produzca en el campo de la ciberdelincuencia. En dicha evolución podrían figurar las innovaciones tecnológicas que permitan, por ejemplo, una represión más eficaz en el ámbito de los ataques contra los sistemas de información, o que faciliten la prevención o reduzcan al máximo la incidencia de dichos ataques. A tal fin, la Comisión debe tener en cuenta los análisis y los informes disponibles realizados por las instancias pertinentes y, en particular, por Europol y ENISA.

(26)

Para combatir eficazmente la ciberdelincuencia, debe aumentarse la capacidad de adaptación de los sistemas de información mediante la adopción de las medidas adecuadas para protegerlos de manera más eficaz contra los ataques que les afecten. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para proteger los sistemas de información que constituyen las infraestructuras críticas de los ciberataques, entre las cuales deben tomar en consideración las medidas tendentes a proteger sus sistemas de información y los datos asociados. Garantizar un nivel adecuado de protección y seguridad de los sistemas de información por personas jurídicas, por ejemplo en conexión con la facilitación de servicios de comunicación disponibles de forma electrónica de conformidad con la legislación de la Unión sobre la privacidad, la comunicación electrónica y la protección de datos, constituye una parte esencial de un planteamiento global para contrarrestar eficazmente la ciberdelincuencia. Deben preverse unos niveles adecuados de protección contra las amenazas y vulnerabilidades que puedan identificarse de forma razonable, teniendo en cuenta los conocimientos más recientes sobre sectores específicos y las situaciones concretas de tratamiento de datos. El coste y la carga que representa dicha protección deben ser proporcionados a los daños probables que podría causar un ciberataque a las personas afectadas. Se alienta a los Estados miembros a que establezcan las medidas pertinentes que acarreen responsabilidades en el contexto de su Derecho nacional en aquellos casos en que una persona jurídica no haya previsto claramente un nivel apropiado de protección frente a ciberataques.

(27)

Las diferencias y divergencias significativas que existen entre las legislaciones y los procesos penales de los Estados miembros en este ámbito pueden dificultar la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo y complicar la cooperación policial y judicial efectiva en este ámbito. La naturaleza transnacional y transfronteriza de los modernos sistemas de información significa que los ataques suelen revestir un carácter transfronterizo, lo que plantea la necesidad urgente de proseguir la aproximación del Derecho penal en este ámbito. Por otra parte, la coordinación del enjuiciamiento de los casos de ataques contra los sistemas de información debe facilitarse mediante la adecuada puesta en marcha y aplicación de la Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales (5). Los Estados miembros, en cooperación con la Unión, deben intentar también mejorar la cooperación internacional en lo relativo a la seguridad de los sistemas de información, de las redes de ordenadores y de los datos que estos albergan. En los acuerdos internacionales relativos al intercambio de datos debe tomarse debidamente en consideración la seguridad de la transferencia de datos y del almacenamiento de los mismos.

(28)

Una mayor cooperación entre los servicios encargados de la aplicación de la ley y las autoridades judiciales competentes en la Unión es fundamental para combatir eficazmente la ciberdelincuencia. En este sentido, deben intensificarse los esfuerzos por ofrecer una adecuada formación a las autoridades competentes con vistas a mejorar la comprensión de la ciberdelincuencia y de sus repercusiones, y por promover la cooperación y el intercambio de las mejores prácticas a través, por ejemplo, de los organismos especializados competentes de la Unión. La formación debe estar dirigida, entre otras cosas, a sensibilizar más sobre los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales, los posibles retos de tipo jurídico y técnico de las investigaciones penales y el reparto de competencias entre las autoridades nacionales competentes.

(29)

La presente Directiva respeta los derechos humanos y las libertades fundamentales y cumple los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, incluida la protección de datos de carácter personal, el derecho a la privacidad, la libertad de expresión e información, el derecho a un juicio equitativo, la presunción de inocencia y los derechos de la defensa, así como los principios de legalidad y proporcionalidad de las infracciones penales y las sanciones. En especial, la presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de dichos derechos y principios y debe aplicarse en consecuencia.

(30)

La protección de los datos de carácter personal es un derecho fundamental conforme al artículo 16, apartado 1, del TFUE y al artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por ello, todo tratamiento de datos de carácter personal efectuado en el contexto de la aplicación de la presente Directiva debe cumplir plenamente el Derecho de la Unión aplicable en materia de protección de datos.

(31)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dichos Estados miembros han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.

(32)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por ello ni sujeta a su aplicación.

(33)

Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, garantizar que los ataques contra los sistemas de información sean castigados en todos los Estados miembros con penas efectivas, proporcionadas y disuasorias, y mejorar y fomentar la cooperación judicial entre las autoridades judiciales y otras autoridades competentes, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y que, por consiguiente, debido a sus dimensiones o efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(34)

La presente Directiva tiene la finalidad de modificar y ampliar las disposiciones de la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información (6). Dado que las modificaciones necesarias son importantes, tanto por número como por su naturaleza, la Decisión marco 2005/222/JAI debe, en aras de la claridad, ser sustituida en su totalidad en relación con los Estados miembros que participan en la adopción de la presente Directiva.

a)

un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer una infracción de las mencionadas en los artículos 3 a 6;

b)

una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información.

a)

se cometan en el contexto de una organización delictiva con arreglo a la Decisión marco 2008/841/JAI, con independencia del nivel de la sanción que se establezca en la misma;

b)

causen daños graves, o

c)

se cometan contra el sistema de información de una infraestructura crítica.

a)

el poder de representación de dicha persona jurídica, o

b)

la capacidad para tomar decisiones en nombre de dicha persona jurídica, o

c)

la capacidad para ejercer un control en el seno de dicha persona jurídica.

a)

exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas;

b)

inhabilitación temporal o permanente para el ejercicio de actividades comerciales;

c)

vigilancia judicial;

d)

medida judicial de liquidación;

e)

cierre temporal o definitivo de los establecimientos utilizados para cometer la infracción.

a)

total o parcialmente en su territorio, o

b)

por uno de sus nacionales, al menos cuando el acto constituya una infracción penal en el lugar en el que fue cometido.

a)

el autor cometa la infracción estando físicamente presente en su territorio, independientemente de que la infracción se cometa o no contra un sistema de información situado en su territorio, o

b)

la infracción se cometa contra un sistema de información situado en su territorio, independientemente de que el autor cometa o no la infracción estando físicamente presente en su territorio.

a)

el autor tenga su residencia habitual en su territorio, o

b)

la infracción se cometa en beneficio de una persona jurídica establecida en su territorio.

14.8.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 218/15

(1)

Las relaciones entre Georgia y la Unión Europea se están desarrollando en el marco de la Política Europea de Vecindad. En 2006, la Comunidad y Georgia acordaron un plan de acción en el marco de la Política Europea de Vecindad en el que se definían las prioridades a medio plazo de las relaciones UE-Georgia. En 2010, la Unión y Georgia iniciaron la negociación de un Acuerdo de Asociación que se prevé que sustituya al actual Acuerdo de Colaboración y Cooperación (2) UE-Georgia. El marco de las relaciones UE-Georgia se ha visto fortalecido, además, por la Iniciativa de Asociación Oriental, de reciente implantación.

(2)

El Consejo Europeo extraordinario de 1 de septiembre de 2008 ratificó la voluntad de la Unión de fortalecer las relaciones UE-Georgia tras el conflicto armado que tuvo lugar en agosto de 2008 entre Georgia y la Federación de Rusia.

(3)

La economía georgiana ha resultado afectada por la crisis financiera internacional desde el tercer trimestre de 2008, dando lugar a efectos como una caída de la producción, una disminución de los ingresos fiscales y un incremento de las necesidades de financiación exterior.

(4)

En la Conferencia Internacional de Donantes de 22 de octubre de 2008, la comunidad internacional se comprometió a apoyar la recuperación económica de Georgia con arreglo a la evaluación conjunta de necesidades llevada a cabo por las Naciones Unidas y el Banco Mundial.

(5)

La Unión anunció que proporcionaría una ayuda financiera a Georgia por un importe máximo de 500 millones EUR.

(6)

La recuperación y estabilización económica de Georgia está respaldada por la ayuda financiera procedente del Fondo Monetario Internacional (FMI). En septiembre de 2008, las autoridades georgianas celebraron con el FMI un acuerdo de derechos de giro por importe de 750 millones USD en apoyo de la economía del país, con el fin de efectuar los ajustes necesarios habida cuenta de la crisis financiera.

(7)

A raíz de un nuevo deterioro de la situación económica de Georgia y de la necesidad de revisar las hipótesis económicas subyacentes tras el programa del FMI, y teniendo en cuenta el aumento de las necesidades de financiación exterior de Georgia, Georgia y el FMI llegaron a un acuerdo, aprobado en agosto de 2009 por la Junta de Gobernadores del FMI, para aumentar en 424 millones USD el préstamo en el marco del acuerdo de derechos de giro.

(8)

La Unión aportó con respecto a 2010 y 2012 subvenciones al presupuesto de Georgia con cargo al presupuesto del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) por 24 millones EUR anuales de media.

(9)

En vista del deterioro de la situación y las perspectivas de su economía, Georgia ha solicitado ayuda macrofinanciera de la Unión.

(10)

Habida cuenta de que todavía queda un déficit de financiación residual en la balanza de pagos de Georgia, se considera que una ayuda macrofinanciera constituye una respuesta adecuada a la solicitud de Georgia en las excepcionales circunstancias actuales, a fin de apoyar la estabilización económica junto con el actual programa del FMI.

(11)

La ayuda macrofinanciera de la Unión que debe proporcionarse a Georgia («ayuda macrofinanciera de la Unión») no debe limitarse a complementar los programas y recursos del FMI y el Banco Mundial, sino que ha de garantizar el valor añadido de la participación de la Unión.

(12)

La Comisión debe garantizar que la ayuda macrofinanciera de la Unión sea coherente en cuanto a la forma jurídica y el fondo con las medidas adoptadas en los distintos ámbitos de la acción exterior y con aquellas otras políticas de la Unión que sean pertinentes.

(13)

Los objetivos específicos de la ayuda macrofinanciera de la Unión deben reforzar la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad. Estos objetivos serán controlados periódicamente por la Comisión.

(14)

Las condiciones para la concesión de la ayuda macrofinanciera de la Unión deben reflejar los principios y objetivos clave de la política de la Unión con respecto a Georgia.

(15)

Con objeto de garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión ligados a la ayuda macrofinanciera de la Unión, es necesario que Georgia adopte medidas que permitan prevenir y combatir el fraude, la corrupción y cualquier otra irregularidad en relación con dicha ayuda. Es necesario asimismo que la Comisión establezca verificaciones adecuadas y que el Tribunal de Cuentas efectúe las auditorías correspondientes.

(16)

El desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión se realiza sin perjuicio de las facultades de la autoridad presupuestaria de la Unión.

(17)

La ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser gestionada por la Comisión. A fin de garantizar que el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Financiero puedan hacer un seguimiento de la aplicación de la presente Decisión, la Comisión les informará periódicamente de la evolución de la situación de la ayuda macrofinanciera de la Unión, facilitándoles la documentación correspondiente.

(18)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Decisión, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (3).

(19)

En este contexto, se recuerda que de conformidad con dicho Reglamento debe aplicarse por regla general el procedimiento consultivo a todos los casos, salvo a aquellos para los que el propio Reglamento disponga otra cosa. Habida cuenta del impacto potencialmente importante de las operaciones que superen el umbral de 90 millones EUR, conviene que el procedimiento de examen se emplee para dichas operaciones. Habida cuenta del importe de la ayuda macrofianciera de la Unión a Georgia, debe aplicarse el procedimiento consultivo para la adopción del Memorando de Entendimiento, o para reducir, suspender o cancelar la ayuda.

14.8.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 218/24

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

14.8.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 218/26

(1)

El artículo 103 quindecies del Reglamento (CE) no 1234/2007 dispone que, en el anexo X ter del citado Reglamento, figuran la distribución de los fondos comunitarios disponibles y los límites presupuestarios aplicables a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola.

(2)

Según el artículo 103 sexdecies del Reglamento (CE) no 1234/2007, a más tardar el 1 de diciembre de 2012, los Estados miembros podían decidir proporcionar ayuda a los viticultores para 2014, concediéndoles derechos de ayuda con arreglo al capítulo 1 del título III del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (2).

(3)

Los Estados miembros que desean proporcionar ayuda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 103 sexdecies del Reglamento (CE) no 1234/2007 han comunicado los fondos correspondientes. En aras de la claridad, es conveniente que la Comisión publique tales fondos.

(4)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de Gestión de la Organización Común de Mercados Agrícolas.

14.8.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 218/28

(1)

De conformidad con el artículo 80, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1107/2009, la Directiva 91/414/CEE sigue siendo de aplicación para las sustancias activas respecto a las que se ha adoptado una decisión conforme al artículo 6, apartado 3, de la Directiva 91/414/CEE antes del 14 de junio de 2011.

(2)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, en febrero de 2002, Portugal recibió una solicitud de Isagro IT para la inclusión de la sustancia activa benalaxilo-m en el anexo I de dicha Directiva. Mediante la Decisión 2003/35/CE de la Comisión (3), se confirmó que el expediente era documentalmente conforme y podía considerarse que satisfacía, en principio, los requisitos de información y datos establecidos en los anexos II y III de dicha Directiva.

(3)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, Hungría recibió en septiembre de 2005 una solicitud de Isagro SpA para la inclusión de la sustancia activa valifenalato en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE. Mediante la Decisión 2006/586/CE de la Comisión (4), se confirmó que el expediente era documentalmente conforme y podía considerarse que satisfacía, en principio, los requisitos de información y datos establecidos en los anexos II y III de dicha Directiva.

(4)

La confirmación de la conformidad documental de los expedientes era necesaria para permitir su examen detallado y para ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de conceder autorizaciones provisionales, por un período de hasta tres años, a productos fitosanitarios que contuvieran las sustancias activas en cuestión, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 91/414/CEE, especialmente con las condiciones relativas a la evaluación detallada de las sustancias activas y de los productos fitosanitarios atendiendo a los requisitos establecidos en dicha Directiva.

(5)

Los efectos de estas sustancias activas en la salud humana y el medio ambiente se han evaluado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/414/CEE, en relación con los usos propuestos por los solicitantes. Los Estados miembros ponentes presentaron a la Comisión los proyectos de informe de evaluación respectivos los días 21 de noviembre de 2003 (benalaxilo-m) y 19 de febrero de 2008 (valifenalato).

(6)

Tras la presentación de los proyectos de informe de evaluación por los Estados miembros ponentes, se constató que era preciso recabar más información de los solicitantes y pedir a los Estados miembros ponentes que examinaran dicha información y presentaran su evaluación. Por ello, aún no ha terminado el examen de los expedientes y no será posible completar la evaluación dentro del plazo previsto en la Directiva 91/414/CEE, leída en relación con la Decisión de Ejecución 2011/671/UE de la Comisión (5).

(7)

Dado que hasta ahora la evaluación no ha puesto de manifiesto ningún motivo de preocupación inmediata, conviene dar a los Estados miembros la posibilidad de prorrogar por un período de 24 meses las autorizaciones provisionales concedidas a los productos fitosanitarios que contienen las sustancias activas en cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE, de forma que pueda continuar el examen de los expedientes. Se espera que la evaluación y la toma de decisiones sobre una posible aprobación del benalaxilo-m y el valifenalato, de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1107/2009, hayan terminado en el plazo de 24 meses.

(8)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.

14.8.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 218/s3

14.8.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 218/s3